Las grietas del milagro chileno

Fotografía de Connectas

Los vagones del metro están calcinados. También los tres cajeros automáticos de la estación donde se detuvieron. Los rieles de la línea férrea subterránea destruidos. Todo ahí abajo está completamente cubierto de cenizas. El olor a humo y fierro quemado es penetrante y a ratos cuesta respirar sin toser.

Afuera de la estación, un grupo de jóvenes militares armados impide que ingresen los transeúntes. Dentro se encuentran familias y vecinos del sector de Lo Prado, en la zona poniente de Santiago, la capital chilena. Son unas cincuenta personas que, con palas y sacos, limpian lo que quedó de la estación San Pablo, la última de la línea 1 que cruza la ciudad conectando oriente y poniente.

Rosa Pinto llega temprano con su suegra y sus nietos. Quieren acelerar el proceso de reconstrucción de la estación que fue quemada el sábado 19 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales que estallaron de forma masiva en el país con mejores índices de desarrollo humano de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Junto a ellos, con guantes gruesos, un delantal azul y el pelo recogido, Gladys Zúñiga, una mujer de 53 años nacida y criada en la comuna, barre indignada el hollín de la estación. Cada cierto rato interrumpe sus quehaceres, mira fijo a la cámara y despotrica, con las manos alzadas, en contra de las razones que la han mantenido por años inconforme y que hoy, en un escenario calcinado, la tienen furiosa. A 12 kilómetros de ahí, Patricia Aravena escucha un helicóptero sobrevolar su casa y recuerda el miedo que sintió de niña cuando los militares también recorrían las calles de su barrio.

Sus relatos dan claves para comprender la rabia que ha estallado en Chile, como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

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LAS PROTESTAS EN EL PAÍS SUDAMERICANO estallaron luego de que el presidente Sebastián Piñera -aconsejado por un consejo técnico de expertos- anunciara un alza en el pasaje del metro de 40 centavos de dólar, quedando el precio en 1,17 dólares. Chile ya estaba en el noveno lugar en la lista de 56 países de la OCDE, con el sistema de transporte público más caro.

En rechazo a la medida, los escolares compartieron información y memes en redes sociales, y se organizaron para llamar a una evasión masiva del pago del pasaje. Cientos, algunos usando el uniforme de sus liceos, comenzaron a saltar los torniquetes del tren subterráneo.

Según una minuta reservada del Ministerio del Interior, elaborada con información entregada por Carabineros de Chile, el jueves 17 de octubre una turba de 400 personas rompió los torniquetes de la estación de metro San Joaquín. Al día siguiente, siete estaciones de metro fueron incendiadas. En una, el fuego lo alimentó un televisor plasma, lanzado con furia a los rieles.

Ese viernes el metro cerró progresivamente las 136 estaciones que conectan sus 7 líneas de trenes subterráneos, por las cuales se transportan a diario más de 2,6 millones de personas.

Patricia Aravena es técnica en Enfermería y trabaja en un centro médico en Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Por los desmanes, estuvo detenida 45 minutos en un tren del Metro sin poder acceder a la estación. Cuando pudo salir a la calle, no sabía bien dónde estaba ni cómo llegar a su casa.

Eran las 5 de la tarde y hordas de santiaguinos colapsaban las calles.

«Me empecé a angustiar, cuando a una la sacan de su ruta habitual se desconcierta, no sabía qué hacer», cuenta Patricia, quien vive en Recoleta, al norte de la capital.

Las micros iban repletas y había un desconcierto generalizado en medio del caos. Sin la posibilidad de tomar buses, taxis o servicio de Uber, la gente empezó a caminar. Hubo quienes tardaron ocho horas en llegar a su casa, atravesando a pie una ciudad de 7 millones de habitantes.

Un taxista que manejaba con su mujer y su bebé, vio a Patricia parada en la avenida y le ofreció acercarla a su casa. Cuando llegó, su barrio no se veía igual que por la mañana. El supermercado y la farmacia serían saqueados y la estación de metro Zapadores, a dos cuadras de su casa, incendiada.

Esa noche, el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que produce y distribuye energía eléctrica y gas, también fue incendiado. Testigos llamaron a las radios contando que escucharon una explosión y luego el fuego subió por las escaleras del inmueble de 19 pisos, ubicado en pleno centro de Santiago.

Mientras miles de personas intentaban llegar a sus casas en medio de las manifestaciones, el Presidente Piñera fue a comer a una pizzería en un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto. Alguien que comía ahí también lo fotografió, subió la imagen a redes sociales y así Patricia y Gladys lo vieron en sus teléfonos móviles.

La indignación se hizo sentir en las calles y de regreso al palacio de Gobierno, el Presidente Piñera decretó estado de Emergencia Constitucional –que implica reducción de libertades de tránsito y reunión-, dejando al General Iturrieta a cargo de mantener el orden público. Él determinó que Santiago tendría toque de queda; el primero desde el retorno a la democracia dictado por protestas sociales y no por una catástrofe natural.

Gladys lo vio por televisión. A una estación del metro San Pablo, en Pudahuel, un supermercado Líder, propiedad de la empresa transnacional Wallmart, era saqueado e incendiado. Corriendo por los pasillos -incluso cuando comenzaron las llamas- adultos, adolescentes y algunos niños y niñas, sacaban mercadería, lavadoras, refrigeradores, televisores plasmas y otros bienes de consumo.

Ya van una semana de protestas en Chile, y en sus 16 regiones se concentra gente cada día en la calle haciendo sonar cacerolas para reclamar cambios a un sistema económico que tiene al país tercero en el índice de desigualdad de ingresos de la OCDE de este año. Las bajas pensiones, el alto costo de salud y educación, y los bajos salarios respecto al costo de la vida, son las principales grietas de un modelo que parece haber agotado la paciencia de los chilenos.

Diez regiones están con toque de queda nocturno. En Santiago, veinte estaciones de Metro fueron incendiadas, 24 buses calcinados y en el país cientos de supermercados y farmacias saqueadas.

A Patricia le da tristeza decirlo, pero cree que son los mismos vecinos los que asaltaron los negocios de su barrio. «Como que quisieron empoderarse de algo», dice, y «se empoderaron de lo primero que tuvieron a mano». Es que «fue de la rabia de ese minuto, no lo pensaron más allá y actuaron no más», intenta explicar.

En algunos sectores, vecinos y vecinas usando chaquetas amarillas se organizaron en la noche para impedir que se vandalizaran sus barrios. Eso no ocurrió donde vive Patricia. «La convivencia se perdió un poco porque estamos divididos por lo malo que se hizo. Porque nuestros mismos vecinos se tomaron estas cosas; y ver todo lo perjudicado que quedamos, lo solos que quedamos en este minuto», lamenta.

Francotiradores posicionados en el techo de la Escuela Militar buscaban intimidar, apuntando sus armas a manifestantes que llegaron por primera vez a protestar a ese sector acomodado de la capital, revelando la transversalidad del descontento ciudadano entre sectores de distintos ingresos como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

Hasta ese jueves, el Colegio Médico contabilizaba 3,500 personas heridas en manifestaciones y 45 de ellas habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. 18 personas habían muerto, tres de ellas por impacto de bala de funcionarios militares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 245 personas habían sido heridas por armas de fuego. El Ministerio del Interior registraba más de 5,300 personas detenidas y 626 funcionarios policiales y militares lesionados. 297 menores de edad habían sido arrestados y el INDH había presentado 59 acciones judiciales; 45 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 9 por violencia sexual y 5 por homicidios de personas que habrían muerto por causa de agentes del Estado. 20 personas estaban hospitalizadas con riesgo vital.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

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«UNA MIERDA LA SALUD AQUÍ EN CHILE, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza», dice Gladys con rabia. «La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera. ¿Por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos? Despertó Chile, Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón», reclama. Su descontento, es el reflejo de muchos que en su vida cotidiana no han sentido que viven en uno de los países más prósperos de Latinoamérica.

La rabia de Gladys tiene sus orígenes en la inequidad producida por un sistema económico implementado bajo la dictadura de Pinochet en los años 80. El llamado «milagro» de su sistema económico, comenzó cuando un grupo de economistas chilenos que había estudiado en la «Chicago School of Economics» con Milton Friedman, el llamado padre del neoliberalismo, asesoró al dictador Pinochet en la creación e implementación de políticas que permitieron instaurar una economía de libre mercado, privatizar la salud, la educación, el agua, la jubilación y los recursos naturales.

Juan Andrés Fontaine fue uno de los llamados «Chicago Boys», hoy ministro de Economía. Días antes de que las protestas paralizaran la ciudad, y haciendo frente al descontento ciudadano por el alza del pasaje, dijo a la prensa que, para evitar pagar más, la gente podía madrugar y tomar el tren a las 7 de la mañana.

«Un señor dijo que había que levantarse a las 4 de la mañana, para que el metro fuera más barato, qué idiota; oye, han matado a niños por un cigarro, han matado a jovencitas; ¿se tienen que levantar tan temprano para que la tarifa del metro y la micro les salga más barata? Por favor, no estamos, no sé po, en Las Condes, estamos en pueblo de nadie», reclama Gladys.

El modelo económico que Chile instauró, generó un desarrollo que ha sido admirado en América Latina por lograr uno de los crecimientos más rápidos de la región; aunque ello no derivó en mayor igualdad.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

«Vamos a tener que ceder nuestros privilegios y compartir con los demás», dijo nerviosa Cecilia Morel, la Primera Dama chilena, en un mensaje privado de voz que envió luego de que estallaran las protestas sociales masivas. Estas le produjeron un desconcierto tan grande que las comparó con una «invasión alienígena».

Patricia también estaba acongojada, aunque su preocupación no era por perder privilegios.

«A mí me asusta porque se ve el comienzo, pero no se ve el fin que esto vaya a tener. Balazos múltiples, el helicóptero que está arriba de mi casa permanentemente, los milicos que pasan a cada rato; nos quedamos sin supermercados, sin farmacia, sin locomoción, sin metro. En este minuto nos sentimos aislados, como en una isla, y sentimos que la propia gente nos está traicionando por decirlo de alguna manera», cuenta.

