En medio de la pandemia, Sara busca a Miguel

Ilustraciones de Moris Aldana y Carlos Aguirre

Miguel salió rumbo a Montelimar en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz, a eso de la una de la tarde luego de una llamada con un cliente que le solicitó gas propano. Su trabajo consistía en entregar productos a domicilio en la misma localidad. Ir y venir con pedidos a los barrios El Carmen, El Calvario y Cuyultitán era una tarea que, en los últimos siete meses, desarrollaba sin problemas en su motocicleta. A pesar de que debía de cruzar territorios entre una pandilla y otra, rivales, para llegar a las comunidades.

Aquella tarde del 9 de abril, Miguel recogió en el despacho de productos, ubicado en el casco urbano de Olocuilta, dos cilindros de gas de 25 libras y se dirigió hacia Montelimar. Al llegar, Miguel se detuvo en un control vehícular para limpiar las llantas de su motocicleta y ser rociado con una mezcla de alcohol y cloro en un ritual de desinfección que adoptó la comunidad para escapar del coronavirus durante la cuarentena domiciliar que inició el 21 de marzo. Ahí fue visto por última vez.

Quien cuenta esta historia es Sara, la madre de Miguel, una mujer de 40 años a la que el paso de los días, 88 para ser exactos, le ha robado la tranquilidad ante la ausencia de Miguel. Sentada en una hamaca en el pasillo del pupilaje donde vivía su hijo, un pequeño cuarto donde el joven de 21 años acuñaba una cama, unos cajones que ajustaba como ropero y una cocina de mesa, Sara suplica saber: ¿Qué pasó? ¿A dónde está?

En El Salvador, dar respuestas a las súplicas de familias que, como Sara, piden una explicación de cara a la desaparición de un hijo, una hija, un hermano, un sobrino es un terreno complejo. No existe una ley que ayude en la búsqueda ni ampare a los familiares de las víctimas ante su ausencia. Tampoco hay un sistema donde se pueda establecer un reporte -sin necesidad de iniciar una acción legal- para investigar sobre el paradero de las víctimas. Esto hace que muchas familias no se atrevan a denunciar y que las cifras oficiales no den cuenta de estos casos.

De momento, solo hay un documento interinstitucional que da luces a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y otras entidades para activar el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU). Lineamientos que suponen actividades inmediatas y coordinadas para la localización de las víctimas tras el reporte de su desaparición. También se cuenta con una reforma al Código Penal que incluye como delito la «desaparición de personas» con penas de cárcel que rondan los 15 a 25 años.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. «Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar», dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: «¿Quién podría querer dañar a «Miguelito«, si todos lo conocían?».

Que Miguel y su familia fueran reconocidos en los alrededores del municipio, según Sara, era la única garantía que el joven tenía para repartir pedidos en las comunidades de Olocuilta, ya que por años ella, su esposo y Miguel se ocuparon de ser zapateros en el mercado local. Miguel creció en medio de los vendedores, el comercio, las cocineras y los jóvenes de la zona. Fue un anhelo de superación y la caída del negocio lo que lo llevó a buscar otras opciones de empleo.

Sara se mece entre el llanto y la impotencia de no poder hacer mucho para encontrar a su hijo. La cuarentena domiciliar obligatoria y las restricciones de movilidad que limitaban la circulación de los ciudadanos a fechas específicas de acuerdo al número de identidad, ante la emergencia por el covid-19, la privaron de buscar.

Las medidas vigentes -hasta el 16 de junio- con el decreto ejecutivo 29, también suspendieron la marcha del transporte colectivo y sugería que el incumplimiento del confinamiento podía ser motivo para el traslado a un centro de contención. Sara tuvo pocas opciones para indagar. Así que se apoyó en una denuncia formal para encontrar a su hijo.

Esta denuncia, en paralelo a la desaparición, también supone otra pena: que el caso de su hijo no fuera relevante durante la emergencia por covid-19. «Fue hasta el 10 de abril que pudimos levantar la denuncia formal de mi hijo», explica Sara. Y es que, la misma tarde en que Miguel ya no apareció, oficiales de la PNC de Olocuilta le pidieron «esperar la noche» para ver si el joven regresaba a su hogar. En ese momento, relata Sara, los policías de turno hicieron hincapié en que solo estaban atendiendo «situaciones que eran prioridad frente a la pandemia».

Un día después, el 10 abril, tras levantar la denuncia, el PAU se activó y la PNC dio aviso a la Unidad de Vida de la FGR en el departamento de La Paz. Luego con las restricciones de movilidad por la crisis de salud, la Fiscalía quedó en llamar a Sara para realizar una entrevista y levantar el expediente. Pero fue hasta el 12 mayo, un mes después de los hechos, que la entidad solicitó su presencia en la cabecera departamental: Zacatecoluca. Esto a pesar de que el mismo PAU dicta que la primera línea de investigación para dar con el paradero es la recolección de información.

Para dar prioridad a estas denuncias, la Fiscalía General de la República creó -a inicios de julio de 2019- la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas. La urgencia era dar respuesta a un promedio de nueve casos por día. De enero a mayo de 2020, Guadalupe Echeverría, directora de la dependencia fiscal, sostiene que esta media, de momento, se mantiene con cuatro reportes diarios. Una baja que se refleja en el consolidado de los casos durante los últimos cinco meses: 750 personas. Un 51.12 % menos comparado a las cifras de mediados de 2019.

Este consolidado también es el más bajo comparado a los datos de los últimos tres años. Para 2017, según las cifras oficiales de la FGR, las denuncias -en los primeros seis meses- alcanzaron los 1,378 casos; mientras que en 2018 fue de 1,499 y 1,467 para 2019.

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos castaños, ojos café claro, piel morena y facciones simétricas. “Algunas personas dijeron que sí lo vieron entrar, pero ya no regresar”, dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: “¿Quién podría querer dañar a “Miguelito”, si todos lo conocían?”.

