Andrés tenía 16 años cuando fue golpeado y torturado por un grupo de policías y soldados que buscaban obtener de él una información que no conocía. Fue en mayo de 2016. Estuvo recluido por dos días y medio por un delito que no existió. Decidió denunciar. Él y su madre ahora son refugiados en otro país, uno que sí les garantiza protección a su integridad personal. El caso fue judicializado el 31 de marzo. La Fiscalía acusó a dos policías por los delitos de tortura y fraude procesal.

Andrés, la tortura y el refugio

un reportaje deMoisés Alvarado

fotografias de Archivo / Ilustración de Moris Aldana / Infografía de Óscar Corvera

Lo tiraron al suelo y, otra vez, le preguntaron dónde estaban los pandilleros que habían huido más temprano en este municipio de San Salvador. Andrés (nombre ficticio), quien entonces tenía 16 años, les dijo que no sabía las respuestas que tanto esperaban. Interrogadores e interrogado avanzaron por un trecho más del camino, lleno de polvo, golpes y empujones.

Cerca de un potrero, pararon la marcha y tomaron unas botellas plásticas llenas de agua. Vaciaron el contenido en su nariz y boca para dificultarle la respiración. El muchacho siguió negando que supiera lo que requerían de él.

Lo golpearon otra vez y lo arrojaron al suelo. Uno brincó sobre su estómago por algunos segundos, que al joven se le hicieron largos en un dolor que abarcaba toda el área abdominal y la parte baja de la espalda. Le decían que él era uno de los que había corrido más temprano en la mañana. También que lo asesinarían y que su cuerpo descansaría, finalmente, en un pozo.

Tres más se acercaron al sector. Uno de ellos le mostró a Andrés, por medio de su teléfono celular, la foto de un pandillero asesinado. Le pidieron que confirmara su nombre. El muchacho afirmó que no lo conocía. Le señalaron, entonces, un cerco cercano y le ordenaron que caminara hacia allá.

Un hombre vestido de civil, con un arma al cinto, le preguntó sobre el lugar donde la estructura criminal que aún tiene presencia en el sector había escondido las armas. La respuesta de Andrés fue la misma. Sintió que una persona se le acercó desde atrás para colocarle una prenda alrededor del cuello. La apretó con violencia, como para asfixiarlo. El proceso duró, aseguró Andrés, media hora.

Otro hombre vestido de civil le preguntó una vez más por el paradero de los pandilleros, mientras otro le daba puñetazos en el estómago. Desesperado, afirmó que había escuchado que sus vecinos en el cantón habían dicho que los pandilleros huyeron hacia una quebrada determinada. Le tomaron la palabra y fueron a buscar, con Andrés como guía. No encontraron nada. Se sintieron engañados. Por ello, a su regreso le metieron la cabeza repetidas veces en un contenedor con agua que acercaron al lugar.

La amenaza de muerte se repitió. Uno de los que lo interrogaban tomó arena en sus manos. Le dijo que abriera la boca, a lo que se negó. Otra persona lo obligó a hacerlo con una patada en el pecho y los granos entraron en su cuerpo. Lo golpearon y lo arrojaron el suelo para brincar sobre él. Luego le apretaron los ojos, “como si se los quisieran sacar”. Fue una de las acciones que más dolor le causó. Quienes hacían eso le dijeron que lo iban a matar, que nadie en ese lugar desolado escucharía sus ruegos. Los responsables de infringirle dolor a Andrés no pertenecían a ninguna estructura criminal. Eran miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.

Las marcas. Andrés conservaba las heridas provocadas por las esposas que le colocaron durante su reclución días después, cuando dio una entrevista sobre su caso para Amnistía Internacional.

El proceso de la tortura duró más de cinco horas. La novedad de su captura se reportó a las 10 de la mañana. No llegó al puesto policial de Rosario de Mora sino hasta después de las 3 de la tarde. Casi al final, Andrés les pidió que lo mataran o que lo llevaran a la cárcel, que le pusieran el delito que les placiera. Un soldado dijo que no valía la pena gastar balas en él, que lo matarían poco a poco hasta que su vida se apagara como una llama.

Lo subieron a una patrulla. Pero la amenaza no fue tal y, más bien, llegaron al puesto policial de Rosario de Mora, donde lo acusaron por el delito de resistencia a la autoridad. Allí le colocaron unas apretadas esposas, que lo hirieron con su metálico e insistente abrazo.

