Por: Glenda Girón

En El Salvador que tenemos se registra un caso de corrupción cada 29 horas. Y esta es una de las razones de más peso en el desencanto de la población con el trabajo de los gobiernos locales y del central.

Lejos de ser solo tráfico, las marchas educan, porque en un país tan negado a abrir las puertas hacia una educación libre e inclusiva, queda eso: gritar en la calle para que lo escuchen tantas como se pueda.

Manda un mensaje importante en este tiempo. Ese de que es posible construir incluso acá, en donde ninguna promesa se cumple.

La de los adultos mayores es una deuda urgente. Es otra de esas injusticias imperdonables que son posibles por un Estado negligente y una sociedad que mira para otro lado.

En un corto tiempo llegaron a la opinión pública tres casos que la institución religiosa buscó resolver con toda la celeridad posible.

Los salvadoreños protagonistas de esta historia cuentan cómo, pese a estar calificados para realizar labores, no consiguen quien los contrate por falta de documentos.

Hay en esto algo que no se puede obviar y es el empuje de los sobrevivientes que, a costa incluso de su propia salud física, no están dispuestos a quitar el dedo del reglón. Saben que ninguna paz se basa sobre la impunidad.

Este trabajo es efectivo en demostrar que la barbarie con la que se ataca a este colectivo es significativamente alta, pero ni este ensañamiento focalizado ha sido suficiente para activar los mecanismos de justicia.

Después de tanto sufrimiento acumulado, el país no aprende la lección y sigue yendo a la deriva.

La transparencia no es un accesorio ni es una deferencia. La transparencia es indispensable en toda acción que lleve a cabo un gobierno democrático.