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«Nosotros somos el ente que supervisa a nivel nacional todas las acciones urgentes; generamos unas directrices técnicas para la investigación y para el abordaje. Vemos los casos más relevantes. Hay un constante monitoreo con todas las unidades fiscales y policiales para la aplicación de las acciones a nivel territorial», explica Echeverría.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, para 2020, entre enero y febrero, la tendencia de las denuncias mensuales era de 187 y 198 casos. Luego, en marzo, y abril la media rondó en 160 y 112. Pero fue en mayo cuando los reportes alcanzaron las 93 personas. ¿Qué ha provocado esta baja parcial de las denuncias?.

El confinamiento domiciliario ha tenido que ver con estos índices «tras la limitación ambulatoria restringida de las personas», asegura Guadalupe Echeverría. Es decir, los familiares no han tenido manera de movilizarse o saber cómo proceder. A pesar de ello, Echeverría, no duda en decir que las 19 oficinas fiscales, a nivel nacional, han trabajado al 100% y nadie ha dejado de operar: «Toda la necesidad que se ha requerido, se ha cumplido», enfatiza.

En una pausa, Sara da un pequeño recorrido por los objetos que aún conserva de Miguel. Muestra una camisa blanca con rayas rojas y en esta se lee un: Promo 2015- 9 «A». Ahí, entre un suéter negro y una gorra que aún cuelgan de la pared del cuarto, ella recuerda que su hijo nunca fue bueno para estudiar. Abandonó el bachillerato, pero había prometido retomar las clases para el próximo año.

«Hasta el momento, no hay buenas noticias. Yo he insistido, los he hostigado por teléfono para enterarme de cualquier novedad o, simplemente, saber cómo va todo. No dejan de repetirme, cada vez que llamo, que la Fiscal asignada no llega a trabajar por la pandemia», mantiene Sara.

Si la emergencia de salud por covid-19 incidió en una falta de operatividad para el procesamiento de las denuncias dentro de la PNC o FGR, de momento, no es algo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pueda precisar, ya que la entidad no ha recibido ningún reporte con estas características.

Sin embargo, la procuradora adjunta de Migración y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos puntualiza que -en el área central- las autoridades están más conscientes de las acciones a tomar ante la desaparición de una persona y la aplicación del PAU.

«A nivel departamental -y en sus municipios- aún falta la difusión y capacitación de los trabajadores de justicia y agentes policías en cuanto al PAU. Todavía no tienen mucha conciencia de que hay que aplicarlo de inmediato sin tener que esperar horas», concluye Campos.

Por hoy es una carta de permanencia -en la oficina fiscal de Zacatecoluca- lo que certifica a Sara y a su familia sobre la ausencia de Miguel. Un documento que fue solicitado por los mismos, primero, para justificar su salida el 12 mayo y, segundo, para tener algo por escrito que diga que su hijo ya no está.

Ilustraciones de Moris Aldana / Carlos Aguirre

«Hasta el momento no nos han querido dar copia de la denuncia, ya que nos dijeron que eso lo manejan solo ellos», dice Sara. Después murmura parte de la carta: La Fiscalía de la República de Zacatecoluca, hace constar que desde las 8:30 am hasta las 15:00 pm se ha atendido a esta convocatoria.

A pesar de la disminución de las denuncias en el transcurso de la cuarentena, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas asegura que la efectividad en la localización de una persona -viva o muerta- es del 54.79%. Algo que se traduce en los últimos tres meses en: 200 personas localizadas y 165 sin encontrar.

Estar del otro lado -dentro del 45.21% de familias que no saben qué pasó- ha llevado a Sara a la desesperación. Come poco, casi no duerme y permanece en un estado de depresión: «Me duele que en todo este tiempo solo haya podido ir a buscar a mi hijo en dos ocasiones».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos, ha reiterado -tras conocer repetitivas quejas de víctimas sobre el actuar de las autoridades como la FGR y PNC en cuanto a las demoras de su proceso y omisión de sus denuncias- en su informe preliminar de 2019 que: Las investigaciones por los casos de personas desaparecidas son una obligación indelegable del Estado.

«La impunidad no solamente deja sin verdad y sin justicia a las víctimas, sus familiares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto, sino que también propicia la repetición de los hechos», perfila la CIDH en su informe.

De momento, no hay una normativa que responda a la realidad que viven los familiares de las víctimas. Una de las primeras acciones importantes que debe adoptar el país, según Lissette Campos, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es que el órgano legislativo ratifique los tratados internacionales sobre este tema. Así una ley especial podrá responder a los mecanismos de búsqueda, reconocimientos de derechos y la definición de los bienes de personas desaparecidas.

Con el fin de la cuarentena domiciliar, a Sara le preocupa regresar a las labores el próximo 7 de julio. Con su trabajo como cocinera a tiempo completo -en San Salvador- le será imposible viajar hasta las oficinas de la Fiscalía en Zacatecoluca para dar cuenta o saber qué sucedió con Miguel.

«Han quedado en llamarme y avisarme cuando la fiscal asignada retome sus labores en la sede. Esperaré tres días, sino volveré a intentar», asegura Sara. Hasta la fecha, Sara, sigue sin recibir noticias.

Una casa, un trabajo, una enfermedad

Fotografía de Raúl Benítez

Esta casa fue, hace 20 años, el depósito de esperanza y sueños de una familia de cinco. Para comprarla, tuvieron que presentar una solicitud al Instituto de Desarrollo Rural (IDA) de Costa Rica y así ser beneficiarios de un programa de vivienda de interés social. Era 1995. Durante casi tres años, sufrieron la burocracia como un castigo. Su solicitud para poder tener acceso a facilidades de pago del terreno y ayuda con la construcción de la casa pasó de mano en mano y solo fue aprobada hasta 1998. Lo recuerda Celia, ahora de 52 años de edad, sentada en una silla mecedora.

A finales de 2000, tres niños menores de 15 años con sus padres, Celia Martínez y José Quiroz, pudieron habitar la casa que, con esfuerzo, habían logrado construir en Agua Caliente, una comunidad ubicada en Bagaces, cantón de la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Hace 20 años, este lugar era todo un proyecto por desarrollar en la zona rural. Recién habían comenzado a repartir las parcelas y las ayudas para la construcción de casas. Cuando Celia y José con sus tres hijos llegaron, no había servicios básicos. «Hasta para agarrar agua teníamos que madrugar, porque no había el resto del día», hace memoria ella.