En las calles. Los cuerpos de seguridad han ocupado también las calles de las principales ciudades de Chile.

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SENTADA EN EL PATIO DE SU CASA, en Lo Prado, Gladys recuerda los años de niña en los que cerca de su calle, las aceras eran chacras donde cosechaba papas, lechugas y tomates. No eran épocas de abundancia, pero nunca faltó el carretón de verduras y el puesto de la feria para vender hortalizas nunca estuvo vacío. Gladys es vendedora informal, una categoría que en la estadísticas oficiales la ubica como empresaria independiente. Su economía depende de las empanadas y pasteles de choclos que es capaz de vender al día en la feria de su barrio. Aquella que se instala muy cerca del metro chamuscado.

Gladys dice que pensó que al volver la democracia en los años 90 su vida iba a ser mucho mejor. «Pero fue peor», lamenta. «Empezaron las alzas, vamos subiendo las cosas», alega.

En un país en que un parlamentario gana mensualmente hasta 13.000 dólares – 31 veces el sueldo mínimo-, cuando Gladys vende 30 empanadas, anda feliz. Pero el entusiasmo dura poco. El ingreso se diluye rápido detrás de facturas de agua, gas y electricidad, que sólo este año ha tenido un alza en la tarifa de un 19 %.

El sueldo mínimo en Chile es de 423 dólares y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 562 dólares al mes. Es un monto alto para la región, pero el costo de la vida es más caro y el dinero «no alcanza», dice Gladys. El arroz, las papas, el pan, el aceite y los huevos, son más caros en Chile que en cualquier otro país de Latinoamérica, al igual que el alquiler, afirma un artículo de este mes publicado por la BBC Mundo.

«Si en la feria la gente pudiera pagar con tarjeta, acá se comprarían hasta la última papa», dice.

En Chile, las tarjetas de crédito de bancos y casas comerciales son la forma en que las personas pueden acceder a una vida que no siempre pueden financiar. «La gente ya no tiene dinero en los bolsillos, andan todos con las tarjetas», asegura Gladys. Ella tiene la tarjeta de la casa comercial «Corona» y gracias a eso su hijo pudo comprar en cuotas su teléfono móvil.

El año pasado, las deudas de las familias chilenas llegaron a su máximo histórico y el FMI catalogó, en 2017, al país como aquel con los hogares más endeudados de América Latina.

Estudiar ha sido, por décadas, una de las deudas más pesadas.

En pie. Postales de la semana de protestas que remecen al país sudamericano que durante décadas fue elogiado por su modelo económico.

Gladys vive con su hija y sus dos nietas. Le gustaría algún día verlas estudiar en la universidad, dice. Doctora, ingeniera. Pero el sueño es ambicioso. Quizás, si alcanza, sea para una de las niñas y piensa en cómo podría su hija elegir cuál. «No se puede», dice.

En 2015, Chile era el cuarto país con los aranceles universitarios más caros del mundo, según datos de la consultora inglesa Expert Market. Las familias gastaban en promedio 73% de su sueldo en financiar una carrera universitaria, dicen las cifras del estudio citado internacionalmente.

Aún la universidad debe pagarse, incluso en un establecimiento público, ya que este debe autofinanciarse. La educación superior había sido gratuita en el país hasta 1981, cuando Pinochet flexibilizó los requisitos para crear universidades privadas, estas se multiplicaron y fijaron sus propios aranceles.

Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 las que pusieron en la agenda el acceso a una educación pública gratuita y de calidad como un derecho y no un bien de consumo. Hoy, con la «gratuidad» aprobada, sólo pueden estudiar gratis quienes pertenezcan a familias del 60 % de menores ingresos de la población y hayan ingresado a las instituciones que están adscritas a ese beneficio.

El país tiene también uno de los sistemas de educación escolar más segregados del mundo. 9 de los 10 colegios con mejores puntajes en la prueba de selección universitaria del año 2018 son particular pagados. Sólo uno es municipal y gratuito. Para estudiar en alguno de esos nueve establecimientos durante un año, una familia deberá desembolsar más de 3,400 dólares si quiere inscribir a un hijo en el más barato, y más de 17,600 dólares para incorporarlo al más caro.

Las nietas de Gladys, asegura, jamás podrían asistir a uno de estos establecimientos pagados.

Las condiciones en muchos de los establecimientos públicos no son óptimas. En 2013, cuando Chile crecía al 4.1 % y el presidente Piñera ejercía su primer gobierno, más de mil establecimientos no tenían agua potable de forma constante, y más de 70 tenían sólo letrinas y no baños. Cinco años después, en julio de 2018, los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados insistían en acceder a recursos para mantener y arreglar su infraestructura.

El entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo: «Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?… La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga».

Para Gladys, quien antes de ser feriante trabajó en la construcción, limpió departamentos y sacó escombros, los dichos de Varela reflejan la enorme desconexión de la clase política con la ciudadanía.

En las masivas protestas que continúan a lo largo del país no se ven pancartas ni banderas de partidos políticos. A Gladys tampoco le interesa nada de eso. En sus cinco décadas dice haber visto todos los colores, todos los discursos, todas las promesas desfilar delante de ella. Nunca el resultado fue lo que esperaba. Ni en los 23 años de gobierno de la centroizquierda, ni en los 6 años de la derecha.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. “Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, dijo. Esto le costó el puesto.

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GLADYS ES DIABÉTICA y sus controles médicos los hace a través del sistema de seguro de salud público, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa. A veces, imagina que sería bueno vincularse a una Isapre, Institución de Salud Previsional del sistema privado, y así, tal vez, podría acceder de manera más barata a una clínica, también privada, y acortar los tiempos de espera. Si se rompiera una cadera, podría operarse inmediatamente y no pasar por los 469 días de espera promedio que toma una cirugía traumatológica, según datos del Ministerio de Salud. El 42 % de los pacientes de Fonasa que van a ser operados de alguna patología, espera al menos un año para ser tratado. En el sistema público no hay suficientes camas, ni médicos.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. «Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social», dijo. Esto le costó el puesto.

Pero Gladys sabe que tener Isapre tampoco es la mejor opción. Sabe que también aquellos que pagan por el sistema privado han salido a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Por el alza de precios en los planes de salud, por la baja cobertura, por las preexistencias, por el acceso restringido a centros de salud.

Estallido social. La noche en la que estallaron las manifestaciones, el presidente Piñera cenó en un restaurante.

Como sea, en cualquiera de los dos casos, privado o público, si Gladys compra medicamentos de marca en una farmacia, deberá pagar por ellos más de lo que gastaría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú o en México.

Le angustia pensar en su vejez, ajustada de maneras que no logra imaginar, a una pensión que, en promedio, alcanza los 266 dólares mensuales para las mujeres.

El sistema previsional chileno fue creado en 1980 por José Piñera, hermano del Presidente, y es uno de capitalización individual obligatoria. Esto significa que una persona que percibe una remuneración debe depositar cada mes el 10 % de ella en una cuenta personal que maneja una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Estas AFP son privadas y cobran un porcentaje por gestionar la cuenta, independientemente de la rentabilidad o pérdida que tengan.

El sistema ha sido altamente beneficioso para los grupos económicos chilenos. Un estudio de la Fundación Sol concluyó que el 58 % de los dineros de los futuros pensionados, más de 124,336 millones de dólares, es invertido en empresas de los grupos Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari.

Gladys lo sabe bien y tiene una opinión al respecto: «La AFP (administradoras de pensiones) le está robando a todo el mundo nuestro dinero, y ellos se la trabajan para el bolsillo de ellos, todos esos ladrones ricos, que mandan el país de Chile»

La pensión que reciba cada persona al jubilar dependerá del monto que alcanzó a reunir en su cuenta, de la cantidad de años en que cotizó y de la buena o mala inversión que hizo la AFP con el dinero que el trabajador aportó. Los hombres, por ejemplo, reciben 445 dólares mensuales en promedio.

«Por eso los viejos están enfermos. Se enferman de estrés», dice Gladys.

Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios con 17.7 casos por cada 100 mil habitantes, según un estudio realizado por Ana Paula Vieira, académica de Gerontología de la U. Católica y presidenta de la Fundación Míranos. Solo entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en el país.

Recuerdos. Gladys Zúñiga con su hijo cuando terminó la educación primaria.

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ES MARTES EN LA NOCHE, han sido cinco días de intensas protestas. Luego de pedir perdón por la «falta de visión» de los problemas del país, el Presidente Piñera anuncia las reformas con las que busca responder al estallido social y mitigar la tensión: un aumento del 20 % a la pensión básica solidaria, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas para poner «un techo al gasto de salud de las familias», un ingreso mínimo garantizado de 480 dólares para los trabajadores de jornada completa, un 5 % más de impuestos para las rentas superiores a 11,000 dólares, bajar la dieta parlamentaria, entre otros.

Si el Presidente Piñera hubiese anunciado esos cambios antes del 18 de octubre, quizás hubiese sorprendido a los chilenos; pero ahora, en realidad, Patricia no sabe cómo determinar si eso es un buen punto de inicio. Le molesta que se hable de cambios que esperan en el Congreso hace cinco años, como la rebaja del sueldo parlamentario, que cuando fue propuesta por diputados de un nuevo frente político, estos recibieron burlas de diputados y senadores.

«Hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia, que están decididos a todo, a dar la pelea, versus los viejos que estamos esperando que pase no sé qué», dice Patricia. Aunque está asustada, cree que se necesita tener una nueva Constitución, hacer asambleas libres y consultas ciudadanas reales. «Que hubiera gente que realmente nos represente en los partidos, en el Senado, pero yo veo que en este minuto nadie nos representa… ni por la educación, ni por la salud, ni por los viejos. Nos sentimos como a la deriva», lamenta.


