Cámara del Libro hondureña pide reabrir en un país «alérgico» a la lectura

Crisis. La ausencia de políticas, el bajo poder adquisitivo y el escaso hábito de la lectura son factores adversos para la situación que enfrentan las librerías y editoriales ante el covid-19.

Quienes se dedican a editar y publicar libros hacen un gran esfuerzo, pero no son correspondidos por una sociedad que, además, lee muy poco. Es como alérgica a eso, de ahí el gran superávit de ignorancia que tiene el país centroamericano, donde la lectura en muchos casos no es un placer, incluso entre universitarios.

Hay universitarios que leen más por la exigencia de un maestro, entre los que no faltan los que obligan a sus alumnos a que lean, pero textos que escribieron ellos, algunas veces ya desfasados.

Desde que entró en vigor el toque de queda por el coronavirus, el 12 de marzo, diversos sectores han clamado, algunos a gritos y otros con protestas en carreteras y bulevares, para que se les permita vender o comprar alimentos o cualquier otra cosa, pero nadie ha protestado porque a las librerías no se les ha permitido abrir.

Son muchos los que a diario hacen grandes filas para comprar una hamburguesa, pero muchos más los que no alimentan su intelecto, lo que en parte también se está reflejando entre gente que, sabiendo que el coronavirus es mortal, circula sin ninguna protección, pese a los llamados para que al menos lleven puesta una mascarilla.

***

PETICIÓN DE LA CÁMARA HONDUREÑA

Para aliviar la difícil situación que enfrentan las librerías y editoriales, representadas en la Cámara Hondureña del Libro (CHL), le han pedido al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, autorización para funcionar de manera parcial y supervisada, mientras esté vigente la emergencia sanitaria.

«La cadena del libro está conformada por micro, pequeñas y medianas empresas que, al igual que los demás sectores de la economía nacional, estamos sufriendo las consecuencias negativas del cierre temporal de nuestras actividades; entre otras, el inminente riesgo de perder los puestos de trabajo que genera este sector», subraya una carta enviada por la CHL a Pacheco.

La CHL considera que «es necesario que niños, niñas, jóvenes, docentes y padres de familia dispongan de libros y otros recursos didácticos para desarrollar de manera integral y creativa el proceso educativo en casa», añade la carta.

Subraya que, como se sabe, la educación virtual es complementaria y no está al alcance de todos los educandos, por lo que los libros y demás materiales didácticos son imprescindibles para lograr el aprendizaje.

La CHL considera que el funcionamiento de librerías y editoriales colaborará de manera significativa a evitar que se pierda el año escolar por las razones expuestas a Pacheco, lo que traería graves consecuencias para la educación nacional y la sociedad en general.

«La disponibilidad de recursos didácticos y lectura recreativa contribuiría de forma notable a reducir los niveles de ansiedad e incertidumbre de niños, niñas y jóvenes -y también de las personas adultas-, que produce el obligado confinamiento y aislamiento social que está viviendo la población», resalta la misiva a Pacheco.

La Cámara Hondureña del Libro considera además que es necesario que el Gobierno reconozca la importancia del sector del libro, «sobre todo en estas circunstancias adversas, como aliado clave para el avance de la educación y la cultura nacional».

En principio,»los libreros», como se le conoce a la CHL, piden que se les permita funcionar mediante entregas a domicilio y ventas de oficina estrictamente supervisadas.

La CHL también se ha comprometido a velar por el cumplimiento de las regulaciones de bioseguridad para garantizar la salud de colaboradores, clientes y proveedores.

La Cámara Hondureña del Libro considera además que es necesario que el Gobierno reconozca la importancia del sector del libro, «sobre todo en estas circunstancias adversas, como aliado clave para el avance de la educación y la cultura nacional».

***

AUSENCIA DE POLÍTICAS CLARAS

El presidente de la CHL, José Modesto Canales, dijo que el mundo del libro no es nada fácil en Honduras, ni en cualquier país del área centroamericana o latinoamericana.

«Estamos preocupados por muchos aspectos, uno de ellos es que no hay políticas públicas claras de parte de los gobiernos, de los anteriores y el actual, en el afán de integrar la educación y la cultura nacional», agregó.

Esa problemática, según Canales, hace que todo el sector de los libros se vea afectado y que haya bastante incertidumbre. Los libreros le piden al Gobierno y a la sociedad hondureña que no olviden que hay un sector muy importante en el país que es la industria del libro, la que abarca editoriales, librerías, también a profesionales en cada una de esas áreas como ilustradores y diseñadores gráficos, e imprentas.

Canales expresó que entre los factores adversos figura el escaso hábito de lectura entre los hondureños y el bajo poder adquisitivo de la mayoría, en un país donde más del 60 % de sus 9.3 millones de habitantes son pobres.

Otro factor son los maestros, quienes en el nivel primario «deben hacer una mejor labor, en el sentido de inculcar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes, porque es la única forma de concientizarlos de una realidad distinta a la que nosotros vivimos actualmente», dijo Canales.

Libros. La cadena del libro de Honduras, conformada por micro, pequeñas y medianas empresas, también está sufriendo las consecuencias ante el cierre temporal por el covid-19.

***

LA LECTURA NO ES NINGUNA PRIORIDAD

Daniela Herrera, ejecutiva del Grupo Liser, que aglutina a varias librerías del país, indicó que están enfocados en la literatura en general, en parte con textos para instituciones y útiles escolares, pero que el momento actual, por la covid-19, «es difícil» porque no han podido integrarse al sector educativo.