Esta familia estaba caminando a la contra de las masas. Para ese momento, la población urbana de Centroamérica ya había superado el 50%. La gente se estaba mudando en masa a las ciudades, un fenómeno que amenazaba con dejar sin trabajadores a la industria agrícola. Así que países como Costa Rica ofrecieron incentivos para que lugares como Bagaces no se quedaran sin habitantes y sin mano de obra agrícola.

Poco a poco, los Quiroz Martínez fueron llenando de muebles y recuerdos esta casa de 20 metros de largo por 8 de ancho, de ladrillo crudo, con corredor externo, sala comedor y dos dormitorios. Había espacio para colocar sillas, mesas, estantes y adornos. Había trabajo, a escasos metros, en las extensas plantaciones de caña de azúcar, de arroz, de melón y más. Ese fue el tiempo en el que menos habitada estuvo la casa. «Ellos no conocían el descanso, no perdonaban ni los domingos», cuenta Celia de esas jornadas que, para su esposo y su hijo, comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde, los siete días de la semana.

De toda aquella época de productividad a tope, lo único que queda hoy es un horizonte lleno de caña de azúcar y arroz. Así como el trabajo en la agricultura sirvió para pagar muchas cuentas del hogar, este trabajo y la ubicación de la casa también se plantean como parte de la red de condiciones que aumentaron las posibilidades de sufrir daño en los riñones. José, Celia y Diego, el hijo que quedó viviendo con ellos, sufren Enfermedad Renal Crónica (ERC). Las otras dos hijas no han querido realizarse las pruebas necesarias para dejar en fijo el diagnóstico.

Sombra. Una de las medidas a las que son obligadas las empresas agrícolas es a tener zonas de sombra para que los trabajadores puedan descansar y equilibrar la temperatura.

Un estudio publicado hace cuatro años estima que el déficit de vivienda en América Latina era de 34.3 %. Mientras que, solo para Centro América, el mismo valor correspondía a un 47.66 %. Estos datos, además, esconden otros. El 40 % del déficit para Centroamérica no es cuantitativo, es cualitativo. Se trata de casas que están en pie, pero no alcanzan a cumplir los requisitos mínimos para garantizar una estancia plena. Son viviendas autoconstruidas sin servicios como electricidad, agua o sanitarios o ubicadas en zonas que ofrecen riesgo. Así, como la vivienda que tanto les costó a los Quiroz Martínez obtener.

Y a esto se suma que la Enfermedad Renal Crónica llegó y transformó todo. Ahora todo lo que tiene que ver con este mal ocupa, al menos, la mitad del espacio de la casa de los Quiroz Martínez. Celia y José cuentan esta historia sentados en el corredor, en donde apenas cabe un par de sillas, el resto, está ocupado por las cajas de suero que les van a servir por los siguientes dos meses. Esta casa es más enfermedad que personas.

 

«¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume Minor Picado, de La Voz del Pueblo.»

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La de los Quiroz Martínez no es la única familia vecina de macrocultivos afectada por la enfermedad renal crónica. Guanacaste es la provincia más grande de Costa Rica. Y también es una de las de mayor producción agrícola. Aquí se ubican ingenios azucareros que abastecen mercados locales e internacionales, como el Taboga. Esta región ofrece fuentes de trabajo en agricultura y los gobiernos se han encargado de mejorar la conectividad con la ciudad capital, San José, por medio de la construcción y mantenimiento de carreteras. Lo que no han podido hacer los gobiernos ha sido detener el alza en los casos de enfermedad renal.

El ministerio de Salud de Costa Rica ubica 11 cantones con más prevalencia de muertes por enfermedad renal crónica. De esos, 10 son de Guanacaste.

La enfermedad renal crónica que afecta específicamente a las comunidades agrícolas se comenzó a detectar hace 30 años. En todo este tiempo, sin embargo, es poco lo que se ha logrado definir en torno a causas. Se sabe, eso sí, que esta enfermedad tiene un evidente componente geográfico y social. Desde México hasta Panamá, estudios relacionan la incidencia de casos con: trabajo agrícola, altas temperaturas, limitado acceso a agua potable, baja escolaridad y, sobre todo, residir cerca de macrocultivos, lo que implica una exposición constante a agroquímicos.

El estudio más reciente y el que más se ha acercado a dar una respuesta a qué es lo que causa la enfermedad que sufren cientos de familias como las de Guanacaste es el que, en noviembre de 2019, publicó un grupo de 17 investigadores que hizo un seguimiento durante un año de los casos de 34 pacientes. Ellos fueron provenientes de: Sri Lanka, Francia, India y El Salvador. La investigación concluyó que las personas que residen en las comunidades agrícolas presentan una lesión específica que las hace vulnerables a sufrir esta enfermedad. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los 17 especialistas que lo firma. «Aquí presentamos evidencia convincente de que la CINAC (Chronic interstitial nephritis in agricultural communities) es una tubulopatía lisosómica probablemente causada por una sustancia o sustancias tóxicas», se lee en el estudio.

Cuando los Quiroz Martínez lucharon por instalar su hogar en Agua Caliente, hace más de 20 años, esto no se sabía. Los números de la enfermedad renal crónica apenas se registraban. Y pese a la evidente concentración de casos en las comunidades agrícolas, todavía faltaba mucho tiempo para comenzar a investigar. En ese lapso, no solo cayó enferma esta familia. Alrededor de ellos, cada vez más gente se fue muriendo con los riñones marchitos.

Costa Rica comenzó a hacer un registro más específico de la enfermedad hasta hace apenas un par de años, así lo explica Adriana Torres, jefa de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud: «En el 2018, que fue el primer año en que se registró, se reportaron 617 casos para todo el país. Para el 31 de octubre de 2019, ya llevábamos 3,600».

