Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas.

En los polvorientos y mal iluminados barrios de San Pedro Sula, todo el mundo conoce las leyes no escritas: hay lugares a los que no se va sin permiso. Al volante, baje las ventanillas para que las pandillas y sus vigías puedan ver quién está dentro. Es más seguro quedarse en casa al anochecer, dejando las calles para pandilleros y traficantes de drogas, que están armados y no tienen reparos en matar.

Es en la segunda ciudad más grande de Honduras donde en los últimos meses se forma caravana tras caravana de migrantes. Las comitivas ponen rumbo al norte, a México y hacia Estados Unidos, para huir de la violencia, la pobreza, la corrupción y el caos. Todas esas realidades son palpables en las calles de la ciudad, que recuerdan por qué miles de personas siguen marchándose pese a los peligros y a la incertidumbre de si podrán quedarse incluso aunque logren entrar en Estados Unidos.

En el distrito norte de San Pedro Sula, donde periodistas de Associated Press acompañaron a la policía en una noche reciente, viven casi 230,000 personas y apenas hay 50 agentes para patrullar sus 189 vecindarios, incluidos los más peligrosos: Planeta, Lomas del Carmen y La Rivera Hernández. El subinspector de policía Wílmer López señaló que en la zona se habían desarticulado dos laboratorios de droga en el último año. Había detenido a pandilleros incluso de nueve años.

Los policías llevan pistola y van acompañados de soldados con rifles de asalto. “Con ellos nos sentimos más seguros”, comentó López, que dirigía la patrulla.

En esa parte de la ciudad operan nueve pandillas diferentes, señaló, incluidas las conocidas Calle 18 y Mara Salvatrucha, o MS-13. Ambas nacieron en Los Ángeles hace décadas y se expandieron a América Central debido a las deportaciones, hasta convertirse en organizaciones transnacionales hiperviolentas que impulsan las altas tasas de asesinatos y otros delitos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–. Sus tarjetas de visita se ven en las pintadas que se ven en las casas, así como en los cadáveres que dejan a su paso.
“Algunos se reconocen por su forma de matar, como la mara Batos Locos, que embolsa (a la gente que mata), o los del Barrio 18, que los descuartizan”, dijo López.

Advertencia. Washington ha amenazado a los países el Triángulo Norte con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes.

Esta noche, la patrulla transcurre casi sin incidentes. La policía cachea a los clientes de un billar y comprueba identificaciones pese a sus ebrias protestas. Pero en torno a las 6 de la mañana se encuentra el primer cadáver del día, un joven con el rostro desfigurado que aparece tirado en el barrio de Sinaí justo detrás de la comisaría de Rivera Hernández.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

En un restaurante, la televisión emite un noticiero sobre el último asesinato, un hombre en una tienda de reparación de neumáticos. Los clientes miran con curiosidad el cuerpo en la pantalla, pero siguen comiendo.
“A la gente no le conmueve que hayan matado a alguien”, comentó Salvador Nasralla, excandidato de la oposición a la presidencia y que lamenta la normalización de la violencia en Honduras.

Los homicidios han bajado bastante a escala nacional, según la Policía Nacional de Honduras. Desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, la tasa cayó el año pasado a 41 por cada 100,000 habitantes, aunque sigue siendo una de las más altas del planeta.

Algunos dicen que la violencia ha remitido un poco en San Pedro Sula desde que unos 800 pandilleros que gestionaban redes de extorsión desde prisión fueron trasladados en 2017 del penal en el centro de la ciudad a un centro de máxima seguridad en las montañas occidentales.

Los asesinatos parecen haber bajado más este año, pero la violencia no es lo único que complica la vida en la localidad.

“La violencia no solo se determina por los homicidios, sino por la amenazas de muerte, las extorsiones, los reclutamientos forzosos de bandas, una serie de atentados contra la propiedad en las zonas de control (de criminales) que el Estado no ha podido recuperar”, explicó Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos en el país.

“Una situación de inseguridad mueve a las personas, obliga a desplazamientos forzados internos que luego se tornan en migraciones forzadas”, señaló.

Érick Lara es un ejemplo claro. Él y seis amigos se unieron a la caravana más reciente, que salió en abril con algo menos de 300 personas. Era una comitiva mucho menos numerosa de las que se habían visto antes de que la policía mexicana hiciera una redada contra una caravana anterior y dejara a sus participantes detenidos, deportados o dispersados.

