Las grietas del milagro chileno

Fotografía de Connectas

Los vagones del metro están calcinados. También los tres cajeros automáticos de la estación donde se detuvieron. Los rieles de la línea férrea subterránea destruidos. Todo ahí abajo está completamente cubierto de cenizas. El olor a humo y fierro quemado es penetrante y a ratos cuesta respirar sin toser.

Afuera de la estación, un grupo de jóvenes militares armados impide que ingresen los transeúntes. Dentro se encuentran familias y vecinos del sector de Lo Prado, en la zona poniente de Santiago, la capital chilena. Son unas cincuenta personas que, con palas y sacos, limpian lo que quedó de la estación San Pablo, la última de la línea 1 que cruza la ciudad conectando oriente y poniente.

Rosa Pinto llega temprano con su suegra y sus nietos. Quieren acelerar el proceso de reconstrucción de la estación que fue quemada el sábado 19 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales que estallaron de forma masiva en el país con mejores índices de desarrollo humano de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Junto a ellos, con guantes gruesos, un delantal azul y el pelo recogido, Gladys Zúñiga, una mujer de 53 años nacida y criada en la comuna, barre indignada el hollín de la estación. Cada cierto rato interrumpe sus quehaceres, mira fijo a la cámara y despotrica, con las manos alzadas, en contra de las razones que la han mantenido por años inconforme y que hoy, en un escenario calcinado, la tienen furiosa. A 12 kilómetros de ahí, Patricia Aravena escucha un helicóptero sobrevolar su casa y recuerda el miedo que sintió de niña cuando los militares también recorrían las calles de su barrio.

Sus relatos dan claves para comprender la rabia que ha estallado en Chile, como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

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LAS PROTESTAS EN EL PAÍS SUDAMERICANO estallaron luego de que el presidente Sebastián Piñera -aconsejado por un consejo técnico de expertos- anunciara un alza en el pasaje del metro de 40 centavos de dólar, quedando el precio en 1,17 dólares. Chile ya estaba en el noveno lugar en la lista de 56 países de la OCDE, con el sistema de transporte público más caro.

En rechazo a la medida, los escolares compartieron información y memes en redes sociales, y se organizaron para llamar a una evasión masiva del pago del pasaje. Cientos, algunos usando el uniforme de sus liceos, comenzaron a saltar los torniquetes del tren subterráneo.

Según una minuta reservada del Ministerio del Interior, elaborada con información entregada por Carabineros de Chile, el jueves 17 de octubre una turba de 400 personas rompió los torniquetes de la estación de metro San Joaquín. Al día siguiente, siete estaciones de metro fueron incendiadas. En una, el fuego lo alimentó un televisor plasma, lanzado con furia a los rieles.

Ese viernes el metro cerró progresivamente las 136 estaciones que conectan sus 7 líneas de trenes subterráneos, por las cuales se transportan a diario más de 2,6 millones de personas.

Patricia Aravena es técnica en Enfermería y trabaja en un centro médico en Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Por los desmanes, estuvo detenida 45 minutos en un tren del Metro sin poder acceder a la estación. Cuando pudo salir a la calle, no sabía bien dónde estaba ni cómo llegar a su casa.

Eran las 5 de la tarde y hordas de santiaguinos colapsaban las calles.

«Me empecé a angustiar, cuando a una la sacan de su ruta habitual se desconcierta, no sabía qué hacer», cuenta Patricia, quien vive en Recoleta, al norte de la capital.

Las micros iban repletas y había un desconcierto generalizado en medio del caos. Sin la posibilidad de tomar buses, taxis o servicio de Uber, la gente empezó a caminar. Hubo quienes tardaron ocho horas en llegar a su casa, atravesando a pie una ciudad de 7 millones de habitantes.

Un taxista que manejaba con su mujer y su bebé, vio a Patricia parada en la avenida y le ofreció acercarla a su casa. Cuando llegó, su barrio no se veía igual que por la mañana. El supermercado y la farmacia serían saqueados y la estación de metro Zapadores, a dos cuadras de su casa, incendiada.

Esa noche, el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que produce y distribuye energía eléctrica y gas, también fue incendiado. Testigos llamaron a las radios contando que escucharon una explosión y luego el fuego subió por las escaleras del inmueble de 19 pisos, ubicado en pleno centro de Santiago.

Mientras miles de personas intentaban llegar a sus casas en medio de las manifestaciones, el Presidente Piñera fue a comer a una pizzería en un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto. Alguien que comía ahí también lo fotografió, subió la imagen a redes sociales y así Patricia y Gladys lo vieron en sus teléfonos móviles.

La indignación se hizo sentir en las calles y de regreso al palacio de Gobierno, el Presidente Piñera decretó estado de Emergencia Constitucional –que implica reducción de libertades de tránsito y reunión-, dejando al General Iturrieta a cargo de mantener el orden público. Él determinó que Santiago tendría toque de queda; el primero desde el retorno a la democracia dictado por protestas sociales y no por una catástrofe natural.

Gladys lo vio por televisión. A una estación del metro San Pablo, en Pudahuel, un supermercado Líder, propiedad de la empresa transnacional Wallmart, era saqueado e incendiado. Corriendo por los pasillos -incluso cuando comenzaron las llamas- adultos, adolescentes y algunos niños y niñas, sacaban mercadería, lavadoras, refrigeradores, televisores plasmas y otros bienes de consumo.

Ya van una semana de protestas en Chile, y en sus 16 regiones se concentra gente cada día en la calle haciendo sonar cacerolas para reclamar cambios a un sistema económico que tiene al país tercero en el índice de desigualdad de ingresos de la OCDE de este año. Las bajas pensiones, el alto costo de salud y educación, y los bajos salarios respecto al costo de la vida, son las principales grietas de un modelo que parece haber agotado la paciencia de los chilenos.

Diez regiones están con toque de queda nocturno. En Santiago, veinte estaciones de Metro fueron incendiadas, 24 buses calcinados y en el país cientos de supermercados y farmacias saqueadas.

A Patricia le da tristeza decirlo, pero cree que son los mismos vecinos los que asaltaron los negocios de su barrio. «Como que quisieron empoderarse de algo», dice, y «se empoderaron de lo primero que tuvieron a mano». Es que «fue de la rabia de ese minuto, no lo pensaron más allá y actuaron no más», intenta explicar.

En algunos sectores, vecinos y vecinas usando chaquetas amarillas se organizaron en la noche para impedir que se vandalizaran sus barrios. Eso no ocurrió donde vive Patricia. «La convivencia se perdió un poco porque estamos divididos por lo malo que se hizo. Porque nuestros mismos vecinos se tomaron estas cosas; y ver todo lo perjudicado que quedamos, lo solos que quedamos en este minuto», lamenta.