Pasó en una bartolina policial, junto a adultos, por dos días, hasta que lo liberaron. Tras ello, dijo el joven, fue remitido al CONNA, pero en esta última institución no tienen un registro sobre ello, quizá porque inmediatamente dieron con su madre.

Lo anterior es parte del testimonio de Andrés que está incluido en expedientes abiertos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y en la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas instituciones han encontrado suficientes indicios para iniciar investigaciones.

Andrés fue detenido por dos días y medio sin que para ello mediara una orden de captura en su contra o siquiera la sospecha de un delito. Los agentes y soldados lo torturaron antes de detenerlo para obtener de él una información que desconocía: cómo estaba conformada la pandilla que opera en la zona, dónde estaban las armas que esa estructura ocupaba para cometer sus crímenes.

La mañana del 4 de mayo de 2016, un comando de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES) y otros cuerpos de seguridad realizaron un operativo en El Carrizal, el cantón donde residía en Rosario de Mora. Muchos de los pandilleros que tienen presencia en la zona huyeron despavoridos ante los uniformados.

A las 10 de la mañana de ese mismo día, su madre, Hortensia (nombre ficticio), fue interceptada en la calle por un grupo de policías y militares. Le preguntaron por sus hijos adolescentes. Ella respondió que uno de ellos había desaparecido desde hacía meses. El otro, dijo, estaba en su casa. Se trataba de Andrés.

Dijeron que la acompañarían hasta su vivienda, pues solo deseaban hablar con el muchacho. Al llegar allí, Andrés se encontraba con las ropas sucias, trabajando en la preparación de lodo para reparaciones de su vivienda. Allí lo capturaron.

PNC Y FAES BAJO LA LUPA

Los mapas representan el total de investigaciones iniciadas en la FGR a partir de denuncias contra miembros de la PNC y la FAES, desde enero de 2013 hasta marzo de 2017. Cada punto corresponde a un caso diferente.

Después de ser liberado, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) decidió apoyarlo jurídicamente en su proceso de denuncia. La institución ya era conocida por Hortensia, madre de Andrés, porque ella asistía a las reuniones de apoyo a familiares de desaparecidos que la institución todavía organiza por el caso de su otro hijo, de quien todavía hoy no tiene noticias. La ONG también apoyó al muchacho llevándolo ante un médico particular para comprobar su estado de salud.

Un médico general, que pidió no ser identificado para este reportaje, extendió un certificado para que pudiera ser usado, luego, en una denuncia. Allí escribió que Andrés presentaba “múltiples traumas” en el cuerpo, así como un “edema en la frente con leve equimosis por trauma”. El doctor hizo hincapié en un área específica, los ojos: afirmó que estos tenían una leve disminución en la agudeza visual, pues había una hemorragia conjuntival, tanto interna como externa, en las dos membranas delgadas que cubren la superficie interna del párpado y la parte blanca del globo ocular, como define la web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a las conjuntivas oculares. El efecto era más fuerte en el del lado derecho. Quizá como consecuencia de aquella acción descrita por Andrés, en la que sentía “que le sacaban los ojos”. El médico recomendó que lo revisara un especialista en oftalmología.

“En miembros superiores, marcas lineales horizontales con costras hemáticas y edema en ambas muñecas por probable colocación de esposas”, escribió el doctor en referencia a aquellas marcas que mostró en unas fotos y un video que le realizó la organización Amnistía Internacional, apenas unos días después de que los hechos ocurrieron, para denunciar su caso. La evaluación fue ratificada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de uno de sus médicos, quien hizo un examen pericial de rutina parecido al que hace un forense. Una evaluación más fue realizada a Andrés por la doctora Nuria de Escobar, del Instituto de Medicina Legal.

A petición de ASDEHU, la PDDH hizo algunas diligencias más. Además de tomar los testimonios, miembros de la institución acompañaron al adolescente y a su madre en un reconocimiento de fotografías de los presuntos culpables y a una inspección ocular al lugar de los hechos hecha por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil. Andrés y su madre creyeron que esa era la única forma en que se protegería su integridad. Esa fue la última vez que ambos pusieron un pie en el sitio que antes llamaban hogar.