Lara, un albañil de 27 años, se fue de San Pedro Sula a pesar de que tenía un buen trabajo en la obra de construcción de una iglesia porque los pandilleros intentaban reclutarlos a la fuerza a él y a sus amigos. Unirse a las bandas violentas no es voluntario, señaló, y negarse puede costar la vida.

Sin oportunidades. La inseguridad es la causa que ha empujado a comunidades enteras a hacer desplazamientos forzados.

Cuando se forma una nueva caravana migrante, gente de todo el país acude a San Pedro Sula.
También hay un flujo constante de muertos, ya que casi todos los municipios del departamento de Cortés envían sus cadáveres a la morgue de la ciudad. Los parientes en duelo se reúnen en el exterior.

Sentado sobre un tablón de madera, un hombre vestido de negro y con el pelo canoso, que pidió no ser identificado, esperaba a recoger el cuerpo de su hijo asesinado. El hijo, señaló, había salido a beber con unos amigos cuando aparecieron varios hombres armados y le dispararon. Quedó malherido, y unos días después falleció en el hospital. Su padre dijo que aunque ya antes estaba preocupado por su hijo, no tenía idea de quién le había matado ni por qué. Sobre todo parecía resignado a su nueva realidad.

Un coche pasó y dos policías corrieron tras él. Se oyeron dos disparos a algunos bloques de distancia, quizá disparados al aire, y todo el mundo volvió la cabeza. Los agentes volvieron riendo. Nadie preguntó qué había ocurrido, nadie dijo nada.

Muchos hondureños atribuyen los problemas del país al presidente, Juan Orlando Hernández, reelegido en 2018 pese a un veto constitucional a los segundos mandatos y en unas elecciones marcadas por las irregularidades. El mandatario prometió una “vida mejor” en sus lemas campaña, pero no ha podido cumplirlo para los más vulnerables del país.

La oficina de Hernández no respondió a una petición de comentarios. El presidente dijo hace poco: “Mi compromiso es con el pueblo, juré no descansar hasta recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños y eso seguiré haciendo”. La semana pasada dijo que su política económica está funcionando y “vamos bien”.

Washington ha amenazado a los países el Triángulo Note con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes. Pero eso podría tener el efecto contrario si los empleos y los programas contra la pobreza se resienten.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

Rolando Lázaro Bautista vive en una calle sin asfaltar salpicada de chozas de madera y metal ondulado con suelo de tierra. Es una zona sin alcantarillado ni conducciones de agua, y cientos de personas se han marchado.
También está a un tiro de piedra de varias torres de apartamentos de lujo, y hace tiempo que las autoridades municipales quieren despejar la barriada. En uno de sus intentos, las casas de varios vecinos de Bautista se incendiaron. Trabajadores de derechos humanos han conseguido una orden judicial que protege el asentamiento por ahora.

Bautista, de 47 años, dijo haber viajado dos veces al norte. Primero en una caravana en enero, pero terminó deportado desde México. Después contrató a un coyote o contrabandista, pero fue capturado y después deportado cuando llevaba tres días caminando en Texas con destino a Houston.

Ya no tiene planes de volver a intentarlo después de la experiencia de verse con insolación, agotado y obligado a esconderse varios días en un almacén y un sofocante piso franco. “Se sufre al aguantar sed y hambre”.
De vuelta a casa, ha encontrado empleo en construcción para esta semana, pero no hay nada seguro para después. Su esposa y él dependen del dinero que envía su hija, que emigró a España y pagó los $7,500 de tarifa del coyote. Entre tanto, cuidan de las dos hijas que dejó su hija en San Pedro Sula.

La socióloga hondureña Jenny Argüello opina que las necesidades alimentarias de una familia media de cinco miembros cuestan el equivalente a $650 al mes, por encima del salario mínimo de unos $400.

En la década de 1990, la mayoría de los emigrantes se marchaban para buscar una vida mejor, señaló Argüello. Sin embargo, “hoy en día es la única alternativa que tienen los hondureños de sobrevivir”.

Policía interviniendo un local en San Pedro Sula
Reducción. Los homicidios han bajado desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, a 41 por cada 100,000 habitantes.

Desangre gota a gota

Defectos. Desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, pero tiene deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales.

Juan es un barbero que vive en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de Honduras. Una emergencia doméstica lo obligó a pedirle a un cercano que lo pusiera en contacto con unos “colombianos” que le prestarían dinero para salir del apuro. Eran conocidos por otorgar “préstamos exprés” a cambio de una simple firma.

Tras esa jugosa oferta, tendría que pagar intereses más altos que en cualquier institución de crédito formal. Además, el retraso de un solo día en los pagos le costaría amenazas en contra de su vida.

