Izalco y sus pioneros del agua

Lavaderos públicos. Estos lavaderos fueron construidos, según los pobladores de Ayagualo, hace casi 60 años. Piden a la alcaldía ayuda para hacer unos nuevos.

“No hay otro vertiente como este. Entre más se usa, más parece que saca. La tierra es agradecida”, dice Raúl Chilulum sobre la fuente de agua que provee a más de 10,000 personas en Izalco. En la práctica, una de cada cuatro personas de este municipio, el más poblado de Sonsonate, tiene agua en su hogar gracias a este nacimiento, ubicado en el cantón Los Arenales, muy cerca de la frontera entre el vecino Nahuizalco y Juayúa.

Raúl Chilulum es desde hace más de una década el presidente de la Asociación del Proyecto Múltiple del Agua de Izalco (APROMUPIZALCO), la organización más grande entre todas aquellas que proveen a los habitantes de este municipio del occidente del país. Uno en el que la participación del Estado en esta tarea es marginal: de los 38 sistemas que existen, solo dos corresponden a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Son los de la parte más urbana. El resto es responsabilidad de varias ADESCO o de entidades como la capitaneada por Chilulum. Dieciséis de estos sistemas pertenecen a APROMUPIZALCO.

Para esta entidad, todo nace aquí, en medio de dos colinas, en un complejo de verde y brisa fresca entre las ramas. Para llegar, hay que dejar la carretera de Los Naranjos e ingresar a un camino de tierra, empinado y resbaloso, imposible de remontar para un vehículo con tracción convencional. Y encargarse de quitar los habituales derrumbes (robustas rocas, tan grandes como un congelador) para que el carro pueda pasar. Los hombres no tienen más que sus manos y fuerza para hacer esta labor.

Pero el esfuerzo vale la pena: el paisaje es un jardín de quietud. Aquí está un amplio estanque al que vienen a parar los remanentes de los tres sistemas que hay en este espacio. Uno alimenta a Los Naranjos, en Nahuizalco. El otro es de ANDA, y va a dar a los municipios de Sonsonate y Sonzacate. El restante es el de Chilulum y los suyos, el único que no necesita de potentes máquinas de bombeo para cumplir con su trabajo: el líquido se transporta desde estas montañas hasta el chorro de cada familia gracias, en exclusiva, a la gravedad.

La tubería madre. Esta tubería de hierro fundido transporta el agua desde los manantiales hasta los pozos. Ya cumplió su vida útil, por lo que esperan apoyo para reemplazarla.

La vertiente subterránea es filtrada a través de grandes peñas, pasa por varias cajas de captación hasta que llega a la tubería madre, hecha de hierro fundido. Esta recorre kilómetros y kilómetros hacia los tanques de cada comunidad, que varían en tamaño dependiendo de la población a la que alimentan. Desde ahí, las tuberías van a cada familia.

Se trata de un sistema autosuficiente: cada uno de los 3,800 socios de la organización aporta $2 al mes. De cada pago, $1 se queda dentro de la comunidad para la reparación de cualquier eventual daño y para poder clorar, más o menos diariamente, el agua. Su administración depende de una filial de APROMUPIZALCO dentro de la comunidad, que es independiente de las ADESCO. Sus miembros hacen su trabajo sin cobrar un centavo. El hecho de tener agua en casa es suficiente estímulo. El único que gana un sueldo fijo es un fontanero, al que se le paga entre $120 y $150 cada mes.

El otro dólar se queda en la administración central, que lo utiliza para el mantenimiento de la enorme tubería madre y para las inversiones más grandes. También para el papeleo y el orden que debe mantener como organización no gubernamental sin fines de lucro que es, pues está inscrita como tal ante el Ministerio de Gobernación. Anualmente entrega balances de sus actividades a esa institución. En la central de la entidad solo se le paga a dos trabajadores: una secretaria y un fontanero general. Este puesto es ocupado por Chilulum, quien se encarga ad honorem del trabajo de administración y representación legal.

El agua que sale de la vertiente es tan clara que es posible ver, al tiempo que se contempla el fondo del estanque, el propio rostro. Llevarse un poco del líquido al rostro con las manos, beber aquello que apenas acaba de nacer es un reflejo natural. Chilulum y los dos miembros de filiales de agua que lo han acompañado a esta visita sonríen, miran a su alrededor y dan un suspiro. Parece que contemplan lo conquistado: es un terreno que le pertenece a la asociación. Lo mismo hacen los tres policías que han venido para darles seguridad.
Cuando se piensa que desde aquí se abastece a más de 10,000 personas, cuesta creer que todo nace de un espacio no mayor a una cancha de básquetbol.

“Como le digo, la tierra es agradecida: de un poquito da tanta riqueza”, dice Chilulum. Pero la sensación de la conquista se topa con la realidad. El mismo dirigente acepta que, actualmente, necesitan de ayuda, “ya sea del Gobierno o de otra entidad”. El proyecto inició en 1985, hace 33 años. La tubería madre ya pasó su tiempo de vida útil, que, según las recomendaciones, es de 30 años.

Chilulum (moreno, estatura baja, ojos achinados, complexión recia) dice que sería bueno que el Gobierno “hiciera uso de sus buenos servicios” para poder, también, instalar una segunda tubería madre. Eso les serviría para abastecer a las comunidades que todavía no tienen agua en Izalco, como el cantón Las Marías, en la parte norte.

Con el sistema actual, les es imposible darle agua a más gente: están conscientes de que la instalación de más mechas sería en detrimento de todo el conjunto.

“Una segunda tubería podríamos llevarla hasta un punto y, de ahí, distribuir a las comunidades. Con lo que tenemos ahorita, el agua pierde potencia al pasar por tantas casas”, dice Chilulum.
Eso es algo que apoya la maestra Laura de Soto, presidenta de ADESCOHUIS, una de las organizaciones comunitarias que, como APROMUPIZALCO, han mantenido corriendo por décadas el agua desde los manantiales de las partes altas hasta los hogares. Sabe que las comunidades que no tienen agua los tildan como egoístas.

“No es así. Es que somos conscientes de que nada es ilimitado. Esa es la diferencia de nosotros con ANDA. Para ellos, entre más pajas (mechas) de agua ponen, es mejor, aunque a la gente no le llegue el agua”, comenta.

El agua que sale de la vertiente es tan clara que es posible ver, al tiempo que se contempla el fondo del estanque, el propio rostro. Llevarse un poco del líquido al rostro con las manos, beber aquello que apenas acaba de nacer, es un reflejo natural. Chilulum y los dos miembros de filiales de agua que lo han acompañado a esta visita sonríen, miran a su alrededor y dan un suspiro. Parece que contemplan lo conquistado: es un terreno que le pertenece a la asociación. Lo mismo hacen los tres policías que han venido para darles seguridad.

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Ese día de marzo de 2015, Vicente (nombre ficticio) salió a revisar a las 4 de la mañana que todo fuera bien con el tanque de agua que abastece a la comunidad donde vive, Ágape, un complejo de casas donado a principios de los noventa para personas de escasos recursos por la organización liderada por el sacerdote Flavián Mucci. Esta certificación es un trabajo que ha hecho diariamente desde hace años.

Esa madrugada, el tanque estaba vacío. A pesar de que era verano, el agua del nacimiento, ubicado en el cantón Talcomunca (el mismo donde está el penal), había sido en todos esos meses un portento de constancia. Afligido, decidió organizar una expedición con otros hombres de la comunidad. Primero, se comunicó con el dueño del pick up que los llevaba en momentos de emergencia, un síndico de la Alcaldía Municipal de Izalco. Este le dijo que era posible partir a las 8 de la mañana.

Entonces, Vicente fue tocando de puerta en puerta para hacerse de la cuadrilla necesaria para enfrentar los daños que, según él, imposibilitaban que el agua llegara hasta sus casas. El primero en decir que sí fue Carlos (nombre ficticio), un joven padre de familia. Poco a poco se fueron sumando más personas.

A las 8, el contingente salió hacia Talcomunca. Tras cruzar una tras otra calles llenas de piedras, llegaron al cantón Chorrera Blanca. Una desafortunada curva del camino les impidió ver lo que estaba más adelante: Una veintena de hombres armados, esperando por su llegada. El desperfecto no era otra cosa que un daño ocasionado por estos miembros de pandilla, una excusa para obligarlos a subir a lo que ya era tierra de nadie.

Al llegar al recodo, era muy tarde para desandar el camino. Los pandilleros los rodearon y les exigieron bajar del vehículo. A Carlos, el joven padre, lo arrastraron hacia una parte alejada. Roberto, el otro del grupo que apenas había dejado la adolescencia, intentó huir saltando a unos cafetales que se encontraban a un lado del camino. A los pocos minutos, le dieron alcance y lo llevaron al mismo sitio donde ya tenían a Carlos.

Vicente y el resto de hombres fueron atados de pies y manos, con el cuerpo boca abajo. Los pandilleros reían al enredar en la hoja de su machete los largos cabellos de Carlos. Este look lo convirtió en un objetivo prioritario de sus captores. Vicente y los suyos solo oyeron las lamentaciones de los dos muchachos, inmovilizados por la rabia, el miedo y las cuerdas.
El ruido, poco a poco, fue mermando: el grupo de pandilleros se alejó con los más jóvenes. Los otros se quedaron ahí, sin saber qué hacer. Esperaron un rato para comenzar a luchar por desatarse. La suerte le sonrió a uno de ellos, quien minutos antes le había rogado a su captor que no le dejara los nudos tan apretados. Se liberó y pudo ayudar al resto. Huyeron de ahí sin ganas de regresar.

Cooperación. Muchos de los proyectos sobreviven, además de por el aporte de sus socios, por la ayuda de entidades internacionales. Una de ellas es la embajada de Alemania en el país.

Vicente ha estado trabajando con unos trozos de madera en el umbral de su casa. Desde acá señala los zapatos que usó en aquella ocasión, cuando llegó a creer que no la contaría.
“La autoridad ya sabía que todo eso estaba pasando allá, arriba, pero no nos habían avisado. Si hubiéramos sabido, no hubiéramos subido”, dice Vicente.
Carlos y Roberto fueron reportados, ese día, como desaparecidos. Pero desde entonces, hace tres años ya, no se ha sabido nada de ellos. Sus familiares se han resignado a no tener la oportunidad de sepultarlos.

Pero subir hasta el nacimiento es un requisito indispensable para que el agua siga fluyendo. ADESCOMIL, la organización comunitaria que maneja el agua que llega hasta la comunidad de Vicente, ha tenido que acudir, en cada oportunidad que se hace una visita, a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para que al menos tres elementos los acompañen. Han pasado tres años desde la gran crisis, pero nadie se ha atrevido, desde entonces, a arriesgar el pellejo subiendo sin seguridad.

Eso, explica Vicente, ha multiplicado los gastos de ADESCOMIL: en cada oportunidad hay que pagar un automóvil, que cobra $60, para transportar a trabajadores, soldados y policías. Antes se desplazaban en bus, pagando $0.40 por persona. A eso se suma un refrigerio para cada agente. Por fortuna, muchos de aquellos que laboran pertenecen a la comunidad y hacen gratis el trabajo. Pero cuando se necesita personal extra, las tarifas han aumentado: se ha sumado el factor riesgo.

Los socios de ADESCOMIL, unos 150, deben cancelar cada mes $4 por el servicio: en ese cobro va, también, un porcentaje destinado a la hija huérfana de Carlos, a quien la comunidad ha decidido ayudar hasta que cumpla los 18 años.

La de esta ADESCO no es una historia exclusiva. Relatos parecidos pueden ser escuchados si se camina un poco por estas vecindades, ubicadas a unas cuantas cuadras de la alcaldía municipal. Es el caso de los dirigentes de ADESCOHUIS, a quienes les asesinaron a un joven trabajador cuando fueron a reparar una fuga cerca de su nacimiento, en Talcomunca. O el de los de ACASAPIGO, que sufrieron un atentado en el que murieron dos personas. O el de la misma gente de APROMUPIZALCO.

Es una norma entre cada una de las juntas y organizaciones de agua no subir hasta sus nacimientos sin una escolta policial. Cada quien debe realizar una petición en la base del Ejército en Caluco. Allí, el teniente encargado explica que estas se hacen por escrito y con dos días de anticipación. Se ha vuelto tan común que han adicionado a sus actividades ordinarias esta tarea de acompañamiento.

“Es verdad que no es algo que es parte de El Salvador Seguro, pero es en beneficio de la población. No hay nada más importante que el agua”, comenta el teniente.
La de hace tres años fue una crisis, también, de desplazamientos. Las amenazas de las pandillas provocaron que varias comunidades dejaran sus hogares. Ese es el caso del caserío El Sitio, que era abastecido por APROMUPIZALCO, la entidad capitaneada por Chilulum. Cuando eso ocurrió, desde la organización decidieron que comprarían las pajas de agua de cada uno de los habitantes que abandonaron su casa. No quedó nadie. Cada paja fue comprada por $500. Hasta ahora ninguno ha regresado a su antiguo hogar.

“Fue una compra razonable. A ellos se les daba un dinero para que pudieran nivelarse. Y para nosotros tener pajas de agua disponibles significa poder darle a alguien más el derecho al agua. Actualmente, estamos al límite”, dice Chilulum.

La de hace tres años fue una crisis, también, de desplazamientos. Las amenazas de las pandillas provocaron que varias comunidades dejaran sus hogares. Ese es el caso del caserío El Sitio, que era abastecido por APROMUPIZALCO, la entidad capitaneada por Chilulum. Cuando eso ocurrió, desde la organización decidieron que comprarían las pajas de agua de cada uno de los habitantes que abandonaron su casa. No quedó nadie. Cada paja fue comprada por $500. Hasta ahora ninguno ha regresado a su antiguo hogar.