La causa por la que en Honduras se lee muy poco, en opinión de Herrera, es porque esa actividad quizá figure entre «las últimas prioridades de los hondureños».

«Ese es el problema, los hondureños no han colaborado desde los primeros años de la escuela para darle prioridad a los libros. De ahí viene ese bajo número de lectores a nivel nacional», subrayó.

El hábito de leer se inculca primero en la casa y después en la escuela, pero en Honduras las prioridades son otras, por lo que se tiene «descuidada» la lectura, además de que «la economía del país tampoco ayuda para esta situación», acotó Herrera.

El confinamiento forzado por el coronavirus debería de ser una buena ocasión para que más niños y adultos hondureños lean en familia, pero pareciera que muchos padres no saben que un libro cerrado viene siendo como un amigo que siempre espera, y que nadie se muere por leer demasiado, pero sí por ignorancia.

Los vecinos del Sur de Honduras tienen dañados los riñones

Fotografía de Glenda Girón

Read this article in English: Honduras: The neighbors of the South have damaged kidneys

Ángel Ortega levanta el brazo y apunta con el dedo. Allá, a 800 metros de esta su casa, empieza un campo que luce ahora desprovisto, pero que, pronto, estará lleno de melones hasta donde alcance la vista. Ángel baja rápido el brazo, no lo puede sostener así por mucho tiempo. Tiene las venas hinchadas como con pelotas y la piel marchita después de cuatro años de recibir tratamiento para su enfermedad. Siente dolor.

La cosecha de melón de 2018/2019 fue histórica para Honduras. El precio internacional de este fruto acuoso creció en un 45 %. Y el valor solo de lo exportado ascendió a 110,1 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Honduras. La gran productora de melones es la zona de los departamentos de Choluteca y Valle, el Sur, fronterizo con El Salvador y cercano al Océano Pacífico. Ángel apunta el lugar en el que está la melonera, a la derecha de su casa. Y, agrega que, si va al frente, un kilómetro, encuentra los campos de caña de azúcar. Esos 800 metros y ese kilómetro están llenos de casas.

Ángel llegó a trabajar a Monjarás, Choluteca, en 1977. En 1988, logró comprar un terreno para construir su casa. Llegó como a los 20 años, atraído por una oferta de residencia y trabajo. Se levantaba a las 3 de la mañana y se iba al campo. A las 8, ya había terminado una tarea y comenzaba otra. Así, hasta las 4 de la tarde, cuando dejaba de trabajar los terrenos de otros y se iba al propio, donde tenía maíz y frijol. Este horario imposible es el que podrían repetir casi todos los hombres de esta comunidad de Monjarás que se dedican a la agricultura.

Ahora, Mojarás tiene 7,500 casas, 16 escuelas, dos agencias bancarias, cerca de 20 tiendas de ropa y varios restaurantes. Ángel, por su parte, ya no produce. Pasa los días en la hamaca que ha colgado del corredor externo de esta casa de ladrillo crudo, con letrina externa que se parece a muchas otras de esta zona. Hace 4 años, a Ángel le dijeron que sufre enfermedad renal crónica. Un diagnóstico que, como la agricultura, el ladrillo crudo, o la letrina externa, es un factor común en muchas viviendas de esta región.

La enfermedad renal crónica, se puede decir ahora, tiene dos categorías. Una, la tradicional, es la que se presenta junto con otras enfermedades de base que son la diabetes y la hipertensión arterial. La otra, que es la que sufre Ángel, ha sido difícil de nombrar. Tiene como características que aparece sin enfermedades previas y a una edad más temprana. Y se presenta entre quienes tienen en común una serie de condiciones sociales específicas, entre ellas: trabajar en agricultura y residir en áreas en donde hay cultivos masivos.

Fotografía de señor en una hamaca
Diagnóstico. Ángel Ortega está, desde hace 4 años, en tratamiento por enfermedad renal crónica. En Monjarás, Choluteca, Honduras, el diagnóstico es común entre los vecinos.

Carlos Orantes es nefrólogo en El Salvador y ha sido pionero, desde 2009, en dirigir estudios que ayudan a delimitar las causas de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales. Orantes es asesor del Grupo de Expertos en Sri Lanka para el enfoque de la ERC que afecta a las comunidades agrícolas; es autor en revistas científicas y, recientemente, ha publicado capítulos sobre el tema en el libro Medicina interna y nefrología clínica en la Universidad de Oxford. Orantes ha sido profesor visitante en la división de Nefrología del Hospital General de Massachusetts, la Escuela de Medicina de Harvard, el Centro Médico Harbor-UCLA y el Centro Médico Cedars Sinai. «Esto se puede ver como enfermedad o como epidemia», apura como aclaración inicial.

«Cuando usted la enfoca desde el punto de vista individual, el fenómeno se circunscribe a los signos, síntomas y dolencias de la persona; este enfoque es fundamentalmente médico y es necesario implementarlo». Orantes habla desde una sala de juntas en el Ministerio de Salud, en el centro de la capital salvadoreña. El conocimiento, sin embargo, lo ha adquirido en las comunidades que ha tenido que recorrer para realizar los estudios que ha publicado en revistas médicas. «Pero, cuando esta enfermedad se presenta no en una, dos ni en tres; sino en muchas personas en un límite geográfico, social, ambiental y con características específicas de condiciones laborales insalubres, entonces esto ya no es un problema individual, sino que un problema de las colectividades humanas».