Esta colaboración sobre el panorama chileno fue realizada por Paulette Desormeaux y Michelle Carrere para CONNECTAS.

Niños migrantes retornados en México, sin apoyo educativo

Niños migrantes retornados en México, sin apoyo educativo.

Después de vivir 16 años en Estados Unidos, Karla, su esposo y sus hijos de 1, 11 y 14 años, los tres norteamericanos por nacimiento, tuvieron que mudarse a Hermosillo, Sonora, donde los niños tuvieron que ingresar a una escuela mexicana sin hablar cien por ciento español. Los menores no tuvieron apoyo para su transición educativa, dado que no existe un programa oficial que facilite su incorporación.

Un evento familiar, más la política migratoria de Donald Trump, los hizo volver a México: El suegro de Karla falleció y no pudieron acudir a despedirse de él porque ya no tenían papeles para volver de manera legal a Estados Unidos, lo que la deprimió ante la idea de que le sucediera algo con otros seres queridos y no pudieran acompañarlos. Finalmente, ella y su marido prefirieron regresar a Sonora, de donde son originarios.

“Nunca pudimos arreglar papeles, nos fuimos con la visa de turista y se nos venció a los diez años y ya no pudimos volver a México. Nos quedamos allá, con la esperanza de alguna vez poder legalizarnos por trabajo o por amnistía, pero no. Y luego, ahora que entró el nuevo presidente (Donald Trump), las cosas se pusieron peor”, cuenta Karla.
La pareja no encontró contratiempos para reintegrarse en México. Pronto encontraron trabajo y una ocupación. El problema lo vivieron sus hijos.

Victoria, de 14 años, y Roberto, de 11, dejaron la escuela y a sus amigos en Tulsa, Oklahoma, para ingresar en un colegio en Hermosillo, Sonora, a terminar la primaria y la secundaria, respectivamente.
En su nueva escuela, Victoria y Roberto han enfrentado el reto de estudiar, con dificultades para atender materias como español e historia de México.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda elaborado, en 2015, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 550,492 personas de entre 0 y 17 años con nacionalidad estadounidense y 32,675 de otros países.

En 2010, 121,582 niños y jóvenes de entre 5 y 19 años nacidos en Estados Unidos y 402 de otros países se encontraban viviendo en México, según datos del Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En cinco años, el número de menores extranjeros en México aumentó un 478 %.
Aunque el número de niños y jóvenes que llegan a México desde Estados Unidos continúa en aumento, las autoridades mexicanas desconocen con certeza cuántos son y en qué escuelas están, pues el único registro oficial sobre extranjeros inscritos en el país es el número de beneficiarios del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), mecanismo que facilita la validación de los documentos oficiales estadounidenses para facilitar la inscripción de estudiantes.

El desconocimiento por parte de las autoridades federales sobre las dimensiones reales del problema queda evidenciado por sus propias estadísticas: en 2017, la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) solo registró a 14,035 niños que contaban con experiencia educativa en Estados Unidos y fueron inscritos en escuelas mexicanas a través del PROBEM: 8,580 mexicanos, 1,955 “latinos” y 2,500 mexicanos que vivieron y estudiaron en años previos en el país del norte.

Sin embargo, estos no son el total de niños que vienen de otros países inscritos en escuelas mexicanas: tan solo en Baja California, el mismo año las autoridades estatales reportaron 53 mil 219 trámites de revalidación de documentos escolares a través del PROBEM.

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LAS DIFICULTADES
Roberto, quien pasó a sexto de primaria, dice que lo que más le ha dificultado el adaptarse a la escuela es que las maestras en Sonora “son muy estrictas”, pues en Estados Unidos él podía expresar cuando estaba en desacuerdo con algo de la clase o corregir al profesor sin que este se ofendiera, y en México eso es considerado una falta de respeto grave.

Tampoco ha logrado acostumbrarse a utilizar el uniforme, y extraña que en su escuela anterior podía ir vestido diario con bermudas y playeras.

Para Victoria, lo difícil ha sido integrarse a tercero de secundaria sin el nivel de aprendizaje en las materias de español e historia de México que tiene el resto de sus compañeros. “Todo lo que tiene que ver con México es muy trabajoso, porque nosotros solo teníamos información de Estados Unidos, o hay cosas que ya sabíamos, pero acá las enseñan diferente”, explica Victoria. Cuando no entiende, pregunta a sus amigas el significado de las palabras o expresiones que desconoce, porque los profesores “me tiran de a loca”.

A pesar de que uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos extranjeros en escuelas mexicanas es el idioma, fue en agosto de 2017 que el presidente Enrique Peña giró la orden de “atender al 100 % de los jóvenes migrantes que regresan a México con desconocimiento del español”. Al 30 de junio de 2018 la SEP atendió solo a 12 jóvenes, según consta en el Sexto Informe de la SEP de la administración federal anterior.

Sin norma. Las adecuaciones que las instituciones hacen para recibir a niños que vienen de sistemas educativos distintos no están estandarizadas.

EN BUSCA DE LAS RAÍCES
A pesar de las dificultades, Victoria y Roberto no quieren volver a Estados Unidos, porque en México está su familia.
Su madre coincide con ellos, pues señala que a su regreso a Sonora sintió “como si nunca me hubiera ido, porque estoy con mi gente, en mi país, ya con tranquilidad, porque allá tenía la preocupación de que si salíamos nos podían quitar a nuestros hijos. Los que están batallando son los niños, porque nacieron allá. La escuela se les ha hecho muy difícil”.

De acuerdo con la doctora Gloria Ciria Valdez, coordinadora del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, a pesar de que el número de menores en esta situación crece cada año, el gobierno no cuenta con registro de cuántos son, ni con apoyos que les permitan adaptarse a las escuelas a las que asisten.

Desde el seminario Niñez Migrante, académicos han estudiado por diez años el fenómeno de la migración en México, y desde hace cinco, investigan también el del retorno; sin embargo, Gloria Ciria Valdez reconoce que el gobierno y la academia han fallado para contabilizar y apoyar a las personas que se encuentran en esta situación.
“En los últimos cinco años, nosotros no terminábamos de investigar acerca de la migración en tránsito de niños, niñas y adolescentes, cuando nos llegó otra situación: el retorno, porque se observaba que estaba llegando, las escuelas comenzaron a crecer”, explica la especialista.

Hasta la fecha “como gobierno y como academia hemos fallado para contabilizar el retorno: no sabemos cuántos son, no sabemos dónde están, ni sabemos quiénes son, especialmente en la educación básica”.
“Nos dimos cuenta también de que no hay estrategias, no hay una política estatal ni regional de corte transversal que llegue a todas las áreas para atender al migrante y sus familias”, asevera.

La principal dificultad que enfrentan los niños migrantes en escuelas de México es que no hablan español. La imagen de los menores fue publicada y reproducida con autorización de sus padres.

En el último ciclo escolar, 14,961 niños migrantes de retorno se encuentran inscritos en escuelas de educación básica del estado, según datos del Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora (SICRES). 1,864 de estos menores viven en Hermosillo.

Sin embargo, dice la investigadora, “dudamos de estas estadísticas”, por lo que en compañía de otras académicas del Colson va escuela por escuela preguntando cuántos niños y niñas extranjeras o migrantes de retorno estudian en cada plantel.

“Nosotros dudamos de estas estadísticas porque el SICRES no es retroalimentado y se borra cada año. Además, porque en campo, por ejemplo, en la Secundaria Técnica Federal n.º 72 Profesor Joaquín Enríquez Flores, el Sistema de Información dice que tiene dos alumnos de ciudadanía estadounidense, pero yendo personalmente a esta escuela vimos que son 23 estudiantes migrantes”, señala.

De acuerdo con la académica, la razón por la que no se puede tener certeza acerca de cuántas personas se encuentran en situación de migración de retorno, o llegada a México a establecerse para vivir, es porque el único trámite del que el gobierno tiene registro es el de repatriación y deportación de mexicanos en Estados Unidos. No hay manera de contabilizar a aquellos que llegan al país de manera “voluntaria”.

Para Victoria, lo difícil ha sido integrarse a tercero de secundaria sin el nivel de aprendizaje en las materias de español e historia de México que tiene el resto de sus compañeros. “Todo lo que tiene que ver con México es muy trabajoso, porque nosotros solo teníamos información de Estados Unidos, o hay cosas que ya sabíamos, pero acá las enseñan diferente”, explica Victoria. Cuando no entiende, pregunta a sus amigas el significado de las palabras o expresiones que desconoce, porque los profesores “me tiran de a loca”.

Para apoyar a los niños y niñas migrantes de retorno, binacionales o extranjeros que estudian en las escuelas de Hermosillo, Sonora, en 2017 la doctora Ciria Valdez creó un programa de tutorías para regularizar a los menores.
Cada semana, algunos menores acuden a las instalaciones del Colegio de Sonora, donde académicas de la institución les dan orientación para que entiendan el significado de algunas expresiones del español que no conocen, y les dan regularización en historia y geografía de México, matemáticas y otros temas de su interés.
Sin embargo, son pocos los estudiantes que reciben, porque hallarlos no es sencillo.

Animal Político consultó a la SEP acerca de la disparidad en la información sobre el número de menores extranjeros y migrantes de retorno de Estados Unidos inscritos en escuelas mexicanas, y sobre las políticas públicas con que cuentan para atenderlos, sin que hasta el momento de la publicación haya tenido respuesta.
Victoria cuenta con alegría que la llaman “gringa” y que desde el principio consiguió adaptarse y hacer amigos en Sonora. Roberto dice que además de haber hecho muchas amistades, tiene apoyo de su maestra siempre que lo necesita.

Ella y su hermano coinciden en que la amabilidad de la gente en su comunidad y su familia los han hecho sentir muy cómodos. Karla, por su parte, se siente aliviada con el apoyo que sus hijos han encontrado en el Colegio de Sonora.
“Nos recibieron muy bien, hemos hecho muchos amigos, además estamos con la familia, gente a la que no conocíamos ni teníamos en Estados Unidos”, cuenta Victoria. Por eso, afirma, no quiere volver.

