Fentanilo y el dinero fácil: No toma mucho hacerse rico

Víctima. Rod y Tonya Meldrum sostienen el retrato de su hijo Devi, en Provo, Utah. Él fue víctima de una sobredosis después de ingerir una sola pastilla de fentanilo.

Las pastillas llegaban de a miles a buzones de todo el país, rojas y azules, con el sello de oxicodona estampado en ellas.

Los fiscales dirían más adelante que eran «veneno», píldoras falsas con fentanilo, un potente opioide sintético que está escribiendo un capítulo mortal en la historia de la epidemia de opioides en Estados Unidos. Habían sido enviadas desde suburbios de Salt Lake City.

Fue allí que un joven de 29 años que no terminó la universidad llamado Aaron Shamo se hizo rico, construyendo un imperio de tráfico de fentanilo tan solo con su computadora y un par de amigos.

Durante tres semanas este verano, esos millenials suburbanos declararon en el juicio que se les siguió y contaron cómo fentanilo comprado y vendido a través de la internet transformó el comercio de las drogas ilegales. No fue el testimonio de sanguinarios capos del narcotráfico ni nada que pueda frenar un muro en la frontera con México. Shamo se describió a sí mismo como un «traficante de guante blanco», que buscó la colaboración de viejos compañeros de trabajo en eBay a los que bombardeó con mensajes con emojis sonrientes. Su abogado dijo que era un «tonto», no lo suficientemente inteligente como para ser un capo del narcotráfico.

Es tan potente, tan fácil de transportar, que los traficantes en gran escala ya no necesitan redes sofisticadas, según Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Lo único que hace falta es un buzón, acceso a la internet y gente que consuma opioides. .

La forma en que él y sus amigos lograron inundar el país con medio millones de pastillas falsas de oxicodona revela la facilidad con que el fentanilo recorre el mundo, amenazando con llevar la epidemia fuera de Estados Unidos. Un polvo hasta 100 veces más fuerte que la morfina era comprado en un laboratorio de China y llegaba a Utah por correo. Era envasado en réplicas perfectas de pastillas de oxicodona en el sótano de la casa de Shamo y vendido por la internet, con entregas, nuevamente, por correo.

Todo esto ocurre en momentos en que la demanda civil más grande de la historia pone a prueba hasta qué punto la industria farmacéutica debería ser considerada responsable de inundar el país con analgésicos, generando adicciones masivas. Purdue Pharma, fabricante de la popular OxyContin, llegó a un principio de acuerdo por 12,000 millones de dólares esta semana con la mitad de los estados y unas 2,000 administraciones locales. El mes que viene comenzará otro juicio a otras farmacéuticas en el que las comunidades argüirán que la intensa comercialización de analgésicos desencadenó una epidemia.

La crisis empezó en la década de 1990, en que los opioides recetados dieron paso a la heroína, la cual a su vez despejó el camino al fentanilo. Esta droga ha causado la muerte de decenas de miles de personas desde su aparición en las calles en el 2013. Hay dos fuentes de abastecimiento: Los carteles mexicanos y paquetes enviados directamente por correo desde China, donde es producida masivamente, sin controles del gobierno. Hay muchos traficantes nuevos como Shamo, según las autoridades. Estadísticas de confiscaciones indican que su uso se expande rápidamente por todo el mundo. En el 2013 solo cuatro países reportaron confiscaciones. En el 2016, lo hicieron 16 naciones.

Es tan potente, tan fácil de transportar, que los traficantes en gran escala ya no necesitan redes sofisticadas, según Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés, DEA). Lo único que hace falta es un buzón, acceso a la internet y gente que consuma opioides. Las tasas de consumo aumentan en todos lados, desde Asia hasta Europa y América Latina, como consecuencia de la intensa promoción de los analgésicos que hacen las farmacéuticas.

Potencia. Una pastilla de fentanilo es hasta 100 veces más adictiva que la oxicodona.

El margen de ganancias que deja el fentanilo ilegal es irresistible. La DEA calcula que un kilo sintetizado por unos pocos miles de dólares puede generarle a un traficante más de un millón de dólares.

«Cualquier idiota puede ser un traficante grande de fentanilo», afirmó Vigil. «Cualquiera con un coeficiente intelectual de menos 100 puede hacerse rico de la noche a la mañana».