La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales presenta números elevados desde México hasta Panamá, pasando por el corredor del Pacífico centroamericano. De acá que los especialistas se hayan puesto de acuerdo para llamarle nefropatía mesoamericana. «Ya no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de epidemia. Y como afecta a más de dos países, esto ya se convierte en pandemia», explica con alarma Orantes, una de las voces más autorizadas del continente.

En Monjarás, Ángel y sus vecinos no lo ponen en palabras, pero llevan años de experimentar en carne propia esta pandemia que se ha afincado en las comunidades agrícolas del Pacífico, sin que, hasta el momento, haya podido ser detenida.

***

Honduras está dividida en 18 departamentos en donde viven 9.2 millones de personas. Choluteca y Valle son los dos con más incidencia de enfermedad renal crónica. Entre 2016 y 2017, 2,839 personas egresaron de los hospitales públicos de Honduras por este diagnóstico. De ellas, el 30 % dijo ser de alguno de estos dos departamentos. Es decir, 3 de cada 10 personas atendidas.

Choluteca y Valle aparecen también como dos de los departamentos más productivos. Solo con el melón de esta zona sur hondureña, en 2016 se llenaron y se exportaron más de 16,000 contenedores. Para 2019, los cálculos son todo arriba: el melón crecerá en un 13 %, la okra en un 19 % y la sandía en un 50 %. Y de esto lo que en Banco Central de Honduras destaca es la ganancia y el empleo.

«Esta es la zona del país aporta una gran cantidad de riqueza, pero mire a su alrededor, ¿en qué se nota para nosotros?», pregunta Marcos, ante las calles de tierra de la comunidad. Marcos es un líder comunal que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato, porque en Choluteca hay más de cien defensores de los Derechos Humanos que han denunciado públicamente amenazas.

Marcos se equivoca. La productividad sí se nota en la comunidad, pero no como él quisiera. Estudios relacionan la presencia de cultivos masivos como un factor de riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. «Encontramos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes. «Sospechamos que los pesticidas utilizados en la agricultura son los responsables de provocar esta nefropatía«, explica en el estudio Marc de Broe, uno de los especialistas que lo firma.

En su casa, Ángel recuerda cómo solían ser sus días de trabajo: «Una vez, un tanque de Metil 800 que iba en un tractor se dio vuelta y todo me cayó a mí, me quedé ciego y por eso el tractorista me tuvo metido en el río como por media hora. Por más que ellas la lavaron, toda la ropa me quedó amarilla». Ángel habla frente a su familia. Porque, aunque el único que podría aparecer en las planillas de las productoras agrícolas sea él, en realidad, todos en esta casa de ladrillo crudo y letrina exterior han estado expuestos a los agroquímicos. A ellos, sin embargo, es a quienes menos contabiliza el sistema sanitario y social en general.

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

«Encontamos una lesión específica en los pacientes con enfermedad renal crónica de las comunidades agrícolas», anuncia como conclusión un estudio que se realizó al dar seguimiento por 12 meses a 34 pacientes de cuatro países diferentes.

***

Los cuatro productos más rentables del Sur -melón, sandía, okra y camarón- dejaron en 2018 divisas por 304.8 millones de dólares en Honduras. Lo que esta tierra produce viaja hasta los mercados de Alemania, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Francia, Japón, México, Reino Unido y Taiwán, entre otros. Lo queda acá después de producir tanto es, sin embargo, un paisaje vacío. Habitado, sí, pero por gente que convive con la muerte.

«Para donde mire hay una casa en donde hay alguien enfermo o alguien que ya se murió de eso», la frase no es una exageración. Marcos, el líder comunal en Marcovia, Choluteca, a unos pocos kilómetros de aquí y que ha venido a visitar a Ángel, hace recuento. Atrás de esta casa, murió hace poco un señor; al frente, a la izquierda, hay alguien más enfermo. Si se pregunta por el lado derecho, también.

Si Honduras tuviera un mapa con un punto rojo colocado en cada casa en donde hay alguien con daño en los riñones, esta comunidad de Monjarás sería toda roja. Pero Honduras no tiene este mapa, tampoco tiene estudios que profundicen en las causas de esta epidemia. Lo único que tiene es la cantidad de personas diagnosticadas. Entre junio de 2018 y junio de 2019, fueron atendidas en hospitales públicos 3,085 con enfermedad renal crónica en todo Honduras. De ellas, 806, dijeron ser de Valle y Choluteca. Estos dos departamentos, de 18 en total, acumulan el 26 % de casos.

Lo del melón ha sido meteórico, también. Para la cosecha de 2017/2018, las divisas generadas por la exportación fueron de 70 millones de dólares. Con base en esto, se calculó que la de 2018/2019 podía dejar hasta 90 millones de dólares. Pero la proyección se quedó corta, lo exportado superó los 110.

