Las mujeres en El Salvador representan el 52.7 % de la población y a pesar de ser mayoría demográfica solo el 32 % de curules están ocupadas por diputadas en la Asamblea Legislativa. Aunque el país ha ratificado convenios internacionales y creado normativa especial, la participación política de mujeres no está creciendo de la manera que se esperaba y lo más probable es que en las elecciones de diputados de 2018, esa premisa se mantenga.
Por su economía dolarizada y por su ubicación geográfica, El Salvador ha sido definido por entes internacionales como “un refugio ideal para el lavado” o como una de las plazas financieras del crimen organizado. A pesar de las reformas impulsadas en la legislación especial para combatirlos, los casos juzgados en el país relacionados con el delito de lavado de dinero son, en su mayoría, el resultado de incautaciones de efectivo en las fronteras. Pero el país podría ocultar flujos de dinero sucio, ocultados a través de diferentes estrategias, que las autoridades nacionales aún no son capaces de detectar.
En los últimos cinco años, la Dirección Nacional de Medicamentos destruyó 131 mil medicinas que no cumplían con los estándares de calidad necesarios para el consumo humano. En promedio, son más de 26 mil productos los que año con año se han eliminado del mercado. Este tipo de medicina, que abunda en El Salvador, no solo representa un peligro para la salud de la población, sino que su comercio también puede constituir un delito perseguido por la Fiscalía General de la República. Un delito por el que hasta el día de hoy, hay gente procesada penalmente.
Más de 90 miembros de la Policía Nacional Civil han sido acusados por delitos sexuales en los últimos cuatros años ante la Fiscalía General de la República. Muchos de estos fueron cometidos en el marco de sus acciones oficiales, prevaleciéndose de su cargo, y contra menores de edad. Testimonios, cifras y expedientes judiciales dan cuenta de un fenómeno al que, según algunos expertos, es imposible conocer en su totalidad debido a una imposición de silencio.
Este es un recorrido en imágenes por los estragos que causa en una persona el mal de Parkinson. Este relato no deja fuera el desgaste que también sufren los cuidadores de los pacientes con esta enfermedad degenerativa.
Roberto Salomón tiene 71 años de vida y 50 años dedicados al teatro. Fue uno de los fundadores del extinto Bachillerato en Artes, dirigió el Teatro Nacional, ha sido docente y en 2014 recibió el Premio Nacional de Cultura. A pesar de ser un director teatral con éxito en Europa y Estados Unidos, decidió quedarse en El Salvador, aunque eso implicó quedarse a vivir en un país donde muchos consideran al arte como algo superfluo y al artista, un bruto.
Vladimir Amaya es considerado uno de los poetas más prometedores de El Salvador actual, no solo por la calidad de sus versos. También es reconocido por su labor de rescate poético en varias antologías, en las que critica y dialoga con el canon nacional. Su estandarte más importante en esta última faena es “Torre de Babel”, que en 18 tomos se erige como la colección más completa de poesía salvadoreña. Vladimir enfoca sus esfuerzos, además, por un trabajo de promoción de la poesía en espacios tradicionalmente olvidados.
Durante la década de los ochenta, las actividades públicas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaban ligadas a la labor de denuncia. Con la transición del movimiento guerrillero a fuerza política, el partido se caracterizó por no dudar en salir a manifestarse en la calle cuando lo consideraba necesario. Con el gobierno del FMLN pasa algo distinto. En Casa Presidencial se ha establecido un instructivo para evitar que las protestas se acerquen a los mandatarios que antes marchaban en la vía pública. El documento en el que se regula el control de las concentraciones deja algunos vacíos que, a juicio de algunos entrevistados, pueden servir para excusar el uso de fuerza excesiva sobre la ciudadanía.
Enrique Rais y una red de colaboradores, ayudados por José Luis Merino, sostuvieron negociaciones con representantes de la española TCB y la filipina ICTSI para asegurarle a una de las dos la concesión de la terminal de contenedores y carga general de puerto Cortés, en Honduras, licitada en 2013. Uno de sus apoyos principales podría ser el expresidente Porfirio Lobo. El puerto, de entrada, le significaría unos $47.5 millones anuales a su ganadora. Actualmente, la terminal de Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México, Canadá y Panamá.
La compañía Las Vistas fue conformada en 2012 expresamente para adquirir 38 inmuebles en la exclusiva residencial Garden Hills, en Nuevo Cuscatlán. Tras rotar por varias manos, la sociedad pasó a ser propiedad de una empresa ligada a ALBA Petróleos de El Salvador y al abogado José Mauricio Cortez Avelar, identificado como uno de los principales testaferros de José Luis Merino por tres instituciones en Estados Unidos. La mayoría de las casas vendidas fue a parar a las manos de personas y sociedades relacionadas con Merino. La empresa ha representado un mal negocio, con sospechosas pérdidas de más de $1 millón.