El trabajo infantil es un fenómeno que, a pesar de algunos esfuerzos, continúa siendo una realidad en El Salvador. La familia Obando, de Izalco, es un retrato de esta permanencia y de la naturalidad con la que el problema es visto en el país. Una naturalidad impuesta por la falta de oportunidades.
El rostro del agricultor en El Salvador es uno cada vez más viejo: 58 años, según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La actividad ha dejado de ser rentable para el grueso de la población, debido a sus altos costos, a su imprevisibilidad y a los bajos precios a los que pueden vender sus productos. Los jóvenes que no tienen otra opción, sin embargo, continúan luchando por sacarle frutos a la tierra y a sus propias vidas.
Tras los terremotos de 2001, cientos de familias en Santiago de María se quedaron sin hogar. Fueron reubicadas en espacios llamados albergues. Les dijeron que sería por seis meses, pero fueron 15 años de hacinamiento, ausencia de servicios básicos y violencia. A partir de 2016, la mayoría cuenta con una vivienda digna con solo algunos ítems por cubrir, gracias a su persistencia y la de su alcalde. Otros, sin embargo, todavía deben vivir como lo han hecho desde 2001.
En Izalco, Sonsonate, la mayor parte de la población es abastecida de agua gracias a organizaciones comunitarias como APROMUPIZALCO, que han mantenido el flujo constante desde hace décadas gracias a un método en el que prima el esfuerzo común. Su labor, sin embargo, se enfrenta a diferentes obstáculos, como el de la violencia de las pandillas, que tienen una agresiva presencia en la zona.
El músico salvadoreño Arturo Corrales decidió partir hace casi dos décadas a Europa en busca de un sueño. Ahora goza de una sólida carrera en Ginebra, Suiza, caracterizada por la composición de una obra que desafía las convenciones de la música académica. Su propuesta combina aportes electrónicos y de las músicas autóctonas de todo el mundo, sobre todo de El Salvador.
La persecución y el castigo de los delitos de corrupción de alto impacto han sido una deuda del Estado salvadoreño desde la década pasada. El examen a las sentencias relativas da como resultado una constante: los castigados son funcionarios de bajo rango, con pocas responsabilidades. Las excepciones se cuentan con los dedos de una mano.
Brenda Vanegas acaba de llevar a cabo el preestreno (no comercial) de “Volar”, una película salvadoreña que se convirtió en la última participación artística de la actriz Isabel Dada, fallecida en junio de 2017.
El papa Francisco en persona condenó a un exsacerdote salvadoreño por abuso sexual en menores. La decisión es inapelable. A pesar de ello, el sentenciado, Antonio Molina, insiste en señalar errores en el proceso. Fue uno de los tres casos con los que la Iglesia católica nacional buscó demostrar su compromiso en contra de este delito.
Sara decidió denunciar que un sacerdote abusó sexualmente de ella cuando era una niña. Se acercó al Arzobispado de San Salvador. Le dijeron que no podían ocuparse de su caso porque el acusado es de una orden religiosa. El Derecho Canónico, la ley que rige a la Iglesia católica, dice otra cosa.
Cinco empresas con activos millonarios comparten la misma dirección legal, una diminuta oficina apenas suficiente para un consultorio médico. Según la Fiscalía, cuatro de ellas ayudaron a lavar fondos públicos desviados por el expresidente Antonio Saca. La defensa de los imputados en el proceso penal sostiene que dichos recursos provenían de servicios prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Cada una de las compañías posee millones de dólares en inmuebles, desde residencias hasta haciendas cañeras.