Francotiradores posicionados en el techo de la Escuela Militar buscaban intimidar, apuntando sus armas a manifestantes que llegaron por primera vez a protestar a ese sector acomodado de la capital, revelando la transversalidad del descontento ciudadano entre sectores de distintos ingresos como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

Hasta ese jueves, el Colegio Médico contabilizaba 3,500 personas heridas en manifestaciones y 45 de ellas habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. 18 personas habían muerto, tres de ellas por impacto de bala de funcionarios militares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 245 personas habían sido heridas por armas de fuego. El Ministerio del Interior registraba más de 5,300 personas detenidas y 626 funcionarios policiales y militares lesionados. 297 menores de edad habían sido arrestados y el INDH había presentado 59 acciones judiciales; 45 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 9 por violencia sexual y 5 por homicidios de personas que habrían muerto por causa de agentes del Estado. 20 personas estaban hospitalizadas con riesgo vital.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

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«UNA MIERDA LA SALUD AQUÍ EN CHILE, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza», dice Gladys con rabia. «La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera. ¿Por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos? Despertó Chile, Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón», reclama. Su descontento, es el reflejo de muchos que en su vida cotidiana no han sentido que viven en uno de los países más prósperos de Latinoamérica.

La rabia de Gladys tiene sus orígenes en la inequidad producida por un sistema económico implementado bajo la dictadura de Pinochet en los años 80. El llamado «milagro» de su sistema económico, comenzó cuando un grupo de economistas chilenos que había estudiado en la «Chicago School of Economics» con Milton Friedman, el llamado padre del neoliberalismo, asesoró al dictador Pinochet en la creación e implementación de políticas que permitieron instaurar una economía de libre mercado, privatizar la salud, la educación, el agua, la jubilación y los recursos naturales.

Juan Andrés Fontaine fue uno de los llamados «Chicago Boys», hoy ministro de Economía. Días antes de que las protestas paralizaran la ciudad, y haciendo frente al descontento ciudadano por el alza del pasaje, dijo a la prensa que, para evitar pagar más, la gente podía madrugar y tomar el tren a las 7 de la mañana.

«Un señor dijo que había que levantarse a las 4 de la mañana, para que el metro fuera más barato, qué idiota; oye, han matado a niños por un cigarro, han matado a jovencitas; ¿se tienen que levantar tan temprano para que la tarifa del metro y la micro les salga más barata? Por favor, no estamos, no sé po, en Las Condes, estamos en pueblo de nadie», reclama Gladys.

El modelo económico que Chile instauró, generó un desarrollo que ha sido admirado en América Latina por lograr uno de los crecimientos más rápidos de la región; aunque ello no derivó en mayor igualdad.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

«Vamos a tener que ceder nuestros privilegios y compartir con los demás», dijo nerviosa Cecilia Morel, la Primera Dama chilena, en un mensaje privado de voz que envió luego de que estallaran las protestas sociales masivas. Estas le produjeron un desconcierto tan grande que las comparó con una «invasión alienígena».

Patricia también estaba acongojada, aunque su preocupación no era por perder privilegios.

«A mí me asusta porque se ve el comienzo, pero no se ve el fin que esto vaya a tener. Balazos múltiples, el helicóptero que está arriba de mi casa permanentemente, los milicos que pasan a cada rato; nos quedamos sin supermercados, sin farmacia, sin locomoción, sin metro. En este minuto nos sentimos aislados, como en una isla, y sentimos que la propia gente nos está traicionando por decirlo de alguna manera», cuenta.

En las calles. Los cuerpos de seguridad han ocupado también las calles de las principales ciudades de Chile.

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SENTADA EN EL PATIO DE SU CASA, en Lo Prado, Gladys recuerda los años de niña en los que cerca de su calle, las aceras eran chacras donde cosechaba papas, lechugas y tomates. No eran épocas de abundancia, pero nunca faltó el carretón de verduras y el puesto de la feria para vender hortalizas nunca estuvo vacío. Gladys es vendedora informal, una categoría que en la estadísticas oficiales la ubica como empresaria independiente. Su economía depende de las empanadas y pasteles de choclos que es capaz de vender al día en la feria de su barrio. Aquella que se instala muy cerca del metro chamuscado.

Gladys dice que pensó que al volver la democracia en los años 90 su vida iba a ser mucho mejor. «Pero fue peor», lamenta. «Empezaron las alzas, vamos subiendo las cosas», alega.

En un país en que un parlamentario gana mensualmente hasta 13.000 dólares – 31 veces el sueldo mínimo-, cuando Gladys vende 30 empanadas, anda feliz. Pero el entusiasmo dura poco. El ingreso se diluye rápido detrás de facturas de agua, gas y electricidad, que sólo este año ha tenido un alza en la tarifa de un 19 %.

El sueldo mínimo en Chile es de 423 dólares y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 562 dólares al mes. Es un monto alto para la región, pero el costo de la vida es más caro y el dinero «no alcanza», dice Gladys. El arroz, las papas, el pan, el aceite y los huevos, son más caros en Chile que en cualquier otro país de Latinoamérica, al igual que el alquiler, afirma un artículo de este mes publicado por la BBC Mundo.

«Si en la feria la gente pudiera pagar con tarjeta, acá se comprarían hasta la última papa», dice.

En Chile, las tarjetas de crédito de bancos y casas comerciales son la forma en que las personas pueden acceder a una vida que no siempre pueden financiar. «La gente ya no tiene dinero en los bolsillos, andan todos con las tarjetas», asegura Gladys. Ella tiene la tarjeta de la casa comercial «Corona» y gracias a eso su hijo pudo comprar en cuotas su teléfono móvil.

El año pasado, las deudas de las familias chilenas llegaron a su máximo histórico y el FMI catalogó, en 2017, al país como aquel con los hogares más endeudados de América Latina.

Estudiar ha sido, por décadas, una de las deudas más pesadas.

En pie. Postales de la semana de protestas que remecen al país sudamericano que durante décadas fue elogiado por su modelo económico.

Gladys vive con su hija y sus dos nietas. Le gustaría algún día verlas estudiar en la universidad, dice. Doctora, ingeniera. Pero el sueño es ambicioso. Quizás, si alcanza, sea para una de las niñas y piensa en cómo podría su hija elegir cuál. «No se puede», dice.

En 2015, Chile era el cuarto país con los aranceles universitarios más caros del mundo, según datos de la consultora inglesa Expert Market. Las familias gastaban en promedio 73% de su sueldo en financiar una carrera universitaria, dicen las cifras del estudio citado internacionalmente.

Aún la universidad debe pagarse, incluso en un establecimiento público, ya que este debe autofinanciarse. La educación superior había sido gratuita en el país hasta 1981, cuando Pinochet flexibilizó los requisitos para crear universidades privadas, estas se multiplicaron y fijaron sus propios aranceles.

Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 las que pusieron en la agenda el acceso a una educación pública gratuita y de calidad como un derecho y no un bien de consumo. Hoy, con la «gratuidad» aprobada, sólo pueden estudiar gratis quienes pertenezcan a familias del 60 % de menores ingresos de la población y hayan ingresado a las instituciones que están adscritas a ese beneficio.

El país tiene también uno de los sistemas de educación escolar más segregados del mundo. 9 de los 10 colegios con mejores puntajes en la prueba de selección universitaria del año 2018 son particular pagados. Sólo uno es municipal y gratuito. Para estudiar en alguno de esos nueve establecimientos durante un año, una familia deberá desembolsar más de 3,400 dólares si quiere inscribir a un hijo en el más barato, y más de 17,600 dólares para incorporarlo al más caro.

Las nietas de Gladys, asegura, jamás podrían asistir a uno de estos establecimientos pagados.

Las condiciones en muchos de los establecimientos públicos no son óptimas. En 2013, cuando Chile crecía al 4.1 % y el presidente Piñera ejercía su primer gobierno, más de mil establecimientos no tenían agua potable de forma constante, y más de 70 tenían sólo letrinas y no baños. Cinco años después, en julio de 2018, los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados insistían en acceder a recursos para mantener y arreglar su infraestructura.

El entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo: «Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?… La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga».

Para Gladys, quien antes de ser feriante trabajó en la construcción, limpió departamentos y sacó escombros, los dichos de Varela reflejan la enorme desconexión de la clase política con la ciudadanía.

En las masivas protestas que continúan a lo largo del país no se ven pancartas ni banderas de partidos políticos. A Gladys tampoco le interesa nada de eso. En sus cinco décadas dice haber visto todos los colores, todos los discursos, todas las promesas desfilar delante de ella. Nunca el resultado fue lo que esperaba. Ni en los 23 años de gobierno de la centroizquierda, ni en los 6 años de la derecha.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. “Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, dijo. Esto le costó el puesto.

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GLADYS ES DIABÉTICA y sus controles médicos los hace a través del sistema de seguro de salud público, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa. A veces, imagina que sería bueno vincularse a una Isapre, Institución de Salud Previsional del sistema privado, y así, tal vez, podría acceder de manera más barata a una clínica, también privada, y acortar los tiempos de espera. Si se rompiera una cadera, podría operarse inmediatamente y no pasar por los 469 días de espera promedio que toma una cirugía traumatológica, según datos del Ministerio de Salud. El 42 % de los pacientes de Fonasa que van a ser operados de alguna patología, espera al menos un año para ser tratado. En el sistema público no hay suficientes camas, ni médicos.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. «Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social», dijo. Esto le costó el puesto.

Pero Gladys sabe que tener Isapre tampoco es la mejor opción. Sabe que también aquellos que pagan por el sistema privado han salido a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Por el alza de precios en los planes de salud, por la baja cobertura, por las preexistencias, por el acceso restringido a centros de salud.

Estallido social. La noche en la que estallaron las manifestaciones, el presidente Piñera cenó en un restaurante.

Como sea, en cualquiera de los dos casos, privado o público, si Gladys compra medicamentos de marca en una farmacia, deberá pagar por ellos más de lo que gastaría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú o en México.

Le angustia pensar en su vejez, ajustada de maneras que no logra imaginar, a una pensión que, en promedio, alcanza los 266 dólares mensuales para las mujeres.

El sistema previsional chileno fue creado en 1980 por José Piñera, hermano del Presidente, y es uno de capitalización individual obligatoria. Esto significa que una persona que percibe una remuneración debe depositar cada mes el 10 % de ella en una cuenta personal que maneja una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Estas AFP son privadas y cobran un porcentaje por gestionar la cuenta, independientemente de la rentabilidad o pérdida que tengan.

El sistema ha sido altamente beneficioso para los grupos económicos chilenos. Un estudio de la Fundación Sol concluyó que el 58 % de los dineros de los futuros pensionados, más de 124,336 millones de dólares, es invertido en empresas de los grupos Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari.

Gladys lo sabe bien y tiene una opinión al respecto: «La AFP (administradoras de pensiones) le está robando a todo el mundo nuestro dinero, y ellos se la trabajan para el bolsillo de ellos, todos esos ladrones ricos, que mandan el país de Chile»

La pensión que reciba cada persona al jubilar dependerá del monto que alcanzó a reunir en su cuenta, de la cantidad de años en que cotizó y de la buena o mala inversión que hizo la AFP con el dinero que el trabajador aportó. Los hombres, por ejemplo, reciben 445 dólares mensuales en promedio.

«Por eso los viejos están enfermos. Se enferman de estrés», dice Gladys.

Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios con 17.7 casos por cada 100 mil habitantes, según un estudio realizado por Ana Paula Vieira, académica de Gerontología de la U. Católica y presidenta de la Fundación Míranos. Solo entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en el país.

Recuerdos. Gladys Zúñiga con su hijo cuando terminó la educación primaria.

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ES MARTES EN LA NOCHE, han sido cinco días de intensas protestas. Luego de pedir perdón por la «falta de visión» de los problemas del país, el Presidente Piñera anuncia las reformas con las que busca responder al estallido social y mitigar la tensión: un aumento del 20 % a la pensión básica solidaria, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas para poner «un techo al gasto de salud de las familias», un ingreso mínimo garantizado de 480 dólares para los trabajadores de jornada completa, un 5 % más de impuestos para las rentas superiores a 11,000 dólares, bajar la dieta parlamentaria, entre otros.

Si el Presidente Piñera hubiese anunciado esos cambios antes del 18 de octubre, quizás hubiese sorprendido a los chilenos; pero ahora, en realidad, Patricia no sabe cómo determinar si eso es un buen punto de inicio. Le molesta que se hable de cambios que esperan en el Congreso hace cinco años, como la rebaja del sueldo parlamentario, que cuando fue propuesta por diputados de un nuevo frente político, estos recibieron burlas de diputados y senadores.

«Hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia, que están decididos a todo, a dar la pelea, versus los viejos que estamos esperando que pase no sé qué», dice Patricia. Aunque está asustada, cree que se necesita tener una nueva Constitución, hacer asambleas libres y consultas ciudadanas reales. «Que hubiera gente que realmente nos represente en los partidos, en el Senado, pero yo veo que en este minuto nadie nos representa… ni por la educación, ni por la salud, ni por los viejos. Nos sentimos como a la deriva», lamenta.


Esta colaboración sobre el panorama chileno fue realizada por Paulette Desormeaux y Michelle Carrere para CONNECTAS.