“Me dijeron que pagaría caro el retraso”, relató Juan al describir cómo fue el proceso para que le prestaran $200, de los cuales terminó pagando $253 en un plazo de un mes.

Así es como opera una red que según unidades de investigación policial en Honduras están compuestas por al menos 20 colombianos.

La red se moviliza por las ciudades para ofrecer préstamos sin mayor garantía. Colocan direcciones de sus empresas en lugares fantasma y reclutan a mujeres, en su mayoría hondureñas, para el cobro de los pagos cuando no hay retrasos.

Algunos de estos extranjeros ya fueron arrestados por las autoridades porque se les encontraron sumas de dinero que no pudieron justificar. Sin embargo, siguen operando en las ciudades donde el acceso a la banca formal es casi imposible para el dueño de un pequeño negocio.

Los prestamistas exprés tienen como clientes a dueños de pulperías, taxistas, salones de belleza, pequeños comerciantes, tortilleras, vendedores ambulantes y locatarios de mercados, entre otros, quienes caen en esta red por la facilidad con la que se les otorga el dinero.

El grupo de extranjeros que se ubican en al menos ocho ciudades de este país centroamericano (San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Marcela y La Paz) se registran con empresas de fachada. Estas no aparecen registradas en el sistema mercantil hondureño. La operación de estas redes mantiene a grupos de investigadores tras una pista que señala que estos fondos provienen de delitos asociados a la usura, el robo y lavado de dinero.

De acuerdo con indagatorias de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, actualmente se sigue la pista a varios grupos de extranjeros que tienen uno o dos años de estar operando bajo la modalidad de los préstamos exprés.

“Se ha detectado a colombianos operando con empresas que no están registradas en el Sistema del Registro Mercantil en Honduras. Actúan en algunos casos asociados con hondureños. Los primeros indicios apuntan a que los recursos que utilizan para prestar a pequeños comerciantes tienen su origen en ilícitos que cometen y que estamos rastreando junto con la Policía de Colombia”, explicó uno de los agentes de esta unidad, entrevistado para este reportaje.

Con las unidades de investigación se determina la conexión que pueden tener con las operaciones, por ejemplo, del cartel Los Rastrojos.

Este cartel es conocido por ser una organización poderosa del narcotráfico cuyo origen se sitúa en Colombia y que inició operaciones desde 2002. Aunque varios líderes fueron capturados en 2012, se cree que varias células se dispersaron en otros países para continuar con el negocio a través de la extorsión y el secuestro.

“Son seis grupos de colombianos que están distribuidos en el territorio, se les sigue la pista porque todo apunta a que con ese mecanismo están lavando dinero”, informó uno de estos agentes cuando se solicitó información sobre el tema.

Parte del rastreo que las autoridades han realizado a los colombianos incluyen los movimientos migratorios que han tenido en los últimos dos años. Se ha identificado al menos cinco visitas a Colombia, cuatro a Guatemala.

“Como el caso está en investigación, no queremos revelar la identidad de los hombres y las mujeres que conforman esta red, pero sí confirmamos que estos falsos prestamistas andan fuertemente armados y tendrían nexos con bandas criminales colombianas”, explicó un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quien por seguridad pidió no revelar su nombre.

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Lo que se vive en Honduras, según reportes de prensa, es una manifestación de un fenómeno de expansión criminal que tuvo su epicentro en los diferentes grupos criminales de Colombia y que ha llegado a países como Perú, Chile, Bolivia y Argentina. En general, son fértiles en zonas o actividades empobrecidas, con baja bancarización y falta a un sistema efectivo de justicia, como reportó BBC Mundo.

Las actividades transnacionales de estos grupos ya han motivado reuniones de coordinación policial entre varios países, como lo reportó el diario colombiano El Tiempo, pues han encontrado mucha dificultad para iniciar causa judicial por el delito de usura, pues las organizaciones prácticamente no dejan rastro y por eso enfocan sus investigaciones en las agresiones y amenazas que hacen a sus clientes para hacer efectivos los pagos.

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Aunque Juan sabía que no tenía otra posibilidad de allegarse dinero, también sabía que incumplirles a los prestamistas exprés le podría costar muy caro. A diario, una mujer llegaba a bordo de su motocicleta para pedir el pago de la cuota, la que llevaba el control de sus pagos en una hoja sin formalidades de las aportaciones que hacía a la cuenta.

El barbero solventó el problema de inmediato, pagó en un mes un total de $53 en intereses por $200 que le prestaron. Es decir, una tasa superior al 25 % mensual.