AUMENTA LA DESERCIÓN
Antes de llegar a Ahuatenco, estado de México, Alberto vivió 14 años en Estados Unidos. La imagen de los menores fue publicada y reproducida con autorización de sus padres.
La vida de Alberto cambió abruptamente el día que tuvo que huir de Estados Unidos, con sus padres, por amenazas de muerte en su contra. En una semana, tuvo que dejar la escuela en California y abandonar la vida que tuvo por 14 años para regresar a México, de donde él y su familia son originarios.

Al llegar a México, la principal dificultad para la familia fue que Alberto ingresara a la escuela. Como solo tuvieron una semana para salir de Estados Unidos, debido a que una pandilla los amenazó por haber denunciado ante las autoridades a uno de sus integrantes, no pudo realizar la validación de sus documentos oficiales, pues había estudiado el kínder, primaria y secundaria en California.

Aunque lleva seis años viviendo en Ahuatenco, una comunidad del estado de México, Alberto cuenta que continúa sin adaptarse a su vida en México, pues pasó de vivir en una ciudad “de primer mundo” a un pueblo que de acuerdo con el Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenía 745 habitantes, y es considerado por la Secretaría de Desarrollo Social como un sitio en alta marginación.

Recién terminó la preparatoria, que tuvo que cursar en dos escuelas distintas. Para estudiar la secundaria también estuvo en dos planteles.
Su experiencia fue complicada desde el inicio, pues validar sus documentos de la escuela estadounidense donde estudió no fue sencillo. Para lograrlo tuvo que trasladarse con su madre en seis ocasiones de Ahuatenco a Toluca, capital mexiquense, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Educación del estado, a dos horas de camino desde su casa.

Una vez inscrito en la escuela, el joven experimentó dificultades para entender las clases, pues él no hablaba bien español y sus profesores desconocían el idioma inglés.

 

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EXCLUIDOS E INVISIBLES
El doctor David Rocha, académico de la Universidad Autónoma de Baja California, explica que conforme los municipios a los que llegan las familias migrantes se alejan de las fronteras del norte y sur del país, su presencia se vuelve más invisible, no solo para las autoridades gubernamentales, sino también para las comunidades escolares, donde son excluidos e invisibilizados.

“En diferentes estudios que se han hecho recientemente hemos encontrado la presencia de los jóvenes que vienen con sus padres de Estados Unidos, deportados o que retornan de manera voluntaria, pero son invisibles para el sistema educativo mexicano, sobre todo fuera de la frontera”, señala.
Según cifras de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI , la mayoría de estos niños y adolescentes migrantes de retorno (19 %) vive actualmente en Baja California, 16 % en Chihuahua, 10 % en Tamaulipas, 8 % en Sonora y 7 % en el estado de Jalisco.

Otras de las principales entidades en donde se asientan los migrantes de retorno y extranjeros son Michoacán (6 %), Guanajuato (4 %), Coahuila (3 %), Zacatecas (7 %) y Nuevo León (2 %). En total, estos 10 estados concentran el 78 % de esta población.
Aunque la mayoría de ellos migran a México desde Estados Unidos, en las escuelas mexicanas también hay niños provenientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, España, El Salvador, Honduras Cuba, Brasil, China, Canadá, Costa Rica, Macao, Perú, Italia, Corea y otros países.

De acuerdo con el académico, en la frontera los migrantes son más visibles porque la dinámica de intercambio entre ciudades fronterizas ha acostumbrado a las personas a compartir y convivir de manera constante con los “del otro lado”, pero en los estados del centro o sur del país no es tan común encontrar a estos niños, “entonces el sistema que no está acostumbrado a ellos los invisibiliza, porque es difícil incorporarlos”.

En soledad. Los niños son estadounidenses de padres mexicanos y llegan a un México que, aunque cercano por su familia, en realidad no les pertenece. El choque cultural es algo que deben resolver por su cuenta, porque no hay apoyo.

La falta de conocimiento sobre la existencia de estos menores resulta en que las escuelas y profesores no cuentan con capacitación para atenderlos de manera adecuada, detalla.

A las complicaciones para regularizar sus documentos y la dificultad de aprender español, se sumó la frustración que Alberto experimentó porque en la primera secundaria donde lo inscribieron, en Ahuatenco, su profesor de inglés le arrebataba sus cuadernos para usarlos como guía para calificar a sus compañeros, pero lo regañaba si llegaba a corregirle frente a otros alumnos algún error de escritura o pronunciación.

Debido a que Alberto no se encontraba cómodo en esa secundaria, sus padres lo cambiaron de escuela, esta vez en Cuentepec, Morelos, una comunidad ubicada a 10 kilómetros de su casa, de donde es originaria su madre.
Los meses que estudió en Cuentepec, donde terminó la secundaria, además de las dificultades para comunicarse en español, el joven se enfrentó a un nuevo reto: sus compañeros hablaban náhuatl, por lo que no podía entender en absoluto lo que decían.

“A veces me hablaban en náhuatl a propósito, para que no entendiera. El español también me costó un poco, porque había palabras que no podía pronunciar, pero me fui acostumbrando”, recuerda Alberto.
Para estudiar la preparatoria, sus padres lo inscribieron en un colegio particular donde intentaron estafarlos aumentando arbitrariamente el costo de las colegiaturas, con la idea de que no necesitaba una beca porque había llegado de Estados Unidos y tenía dinero. Luego de eso, decidieron cambiarlo a una escuela pública.

A pesar de las dificultades que experimentó en el aprendizaje y para relacionarse con sus compañeros, Alberto concluyó el bachillerato hace unos meses. Ahora espera poder entrar a estudiar la Licenciatura en Física, y mientras se dedica a cuidar a su hermano menor, de dos años, para que su madre pueda hacer trabajo doméstico en Cuernavaca y su padre se dedique a sembrar frutos, maíz y frijol.

Han pasado seis años desde su regreso a México, pero Alberto dice que no ha conseguido hacer amistades en la comunidad donde vive y ha perdido comunicación con sus compañeros de Estados Unidos. A diario, permanece aislado, con algunas excepciones, cuando acude al único café internet de Ahuatenco a pasar algunas horas navegando en la web. Generalmente pasa el tiempo dibujando.

Aunque la mayoría de ellos migran a México desde Estados Unidos, en las escuelas mexicanas también hay niños provenientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, España, El Salvador, Honduras Cuba, Brasil, China, Canadá, Costa Rica, Macao, Perú, Italia, Corea y otros países.

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UN BONO DEMOGRÁFICO PERDIDO
Ariadna, quien nació en EUA y tuvo que venir a México con sus padres, abandonó la escuela porque no logró adaptarse.

Ariadna, una joven de nacionalidad estadounidense que actualmente radica en Jojutla, Morelos, llegó a México con su familia en 2013 porque su padre tenía una orden de deportación cuando vivían en Los Ángeles, California.
Ella y sus tres hermanas –todas de nacionalidad norteamericana– vinieron con sus padres para que la familia no se dividiera.

Desde el inicio, dice, no le gustó tener que venir a México, porque a sus 14 años estaba a punto de ingresar en la preparatoria en Estados Unidos, y al llegar a Morelos tuvo que volver a cursar tercero de secundaria sin tener conocimiento del idioma español y con dificultades para relacionarse con sus compañeros, “porque pensaban que como era extranjera era payasa y se burlaban de cómo hablaba”.

Otras dificultades que experimentó fue el pelear con sus maestros, quienes llegaban a mofarse de su falta de conocimiento sobre historia de México y matemáticas diciéndole que cómo no sabía algunos datos “si ya estás bien vieja, estás en secundaria”. Tampoco logró acostumbrarse a utilizar uniforme.

Cuando concluyó la secundaria, pudo inscribirse en una preparatoria del estado, pero ante las dificultades económicas que experimentó su familia, el estrés que le generaba atender las clases y el maltrato con sus compañeros abandonó sus estudios el primer semestre.

De acuerdo con la doctora Betsabé Román González, investigadora del Colegio de Sonora, algunos menores deciden abandonar la escuela ante la falta de empatía por parte de profesores y alumnos, a lo que se suma que no existen apoyos de bienvenida para los estudiantes que desconocen por completo el sistema educativo mexicano.
Esta falta de apoyo y empatía, señala la académica, provoca que los niños añoren regresar a Estados Unidos.
Sin embargo, explica la investigadora, “a su regreso a Estados Unidos ya han perdido las competencias adquiridas durante su vida previa en dicho país, porque pierden años en México y al final no cuentan con las capacidades para estudiar o trabajar en ninguno de los dos países”.

Eso fue lo que ocurrió con Ariadna: la falta de oportunidades laborales en México la llevó a volver a Estados Unidos, su país natal, para enviar dinero a sus padres. Sin embargo, allá tampoco tuvo éxito.
“Me decían que tenía tiempo fuera del país y que quizás no sabía manejar el idioma, que me iba a atorar… me ponían muchos peros y nada más no me daban el trabajo”, cuenta.

De padres en situación irregular. Los niños que retornan a México son estadounidenses por nacimiento. Pero, por lo general, sus padres han tenido un ingreso irregular o se han quedado con visas de turista más tiempo de lo permitido.

* Este reportaje fue realizado por Eréndira Aquino para Animal Político en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Petróleo por necesidad: el negocio que vació la mesa de los venezolanos

Fotografía de CONNECTAS

Millones de dólares de los venezolanos fueron drenados en negocios cuyos términos impidieron que tuvieran acceso a mayores cantidades de alimentos. Como parte del acuerdo de Petrocaribe, se estableció que los países deudores de la factura petrolera podrían pagar parte de sus obligaciones con el envío de productos. La idea prometía dos grandes cosas: abastecer al pueblo venezolano de productos que escaseaban en la república bolivariana y dinamizar las economías de los países deudores.
Sin embargo, en la práctica esta ventana derivó en un patrón de sobrevaloración de precios identificado en un conjunto de operaciones de compensación comercial que involucraron al menos a Nicaragua, Guyana, República Dominicana y El Salvador, los cuatro países más beneficiados con el sistema de compensación que Maduro propone en el presente como modelo para la creación de una zona comercial regional. Los dos países centroamericanos formaron parte esencial de la estafa.
El Salvador ha enviado $48.8 millones a Venezuela como parte del sistema de compensación. Leche en polvo, aceite de soya, arroz, frijoles negros y medicinas conforman este paquete.

