Por: Moisés Alvarado

La compañía Las Vistas fue conformada en 2012 expresamente para adquirir 38 inmuebles en la exclusiva residencial Garden Hills, en Nuevo Cuscatlán. Tras rotar por varias manos, la sociedad pasó a ser propiedad de una empresa ligada a ALBA Petróleos de El Salvador y al abogado José Mauricio Cortez Avelar, identificado como uno de los principales testaferros de José Luis Merino por tres instituciones en Estados Unidos. La mayoría de las casas vendidas fue a parar a las manos de personas y sociedades relacionadas con Merino. La empresa ha representado un mal negocio, con sospechosas pérdidas de más de $1 millón.

Una investigación de tres instituciones en Estados Unidos identificó al abogado José Mauricio Cortez Avelar como uno de los principales prestanombres de José Luis Merino, político salvadoreño para el que congresistas norteamericanos han pedido una indagación financiera. Los nombres de Cortez y de otros habituales colaboradores aparecen en los registros de una red de empresas con sedes en El Salvador, Panamá y Nevada (EUA). Tras una pesquisa que se alargó por meses, Séptimo Sentido también pudo certificar una compleja operación inmobiliaria realizada en El Salvador, en la que hay indicios de lavado de activos y en la que participa Cortez como parte de una maraña de empresas. Esto será parte de la segunda entrega de este especial. El cierre será la reconstrucción de las negociaciones por la concesión de la terminal de contenedores de Puerto Cortés, Honduras, donde Enrique Rais y el propio Merino buscaban participar como mediadores.

La extorsión es uno de los delitos más extendidos en la sociedad salvadoreña. Su ubicuidad hace posible que una persona pueda ser víctima, incluso, de sus mismos familiares. A pesar de que las autoridades afirman que existe un alto grado de efectividad en su combate, la revisión de decenas de expedientes judiciales da cuenta de que quien es condenado es, casi siempre, quien se encarga de recoger el dinero, no quien amenaza y, quizá, es el beneficiario final de su acción.

Por primera vez en la historia, el Premio Nacional de Cultura reconocerá a un exponente de la fotografía documental, una forma íntimamente relacionada con el periodismo. Estos tres grandes exponentes de esa rama de las artes visuales, aspirantes sin reparos al galardón, han documentado la historia del país con uno de los lenguajes más universales y sintetizadores que existen. Luis Galdámez, Francisco Campos e Iván Montecinos iniciaron su carrera en uno de los momentos más difíciles del país, la guerra civil, la que paradójicamente les dio la oportunidad de exponer su trabajo en las más importantes publicaciones a escala mundial. El premio, según la Secretaría de Cultura de la Presidencia, pretende dignificar su trabajo, uno todavía no totalmente apreciado en El Salvador.

La Ley de Extinción de Dominio ocupa cada vez más espacio en la discusión pública. En la Asamblea Legislativa incluso se ha redactado una propuesta técnica de reforma que contempla aspectos clave de la misma y que podría ser votada esta semana. Tres expertos internacionales, quienes participaron en la redacción de la ley modelo de Naciones Unidas y de la versión salvadoreña, opinan sobre la pertinencia de las modificaciones de un instrumento que persigue propiedades, no individuos. Las opiniones están divididas sobre qué tanto debe modificarse.

Desde la homilía y desde sus comparecencias públicas, ha sido una voz que no teme señalar los vicios de la sociedad en la que habita. Ha sido también el hombre perfecto para el diálogo, al que acuden los bandos en conflicto en busca de respuestas. Gregorio Rosa Chávez, el primer salvadoreño en la historia que será nombrado cardenal de la Iglesia católica, se revela en este trabajo como un hombre caluroso que se esfuerza por ser alguien sencillo y accesible, a pesar de los honores y las responsabilidades, capaz de darle espacio a quien lo busca. Un hombre, en fin, que existe para mantener vivo en su figura el legado de sus grandes maestros, Óscar Romero y Arturo Rivera y Damas, en una sociedad convulsa y necesitada como la de El Salvador.

Andrés tenía 16 años cuando fue golpeado y torturado por un grupo de policías y soldados que buscaban obtener de él una información que no conocía. Fue en mayo de 2016. Estuvo recluido por dos días y medio por un delito que no existió. Decidió denunciar. Él y su madre ahora son refugiados en otro país, uno que sí les garantiza protección a su integridad personal. El caso fue judicializado el 31 de marzo. La Fiscalía acusó a dos policías por los delitos de tortura y fraude procesal.