En su casa, Ángel hace otro tipo de cuentas. «Para que no nos saliera tan caro, nos habíamos juntado tres para pagar el taxi para ir a la diálisis en Choluteca«. Ángel hacía este viaje de 31 kilómetros con dos amigas, Rosa y Maura. Desde Monjarás, hasta Choluteca, en donde se encuentra el hospital de Diálisis de Honduras, la empresa a la que el gobierno ha subcontratado solo para brindar los tratamientos, el servicio de taxi cuesta 600 lempiras ($24). «Pero entre mi amiga la Rosita y la Maurita, solo nos tocaban 200 ($8) cada uno», cuenta Ángel antes de empezar a restar y multiplicar. «Ya hace un año, se murió la Rosita, y nos quedamos pagando 300 ($12) cada uno con la Maurita, para ir dos veces por semana».

La diálisis es un tratamiento que consiste, a grandes rasgos, en que una máquina hace el trabajo que los riñones ya no pueden hacer. Los pacientes deben estar conectados a esta máquina por entre cuatro y seis horas. Dependiendo del estado del riñón, un paciente puede necesitar viajar al hospital dos o tres veces por semana. Aunque hay personas que deben estar conectadas todos los días. «Me quedé pagando yo solo el viaje», dice Ángel. Maura falleció en agosto por complicaciones propias de la disminución de la actividad renal. Ángel, de verdad, va quedando solo.

http://guilles.website/dev/honduras-ecr/datavis.html

***

La enfermedad renal crónica es un fenómeno tan focalizado en el corredor del Océano Pacífico de Centroamérica que, ya en 2013 fue la razón por la que los ministros de salud de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en El Salvador para declarar la investigación de este problema como una prioridad. En ese momento, las máximas autoridades sanitarias acordaron que dar tratamiento a los afectados y estudiar las causas de la enfermedad y los factores de riesgo serían una prioridad más allá de cada gobierno.

«Honduras no ha aportado nada a los estudios sobre esta enfermedad que sí tienen Nicaragua, Costa Rica y, a la vanguardia, El Salvador. Guatemala también tiene aportes, excepto nosotros. No porque no tengamos grandes volúmenes de pacientes, sino que por un problema de recursos, o de no tener ganas de ver que este es un serio problema», explica Gemmer Espinoza, desde su consultorio privado. Espinoza es nefrólogo. Es, de hecho, el único en Choluteca.

Espinoza también trabaja en Diálisis de Honduras, que es la empresa a la que el Estado ha contratado para dar los tratamientos de diálisis. Desde ahí ha podido, con base en la experiencia, trazar el perfil del paciente con enfermedad renal crónica. Es, por sobre todo, un agricultor. Pero también es, casi de manera indefectible, una persona que reside en las zonas vecinas de los cultivos masivos.

En Monjarás, las calles polvosas se llenan de gente al atardecer, cuando ha bajado un poco el calor. Hay jóvenes en las esquinas que comparten golosinas y hay niños que van en bicicleta. Si ha llovido, hay charcos de varios metros de largo, si el día ha sido seco, se levantan nubes de polvo. Por ratos, se llegan olores desde los campos de cultivos. El más molesto es el que llega de madrugada, con la fumigación que hacen los aviones.

Sin que se pueda basar en ningún estudio, porque no lo hay, Espinoza, el único nefrólogo de Choluteca, señala que un 80 % de casos llega en estadio 4 o 5, es decir, cuando ya los riñones han perdido casi toda capacidad de filtración y la terapia de diálisis es necesaria para prolongar la vida del paciente. A la empresa privada que brinda este servicio, el Estado hondureño le paga cerca de $100 por paciente, de acuerdo con fuentes que solicitaron anonimato. Los gastos indirectos, como el pasaje de bus o taxi colectivo, como el que pagaba Ángel con sus amigas, también enfermas, corren por cuenta de cada quien.

Vivir en esta zona hace que para Ángel y su familia aumente la posibilidad de sufrir enfermedad renal. Y, aunque las autoridades sanitarias de Honduras tienen información que lo confirma, esto no ha sido suficiente para acercar servicios, campañas educativas, diagnósticos tempranos o tratamientos. Salvo por los pacientes que se agolpan cada mañana en el hospital para recibir diálisis, esta enfermedad está invisibilizada.

Productividad. Monjarás es una comunidad rodeada de cultivos masivos, como el melón, la cañá de azúcar y la okra. Esta es una de las zonas más productivas de Honduras.

«En lo que coinciden El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras es en que la gente que enferma está relacionada de alguna manera con los macrocultivos. Porque veamos que la labor agrícola ha existido todo el tiempo. Para subsistencia se ha sembrado maíz-frijol, maíz-frijol. El factor que viene a ser distinto en este tiempo es el macrocultivo«, explica Espinoza. «Es difícil hacer una afirmación sin argumentos, como estamos en Honduras sin los estudios pertinentes, pero todo lo investigado afuera apunta al uso de pesticidas». Solo para tener una idea del uso masivo de agroquímicos, en Honduras se comercializan 129 marcas de Glifosato y 19 de Paraquat. Estos son dos de los químicos que los estudios científicos señalan como altamente tóxicos para el riñón.

Frente a la casa de Ángel han pasado varios hombres en bicicleta. Es el final de la tarde y, seguramente, vienen de realizar labores. Hace 4 años, Ángel también recorría estas calles en bicicleta, cuando, de repente, sintió un mareo que lo obligó a detenerse.