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Encontrar el expediente del caso de Andrés ha sido complicado en esta sede fiscal, la de San Marcos, donde él y su madre pusieron la denuncia por primera vez. El jefe de la oficina digita el número de referencia para encontrarse con que el expediente ha sido archivado. “Quizá las personas vinieron a retirar la denuncia o se archivó por falta de pruebas”, comenta, atento a la pantalla.

Escarba un poco más entre carpetas electrónicas y ubica un memo de incompetencia emitido por la fiscal que anteriormente llevaba el caso. El mismo fue trasladado a otra sede fiscal para que fuera conocido por personal ajeno a esta oficina.

“Ah, ya sé de cuál me está hablando, el de un cipote al que le jodieron los ojos”, comenta el jefe, al tiempo que levanta el teléfono para hacerle una llamada a la anterior fiscal asignada a ese caso y certificar su afirmación.

Según el jefe fiscal, decidieron que no era conveniente hacerse cargo del proceso, pues después de comprobar quiénes son los agentes que pertenecen a esa patrulla, se dieron cuenta que eran los mismos con los que trabajan todos los días.

“Consulté con un superior sobre esa decisión y me dijo que estaba bueno, ‘no vaya a ser que después la agarren contra ustedes’, me dijo… El problema es que algún fiscal de aquí lo iba a llevar, y no era descabellado tampoco que le hiciera lado”, comenta el jefe.

La decisión, al parecer, también se tomó por otros hechos denunciados por Hortensia, la madre de Andrés. Tres semanas después de poner la denuncia, recibió una llamada en su teléfono celular. La voz, que no se identificó, le preguntó sobre su nueva dirección en San Salvador y la invitó a llegar a una reunión en la colonia San Benito, donde tendrían una entrevista. La cuestionó, también, sobre las personas que posiblemente le servirían como testigos del caso. Como del otro lado no se identificaron, Hortensia no accedió.

Seis días después recibió una nueva llamada. La voz del otro lado no era la misma que la de la ocasión anterior. Esta vez el investigador sí se presentó. En la entrevista que arreglaron, Hortensia preguntó por la llamada y mostró el número, al que el agente identificó como perteneciente a la Policía. Les dijo que se trataba de algo irregular, pues él era el único al que se le había encargado realizar diligencias en el caso.

Ahora este es visto en una sede fiscal diferente, ubicada en otro municipio del departamento de San Salvador. El profesional al que le ha sido asignado afirma que es la primera vez que ve que algo como esto pasa, aunque, por ser fiscales “tienen jurisdicción en todo el país”. Dice que el caso está avanzando y que es posible que muy pronto llegue a los tribunales. Sus palabras, semanas después, resultarán ciertas.

Esta, remarca el fiscal, no es la primera vez que le toca investigar policías en su tiempo dentro de la institución.

El otro problema. Jueces de Menores aseguran que varios adolescentes en conflicto con la ley han sido acosados y lesionados por policías después de cumplis sus penas.

“Son indagaciones muy complejas, pues uno debe investigar a aquellos que corrientemente son los indicados de perseguir el delito”, comenta, al tiempo que señala la conveniencia de no trabajar con investigadores comunes, sino con miembros de la unidad de Asuntos Internos de la PNC, un departamento creado, específicamente, para encargarse de aquellos que se salen del redil de la legalidad.

El procurador adjunto de Derechos de Seguridad Ciudadana, Gerardo Alegría, opina que esta manera de actuar, la de delegar la investigación en elementos no vinculados con esta, debería ser la forma corriente para tratar este tipo de situaciones.

Va un poco más allá con la crítica, y afirma que es un sinsentido que sea la PNC la única institución que cuente con un laboratorio técnico científico, por lo que es imposible, al menos en este aspecto, tener un punto de vista más allá que aquel que tiene la Policía.

“Claro que en la PNC tratan de llevar las investigaciones de la manera más independiente posible, pero también es verdad que hay fallas, fraudes, omisiones, negligencias, problemas en la cadena de custodia, alteración de la escena. Lo hemos comprobado en varios casos”, comenta Alegría.

Otro elemento a tomar en cuenta en el caso es que la víctima de los malos tratos y de la tortura es un menor de edad, un grupo etario que, por su condición de vulnerabilidad, es sujeto de medidas de protección especializadas. Las mismas que no se le brindaron a Andrés con el simple hecho de no colocarlo en un área diferenciada a la de los adultos.