Esta investigación periodística comprobó que la paradoja es porque los acuerdos energéticos eran presentados como una referencia internacional de comercio justo, ya que el petróleo se entregaba con facilidades a los beneficiarios. Pero, más que todo, por las penurias actuales de una población venezolana que en los últimos cuatro años tuvo el mayor aumento de casos desnutrición del continente, según datos de Naciones Unidas, y que cerró 2018 con una inflación de 1,000,000 por ciento de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Si bien la cifra de lo exportado por El Salvador palidece en cantidades frente a lo aportado por países como Nicaragua, esta pequeña nación de Centroamérica no se queda atrás en irregularidades. Uno de los mejores ejemplos es la historia que vincula al mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una pequeña vivienda en una colonia de clase media en El Salvador, y con una empresa que tiene mucho de fantasma.
Una familia alquila, desde hace dos años, esta casa en Santa Tecla, La Libertad. Su dueño es un salvadoreño que reside en Estados Unidos desde hace más de una década. No alcanza los 4 metros de fachada y tiene tres habitaciones, una sala, un patio y un jardín frontal.

Esta casa es la última dirección legal de una sociedad salvadoreña llamada Proveedores Diversos A&G, fundada a inicios de la década como una pequeña empresa, capitaneada por Sonia Luz Alas Menjívar y Francisco Alfredo Gallardo Ávalos. Por eso sus activos nunca pasaron de los $6,000.

Al menos hasta 2014. Porque en 2015 fue capaz de mandarle más de $3 millones de leche en polvo a la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), la entidad estatal que para esa época se encargaba, entre otros asuntos, de importar comida a ese país suramericano aquejado, desde entonces, por una crisis alimentaria. Según la Dirección General de Aduanas de El Salvador, lo hizo a través de 11 transacciones, del 8 al 22 de junio.

Pero algo no cuadra. En esta casa, según sus ocupantes actuales y los vecinos de los alrededores, nunca ha funcionado ninguna empresa. Menos una de esas dimensiones, que compra tanto producto en Australia para luego enviarlo a Suramérica: una operación de intermediación de alcances globales.

Ni siquiera su antigua dirección legal, ubicada en el barrio Lourdes de San Salvador, parece ser una sede lo suficientemente grande. Se trata, también, de una casa más adecuada para una vivienda que para una exportadora como la que se supone que es Proveedores Diversos A&G. Está ubicada en un barrio pobre de la capital del país. Cuando se telefonea a esa casa para preguntar por la sociedad, la voz al otro lado afirma que allí ya no se ubica, sino que es la sede de otra compañía, dedicada a la comercialización de insumos médicos.

Fue el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien personalmente se encargó de autorizar la compra de la leche en un punto de cuenta presidencial fechado el 22 de marzo de 2015. Fue la respuesta a una petición de Giuseppe Yoffreda Yorio, el presidente de la Corporación Venezolana de Comercio (CORPOVEX), la entidad que actualmente centraliza las importaciones en ese país.
En el documento, Yoffreda solicita la asignación de divisas para realizar las compras. El plan era adquirir varios productos faltantes en Venezuela. Querían aprovechar que ALBA Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta con la que Petrocaribe aterrizó en esa nación centroamericana, podía pagar hasta US$96 millones de su deuda petrolera con PDVSA con el envío de mercancía.
El pedido constaba de 1,000 toneladas de aceite de soya, 1,500 de arroz blanco y 9,000 de frijoles negros. También 12,000 de leche en polvo. Todo esto fue tasado en $92,665,500. Pero en la leche hay varios problemas, que no cuadran con esta información. No fue ALBA Petróleos de El Salvador la que hizo ese envío, sino la fantasmal Proveedores Diversos A&G. Tampoco mandaron la cantidad pactada: se limitaron a 991 toneladas, menos de una doceava parte de lo que, en teoría, necesitaba Venezuela.
En el punto de cuenta presidencial se sostenía que las 12,000 toneladas de leche en polvo costarían $58,500,000, cada una a $4,875, un precio nada conveniente para el Gobierno venezolano.

Eso lo hizo notar una auditoría interna de PDVSA, finalizada el 13 de abril de 2017. En ella, los contralores advirtieron que eso sucedió mientras el valor internacional de cada tonelada de leche se colocaba en $2,600. Sin embargo, no se limitaron a eso, pues informaron que fue todavía más cara, $5,252, lo que representa más del doble del precio internacional.
Existe otra irregularidad. La Dirección General de Aduanas de El Salvador cuenta una historia diferente. El precio promedio real con el que Proveedores Diversos A&G vendió el producto fue, si bien no el mismo del valor internacional, un poco más bajo que aquel que reportó PDVSA: US$3,229.
Los auditores de PDVSA también señalaron que esta compra representaba una auténtica violación al acuerdo de Petrocaribe, pues la idea de que los Estados y empresas pagaran sus deudas con productos era que las economías de esos países se dinamizaran. No pasaba así en este caso, pues, según la Dirección de Aduanas de El Salvador, la leche venía de Australia.
Pero fue el mismo Giuseppe Yoffreda, presidente de CORPOVEX, quien solicitó cometer esta violación al acuerdo, según consta en un mensaje enviado a Bernardo Álvarez, en ese entonces presidente de PDV Caribe y Petrocaribe. Todo fue aprobado, después, desde el despacho de Nicolás Maduro.
En El Salvador se buscó por escrito la opinión de los venezolanos Luis Alejandro Sauce Navarro y Bernardo Luis del Carmen Álvarez Herrera, gerente general y director presidente de ALBA Petróleos; y de José Luis Merino, el nexo del programa en El Salvador. Ninguno respondió.

Representaba una auténtica violación al acuerdo de Petrocaribe, pues la idea de que los Estados y empresas pagaran sus deudas con productos era que las economías de esos países se dinamizaran. No pasaba así en este caso, pues, según la Dirección de Aduanas de El Salvador, la leche venía de Australia. Pero fue el mismo Giuseppe Yoffreda, presidente de CORPOVEX, la que solicitó poder cometer esta violación al acuerdo.

El caso Nicaragua
“Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, escribió Maduro, presidente de Venezuela, justo al lado de su firma aprobatoria. El documento que rubricó el 23 de marzo de 2015 detallaba una oferta de importaciones por $446.3 millones en café, carne de res, ganado, azúcar, aceite de girasol, leche y frijoles negros a despacharse durante ese año desde la nación centroamericana gobernada por su aliado, Daniel Ortega.

Las cotizaciones incluían precios que en la mayoría de los casos rebasaban referencias internacionales o estaban entre los más altos presentados en la historia reciente de las exportaciones nicaragüenses. Ese lujo lo asumía el Gobierno venezolano a pesar de que entonces el mercado petrolero mundial del que dependen sus finanzas y las del país ya había sufrido un desplome de 50 por ciento.

Mientras Maduro culpaba a la guerra económica por la falta de bienes y por la inflación que crecía como un tsunami, aprobaba la adquisición de café verde a $243 el quintal y de carne de res a $5,690 la tonelada, montos que superaban los mejores promedios de venta de ambos rubros en 20 años, según cálculos basados en datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El plan aprobado por el gobernante venezolano se materializó en un contrato con cargo a recursos públicos que fue ejecutado por empresas controladas por los gobiernos de ambos países. El negocio representó el corolario de una serie de transacciones desde Nicaragua con destino a Venezuela por aproximadamente $2,700 millones. Una operación que comenzó desde mediados de 2008.

Todas las negociaciones se concretaron a través de un sistema de compensación de deudas mediante el cual naciones centroamericanas y caribeñas pagan con bienes parte de los suministros petroleros concedidos por el Gobierno venezolano en las condiciones de los acuerdos de cooperación energética creados por el entonces presidente Hugo Chávez.

El abanico incluye a Petrocaribe, el programa estrella, y a otros suscritos en el seno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La espina dorsal del entramado es la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa sobre la que llovió el maná petrolero hasta julio de 2014, pero que hoy está cercada por las deudas, por los escándalos de corrupción y de lavado de dinero y por el retroceso de la capacidad de producción y refinación.

Con base en documentos internos y rendiciones de cuenta de la corporación petrolera, en peticiones de información pública, en estadísticas de comercio internacional y en entrevistas a fuentes vinculadas a las transacciones
La evidencia recopilada refleja inconsistencias entre la información de precios y volúmenes contenida en documentos oficiales vinculados a las operaciones y en los reportes de organismos que procesan estadísticas relacionadas con los acuerdos o con la actividad de las aduanas portuarias. Los diferenciales tuvieron destinos inciertos que financiaron la corrupción, según fuentes de la petrolera venezolana.
El panorama, de acuerdo con documentos a los que se tuvo acceso, fue favorecido por el descontrol de las instancias de PDVSA que tenían la responsabilidad directa de supervisar las transacciones. Parte de esas operaciones involucraron a personas y compañías que terminaron siendo castigadas, investigadas o vigiladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de activos.
Esta investigación periodística revela igualmente que empresarios vinculados a gobiernos afines a la denominada revolución bolivariana lograron concretar lucrativas transacciones en el sistema sin que pasaran un mínimo escrutinio público.
Ningún vocero de PDVSA atendió las solicitudes de información que se presentaron con anticipación para este proyecto. Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera, exministro de Energía de Chávez y articulador de las políticas petroleras venezolanas en la región, sí aceptó referirse al tema y negó manejos irregulares o falta de transparencia durante su gestión al frente de la empresa entre 2004 y 2013.

