Por: Glenda Girón

El Salvador es uno de los países en donde es posible que una niña menor de 15 años formalice una unión con el adulto que, en términos definidos en el Código Penal, ha abusado de ella.

En el país hay niñas que establecen uniones con hombres mucho mayores que ellas, sin estar embarazadas. Pero solo cuando salen embarazadas, el delito se hace evidente. E incluso cuando se hace evidente, el delito de estupro o violación queda opacado si el perpetrador asume una responsabilidad económica o si, en contra de lo que dice el Código Penal, se casa con la víctima. Esto es lo que se desprende de dos informes publicados el año pasado.

Cálculos de instituciones como la Organización Panamericana de la Salud indican que la cantidad de mujeres afectadas por trastornos mentales duplica a la de hombres. Esto sin tomar en cuenta otros factores particulares del país que acaban reduciendo más las oportunidades para la población femenina, como la discriminación, la brecha salarial y la falta de acceso a educación y justicia.

La investigación más reciente indicaba que se invertía menos del 1 % del presupuesto de Salud en servicios de salud mental. Los indicadores de prevalencia de trastornos mentales permiten reconocer que en El Salvador no hay recursos para detectar a todas las personas que urgen ayuda de este tipo. Un acontecimiento ejemplarizante es el de la mujer que en noviembre del año pasado atentó contra sus tres hijos con un machete, mató a la niña de seis años y dejó heridos a un niño de nueve y a una de cuatro. A la mujer, en el caserío, se le acusa, aún hoy, de ser bruja, no de sufrir un trastorno mental avanzado.

El 75 % de las agresiones sexuales se han cometido en casa de la víctima, en ese sitio que debería significar resguardo.

Hoy mueren menos mujeres que antes por problemas gestacionales; sin embargo, las que mueren lo hacen por causas que son prevenibles y esto es lo que convierte el fallecimiento de una embarazada en violencia.