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EL AGUA HA TENIDO que cruzar varios kilómetros en su oscuro camino de hierro fundido entre haciendas, casas y caminos vecinales para llegar a este enorme tanque en el cantón Cuyagualo, de Izalco. En lo alto del coloso de cemento, Edwin Tulipe se ha puesto una máscara y se ha armado con guantes para disolver en una cubeta una tasa del químico que les permite clorar el agua, una forma poco costosa para matar los virus, bacterias y gérmenes del agua utilizada para consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cloro libre en agua tratada debe ser de 0.2 a 0.5 miligramos por cada litro.

Edwin arroja esa solución en una caja de cemento en lo alto del tanque. Colocadas a lo largo de un tubo, cuatro botellas de gaseosa son los instrumentos que permiten llevar el cloro hasta el resto del agua. Es una solución artesanal encontrada por los miembros de APROMUPIZALCO para hacer funcionar el mecanismo que, desde hace varios años, les exigen los promotores de la unidad de salud del municipio.

Edwin hace esta tarea cada día, un poco antes de las 10 de la mañana. Mientras no lo haga, no puede dejar pasar hacia las casas el agua que viene del nacimiento. Después tiene que esperar unos 20 minutos para que el cloro tenga el suficiente contacto con el líquido. Solo hasta entonces puede abrir las válvulas.

Chilulum, presidente de APROMUPIZALCO, lleva consigo un pequeño kit, utilizado para certificar los niveles de cloro. Para usarlo, es necesario moverse hasta algún hogar del caserío más cercano. Aquí, un incesante chorro, que ya desearían tener en muchas casas de la capital, abastece una pila con un agua límpida, en la que se tiene confianza para beber. Edwin llena un pequeño recipiente y le adiciona dos sustancias.

“Si el agua no tuviera cloro, no puede agarrar color aunque le eche estos dos volados”, comenta Edwin, mientras mezcla los ingredientes. Al finalizar, el agua tiene un tono cobrizo, que está un poco abajo del rosado esperado. El agua no tiene la cloración ideal. Y seguirá perdiendo la concentración a medida que pasen las horas. Eso lo reconoce Raúl Chilulum, quien asegura que todavía no están en la capacidad de darles a sus sistemas un tratamiento constante, como lo que sí pasa en las plantas de ANDA: ahí, un empleado monitoriza todo el día que los niveles se encuentren estables. Pero los esfuerzos de Chilulum y los suyos son todo un paso adelante teniendo en cuenta la realidad del municipio.

En este pequeño cuarto de la unidad de salud de Izalco, tres hombres vestidos de blanco conversan mientras un pequeño ventilador batalla para intentar, en vano, acabar con el calor de abril. Ellos son algunos de los encargados del departamento de Saneamiento de este centro de salud, los responsables de evitar la proliferación de enfermedades en un municipio tan populoso como pobre.

En sus manos está la tarea de certificar que la calidad del agua que se toma sea aceptable para el consumo humano. Esta cuadrilla llegó aquí a finales de 2016. La tarea de sus predecesores tuvo algunos errores. Por ejemplo, habían identificado que en todo el municipio había 21 sistemas de agua potable. El diagnóstico de los recién llegados aumentó la lista: les faltaban 17.
Johnny Cepeda, uno de los miembros de Saneamiento, suda levemente en medio del cuarto ganado por el calor. Aquí explica que la mayor parte de los sistemas manejados por juntas de agua todavía no han incorporado mecanismos de cloración. Es todo un problema: ellos no pueden certificar que se trate de un líquido libre de bacterias y minerales peligrosos, pues el laboratorio del Ministerio de Salud solo está apto para hacer pruebas en agua clorada.

Los manantiales. El agua de la mayoría de comunidades en Izalco viene desde las partes altas en el norte del municipio (como el cantón Talcomunca) o de Nahuizalco.

“Es el pleito que todavía tenemos. Esperamos, hoy en abril o en mayo, hacer una reunión con todos los miembros de las juntas de agua para que se comprometan”, dice Cepeda.
Sin embargo, ya se ha avanzado y algunos sistemas que antes no tenían un método de purificación ya han comenzado a implementarlo. Ese es el caso de Cruz Grande Norte, uno de los que manejan APROMUPIZALCO.

Al cuarto ha entrado otro de los miembros de Saneamiento: Carlos Coto. Como Cepeda, habla de las falencias que todavía se encuentran en las juntas de agua vecinal. Sin embargo, reconoce que si no existieran miles de personas, sobre todo campesinas, no tuvieran agua en sus hogares: “Hemos hecho reuniones con gente de ANDA. Ahí ellos han aceptado que no tienen la capacidad para hacerse cargo de la zona rural. Esta gente es su salvación”.

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Prueba. Edwin Tulipe muestra el kit con el que hacen la prueba de cloración al agua.
El ideal es el del rosado del medio, pero el líquido del sistema de Cuyagualo es de un tono cobrizo.

EN IZALCO, LAS JUNTAS de agua cantonales, como las definen aquí, comenzaron a surgir a principios de los ochenta. Lo hicieron gracias al apoyo del Plan de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), del Ministerio de Salud, financiado con fondos de USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa y en la siguiente década, solo en este municipio surgieron las 21 organizaciones que ahora abastecen a un porcentaje cercano al 90 % de la población de Izalco.

Y con cobros que oscilan entre los $2 y $4 mensuales, se han convertido en una verdadero alivio para las miles de familias que viven en la pobreza, una que se ha intensificado en la presente década por el colapso de la mayor parte de fincas cafetaleras de la zona, las que daban empleo. La roya y una cada vez más grave situación de inseguridad ahuyentaron a los antiguos dueños. Solo quedan casas patronales y suntuosos portones de entrada como signo de ese pasado en el que, al menos, había trabajo.

A los socios de las juntas y organizaciones de agua se les hace un único cobro mensual, sea cual sea su consumo. Lógicamente, no existen medidores que permitan cuantificarlo. Según la profesora Laura de Soto, presidente de la junta de ADESCOHUIS, a veces se traduce en abusos. Como medida para contrarrestarlos, han establecido limitaciones: no se pueden regar sembradíos con el agua, tampoco regalar y mucho menos venderla al que no tiene.

En el campo, es habitual que cuando un hijo decide formar su propio hogar, no se vaya de la casa materna, sino que construya una vivienda en el mismo solar de su padre o madre. En esos casos, es imposible prohibirle a alguien que dé su agua. En las juntas han creado la figura del “adicional”, una persona a la que se le puede pasar el agua desde una misma mecha. Sin embargo, este beneficiario debe colaborar con los trabajos para los que sea llamado y pagar lo mismo que un socio.

El agua, ese derecho humano para el que se está pensando en una ley general, es algo relativamente conquistado para una buena parte de la población de Izalco. Por ello, cualquier noticia que indique un cambio en el statu quo es visto con malos ojos. Una idea contraria ha hecho, incluso, que aspirantes a gobiernos municipales pierdan elecciones: ese fue el caso del último candidato por el FMLN, Antonio Mendoza, quien prometió que, de llegar a la silla, todos los proyectos de agua pasarían a la ANDA.

Pero en las propias interioridades de las asociaciones no todo es trabajo comunitario y armonía. Las labores no han estado exentas de conflicto. Ese es el caso de APROMUPIZALCO, donde al menos tres de sus filiales han decidido darle la espalda y dejar de aportar el dólar por socio a la central de la asociación. Chilulum muestra recibos en los que se respaldan estas deudas. Uno de los casos más llamativos es el del cantón Ceiba del Charco, que le debe $23,200. No han pagado al menos desde 2011.

Propiedad. Edwin Tulipe está parado a un paso del límite del terreno en el que la comunidad de Cuyagualo construirá una bodega.

Las cabezas de estas organizaciones se han convertido en auténticos líderes comunitarios, como es el caso de Raúl Chilulum, de APROMUPIZALCO, quien incluso fue concejal en el gobierno municipal de 2012-2015, capitaneado por el partido ARENA. Chilulum, sin embargo, no ha ocupado este arrastre para enriquecerse. Su casa es una como la de cualquier campesino, en la que la va pasando un día a la vez, según la opinión de varios habitantes del municipio consultados para este trabajo.

En Izalco, la ANDA no goza de buena fama: se piensa que, cuando llegue y coloque sus medidores, el agua se convertirá en un bien demasiado suntuoso para la mayor parte de Izalco, que se ha habituado a pagar una cuota fija. Desde ANDA siempre han intentado bajar las alarmas, pero la gente se ha expresado en manifestaciones (en 2004 y 2014) que llegaron hasta San Salvador cuando se intentó meter a la entidad estatal en la ecuación de su agua.

“Es natural. ANDA no es una institución que tenga mucho prestigio. La gente ve en la televisión que aquí o allá hay desabastecimiento de agua, y es como que les contaran un cuento de terror”, opina al respecto Gerardo Vega, gerente de la Alcaldía Municipal de Izalco.

Pero en las propias interioridades de las asociaciones no todo es trabajo comunitario y armonía. Las labores no han estado exentas de conflicto. Ese es el caso de APROMUPIZALCO, donde al menos tres de sus filiales han decidido darle la espalda y dejar de aportar el dólar por socio a la central de la asociación. Chilulum muestra recibos en los que se respaldan estas deudas. Uno de los casos más llamativos es el del cantón Ceiba del Charco, que le debe $23,200. No han pagado al menos desde 2011.

En este nacimiento donde todo es verde y frescura en el cantón Los Arenales de Nahuizalco, Chilulum parece olvidarse de estos problemas. Ver su vertiente es suficiente motivo como para ponerle una sonrisa en el rostro, equivalencia gráfica de la palabra parquedad.

De una de las piedras que están al lado de las cajas de captación, un chorro incesante parece otro nacimiento. Sin embargo, es el desperdicio que sale desde el tanque de ANDA, que está justo al lado, dañado por los terremotos del año pasado. No ha sido reparado desde entonces.

El vigilante que se encarga de cuidar la planta, la única persona aquí, asegura que el rebalse es tanto que, cuando no está activa la bomba, el agua suele llegar hasta el espacio que le sirve de dormitorio y cubrir la cama.

“Yo bien digo que eso lo podrían aprovechar ustedes, de todos modos el agua cae en su parte del terreno”, le dice el vigilante a Chilulum, que sonríe al enterarse de una nueva muestra de negligencia de la autónoma, esa institución a la que él y muchos en Izalco no dejan de ver como la gran amenaza en contra de su agua.

Problemas. Chilulum achaca el problema que han tenido con tres de sus filiales, que han decidido dejar de pagar la contribución para la central, a un mal asesoramiento de la Alcaldía de Izalco.

Arturo Corrales, música que brilla en la distancia

Educación. Uno de los proyectos más ambiciosos de Arturo ha sido “Cathédrale avec des Briques”, en el que incluyó a chicos de escuelas en Ginebra con poco acceso a la formación musical.

Un hombre toca el tambor en la barroca Iglesia de La Fusterie, en Ginebra, Suiza. El instrumento es el típico ton de batería que se utiliza en una orquesta sinfónica convencional. Ese hombre, el músico francés Fabien Perreau, se esfuerza en un redoble de tambor que parece subir a lo más alto del templo.

Justamente allí, una decena de personas, colocadas en los balcones de la iglesia, ejecutan sus flautas traversas. Se trata, también, de un instrumento común en una orquesta sinfónica. Pero aquí su naturaleza se ha mudado: de pronto, en pleno centro de Ginebra, el ambiente se llena de sonidos más propios de Santo Domingo de Guzmán, un municipio del occidente de El Salvador, famoso por una comunidad indígena que se ha negado a desaparecer.
El ton de batería da esos golpes profundos del tambor indígena, forrado de cuero de cabra, que parece una invitación al baile o a la guerra. Fabien Perreau se esfuerza por dar los más diversos sonidos, modificando a cada instante la velocidad de sus impactos.

Las flautas son un mosaico de colores que, ahora, puede parecer un pito, con su sibilante insistencia. Los ejecutantes tocan su instrumento al revés, poniendo los labios donde típicamente surge el sonido. Ahora, los cilíndricos objetos producen una extraña reverberación cuando son impactados contra la palma de la mano. Todo explota cuando las flautas vuelven a ser ellas, pero en un aparentemente caótico conjunto que parece una batalla.

Las personas en el público escuchan la música en medio del templo, con el percusionista frente a ellos y los flautistas a su alrededor. Nadie parece querer siquiera respirar. Se podría decir que cuando los instrumentos dejan de sonar, un alfiler que cae al piso es el sinónimo del estruendo. Los instrumentos europeos han cedido para adecuarse a una concepción musical que proviene de los ancestros de los salvadoreños.

“La música manda a la gente en un viaje a un lugar desconocido, que realmente es un lugar musical en nuestro país, El Salvador”, comenta Arturo Corrales, el autor de esta pieza, “Invocación en náhuat”, desde su casa en Ginebra, Suiza.

Arturo es uno de los compositores salvadoreños más exitosos de la actualidad. Sus piezas, además de en su país de residencia, se han escuchado por toda Europa y Latinoamérica, en un estilo hecho para los oídos más exigentes. Una propuesta de vanguardia que dinamita los conceptos de lo que se entiende como música académica. Una en la que caben desde elementos de la música electrónica hasta las tradiciones de todos los países del mundo, sobre todo las raíces precolombinas de una no muy conocida música autóctona salvadoreña.

“Los académicos son bien ortodoxos en su forma de hacer música, como en el pasado. Arturo es atrevido al llevar tantas cosas al ambiente clásico. Y lo hace de una manera muy efectiva”, comenta en su residencia de San Salvador Marcial Amaya, también un músico experimental. Esta tarde no disimula su alegría, pues le acaba de llegar desde Estados Unidos, ya masterizado, el disco “Cosmonautas del tiempo”, el primero que pare su proyecto, 3 Ramas del Árbol.

Durante la mañana, estuvo grabando algunas piezas para un nuevo trabajo. Ahora, sin embargo, se da tiempo para ver algunos videos de Arturo Corrales, uno de sus músicos salvadoreños favoritos.