“Todo está auditado”, dijo el exfuncionario. “Nuestras gestiones se investigaban siempre. Si la Contraloría General de la República detectaba alguna inconsistencia, nos llamaban. Si la auditoría interna nuestra presentaba inconsistencia, nos llamaban. Si nuestros auditores fiscales detectaban una inconsistencia con algo, yo no firmaba”.
Sin embargo, un informe de auditoría apunta que el mecanismo comercial, en el que se han transado más de $3,700 millones, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento.
El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos: “Se evidenció en la revisión del proceso de compensación comercial… la ausencia de una norma que se ajuste para las actividades que deben ser ejecutadas”.

Los auditores imputaron además a PDV Caribe, filial de PDVSA constituida en 2006 para encargarse de la gestión de Petrocaribe y de los convenios conexos del ALBA, responsabilidades por no haber actuado como el ente centralizador de la compensación: “No cuenta con documentación de soporte suficiente sobre los rubros adquiridos por la República Bolivariana de Venezuela”. Los analistas se referían a facturas, registros de embarque y desembarque y reportes de calidad, entre otros, que debían ser archivados y remitidos a la gerencia financiera para las conciliaciones respectivas.

La omisión no deja de ser relevante si se considera que la filial desempeñaba un rol internacional estratégico y fue manejada desde su creación por hombres de confianza de Chávez y Maduro. Entre ellos han estado el fallecido Bernardo Álvarez, quien fue presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos; y Asdrúbal Chávez, primo del presidente Chávez, y quien llegó a ser ministro de Petróleo.
En la práctica, según fuentes de PDVSA, la red de empresas públicas importadoras de alimentos de Venezuela, asumió el papel de gestionar las compras y de controlar los documentos de respaldo. Entre esas compañías se encontraban la Corporación de Abastecimiento Agrícola (CASA) y la Corporación de Comercio Exterior (CORPOVEX) y la ya eliminada Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL).
El conglomerado ha sido manejado principalmente por militares, algunos de los cuales han sido señalados por incurrir en adquisiciones con sobreprecios, por desviar fondos e incluso han sido blanco de indagaciones de la opositora Asamblea Nacional, que terminó neutralizada políticamente por Maduro.

El mecanismo comercial, en el que se han transado más de $3,700 millones, careció desde su constitución hace una década de adecuados protocolos de seguimiento. El documento está fechado en abril de 2017 y es un texto que recoge las diligencias que un equipo de auditores remitió a sus superiores para revisión. En su contenido se afirma que la Gerencia Corporativa de Finanzas Internacionales, que está en la médula del esquema, no formuló reglas efectivas para controlar los procesos.

El gran cliente
Nicaragua, que recibió hasta junio de 2018 más de $$3,760 millones en préstamos petroleros, se ha servido de la compensación como ningún otro país. Ello ha sido el reflejo de la imbricación de los gobiernos de Caracas y Managua y del apoyo otorgado a Daniel Ortega. Los convenios con Venezuela son una de las claves que explica como el régimen de Ortega logró alto favoritismo por muchos años. La cooperación, entre otras cosas, le ayudó a mantener satisfechas organizaciones agropecuarias afines a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y a poderosos empresarios agroindustriales locales y centroamericanos.

Los cargamentos con productos alimenticios remitidos por Nicaragua representaron casi 70 % de los montos transados en el mecanismo de compensación, lo que generó un boom exportador en el país centroamericano que cedió con la crisis petrolera. Las categorías de la carne de res y el ganado fueron las reinas, pues supusieron más de $1,250 millones en exportaciones hasta 2017, según datos del BCN. Café, azúcar, frijol negro y leche también han estado entre los renglones más destacados. Todos los despachos fueron monopolizados por una gran intermediaria: la binacional ALBA Alimentos de Nicaragua (Albanisa). Esa compañía es filial de ALBA de Nicaragua (Albanisa), que a su vez es una sociedad entre las estatales Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) y PDV Caribe, accionista mayoritaria.

Francisco López, uno de los funcionarios de confianza de Daniel Ortega y tesorero del FSLN, hasta junio de 2018 fungió como presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, cargos de los que se retiró luego de que fue sancionado por supuestos actos de corrupción y desvío de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como castigo, le prohibieron las transacciones con ciudadanos y entidades norteamericanas.
Albanisa fue una consentida que logró colocar en Venezuela productos por cotizaciones envidiables para cualquier empresario. En los boletines del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) son recurrentes las menciones a los “precios preferenciales” o “superiores” ofrecidos por el Gobierno venezolano con respecto a otros clientes internacionales. En la carne de bovino, por ejemplo, fueron los mejores pagados no en 20 sino en 30 años, según admitió René Blandón, presidente de la Comisión Nacional de Ganaderos (CONAGAN), el mayor gremio empresarial del rubro, a AFP en agosto de 2017. Las cotizaciones favorables ayudaron a Nicaragua a descontar a un ritmo más rápido la deuda de largo plazo, equivalente a la cuarta parte de los préstamos. También le permitió cancelar con bienes la porción de corto plazo, que equivale a 50 % del financiamiento y que debe completarse en 90 días. El resto de las naciones beneficiarias la paga en efectivo, pero el país centroamericano ha insistido en honrarla con alimentos, según documentación obtenida por #Petrofraude.

Los privilegios para Albanisa también incluyeron la permisividad con la baja calidad de algunos productos y con intermediaciones de cargas provenientes de terceros países. La empresa igualmente gozó durante seis años de una relación prácticamente directa con CVAL, CASA y otra compañía pública, Café Venezuela, en el marco del esquema de compensación. Según documentos obtenidos de los entes de control venezolanos, las exportaciones nicaragüenses hasta 2014 se realizaron sin que la Gerencia de Finanzas Internacionales de PDVSA hiciera una sola acta de conciliación con Albanisa. Las primeras dos se suscribieron, de hecho, el 26 de abril de ese año.
Una de esas actas se refirió exclusivamente a los cargamentos de café verde y se basó en datos en los que #Petrofraude identificó inconsistencias. El documento fue firmado por Víctor Aular, gerente de Finanzas Internacionales de PDVSA; y por Francisco López, presidente de Albanisa, y uno de los funcionarios de confianza de Daniel Ortega. López es el tesorero del FSLN y hasta junio de 2018 encabezó la empresa de alimentos y fungió como presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, cargos de los que se retiró luego de que fue sancionado por supuestos actos de corrupción y desvío de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como castigo, le prohibieron las transacciones con ciudadanos y entidades norteamericanas.

En el documento de conciliación se afirmó que Albanisa exportó satisfactoriamente a Venezuela $393.6 millones entre el 31 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con un finiquito que había sido remitido por Café Venezuela. En ese período de cinco años, sin embargo, los despachos totales desde Nicaragua no superaron $248.5 millones, según una comparación de las cifras del tres instituciones de ese país: el Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX), el MIFIC y el BCN. Los datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), basado en los reportes de las aduanas, señalan que al país suramericano ingresaron $295.2 millones en renglón de café verde. Es decir que solo en este rubro específico de café hay casi entre $145 y $98 millones de diferencia aproximadamente sin ningún tipo de soporte ni explicación con respecto a los montos que fueron conciliados.

El acta firmada no específica un dato central: las cantidades de producto. El finiquito de Café Venezuela, al que tuvo acceso el medio nicaragüense Confidencial, socio de la presente investigación, indica que los despachos fueron equivalentes a 1,884,769 quintales, por lo que cada uno se tasó en aproximadamente $208, monto que superó como mínimo en $20 el promedio de las ventas al exterior del rubro en esos años de acuerdo con los datos del BCN y del CETREX. En 2011, por ejemplo, solo compradores de los Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda y Austria superaron los pagos promedios de Venezuela. Esos países suelen ser consumidores de cafés especiales que se transan por más dinero.

Un dato adicional arroja sombras sobre la transacción. Según las estadísticas oficiales nicaragüenses al país suramericano solo se remitió un máximo 1.5 millones de quintales y de acuerdo con el instituto estadístico venezolano el volumen fue de 1.4 millones. Las diferencias oscilan entre 300,000 y 400,000 quintales aproximadamente con respecto a las cantidades señaladas en el finiquito.
El café verde despachado a Venezuela, además, estaba lejos de tener una etiqueta de máxima calidad, de acuerdo con testimonios recabados para el presente trabajo. Productores nicaragüenses recuerdan que entre 2008 y 2015 incluso vendieron a muy buenos precios lotes que se consideraban broza o desperdicio.

“El café que es para tostadoras locales se estuvo exportando a buenos precios”, confirmó Joaquín Solórzano, presidente de la Asociación de Productores de Matagalpa, zona montañosa donde se produce la mayor parte del café nicaragüense. “Ellos sabían qué calidad estaban comprando, pero ¿quién se va a quejar en Venezuela?” Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, confirma que el mercado venezolano era especialmente atractivo por sus precios: “Pagaban un diferencial por encima de Nueva York”.

Aunque Albanisa era responsable de los despachos, productores consultados coincidieron en que había intermediarios que recogían el producto. Uno de ellos, según afirman, era la empresa Agroexport en cuya página web se menciona a Venezuela como destino. Un representante de la firma fue consultado, pero negó participación en el negocio y atribuye a un error la referencia del país suramericano en su plataforma.

Mientras en Nicaragua los productores se beneficiaban del maná petrolero, sus colegas venezolanos padecían controles que les condenaban a pérdidas y a asistir a la depresión del negocio frente al avance de las importaciones. “Los precios controlados por el Gobierno siempre estaban por debajo de los costos de producción”, dice Vicente Pérez, caficultor y miembro de la FEDEAGRO, la principal federación de productores de Venezuela. “El café nicaragüense se pagaba a precios prémium pero era de baja calidad”.

Para más datos sobre más países, y para consultar visualizaciones detalladas con la información sobre el convenio, visite la página web 7s.laprensagrafica.com.