«Ahí ya venía con una gran calentura. Y se me empezaron a agarrar calambres en las piernas. Mandé al güirro (niño) a comprarme unas pastillas y un jugo», cuenta. Ángel no se curó con el jugo o las pastillas. Tuvo que ir al hospital, a varios, de hecho. Su diagnóstico, pese a vivir donde vive y haber trabajado en lo que trabajó, tardó en llegar. Porque el sistema tampoco está enfocado en canalizar de forma expedita estos casos. Se tardó por lo menos 4 meses en saber que tenía enfermedad renal y en recibir el tratamiento correcto: diálisis.

Esta falta de contundencia en cuáles son las causas de la aparición de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales ha retrasado también la ejecución de programas focalizados en las necesidades especiales de la población, como el diagnóstico temprano. Manuel Sierra, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Honduras, dirigió, en 2019, un estudio sobre la prevalencia de daño renal en los pacientes de los seis hospitales más grandes del país. «A los mayores de 18 años que se encontraban recibiendo atención en Medicina Interna les hicimos una pregunta de tamizaje: ‘¿le han diagnosticado enfermedad renal?’ Si respondía que sí, ya no podía participar».

«Los pacientes que residen en las comunidades agrícolas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica», dice un extracto de la investigación publicada por la Universidad de Sanford, Dakota del Sur. En Monjarás, se junta una tormenta perfecta para el daño renal: cercanía de macrocultivos, contacto directo o indirecto con agroquímicos, y agua de dudosa calidad.

Los investigadores encontraron a 774 pacientes que dijeron no tener ningún daño renal. Y, a la luz de los resultados de las pruebas, solo en el 20 % de los casos esto resultó ser cierto. «El 82% de los que aseguraban que no tenían nada, salió con algún nivel de daño: 8%, en estadio 1; 28 %; en estadio 2; 30 %, en estadio 3; 10 %, en estadio 4; y 6 %, en estadio 5», explica Sierra. Quiere decir que 8 de cada 10 de las personas que llegan a los hospitales por otros motivos, ya tienen sus riñones dañados y todavía no lo saben, todavía no se cuidan y todavía no reciben tratamiento adecuado. Y solo están a la espera de tener un colapso como el que, hace cuatro años, tumbó a Ángel de la bicicleta entre fiebre y calambres.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, 197 personas murieron en hospitales públicos por enfermedad renal crónica en Honduras. Aquel día en que Ángel tuvo que interrumpir su viaje en bicicleta, se dirigía al funeral de un amigo: El Chuta, un gran compañero de labranza y vecino. El Chuta murió por la misma enfermedad que tiene a Ángel tumbado hoy en la hamaca. Ángel lleva rato viendo morir amigos.

El estudio sobre prevalencia no diagnosticada de la enfermedad renal se está repitiendo, dice el doctor Sierra, pero ahora exclusivo para la zona de Choluteca. Mientras esto llega, en la comunidad de Ángel, la de las casas vecinas de macrocultivos y con agua de pozo, la enfermedad renal es un fantasma que se lleva a mucha gente y es, a la vez, un miedo. «Hasta ahora, ninguno de ellos (familia) padece esto, porque esta enfermedad es perra. Pero la veo a ella, mi esposa, que ya tiene calambres, y veo a aquel (hijo), también con lo mismo; aquí, no se sabe, es lo más triste, quizás solo esperan que todos nos muramos».

En manos privadas. El estado Hondureño ha subrrogado el tratameinto de enfermedad renal crónica a Diálisis de Honduras. Esta empresa recibe al menos $100 por cada sesión brindada a un paciente.

* Glenda Girón es becaria de la fundación Bertha de la generación 2019-2020

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas.

En los polvorientos y mal iluminados barrios de San Pedro Sula, todo el mundo conoce las leyes no escritas: hay lugares a los que no se va sin permiso. Al volante, baje las ventanillas para que las pandillas y sus vigías puedan ver quién está dentro. Es más seguro quedarse en casa al anochecer, dejando las calles para pandilleros y traficantes de drogas, que están armados y no tienen reparos en matar.

Es en la segunda ciudad más grande de Honduras donde en los últimos meses se forma caravana tras caravana de migrantes. Las comitivas ponen rumbo al norte, a México y hacia Estados Unidos, para huir de la violencia, la pobreza, la corrupción y el caos. Todas esas realidades son palpables en las calles de la ciudad, que recuerdan por qué miles de personas siguen marchándose pese a los peligros y a la incertidumbre de si podrán quedarse incluso aunque logren entrar en Estados Unidos.

En el distrito norte de San Pedro Sula, donde periodistas de Associated Press acompañaron a la policía en una noche reciente, viven casi 230,000 personas y apenas hay 50 agentes para patrullar sus 189 vecindarios, incluidos los más peligrosos: Planeta, Lomas del Carmen y La Rivera Hernández. El subinspector de policía Wílmer López señaló que en la zona se habían desarticulado dos laboratorios de droga en el último año. Había detenido a pandilleros incluso de nueve años.

Los policías llevan pistola y van acompañados de soldados con rifles de asalto. “Con ellos nos sentimos más seguros”, comentó López, que dirigía la patrulla.

En esa parte de la ciudad operan nueve pandillas diferentes, señaló, incluidas las conocidas Calle 18 y Mara Salvatrucha, o MS-13. Ambas nacieron en Los Ángeles hace décadas y se expandieron a América Central debido a las deportaciones, hasta convertirse en organizaciones transnacionales hiperviolentas que impulsan las altas tasas de asesinatos y otros delitos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–. Sus tarjetas de visita se ven en las pintadas que se ven en las casas, así como en los cadáveres que dejan a su paso.
“Algunos se reconocen por su forma de matar, como la mara Batos Locos, que embolsa (a la gente que mata), o los del Barrio 18, que los descuartizan”, dijo López.