El video elegido corresponde al tema “Mono espacial”. Ahí están sentados cuatro músicos que conforman el prestigioso cuarteto de cuerdas Diotima. Visten de frac impecable. Antes de que se inicie la pieza, parecería que tocarán, quizá, las “Cuatro estaciones”, del italiano Antonio Vivaldi.

Sin embargo, los violines, la viola y el violonchelo, como ocurrió en “Invocación en náhuat”, mudan su naturaleza y ya no son lo que se esperaba. Manos veloces, casi ingrávidos, parecen interpretar algo tan complejo que solamente puede venir de la inspiración de los ejecutantes. Una pieza de jazz improvisado con instrumentos clásicos.

Pero aquello que parecería tener una fuente espontánea está calculado desde la a hasta la z. Los músicos leen cada nota en una partitura, escrita por Arturo Corrales. El movimiento comienza a hacerse más intenso y, en un momento, suena más a una canción metalera, de esas perfectas para un mosh. Desde Suiza, Arturo confirma lo anterior, algo que corresponde un recuerdo de los días en los que en El Salvador capitaneó la banda Cara Sucia.
“Ponés esto de soundtrack, el personaje que puede ser alguien caótico, desordenado, y le queda perfecto”, dice Amaya.

Al final de la pieza, lo que uno podía definir como una especie de “ruido blanco” se ha convertido en otra cosa. Algo que le ha llegado hasta lo más profundo del corazón sin saber de dónde. Salvando las distancias, el efecto se parece mucho al de las piezas interpretadas por el mítico músico de jazz John Coltrane.

Eso lo apoya Jorge Ávalos, poeta y amigo de Arturo. Para él, la música del salvadoreño, a pesar de ser tan técnica e innovadora, no deja de lado la principal misión de todo arte: conectar con las emociones de aquel que escucha.

Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”. “Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

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EL VIAJE A LO DESCONOCIDO
Arturo Corrales siempre pensó en ser músico. Lo traía en la sangre: uno de sus antepasados, Alejandro Muñoz Ciudad Real, fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. “A pesar de ese linaje tan ilustre, tuve que comenzar desde cero”, comenta Corrales.

Y en su casa siempre había herramientas musicales, sobre todo la guitarra de su padre, el instrumento que terminaría convirtiéndose en el suyo.

Pero la vida lo llevó por un camino un poco más convencional. Cuando salió del bachillerato, se inscribió en la carrera de Arquitectura, que completó junto con su amigo José Paredes. Este último, quien actualmente trabaja al otro lado del mundo, concretamente en Vietnam, lo recuerda como alguien profundamente creativo. Un elogio que le devuelve Arturo desde Ginebra al fundador del colectivo The Carrot Concept.

Alguien profundamente creativo, pero que tenía clara la gran pasión de su vida. Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”.

“Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

Y esa pasión no se conformaría con menos que con la excelencia. Su mirada pudo estar en alguno de los conservatorios que existen a lo largo de América Latina. Pero no: la educación debía ser en la cuna de la música académica, en Europa. Y en una institución de educación superior, el equivalente a una universidad de la música.
En 1999 decidió dar un salto al vacío, uno que estaba respaldado por un contrato que le permitiría trabajar para ganarse la vida y, al mismo tiempo, estudiar. La ciudad de Nantes se iba a convertir en su destino.

Las bases ya las llevaba desde El Salvador, afirma Arturo, gracias a la formación y dirección de los mejores en el país: Joseph-Karl Doetsch, el guitarrista Walter Quevedo y Germán Cáceres, actualmente director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, la misma institución fundada por su antepasado.

“Entusiasmo”. Esa es la palabra que Cáceres ocupa para definir al Arturo de la época inmediatamente anterior al viaje a Europa. Un muchacho lleno de sueños, que no sabía nada de lo que le esperaba al otro lado del Atlántico.

Ilustración de Moris Aldana

Cuando desembarcó en Francia, todo caminó según lo previsto en la primera semana. Pero el encanto se terminó bastante rápido: a la segunda, se dio cuenta de que el contrato que le permitiría ganarse la vida comenzaba a ser irrespetado por sus patrones: no le iba a dejar tiempo para estudiar, el auténtico objetivo de un viaje para el que había quemado las naves.

“Era un problema grave, en el sentido de que después de que yo había vendido mis cosas en El Salvador, una semana después ya estaba sin trabajo, sin casa, sin la posibilidad de continuar. Es muy difícil cuando has dado un paso así”, comenta Arturo. José Paredes, quien ha mantenido contacto con el artista, recuerda esa época como una de estoicismo. Echar por tierra el primer impulso no parecía descabellado, pero Arturo no lo mostraba a sus amigos.

Música total. Según Arturo, su concepción de la música es una donde las fronteras se muestran difusas: música académica, folclórica y popular forman parte de la misma realidad.

Arturo decidió cortar con el contrato, pero permanecer en Francia mientras los ahorros persistían. Una mano amiga le aconsejó cambiar su mirada a Ginebra, Suiza, donde existía un conservatorio de educación superior.

Ahí también iba a tener asegurado un trabajo, aunque muy alejado de sus especialidades. En Suiza pasó por una multitud de ocupaciones: cuidar niños para familias locales, ejercer trabajos ocasionales en hoteles, acarrear carga.
Un medio de subsistencia relacionado con la música no llegaría sino a medida que iba avanzando en su formación. Lecciones particulares de guitarra y de teoría musical fueron la fuente de sus recursos hasta que salió del conservatorio, en 2004, para luego continuar con estudios superiores en musicología en París y en dirección de orquesta en Lugano. Un recorrido que se resume aquí en unos pocos párrafos.

“No es fácil, no es que aquí haya alguien que te esté esperando con los brazos abiertos. Pero me imagino que no es más difícil que para cualquier otro que se va para un país que no es el suyo”, comenta Arturo. Desde entonces, su camino se ha llenado de proyectos.

Uno de los más importantes, y el que más tiempo lleva, es el Ensamble Vortex, en el que comparte créditos con su compatriota Francisco Huguet. Este proyecto está integrado por una decena de compositores y ejecutantes enfocados en la innovación, en producir música que, en cada ocasión, rete a las convenciones de la música académica tradicional.

Huguet también fue compañero de Arturo en el conservatorio de Ginebra. Para Corrales, lograr hacer una carrera en Suiza es un asunto de sacar los dientes. De pelear por cada oportunidad que se presenta. De insistir 10 veces más que los locales y los europeos para mostrar de lo que se es capaz. Algo en lo que tanto él como Huguet se han convertido en un gran ejemplo.

Además del Ensamble Vortex, Arturo conforma otro proyecto que, a diferencia de sus otros trabajos, se basa en la improvisación. Alp Stereophonic es un dúo conformado por Corrales y el saxofonista suizo Laurent Estoppey. Ahí el salvadoreño hace gala de su dominio de la música electrónica, haciendo uso de un software y de una superficie, muy parecida a un iPad, que le permite tocar sus piezas como si de un instrumento se tratara. También es el encargado de la música electrónica en Electric Primitivo, un ensamble con guitarra eléctrica. Ambos lo han llevado a escenarios en Europa, Norteamérica y el resto del mundo.

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Naara Salomón

CONSTRUYENDO UNA CATEDRAL
La actriz de teatro Naara Salomón conoce bien el trabajo de Arturo Corrales. Lo ha seguido desde que salió del conservatorio. En 2004, cuando residía en Suiza junto con su esposo, el director de teatro Roberto Salomón, un profesor de esa institución los invitó a escuchar la pieza con la que se graduaría uno de sus alumnos proveniente de El Salvador.
“Nos dijo que era uno de los más talentosos. Cuando llegamos al teatro, nos dejamos inundar por esa pieza en la que los músicos tocaban desde diferentes espacios en el teatro”, comenta Naara. Por eso, no dudó en colaborarle en uno de sus proyectos más ambiciosos: “Cathédrale avec des Briques” (“Catedral con ladrillos”), desarrollado entre 2014 y 2015.
Fue, en primer lugar, una idea educativa. Una forma de acercar las más nuevas tendencias de la música contemporánea a aquellos niños y adolescentes de los barrios menos favorecidos de Ginebra. Sí, en esta ciudad importante de Suiza, país famoso por el secretismo de sus bancos y por su sólida economía, también hay poblaciones menos favorecidas. Según lo explica Naara Salomón, esos lugares son los habitados, sobre todo, por los migrantes que llegan de todas partes del mundo.
La idea de Arturo, que se apoyó en fondos ganados en un concurso, iniciaba con la enseñanza de música en decenas de escuelas en las que no existe un programa que acerque a los niños a este arte. Luego, de centro educativo en centro educativo se fueron seleccionando a los mejores ejecutantes, quienes integrarían una enorme orquesta, de más de 80 miembros.
Estos no interpretarían únicamente los instrumentos de manera tradicional. Fiel a su estilo, Arturo trabajó en composiciones en las que, por ejemplo, un violín no sería tocado mediante un arco para estimular sus cuerdas, sino, más bien, se aprovecharía la caja de resonancia para producir una enigmática percusión. Lo más interesante es que se tomarían en cuenta las ideas de los niños.

“Cada niño ponía su ladrillo, ponía de sí, para componer una obra mayor, de ahí el título tan bonito”, comenta Naara.
Arturo compuso su música alrededor del tema del miedo, desde un punto de vista mítico. Así, cada parte de la pieza se correspondía a un personaje legendario (un hombre lobo, un kraken), de esos que componen las pesadillas de los más pequeños. Naara, por su parte, hacía una narración, donde la voz se convertía en un instrumento más que creaba sobre el tiempo, con una cadencia que se acoplaba al tema tratado.

“Para mí, una de las cosas más bonitas fue ver cómo Arturo trabajó con los niños. Tiene una gran capacidad pedagógica para transmitirle a sus ejecutantes lo que quería que hicieran, a pesar de que ellos podían no tener una formación musical”, apunta Naara.

El espectáculo conseguido fue presentado en diversos escenarios en Suiza. La experiencia duró dos años, entre 2014 y 2015. Un documental del programa puede verse en YouTube digitando el nombre de la obra, “Cathédrale avec des Briques”.

La faceta educativa de Corrales sigue viva. Es profesor de composición y de análisis musical en el Conservatorio Popular de Ginebra, donde ha fundado la sección preprofesional de composición. Se trata de cursos para músicos que están a un paso de las tablas. Además es el director de la orquesta des Trois-Chene.

Trabajos. En la foto de la izquierda, Naara Salomón en su colaboración con Arturo Corrales en “Cathédrale avec des Briques”. En la del centro, dos violinistas interpretan “Liquid Carillon Dream”, escrita por el salvadoreño.

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ROMPER EL VASO QUE SE TIENE EN LA MANO

Colaboraciones. Corrales le ha puesto música a películas y espectáculos teatrales en Suiza y Latinoamérica, como a la cinta “Hasta la última piedra”, una historia colombiana.

Con tanta innovación, Arturo puede parecer un iconoclasta, un artista que decide romper con aquello que no domina. Para el poeta Jorge Ávalos, ese no es el caso. Para ello, pone como ejemplo una de las primeras composiciones del autor, “Valsito d’Amore”, una rigurosa pieza para guitarra sola que hunde sus raíces en Agustín Barrios, Mangoré. Arturo es un artista que rompe el vaso solo hasta después de tenerlo en la mano.

“La suya es una música que desconcierta al principio, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero es así siempre que aparece un nuevo lenguaje en la música. Solo hay que tener un poco de compromiso para ingresar a un mundo completamente nuevo”, comenta Ávalos.

Para Arturo, esa es una de sus principales preocupaciones, la manera en la que el público recibe su música. Algo que dejó plasmado en su tesis “Figuras musicales”, la que le dio un título de doctor en musicología por la Universidad de Ginebra. El dictamen de los evaluadores le concedió honores por la calidad del material.

En este, Arturo postula un nuevo acercamiento a la música que él y sus colegas producen: alejarse de las pretensiones de la técnica, aquellas que dicen que la música está en la partitura, para dedicarse solo a escuchar.

“Lo principal que se necesita para entender una música, ya sea la contemporánea o Beethoven, es tener las orejas abiertas… hay muchos compositores que hablan de su música como si se tratara de una fórmula científica. En realidad, lo que cuenta es lo que finalmente se vuelve sonido”, comenta.
Desde la distancia, en el mediodía suizo, Arturo espera volver a acercarse a su país y compartir toda una vida de experiencias con jóvenes que, como él, tienen unos sueños que no pueden cumplirse a cabalidad en El Salvador de la actualidad.

“Me causa una gran pena haber podido trabajar más, por ejemplo, en Costa Rica que en mi país… espero que eso, algún día, cambie”, dice Corrales, el mismo hombre que hace casi dos décadas decidió emprender un camino hacia lo desconocido.

La justicia que persigue a los pequeños

Excepción. El de Carlos Perla, expresidente de ANDA, es uno de los pocos casos de funcionarios de alto rango que llegó a una condena.

El Salvador es un Estado corrupto. Así lo muestra, por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, donde El Salvador, con un puntaje de 33 puntos, se coloca en el puesto 112 de una lista de 180 naciones a escala mundial.

Esta, la opinión de empresarios y analistas, encuentra eco en uno de los últimos informes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el que se sostiene que en El Salvador “la corrupción, además de manifestarse en el gobierno central, pareciera afectar de forma particularmente aguda a los gobiernos locales, a las entidades descentralizadas y a las empresas públicas”.

Eso sin contar la existente en los otros poderes del Estado, sobre todo en el Judicial, que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se ha encargado de denunciar en cuanta comparecencia pública se le presenta. El mismo estudio de ICEFI, “La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, señala que debido solo a un puñado de casos emblemáticos de esta y la década pasada, el país ha perdido $550.9 millones, el equivalente al 2.1 % del PIB en 2015. O, lo que es lo mismo, lo suficiente para construir más de 10 centros médicos similares al Hospital Nacional de la Mujer.