Los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico

Fotografía de CONNECTAS

Elena tenía 20 años cuando aceptó ser ‘tragona’, y dos hijos, uno de tres y otra de un año. Cuando emprendió el viaje, en enero de 2018, la bebé aún era amamantada. Dejó a sus hijos a cargo de su hermano menor, de 17 años. También le dejó a su cargo a su otro hermano, de siete años, y quien fue la razón para tomar el ‘empleo’ de ‘tragona’. “Acepté llevar ovoides por necesidad económica.

Necesitaba para comprar una válvula para mi hermano que tenía desnutrición grave y no se alimentaba normal por una malformación cerebral congénita”, dice Elena. Como la mayoría de las mujeres utilizadas como correos humanos por el narcotráfico, Elena es de Cochabamba y es madre soltera. Tenía un empleo parcial limpiando casas en el que le pagaban 600 bolivianos mensuales ($87). Le prometieron mil dólares por hacer el viaje, lo que es igual a 3.3 salarios mínimos en Bolivia y multiplicaba por 10 sus propios ingresos.

“Me lo ofrecieron en un bus. Conocía a un señor que era del mismo lugar de donde yo vivía. Él me ofreció, me dijo: ‘Yo trabajo con eso, si querés yo te hago conseguir’ y me dio un número. Era una persona mayor que yo conocía desde que era niña. No sé (si se dedica a reclutar mujeres), pero yo creo que sí (…). Lo pensé como tres semanas, pero él me presionaba, me llamaba, me preguntaba si lo iba a aceptar: ‘¿Lo vas a llevar?’ y, al final, sí lo acepté porque era lo necesario. Necesitaba para mi hermano”.

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DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DE SU MARIDO, Celia Casorla perdió la tuición de sus hijos y tuvo problemas de alcoholismo. También perdió la motocicleta que usaba para trabajar como taxista en Cochabamba. “Me sentía mal, vacía. Me hacían falta mis hijos, no querían hablar conmigo. Me rechazaban (la llamada por) el celular. Y me dediqué a la bebida. Bebí, bebí, bebí, bebí, durante todo un año. Al siguiente año… ya las deudas… al final, se me venció el alquiler. Y yo, tomando nomás”.

Celia escuchó que se “ganaba bien llevando”, así que un día decidió contactar a un traficante. “¿Conoce alguien que trabaje con doña Blanca?”, preguntó en varios tugurios de Cochabamba, hasta que llegó al hombre que le ofreció su primer ‘contrato’. Celia fue llevada por el narcotraficante a Pisiga, en la frontera con Chile. Ahí la hicieron tragar los ovoides. “No podía, te juro que lo vomitaba. No podía tragar. Te duele la garganta. Y qué dije: Ya que no pude dar nada a mis hijos y me dediqué a la bebida, lo voy a hacer por mis hijos, nada más por mis hijos, voy a pagar toda mi deuda y voy a hacerlo por ellos. Cada vez que no podía, tenía que acordarme de eso. ¿Sabes tomar bebida? toma esto. Y tomé. No pude todo. Me faltaba como un cuarto de kilo. No pude y le dije al señor ese: ‘Aunque no me pague todo, aunque sea la mitad me sirve, pero no voy a tomar más. No puedo más, mi cuerpo no quiere, yo quiero, mi cuerpo no quiere. ¿Qué quiere que haga?’ ‘Ya po’ vamos entonces’, me dijo”.

Un kilo de cocaína pura cuesta en Bolivia unos $2,200. A las ‘tragonas’ (quienes tragan ovoides de cocaína) y ‘mulas’ (quienes llevan la droga en maletas o fajadas a su cuerpo) les pagan hasta $1,500 por llevar ese kilo desde Bolivia hasta Santiago de Chile, donde se venderá a $15 cada gramo. Es decir, los narcos pueden obtener $15 mil por el kilo si es que la venden tal como llegó. Pero, en la gran mayoría de los casos, la cocaína es mezclada con otros productos como yeso o talco para aumentar la ganancia.

Pago. Un kilo de cocaína pura cuesta en Bolivia unos $2,200. A las ‘tragonas’ y ‘mulas’ les pagan hasta $1,500 por llevar ese kilo desde Bolivia hasta Santiago de Chile.

Las transportadoras en algunas ocasiones son acompañadas dentro del bus por un vigilante de la mafia. En otras les toman una fotografía en la terminal de buses en que se embarcan y se les entrega un teléfono celular viejo. Al llegar a la terminal de buses de destino, alguien más las espera y las lleva a una casa de seguridad. Las declaraciones de las mujeres, consignadas en las sentencias judiciales en Chile, dan cuenta de estos mecanismos.

“Viajé a comprar telas a Oruro, se me acercó una señora que me ofreció un trabajo de traslado de droga hasta Iquique. En la terminal me esperarían y me pagarían $300. La señora me tomó una fotografía para reconocerme. Debía entregar el paquete en el terminal de Iquique a esta misma persona” (extracto de declaración de C. P. H, de 30 años, quien estuvo un año presa en Chile antes de ser expulsada). “En la terminal de Iquique conocí a una señora de nombre Margarita que me entregó mil dólares y ‘100 chilenos’ por trasladar cuatro paquetes de droga hasta Calama; esta señora compró los pasajes para viajar, me esperaría en el terminal de Calama y me sacó una foto con su celular” (extracto de declaración de E. R. L., 38 años, condenada a cinco años y un día de pena efectiva).

“En Pisiga dos personas me entregaron la carga y me dijeron que debía pasar la ‘tranca’. Me levanté y empecé a caminar, cuando sale una patrulla, me asusté y corrí, no pude escapar. Le dije a los señores que me suelten, que no es mía, que me la entregaron unos señores en Pisiga. No me creyeron y me encerraron (…) Me iban a pagar $1,000 en la terminal de Iquique, pero no me pagaron nada. Estoy encerrada 12 meses (…) Ellos fueron el día de mi cumpleaños a mi casa, les cuento los problemas de salud de mi hija y que costaba 8 mil bolivianos, ellos piden mi número y me llaman el 17 de septiembre, diciéndome que fuera a la frontera y ahí me pasaron la droga; me llamaban por teléfono. Cuando me detuvieron me encontraron dos teléfonos pequeños, el otro me lo dieron” (extracto de declaración de F. J. C., de 43 años, estuvo presa un año y dos meses antes de ser expulsada).

“En la terminal de Iquique conocí a una señora de nombre Margarita que me entregó mil dólares y ‘100 chilenos’ por trasladar cuatro paquetes de droga hasta Calama; esta señora compró los pasajes para viajar, me esperaría en el terminal de Calama y me sacó una foto con su celular”.

