Moisés Alvarado

Más de 90 miembros de la Policía Nacional Civil han sido acusados por delitos sexuales en los últimos cuatros años ante la Fiscalía General de la República. Muchos de estos fueron cometidos en el marco de sus acciones oficiales, prevaleciéndose de su cargo, y contra menores de edad. Testimonios, cifras y expedientes judiciales dan cuenta de un fenómeno al que, según algunos expertos, es imposible conocer en su totalidad debido a una imposición de silencio.

Enrique Rais y una red de colaboradores, ayudados por José Luis Merino, sostuvieron negociaciones con representantes de la española TCB y la filipina ICTSI para asegurarle a una de las dos la concesión de la terminal de contenedores y carga general de puerto Cortés, en Honduras, licitada en 2013. Uno de sus apoyos principales podría ser el expresidente Porfirio Lobo. El puerto, de entrada, le significaría unos $47.5 millones anuales a su ganadora. Actualmente, la terminal de Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México, Canadá y Panamá.

La compañía Las Vistas fue conformada en 2012 expresamente para adquirir 38 inmuebles en la exclusiva residencial Garden Hills, en Nuevo Cuscatlán. Tras rotar por varias manos, la sociedad pasó a ser propiedad de una empresa ligada a ALBA Petróleos de El Salvador y al abogado José Mauricio Cortez Avelar, identificado como uno de los principales testaferros de José Luis Merino por tres instituciones en Estados Unidos. La mayoría de las casas vendidas fue a parar a las manos de personas y sociedades relacionadas con Merino. La empresa ha representado un mal negocio, con sospechosas pérdidas de más de $1 millón.

La extorsión es uno de los delitos más extendidos en la sociedad salvadoreña. Su ubicuidad hace posible que una persona pueda ser víctima, incluso, de sus mismos familiares. A pesar de que las autoridades afirman que existe un alto grado de efectividad en su combate, la revisión de decenas de expedientes judiciales da cuenta de que quien es condenado es, casi siempre, quien se encarga de recoger el dinero, no quien amenaza y, quizá, es el beneficiario final de su acción.

La Ley de Extinción de Dominio ocupa cada vez más espacio en la discusión pública. En la Asamblea Legislativa incluso se ha redactado una propuesta técnica de reforma que contempla aspectos clave de la misma y que podría ser votada esta semana. Tres expertos internacionales, quienes participaron en la redacción de la ley modelo de Naciones Unidas y de la versión salvadoreña, opinan sobre la pertinencia de las modificaciones de un instrumento que persigue propiedades, no individuos. Las opiniones están divididas sobre qué tanto debe modificarse.