“La corrupción es un mal doble: el funcionario no utiliza su tiempo y energía en hacer lo que debe hacer, un servicio para el bien común, sino que ocupa ese tiempo en crear y ejecutar planes para saquear los bienes del Estado”, comenta Carlos Ponce, criminólogo salvadoreño y exfuncionario de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.

El Código Penal de El Salvador cataloga 11 delitos como específicos de la corrupción. De estos, la Fiscalía General de la República ha ingresado 4,203 casos desde 2003 hasta 2017. Catorce años a un ritmo de 300 cada ejercicio. Un caso de corrupción cada 29 horas.

Uno de los más procesados es el peculado, aquel en el que un funcionario público se apropia para su beneficio (o el de otros) de dinero o cualquier otro bien de cuya administración está encargado. En este mismo período, 1,164 casos han sido ingresados a la Fiscalía solo en referencia a este delito.

Este nombre, “peculado”, ha sido parte de las acusaciones más impresionantes de la Fiscalía General de la República en los últimos años, como aquella en contra de Elías Antonio Saca, el expresidente acusado de apropiarse de más de $300 millones de la partida secreta de la Presidencia.

Los números de casos son altos, pero parecen encontrarse con un embudo en su camino en los tribunales. Esta revista revisó todas las sentencias digitalizadas en el sistema integrado de la Corte Suprema de Justicia hasta junio de 2016 y consultó el sitio web Jurisprudencia.gob.sv para actualizarlo hasta 2017. La búsqueda se realizó en torno de cuatro delitos, los más graves dentro de los catalogados como de corrupción: peculado, malversación, cohecho propio y cohecho impropio.

De estos cuatro delitos se encontró que, desde 2003 hasta 2017, 68 procesos llegaron al menos hasta la fase de sentencia, donde un juez define si un imputado es culpable o no de la acusación que pesa sobre sus hombros.

Las victorias para la Fiscalía tampoco han sido una constante: solo en 30 de esos casos se encontraron culpables a los acusados, muchos de los cuales conmutaron sus penas por servicios sociales. Este último punto se debe a las bajas condenas referentes a los delitos de corrupción que estipula el actual Código Penal.

 

Ilustración de Moris Aldana

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UNA JUSTICIA SELECTIVA

Éver Alexánder no ganaba mal como empleado de la Alcaldía de San Salvador. Los $506 que percibía mensualmente lo colocaban muy por encima del salario mínimo, ese que todavía es un sueño por cumplir para muchos en un país como El Salvador.

Su trabajo consistía en cobrar, para la Administración Municipal de Mercados, el dinero surgido del uso de los sanitarios públicos y de las moras de los puestos fijos de varios sectores de la capital.

Fueron más de $5,000 los que el acusado sustrajo para sí en un período de dos años, entre 2012 y 2013. Una cifra parecida al sueldo ganado por un diputado de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta los gastos de representación.

El modus operandi de Éver no era para nada sofisticado. Según explicó una testigo identificada como Bertilla F. de R., ella compartía con él la administración del baño del Edificio 9 del mercado Central. De todo lo que se recolectaba en 15 días, ella debía pagarle el sueldo a dos empleados y entregarle $309 a Éver. Este, dijo Bertilla, a veces le entregaba un recibo como comprobante, a veces no. Por ello, un día de tantos recibió un llamado de atención desde el Departamento de Zonas del mercado Central de San Salvador. Era la jefa, que en el texto de la sentencia aparece solo como Marta Inés.

Esta le advirtió que se encontraba en mora con la comuna, que adeudaba lo correspondiente a siete meses. La cabeza se le llenó de confusión: religiosamente ella había entregado a Éver la cuota asignada. Bertilla explicó lo que había pasado, esperando que le creyeran. Contra todo pronóstico, así fue: a la jefa ya le habían llegado varias denuncias de que Éver no estaba entregando los comprobantes. Por ello decidieron hacerle una auditoría a su trabajo.

 

Se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad. Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios. Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas.

 

Como Bertilla, otras seis personas habían sido engañadas, aunque con montos inferiores a los de ella. Con todo sumado, el personal de la alcaldía advirtió que una sola persona le había robado a la comuna $5,147.67.

En el juicio, ocurrido el 11 de junio de 2014, la declaración de 10 personas, múltiples pruebas documentales y una pericia contable hicieron que el juez sentenciara al acusado por peculado a seis años de prisión, que actualmente cumple en el centro penal La Esperanza.

Este es uno de los casos por delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía General de la República ha logrado que un juez condene a un imputado. Se trata de un funcionario de bajo rango, con pocas responsabilidades en sus manos. El monto, como se dijo más arriba, no supera el sueldo recibido por un diputado cada mes.

Y este caso en particular es un ejemplo para mostrar qué tipo de funcionarios son los que se condenan en este país por delitos ligados a la corrupción. Ahí está también el proceso de Gilma Cristina G. de L., quien trabajaba como colectora del sitio arqueológico El Tazumal. Fue condenada en 2015 a dos años de prisión por apropiarse de $322 en entradas al parque.
O el de cuatro empleados del Ministerio de Obras Públicas, quienes fueron sorprendidos por dos policías mientras sustraían 40 barriles de diésel de la planta asfáltica de la institución en San Miguel, a quienes se les dieron entre tres y medio y cinco años de cárcel.

 

Presiones. El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ha denunciado amenazas en su contra por sus investigaciones. Ese es otro factor que evita que hayan más indagaciones de alto perfil en corrupción.

 

“En casos en los que los implicados son servidores públicos de menor valía, la justicia llega hasta el final. Tiene que ver con el tema de la impunidad, que de manera general se ha apropiado de las instituciones públicas”, comenta Óscar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Algo parecido señala Jaime López, de FUNDE, basado en los incipientes hallazgos que ha arrojado un recién iniciado proyecto de la ONG para estudiar la corrupción en el país. Uno de ellos tiene que ver con la cadena de mando: se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad.
Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios.

 

Directora. Gladis Marina Mazariego Sosa, exdirectora del centro escolar Wálter Thilo Deininger, fue condenada en 2017 a 12 años de cárcel por apropiarse de más de $60,000.

Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas, que expresa que la responsabilidad final siempre es del titular de la institución.
“Eso, que se deje fuera a los titulares y solo se procese a funcionarios de rango bajo, lo ves en todos lados, no solo en el ámbito penal, sino también en la misma Corte de Cuentas, o en el Tribunal de Ética Gubernamental”, comenta López.

Es posible contar con los dedos de la mano a aquellos empleados públicos que estaban en puestos altos en alguna institución del país cuando cometieron los delitos y fueron procesados. Y el que más acude a la memoria es el de Carlos Perla, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) entre 1994 y 2002. Él fue condenado a 15 años de prisión luego de que se comprobó, entre otras cosas, que había utilizado recursos y personal de ANDA para construir su mansión. Sin embargo, nunca se le procesó por al menos otros dos proyectos henchidos de incógnitas: Río Lempa 2 y el Reservorio de Nejapa, en los que estaban involucrados más de $30 millones. Después de cumplir dos terceras partes de su condena, fue liberado en 2015.

El caso inició cuando Belisario Artiga era fiscal general de la República. Hablar del caso lo llena de alegría todavía hoy, mientras viste de traje impecable en esta cafetería de San Salvador y luce mucho menos cabello que cuando aparecía dando declaraciones en los periódicos. El de ANDA es esa excepción que tiene toda la regla: un funcionario importante del partido de Gobierno fue investigado mientras todavía se encontraba en el cargo. Algo “inexplicable e insólito”, en palabras de Jaime López, de FUNDE, pues, además de la condena, se lograron recuperar activos a favor del Estado.

Pero ese es el único caso que puede llenar de orgullo a Belisario Artiga en el combate a la corrupción. Muchos otros que se judicializaron durante su gestión, como el del Banco de Fomento Agropecuario (que contó con Enrique Rais como uno de sus imputa dos), terminaron con varios de sus acusados sobreseidos apenas en la fase de instrucción.

“Para ello hay que entender que estrenábamos todo un sistema, pasamos de una época en que la investigación estaba a cargo de los jueces y pasó a ser responsabilidad de los fiscales. Tampoco contábamos con un montón de herramientas como las que se tienen ahora, como las escuchas telefónicas”, comenta Belisario en esta cafetería de San Salvador. En su época, la prioridad fue parar los secuestros, que tenían entre sus víctimas predilectas a ciudadanos de altos ingresos.

Para Martín Rogel Zepeda, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, otro elemento que ha evitado que haya más casos de alto perfil en delitos de corrupción es la complejidad misma de los casos. Primero, porque son procesos que exigen múltiples habilidades de los fiscales y, en ocasiones, colaboraciones transnacionales, que llevan mucho tiempo.

“Los términos de las prescripciones se vuelven, en la práctica, más cortos, pues son mucho más complejos que los de la delincuencia común”, comenta Rogel. Segundo, porque a mayores recursos, mejores probabilidades hay de defenderse: los abogados defensores tienen un alto nivel técnico, los procesados son capaces de pagar por pruebas periciales como evidencia de descargo. “Eso le mete a los casos un mayor nivel de discusión”, dice Rogel.

La Fiscalía salvadoreña ha sido criticada por sus fracasos en sus casos más mediáticos. Los golpes han sido tan fuertes que incluso Douglas Meléndez decidió prescindir de los servicios de su jefe de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya. Al día de hoy, según el jefe de Comunicaciones de la FGR, Salvador Martínez, no se ha nombrado uno nuevo. Al frente continúa un director interino. Por ello no fue posible obtener apreciaciones desde la Fiscalía para este trabajo. Douglas Meléndez ha achacado los traspiés a las decisiones de los jueces. Los juzgadores le han recriminado un deficiente trabajo de sus hombres.

Algo en lo que está de acuerdo el magistrado suplente Martín Rogel Zepeda, quien señala que en los grandes casos es común la presentación de grandes volúmenes de evidencia: “Pero se trata de prueba dispersa, que no termina de demostrar los delitos de los acusados”. Se teme que ese pueda ser el caso del que, hasta ahora, es el buque insignia de la institución, la acusación contra Antonio Saca y una red de colaboradores. Si bien se reconoce que la existencia misma del proceso es un paso adelante, habrá que esperar su recorrido en los tribunales para evaluar si, en efecto, se trata de un parteaguas.

 

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COHECHO PROPIO, ¿UN DELITO DE POLICÍAS?

Cuando Jorge apenas había ingresado a El Salvador desde su país, Guatemala, fue detenido por un retén policial en la carretera que de la frontera Las Chinamas conduce a Ahuachapán, la cabecera departamental. Era el 13 de septiembre de 2012. Los agentes revisaron su vehículo. Descubrieron que en la parte de atrás del carro, el empresario traía una bolsa azul, de esas que se le entregan al cliente en una famosa tienda de ropa. En esta, Jorge traía dinero, $20,000, para ser más exactos, que iba a depositar a un banco de la ciudad.

Jorge no opuso ninguna resistencia, pues el paquete podía verse a simple vista. Además, ya había declarado el origen del efectivo en su entrada por Las Chinamas y el objetivo de su viaje: depositarlo en la cuenta de banco de una empresa salvadoreña con la que tenía años de hacer negocios. El policía no quedó satisfecho con la respuesta y amenazó con apresarlo. Para evitarlo, le pidió un pago. Jorge ofreció $80. No era suficiente.

“No soy solo yo, somos otros tres… Mejor voy a llamar a mi jefe”, comentó el agente. El oficial a cargo llegó hasta el vehículo. Jorge, entonces, fijó el monto en $500, temiendo que lo llevaran a una bartolina. “Otra vez vino uno que solo traía $13,000 y nos dio $1,500”, dijo el jefe para justificar su demanda. Los $1,500 salieron de la bolsa, para satisfacción de los uniformados.
Jorge pudo llegar hasta la agencia bancaria para depositar el resto del dinero. Pero no se quedó ahí. Días después, puso una denuncia en la Policía Nacional Civil.

Los meses pasaron y la Fiscalía inició un proceso contra el agente que hizo la inspección y contra su superior. Estos tuvieron en su contra el comprobante de origen del dinero y el testimonio de una persona que presenció directamente la extorsión.
Por eso, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán los condenó a tres años de prisión, que fueron condonados, dado el corto período de la pena, por actividades de servicio social. Eso sí, se les inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante la pena.

El delito por el que los dos policías fueron sentenciados se conoce como cohecho propio, definido por el Código Penal como aquella acción en que un empleado público recibe una dádiva o pago para realizar un acto contrario a sus deberes. Se puede definir como cohecho propio, por tanto, a la recepción de cualquier soborno.

 

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

 

Y los policías parecen los más expuestos a cometer este tipo de delitos o, por lo menos, a ser procesados por ellos: En las 34 sentencias que pudo revisar esta revista, solo tres funcionarios acusados no eran policías. En ese universo, solo siete fallos fueron condenatorios. Los sentenciados eran, como no, miembros de la PNC.

Para Jaime López, miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), este hallazgo es esperable teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo de los agentes policiales, donde existe mucha discrecionalidad: “trabajan en la frontera del delito”.

Para Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, que haya tantos policías condenados y procesados puede ser un buen síntoma: señala que los mecanismos de control son efectivos.

Eso mismo lo apoya Jaime López, pero viéndolo desde una óptica distinta: es señal de que en el resto de instituciones no existen vías suficientemente rápidas para detectar actos de corrupción. Para él, es casi imposible que en otras instituciones no existan funcionarios que acepten sobornos.

“Nadie va a cuestionar un fallo de un juez o una ley emitida por la Asamblea Legislativa, aunque haya existido pagos a diputados para que voten por esa ley”, opina Jaime.

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

“A estos sí es más fácil agarrarlos, porque no tienen el nivel de protección, ni las conexiones, ni nada. Y no le afectan al sistema. A nadie le afecta que un policía de calle sea procesado, pero sí afecta que un presidente lo sea”, comenta López.