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FRANCISCA FERNÁNDEZ es antropóloga y perita de la Defensoría chilena. Esa entidad le encargó un estudio sobre los perfiles de las mujeres indígenas extranjeras condenadas en cárceles del norte de Chile. Por meses recorrió las cárceles y entrevistó a condenadas, principalmente bolivianas. Para Francisca Fernández, estas mujeres son utilizadas como material desechable por las bandas y lo ejemplifica con uno de los casos que conoció: “Tres mujeres van sentadas juntas en el bus y llevan las mismas zapatillas blancas, nuevas, con una planta alta. Era evidente que, si las vestían así, iban a ser revisadas”. La antropóloga presume que fueron enviadas para desviar la atención de los policías, mientras que al mismo tiempo por alguno de los cientos de pasos clandestinos se ingresó un cargamento más grande.

La Defensoría ha notado que en varios casos la droga es llevada tan burdamente, que es como si alguien quisiera que fuera descubierta. Para la entidad, es posible que las bandas estén usando a personas pobres para concentrar los esfuerzos de los policías en un punto, mientras se ingresan grandes volúmenes de droga por otro; o que se trata de ‘falsos 22’, un concepto que refiere el número del artículo de la Ley 20,000 (contra el narcotráfico) sobre la cooperación compensada, que algunos narcotraficantes utilizan para disminuir sus condenas.

En Chile un ‘falso 22’ es la persona que fue contratada para llevar droga o ‘cargada’ con ella, sin saber que será delatada por un narcotraficante ya preso. El narcotraficante lo delata para así acceder a beneficios. Hay casos documentados por la Defensoría respecto a ‘falsos 22’, como el de un agricultor de Oruro que solo hablaba fluidamente quechua y que fue cargado con droga en un hostal de Antofagasta. Estuvo nueve meses preso. Otra causa que llama la atención es el de una mujer quechua que cumple una condena por narcotráfico en Chile desde hace cuatro años. Ella es uno de los pocos casos de mujeres bolivianas reincidentes. Según los documentos de su causa, la condenada tiene una deficiencia mental y es analfabeta. Fue descubierta por segunda vez portando droga en 2014, en la aduana El Loa, mientras viajaba en un bus. Su primera detención había sido en la misma aduana, por lo que un funcionario la reconoció. Llevaba la cocaína en una pizzera eléctrica.

Si son distractivos o no, es difícil comprobarlo. Pero una cosa es segura, son tantas las mujeres detenidas y tanta la droga decomisada que, si el narco sigue apostando por la vía de las ‘mulas’ y ‘tragonas’ para enviar droga al sur, es porque sigue siendo muy rentable.

Gabriel Carrión, jefe de estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, la región de Chile donde hay más bolivianos y bolivianas capturados por narcotráfico, sostiene que la política persecutoria en Chile no busca a los propietarios de la droga, sino que se centra en los flancos débiles y descartables, los transportadores al por menor. “Los fiscales optan por una opción práctica: buscan condenar a quienes llevan la droga, y si les preguntan por los dueños de la droga, explican que no les corresponde (perseguirlos) porque tendría que realizarse una investigación extraterritorial”.

Un kilo. Un ovoide contiene 10 gramos de cocaína. Las mujeres ingieren 100 ovoides para así trasladar 1 kilo de la droga dentro de su cuerpo.

Aunque las Policías chilena y boliviana afirman que sí se comparten entre ellas la información recopilada en las detenciones de ‘tragones’ y ‘mulas’; la Fiscalía de la región chilena de Tarapacá reconoce que no se han realizado investigaciones transnacionales. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, dice: “Hasta la fecha en la región no hemos tenido investigaciones de tráfico de droga en la que hayamos trabajado con la Fiscalía boliviana”.
Aunque el conflicto data de principios del siglo XIX, cuando Bolivia perdió su salida al océano Pacífico en un conflicto bélico, estos países suramericanos –vecinos por 850 kilómetros de frontera– desde hace 40 años tienen rotas sus relaciones diplomáticas. En marzo de 1978 retiraron a sus embajadores y en los últimos cuatro años el ambiente se enrareció aún más, luego de que Bolivia interpusiera una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para obligar a Chile a dialogar sobre una salida soberana al mar.
Esta situación llevó a que una reunión para hablar justamente sobre temas fronterizos, entre ellos la lucha contra el narco, fuera suspendida. El 3 de septiembre, dos días antes del encuentro, Chile dijo que las condiciones no estaban dadas para la cita y un mes después, 1.º de octubre, La Haya falló en contra del pedido boliviano. Desde entonces los líderes de ambos países se lanzan dardos por las redes sociales y medios de comunicación sin concretar una agenda bilateral.

Celia Casorla recuerda que el primer carabinero que se subió al bus se acercó a ella y le preguntó qué llevaba en la botella de yogur. —Yogur, obvio –le contestó. —Entonces tome un sorbo –le dijo el carabinero–. Celia abrió la botella tratando de que no se le notaran los nervios y tomó un trago grande. La cocaína iba al fondo del frasco, envuelta en plástico y bien apretujada. No se soltó. El carabinero continuó de largo y Celia respiró un poco más tranquila–.

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ELENA TRAGÓ GRAN PARTE de los ovoides en Oruro, Bolivia, y viajó hasta la frontera acompañada de un vigilante del dueño de la droga. En Pisiga tragó el resto de los ovoides en un hostal clandestino donde pagó 25 bolivianos por pasar la noche, aunque esa noche no durmió.

En la madrugada cruzó hacia Chile por un costado de la Aduana. Al lado de esa Aduana hay una pampa eterna que tiene varios apodos puestos por los lugareños del pueblo de Pisiga. “El hueco” y “la tranca” son los más comunes.
Caminó por la misma ruta usada por los contrabandistas de frutas y verduras, de ropa, de automóviles, de droga y los coyotes que llevan migrantes hacia ‘el sueño chileno’. Llegó al amanecer hasta un pequeño paradero de buses en el pueblo de Colchane, Chile, donde unas comerciantes con polleras ofrecen sus productos a los viajeros. Elena tomó el primer bus a Iquique; y en Iquique, otro más hacia Antofagasta. Ya llevaba más de 24 horas con los 98 ovoides en su estómago. En ese tiempo no pudo tomar más que agua y refresco. Comer algo sólido le haría expulsar la codiciada carga.

En el control aduanero El Loa, a 3 horas de su destino final, la revisó un funcionario de Aduanas. —¿Estás llevando los huevitos? —No, no, no. —Estás llevándolos, tienes que decirlo, estás muy nerviosa. “Luego me dijo que lo reconozca por el bien de mis hijos, que esto no era permitido y que lo aceptara, y que me iba a ayudar en algo si lo aceptaba. Al final lo reconocí. Ya no podía más, mi conciencia ya no me dejaba y dije: ‘Sí, estoy llevando’”.

Falso 22. Es la persona que fue contratada para llevar droga sin saber que será delatada por un narcotraficante ya preso. El narcotraficante lo delata para así acceder a beneficios.