Cuando un paquete sospechoso proveniente de China hizo que los investigadores se interesasen en Shamo, ya había producido al menos 458,946 pastillas potencialmente venenosas, según el gobierno. Encontraron $1.2 millones en el cajón de las medias y en una caja fuerte, y más dinero en criptodivisas.

Shamo empezó su negocio con su viejo amigo Drew Crandall.

Ambos comenzaron a vender Adderall, una medicina recetada para el déficit de atención, usando buscadores especiales no regulados. Hay mercados digitales clandestinos en los que se venden armas y drogas y se cambia dinero anónimamente mediante criptodivisas. Fue así que se expandieron, ofreciendo también la droga popular en los clubes nocturnos MDMA, hongos alucinógenos, drogas que los hombres usan para dormir y violar a mujeres, y cocaína sin salir prácticamente de sus casas. Compraron una máquina que fabrica píldoras y produjeron versiones falsas de xanax, una medicina para la ansiedad.

Un traficante local le comentó a Shamo que podría ganar fortunas vendiendo oxicodona falsa hecha con fentanilo. Crandall se fue del país y Shamo reclutó a otro amigo, Jonathan Luke Paz, para que lo ayudase a producir oxicodona.

Vendía las pastillas tanto a individuos como a traficantes, quienes luego la ofrecían en la calle. Cuando la policía interceptó los envíos de un solo día, contó 34,828 pastillas de fentanilo destinadas a direcciones de 26 estados. Algunas eran ofrecidas en la internet como fentanilo, otras no, sino que eran vendidas como 30 miligramos de oxicodona.

Los fiscales afirman que decenas de clientes suyos murieron, pero lo acusan solo en conexión con una muerte, la de Ruslan Klyuev, de 21 años, quien falleció en su habitación en Daily City, California. Junto a su cadáver se encontró un sobre en el que había recibido pastillas provenientes de Utah.

Shamo fue condenado por 12 cargos, incluido el de desarrollar actividades delictivas en forma continuada, el cargo reservado generalmente para gente como el «Chapo» Joaquín Guzmán, que conllevan condenas fijas de por vida. El jurado no llegó a un acuerdo en torno a una 13ra acusación, la relacionada con la muerte de Klyuev.

El día que Shamo fue condenado, un mercado digital clandestino tenía miles de ofertas de cosas presentadas como oxicodona. No había forma de saber si venía de una farmacia o del sótano de una casa.

Redada. En noviembre de 2016, dos hombres dos hombres con trajes protectores salen de una residencia mientras las agencias policiales locales y federales responden a una redada de drogas en Cottonwood Heights, Utah.

Presidencia de López Obrador comienza a desgastarse

Un año. Entre manifestaciones culturales, López Obrador celebró el primer aniversario de su elección.

La guerra contra las drogas en México arde de nuevo, la economía está estancada, el sistema de salud se tambalea y el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentando presiones de Estados Unidos, ha tomado medidas enérgicas contra los migrantes centroamericanos. Sin embargo, López Obrador, otrora conocido por su discurso furioso e irascible tras años de fallidas candidaturas presidenciales, ahora casi nunca pierde su sonrisa en las conferencias de prensa que celebra casi todas las mañanas desde que asumió el cargo el 1 de diciembre.

En su primer informe de gobierno, de cierta forma, la suya se perfila como una presidencia de teflón: nada malo se le pega a López Obrador, porque él siempre sonríe y dice «amor y paz» a sus adversarios. Le ayuda el hecho de que la oposición está tan desacreditada, descorazonada y desorganizada sobre la mayoría de los temas que su voz ni siquiera se escucha sobre las palabras diarias del presidente.

Pese a sus frases joviales, «abrazos, no balazos», como forma de combatir a los cárteles de las drogas, una sombría realidad se está asomando, como con el asesinato de 28 personas en un incendio provocado en un club nocturno en la ciudad de Coatzacoalcos, situada en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México.

El presidente se ha mostrado presto a atribuir la culpa a sus subordinados. Cuando un subsecretario de Gobernación fue a reunirse con grupos de civiles armados, muchos de los cuales están vinculados con bandas del crimen organizado, López Obrador dijo que desaprobaba las visitas, pese al hecho de que él ha respaldado ideas como diálogo y amnistía para algunos.