El jefe fiscal de la oficina donde Andrés y su madre pusieron la denuncia justifica la medida por las dificultades de actuar sobre el terreno y determinar si un joven es un menor de edad. Sin embargo, Vanessa Martínez, subdirectora de Derechos Individuales del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), rebate lo anterior con un concepto contemplado en la LEPINA: Si una autoridad tiene dudas sobre si una persona es menor de edad, debe tratarla como un menor de edad, sin excepciones. Lo mismo ocurre con la disyuntiva entre si es un adolescente (mayor de 12 años) y un niño.

Según la funcionaria, la institución a la que pertenece ha recibido, desde enero de 2014 a julio de 2016 (último mes contabilizado), 81 casos de abusos de autoridad durante detenciones a adolescentes por parte de la PNC, para las que se realizó una investigación sobre los derechos vulnerados. La Fuerza Armada acumula 15 casos. En ocho más, el cuerpo de seguridad del Estado no está definido.

Cuando ha sido consultado por casos similares a los de Andrés, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, ha remarcado su confianza en que la actuación de sus hombres, su uso de la fuerza, siempre ha estado enmarcada dentro de la ley. Ese ha sido el discurso sostenido por Cotto desde que asumió el mandato a inicios de 2016. Uno que se opone a las observaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que afirmó en su último reporte en la materia que las autoridades del país “a veces fracasaron para mantener un control efectivo sobre sus fuerzas de seguridad”

El mismo informe también señaló la existencia de casos en los que algunos agentes de la Policía han implantado droga a jóvenes para detenerlos y armar un caso en su contra. Una vez detenidos los han torturado a través de golpizas para obligarlos a que revelen información sobre los pandilleros de las colonias o cantones donde residen, se afirma en el documento.

La opinión de Cotto, sin embargo, no difiere de la del resto de autoridades relacionadas con la seguridad en El Salvador, como el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. En una entrevista publicada por LA PRENSA GRÁFICA el 29 de marzo, el funcionario habló de la posibilidad de una ley que le permita a los elementos de la Fuerza Armada enfrentar “con fuerza a la delincuencia y sin ningún temor de ser acusados de violar los derechos humanos”. Él, quien es el mismo ministro de Justicia y Seguridad Pública que impulsó la tregua entre pandillas en El Salvador.

Autoridades. David Munguía Payés, ministro de Defensa, aboga por una ley que le permita a los soldados enfrentar "con fuerza a la delincuencia y sin ningún temor de ser acusados de violar los derechos humanos"

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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene entre sus asignaturas ser vigilante de las actividades de las otras instituciones del Estado, no cuenta, porque lo contrario la transformaría en una especie de súper poder, cualidades vinculantes. Es decir que sus pronunciamientos no tienen capacidad de coerción, y los responsables de la entidad denunciada pueden elegir, a su arbitrio, si acatan o no los señalamientos. Eso, por lo tanto, hubiera pasado con las 1,260 denuncias que fueron presentadas ante la PDDH en 2016 en contra de miembros de la PNC si esta se hubiera pronunciado con respecto de cada una. O con las 146 en contra de soldados de la Fuerza Armada. No pasa lo mismo con la Fiscalía General de la República, que tiene el monopolio de la investigación penal en El Salvador.

Solo en 2016, la FGR inició procedimientos de investigación por denuncias (otro porcentaje lo representan las indagaciones iniciadas de oficio) para 527 casos en contra de algún agente de la Policía Nacional Civil, según datos de la institución obtenidos mediante una petición de acceso a la información pública. No todos se refieren a problemas de abuso de autoridad o de excesivo uso de la violencia, aunque sí la mayoría.

Por ejemplo, denuncias por el delito de lesiones hicieron que se generaran 87 procesos investigativos (casi uno por cada cinco del total), un número muy similar al de las amenazas, que fueron 90. El tercero en la escala es el de hurto, con 42; el cuarto, el de actos arbitrarios, con 26; y el quinto, el de privación de libertad, con 22. Solo estos cinco crímenes ocupan más del 50 por ciento de todos los delitos en una tabla que contiene 138.