Fotografía de Raúl Benítez

Estas son solo las personas a las que se les ha podido confirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica, porque, en las primeras etapas, no da síntomas y solo se puede detectar con pruebas como la que mide el nivel de creatinina. Y, aunque esta es una cifra parcial del verdadero impacto que tiene la enfermedad, plantea un problema serio de espacio en los hospitales. LA ERC es degenerativa. Eventualmente, el paciente necesita un tratamiento de sustitución de la función renal que puede ser la diálisis o la hemodiálisis. Ambos casos consisten en que por medio de un proceso externo -manual o mecanizado- se hace la depuración que los riñones ya no son capaces de ejecutar. Para estos procesos, un paciente debe tomarse varias horas al día, varios días a la semana. Los espacios hospitalarios no dan abasto. La alternativa es que los pacientes construyan su propio espacio en sus casas para poder hacerse ellos mismos la diálisis con mangueras gemelas, una que ingresa suero y la otra que lo saca. Los pacientes reciben los insumos, pero no está sistematizada una ayuda para modificaciones inmobiliarias. Así que es sumar más gastos justo en un momento en el que la mayoría de ellos ha dejado de cobrar un salario.

 

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Arnoldo López Ávalos señala a los tres hombres en batas celestes y les llama familia. Si de considerar familia a las personas con las que más se convive se trata, ellos lo son. Seis días a la semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, esta familia vive aquí, en la sala de diálisis del Centro de Atención Integral de Cañas, Guanacaste, Costa Rica. La enfermedad renal crónica transforma dinámicas más allá de tejidos y medicamentos.

Cuando era joven, Arnoldo trabajaba como banderillero. Su función era pararse entre surcos de cultivos e indicarle a quien tripulaba una avioneta en qué lugar y en qué momento debía soltar la descarga de agroquímicos. Y, claro, a él también le caía sin reservas ese rocío de olor penetrante.

Ahora, a los 48 años, Arnoldo encaja en el perfil de paciente renal que está vigente en Costa Rica: dedicado a labores agrícolas, de 30 a 50 años, de recursos económicos limitados y habitante de Guanacaste.

Enfermedad renal. José Quiroz trabajó siempre en macrocultivos como caña de azúcar, piña, arroz, melón. Sufre enfermedad renal.

Hugo Delgado es médico de familia en el hospital de Nicoya, otro de los cantones de Guanacaste. Es uno de los que ha visto en primera fila el impacto de la enfermedad renal en la provincia. «Afecta a hombres jóvenes que llegan muy tarde, se diagnostican en estado 4 o 5; se diagnostican y, antes de un año, ya necesitan terapia de sustitución renal, la mayoría son diálisis», señala. El doctor Delgado habla desde una reducida clínica en donde da consulta. Sería físicamente imposible que todos los diagnosticados recibieran su tratamiento en la infraestructura de este hospital: «El 98 % de los pacientes se dializa en la casa a pesar de que estamos hablando de que esta es una población que vive en pobreza extrema y multidimensional«.

Las personas en pobreza no extrema superan el costo de una canasta de alimentos, pero no logran satisfacer todas sus necesidades básicas, incluidas las de vivienda. Mientras que aquellas que están en pobreza extrema mantienen un ingreso que no alcanza ni para cubrir el costo de una canasta de alimentos. En Costa Rica hay un 7.2 % de la población que vive en pobreza extrema, según el estudio Estado de la Vivienda en Centroamérica que lleva el sello del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), del INCAE Business School y de Hábitat para la Humanidad.

La voz de Celia cuando habla de su situación económica parece apagarse, sobre todo, cuando intenta explicar el peso que tuvo en sus vidas el trabajo en agricultura y en el ingenio: «No se vivía mal. Ganaba uno ganaba el otro; yo criaba chanchos, criaba gallinas; éramos pobres, pero vivíamos ricos a la vez. Pero ahora que ellos están en esta situación, es algo triste. Hasta ahora nos damos cuenta de lo cara que está la vida».

El Ingenio Taboga es una productora de derivados del azúcar con 60 años de experiencia. Es, aquí en Guanacaste, una de las principales fuentes de empleo. Pero, antes de poder recibir un contrato con esta empresa para ejecutar labores agrícolas, o incluso de otra índole, es necesario hacerse pruebas médicas para determinar que no se tiene ningún daño renal. Si sale positivo, no puede ser contratado. Esta es una medida avalada por las autoridades sanitarias que pretende «proteger a las personas de exponerse a que el deterioro sea mayor», de acuerdo con Adriana Torres, del Ministerio de Salud.

Y, este mismo discurso es el que defiende Shirley Romero. «Nosotros tenemos una política de responsabilidad respecto a cómo recibimos al trabajador. Pero hay disposiciones ya genéticas que escapan de nuestro control», explica Romero con respecto a la alta incidencia de casos de ERC más allá de quienes son, han sido o quieren ser trabajadores agrícolas. «Incluso, durante la zafra, ellos pueden estar bajo cuidados médicos, pero una vez que estas personas salen de la zafra, perdemos control sobre sus cuidados médicos», agrega.

Guanacaste. La zona de Guanacaste es una de las más productivas. Aquí se siembra caña de azúcar, arroz, piña, sandía, entre otras. Entre los cultivos, también hay asentamientos , escuelas y clínicas.

Bajo el argumento de que estas pruebas son información reservada, los ingenios no las comparten con los centros asistenciales ni dirigen a las personas a recibir atención médica. «Ellos (ingenios) se ocupan de hacer un prediagnóstico y no lo veo mal, pero esto tampoco está resolviendo la situación económica de este jefe de familia que, al final, está sin empleo y ya no consigue nada porque no es mano de obra calificada», explica Minor Picado, de La Voz del Pueblo, una organización no gubernamental que promueve el derecho al agua y a un ambiente limpio en Bagaces. «¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume.

La cantidad de gente con ERC que se desplaza a los hospitales para recibir su tratamiento es, según el doctor Delgado, una minoría. Y lo hacen durante 3 a 6 meses, mientras dura el proceso de educación acerca de cómo hacerse la diálisis en casa. «La meta es que el 100 % lo haga en casa», señala.

Arnoldo, por su parte, ha pasado mucho más de seis meses recibiendo el tratamiento en el hospital en Cañas. Reunir todo el dinero que necesitaba para hacer los cambios en su casa de una sola vez fue imposible. Él ya no trabaja como banderillero ni en ninguna etapa de la agricultura. La enfermedad lo obligó a aceptar una pensión de la que vive él y aporta para sus hijos. Las modificaciones a la casa para contar con su cuarto estéril las ha ido haciendo de a poco. Y, recién ahora, está terminando. Espera que estas sean de las últimas veces que pasa ingresado seis días a la semana. «De mis compañeros han muerto montones. Esta enfermedad es la más mala que hay, agarra a cualquiera, avanza y no hay quite de ninguna manera», reflexiona.