Su gobierno está dispuesto a declarar victoria y desentenderse de algunos problemas. El presidente lanzó su gobierno con una ofensiva contra los ladrones de combustibles y declaró el problema 95% erradicado, aunque el número de tomas ilegales en los oleoductos se ha mantenido constante y la cantidad de gasolina legal vendida no ha aumentado, algo que sería de esperarse si el mercado negro desapareciese.

López Obrador se las ha arreglado para centrar las noticias en sí mismo, usando sus conferencias de prensa diarias tanto como Donald Trump usa Twitter. Hay un mensaje central de los primeros nueve meses de López Obrador en el cargo: Él está cerca del pueblo y lo escucha. Sus conferencias matutinas son seguidas usualmente por visitas vespertinas a hospitales en pueblos pequeños, y los canales de televisión transmiten imágenes de muchedumbres fervientes, o a López Obrador comiendo en restaurantes locales.

«Este señor nos da mucha confianza», dijo Eduardo Calvillo, que tiene un puesto en un mercado en un barrio pobre de la Ciudad de México, en el que Calvillo dice que hay nuevas lámparas de alumbrado público desde que López Obrador y un gobierno aliado local asumieron el mando. «Este señor se baja a ver dónde está el problema, a dónde está el conflicto y piensa algo para solucionarlo». Fernando Hernández, un promotor inmobiliario de la capital del país, entiende las divisiones de clases, la furia ante la corrupción y la necesidad de cambio que le dieron a López Obrador la victoria en las elecciones.

López Obrador se las ha arreglado para centrar las noticias en sí mismo, usando sus conferencias de prensa diarias tanto como Donald Trump usa Twitter. Hay un mensaje central de los primeros nueve meses de López Obrador en el cargo: Él está cerca del pueblo y lo escucha.

Él es oriundo del estado de López Obrador, Tabasco, en la costa del Golfo de México. Pero, dijo: «Realmente yo pensaba que iba a haber más coherencia en el cambio, más estudio, más capacidad». En lugar de ello, dice, López Obrador se ha mostrado renuente a escuchar críticas, sugerencias o consejos de expertos. El presidente dice a menudo «yo tengo otros datos» cuando se le pide que explique discrepancias.

López Obrador es obstinado y odia gastar dinero. Incluso redujo drásticamente los gastos del gobierno y los salarios de una forma que habría sido muy difícil para gobiernos conservadores. Los recortes dejaron brevemente sin quimioterapia a niños enfermos de cáncer, lo que causó una manifestación en el aeropuerto de la capital. «Lo que estoy viendo es que se están haciendo los recortes a machetazos», dijo Hernández. «La medicina pública está devastada por los recortes». «Él es muy obstinado, él es muy bueno en lo que hace. Es un gran político, pero necesita oír, necesita enfocarse más en lo que le dicen».

A López Obrador le gustaría ser juzgado por su principal promesa de campaña: combatir la corrupción, pero, incluso en ese terreno, pese a su positiva reputación personal, la cantidad de contratos sin ofertas conferidos en los primeros nueve meses de su gobierno es similar a las de sus predecesores, dijo Ricardo Alvarado, investigador para el grupo cívico Mexicanos Contra la Corrupción.

López Obrador describe a muchos grupos no gubernamentales como el de Alvarado como fachadas de intereses conservadores y de negocios. Mexicanos Contra la Corrupción ha lanzado una serie de impugnaciones legales contra uno de los proyectos favoritos de López Obrador: convertir una base de la fuerza aérea en un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, en parte porque el presidente canceló un proyecto más costoso para un aeropuerto cuya construcción ya estaba en curso y que grupos empresariales dicen tiene más sentido.

«Es una actitud política lo que le llevó finalmente a la presidencia. Desechar todo proyecto que no sea el suyo», dice Alvarado. Como Trump con su muro fronterizo, López Obrador está obsesionado con su gran proyecto de infraestructura: un tren que haga un recorrido turístico alrededor de la Península de Yucatán y que la mayoría de los expertos dice no tiene sentido financiera ni ambientalmente. Otro de sus proyectos favoritos es la recién creada Guardia Nacional, una mezcla de soldados y policías que él espera pueda combatir a los cárteles de la droga y delitos del fuero común.