 

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INVESTIGAR EL PRESENTE

En países de institucionalidad débil, como El Salvador, la necesidad de un ente externo de investigación, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siempre se antoja como un tema, al menos, de discusión. Para el criminólogo y exfiscal Mario Ponce, una entidad como esta sería de mucha utilidad en el país, pues le quitaría parte de la presión a la Fiscalía General de la República. Pero si se aplica, opina, esta debe enfocarse en delitos del presente.

“De nada sirviera que se empezara a investigar a gente (por delitos del pasado) mientras las estructuras que actualmente están delinquiendo dentro del Estado lo siguen haciendo a sus anchas”, comenta. Ese fue, dice, el camino tomado, tras varios años de prueba y error, por la misma CICIG, que ahora cuenta por decenas a los procesados por delitos de corrupción.

Pero ese derrotero, el de enfocarse en las estructuras aún activas, ¿podría aplicársele a la Fiscalía General de la República y a su relativamente reciente Grupo Contra la Impunidad?

Desde el patio de la organización para la que trabaja, FUNDE, Jaime López conserva su sonrisa de siempre y habla de forma pausada mientras acaricia los dedos de su mano derecha. Pero no tarda mucho en ensayar una respuesta: en una institución con recursos limitados, esa podría ser una respuesta para maximizarlos. Eso y enfocarse en la investigación ya no de casos, sino de estructuras, como lo indican los nuevos enfoques de la macrocriminalidad: a los peces gordos se les caza en redes. El camino llevaría, por otra parte, a establecer las conexiones existentes entre las diferentes redes de corrupción.

“Si investigas el presente, vas a llegar al pasado, porque estas redes hacen negocios en todos los gobiernos. La venta de medicamentos fraudulenta, eso es un esquema que viene de varios gobiernos. O las modalidades de contratación en la obra pública, son muy parecidas, y son carteles los que dominan cada sector. No importa si investigas pasado o presente, vas a llegar a la conclusión de que los actores activos de la corrupción son los mismos”, comenta Manfredo Marroquín, director de la guatemalteca Acción Ciudadana, quien ha tenido la oportunidad de ver de cerca, y de fiscalizar, el trabajo hecho por CICIG desde sus inicios.

Pero en la ecuación guatemalteca hay otro elemento que va más allá de sus instituciones: el trabajo de su sociedad civil, que se ha manifestado, sobre todo, volviéndose una sola garganta en las plazas públicas de la nación centroamericana. Otra cosa en la que se diferencia de El Salvador: la indignación dura solo días después de que se conoce un nuevo escándalo. Para Jaime López, de FUNDE, ese es el nuevo reto de organizaciones como aquella a la que él pertenece: mantener en la discusión los casos, más allá de lo que aparezca en los medios de comunicación. Hacer presión desde una organizada sociedad.

“Yo creo que las organizaciones civiles, el caso nuestro, hemos estado enfocados en ‘más transparencia, más transparencia’. Ha sido un error. Una gran lección es que más transparencia no significa menos corrupción. Porque los casos llegan a la opinión pública, pero no pasa nada”, comenta Jaime, lanzando una sonrisa y un gesto de mea culpa en el frescor de la media mañana.

 

Señales. El proceso contra Antonio Saca puede convertirse en el parteaguas en la lucha contra la corrupción, que demuestre que el Estado no solo castiga a funcionarios de bajo rango, como Reynaldo Lara Chávez, acusado de robarse cupones de gasolina en el Ministerio de Obras Públicas.

“Los cineastas valemos madre”

Brenda Vanegas, cineasta salvadoreña. Su cinta es una coproducción entre La Estación y Relativo Films. Contó con ella, Mario Soundy, André Guttfreund y Leticia Macua como productores ejecutivos. 

En un país en el que los largometrajes de ficción se pueden contar con los dedos de la mano, la noticia del estreno de uno es, literalmente, un hito. Brenda Vanegas ya presentó su ópera prima, “Volar”, en sociedad. Lo hizo hace un par de semanas, en el preestreno no comercial reservado para el equipo que trabajó en la cinta y para todos aquellos que se sumaron a la campaña de “crowdfunding” que salvó la película.

En la primera planta de la sede de La Estación, la productora que Brenda lidera, el cine aparece a cuentagotas, apenas con un póster de la cinta “Big Fish”, de Tim Burton. Allá afuera, detrás de un ventanal, están sus dos robustos perros, que ladran ante los desconocidos, pero callan ante el primer regaño de su dueña.

Creo que ella era la que menos aceptaba que su enfermedad la podía llevar hasta la muerte. Sí que hubo una premonición cuando estábamos terminando de grabar la película, que fue en el mar, en la segunda ronda de filmaciones, cuando pudimos ir a Barcelona.

Brenda conversa en un momento de calma de su corre-corre diario, contenta de recordar un proceso al que, sin embargo, quiso abandonar muchas veces, angustiada por las demandas de la cotidianidad de un artista en El Salvador, de aquel que hace otra cosa para pagar las cuentas.

Sus ojos brillan, sobre todo, al recordar a una de las figuras más importantes de su película y del arte en El Salvador, la actriz Isabel Dada, fallecida en junio de 2017. “Volar” fue su último trabajo actoral. Allí interpretó a Esther, una señora enferma de alzhéimer a la que debe cuidar María (Patricia Rodríguez), migrante salvadoreña en España. Ambas están en un proceso de pérdida: la primera, de los recuerdos de su vida; la segunda, de la relación amorosa que le daba sentido a su soledad.

La película, en preestreno, ha sido vista por gente que no estuvo involucrada con su realización, ¿siente que se conectaron con la trama, las cosas resultaron tal cual las había pensado?

Cuando hablás de escribir, en un proceso cinematográfico, siempre te dicen que hay tres grandes escrituras del guion. Una es la literaria, la del guion en sí que va por escenas y describís acciones. Luego hay una segunda reescritura que es el montaje, cuando te enfrentás a lo que has rodado, y allí tenés como la libertad de decir “esta escena me sobra, necesito grabar una más”.

¿Pasó eso con “Volar”?

Sí, te pasa eso porque en lo escrito algo funciona, pero en lo visual no, por múltiples factores, porque de pronto no se consiguió la actuación justa, porque el espacio no era el ideal, porque había mucha premura… lo visual tiene su propio contenido y su propia fórmula. En “Volar” el final se cambió, por ejemplo. Es otra escritura del guion. Hay una reconstrucción inmensa.

¿Cuál es la tercera escritura de la película?

Esta tiene que ver con su audiencia, es la que cada quien hace al verla. Es tan variable como ojos vean la película. Como espectador puedo tener una relación conflictiva con mi madre y veo “Volar” y pienso “esta mujer un día va a ser vieja y me voy a encontrar en un escenario de qué hacer con ella”, o soy hija única, o hija de una persona que migró, o me encuentro sola y me toca comer con el televisor… ya allí es la película con cada quien. Allí dejamos de existir los involucrados en su creación.

¿Hay alguna escena que haya pensado que le salió muy bien cuando la filmó, pero en el proceso de edición decidieron eliminarla?

Sí, muchas.

¿Se acuerda de una en concreto?

Habíamos hecho algo muy bonito en Barcelona (España), que era dentro de un taller cerámico, que a mí me gustaba la idea de que María (el personaje encarnado por Patricia Rodríguez) podía hacer algo para ella y por ella. Pero esto se sentía como inserto en la película, como metido a la fuerza. Te tocan decisiones de decir “esto no va. Está precioso, pero no”. Cuando entendés que estás ante una obra, y le dejás espacio a que adquiera su forma de comunicarse, llega un momento en que la misma obra te va dictando muchas cosas.

¿Quiénes fueron los editores de la película?

Fuimos cuatro los involucrados. El montaje también tiene su historia. El primer montaje lo hizo Mario.

¿Mario Soundy?

Sí, que aparte de ser productor ejecutivo, es también el montador de la película. Luego nos fuimos a trabajar una versión, que es la que pudo concretar bastante las emociones y el ritmo de la película, que la hicimos con Carmen Martínez, en Barcelona. Lo que sucedió con esa es lo que te digo, que había muchas cosas insertas que no aportaban a la peli. Retomé esa versión. Sí encontré la necesidad de tomar yo la película. Estudié otra vez el guion, hice un guion de montaje e hice otra versión de la película, que fue básicamente la última, y luego alguien hizo el corte fino, que se llama Eliane Cats, que es una argentina.

“Cartas de Lucía” también cuenta una historia desgarradora de vulnerabilidad que tenemos en nuestras narices de la infancia en la zona rural, pero hemos asumido que las niñas en la zona rural a los 13 años son madres, están viviendo con personas que les doblan, les triplican la edad. Y está pasando. Pero “¡ah!, como es en el campo”.

¿Hubo algún momento en el que usted quería algo y le dijeron que no funcionaba?

Sí, sí.

¿Fue difícil ceder a la opinión de sus compañeros para acceder a un mejor producto?

Es bien interesante, porque con una película con la que llevás tanto tiempo te podés viciar. Hubo un momento en el que yo ya no quería la película. Estaba tan cansada del proceso, de todos los problemas que se dieron, de quedarnos sin dinero, de no tener tiempo, de estar agotada físicamente, emocionalmente, de que se nos fuera Isabelita (Isabel Dada) en medio del proceso. Cuando ella murió yo no tenía forma de ver la película, me parecía terrible. Por eso te sirve mucho cuando a alguien le vale madres todo eso y ve nada más la película. Y es capaz de verla con la pureza de una primera vez. Sí, hice muchas rondas con muchas personas para recibir aportes. Hubo algunos que no me gustaban, y al cabo de un tiempo, entendía lo que me querían decir y lo retomaba. Fue muy valioso ese ejercicio de distanciarme.

¿Pensó en Isabel Dada desde el principio para encarnar a ese personaje?

Sabía de Isabel, la había visto en el teatro, me gustaba ella, pero no la conocía de nada. Desde el principio la queríamos, pero no había forma de contactarla. Isabelita siempre fue un ser muy privado. Aparte ella estaba retirada del teatro también. Como no la encontramos, le hicimos la propuesta en ese ínterin a otra gran actriz de teatro. Ella tampoco podía. A Isabel le hablábamos a su casa y no nos contestaba, le hablábamos a Radio Clásica y tampoco. Pero un día en la radio nos dijeron “dice Isabel que le dejen el guion, que ella lo va a leer y les va a dar una respuesta”. Ya eso para nosotros era un pasote. Pasaron dos días cuando nos llamó y nos dijo: “Voy a hacerlo”. Al fin pude conocer a Isabel. Y fue un regalo. Ponía una energía irrepetible.

Nuevo proyecto. “Las cartas de Lucía” será la segunda película de Brenda Vanegas. La cineasta busca apoyo para terminar con el proceso de esta cinta.

¿Ella tuvo algún problema de salud mientras estuvo rodando?

Sí y no. Ella, cuando empezó a filmar, nos comentó que necesitaba hacerse unos exámenes, pero que no quería pensar mucho en eso porque quería hacer la película. Nadie pensó que se tratara de algo grave. Al parecer ella sí sabía que algo había. Luego que terminamos de filmar, ella se hizo unos exámenes y nos comentó que iba a necesitar hacerse una cirugía para sacarse algo del estómago, pero que le habían dicho que no era cáncer. Luego ya se confirmó que era cáncer. Pero ella vivía con la insistencia de hacer las escenas que faltaban. No podíamos hacerlas porque nos habíamos quedado sin fondos. La película tuvo que parar varios meses.

¿En esa etapa fue que lanzaron el “crowdfunding”?

Sí, lanzamos una campaña porque ya no teníamos dinero.

¿Temían perder a Isabel Dada?

No, la verdad es que nunca pensamos que se nos iba a ir. Creo que es lo que quiere pensar uno. No se te va a ir tu actriz, no se te va a ir esta persona maravillosa que has conocido. Creo que ella era la que menos aceptaba que su enfermedad la podía llevar hasta la muerte. Sí que hubo una premonición cuando estábamos terminando de grabar la película, que fue en el mar, en la segunda ronda de filmaciones, cuando pudimos ir a Barcelona.

¿Eso fue después del “crowdfunding”?

Sí, fue después, porque conseguimos los fondos. Ella tenía tantas ganas… nos hacían falta muchos exteriores y unas escenas de mar. Fue una escena bastante emotiva, algo de eso en lo que de repente te decís “puede pasar”.

¿Cómo fue esa premonición?

Fue una despedida bien emotiva y fue una sensación de despedida total, infranqueable. Fue la última vez que la vimos.

Isabel Dada fue la protagonista del primer largometraje de ficción hecho en El Salvador, “Los peces fuera del agua”. ¿Pensaron en eso, en que de alguna manera conectaban con esa primera película salvadoreña?

Entra a la conversación Leticia Macua, productora ejecutiva y primer asistente de dirección de la película: “Al menos yo siempre pensé que iba a ser la vuelta al cine de Isabel Dada, no la última película de su vida”.

Exactamente. Sí, claro, de hecho lo mirábamos así, “después de tantísimos años Isabel regresa al cine”. Se volvió justamente su segunda y última película.

Comparando ambas películas, las dos únicas muestras del talento cinematográfico de Isabel Dada, para usted ¿cuál fue su mejor actuación?

Creo que son muy distintas. Hay un afán de querer comparar las obras. No podemos hablar de eso, porque cada una tiene su propio lenguaje, su propio contenido y es, en sí misma, algo. “Los peces fuera del agua” me parece una obra muy bonita, muy simbólica, y que curiosamente tiene algunos elementos que también tiene “Volar”, pero ocupados de manera distinta.

¿Cómo cuáles?

El tema de las enfermedades mentales, la pecera como un símbolo, las relaciones entre mujeres, las relaciones de amor no concebido… hay muchas cosas, pero no pensaría que una es mejor que otra.

¿Hay alguna escena en particular que recuerden ustedes de Isabel Dada en la que creyeran que no podía llegar hasta allí pero llegó?