Los números referentes a la Fuerza Armada en cuanto a investigaciones iniciadas en 2016 contra alguno de sus elementos son considerablemente menores, con 81. Los delitos más repetidos en este caso son los de lesiones (17) y amenazas (19), una quinta parte del total. Si se observa el comportamiento histórico de las cifras referentes a la Policía Nacional Civil desde 2013 hasta la fecha, se comprueba un aumento sostenido, desde 370 en 2013, el último año de la tregua entre pandillas, hasta 527 en 2016. El resto de datos son 398 en 2014, 471 en 2015 y 110 en los primeros tres meses de 2017.

El total de investigaciones iniciadas durante este periodo dentro de la FGR contra miembros de la PNC es de 1,876, una media de 441 por año. El número total de policías dentro de la corporación en la actualidad es de 23,500, es decir que hay una denuncia que ha iniciado una investigación en la Fiscalía General de la República por cada 20 agentes.

La FGR, por otro lado, guarda un registro de los denunciantes contra policías y miembros de la Fuerza Armada que es un poco menor que el de investigaciones iniciadas, que se coloca en 1,452. De estas 663 son hombres y 650 son mujeres. A 139 se les coloca, simplemente, en el ítem “indeterminado”. En todos los años de la muestra consultada (2013-2017) solo en 2015 el sexo femenino superó al masculino, con 210 contra 177. El departamento que más investigaciones iniciadas acumula en ese mismo periodo es San Salvador, con 692, más de una tercera parte del total. El municipio que ocupa el primer lugar a escala nacional es la capital del país, con 332, es decir que 9 de cada 50 casos iniciados por la FGR corresponden a esta ciudad, lo que se explica gracias a su mayor población y a la mayor cercanía de instituciones para denunciar. Los siguientes lugares los ocupan Apopa, con 56, y Ahuachapán, con 52.

En una nación en la que, según el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, solo en 2016 se registraron más de 500 presuntos enfrentamientos entre pandilleros y miembros de la corporación que él dirige, resulta llamativo que la FGR solo haya iniciado dos investigaciones por el delito de asesinato en el mismo periodo. Ambas están referidas a homicidios simples, para los que corresponde una pena de 15 a 20 años de prisión.

La correspondiente al asesinato de Dennis Alexánder Hernández, registrado en la finca San Blas de San José Villanueva el 26 de marzo de 2015, por parte de agentes de la PNC, se sigue por el delito de homicidio agravado. Pero fue iniciada de oficio, es decir que no medió una denuncia para ello. El código penal establece que un hecho se puede definir como tal “cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad”. La pena para este último es de 30 a 50 años de prisión.

Desde 2013, la FGR ha iniciado otros dos casos por homicidio contra miembros de la PNC, uno simple y otro agravado, ambas en 2014.

El delito. Uno de los policías en el caso de Andrés, ha sido acusado por tortura, un delito por el que la FGR solo ha abierto dos expedientes más contra miembros de la PNC desde 2013. No existe ninguno en el caso de soldados de las FAES.

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ASDEHU, la ONG que decidió apoyar jurídicamente el caso de Andrés, no salió indemne tras ponerse manos a la obra en el proceso. Algunos de sus miembros fueron intimidados por, presuntamente, miembros de la Policía Nacional Civil, según denunciaron ante la sede fiscal de San Salvador.

Las acciones en su contra comenzaron, según la denuncia presentada, cuando Andrés todavía se encontraba privado de libertad. Personal de la organización se presentó ante el puesto policial del municipio donde antes vivía el joven para preguntar por su paradero. No recibieron ninguna respuesta, declararon, y más bien se les pidió que se retiraran “si no querían que les pasara lo mismo por andar defendiendo pandilleros”. Cuatro meses después, uno de los miembros de esta asociación fue interceptado en el Centro Judicial Isidro Menéndez por un hombre de lentes oscuros, vestido de saco, que lo llamó por su nombre. En la denuncia afirma que se paró frente a él, abrió su saco mostrándole el arma que tenía a la altura de la cintura y, en el otro extremo, una placa de policía. Le advirtió de la poca conveniencia de continuar con el caso, pues ellos “no dejarían perder a un compañero”.

Ese mismo mes, las presiones continuaron, según la denuncia, pues existieron dos situaciones más de amenaza: una, en la que uno de los miembros de la asociación se percató que un vehículo lo siguió por un largo trecho cuando iba a recoger al colegio a uno de sus hijos; y otro más en el parqueo de un edificio comercial, donde un hombre, que reveló explícitamente sus intenciones, lo persiguió hasta el lugar donde estaba su vehículo.