«No se vivía mal. Ganaba uno ganaba el otro; yo criaba chanchos, criaba gallinas; éramos pobres, pero vivíamos ricos a la vez. Pero ahora que ellos están en esta situación, es algo triste. Hasta ahora nos damos cuenta de lo cara que está la vida», Celia Martínez.

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El déficit cualitativo de las viviendas en Costa rica es del 16% en zona urbana y, para la zona rural, casi se duplica para quedar en un de 29%, según el estudio sobre el estado de la vivienda en Centroamérica. A esto, se suma el riesgo de la ubicación.

Celia apunta a la derecha y cuenta que ahí se murió alguien hace unos meses por ERC. Del otro lado, hay uno enfermo y otro con síntomas. Agua Caliente es una localidad en donde este diagnóstico es casi un destino para todos. Nunca, sin embargo, que ella recuerde, ha venido acá una brigada médica a hacer pruebas, a dirigir campañas educativas o a capacitar acerca de cómo reducir riesgos.

La epidemióloga Thaís Mayorga, quien lleva años trabajando en la región, confirma que, como la de Guanacaste está habitada por familias con un nivel importante de pobreza, el éxito del tratamiento no se puede medir solo en el estado de la vivienda y la construcción de un dormitorio estéril. «Aquí hace falta velar por el acceso a los servicios de salud y a los servicios básicos -dice desde San José, la capital- la densidad de poblacional en la zona es muy baja, hay 35 o 40 habitantes por kilómetro cuadrado, todo queda lejos».

Así, Mayorga hace énfasis en que hay gente obligada a viajar casi 300 kilómetros por una consulta con un nefrólogo. O está la gente de Nicoya, que se ve obligada a desplazarse hasta 80 kilómetros desde su casa para ir a un hospital regional y, si lo que necesita es una máquina para realizarse una hemodiálisis, debe avanzar otros 200 kilómetros. «¿De dónde va a sacar dinero la gente, si ya no puede trabajar? No se puede cambiar de casa tampoco», pregunta. Son familias como la Quiroz Martínez, atrapadas en un ciclo de pobreza, explotación y riesgo.

«¿Qué hace la gente? Cae en las manos de los que subcontratan sin ninguna garantía social y sin ninguna protección; terminan muriendo invisibles», resume Minor Picado, de La Voz del Pueblo.

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A Celia le preocupa que, al filo del medio día, aún no ha hecho la limpieza de la casa. No ha podido barrer y no ha podido, a esta hora, limpiar con cloro la superficie de los dos dormitorios. Aquí, todo debe estar estéril.

La ERC no invade solo cuerpos. También ocupa la mayor parte del área de esta casa. A la entrada, en el corredor, una hilera de cajas con suero roban espacio. Adentro, los dos dormitorios, en realidad, no lo son. Son cuartos para diálisis que José y Diego han tenido que adaptar para poder hacerse el tratamiento que busca suplir la función ya perdida de los riñones como depuradores del cuerpo.

El afán de Celia por la limpieza no es pose. En estos cuartos es en donde su esposo y su hijo se hacen los tratamientos de diálisis. Ella también esta diagnosticada, desde hace 10 años, con la enfermedad de ellos dos, pero en una etapa más temprana. Esto la coloca en la categoría de «cuidadora», pese a lo difícil de su propia situación. Enferma, es normal que se canse, que se le van las fuerzas y que, a esta hora, no haya podido cumplir con la tarea del cloro, el trapo, la escoba.

Celia no trabajó más que de forma ocasional en la agricultura. No tiene diabetes y no sufre hipertensión, dos de las enfermedades de base que después desembocan en la ERC por causas tradicionales. La enfermedad de Celia se explica más en la casa, en la exposición constante a los agroquímicos y en lo que el estudio que hicieron los 17 científicos explican más como: «Los casos de nefritis intersticial crónica en comunidades agrícolas (CINAC) que también se han identificado entre individuos menos expuestos, incluidos trabajadores no agrícolas, mujeres y niños que viven en el mismo ambiente tropical». Y si Celia y su familia no hubieran venido a vivir aquí, a Agua Caliente, Bagaces, Guanacaste, ¿estarían enfermos?

Macrocultivos. Residir cerca de macrocultivos, es, de acuerdo con estudios reciente, uno de los factores de riesgo de sufrir Enfermedad Renal Crónica por causas no tradicionales.

Carlos Orantes es nefrólogo salvadoreño y fue otro de los 17 investigadores que firmó el estudio. En una oficina del Ministerio de Salud de El Salvador explica: «Hay una probabilidad incrementada de padecer ERC si se vive cerca de extensas áreas de cultivo, principalmente caña de azúcar».

Celia muestra los cuartos. En cada uno hay una cama, una mesa, un pedestal para el suero. Ella se detiene en dos lujos que costaron todo lo que le puede costar a una familia que, de repente, se queda sin ingresos. Son un lavamanos y un aire acondicionado.

«El aire lo tuvimos que poner por él, por Diego, porque con estos calores, se nos escapaba a ahogar. Le poníamos hielo encima y no servía de nada». Celia se apura a contar que fue en ese momento en que tuvo que vender los últimos animales que tenía, pero, igual, no alcanzó. Tuvo que organizar rifas entre sus vecinos, gente igual de pobre que ella que, por solidaridad, le compraba números.

Para los cuartos estériles solo pudieron comprar los materiales. La mano de obra la hizo José. Él, con la enfermedad a cuestas, colocó los lavamanos, pulió cemento y pintó paredes. Cuando estaba a punto de terminar el primero, cayó grave Diego, el hijo, y tuvo que cedérselo. Así, el segundo cuarto costó más. Ese todavía no tiene aire acondicionado y, a falta de otro espacio en la casa, es el mismo en el que duerme Celia, un acto contraindicado por los médicos.