La verdad es que Isabel Dada siempre te daba más. Es que es una película tan intimista que, entre menos se actuaba y más se era el personaje, era mucho mejor. No había algo muy pretencioso de actuación. Más bien era transmitir cotidianidad, esa intimidad en su personaje. Aunque sí diferentes emociones, porque el alzhéimer no te deja en un estado tan neutro siempre, hay altos y bajos. Hay una escena en la tina, donde necesitaba sumergirse bajo el agua, entonces había que cuidarla más, que el agua estuviera a buena temperatura.

La actriz. Isabel Dada trabajando en una de las escenas de “Volar”. Allí Esther, su personaje, conversa con su hija, Soledad, encarnada por la intérprete española Inma López.

Uno de los problemas más recurrentes del artista salvadoreño, especialmente en el de cine, pues no hay muchas muestras, es el de poder reflejar la identidad nacional en su obra, o que la película parezca salvadoreña. ¿Le preocupa eso a usted también?

No es algo que yo pienso cuando hago algo. Me refiero a que, por ejemplo, yo estaba enfocada en transmitir la soledad y la cotidianidad de las mujeres que migran fuera del país. Por lo tanto, ya ese contexto había que presentarlo afuera, porque es donde están ubicadas esas mujeres. Luego, encontrar los espacios que te transmitieran cosas. Tenía las locaciones ya todas previstas, desde el principio. Sabía que necesitaba este tipo de fábrica, esta planchaduría (dry clean)… me conocía el Centro Histórico por otro proyecto, sabía que había muchos espacios que nos podían dar las sensaciones de estar fuera del país. Originalmente se escribió para que fuera la mujer migrante en Estados Unidos, que es lo más común de nuestras mujeres migrantes salvadoreñas, no así del Sur. Aquí no podés representar un Brooklyn o un Los Ángeles, pero sí una España.

Allí hubo algo que tiene que ver más con la realidad económica que con lo artístico.

Los pensamientos fueron más en función de lo que requería la película. No me gusta cuando la gente dice “esta película no parece salvadoreña”. ¡Pero si está hecha por purititos salvadoreños! Ahora estoy haciendo otra película, que también Lety está allí, que es “Cartas de Lucía”, que contrario de “Volar”, es sumamente rural, y tiene también una gran belleza. Es como encontrar los símbolos adonde te toque estar. Tiene una belleza muy poco explotada. Hay una belleza inmensa en la ruralidad. Esto también es salvadoreño y va a recorrer lo que tenga que recorrer como salvadoreño.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo. Uno puede pensar que quizá el espectador extranjero, cuando se topa con una obra hecha en El Salvador, piensa que se va a encontrar precisamente con eso, con la violencia. “Volar” no es eso. ¿Le preocupa que el espectador de afuera espere precisamente eso de su película?

No, creo que estoy muy despreocupada, jajaja. Creo que cada artista decide enfocarse en las temáticas que más le mueven. Tenemos colegas documentalistas que registran esas historias que son supernecesarias para hacernos un diagnóstico de qué tan jodidos estamos. Pero hay otros artistas a los que nos mueven otras cosas y tenemos igual derecho de expresarnos. Y tenemos igual derecho de que afuera se nos conozca por otro tipo de expresiones. Aunque “Volar” cuenta una historia de migración, y hay razones para migrar, ese no es el gran tema de la película, es solo uno de los temas.

¿Y cómo es “Cartas de Lucía”?

“Cartas de Lucía” también cuenta una historia desgarradora de vulnerabilidad que tenemos en nuestras narices de la infancia en la zona rural, pero hemos asumido que las niñas en la zona rural a los 13 años son madres, están viviendo con personas que les doblan, les triplican la edad. Y está pasando. Pero “¡ah!, como es en el campo”. Los programas, las campañas, una serie de cosas, no llegan hasta allá, donde ni siquiera hay agua potable. Pero allá están pasando cosas terribles. Pero el enfoque de abordar esas temáticas… cada quien tendrá una forma distinta de abordarlas. Me parece que eso es el arte, que te permite hacerlo de donde te suena más, donde te evoca más.

En una conversación anterior, decía que el trabajo más aburrido que había hecho en su vida era el de empleada de una planchaduría (dry clean). Después, curiosamente, se convirtió en uno de los escenarios más importantes de “Volar”.

¡Sí, es terriblemente aburrido! Yo trabajé en esas máquinas como por tres días, y me despidieron por obvias razones. Es un calor, es un ruido, es una contaminación absurda, un encierro, te falta el aire, una cosa espantosa. Es un trabajo que hizo mi madre por muchos años. Claro, lo que te transmite visual y emocionalmente es rotundo, pero estar allí es terrible. Para mí la intención de incluirlo en la película era exponer eso, que estas mujeres están allí como otra máquina más, “así como esta plancha, esta prensa”. Allí no importa si tiene sed, si se desmaya, si le entró calor, nada. “Cuando ya no prensés bien, habrá otra que te sustituya”.

A usted le funcionaba bien porque necesitaba tener eso, un ambiente de opresión.

Claro. La peli tiene muchos símbolos. Empezamos con un ventilador, que está con el aire saliendo, es una forma de quererte ir de ese espacio, pero estás allí, metido, hasta que aguantés. Y luego de ese trabajo, no es que te vayás a tu casa, te vas a otro trabajo.

También en una conversación anterior dijo que la imagen más hermosa que había visto en su vida, la que más acudía a su memoria, era cuando a los nueve años se reencontró con su madre después de tres años sin verla.

Es una sensación que se me repite cada vez que la voy a ver. Es la mismísima emoción, los mismos ojos, como venados, de buscarnos entre la gente que está allí, conectar, y salir a abrazarnos. Es la sensación que tengo desde que era chiquita y la repito ahora de mayor, mi madre mayor aún. Y la sensación de despedida es igual de mala. Idéntica.

¿Cuánto tiempo tiene sin ver a su mamá?

No, yo la veo a cada rato, hoy sí. Pero en aquellos tiempos… La emoción es impresionante. Calcada. Como eso que sabés que vas a estar feliz, pero, también, que cuando te vayás te vas a sentir así de hecha mierda. Y vas a dejar a tu mamá muy mal. Eso no lo va a evitar nada. No hay nada que lo quite, ni la sensación de “¡ay!, nos vamos a ver en seis meses, mi mamá ahora está mejor, tiene un mejor trabajo, yo tengo la vida que tengo”, nada, no hay nada que te lo quite. Como cuando sabés que el pinchón de la aguja duele.

Usted tiene una productora. ¿Esta se encarga, también, de producir materiales no artísticos?

Sí, montón.

Quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás.

Esa es la forma con la que usted paga las cuentas.

Sí, exactamente. La verdad es que no creo que haya en El Salvador una productora que sea solo productora de cine. No hay. La verdad es que los cineastas valemos madre. Te lo digo de verdad. Estoy endeudada hasta las narices, como mal, no tengo tiempo ni de ver a mi familia. Es una vida superagotadora, pero como la pasión nos gana… Es que somos supertercos. Es lo único que nos permite hacer… yo doy clases, tengo trabajos extras, estoy terminando esta película, estoy con mi segunda película, y llega un momento en el que de verdad el cuerpo te dice “hasta acá”. El único motor es la pasión, para poder sobrellevar todo esto. Porque todos los que están haciendo una película te van a decir que llevan una vida jodida. Eso de las alfombras rojas no existe.

No hay nada más glamoroso que el cine, pero no hay nada más jodido.

En otros países será otra cosa, pero estamos hablando de donde hemos nacido. No es que yo me vea triste por eso, sino que simplemente tenemos que ser mucho más aguerridos para poder enfrentarlo todo. Porque, sino es muy fácil decir “ya no”. Y luego estar muy consciente de tus procesos. Por ejemplo, me han preguntado que viene después de “Cartas de Lucía”, que ni siquiera la hemos terminado.

¿Y qué viene?

Creo que estoy en un momento que necesito alimentarme a mí misma, quiero crecer como escritora, estoy justamente recibiendo un curso con Jacinta Escudos, porque creo que, antes de tomar un tercer proyecto, debo nutrirme. Tampoco tengo afán de volverme una máquina, de producir una película tras otra. Creo que estoy interesada en ir mejorándome, en ir profundizando más, en ir escarbando más cosas, eso requiere mucho tiempo, sobre todo si querés hacer películas, y de ficción sobre todo, porque son presupuestos más grandes y requieren mucha más gente. Tenés que asegurarle un montón de cosas a un montón de gente. Estoy en ese proceso.

¿“Cartas a Lucía” ya está filmada?

Sí, acabamos de terminar el rodaje, nos hacían falta dos escenas, pero las acabamos de terminar. Ahorita está en el proceso del primer montaje.

Para esta, ¿los recursos vinieron también de Pixels?

Sí. Con “Volar” íbamos con un proceso de prueba y error. Hoy sabemos que existen fondos de desarrollo de proyectos, de working progress, pues tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria, fuimos seleccionados para ir a México y nos ganamos un premio para la música de la película. Como que vas aprendiendo que hay otras fórmulas.

Quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás.

Usted es mormona. ¿Eso influye en su cine de alguna manera?

No. Creo que como escritor debés tener libertad. Son las temáticas y los personajes los que te van a dictar un montón de cosa. Por ejemplo, en mi religión no me recomiendan ser amante de nadie, y de pronto en “Volar” hay una situación de amantes. Pero es una realidad humana. Es una temática que a mí me llama en ese contexto de la migración, cuando estás tan solo y estás tan vulnerable, donde te podés entregar a alguien aunque esta persona en realidad no esté para vos. Y eso es muy humano también, y la religión es muy humana.

¿Pero la religión sí es importante, de alguna manera, en su trabajo?

Ahora sí, que hay ciertas cosas de valores con las que he crecido y que son parte de mí, una serie de cosas que obviamente dirigen mi vida, y que dirigirán, en parte, mi trabajo. Pero no tengo esos sesgos, porque me parece que también la religión lidia con la humanidad y que la humanidad es un cagarla muchas veces y enfrentarte a errores donde decís “¿cómo dejo esto, cómo supero esto otro?”.

¿Cómo vive, entonces, la parte religiosa de usted?

La vivo de una forma muy individual, quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás. Justamente la obra que estoy escribiendo, de la que estoy intentando hacer el primer boceto en el curso con Jacinta, va de las venganzas que te llevan hasta situaciones donde podés matar a alguien. En ese contexto y en esa realidad que estoy planteando allí, es válido, te han jodido tanto en la vida… de hecho “Paula” (su primer cortometraje de ficción, estrenado en 2013) se trata de ese dilema: estás en esa encrucijada, has llegado a tales grados de maltrato que te planteás “este hombre me mata o lo mato”. De pronto no es un pensamiento muy mormón, pero es muy humano. La humanidad te empuja a cosas terribles.

¿No siente que la religión la reprima?

Me ha reprimido en otras cosas, pero ahora, quizás desde esta faceta del arte y de la expresión, no. Pero la religión, sobre todo cuando te la enseñan con mucho temor, puede ser muy represora. “No hago las cosas por miedo”. Ya de grande entendí que tenía que hacer las cosas por amor. Muchas veces las religiones, en un afán de cuidarte, te coartan de una manera que luego estás cagado de miedo y con unos traumas… pero eso es en otras facetas de la vida, en la parte artística creo que no. Se ha convertido en la forma de explayarme.

De liberarse.

Creo que los artistas mucho lo hacemos. Muchos de nuestros temores, nuestros traumas, nuestros dolores más profundos, inseguridades, en el arte es donde afloran. ¿Imaginate a un artista que ni en su propio arte pudiera liberarse de esas opresiones? Pobre. Gracias a Dios, nosotros podemos hacerlo desde esas vías.

Brenda Vanegas contó con el apoyo varias empresas, instituciones y personas naturales en el crowdfunding que salvó la cinta. 

Antonio Molina: el exsacerdote salvadoreño al que el papa Francisco destituyó por un caso no probado de violación y amenazas

Panchimalco. Los hechos por los que Antonio fue acusado ocurrieron presuntamente en su primera etapa en esta parroquia, de 1993 a 1996.

 

Antonio Molina fue convocado el 1.º de noviembre de 2016 al Arzobispado de San Salvador. Allí, el titular de la diócesis, José Luis Escobar Alas, le entregó la carta que certificaba que quedaban suspendidos sus derechos y deberes como sacerdote de la Iglesia católica: había sido encontrado culpable por el delito de abusos sexuales en menores de 18 años cometidos en Panchimalco. “Anunciamos de antemano que la máxima decisión no admite recurso alguno, es inapelable”, dice la carta. Que aparezca el nombre del papa Francisco y que se diga que la decisión es “inapelable” significa que fue tomada por el sumo pontífice en persona.

La misiva, escrita en latín, tiene en su cabecera el escudo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego, el nombre del condenado, José Antonio Molina Nieto. Y debajo de este, el título “summus pontifex Franciscus, papa” (“sumo pontífice Francisco, papa”).

Solo para una resolución tomada por el papa no es aceptable ningún recurso, dentro de la Iglesia católica, no hay autoridad más alta. Y esa vía está reservada solo para los casos más graves. Así lo explican los vicarios judiciales de tres arzobispados en Latinoamérica y Miguel Funes, exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Antonio Molina no volvió a la última parroquia que tuvo a su cargo, Santa Cruz de Roma, en Panchimalco. Una en la que estuvo en dos periodos: de 1993 a 1996; y de 2006 a 2016, año en el que fue suspendido tras conocerse las acusaciones en su contra, todas referidas a su primera etapa en el templo.

El exclérigo lleva casi un año de insistir en su inocencia, pese a la condena del Papa. La pelea incluso salió de la Iglesia y llegó a los tribunales civiles de El Salvador en forma de demandas por difamación y calumnia contra sus denunciantes.

Molina acusa al Arzobispado de San Salvador de dejar pasar muchas irregularidades, sobre todo en torno a la denuncia de un hombre de 35 años llamado Isaí Ernesto Mendoza, que lo inculpó de hacer orgías y de haberlo violado cuando era un adolescente y formaba parte de su grupo de acólitos.