Por la misma situación, algunos miembros de la organización ya no trabajan para esta. La denuncia continúa activa en la sede fiscal de San Salvador, aunque no hay mayores avances en la investigación.

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En el video realizado por Amnistía Internacional días después de que ocurrieron los hechos, Andrés termina su historia remarcando el consejo que recibieron: no vuelvan nunca al lugar de donde salieron, busquen otro sitio donde vivir. Él y su madre lo tomaron casi al pie de la letra.

La asociación que los apoyó jurídicamente, ASDEHU, les consiguió un cuarto en otro municipio de San Salvador para que pudieran estar seguros. Alguien les ayudó para solo tener que pagar los servicios básicos mientras las aguas se calmaban. Pero estas nunca llegaron a su nivel original. La única vez que regresaron a Rosario de Mora fue para una inspección ocular hecha por la Fiscalía General de la República y la División de Asuntos Internos de la PNC, en la que fueron acompañados por la PDDH.

La ONG comenzó, por tanto, el proceso para conseguirle una llegada segura a otro país. Así, Andrés se convirtió en parte de las estadísticas que ACNUR manejó en la primera mitad de 2016 sobre personas originarias de El Salvador que solicitaron refugio en un país diferente al suyo: 43,627.

Tuvieron que pasar unos meses antes de que la solicitud se hiciera efectiva. El muchacho al que un grupo de policías lesionó y torturó durante dos días y medio en el municipio donde nació, era entonces recibido por un país diferente al suyo en calidad de refugiado, uno más de los 16,929 salvadoreños que actualmente están en esa situación.

En el país, son organizaciones no gubernamentales como el IDHUCA o la misma ASDEHU las que se dedican a gestionar solicitudes de asilo en otras naciones. Sus contrapartes son los estados receptores y otras organizaciones no gubernamentales.

Desde el Estado salvadoreño no hay una institución que apoye a los ciudadanos en necesidades como esta. La PDDH se limita a proveer información, previa denuncia en la entidad, para documentar una solicitud.

“Cuando pedís refugio en un país diferente del tuyo estás huyendo del Estado. Estás diciendo ‘el Estado no es capaz de darme seguridad, necesito que ustedes protejan mi vida’. Por eso sería un contrasentido que existiera una institución dedicada, precisamente, a eso. Es como reconocer que se ha fracasado”, comenta el procurador adjunto de Derechos de Seguridad Ciudadana, Gerardo Alegría.

Desde el lugar donde reside ahora, Andrés y su madre, Hortensia, esperan que el proceso llegue algún día a los tribunales. Entonces será cuando se enfrentarán cara a cara, en la manera que disponga el hipotético juzgado, a las mismas personas que hace menos de un año lo golpearon, saltaron sobre su estómago, intentaron “sacarle los ojos” y lo mantuvieron preso en una bartolina durante dos días por un delito que no existió. Las mismas personas por las que ahora debe residir, si quiere conservar su vida (como lo reconoció un Estado extranjero), a miles de kilómetros del sitio al que algún día llamó hogar.

El viernes 31 de marzo, el día de cierre de este reportaje, el caso fue judicializado en el juzgado de Paz de Rosario de Mora. La Fiscalía acusó a dos investigadores de la Policía Nacional Civil, uno por el delito de tortura y el otro por fraude procesal. Para ambos se giraron órdenes de captura.

El imputado por tortura fue el único al que Andrés pudo identificar en un reconocimiento de fotografías, pues los otros usaron máscaras. Señaló que fue uno de los que más lo golpeó e intentó asfixiarlo con una prenda alrededor del cuello. Según el fiscal asignado al caso, es un exmiembro de la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO).

La otra persona acusada fue la encargada de llevar a Andrés desde el lugar donde lo torturaron al puesto policial de Rosario de Mora para su detención, para la que pidió que se encargaran otros dos agentes, que testificaron lo anterior en entrevistas. Señalaron como irregular el hecho de que a Andrés le hayan imputado el delito de resistencia. El caso pasó a la fase de instrucción, que será vista en un juzgado de San Salvador.

El juez de Paz de Rosario de Mora decidió decretarle detención provisional al acusado de tortura y darle medidas sustitutivas al otro, para el que cambió la tipificación del delito a privación de la libertad. El juez ha dictaminado la reserva del caso porque la víctima es, todavía, un menor de edad.