Advertencia. Washington ha amenazado a los países el Triángulo Norte con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes.

Esta noche, la patrulla transcurre casi sin incidentes. La policía cachea a los clientes de un billar y comprueba identificaciones pese a sus ebrias protestas. Pero en torno a las 6 de la mañana se encuentra el primer cadáver del día, un joven con el rostro desfigurado que aparece tirado en el barrio de Sinaí justo detrás de la comisaría de Rivera Hernández.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

En un restaurante, la televisión emite un noticiero sobre el último asesinato, un hombre en una tienda de reparación de neumáticos. Los clientes miran con curiosidad el cuerpo en la pantalla, pero siguen comiendo.
“A la gente no le conmueve que hayan matado a alguien”, comentó Salvador Nasralla, excandidato de la oposición a la presidencia y que lamenta la normalización de la violencia en Honduras.

Los homicidios han bajado bastante a escala nacional, según la Policía Nacional de Honduras. Desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, la tasa cayó el año pasado a 41 por cada 100,000 habitantes, aunque sigue siendo una de las más altas del planeta.

Algunos dicen que la violencia ha remitido un poco en San Pedro Sula desde que unos 800 pandilleros que gestionaban redes de extorsión desde prisión fueron trasladados en 2017 del penal en el centro de la ciudad a un centro de máxima seguridad en las montañas occidentales.

Los asesinatos parecen haber bajado más este año, pero la violencia no es lo único que complica la vida en la localidad.

“La violencia no solo se determina por los homicidios, sino por la amenazas de muerte, las extorsiones, los reclutamientos forzosos de bandas, una serie de atentados contra la propiedad en las zonas de control (de criminales) que el Estado no ha podido recuperar”, explicó Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos en el país.

“Una situación de inseguridad mueve a las personas, obliga a desplazamientos forzados internos que luego se tornan en migraciones forzadas”, señaló.

Érick Lara es un ejemplo claro. Él y seis amigos se unieron a la caravana más reciente, que salió en abril con algo menos de 300 personas. Era una comitiva mucho menos numerosa de las que se habían visto antes de que la policía mexicana hiciera una redada contra una caravana anterior y dejara a sus participantes detenidos, deportados o dispersados.

Lara, un albañil de 27 años, se fue de San Pedro Sula a pesar de que tenía un buen trabajo en la obra de construcción de una iglesia porque los pandilleros intentaban reclutarlos a la fuerza a él y a sus amigos. Unirse a las bandas violentas no es voluntario, señaló, y negarse puede costar la vida.

Sin oportunidades. La inseguridad es la causa que ha empujado a comunidades enteras a hacer desplazamientos forzados.

Cuando se forma una nueva caravana migrante, gente de todo el país acude a San Pedro Sula.
También hay un flujo constante de muertos, ya que casi todos los municipios del departamento de Cortés envían sus cadáveres a la morgue de la ciudad. Los parientes en duelo se reúnen en el exterior.

Sentado sobre un tablón de madera, un hombre vestido de negro y con el pelo canoso, que pidió no ser identificado, esperaba a recoger el cuerpo de su hijo asesinado. El hijo, señaló, había salido a beber con unos amigos cuando aparecieron varios hombres armados y le dispararon. Quedó malherido, y unos días después falleció en el hospital. Su padre dijo que aunque ya antes estaba preocupado por su hijo, no tenía idea de quién le había matado ni por qué. Sobre todo parecía resignado a su nueva realidad.

Un coche pasó y dos policías corrieron tras él. Se oyeron dos disparos a algunos bloques de distancia, quizá disparados al aire, y todo el mundo volvió la cabeza. Los agentes volvieron riendo. Nadie preguntó qué había ocurrido, nadie dijo nada.

Muchos hondureños atribuyen los problemas del país al presidente, Juan Orlando Hernández, reelegido en 2018 pese a un veto constitucional a los segundos mandatos y en unas elecciones marcadas por las irregularidades. El mandatario prometió una “vida mejor” en sus lemas campaña, pero no ha podido cumplirlo para los más vulnerables del país.

La oficina de Hernández no respondió a una petición de comentarios. El presidente dijo hace poco: “Mi compromiso es con el pueblo, juré no descansar hasta recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños y eso seguiré haciendo”. La semana pasada dijo que su política económica está funcionando y “vamos bien”.

Washington ha amenazado a los países el Triángulo Note con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes. Pero eso podría tener el efecto contrario si los empleos y los programas contra la pobreza se resienten.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

Rolando Lázaro Bautista vive en una calle sin asfaltar salpicada de chozas de madera y metal ondulado con suelo de tierra. Es una zona sin alcantarillado ni conducciones de agua, y cientos de personas se han marchado.
También está a un tiro de piedra de varias torres de apartamentos de lujo, y hace tiempo que las autoridades municipales quieren despejar la barriada. En uno de sus intentos, las casas de varios vecinos de Bautista se incendiaron. Trabajadores de derechos humanos han conseguido una orden judicial que protege el asentamiento por ahora.

Bautista, de 47 años, dijo haber viajado dos veces al norte. Primero en una caravana en enero, pero terminó deportado desde México. Después contrató a un coyote o contrabandista, pero fue capturado y después deportado cuando llevaba tres días caminando en Texas con destino a Houston.