José se siente derrotado. Antes de que la enfermedad le restara sus capacidades físicas, logró comprar el lavamanos para el segundo cuarto y la madera para instalar el cielo falso. «Pero eso quedó así, no tengo fuerza para ponerlo y tampoco tengo dinero para pagarle a alguien que lo haga», cuenta resignado.

Celia, por su lado, junta las manos y tira otra preocupación para adelante. La ERC es una enfermedad degenerativa, a menos que consiga un trasplante de riñón, ella también va a necesitar dializarse de forma eventual. «¿Y yo a dónde me voy a meter? Aquí, ya no hay cuartos».

Aquí, en esta casa en donde se encierra el calor del trópico, no hay cómo responderle.

Daño. Ingenios como el Taboga realizan prediagnósticos a las personas que buscan trabajar. Si encuentran daño renal, no los contrata, pero, tampoco comparte esta información con autoridades sanitarias ni indica a las personas qué pasos seguir.

Glenda Girón es becaria 2019-2020 de Bertha Foundation

Los vecinos del Sur de Honduras tienen dañados los riñones

Fotografía de Glenda Girón

Read this article in English: Honduras: The neighbors of the South have damaged kidneys

Ángel Ortega levanta el brazo y apunta con el dedo. Allá, a 800 metros de esta su casa, empieza un campo que luce ahora desprovisto, pero que, pronto, estará lleno de melones hasta donde alcance la vista. Ángel baja rápido el brazo, no lo puede sostener así por mucho tiempo. Tiene las venas hinchadas como con pelotas y la piel marchita después de cuatro años de recibir tratamiento para su enfermedad. Siente dolor.

La cosecha de melón de 2018/2019 fue histórica para Honduras. El precio internacional de este fruto acuoso creció en un 45 %. Y el valor solo de lo exportado ascendió a 110,1 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. La gran productora de melones es la zona de los departamentos de Choluteca y Valle, el Sur, fronterizo con El Salvador y cercano al Océano Pacífico. Ángel apunta el lugar en el que está la melonera, a la derecha de su casa. Y, agrega que, si va al frente, un kilómetro, encuentra los campos de caña de azúcar. Esos 800 metros y ese kilómetro están llenos de casas.

Ángel llegó a trabajar a Monjarás, Choluteca, en 1977. En 1988, logró comprar un terreno para construir su casa. Llegó como a los 20 años, atraído por una oferta de residencia y trabajo. Se levantaba a las 3 de la mañana y se iba al campo. A las 8, ya había terminado una tarea y comenzaba otra. Así, hasta las 4 de la tarde, cuando dejaba de trabajar los terrenos de otros y se iba al propio, donde tenía maíz y frijol. Este horario imposible es el que podrían repetir casi todos los hombres de esta comunidad de Monjarás que se dedican a la agricultura.

Ahora, Mojarás tiene 7,500 casas, 16 escuelas, dos agencias bancarias, cerca de 20 tiendas de ropa y varios restaurantes. Ángel, por su parte, ya no produce. Pasa los días en la hamaca que ha colgado del corredor externo de esta casa de ladrillo crudo, con letrina externa que se parece a muchas otras de esta zona. Hace 4 años, a Ángel le dijeron que sufre enfermedad renal crónica. Un diagnóstico que, como la agricultura, el ladrillo crudo, o la letrina externa, es un factor común en muchas viviendas de esta región.

La enfermedad renal crónica, se puede decir ahora, tiene dos categorías. Una, la tradicional, es la que se presenta junto con otras enfermedades de base que son la diabetes y la hipertensión arterial. La otra, que es la que sufre Ángel, ha sido difícil de nombrar. Tiene como características que aparece sin enfermedades previas y a una edad más temprana. Y se presenta entre quienes tienen en común una serie de condiciones sociales específicas, entre ellas: trabajar en agricultura y residir en áreas en donde hay cultivos masivos.

Fotografía de señor en una hamaca
Diagnóstico. Ángel Ortega está, desde hace 4 años, en tratamiento por enfermedad renal crónica. En Monjarás, Choluteca, Honduras, el diagnóstico es común entre los vecinos.

Carlos Orantes es nefrólogo en El Salvador y ha sido pionero, desde 2009, en dirigir estudios que ayudan a delimitar las causas de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. Orantes es asesor del Grupo de Expertos en Sri Lanka para el enfoque de la ERC que afecta a las comunidades agrícolas; es autor en revistas científicas y, recientemente, ha publicado capítulos sobre el tema en el libro Medicina interna y nefrología clínica en la Universidad de Oxford. Orantes ha sido profesor visitante en la división de Nefrología del Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro Médico Harbor-UCLA y el Centro Médico Cedars Sinai. «Esto se puede ver como enfermedad o como epidemia», apura como aclaración inicial.

«Cuando usted la enfoca desde el punto de vista individual, el fenómeno se circunscribe a los signos, síntomas y dolencias de la persona; este enfoque es fundamentalmente médico y es necesario implementarlo». Orantes habla desde una sala de juntas en el Ministerio de Salud, en el centro de la capital salvadoreña. El conocimiento, sin embargo, lo ha adquirido en las comunidades que ha tenido que recorrer para realizar los estudios que ha publicado en revistas médicas. «Pero, cuando esta enfermedad se presenta no en una, dos ni en tres; sino en muchas personas en un límite geográfico, social, ambiental y con características específicas de condiciones laborales insalubres, entonces esto ya no es un problema individual, sino que un problema de las colectividades humanas».

La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales presenta números elevados desde México hasta Panamá, pasando por el corredor del Pacífico centroamericano. De acá que los especialistas se hayan puesto de acuerdo para llamarle nefropatía mesoamericana. «Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de epidemia. Y como afecta a más de dos países, esto ya se convierte en pandemia», explica con alarma Orantes, una de las voces más autorizadas del continente.

En Monjarás, Ángel y sus vecinos no lo ponen en palabras, pero llevan años de experimentar en carne propia esta pandemia que se ha afincado en las comunidades agrícolas del Pacífico, sin que, hasta el momento, haya podido ser detenida.

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Honduras está dividida en 18 departamentos en donde viven 9.2 millones de personas. Choluteca y Valle son los dos con más incidencia de enfermedad renal crónica. Entre 2016 y 2017, 2,839 personas egresaron de los hospitales públicos de Honduras por este diagnóstico. De ellas, el 30 % dijo ser de alguno de estos dos departamentos. Es decir, 3 de cada 10 personas atendidas.