Grupos de derechos humanos expresan preocupación de que las fuerzas armadas mexicanas, que han sido implicadas en abusos en el pasado, tengan ahora carta blanca. «Hemos tenido un gobierno que ha sido pendular, que ha tenido al menos dos caras en esta materia» de derechos humanos, dice Santiago Aguirre, que dirige el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro. Por un lado, López Obrador ha tratado de excarcelar a «prisioneros políticos» y de tomar más seriamente la búsqueda de los 40,000 desaparecidos en el país, pero por otro lado, ha relajado la supervisión civil de las agencias policiales.

Más que nada, a los expertos les preocupa que la estrategia contra la delincuencia no vaya a funcionar y que López Obrador, como sus dos predecesores, pase a la historia como alguien que no pudo ganar contra los cárteles de drogas. «El problema de fondo hacia adelante es que la estrategia se reduce a poner botas en el terreno, a cubrir territorio», dijo el analista de seguridad Alejandro Hope. Dijo que, incluso si la Guardia Nacional consigue sus objetivos de reclutamiento, tendría apenas un agente por cada 1,000 habitantes el año próximo. «No da para mucho», dijo.

Para muchos mexicanos, la fascinación de López Obrador con el pasado lo limita. A él le gustan los viejos baluartes de México: la industria del petróleo, el ejército y la agricultura a pequeña escala. También le llevó a llamar a su gobierno «la Cuarta Transformación», comparándolo con la guerra de Independencia de 1810, el movimiento de reforma de 1857 y la Revolución de 1910. De acuerdo con Hope, el problema para un país que necesita desesperadamente soluciones nuevas para problemas como el crimen, es que «no hay nada particularmente transformador en la Cuarta Transformación».

México: bandas y paramilitares alimentan creciente violencia

Fotografías de Agencias

La nueva ley en Xaltianguis, una pequeña localidad en la carretera hacia Acapulco, llegó con un coche bomba y una carnicería.

Una fuerza paramilitar fuertemente armada tomó el pueblo del estado mexicano de Guerrero el mes pasado para expulsar a una banda rival. Hizo estallar un auto con cilindros de gas y descuartizó el cuerpo de uno de los dos enemigos caídos.

Los residentes se escondieron en sus casas o huyeron carretera abajo entre matorrales tropicales. La policía y los soldados que custodiaban Xaltianguis no hicieron nada. Ahora, a pocas cuadras de la base donde se estableció la nueva «policía comunitaria», infantes de marina y policías estatales vigilan la carretera y patrullan la localidad. Pero no han tratado de arrestar a los paramilitares pese a que la mayoría de ellos portan rifles de asalto ilegales abiertamente.

«Tenemos el pueblo prácticamente blindado por el Gobierno. En las entradas del pueblo podemos ver al ejército, la infantería de marina y todos los niveles del Gobierno apoyándonos en lo que es la protección del pueblo», alardeó Daniel Adame, el líder del grupo que asumió el control de Xaltianguis.

Esta es una escena que se repite una y otra vez en el sur de México: las llamadas «policías comunitarias» o grupos de «autodefensa», a menudo acusados de estar relacionados con los carteles de la droga, han proliferado y extendieron su control sobre el territorio. En esos casos, los soldados, superados en número, no intervienen, en parte por temor a abrir fuego contra civiles.

Muchos esperaban que la violencia en Guerrero disminuyese al tiempo que los opioides sintéticos como el fentanilo hundían al mercado del opio que había alimentado a las organizaciones delictivas de la región. De hecho, los homicidios en el estado, conocido por su violencia, bajaron un 36 % en los tres primeros meses del año.

Pero ahora parece que surge una nueva ola de violencia, enfrentando a bandas rivales contra escuadrones paramilitares que luchan por el robo de combustible, las minas de oro y las rutas para mover químicos.

Éxodo

Miles de personas se han marchado por los enfrentamientos, y una tóxica combinación de carteles, sicarios y fuerzas parapoliciales han neutralizado al Ejército mexicano, obligando a los soldados a asumir un papel de meros espectadores, o en el peor de los casos, de rehenes.