Ya no tiene planes de volver a intentarlo después de la experiencia de verse con insolación, agotado y obligado a esconderse varios días en un almacén y un sofocante piso franco. “Se sufre al aguantar sed y hambre”.
De vuelta a casa, ha encontrado empleo en construcción para esta semana, pero no hay nada seguro para después. Su esposa y él dependen del dinero que envía su hija, que emigró a España y pagó los $7,500 de tarifa del coyote. Entre tanto, cuidan de las dos hijas que dejó su hija en San Pedro Sula.

La socióloga hondureña Jenny Argüello opina que las necesidades alimentarias de una familia media de cinco miembros cuestan el equivalente a $650 al mes, por encima del salario mínimo de unos $400.

En la década de 1990, la mayoría de los emigrantes se marchaban para buscar una vida mejor, señaló Argüello. Sin embargo, “hoy en día es la única alternativa que tienen los hondureños de sobrevivir”.

Policía interviniendo un local en San Pedro Sula
Reducción. Los homicidios han bajado desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, a 41 por cada 100,000 habitantes.

Desangre gota a gota

Defectos. Desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, pero tiene deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales.

Juan es un barbero que vive en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de Honduras. Una emergencia doméstica lo obligó a pedirle a un cercano que lo pusiera en contacto con unos “colombianos” que le prestarían dinero para salir del apuro. Eran conocidos por otorgar “préstamos exprés” a cambio de una simple firma.

Tras esa jugosa oferta, tendría que pagar intereses más altos que en cualquier institución de crédito formal. Además, el retraso de un solo día en los pagos le costaría amenazas en contra de su vida.

“Me dijeron que pagaría caro el retraso”, relató Juan al describir cómo fue el proceso para que le prestaran $200, de los cuales terminó pagando $253 en un plazo de un mes.

Así es como opera una red que según unidades de investigación policial en Honduras están compuestas por al menos 20 colombianos.

La red se moviliza por las ciudades para ofrecer préstamos sin mayor garantía. Colocan direcciones de sus empresas en lugares fantasma y reclutan a mujeres, en su mayoría hondureñas, para el cobro de los pagos cuando no hay retrasos.

Algunos de estos extranjeros ya fueron arrestados por las autoridades porque se les encontraron sumas de dinero que no pudieron justificar. Sin embargo, siguen operando en las ciudades donde el acceso a la banca formal es casi imposible para el dueño de un pequeño negocio.

Los prestamistas exprés tienen como clientes a dueños de pulperías, taxistas, salones de belleza, pequeños comerciantes, tortilleras, vendedores ambulantes y locatarios de mercados, entre otros, quienes caen en esta red por la facilidad con la que se les otorga el dinero.

El grupo de extranjeros que se ubican en al menos ocho ciudades de este país centroamericano (San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Marcela y La Paz) se registran con empresas de fachada. Estas no aparecen registradas en el sistema mercantil hondureño. La operación de estas redes mantiene a grupos de investigadores tras una pista que señala que estos fondos provienen de delitos asociados a la usura, el robo y lavado de dinero.

De acuerdo con indagatorias de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, actualmente se sigue la pista a varios grupos de extranjeros que tienen uno o dos años de estar operando bajo la modalidad de los préstamos exprés.

“Se ha detectado a colombianos operando con empresas que no están registradas en el Sistema del Registro Mercantil en Honduras. Actúan en algunos casos asociados con hondureños. Los primeros indicios apuntan a que los recursos que utilizan para prestar a pequeños comerciantes tienen su origen en ilícitos que cometen y que estamos rastreando junto con la Policía de Colombia”, explicó uno de los agentes de esta unidad, entrevistado para este reportaje.

Con las unidades de investigación se determina la conexión que pueden tener con las operaciones, por ejemplo, del cartel Los Rastrojos.

Este cartel es conocido por ser una organización poderosa del narcotráfico cuyo origen se sitúa en Colombia y que inició operaciones desde 2002. Aunque varios líderes fueron capturados en 2012, se cree que varias células se dispersaron en otros países para continuar con el negocio a través de la extorsión y el secuestro.

“Son seis grupos de colombianos que están distribuidos en el territorio, se les sigue la pista porque todo apunta a que con ese mecanismo están lavando dinero”, informó uno de estos agentes cuando se solicitó información sobre el tema.

Parte del rastreo que las autoridades han realizado a los colombianos incluyen los movimientos migratorios que han tenido en los últimos dos años. Se ha identificado al menos cinco visitas a Colombia, cuatro a Guatemala.

“Como el caso está en investigación, no queremos revelar la identidad de los hombres y las mujeres que conforman esta red, pero sí confirmamos que estos falsos prestamistas andan fuertemente armados y tendrían nexos con bandas criminales colombianas”, explicó un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quien por seguridad pidió no revelar su nombre.

***

Lo que se vive en Honduras, según reportes de prensa, es una manifestación de un fenómeno de expansión criminal que tuvo su epicentro en los diferentes grupos criminales de Colombia y que ha llegado a países como Perú, Chile, Bolivia y Argentina. En general, son fértiles en zonas o actividades empobrecidas, con baja bancarización y falta a un sistema efectivo de justicia, como reportó BBC Mundo.

