Hace dos años la Dirección de Atención al Migrante recibía cinco vuelos de salvadoreños deportados cada semana. Este año se empezaron a recibir cuatro. Y en octubre bajaron hasta tres vuelos. Las cifras lo dicen: el número de deportados desde México y Estados Unidos se ha reducido en un 47 % comparado con el año pasado, pero este número no debe engañar a nadie. Los salvadoreños siguen teniendo razones para buscar migrar.
Las mujeres en El Salvador representan el 52.7 % de la población y a pesar de ser mayoría demográfica solo el 32 % de curules están ocupadas por diputadas en la Asamblea Legislativa. Aunque el país ha ratificado convenios internacionales y creado normativa especial, la participación política de mujeres no está creciendo de la manera que se esperaba y lo más probable es que en las elecciones de diputados de 2018, esa premisa se mantenga.
En los últimos cinco años, la Dirección Nacional de Medicamentos destruyó 131 mil medicinas que no cumplían con los estándares de calidad necesarios para el consumo humano. En promedio, son más de 26 mil productos los que año con año se han eliminado del mercado. Este tipo de medicina, que abunda en El Salvador, no solo representa un peligro para la salud de la población, sino que su comercio también puede constituir un delito perseguido por la Fiscalía General de la República. Un delito por el que hasta el día de hoy, hay gente procesada penalmente.
Roberto Salomón tiene 71 años de vida y 50 años dedicados al teatro. Fue uno de los fundadores del extinto Bachillerato en Artes, dirigió el Teatro Nacional, ha sido docente y en 2014 recibió el Premio Nacional de Cultura. A pesar de ser un director teatral con éxito en Europa y Estados Unidos, decidió quedarse en El Salvador, aunque eso implicó quedarse a vivir en un país donde muchos consideran al arte como algo superfluo y al artista, un bruto.
Durante la década de los ochenta, las actividades públicas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaban ligadas a la labor de denuncia. Con la transición del movimiento guerrillero a fuerza política, el partido se caracterizó por no dudar en salir a manifestarse en la calle cuando lo consideraba necesario. Con el gobierno del FMLN pasa algo distinto. En Casa Presidencial se ha establecido un instructivo para evitar que las protestas se acerquen a los mandatarios que antes marchaban en la vía pública. El documento en el que se regula el control de las concentraciones deja algunos vacíos que, a juicio de algunos entrevistados, pueden servir para excusar el uso de fuerza excesiva sobre la ciudadanía.
Las presentaciones de libros en San Salvador suelen ser eventos elegantes que terminan con brindis de copas de vino en museos o conversatorios en embajadas. Pero, este lunes 14 de agosto, 11 libros se presentaron en el Centro de Inserción Social de Tonacatepeque. Los autores son jóvenes que han sido privados de libertad por haber cometido delitos. Lo que escribieron no es ficción y tampoco pretende ser un éxito en ventas. Los libros narran algunas memorias de estos jóvenes que, alguna vez, juraron lealtad a la pandilla.
La Canasta Campesina es un proyecto que transporta hortalizas orgánicas sembradas en Comasagua hacia San Salvador. Quienes producen estas frutas y verduras son mujeres agricultoras y hombres jóvenes que han probado que sí es posible tener una vida digna trabajando la tierra. En este modelo de venta no hay intermediarios y quienes comercian los productos son las mismas personas que los siembran. Así, intentan consolidarse en un modelo de intercambio económico justo.
María Isabel Rodríguez tiene 94 años, pero parece que ni su voz ni su mente han conocido aún la vejez. Con el cuerpo la cosa es distinta, los pasos quebrados y lentos la delatan. Durante esta entrevista, realizada en la biblioteca de su casa, se muestra estoica. En algunas situaciones calcula y selecciona con pinzas sus respuestas, pero en otras, no duda en criticar lo que ella cree que está mal, aun si son temas relacionados con los gobiernos del FMLN.
$25 millones se gestionaron en 2016 a través de la Procuraduría General de la República en concepto de cuota alimenticia. La cifra suena alta, pero cuando se analizan casos concretos, el dinero resulta insuficiente. Los beneficiados son 28,000 niños y adolescentes con un promedio mensual de $76. E incluso este promedio hay que verlo con lupa para descubrir que hay cuotas mensuales que no superan los $20.
En la Alcaldía de Izalco, entre un poco de polvo, cajas y estantes tupidos de documentos hay dos libros que cuentan de forma muy discreta la matanza de indígena de 1932. El encargado del archivo municipal los reconoce como un tesoro e intenta cuidarlos de la manera que puede y con los pocos recursos que tiene. Han pasado 85 años desde la masacre y estos documentos son más una muestra del enorme subregistro y de la discriminación que rodearon a uno de los acontecimientos que más marcó la historia salvadoreña.