Adame es una figura muy diferente a la de los líderes parapoliciales del pasado, gente de pueblo que se armaba para defender sus localidades de los narcotraficantes. Hay quienes dicen que las bandas delictivas a menudo infiltran gente en las «policías comunitarias». El líder del Frente Unido de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero (FUPCEG) se describe a sí mismo como un comerciante y dice que tiene un león y aves exóticas, y que porta un costoso fusil AR-15 con una mira telescópica. Su hijo porta una pistola con un mango de plata tallado.

Justificó el uso de un auto con bombas diciendo que otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) también emplean explosivos. Su grupo tomó el pueblo, señaló, porque la otra organización está vinculada al crimen organizado. La UPOEG dice lo mismo de la FUPCEG.

Los lugareños confirmaron que el FUPCEG asumió el control a mediados de mayo y expulsó a sus rivales, al matar a dos y descuartizar el cadáver de un hombre con puñales que parecían bayonetas.

Del otro lado de la frontera con el estado de Michoacán, paramilitares que el gobernador Silvano Aureoles describe como «delincuentes, ni más ni menos», arrinconaron a media docena de soldados contra un muro, les sacaron sus armas y los empujaron e insultaron hasta que aceptaron devolverles un rifle de francotirador calibre 50 que les había confiscado otra patrulla.

A pesar de la humillación, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los soldados al Palacio Nacional a los pocos días para «agradecerles y reconocer su actitud serena y temple que evitó pérdida de vidas de gente inocente, exhortándolos a continuar desempeñándose con profesionalismo en beneficio del pueblo», según la Secretaría de Defensa.

Esto inquietó a la Federación de Empleadores Mexicanos, una de las principales organizaciones empresariales del país.

Espera. Vecinos del estado de Guerrero esperan turno para hablar con los líderes de FUPCEG, la banda que ha tomado el control en la localidad.

«Las Fuerzas Armadas resultan el único mecanismo viable para restaurar el orden y la tranquilidad», expresó en un comunicado. «El Ejecutivo ha encomendado al ejército la protección del territorio a la vez que les ha solicitado no enfrentarse, en ningún momento, con civiles para evitar violaciones a los derechos humanos. Esta instrucción es poco clara y por tanto contraproducente. De ser interpretada de forma literal, impide que las Fuerzas Armadas realicen funciones básicas de control, pues le impide enfrentarse a células criminales armadas o grupos paramilitares. La situación en La Huacana, Michoacán, lo ha demostrado».

Estas organizaciones se hacen cada vez más fuertes y están más dispuestas a enfrentar a las fuerzas armadas.

Salvador Alanis, estratega y portavoz de FUPCEG, la agrupación que tomó Xaltianguis, dice que esa organización tiene 9,000 hombres armados en una serie de localidades que controla y supera en número al Ejército mexicano en el estado. No tienen problemas en batirse con los soldados.

«Aquí vino un día el ejército a echar gas lacrimógeno a las mujeres, y no se lo permitimos», expresó Alanis. «Paramos la carretera y retuvimos a un grupo de manera pacífica».

López Obrador confía en la Guardia Nacional que acaba de crear, una especie de policía militarizada que se espera sea enviada a Guerrero dentro de un mes. Si la Guardia enfrenta las mismas limitaciones que el ejército, no obstante, estará también en desventaja en estados como Guerrero y Michoacán.

«Le digo al gobierno federal, eso le puede pasar a tu Guardia Nacional», dijo Alanis. «O peor todavía, porque si a un chamaco de esos se le va un balazo en una trifulca, va a ser un masacre de ambos lados».

«Es una relación de tolerancia, sino de coordinación», agregó. «No te metes conmigo y nosotros no nos metemos contigo».

Si bien la mayoría de los paramilitares son reclutados de la zona, Alanis indicó que su grupo tiene un centenar de hombres entrenados para matar, que emplea en la toma de localidades. «Están listos para matar o morir por lo que les des», sostuvo.

Cada vez resulta más difícil distinguir a estos paramilitares de los carteles, los cuales a su vez se muestran cada vez más osados.