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SER UN PASAJERO boliviano en un bus dentro de Chile es ser sospechoso y, por ende, las posibilidades de ser revisado por la policía son mayores. María Avendaño estuvo presa en Chile dos años y seis meses, hasta que fue absuelta. En 2007 fue detenida en un bus cerca de la frontera, mientras viajaba con su hijo. La acusaron de ser la dueña de una maleta que portaba 23 kilos de cocaína y un overol blanco de hombre.

Después de que la maleta fue encontrada en medio de una revisión rutinaria, la policía le preguntó al auxiliar del bus quién era el propietario, y este aseguró que era María. Ella lo negó. No le creyeron y fue apresada.
Para la Defensoría Penal Pública este caso es un ejemplo de un trabajo policial mal realizado y de agentes gubernamentales dejándose influenciar por los prejuicios. “No se levantaron huellas desde el bolso o muestras de ADN para vincular de alguna forma a la imputada con la propiedad del equipaje”, explica la Defensoría Penal Pública en el documento Proyecto Inocentes, que recopila historias de personas detenidas por error en Chile.
El hijo de María, médico de profesión, fue dejado en libertad, pero debió quedarse a vivir en Chile para no alejarse de su madre. Trabajó dos años y medio en una farmacia hasta que su madre, quien fue sometida a un juicio oral, fue absuelta.

De haberse declarado culpable, María Avedaño podría haber estado mucho menos tiempo en prisión. A lo mucho 431 días. Los bolivianos que reconocen culpabilidad en delitos con penas inferiores a los cinco años de prisión pueden acceder a la expulsión del territorio nacional, con la condición de no volver a Chile durante un periodo de 10 años. El 93 % de las 325 bolivianas condenadas en el norte de Chile, entre 2017 y el primer trimestre de 2018, accedió a este beneficio. Ellas tuvieron un tiempo promedio de encarcelamiento de 7.5 meses, esto según un análisis de las sentencias del Poder Judicial contra mujeres bolivianas en el norte de Chile en 2017 y primer trimestre de 2018.

“Son mis hijos, quiero estar con ellos, su infancia me la estoy perdiendo. La adolescencia no es lo mismo. Cuando son niños te dan besos, abrazos, sin vergüenza, y cuando grandes lo primero que van a decir es: “¿Por qué me vienes a pedir ahora, si cuando era niño ni siquiera estabas?”

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SEGÚN LOS DATOS de la Defensoría de Tarapacá, un 58 % de las 180 mujeres bolivianas condenadas en 2017 declaró ser indígena. En su mayoría fueron recluidas en la cárcel de Alto Hospicio, a 230 kilómetros de la frontera con Bolivia.
Alto Hospicio es una de las comunas más pobres de Chile. Está en el puesto 76, entre 90 ciudades, en el Índice de Calidad de Vida Urbana realizado por la Universidad Católica de Chile. Nació como un conjunto de ‘tomas’ en el sector alto de la ciudad de Iquique y está unida a esta por una sola vía que culebrea por la Cordillera de la Costa.

No es una comuna turística como la vecina Iquique, sino más bien industrial, pero a pesar de lo agreste del paisaje, las mujeres bolivianas que llegan hasta la cárcel de Alto Hospicio tienen algunas ventajas si se compara su situación con la de sus coterráneas que caen en otras prisiones chilenas. La primera es que en ese penal hay más bolivianas presas que de cualquier otra nacionalidad, incluida la chilena, lo que les significa sufrir menos episodios de discriminación de parte de otras internas. “Ellas conforman comunidades de connacionales”, afirma Gabriel Carrión, abogado de la Defensoría chilena.

Usados por el narco. Un total de 1,265 bolivianos estaban recluidos en Chile durante 2017, el 92 % debido a delitos relacionados con el narcotráfico.

Otra ventaja es que en la región de Tarapacá, la Defensoría creó una unidad especializada en la defensa indígena, lo que permite contar con intérpretes en algunos casos en que las mujeres imputadas no hablan español. Gabriel Carrión explica que su organismo debió contratar un defensor especializado y una facilitadora intercultural, lo que ha permitido reducir los tiempos de tramitación de las causas y, sobre todo, que las mujeres accedan a información. “Es que por regla general la mujer boliviana cumple las reglas y la disciplina. Es de bajo perfil. Tanto así que a veces ni siquiera se dan cuenta de las vulneraciones”, advierte Carrión, quien también es boliviano.

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“CASI TODOS LOS DÍAS hay alguna detención”, asegura el sargento Ramiro Ahumada, de la brigada de Carabineros encargada de la persecución del narcotráfico, el O. S. 7. “En la madrugada siempre cae algo”, agrega.
El sargento Ahumada ha prestado sus últimos años de servicio en el control carretero en Huara, un pueblo rodeado de nada a 100 kilómetros de la frontera con Bolivia. Ahí se encarga de revisar los buses que bajan desde el altiplano.
—Es experto en detectar a los que vienen con ovoides, los reconoce al tiro –dice el teniente Gustavo O’ Ryan, su superior jerárquico en el O. S. 7, pero que parece más joven que el sargento Ahumada–.
—Es que vienen con señales que uno ya detecta con la práctica, obviamente no le puedo dar los detalles –dice el sargento con una leve sonrisa de orgullo. Algunos rasgos característicos de una persona que lleva ovoides en su cuerpo son: sequedad en la boca y los ojos, producto de la deshidratación. Además de hinchazón en la barriga. Y nerviosismo–.
—Lo que da más pena es cuando las mujeres vienen con niños. A veces con guagüitas de ocho meses. Hay que decirle a una mujer carabinera que se quede con los niños mientras se hace el procedimiento. Los niños no tienen la culpa de lo que hacen los padres –dice el sargento–.

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CUANDO DETUVIERON a Elena la llevaron hasta un container, justo frente a la Unidad de Urgencia del Hospital Regional de Iquique. Ahí estuvo dos noches, mientras evacuaba los ovoides.
En el container debió estar sentada todo el tiempo en una banca. No había camillas donde recostarse. Le dieron agua y sopas. Nada sólido. De esa forma se evita que los ovoides salgan muy sucios.
—No es solo desagradable para los detenidos estar ahí –dice un policía–. —Hay que sacar los ovoides con guantes de la bacinica y lavarlos. El olor dentro, sobre todo cuando hace mucho calor, es desesperante –describe–.
Mientras estuvo en el container, Elena vio pasar a otros cuatro detenidos por ahí. Tres hombres y una mujer. Todos ellos bolivianos. Después de que evacuó el último ovoide, le dijeron que tenía derecho a avisar al consulado boliviano de su situación para que este, a su vez, avisara a su familia en Bolivia. Como la mayoría de las ciudadanas bolivianas que son detenidas en Chile, Elena prefirió que no. Durante los meses que estuvo en la cárcel en Chile, no habló por teléfono con ellos ni recibió visitas.
—Yo pedí al consulado que no avisaran. Ellos van a querer venir, yo sé que no tienen plata para venir acá y esa plata sirve para mis hijos o mi hermano. Elena no tuvo noticias de su familia, excepto por una.
—Me llegó una carta de Bolivia, que una señora me la trajo. Yo le mandé una carta a su hija, su hija habló con mi hermana y mi hermana me mandó la carta y me mandó plata. Es mi hermana mayor. En la carta decía que mi hermano menor, el de la enfermedad, falleció. Ahí me enteré que mis hijos estaban con ella y mi otro hermano también. Mi hermano pequeño, que era como mi hijo, falleció el 2 de julio.