El exclérigo alega que no conoce a ese denunciante y que es posible que nunca residiera en Panchimalco, algo que el Arzobispado de San Salvador no confirmó antes de enviar el caso. Fue este cargo el que llevó al papa Francisco a tomar la decisión de dimitirlo del estado clerical, uno que ahora se califica como falso, de acuerdo con las mismas autoridades de la Iglesia encargadas de investigar.

 

***

 

CONDENA POR UNA SOLA DENUNCIA

Dimisión. Esta carta le informó a Molina que dejaba de ser un sacerdote de la Iglesia católica. Allí, resaltados, están el nombre del papa y las palabras que advierten que la decisión es inapelable.

El de Antonio Molina fue uno de los tres casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente a menores de 18 años que el Arzobispado de San Salvador hizo públicos entre finales de 2015 y principios de 2016. El primero fue el de Jesús Delgado, entonces vicario general de esa diócesis, que fue denunciado por la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, por primera vez en un programa radial en noviembre de 2015. Tras ello, la diócesis hizo público el nombre del clérigo y pidió a las víctimas de este delito que se acercaran para denunciar si existían otros casos.

El anuncio de que los tres exsacerdotes habían sido encontrados culpables en el Vaticano se hizo el 18 de diciembre de 2016: la velocidad con la que fueron resueltos los procesos parecía un golpe sobre la mesa, un mensaje de que la Iglesia estaba comprometida con el combate a este delito. Con el de Molina no se tardaron ni un año.

La Congregación para la Doctrina de la Fe es la versión moderna de la Santa Inquisición. Tiene sede en el Vaticano. Es la que, dentro del cuerpo de leyes que tiene la Iglesia para juzgar los delitos de sus miembros, ve los denominados graviora delicta. Entre estos, los más graves conocidos, está el abuso sexual en menores de 18 años.

En el caso de Isaí, el agravante no fueron las agresiones sexuales, sino que las presuntas amenazas de muerte de Molina en su contra. Esta denuncia, a diferencia de las otras, nunca fue revelada a los medios.

Después de recibir e investigar una denuncia, según el proceso de la Iglesia, la diócesis debe enviar un dosier a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando un caso llega a esta entidad, existen al menos seis caminos. Uno, el más expedito, es el de trasladar la decisión al papa. Esta vía fue la que tomó la denuncia de Isaí Mendoza contra Antonio Molina. Este es el único de los casos contra sacerdotes salvadoreños que consta fue resuelto de esta manera.

Este es el procedimiento para casos demasiado evidentes: “Pensemos en material pornográfico descubierto en las manos, pieza o soporte digital del acusado; filmaciones, testimonios de personas que hayan sido testigos de los abusos”, comenta para ilustrar este punto el padre Jaime Ortiz de Lazcano, experto en Derecho Canónico y vicario judicial de Santiago de Chile, una diócesis por la que ya han pasado varios casos de abusos sexuales en menores de 18 años.

También está reservado a aquellos casos que cuentan con elementos agravantes: según Luis Salcedo, vicario judicial de la Diócesis de Guadalajara, México, uno de ellos es que la víctima sea un menor de 10 años. Otro es que haya una gran cantidad de denunciantes para un solo acusado. Aunque no siempre se cumple: el exnuncio de República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski (ya fallecido), fue acusado por decenas de víctimas, pero en su caso la decisión la tomó la Congregación para la Doctrina para la Fe. El sacerdote, por tanto, tuvo la posibilidad de apelar.

Sobre Antonio Molina pesaban otras dos denuncias interpuestas por las gemelas de una familia tradicional de Panchimalco. Las mujeres, ahora de 34 años, aseguraron que los hechos ocurrieron cuando ellas tenían 11 años. Una de ellas afirmó que el sacerdote le “metió las manos” dentro de la camisa, una tarde en la que ella estaba “jugando en el campanario”. La otra contó una experiencia similar: narró que le tocó los pezones al tiempo que le decía “estás creciendo, mi amor”. Esta última también acusó al sacerdote de haberle manoseado las piernas.

La gravedad de los hechos descritos es indiscutible, pero no califican para ser trasladados directamente al papa, de acuerdo con Jaime Ortiz de Lazcano, Luis Salcedo (Guadalajara), Leocadio Morales (vicario judicial de la Diócesis de Santa Ana) y Miguel Funes (exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe): las víctimas tenían más de 10 años y no hubo a la mano evidencias o testimonios de terceros que respaldaran la versión narrada por las gemelas.

La decisión del papa, por tanto, fue tomada solo con respecto al caso de Isaí Mendoza, quien acusó a Molina de haber tenido sexo anal y oral con él. En la denuncia se habla de que los hechos ocurrían en el marco de orgías en la sacristía y en dos casas alquiladas, una en Panchimalco y la otra en Nuevo Cuscatlán*. Isaí tampoco aportó testigos ni el periodo aproximado en el que sucedieron los hechos. La amenaza de muerte denunciada le dio otro tinte a la historia.

Las acusaciones de las gemelas de Panchimalco fueron las primeras en contra de Antonio Molina en llegar al Arzobispado de San Salvador. El tribunal eclesiástico las recibió oficialmente el 10 de febrero de 2016. Molina fue suspendido cuatro días después.

El 15 de abril, el arzobispo le anunció al exsacerdote que existía una nueva acusación en su contra, la de Isaí. Ahora esta es la única inculpación que pesa sobre los hombros del exclérigo: las gemelas aceptaron conciliar en la demanda que el sacerdote presentó en su contra por difamación y calumnia y firmaron un documento en el que se retractaron de las acusaciones.

Autoridad. Toda decisión dentro de la Iglesia tomada por el papa es inapelable. Incluso existe el Principio de Infalibilidad, que reza que en asuntos teológicos es “incapaz de cometer errores”.

 

 

***

 

LA BÚSQUEDA DE ISAÍ

 

“Ha habido casos en los que la congregación toma ella misma la investigación, pero son contadas. Estuve allá muchos años, y esa decisión se tomó una o dos veces”, comenta Miguel Funes desde su nueva residencia en Ciudad de México.

El sacerdote mexicano Miguel Funes perteneció 16 años a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una de las personas en el continente mejor certificadas para hablar sobre cómo son los procesos en el interior de esta institución con sede en el Vaticano. Una de las cosas en las que están atados de manos es en la recolectar información relativa a los casos. Para ello dependen exclusivamente de las diócesis locales.

La diócesis u orden religiosa a la que pertenece el acusado se encarga de una fase preliminar, donde colecta información de cargo y de descargo a través de una figura conocida como instructor.

En el caso de Antonio Molina, esta tarea la ocupó Rafael Urrutia, canciller y vicario judicial del Arzobispado de San Salvador. Fue acompañado por los otros dos sacerdotes que conforman junto a él el Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis. Por sus manos pasaron, por tanto, todas las pruebas y todos los testimonios relativos a las tres acusaciones contra Molina.

Rafael Urrutia mismo duda ahora de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

Uno de los principales argumentos de Molina para sostener su inocencia durante más de un año ha sido que no recuerda haber conocido a un niño llamado Isaí Mendoza. Otra premisa de su defensa es que él no contó con acólitos en su primera etapa como párroco de Santa Cruz de Roma, del 1.º de julio de 1993 al 25 de febrero de 1996. En la acusación, Isaí escribió que sufrió los abusos del sacerdote cuando se desempeñaba como su monaguillo.

Antonio Molina. Sacerdote desde 1993, además de Panchimalco estuvo en la parroquia de Huizúcar. Fue capellán de dos colegios de señoritas y prefecto de estudios en el seminario de San Salvador.

Molina fue sustituido en esa iglesia por el padre Daniel Coto, quien ahora es el encargado del templo San Juan María Vianney, en San Juan Opico. Coto sirvió como uno de los testigos de descargo de Molina ante el Tribunal Eclesiástico. Vía telefónica, asegura que fue hasta su periodo que comenzó a ejercer su ministerio un grupo de acólitos. Antes de eso, dice, quienes se encargaban de asistir al sacerdote en misa eran los miembros del Camino Neocatecumenal, que eran adultos. Eso mismo está en el testimonio que rindió ante el Tribunal Eclesiástico el 24 de agosto de 2016.

“Yo no encontré acólitos y como su existencia es habitual en todas las parroquias, la necesidad pastoral de que ayudaran en las misas me movió a invitar a estos jóvenes”, dijo Coto ese día. Eso también lo escribió hace 22 años en el libro de gobierno que reposa en la parroquia de Panchimalco.

Otro sacerdote que rindió su testimonio ante el Tribunal Eclesiástico fue Víctor Martínez. Desde pequeño, este hombre nacido y criado en Panchimalco parecía destinado a entregarle su vida a la Iglesia católica. A los 10 años comenzó a ayudar en las actividades del sacristán de la parroquia, en un trabajo que se extendió hasta su vida adulta. Era un quinceañero cuando fue testigo del nombramiento de Antonio Molina como párroco de su municipio, el 1.º de julio de 1993.

“En esta etapa nunca hubo acólitos. A la misa le asistíamos el señor Ciriaco (el sacristán) y yo. El padre no tenía necesidad de acólitos porque lo hacíamos nosotros y los ministros del Camino Neocatecumenal”, escribió Martínez en su declaración. Otros ocho testigos dijeron la misma versión ante el tribunal.

Contactar con Isaí habría sido imposible si en el expediente de la demanda por difamación y calumnia que interpuso Molina contra él no se hubieran incluido los datos relativos a su vivienda.

La tarde comienza a declinar este día de octubre de 2017 en Santa Tecla. La puerta de la casa está entreabierta. Cuando se llama, quien sale es una señora de unos 60 años. Es la madre de Isaí.

—Yo sé toda la historia porque soy su mamá, pero no puedo decirla –dice cuando se le cuenta sobre el motivo de la visita–. Ahorita no está, anda trabajando.

Rafael Urrutia dice que Isaí no aportó ningún elemento que sustentara que haya vivido alguna vez en Panchimalco. La señora sostiene que residieron allá por tres años. Incluso dice que Isaí estudió en un centro escolar de ese pueblo. Sin embargo, en los dos que existen allá no hay registros de su hijo. Ella insiste en que Isaí tiene un diploma, que usualmente decoraba un muro de la casa, que lo prueba. Ahora lo ha bajado, señala, porque planea irse de su hogar. En voz baja, dice que lo han amenazado.

También que Isaí sufre de un cáncer en el hueso de la rodilla, y que por ello una amiga residente en Panamá se lo llevará a ese país para que allá continúe su tratamiento.

Cinco minutos después, tras varias preguntas, comenta: “Ah, no, ya me acordé, un hermano mío se lo traía a estudiar a una escuela en San Salvador”.

La señora asegura que cuando Isaí anunció en el seno familiar que iba a denunciar a Antonio Molina, su padre le recomendó no hacerlo. “Le dijo que ya era pasado, y que eso lo dejara reposar”, comenta la madre. Promete que pasará el mensaje a Isaí para que este pueda comunicarse y dar su versión.

La puerta también está entreabierta, en esta nueva visita aderezada por el frío de finales de diciembre de 2017. En esta ocasión quien atiende es el padre de Isaí.

Uno de los principales argumentos de Antonio Molina para sostener su inocencia es que el muchacho nunca vivió en Panchimalco. Eso mismo lo apoya el padre de Isaí, quien asegura que la familia jamás ha residido en ese pueblo del sur de San Salvador. “Yo viví pero en Los Planes de Renderos cuando era niño, con mi abuela”, dice el padre del denunciante.

Y pone una cara de extrañeza cuando se le habla de la acusación que interpuso su hijo contra Antonio Molina por presuntamente haberlo violado cuando era su acólito en Panchimalco. Y el gesto aumenta de volumen cuando se le cuenta lo que dijo su esposa: que él le recomendó a Isaí no denunciar el hecho.

Al centro de la sala, el hermano de Isaí ha estado atento a la conversación y pregunta sobre lo ocurrido. También afirma que no sabe de qué denuncia se está hablando.

“Qué raro, nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia católica. Asistimos al Tabernáculo. Incluso ahorita vamos a ver el culto”, dice el hermano. Pregunta si se le ha filmado. Únicamente se han estado registrando sus voces. Los dos hombres recogen nuevamente el número telefónico para que Isaí pueda comunicarse y dar su versión.

En la noche de este día de diciembre, Isaí escribe un mensaje de WhatsApp: “Soy un enfermo de cáncer terminal, en realidad no tengo tiempo, pero voy a hacer una excepción, además necesito decirle un par de cosas, aquí espero su mensaje”. La llamada comienza.

—Usted dice que los abusos ocurrieron en Panchimalco y en Nuevo Cuscatlán. ¿Me puede decir en qué periodo se dieron los abusos?
—No.
Su madre y su padre dieron dos versiones distintas. Ella dijo que vivieron tres años en Panchimalco; él, que nunca residieron allí, se le explica.
—Mire, hay una cosa que no pareció correcta. ¿Qué llegó a hacer usted allí? Según mi hermano usted lo llegó a filmar –dice.
—Yo no lo he filmado –se le aclara.
—Vaya, yo solamente le voy a advertir algo, yo estoy fuera del país y no tengo ningún problema porque tengo un montón de amigos allá y usted no fue muy inteligente que se diga, porque le dio su número personal a mi hermano, y ya tenemos todos sus datos aquí. Así que le recomiendo que sea prudente –comenta.

Sin embargo accede a seguir conversando. Explica que el motivo de que las versiones de su padre y de su madre no coincidan es que han sido instruidos a no hablar del tema.

Es hora de las preguntas. Las primeras van referidas, justamente, a su residencia en Panchimalco. Como su madre, dice que vivió en ese municipio durante tres años.

—¿Me podría decir dónde estaba ubicada la casa?
—Cerca de la iglesia.
—¿Hay algún otro dato que me ayude a precisar dónde estaba, una referencia, una calle, un número de casa?
Esta última pregunta provoca que Isaí exija cortar con la conversación. En días posteriores se le volverá a contactar. No contestará más.