“Con una sola cuota que dejé de pagar empezaron las intimidaciones. Era una presión por cumplir con una cuota que no completé para pagarla a las cinco de la tarde. Al siguiente día llegaron incluso a decirme que si no pagaba las dos cuotas, la del día vencido y la de ese día; pagaría caro el retraso. Yo tuve miedo de que me hicieran algo y me tocó pedirle prestado a un primo para ponerme al día” explicó el sampedrano.

Lo mismo le ocurrió a Andrés, un vendedor de jugos en La Paz, ciudad ubicada en la zona central de Honduras, a unos 50 kilómetros de Tegucigalpa, donde a diario debía reunir el pago de 100 lempiras ($4) para cancelar las 2,500 lempiras ($110) que le prestaron. Muchas veces no lograba reunir esa cantidad y asegura que haber caído en esa red de prestamistas fue el peor error de su vida.

“Me iban a cortar la luz y además tenía que ajustar para el uniforme de mi hijo en la escuela y caí con estos prestamistas. Desde las 3 de la tarde empezaba a preocuparme, porque cuando la venta de jugo no me daba para ajustar las 100 lempiras, no hallaba qué hacer. Fue una ayuda en el momento de la necesidad, pero después los intereses nos consumen”, dijo Andrés.

El operar de este grupo se detectó primero en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Marcala. Pero ahora también están presentes en los departamentos de La Paz, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Choluteca.

En San Pedro Sula, las autoridades están tras la pista de los extranjeros, que han diversificado su negocio asociándose con invasores de tierras. Ahí operan junto con la complicidad de una mujer que es identificada como líder de una asociación de vendedores de la ciudad.

“Ha resultado ser el enlace con el grupo de prestamistas. La mujer se encarga de ofrecer unos lotes de terrenos en venta. Esos lotes están en el perímetro de la ciudad. Su trabajo es convencer a los agremiados de comprar los lotes a través de los préstamos que dan los colombianos. Las operaciones se realizan en el parque central. Es allí donde les facilitan el dinero para el pago de la prima de los solares, pero esos predios son invasiones. La gente, ante la necesidad, cae en estas redes, donde si no cumplen con el pago pactado, no solo corren el riesgo de perder la tierra que compraron, sino que también hasta su vida”, explicó el agente de investigación de la Unidad de Inteligencia que sigue la pista de la red en Honduras.

La Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), entidad reguladora, asegura que en la actualidad supervisan a los bancos, las sociedades financieras y organizaciones privadas de desarrollo. Pero a los prestamistas no bancarios afirman que la ley no les da alcance.

“Solo se supervisa a las sociedades financieras, pero las empresas que no captan recursos del público son prestamistas no bancarios sobre los que no tenemos alcance. Para nosotros ellos solo son objeto de investigación” explicó una fuente de la CNBS.

Pese a que desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, esta presenta deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales y por eso desde mayo de 2016, el diputado Tomás Zambrano introdujo en el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa de ley para actualizarla y regular a los prestamistas que operan en la clandestinidad y de esta manera evitar los abusos.

Hasta ahora la ley sigue a la espera de ser aprobada para que exista una supervisión de las entidades y personas que facilitan dinero a alto interés a los hondureños.

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Detenciones. Por estos casos se han hecho pocas detenciones. Entre ellas está una pareja de
hermanos que no pudo justificar la posesión de más de $29,000.

En julio de 2014 fueron detenidos en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, capital de Honduras, los hermanos Wilmer Dubón Monsalve Mercado y Janet Marina Monsalve Mercado. Portaban $29,000 cuando pretendían viajar hacia Medellín y no reportaron la suma de dinero que transportaban.

Ese mismo año, en San Pedro Sula, las autoridades también detuvieron a Ricky Carrasquilla Suárez cuando al intentar abordar un vuelo rumbo a Colombia, se le encontró la suma de $58,000. En 2015 fueron acusados del delito de lavado de activos los colombianos Samuel Augusto Bautista Hernández y César Abel Niño Chitiva, quienes transportaban $150,000 en cinco paquetes dentro de una mochila azul que habían escondido en el asiento trasero del carro, donde se conducían en la colonia Los Alpes, en San Pedro Sula.

Sin embargo, los prestamistas exprés siguen operando en varias ciudades sin dejar de ofrecer dinero a cambio de prácticamente nada. O al principio, eso parece. El acoso, las amenazas y el pago desmedido de intereses continúa acechando a buena parte de los hondureños que tienen pocas posibilidades de tener acceso a los créditos formales.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.