Choluteca y Valle aparecen también como dos de los departamentos más productivos. Solo con el melón de esta zona sur hondureña, en 2016 se llenaron y se exportaron más de 16,000 contenedores. Para 2019, los cálculos son todo arriba: el melón crecerá en un 13 %, la okra en un 19 % y la sandía en un 50 %. Y de esto lo que en Banco Central de Honduras destaca es la ganancia y el empleo.

«Esta es la zona del país aporta una gran cantidad de riqueza, pero mire a su alrededor, ¿en qué se nota para nosotros?», pregunta Marcos, ante las calles de tierra de la comunidad. Marcos es un líder comunal que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato, porque en Choluteca hay más de cien defensores de los Derechos Humanos que han denunciado públicamente amenazas.

Marcos se equivoca. La productividad sí se nota en la comunidad, pero no como él quisiera. Estudios relacionan la presencia de cultivos masivos como un factor de riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. «Encontramos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los especialistas que lo firma.

En su casa, Ángel recuerda cómo solían ser sus días de trabajo: «Una vez, un tanque de Metil 800 que iba en un tractor se dio vuelta y todo me cayó a mí, me quedé ciego y por eso el tractorista me tuvo metido en el río como por media hora. Por más que ellas la lavaron, toda la ropa me quedó amarilla». Ángel habla frente a su familia. Porque, aunque el único que podría aparecer en las planillas de las productoras agrícolas sea él, en realidad, todos en esta casa de ladrillo crudo y letrina exterior han estado expuestos a los agroquímicos. A ellos, sin embargo, es a quienes menos contabiliza el sistema sanitario y social en general.

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

«Encontamos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes.

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Los cuatro productos más rentables del Sur -melón, sandía, okra y camarón- dejaron en 2018 divisas por 304.8 millones de dólares en Honduras. Lo que esta tierra produce viaja hasta los mercados de Alemania, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Francia, Japón, México, Reino Unido y Taiwán, entre otros. Lo queda acá después de producir tanto es, sin embargo, un paisaje vacío. Habitado, sí, pero por gente que convive con la muerte.

«Para donde mire hay una casa en donde hay alguien enfermo o alguien que ya se murió de eso», la frase no es una exageración. Marcos, el líder comunal en Marcovia, Choluteca, a unos pocos kilómetros de aquí y que ha venido a visitar a Ángel, hace recuento. Atrás de esta casa, murió hace poco un señor; al frente, a la izquierda, hay alguien más enfermo. Si se pregunta por el lado derecho, también.

Si Honduras tuviera un mapa con un punto rojo colocado en cada casa en donde hay alguien con daño en los riñones, esta comunidad de Monjarás sería toda roja. Pero Honduras no tiene este mapa, tampoco tiene estudios que profundicen en las causas de esta epidemia. Lo único que tiene es la cantidad de personas diagnosticadas. Entre junio de 2018 y junio de 2019, fueron atendidas en hospitales públicos 3,085 con enfermedad renal crónica en todo Honduras. De ellas, 806, dijeron ser de Valle y Choluteca. Estos dos departamentos, de 18 en total, acumulan el 26 % de casos.

Lo del melón ha sido meteórico, también. Para la cosecha de 2017/2018, las divisas generadas por la exportación fueron de 70 millones de dólares. Con base en esto, se calculó que la de 2018/2019 podía dejar hasta 90 millones de dólares. Pero la proyección se quedó corta, lo exportado superó los 110.

En su casa, Ángel hace otro tipo de cuentas. «Para que no nos saliera tan caro, nos habíamos juntado tres para pagar el taxi para ir a la diálisis en Choluteca«. Ángel hacía este viaje de 31 kilómetros con dos amigas, Rosa y Maura. Desde Monjarás, hasta Choluteca, en donde se encuentra el hospital de Diálisis de Honduras, la empresa a la que el gobierno ha subcontratado solo para brindar los tratamientos, el servicio de taxi cuesta 600 lempiras ($24). «Pero entre mi amiga la Rosita y la Maurita, solo nos tocaban 200 ($8) cada uno», cuenta Ángel antes de empezar a restar y multiplicar. «Ya hace un año, se murió la Rosita, y nos quedamos pagando 300 ($12) cada uno con la Maurita, para ir dos veces por semana».

La diálisis es un tratamiento que consiste, a grandes rasgos, en que una máquina hace el trabajo que los riñones ya no pueden hacer. Los pacientes deben estar conectados a esta máquina por entre cuatro y seis horas. Dependiendo del estado del riñón, un paciente puede necesitar viajar al hospital dos o tres veces por semana. Aunque hay personas que deben estar conectadas todos los días. «Me quedé pagando yo solo el viaje», dice Ángel. Maura falleció en agosto por complicaciones propias de la disminución de la actividad renal. Ángel, de verdad, va quedando solo.

http://guilles.website/dev/honduras-ecr/datavis.html

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La enfermedad renal crónica es un fenómeno tan focalizado en el corredor del Océano Pacífico de Centroamérica que, ya en 2013 fue la razón por la que los ministros de salud de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en El Salvador para declarar la investigación de este problema como una prioridad. En ese momento, las máximas autoridades sanitarias acordaron que dar tratamiento a los afectados y estudiar las causas de la enfermedad y los factores de riesgo serían una prioridad más allá de cada gobierno.

«Honduras no ha aportado nada a los estudios sobre esta enfermedad que sí tienen Nicaragua, Costa Rica y, a la vanguardia, El Salvador. Guatemala también tiene aportes, excepto nosotros. No porque no tengamos grandes volúmenes de pacientes, sino que por un problema de recursos, o de no tener ganas de ver que este es un serio problema», explica Gemmer Espinoza, desde su consultorio privado. Espinoza es nefrólogo. Es, de hecho, el único en Choluteca.

Espinoza también trabaja en Diálisis de Honduras, que es la empresa a la que el Estado ha contratado para dar los tratamientos de diálisis. Desde ahí ha podido, con base en la experiencia, trazar el perfil del paciente con enfermedad renal crónica. Es, por sobre todo, un agricultor. Pero también es, casi de manera indefectible, una persona que reside en las zonas vecinas de los cultivos masivos.