Después de tomar el sorbo desde el envase de yogur, Celia Casorla respiró más tranquila. Hasta que unos asientos más atrás los policías descubrieron a un hombre boliviano con droga. Una policía volvió a sospechar de ella y la hicieron bajar del bus.
—¿Qué lleva ahí?
—Yo creo que ya sabe qué es.
—¿Sabía que por esto va a ir detenida?
—Sí ya sé.

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“SIEMPRE DIGO: ‘Yo iba a pasar’”, exclama Celia Casorla al recordar el día que la detuvieron en el control carretero de La Negra, a la salida sur de la ciudad de Antofagasta, el 10 de diciembre de 2017.
Sobre la garita de La Negra, dice que la mayoría de sus compañeras en la cárcel cayó ahí mismo. “Dan ganas de quemar ese lugar”, recalca entre risas.

La cárcel femenina de Antofagasta –donde Celia pasa sus días desde que la atraparon– es un exconvento que aún tiene una figura de la virgen en el hall de la entrada. Su patio interior mide 12 metros de largo por 6 de ancho. Las mujeres visten chalecos y polainas de lana. Conversan. Unas ríen. “Sáqueme una foto, quiero salir en la tele”. Una se seca las lágrimas en una esquina, mientras una amiga la consuela. Algunas tejen. Otras están en círculo escuchando a un hombre de unos 50 años que tiene una biblia en la mano. El patio es húmedo, frío, estrecho, rodeado de alambres de púas, pero está pintado de rosado.

Detrás del patio están las ventanas de las celdas. En los barrotes cuelgan polleras, calzones y sostenes. “El espacio para colgar ropa es muy pequeño, así que la ropa interior la cuelgan ahí”, explica una gendarme. Además, en esas ventanas llega mejor el calor del sol.

Las sillas del patio son iguales a las de cualquier escuela pública. Uno de los respaldos de las bancas tiene este mensaje: “Patio Bolivia”. La frase fue escrita con plumón negro. Después de las chilenas, las bolivianas son la nacionalidad más común en esta cárcel. “Somos 20 bolivianas aquí”, comparte el número exacto Celia.
A ella la descubrieron porque el auxiliar del bus en que viajaba alertó a los carabineros de La Negra que un pasajero, que estaba sentado más atrás que ella, olía a excremento. El viajero había expulsado ovoides en el baño del bus y se los guardó. Sospecharon de Celia porque tenía una botella de yogur de la misma marca que la del pasajero descubierto. “Algún día me voy a encontrar con el muchacho y le voy a decir: ‘Por qué no te limpiaste bien el culo, yo estuve en la cárcel’”.

Maribel, de 25 años, fue detenida en Santiago el 24 de julio de 2017 y 12 meses después fue puesta en la frontera, expulsada de Chile y con orden de no ingresar a ese país en un plazo no menor a 10 años. Es de Potosí, una de las zonas más altas de Bolivia –a 4,067 metros sobre el nivel del mar–, pero confiesa que, al llegar a la frontera, a 3,695 metros sobre el nivel del mar, después de estar tanto tiempo en Santiago, se sintió un poco mal. La llevaron en un jeep de la Policía de Investigaciones, acompañada de cuatro agentes. De Chile no se lleva buenos recuerdos. Dice que en la cárcel donde estuvo, el trato no era bueno y no estaba acostumbrada a la comida. Asegura que el viaje a Chile lo hizo para juntar dinero y estudiar Ingeniería en la universidad. Le ofrecieron $1,500. “Sí, estoy arrepentida”, dice lacónica y con una breve sonrisa muy tímida.

Junto a ella, está Carmen, de 27 años, quien fue expulsada el mismo día. En su caso asegura que la cesantía la llevó a aceptar transportar la droga. “Tengo tres hijos, llevaba un año sin trabajo, en Chile había trabajado en la fruta, en Melipilla. Me ofrecieron llevar a Santiago y me darían $1,500. Eso son como seis meses de sueldo en Bolivia”.
Ambas no se conocían en Potosí, pero hicieron el viaje juntas y fueron atrapadas en el mismo hospedaje de Santiago, mientras estaban evacuando. En ese procedimiento también cayó preso un chileno, quien era el encargado de recibir la droga y pagarles. El chileno estuvo seis meses en prisión y salió a la calle, con libertad vigilada, mientras que las jóvenes bolivianas estuvieron el doble de tiempo en la cárcel.

Maribel y Carmen fueron expulsadas el 1.º de julio de 2018. Esa misma semana el Gobierno chileno anunció la aceleración de los procedimientos de expulsión de extranjeros infractores de ley. Las imágenes en la televisión mostraron cómo por el mismo paso fronterizo de Colchane-Pisiga fueron expulsados cientos de bolivianos que llegaron en buses procedentes de distintas cárceles de Chile. La causa de su encarcelamiento era la misma: ‘tragones’ o ‘mulas’.

Según el Ministerio del Interior de Chile, entre 2013 y 2017 fueron expulsados 6,185 extranjeros.
Esta lista la encabeza Bolivia con 3,070 deportados. Le sigue Perú, con 1,214; y Colombia, con 1,174.

Aunque más del 90 % de los casos las condenadas bolivianas por narcotráfico son expulsadas de Chile, y así ese país se ahorra los más de mil dólares mensuales que cuesta al Estado mantener un preso, Elena está preocupada porque su juicio aún no se realiza. Es julio y ya ha pasado casi medio año desde que fue detenida. Según ella, al magistrado que vio su caso no le gusta dar expulsiones antes de que la detenida pase por lo menos seis meses en la cárcel.
—El tribunal dijo que yo tengo que cumplir los seis meses, y que él no aceptaba un (juicio) abreviado antes de los seis meses. Eso entendí porque ahí hablan muy rápido y no se entiende. No puedo decir nada, no tengo opinión de nada ahí, nos traen de vuelta aquí a la cárcel, al hogar, dulce hogar, le decimos.

