Por: Glenda Girón

Las instituciones no gozan de la confianza de la población. Es uno de los enormes costos de la corrupción. Cuando algo falla, no hay a quién acudir.

De las personas mayores de edad que viven con VIH, solo dos de cada 10 tienen acceso a un puesto de trabajo en el que gozan de los beneficios de ley, como seguro social y pensión. Al resto, le toca fabricar su propio espacio para percibir ingresos. Este es un cruce en el que el estigma y la discriminación aún pesan.

El VIH no es una condena a muerte. Pero aún es una condena social. Los antirretrovirales, siempre que se aborden con disciplina, otorgan bienestar físico. ¿Y de ahí?

La respuesta está en el colectivo. La que presentamos acá es la historia de una mujer que construyó con sus manos la casa en la que vive y que sueña con dejar a sus hijos como patrimonio.

Por estos lados, el gran problema de la literatura es que sigue buscando cómo sobrevivir.

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla.

El Salvador, por medio de empresas ligadas a ALBA, ha formado parte de esta red en la que no solo se transó dinero, sino que también poder.

Un estadounidense de 50 años de edad puede solicitar el ingreso de una guatemalteca de 13 o 15 años para unirse a ella de forma legal, sin levantar alarmas, sin que ninguna institución se oponga en nombre de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Entre las pérdidas más sensibles está la educación. Al limitarla, se reducen las posibilidades de desarrollo en todo sentido.

Hay niñas que han conocido más la cárcel que la escuela y eso nos describe bien como una sociedad injusta y desigual.