A plena luz

En Zamora, Michoacán, el cartel Nueva Generación de Jalisco hizo en mayo un desfile por la ciudad de al menos dos docenas de camionetas y vehículos todo terreno, que lucían orgullosamente en sus puertas las iniciales del cartel, CJNG.

Ante la pasividad de los soldados en las ciudades controladas por estas bandas, los conflictos se tornan casi medievales. Los residentes de Chichihualco, por ejemplo, han cavado zanjas en la carretera que conduce a un bastión del FUPCEG en el pueblo de Filo de Caballos, porque Alanis ha amenazado con tomar su localidad.

Otros crean puestos de control en los caminos para defender sus ciudades. Cuando se maneja por caminos secundarios de Guerrero, surgen numerosos puestos manejados por civiles armados con fusiles.

El «comandante Gerónimo» estaba junto a una barricada de bolsas de arena llena de balazos. Miembro de la UPOEG, ha resistido cada dos meses ataques del FUPCEG al sur y de la banda de traficantes Ardillos al norte. Gerónimo, quien no quiso dar su nombre completo por temor a represalias, explicó que se libran intensos combates por el control de pequeñas localidades.

«Hay una crisis en las montañas y los delincuentes no son tontos», manifestó. «Dicen que esto (el opio) ya no será negocio, pero las minas sí. Creo que se viene un mes de crisis».

Las minas de oro de propiedad canadiense de estas montañas históricamente han sido conminadas a pagar por protección de las bandas. Ahora se ha descubierto oro en otros sectores del estado y se especula que los carteles y los paramilitares tratarán de asumir el control de las minas.

“Las Fuerzas Armadas resultan el único mecanismo viable para restaurar el orden y la tranquilidad”, expresó en un comunicado. “El Ejecutivo ha encomendado al ejército la protección del territorio a la vez que les ha solicitado no enfrentarse, en ningún momento, con civiles para evitar violaciones a los derechos humanos. Esta instrucción es poco clara y por tanto contraproducente. De ser interpretada de forma literal, impide que las Fuerzas Armadas realicen funciones básicas de control, pues le impide enfrentarse a células criminales armadas o grupos paramilitares”.

Otros creen que estas organizaciones quieren tomar el control de las rutas que llevan al puerto de Acapulco para transportar sustancias químicas precursoras ahora que los opioides sintéticos han desplazado la amapola que crece naturalmente en esta región.

«Pensábamos que, acabado el negocio de la amapola, se iba a terminar la violencia», comentó David Barragán, residente de Los Moros que tuvo que irse de su pueblo tras la llegada de las fuerzas del FUPCEG de Alanis.

Igual que otros residentes de la montaña, Barragán cultivaba entre media y una hectárea con amapola. Los precios, sin embargo, cayeron en picada hace un par de años y Barragán apostó a los aguacates, el nuevo «oro verde» de las montañas del sur de México.

Pero los paramilitares tomaron su plantación de aguacate y están recogiendo el fruto, que tardó dos años en madurar.

Barragán y cientos de sus vecinos –lo mismo que miles de campesinos en todo el estado– se escapó. Dice que la gente no va a aguantar mucho tiempo más.

«La Guardia Nacional es lo que más necesitamos acá», expresó. «Y mientras esperamos, si allí no hay nada, vamos a tomar otras medidas», advirtió.

Sin pena. La exhibición de armas de uso prohibitivo es habitual entre los miembros de las bandas delincuenciales. Ya no hay necesidad de esconderse.

Un mercado con mil puestos de flores

Los millones de flores que se comercializan en el Jamaica se cultivan en lugares como Villa Guerrero, San Pedro Cholula o en Puebla, Tlaxcala.

 

Los pasillos están segregados, en uno están los puestos que ofrecen los arreglos más inusuales y caros, mientras que hay otro en donde se encuentran los tradicionales y más baratos. En este lugar se pueden hallar también comestibles. Hay puestos de hongos y verduras silvestres, frutos secos, quesos y otros elementos difíciles de conseguir.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La actividad en este lugar comienza antes del amanecer, cuando se ven los camiones repletos de rosas, orquídeas, girasoles, claveles, galanes mexicanos, entre otros. Se puede comprar desde una gerbera suelta, hasta flores por kilo. Las que se comercializan en el Jamaica se cultivan en lugares como Villa Guerrero, San Pedro Cholula o en Puebla, Tlaxcala.

Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios

Perla Vega, de 30 años de edad, fue apuñalada hasta morir, por Juan Carlos Cristerna, en mayo de 2012. Aunque en la entidad de Sinaloa el feminicidio ya estaba tipificado como tal, el presunto asesino quedó en libertad en menos de dos años. ¿La razón? El juez calificó el hecho de homicidio, no de feminicidio (“eran ex novios”) y alegaron tortura en contra de Cristerna, por lo cual fue liberado.

En México, cada día son asesinadas entre 6 y 7 mujeres y solo dos de cada diez crímenes de este tipo son reconocidos como feminicidios, lo que significa que los más de ocho mil asesinos pueden salir libres en poco tiempo, tras cometer el delito.

Entre 2012 y 2015, las procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investigación, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo ocho mil 555 asesinatos. Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento.

En el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 26 mujeres en el país.

Casos como los de Perla han quedado en el limbo jurídico por los vacíos que hay en la ley, lo que ha provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso descuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.

En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable.

No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las procuradurías y fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.

Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

En la investigación se solicitó a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.

Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.

Con base en estos informes oficiales, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir, no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios.

En el análisis de datos se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.

Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras reportadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.

Vacíos legales

Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.

El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio: Los signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, los antecedentes de violencia, que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario, las amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.

Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.

Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país. Pese a eso, las procuradurías y fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.

Karla Micheel Salas, abogada y directora de la Asociación Civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, ha trabajado concretamente en el tema de violencia feminicida. Sus estudios la han llevado a concluir que, si en México no se reconoce la gravedad de los feminicidios, es porque el Gobierno Federal mantiene una negación ante la violencia de género.

Una de las principales causas de que los feminicidios en México sean tipificados de manera distinta en una y otra entidad, se debe a los códigos penales, los cuales siguen sin ser uniformes en la figura del feminicidio y sin modificar los apartados que permiten que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este crimen.

La violencia extrema contra las mujeres se ha extendido a medio país. En peticiones de información realizadas para esta investigación, 15 estados reconocieron tener 107 casos de mutilaciones, el 65 por ciento de las cuales han sido decapitaciones.

La estadística completa de este tipo de crímenes no fue posible obtenerla, porque algunos estados, como Aguascalientes y Durango, declararon como información reservada los casos de mutilaciones, mientras que Quintana Roo, Puebla y Chihuahua se negaron a informar las causas de los homicidios de mujeres.

Si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, tal y como aparecen en cada uno de los Códigos Penales locales y en el Código Penal Federal, o si la violencia con la que fueron asesinadas las mujeres hubiera tenido una mayor relevancia, en México habría por lo menos el triple de feminicidios de los mil 887 que reconocen las autoridades.

Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad.

Un feminicida puede recibir un castigo de hasta 70 años de cárcel en algunos estados -como Morelos- pero si el asesino alega que el crimen lo cometió bajo un estado “de emoción violenta” (que también se conoce como crimen pasional), la pena se puede reducir a sólo una cuarta parte.

Así lo determinan, hasta la fecha, 17 códigos penales en el país, incluyendo al de la Ciudad de México.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, con 396 casos ocurridos en 2015.

Sin embargo, en cuanto a número de habitantes con relación a los asesinatos de mujeres, Guerrero fue ese mismo año el estado con la mayor tasa de crímenes de género, con 12 casos por cada 100 mil mujeres.

Acapulco, destino turístico de prestigio internacional, no escapa de las estadísticas a la alza en feminicidios. Ocurrieron 74 asesinatos de mujeres en 2015, lo que representó un caso por cada 9 mil habitantes, es decir, una tasa del doble de la presentada en Guatemala y el triple de la registrada en El Salvador.

Por eso, ya no es extraño encontrar decenas de páginas en las redes sociales que piden justica para Perla, Gaby, Diana, Imelda, Paulina y más nombres que figuran entre el gran listado de páginas que existen en sitios como Facebook y Twitter.

Los familiares de las víctimas piden justicia y cada vez confían menos en las autoridades. Los feminicidios en México aumentan, aunque oficialmente permanecen en la sombra.