Un abogado defensor comenta que algunos jueces están actuando así porque consideran que si a los transportadores de drogas se les expulsa muy rápido “no aprenden la lección”.
—Pero yo no lo volvería hacer por nada. Porque yo necesito estar con mis hijos. Yo sé que ellos son chiquitos y todo lo que he hecho, y me arrepiento mucho de cometer este ilícito, por traer aquí todo eso, era por necesidad –dice Elena–.
Durante esta investigación se revisaron 325 sentencias de mujeres bolivianas condenadas por narcotráfico en cárceles del norte chileno. En el 98 % de los casos ellas nunca antes habían cometido un delito, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en ningún otro país, tal como Elena.

“La policía nos llevó a los que estábamos allí a una sala del hospital para que veamos a un hombre que se estaba muriendo porque se le habían reventado las cápsulas en su estómago. Quería que veamos las consecuencias de lo que habíamos hecho. Nos decía que, si a nosotros no nos importaba nuestra vida, a ellos sí”.

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CELIA CASORLA, después de admitir responsabilidad y cooperar con la investigación, fue condenada en juicio abreviado a cinco años de prisión, pero su condena fue conmutada por la expulsión.
Una fría mañana de agosto, algo extraña para una ciudad desértica como Antofagasta, pocas semanas antes de que la expulsión se cumpliera y fuera llevada a la frontera en un bus, Celia relató su historia para este reportaje. Fue la única que quiso hacerlo mostrando su rostro. “Esto puede servir a otras mujeres para que no les pase los mismo”, dijo.
—¿Tu familia sabe que estás acá?
—Sí, me da miedo…
—¿Por qué?
—Yo tengo más miedo a mis hermanos, porque nos hemos criado nosotros no más, solo mi mamá y mis hermanos. Mi mamá lloró harto cuando yo estuve acá. Vino dos veces. La primera que vino llegó tranquila. La segunda que vino quisieron asaltarla. Si yo no hubiera estado aquí, mi mamá no iba a correr nada de eso. Qué tal que por venirme a ver a mí le hubieran hecho daño. ¿Y la conciencia?
—¿Tus hijos saben que estás acá?
—No.
—¿Cómo vas a enfrentar eso, cómo se lo vas a contar?
—Tengo guardado algunos papeles de la abogada, algo que diga que sí estuve, aunque sea para mis hijos. Porque quiero ir a pelearlos, esta vez quiero pelearle al papá de mis hijos, por lo menos a salir con mis hijos. Porque son mis hijos, quiero estar con ellos, su infancia me la estoy perdiendo. La adolescencia no es lo mismo. Cuando son niños te dan besos, abrazos, sin vergüenza, y cuando grandes lo primero que van a decir es: “¿Por qué me vienes a pedir ahora, si cuando era niño ni siquiera estabas?”
—¿Qué será lo primero que harás cuando llegues a Bolivia?
—Abrazar a mi mamá y pedirle perdón por haberle dado preocupación y después ir a ver a mis hijos y explicarles por qué no he aparecido, por qué no he llevado material escolar, por qué no estuve en sus cumpleaños… explicar.

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ELENA ESTÁ parada a los pies de una tumba en un cementerio del Chapare, Bolivia. Es el mediodía de un caluroso día de octubre. Se abanica con las manos. El viento ha dejado de soplar y el bochorno hace que una gota de sudor le surque la frente, luego otra y otra. Un 13 de septiembre fue dejada en la frontera con el compromiso de que no vuelva a poner un pie en Chile en 10 años. Después de someterse al control en Migración en Bolivia, de que revisaran si tenía o no antecedentes en su país, quedó en libertad. Lo primero que quería era volver a casa, abrazar a sus hijos, recuperar el tiempo perdido, pero no sabía cómo. No tenía un peso en el bolsillo.

Telefoneó a un familiar para que le prestara dinero para el pasaje y así tomó el primer bus a Cochabamba. Llegó de noche. Hacía frío y tenía hambre, pero no tenía dinero. Se quedó en la terminal. Al día siguiente su hermana, la que había cuidado a sus hijos, llegó a su rescate.

La última entrevista para esta investigación la da junto a la tumba de su hermano, Lázaro, quien falleció cuando ella estaba en la cárcel de Alto Hospicio y por quien hizo ese viaje a Chile cargando droga.
El panteón está alejado del pueblo. Mejor así, Elena quiere pasar inadvertida, que los vecinos no se enteren de que está hablando con periodistas.

Los siete meses y 15 días de reclusión en Chile le han marcado un profundo abismo. Sus hijos, pese a su corta edad, la ven como a una extraña. Le llaman mamá a su hermana.
—Cuando llega mi hermana corren a su encuentro, la abrazan. Eso me duele. Tengo que recuperarlos. Estoy buscando trabajando.
Sabe que ‘aquel viaje’ no sirvió para nada. No pudo despedir a Lázaro, sus hijos están distantes y quedó con recuerdos que quisiera olvidar, pero no puede.
Tiene muy presentes dos escenas: la primera, cuando la detuvieron.
“Ya llegó otra narcoburra”, le dijo una agente de Carabineros.
Esa sería la primera vez, pero no la última en la que se referirían a ella con ese término.
—”¿Ustedes creen que Chile es como su país?, ¿corrupto? Aquí no somos así, de aquí no saldrás libre”, me dijeron. Me sentía mal. Estaba sola, sin ninguna visita, mi familia no podía, no tenía dinero.
Elena ahora traslada sus pensamientos a la cárcel de Iquique.
—¡Uhhhh! Está llena de bolivianas. Hay de todas las edades, pero en su mayoría son jóvenes. Hay quienes no hablan español solo quechua. Hay también mujeres de pollera. Es duro.
La segunda escena que recuerda está relacionada con los primeros días su detención. Estaba en el container afuera del Hospital de Iquique, donde Chile recibe a las ‘tragonas’ para que expulsen la droga.
—La policía nos llevó a los que estábamos allí a una sala del hospital para que veamos a un hombre que se estaba muriendo porque se le habían reventado (las cápsulas) en su estómago.
—Quería –continúa relatando Elena– que veamos las consecuencias de lo que habíamos hecho. Nos decía que, si a nosotros no nos importaba nuestra vida, a ellos sí.

A su vuelta al Chapare, Elena hizo algo que no sabe explicar bien por qué. Fue a buscar al hombre que la metió en el lío. Quería que le reconociera, en dinero, el tiempo que estuvo encarcelada, pero no encontró nada más que la noticia de su desaparición desde ya hace tres meses.

Costo. Más del 90 % de los casos las condenadas bolivianas por narcotráfico son expulsadas de Chile. Así ese país se ahorra los más de mil dólares mensuales que cuesta al Estado mantener un preso.

*Esta investigación ha sido realizada por Cristian Ascencio del Diario El Mercurio de Antofagasta (Chile), Nelfi Fernández del Diario El Deber (Bolivia) y Carlos Luz del Diario La Estrella de Iquique (Chile) en alianza con CONNECTAS. Se publica en el marco de un acuerdo de difusión de contenidos con LA PRENSA GRÁFICA.