El desvío de los petrodólares

Bajo el acuerdo energético promovido por Venezuela, Gobiernos aliados de este país tuvieron carta blanca para manejar discrecionalmente y sin mayores controles los fondos obtenidos gracias a los préstamos petroleros. Parte del dinero se usó para inversiones privadas, proyectos fallidos y quedó entrampado en una maraña de empresas vinculadas a gobernantes de la región.

La historia del incremento en el valor y las transacciones inmobiliarias de un terreno de 6,000 metros cuadrados, localizado en el bulevar del Ejército, en Soyapango, San Salvador, ilustra cómo varios gobernantes y líderes políticos encontraron en los recursos de Petrocaribe su olla de la fortuna. En apenas tres meses el precio de este lote dio un salto sideral. Originalmente estaba valorado en $85,000. Luego de una fugaz cadena de compras y ventas fue adquirido en $1,300,000 por la Sociedad Distribuidora de Combustibles y Lubricantes (Sodico), empresa controlada por familiares de José Luis Merino, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que gobierna desde hace nueve años El Salvador.
Sodico adquirió el terreno en 2011 con uno de los préstamos que le entregó ALBA Petróleos de El Salvador (ALBA Petróleos), sociedad que ha manejado en el país centroamericano más de $1,100 millones en créditos petroleros suministrados por el Gobierno venezolano a través de Petrocaribe. Ese es el acuerdo estrella de cooperación energética creado por el difunto Hugo Chávez en 2006 y a través del cual se financian las ventas de petróleo en condiciones ventajosas como un modo de impulsar la gestión social de los beneficiarios, en su mayoría gobernantes de partidos afines a la denominada revolución bolivariana como el FMLN.
Merino ocupa el cargo de asesor mayor en ALBA Petróleos, pero se le considera el poder detrás del trono en la empresa y el encargado de las relaciones financieras con Venezuela. Es una figura que está bajo la lupa de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero en distintos ámbitos, entre ellos el de bienes raíces. Tres instituciones de ese país indagan sobre sus actividades: el Departamento del Tesoro, la DEA (Agencia Antinarcotráfico) y el FBI (Policía Federal Investigativa).
La historia del terreno adquirido por Sodico es muy semejante a la de otros 107 inmuebles cuyos expedientes se encuentran en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del país centroamericano. Esta investigación periodística de #Petrofraude, basada en la revisión de cientos de documentos, revela la existencia de un esquema especulativo inmobiliario que ha dejado pérdidas para la empresa que ha manejado la cooperación venezolana y beneficios para las personas y entidades jurídicas, como esta con conexiones con Merino, a las que se les han otorgado los créditos. Un ejemplo es Sodico, que recibió tres préstamos hipotecarios por $6 millones de ALBA Petróleos.
El rastreo de las operaciones, antes, durante y después de la llegada de las propiedades a la órbita de ALBA Petróleos permitió identificar modificaciones abruptas en los precios de compra y venta; sobrevaloraciones de los inmuebles que se ofrecen como garantía de los préstamos y la atribución de valores subestimados o sobrestimados a los bienes que son embargados o entregados en pago por incumplimiento de los compromisos relacionados con los financiamientos.
ALBA Petróleos fue fundada en 2006 como producto de una sociedad entre Enepasa, una empresa que agrupó a 30 alcaldes del FMLN, y PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), responsable de los créditos petroleros en la región. La función principal de la empresa mixta es la venta y distribución de derivados de petróleo obtenidos a través del convenio energético. De sus operaciones, en teoría, deben generarse recursos para apuntalar programas sociales para los salvadoreños.
En la práctica, como demuestran sus balances, ALBA Petróleos opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por $500 millones a 90 personas naturales y empresas escogidas a dedo. Los beneficiarios se relacionan principalmente con el negocio del combustible y la energía, pero también con otros fines económicos. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario.
Esta investigación de #Petrofraude no solo identificó operaciones inmobiliarias cuyos montos se elevaron o redujeron sin explicaciones aparentes, sino un patrón característico en la estructura accionaria de compañías que han sido beneficiadas con préstamos millonarios de ALBA Petróleos.

Muchas de ellas pertenecen a otras firmas cuya propiedad a su vez descansa en terceras compañías, algunas de las cuales son “offshore” y se encuentran registradas en Panamá o en Curazao. Entre ellas se prestaron dinero y la composición accionaria de cada una parece diseñada como una telaraña para despistar a quien se proponga seguir la ruta de los fondos, que al final lleva a figuras del entorno de Merino, según se estableció.
El destino de los préstamos de ALBA Petróleos es apenas una evidencia del laberíntico esquema financiero que se implantó en El Salvador con los recursos originados en Venezuela. Es una muestra, además, del giro que en algunos países del continente le dieron a la gestión de los acuerdos de cooperación impulsados por Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Los convenios petroleros, con Petrocaribe a la cabeza, supusieron la inyección de más de $28 mil millones en hidrocarburos y derivados en 14 países sin incluir a Cuba. Aproximadamente la mitad de los recursos se entregaron con créditos pagaderos en máximo 25 años y tasas de hasta 2% anual. La cascada de dinero implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto. La gestión de los fondos, según evidencia recopilada para este trabajo, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a figuras de poder.

Otro mal negocio para Venezuela: la compensación desde Guyana y República Dominicana

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Guyana es el segundo mayor beneficiario del sistema después de Nicaragua. Mientras el Partido Progresista del Pueblo manejó el poder en ese país, con el que Venezuela mantiene un diferendo fronterizo, se le dio un tratamiento privilegiado. La organización es afín al chavismo y perdió el poder en 2015, lo que hizo que los contratos se suspendieran.

Durante seis años se despachó más de un millón de toneladas de arroz blanco y paddy para Venezuela a cambio de los préstamos petroleros. De acuerdo con cálculos de la investigación de #Petrofraude, basados en el análisis de reportes de la estatal Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana (GRDB por sus siglas inglesas), el Gobierno venezolano pagó en el período al menos $100 millones por encima del precio promedio al cual el país caribeño vendía a otros clientes internacionales.

En 2010, por ejemplo, Caracas aceptó la cotización de $700 por tonelada, mientras que los compradores de la Unión Europea adquirían la misma cantidad por $224 menos.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2016, incluso plantea perplejidad por la inclinación de las autoridades venezolanas a negociar un producto de gran valor de intercambio como el petróleo en condiciones semejantes por otro de menos valor como el arroz.

“El mayor beneficio para Venezuela no parece ser económico”, se señala en el texto, que sugiere que la ganancia mayor se obtenía en el campo diplomático con el apoyo recibido en la OEA.

Los términos del intercambio no correspondieron con el convenio Petrocaribe, que señala en su quinta cláusula que los productos despachados para la compensación de deudas deben tener precios preferenciales. Ello se ratifica en los manuales para regir el tema que han sido aprobados por los ministros de los países adheridos.

Las asignaciones de los contratos con Venezuela causaron malestar en el sector. Rajendra Persaud, presidente de la Asociación de Exportadores y Molineros de Arroz, afirmó en entrevista para esta investigación, que la selección de los empresarios que participaron en el mecanismo de compensación de Petrocaribe obedeció principalmente a “decisiones políticas”.

Turhane Doerga, un exejecutivo de la industria y activista político, asegura que los contratos se concentraron entre pocos molineros que tenían conexiones con el anterior Gobierno y que incluso un grupo empresarial sin experiencia y con trayectoria en el negocio de los restaurantes, hoteles y gimnasios obtuvo lucrativos cupos de envíos a través de la empresa Buddy’s Rice Mills Complex con la que dieron sus primeros pasos en el área. Sus representantes fueron contactados para el presente trabajo, pero no respondieron.

Doerga es conocido en Guyana por haber reclamado airadamente la situación en una reunión celebrada en 2014 entre molineros y autoridades que manejaban el convenio de Petrocaribe, y por haber presentado ante la Unidad Especial de Delincuencia Organizada de la Policía de Guyana una denuncia en la cual asegura que alrededor de los despachos a Venezuela no solo prosperó un esquema de privilegios, sino de fraude por el supuesto envío de producto de baja calidad con certificados falsos y por el pago de sobreprecios en los fletes de exportación, que según sus datos duplicaban las tarifas ordinarias y eran semejantes a los que se pagan para cargamentos hacia Europa.

Voceros de la GBRD fueron contactados en Guyana y luego por correo electrónico para consultarles sobre las operaciones de venta de arroz de Petrocaribe. No accedieron a contestar preguntas. Seis exdirectivos de la institución se encuentran bajo investigación en ese país por supuesto uso irregular de fondos obtenidos gracias al convenio. Dos de ellos fueron entrevistados y negaron responsabilidad en manejos inadecuados.

Donald Ramotar, quien fue presidente de Guyana entre 2011 y 2015, fue contactado para el presente trabajo. Se le enviaron consultas por correo electrónico para conocer sus respuestas con respecto a los precios acordados con Venezuela y la escogencia de los molineros. No respondió, pero en declaraciones previas, ha dicho que las acusaciones e investigaciones desatadas tienen carácter político.

República Dominicana ha transado $70 millones en el sistema de compensaciones vía Petrocaribe, según datos de ambos países. El informe de auditoría al que tuvo acceso #Petrofraude hace mención de casos en los que se identificaron sobreprecios de no menos de $10.1 millones en rubros como azúcar cruda, aceite de soya y frijoles negros.

Estos últimos fueron despachados desde República Dominicana en 2010. La operación involucró 995 toneladas equivalentes a $1.24 millones. El promedio del precio fue de $1,250 por tonelada, $100 por encima de tasas de referencia internacional de la época. Es decir un 20 % más del valor de la época. José Suriel, jefe de la Oficina de Petrocaribe de República Dominicana, dijo en 2012 a la prensa local que la operación fue resultado de una compra a terceros países, lo que había violado términos de convenio.

El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, Manuel Matos, aseguró a periodistas de esta investigación que las habichuelas fueron compradas a China y Nicaragua y despachadas desde la isla caribeña como si fueran dominicanas.