Las actividades transnacionales de estos grupos ya han motivado reuniones de coordinación policial entre varios países, como lo reportó el diario colombiano El Tiempo, pues han encontrado mucha dificultad para iniciar causa judicial por el delito de usura, pues las organizaciones prácticamente no dejan rastro y por eso enfocan sus investigaciones en las agresiones y amenazas que hacen a sus clientes para hacer efectivos los pagos.

***

Aunque Juan sabía que no tenía otra posibilidad de allegarse dinero, también sabía que incumplirles a los prestamistas exprés le podría costar muy caro. A diario, una mujer llegaba a bordo de su motocicleta para pedir el pago de la cuota, la que llevaba el control de sus pagos en una hoja sin formalidades de las aportaciones que hacía a la cuenta.

El barbero solventó el problema de inmediato, pagó en un mes un total de $53 en intereses por $200 que le prestaron. Es decir, una tasa superior al 25 % mensual.

“Con una sola cuota que dejé de pagar empezaron las intimidaciones. Era una presión por cumplir con una cuota que no completé para pagarla a las cinco de la tarde. Al siguiente día llegaron incluso a decirme que si no pagaba las dos cuotas, la del día vencido y la de ese día; pagaría caro el retraso. Yo tuve miedo de que me hicieran algo y me tocó pedirle prestado a un primo para ponerme al día” explicó el sampedrano.

Lo mismo le ocurrió a Andrés, un vendedor de jugos en La Paz, ciudad ubicada en la zona central de Honduras, a unos 50 kilómetros de Tegucigalpa, donde a diario debía reunir el pago de 100 lempiras ($4) para cancelar las 2,500 lempiras ($110) que le prestaron. Muchas veces no lograba reunir esa cantidad y asegura que haber caído en esa red de prestamistas fue el peor error de su vida.

“Me iban a cortar la luz y además tenía que ajustar para el uniforme de mi hijo en la escuela y caí con estos prestamistas. Desde las 3 de la tarde empezaba a preocuparme, porque cuando la venta de jugo no me daba para ajustar las 100 lempiras, no hallaba qué hacer. Fue una ayuda en el momento de la necesidad, pero después los intereses nos consumen”, dijo Andrés.

El operar de este grupo se detectó primero en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Marcala. Pero ahora también están presentes en los departamentos de La Paz, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Choluteca.

En San Pedro Sula, las autoridades están tras la pista de los extranjeros, que han diversificado su negocio asociándose con invasores de tierras. Ahí operan junto con la complicidad de una mujer que es identificada como líder de una asociación de vendedores de la ciudad.

“Ha resultado ser el enlace con el grupo de prestamistas. La mujer se encarga de ofrecer unos lotes de terrenos en venta. Esos lotes están en el perímetro de la ciudad. Su trabajo es convencer a los agremiados de comprar los lotes a través de los préstamos que dan los colombianos. Las operaciones se realizan en el parque central. Es allí donde les facilitan el dinero para el pago de la prima de los solares, pero esos predios son invasiones. La gente, ante la necesidad, cae en estas redes, donde si no cumplen con el pago pactado, no solo corren el riesgo de perder la tierra que compraron, sino que también hasta su vida”, explicó el agente de investigación de la Unidad de Inteligencia que sigue la pista de la red en Honduras.

La Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), entidad reguladora, asegura que en la actualidad supervisan a los bancos, las sociedades financieras y organizaciones privadas de desarrollo. Pero a los prestamistas no bancarios afirman que la ley no les da alcance.

“Solo se supervisa a las sociedades financieras, pero las empresas que no captan recursos del público son prestamistas no bancarios sobre los que no tenemos alcance. Para nosotros ellos solo son objeto de investigación” explicó una fuente de la CNBS.

Pese a que desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, esta presenta deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales y por eso desde mayo de 2016, el diputado Tomás Zambrano introdujo en el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa de ley para actualizarla y regular a los prestamistas que operan en la clandestinidad y de esta manera evitar los abusos.

Hasta ahora la ley sigue a la espera de ser aprobada para que exista una supervisión de las entidades y personas que facilitan dinero a alto interés a los hondureños.

***

Detenciones. Por estos casos se han hecho pocas detenciones. Entre ellas está una pareja de
hermanos que no pudo justificar la posesión de más de $29,000.

En julio de 2014 fueron detenidos en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, capital de Honduras, los hermanos Wilmer Dubón Monsalve Mercado y Janet Marina Monsalve Mercado. Portaban $29,000 cuando pretendían viajar hacia Medellín y no reportaron la suma de dinero que transportaban.

Ese mismo año, en San Pedro Sula, las autoridades también detuvieron a Ricky Carrasquilla Suárez cuando al intentar abordar un vuelo rumbo a Colombia, se le encontró la suma de $58,000. En 2015 fueron acusados del delito de lavado de activos los colombianos Samuel Augusto Bautista Hernández y César Abel Niño Chitiva, quienes transportaban $150,000 en cinco paquetes dentro de una mochila azul que habían escondido en el asiento trasero del carro, donde se conducían en la colonia Los Alpes, en San Pedro Sula.

Sin embargo, los prestamistas exprés siguen operando en varias ciudades sin dejar de ofrecer dinero a cambio de prácticamente nada. O al principio, eso parece. El acoso, las amenazas y el pago desmedido de intereses continúa acechando a buena parte de los hondureños que tienen pocas posibilidades de tener acceso a los créditos formales.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.