Por: Héctor Silva Ávalos

Escupirle al país

Y me cuesta creerle al fundador de Nuevas Ideas cuando reviso que, cada vez que ha sido cuestionado, su respuesta ha sido la misma: no responder por lo que se le reclama, que no ha sido poco, sino atacar a quien le reclama.

Trumplandia

Esta columna fue publicada por primera vez en noviembre de 2016. La realidad que describe sigue vigente, y se ha tornado incluso más oscura.

Mienten

Mataron para exterminar, fuera de lo que la ley les permite. Mataron a pandilleros desarmados y también a ciudadanos que nunca pertenecieron a pandilla alguna.

La Corte Suprema y la Fiscalía están en peligro

Todo termina en manos de los políticos, y lo único que nos queda a los ciudadanos es seguirles reclamando sus movidas. Eso, reclamarles en voz alta, muy alta.

Fiscalía, la batalla que viene

No es solo que al país le ha urgido desde siempre una Fiscalía limpia, es que necesita una que sea eficiente, que logre condenas, que empiece a remover del Estado las pestes de la corrupción.

La voz del santo

Hoy Monseñor Romero debería ser nuestra significación más universal. Su inminente nombramiento como santo de la Iglesia católica debería servir para dar vigencia definitiva a su mensaje.

La hipocresía absoluta de la campaña electoral

¿Qué podemos esperar si votamos por quienes negocian con pandillas, cabildean por llevar corruptos a la Fiscalía, apuñalan la Constitución o, tan frescos, hacen campaña con orgullo al lado de un prófugo? Siempre tenemos una opción: podemos no votar por ellos.

Racista

Con el magnate neoyorquino esas ideas de desigualdad basadas en la raza, el origen étnico o la nacionalidad salieron de la oscuridad en que el sentido común de la política estadounidense las había puesto durante décadas.

¿Y hoy contra quién va a perder la Fiscalía?

Meléndez llegó, como ya escribí antes en más de una ocasión, arropado por la esperanza de que él iba a ser mejor que Martínez, Garrid Safie o Astor Escalante, lo cual, de nuevo, era un mínimo.

Montano en España

Para encubrir a los asesinos de los jesuitas, el Estado salvadoreño mutiló su aparato de justicia, antes y después de los Acuerdos de Paz.