Aunque Suriel había revelado seis años antes la irregularidad, consultado para este proyecto negó la versión: “Eso nunca pasó de ser un rumor que no fue verificado mediante una comprobación documental válida”. Según Suriel, la selección de empresas y la fijación de los precios dependía solo de autoridades venezolanas y no de las dominicanas. Pero cuando el país caribeño se unió a Petrocaribe, al Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD) se le encomendó el registro y depuración de las empresas que participarían en el convenio.

Desangre gota a gota

Defectos. Desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, pero tiene deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales.

Juan es un barbero que vive en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de Honduras. Una emergencia doméstica lo obligó a pedirle a un cercano que lo pusiera en contacto con unos “colombianos” que le prestarían dinero para salir del apuro. Eran conocidos por otorgar “préstamos exprés” a cambio de una simple firma.

Tras esa jugosa oferta, tendría que pagar intereses más altos que en cualquier institución de crédito formal. Además, el retraso de un solo día en los pagos le costaría amenazas en contra de su vida.

“Me dijeron que pagaría caro el retraso”, relató Juan al describir cómo fue el proceso para que le prestaran $200, de los cuales terminó pagando $253 en un plazo de un mes.

Así es como opera una red que según unidades de investigación policial en Honduras están compuestas por al menos 20 colombianos.

La red se moviliza por las ciudades para ofrecer préstamos sin mayor garantía. Colocan direcciones de sus empresas en lugares fantasma y reclutan a mujeres, en su mayoría hondureñas, para el cobro de los pagos cuando no hay retrasos.

Algunos de estos extranjeros ya fueron arrestados por las autoridades porque se les encontraron sumas de dinero que no pudieron justificar. Sin embargo, siguen operando en las ciudades donde el acceso a la banca formal es casi imposible para el dueño de un pequeño negocio.

Los prestamistas exprés tienen como clientes a dueños de pulperías, taxistas, salones de belleza, pequeños comerciantes, tortilleras, vendedores ambulantes y locatarios de mercados, entre otros, quienes caen en esta red por la facilidad con la que se les otorga el dinero.

El grupo de extranjeros que se ubican en al menos ocho ciudades de este país centroamericano (San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, Marcela y La Paz) se registran con empresas de fachada. Estas no aparecen registradas en el sistema mercantil hondureño. La operación de estas redes mantiene a grupos de investigadores tras una pista que señala que estos fondos provienen de delitos asociados a la usura, el robo y lavado de dinero.

De acuerdo con indagatorias de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, actualmente se sigue la pista a varios grupos de extranjeros que tienen uno o dos años de estar operando bajo la modalidad de los préstamos exprés.

“Se ha detectado a colombianos operando con empresas que no están registradas en el Sistema del Registro Mercantil en Honduras. Actúan en algunos casos asociados con hondureños. Los primeros indicios apuntan a que los recursos que utilizan para prestar a pequeños comerciantes tienen su origen en ilícitos que cometen y que estamos rastreando junto con la Policía de Colombia”, explicó uno de los agentes de esta unidad, entrevistado para este reportaje.

Con las unidades de investigación se determina la conexión que pueden tener con las operaciones, por ejemplo, del cartel Los Rastrojos.

Este cartel es conocido por ser una organización poderosa del narcotráfico cuyo origen se sitúa en Colombia y que inició operaciones desde 2002. Aunque varios líderes fueron capturados en 2012, se cree que varias células se dispersaron en otros países para continuar con el negocio a través de la extorsión y el secuestro.

“Son seis grupos de colombianos que están distribuidos en el territorio, se les sigue la pista porque todo apunta a que con ese mecanismo están lavando dinero”, informó uno de estos agentes cuando se solicitó información sobre el tema.

Parte del rastreo que las autoridades han realizado a los colombianos incluyen los movimientos migratorios que han tenido en los últimos dos años. Se ha identificado al menos cinco visitas a Colombia, cuatro a Guatemala.

“Como el caso está en investigación, no queremos revelar la identidad de los hombres y las mujeres que conforman esta red, pero sí confirmamos que estos falsos prestamistas andan fuertemente armados y tendrían nexos con bandas criminales colombianas”, explicó un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quien por seguridad pidió no revelar su nombre.

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Lo que se vive en Honduras, según reportes de prensa, es una manifestación de un fenómeno de expansión criminal que tuvo su epicentro en los diferentes grupos criminales de Colombia y que ha llegado a países como Perú, Chile, Bolivia y Argentina. En general, son fértiles en zonas o actividades empobrecidas, con baja bancarización y falta a un sistema efectivo de justicia, como reportó BBC Mundo.

Las actividades transnacionales de estos grupos ya han motivado reuniones de coordinación policial entre varios países, como lo reportó el diario colombiano El Tiempo, pues han encontrado mucha dificultad para iniciar causa judicial por el delito de usura, pues las organizaciones prácticamente no dejan rastro y por eso enfocan sus investigaciones en las agresiones y amenazas que hacen a sus clientes para hacer efectivos los pagos.

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Aunque Juan sabía que no tenía otra posibilidad de allegarse dinero, también sabía que incumplirles a los prestamistas exprés le podría costar muy caro. A diario, una mujer llegaba a bordo de su motocicleta para pedir el pago de la cuota, la que llevaba el control de sus pagos en una hoja sin formalidades de las aportaciones que hacía a la cuenta.

El barbero solventó el problema de inmediato, pagó en un mes un total de $53 en intereses por $200 que le prestaron. Es decir, una tasa superior al 25 % mensual.

“Con una sola cuota que dejé de pagar empezaron las intimidaciones. Era una presión por cumplir con una cuota que no completé para pagarla a las cinco de la tarde. Al siguiente día llegaron incluso a decirme que si no pagaba las dos cuotas, la del día vencido y la de ese día; pagaría caro el retraso. Yo tuve miedo de que me hicieran algo y me tocó pedirle prestado a un primo para ponerme al día” explicó el sampedrano.

Lo mismo le ocurrió a Andrés, un vendedor de jugos en La Paz, ciudad ubicada en la zona central de Honduras, a unos 50 kilómetros de Tegucigalpa, donde a diario debía reunir el pago de 100 lempiras ($4) para cancelar las 2,500 lempiras ($110) que le prestaron. Muchas veces no lograba reunir esa cantidad y asegura que haber caído en esa red de prestamistas fue el peor error de su vida.

“Me iban a cortar la luz y además tenía que ajustar para el uniforme de mi hijo en la escuela y caí con estos prestamistas. Desde las 3 de la tarde empezaba a preocuparme, porque cuando la venta de jugo no me daba para ajustar las 100 lempiras, no hallaba qué hacer. Fue una ayuda en el momento de la necesidad, pero después los intereses nos consumen”, dijo Andrés.

El operar de este grupo se detectó primero en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Marcala. Pero ahora también están presentes en los departamentos de La Paz, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Choluteca.

En San Pedro Sula, las autoridades están tras la pista de los extranjeros, que han diversificado su negocio asociándose con invasores de tierras. Ahí operan junto con la complicidad de una mujer que es identificada como líder de una asociación de vendedores de la ciudad.

“Ha resultado ser el enlace con el grupo de prestamistas. La mujer se encarga de ofrecer unos lotes de terrenos en venta. Esos lotes están en el perímetro de la ciudad. Su trabajo es convencer a los agremiados de comprar los lotes a través de los préstamos que dan los colombianos. Las operaciones se realizan en el parque central. Es allí donde les facilitan el dinero para el pago de la prima de los solares, pero esos predios son invasiones. La gente, ante la necesidad, cae en estas redes, donde si no cumplen con el pago pactado, no solo corren el riesgo de perder la tierra que compraron, sino que también hasta su vida”, explicó el agente de investigación de la Unidad de Inteligencia que sigue la pista de la red en Honduras.

La Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), entidad reguladora, asegura que en la actualidad supervisan a los bancos, las sociedades financieras y organizaciones privadas de desarrollo. Pero a los prestamistas no bancarios afirman que la ley no les da alcance.

“Solo se supervisa a las sociedades financieras, pero las empresas que no captan recursos del público son prestamistas no bancarios sobre los que no tenemos alcance. Para nosotros ellos solo son objeto de investigación” explicó una fuente de la CNBS.

Pese a que desde 1973 existe la Ley de Prestamistas No Bancarios en el país, esta presenta deficiencias para las regulaciones a los prestamistas no formales y por eso desde mayo de 2016, el diputado Tomás Zambrano introdujo en el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa de ley para actualizarla y regular a los prestamistas que operan en la clandestinidad y de esta manera evitar los abusos.

Hasta ahora la ley sigue a la espera de ser aprobada para que exista una supervisión de las entidades y personas que facilitan dinero a alto interés a los hondureños.

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Detenciones. Por estos casos se han hecho pocas detenciones. Entre ellas está una pareja de
hermanos que no pudo justificar la posesión de más de $29,000.

En julio de 2014 fueron detenidos en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, capital de Honduras, los hermanos Wilmer Dubón Monsalve Mercado y Janet Marina Monsalve Mercado. Portaban $29,000 cuando pretendían viajar hacia Medellín y no reportaron la suma de dinero que transportaban.

Ese mismo año, en San Pedro Sula, las autoridades también detuvieron a Ricky Carrasquilla Suárez cuando al intentar abordar un vuelo rumbo a Colombia, se le encontró la suma de $58,000. En 2015 fueron acusados del delito de lavado de activos los colombianos Samuel Augusto Bautista Hernández y César Abel Niño Chitiva, quienes transportaban $150,000 en cinco paquetes dentro de una mochila azul que habían escondido en el asiento trasero del carro, donde se conducían en la colonia Los Alpes, en San Pedro Sula.

Sin embargo, los prestamistas exprés siguen operando en varias ciudades sin dejar de ofrecer dinero a cambio de prácticamente nada. O al principio, eso parece. El acoso, las amenazas y el pago desmedido de intereses continúa acechando a buena parte de los hondureños que tienen pocas posibilidades de tener acceso a los créditos formales.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.