En Monjarás, las calles polvosas se llenan de gente al atardecer, cuando ha bajado un poco el calor. Hay jóvenes en las esquinas que comparten golosinas y hay niños que van en bicicleta. Si ha llovido, hay charcos de varios metros de largo, si el día ha sido seco, se levantan nubes de polvo. Por ratos, se llegan olores desde los campos de cultivos. El más molesto es el que llega de madrugada, con la fumigación que hacen los aviones.

Sin que se pueda basar en ningún estudio, porque no lo hay, Espinoza, el único nefrólogo de Choluteca, señala que un 80 % de casos llega en estadio 4 o 5, es decir, cuando ya los riñones han perdido casi toda capacidad de filtración y la terapia de diálisis es necesaria para prolongar la vida del paciente. A la empresa privada que brinda este servicio, el Estado hondureño le paga cerca de $100 por paciente, de acuerdo con fuentes que solicitaron anonimato. Los gastos indirectos, como el pasaje de bus o taxi colectivo, como el que pagaba Ángel con sus amigas, también enfermas, corren por cuenta de cada quien.

Vivir en esta zona hace que para Ángel y su familia aumente la posibilidad de sufrir enfermedad renal. Y, aunque las autoridades sanitarias de Honduras tienen información que lo confirma, esto no ha sido suficiente para acercar servicios, campañas educativas, diagnósticos tempranos o tratamientos. Salvo por los pacientes que se agolpan cada mañana en el hospital para recibir diálisis, esta enfermedad está invisibilizada.

Productividad. Monjarás es una comunidad rodeada de cultivos masivos, como el melón, la cañá de azúcar y la okra. Esta es una de las zonas más productivas de Honduras.

«En lo que coinciden El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras es en que la gente que enferma está relacionada de alguna manera con los macrocultivos. Porque veamos que la labor agrícola ha existido todo el tiempo. Para subsistencia se ha sembrado maíz-frijol, maíz-frijol. El factor que viene a ser distinto en este tiempo es el macrocultivo«, explica Espinoza. «Es difícil hacer una afirmación sin argumentos, como estamos en Honduras sin los estudios pertinentes, pero todo lo investigado afuera apunta al uso de pesticidas». Solo para tener una idea del uso masivo de agroquímicos, en Honduras se comercializan 129 marcas de Glifosato y 19 de Paraquat. Estos son dos de los químicos que los estudios científicos señalan como altamente tóxicos para el riñón.

Frente a la casa de Ángel han pasado varios hombres en bicicleta. Es el final de la tarde y, seguramente, vienen de realizar labores. Hace 4 años, Ángel también recorría estas calles en bicicleta, cuando, de repente, sintió un mareo que lo obligó a detenerse.

«Ahí ya venía con una gran calentura. Y se me empezaron a agarrar calambres en las piernas. Mandé al güirro (niño) a comprarme unas pastillas y un jugo», cuenta. Ángel no se curó con el jugo o las pastillas. Tuvo que ir al hospital, a varios, de hecho. Su diagnóstico, pese a vivir donde vive y haber trabajado en lo que trabajó, tardó en llegar. Porque el sistema tampoco está enfocado en canalizar de forma expedita estos casos. Se tardó por lo menos 4 meses en saber que tenía enfermedad renal y en recibir el tratamiento correcto: diálisis.

Esta falta de contundencia en cuáles son las causas de la aparición de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales ha retrasado también la ejecución de programas focalizados en las necesidades especiales de la población, como el diagnóstico temprano. Manuel Sierra, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Honduras, dirigió, en 2019, un estudio sobre la prevalencia de daño renal en los pacientes de los seis hospitales más grandes del país. «A los mayores de 18 años que se encontraban recibiendo atención en Medicina Interna les hicimos una pregunta de tamizaje: ‘¿le han diagnosticado enfermedad renal?’ Si respondía que sí, ya no podía participar».

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

Los investigadores encontraron a 774 pacientes que dijeron no tener ningún daño renal. Y, a la luz de los resultados de las pruebas, solo en el 20 % de los casos esto resultó ser cierto. «El 82% de los que aseguraban que no tenían nada, salió con algún nivel de daño: 8%, en estadio 1; 28 %; en estadio 2; 30 %, en estadio 3; 10 %, en estadio 4; y 6 %, en estadio 5», explica Sierra. Quiere decir que 8 de cada 10 de las personas que llegan a los hospitales por otros motivos, ya tienen sus riñones dañados y todavía no lo saben, todavía no se cuidan y todavía no reciben tratamiento adecuado. Y solo están a la espera de tener un colapso como el que, hace cuatro años, tumbó a Ángel de la bicicleta entre fiebre y calambres.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, 197 personas murieron en hospitales públicos por enfermedad renal crónica en Honduras. Aquel día en que Ángel tuvo que interrumpir su viaje en bicicleta, se dirigía al funeral de un amigo: El Chuta, un gran compañero de labranza y vecino. El Chuta murió por la misma enfermedad que tiene a Ángel tumbado hoy en la hamaca. Ángel lleva rato viendo morir amigos.

El estudio sobre prevalencia no diagnosticada de la enfermedad renal se está repitiendo, dice el doctor Sierra, pero ahora exclusivo para la zona de Choluteca. Mientras esto llega, en la comunidad de Ángel, la de las casas vecinas de macrocultivos y con agua de pozo, la enfermedad renal es un fantasma que se lleva a mucha gente y es, a la vez, un miedo. «Hasta ahora, ninguno de ellos (familia) padece esto, porque esta enfermedad es perra. Pero la veo a ella, mi esposa, que ya tiene calambres, y veo a aquel (hijo), también con lo mismo; aquí, no se sabe, es lo más triste, quizás solo esperan que todos nos muramos».

En manos privadas. El estado Hondureño ha subrrogado el tratameinto de enfermedad renal crónica a Diálisis de Honduras. Esta empresa recibe al menos $100 por cada sesión brindada a un paciente.

* Glenda Girón es becaria de la fundación Bertha de la generación 2019-2020