 

Señalados. Molina afirma que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia, cometieron errores en su proceso.

 

El casco urbano de Panchimalco, donde afirma Isaí haber residido, es un poblado constituido por unas pocas familias. Gutiérrez, Rodríguez, Martínez son algunos de los apellidos que más se repiten entre los lugareños. Es uno de esos sitios donde se cumple el cliché de que “todos se conocen”.

Los habitantes de las viviendas, custodiadas desde lo alto por la Puerta del Diablo, tienen otra particularidad: casi todos han vivido desde su infancia en la misma casa. Y nadie sabe dar referencias de una familia Mendoza que haya vivido alguna vez en el sector.

Donde sí hay rastros de la familia es en la urbanización Jardines del Volcán, en Merliot, Santa Tecla. Según datos del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el padre de Isaí adquirió el 26 de enero de 1984 una casa del polígono C-12 de dicha urbanización. No se desprendió de ella sino hasta el 16 de octubre de 2006. En Panchimalco nunca hubo una casa a su nombre. Tampoco al de su esposa.

El alquiler también es una posibilidad. Pero al menos una docena de personas en el casco urbano de Panchimalco sostienen que eso no se acostumbra. Uno de los pocos sitios donde se alquila en esta zona, dicen, es un condominio construido en la década del 2000.

Jardines del Volcán, Merliot, parece la antítesis de Panchimalco. Ha habido mucha migración. Varias de las personas que habitan sus viviendas son relativamente nuevas. El pasaje donde está la vivienda que le perteneció al padre de Isaí no es la excepción.

Pero eso no quiere decir que no haya vecinos que perseveren. Ese es el caso de esta mujer, quien ha residido en esta casa desde julio de 1984, el mismo año que, según los registros, la familia de Isaí adquirió su vivienda. Habla quedo y pide no revelar su nombre.

“Estaba de meses él (Isaí), cuando vinieron”, comenta la vecina, algo en lo que su memoria la asiste de forma milimétrica: para julio de 1984, Isaí tenía 10 meses de edad. Dice, con la misma voz apenas perceptible, que no recuerda que se hayan ausentado en alguna época de la casa.

Otros residentes del pasaje, quienes han vivido allí desde los ochenta, dijeron que tampoco recuerdan que la familia se haya ido por algún tiempo de la zona, mucho menos los tres años que afirman Isaí y su madre.

“Yo entiendo que un juicio se perfecciona con un solo caso. Aquí estamos hablando de tres casos. Puede ser que este sea falso, yo no sé, no me doy cuenta si allá (en el Vaticano) le dieron credibilidad o no a este”, comenta el arzobispo José Luis Escobar Alas cuando se le menciona la historia anterior.

 

 

***

 

EL OTRO DEFENSOR

 

Para Antonio Molina, la entrega del libro de gobierno de la parroquia de Panchimalco (donde su sucesor en el templo escribió que el grupo de acólitos inició sus actividades bajo su gestión hasta el 28 de julio de 1996) era suficiente prueba de descargo para que la acusación de Isaí fuera desestimada. Por eso no eligió un defensor, como sí lo había hecho con las denuncias de las gemelas, para las que contrató al sacerdote panameño Carlos Echeverría.

Pero sí tuvo un defensor nombrado por el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas: Francisco Alexánder Góngora, párroco de la Catedral Metropolitana. Molina sostiene que nunca habló con él, sino hasta después de que le entregaron la carta de su dimisión del estado clerical.

En el nombramiento de Góngora, fechado el 16 de mayo de 2016, se escribe que se le confieren “todos los derechos y deberes que el cargo exige”. Son exactamente las mismas palabras del nombramiento de Carlos Echeverría, el defensor que Molina escogió para las denuncias de las gemelas.

En el documento de defensa, Góngora se limita a recomendar la realización de peritajes a Isaí, a fin de “comprobar hasta dónde influye en la conducta de la supuesta víctima el supuesto abuso cometido por el acusado”. Ninguna mención al libro de gobierno donde se plasma la ausencia de acólitos en el periodo de Antonio Molina, algo que el mismo exsacerdote habría podido aportar, pues ya lo había entregado al Arzobispado. Tampoco hay constancia de otra actividad de investigación.

El sacerdote Rafael Urrutia mismo duda de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

El arzobispo Escobar Alas asegura que consultó a Góngora como a otras personas para conocer una segunda opinión, alternativa a la del panameño Carlos Echeverría.

—¿Pero usted nombró a otras personas mediante un decreto como ese, además de al padre Góngora? –se le pregunta.
—Yo no le voy a dar ninguna explicación. Solo digo que he hecho esta consulta porque no fue parte del juicio y por eso puedo hablar de él –dice, asegurando que no puede referirse a ninguna otra parte del proceso porque está bajo “secreto pontificio”.

En una conferencia del 5 de junio de 2016, el arzobispo de San Salvador anunció que había enviado todos los insumos relativos a los casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores. A Francisco Alexánder Góngora lo nombraron defensor de Antonio Molina el 16 de mayo. El sacerdote tuvo menos de 20 días para redactar su defensa.

El caso de Isaí tuvo otra irregularidad: el arzobispo Escobar Alas se limitó a leerle a Molina el contenido de la denuncia. No le dio una copia de ese documento ni de ningún otro relacionado con la acusación.

 

***

 

LA AMENAZA DE MUERTE

El Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos graves cometidos por los miembros de la Iglesia. Su máxima autoridad es el español Luis Francisco Ladaria Ferrer.

El arzobispo José Luis Escobar Alas convocó nuevamente al exsacerdote a sus oficinas el 24 de agosto de 2016. Allí le mostró un mensaje de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era un ultimátum donde se le advertía que si no aclaraba de forma amplia el caso de Isaí Mendoza, este sería trasladado directamente a la consideración del papa. Le dieron un plazo de 10 días (entregó su defensa una semana después). Antonio Molina afirma que tampoco en esa reunión se le informó de manera oficial que Isaí lo había acusado de mandarlo a golpear y amenazarlo de muerte.

Rafael Urrutia asegura que él vio a Isaí únicamente en una ocasión, cuando se presentó a la audiencia ante el tribunal presidido por él para confirmar de viva voz lo que antes había descrito solo en papel. Por tanto, fue esta oportunidad la única en la que Isaí pudo informar sobre las amenazas de muerte y entregar el papel en el que, presuntamente, se refleja la denuncia que puso ante la Policía Nacional Civil de Santa Tecla.

Debido a que tanto el arzobispo Escobar Alas como Rafael Urrutia se niegan a hablar de aspectos muy específicos del proceso, no es posible certificar cuál fue la fecha exacta en que ocurrió esta audiencia, pero Urrutia comenta que su tribunal le entregó antes de mayo al arzobispo todos los insumos relativos a las acusaciones contra los tres sacerdotes imputados por abuso sexual en menores. Es posible que ocurriera incluso antes del 15 de abril, cuando al exclérigo le comunicaron por primera vez la inculpación de Isaí.

Antonio Molina mandó a indagar a Isaí a través de una compañía de investigación privada. Así pudo conocer cuál era la dirección de su casa. Sin embargo, estos datos los obtuvo hasta junio de 2016. La denuncia fue anterior a la fecha en la que Antonio supo cuál era la dirección de quien lo acusaba.

El sacerdote Leopoldo Sosa Tolentino, actualmente al frente de la iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, fue por 14 años vicario general del Ordinariato Militar para la Policía Nacional Civil. Por ello tuvo la facilidad para solicitar (y que le entregaran inmediatamente) datos acerca de denuncias presentadas por Isaí Ernesto Mendoza. Le informaron que no existía ninguna en la delegación de Santa Tecla ni en ningún puesto del departamento de La Libertad.

Sosa Tolentino hizo constar esta información en un documento fechado el 30 de agosto de 2016, que fue entregado al Tribunal Eclesiástico que llevó la fase preliminar del caso. En la PNC y en la Fiscalía General de la República no hay datos relacionados con alguna denuncia hecha contra Molina.

Rafael Urrutia también duda que Molina haya mandado a golpear a Isaí. Cuando habla sobre ello, lanza una risa burlona. Para él, lo narrado por Isaí en torno a la golpiza es una mentira. Isaí, por otro lado, tiene antecedentes por dos casos de estafa reportados en 2009 y 2013.

 

La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió. “Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

 

 

***

 

LA IGLESIA NO COMPARTE LOS DOCUMENTOS

 

El 18 de diciembre de 2016, El Salvador y el mundo supieron que Antonio Molina ya no era sacerdote de la Iglesia católica. Dos días después, este interpuso una demanda contra sus denunciantes en un tribunal civil por difamación y calumnia.

El exsacerdote exigía varios puntos a sus demandados, como la firma de un documento donde se retractaran de sus acusaciones. También pedía la realización de una conferencia de prensa donde eso se haría público. Además solicitó una compensación económica, que sería de aproximadamente $133,000** por cada uno.

Como parte del juicio, Molina le pidió a su abogado, Juan Francisco Bonifacio, que solicitara al Arzobispado de San Salvador el expediente completo de su caso, pues nunca pudo tener acceso a la totalidad de documentos que fueron anexados en este. Quería saber, en suma, qué fue lo que se envió desde la diócesis local hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Juzgado Sexto de Sentencia hizo esta petición. La diócesis, a través del canciller Rafael Urrutia, contestó que no poseían esos documentos, pues, escribió, las nuevas disposiciones de la Iglesia indican que se envíe todo el expediente en original a la Santa Sede. El padre Miguel Funes, exmiembro de la CDF, afirma que las reglas son otras: la diócesis envía un informe, pero se queda con una copia de los documentos, que debe conservar durante 10 años a partir del término del juicio, a menos que el acusado muera.

“Nosotros entregamos la documentación al obispo. Yo no sé si él conserva esos documentos”, comenta Rafael Urrutia al respecto. José Luis Escobar Alas afirma que toda la documentación fue enviada al Vaticano.

 

 

***

EL HOMBRE MUERTO

La audiencia inicial del proceso civil se realizó hasta el 7 de septiembre de 2017. Al Juzgado Sexto de Sentencia solo se presentaron las gemelas de Panchimalco. Isaí no llegó: su madre argumentó que él había muerto, lo que fue desmentido días después con un informe del Registro Nacional de las Personas Naturales. Por ello el Juzgado Sexto de Sentencia pidió que se extendiera una orden de captura en su contra.

La madre de Isaí aseguró en la visita que se hizo a su casa que mintió porque tenía motivos de peso: su hijo había sido amenazado de muerte.

“Tuve que mentir, que Dios me perdone, tuve que mentir, porque me lo han amenazado. Yo fui la que le dijo ‘mirá, hay que decir que moriste’”, dijo la señora. Agrega que un amigo estaba por “llevárselo a Panamá”, para que allá también pudiera tratarse de sus problemas de salud, pues está enfermo de un “cáncer en la rodilla”. Un viaje que, por la demanda que pesa en su contra, no hubiera sido legal. Cuando se habló con Isaí, el 27 de diciembre de 2017, aseguró que ya estaba fuera del país.

La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió.

“Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

Ante el hecho de que Isaí nunca apareció, las gemelas de Panchimalco solicitaron que su proceso se ventilara de forma independiente al del otro demandado. Aceptaron conciliar con el sacerdote el 9 de enero de 2018. Firmaron un documento donde se retractan de sus acusaciones.

Urrutia asegura que ya trabajan en la restitución de Molina, quien para siempre será un condenado por abuso sexual en menores de 18 años: el dictamen fue firmado por el papa Francisco. Es inapelable. Pero las condenas no son eternas. Para que el sacerdote vuelva a su puesto debe gozar de un proceso conocido como “gracia”, en el que el sumo pontífice decide que su sentencia ha terminado.

“Antonio va a salir bien”, comenta Rafael Urrutia, el mismo hombre que debía investigar la veracidad de las acusaciones en contra de Molina.

Nombramientos. A la derecha está el decreto que nombra defensor de Molina al panameño Carlos Echeverría, encargado del caso de las gemelas. A la izquierda, el correspondiente a Francisco Góngora, a quien el arzobispo dice que pidió “una segunda opinión”. Los documentos son idénticos.

 

*En la edición impresa de este reportaje se dice que en la denuncia se recoge que los abusos ocurrieron en una parroquia de Nuevo Cuscatlán, cuando debió decir que fue en una casa alquilada en ese municipio. La corrección se realizó el 18 de febrero de 2018.

 

**En la edición impresa de este reportaje se publicó que la cifra era $166,000. La corrección se realizó el 18 de febrero de 2018.


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“Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”

Ilustración

Ilustración de Moris Aldana

Una carta firmada por Juan XXIII, apodado “el Papa Bueno”, llegó a las más altas autoridades de la Iglesia católica a escala mundial en marzo de 1962. Contenía instrucciones para encubrir, ante las autoridades seculares, casos de abuso sexual en menores de 18 años por parte de sacerdotes. Incluía también amenazas de expulsión para aquellos que rompieran este “pacto de silencio”.
La misiva escrita en latín es uno de los ejemplos incluidos en el informe “Los abusos sexuales y la Santa Sede” (2014), con los que la red mundial Child Rights International Network ilustra cómo la Iglesia católica impidió el combate a este flagelo durante años. En el mismo documento, sin embargo, se reconoce que para cuando se publicó el texto, la institución ya había dado importantes pasos para superarlo.
Pero denunciar una agresión sexual en la que el acusado es un sacerdote sigue siendo un proceso arduo y revictimizante. Eso cuenta Sara, 41 años, estatura media, ojos vivos, quien acusó a un sacerdote de haber abusado de ella en una parroquia de San Salvador cuando era niña.
Sara decidió volver a hundirse en sus recuerdos en la segunda mitad de 2016, después de que la Iglesia católica nacional, a través del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, invitó a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes a acercarse para denunciar. Prometió el mayor de los apoyos en un momento en el que el dedo acusador de la sociedad salvadoreña se levantaba en contra de esa institución.
Para presentar su acusación, Sara llegó al Arzobispado de San Salvador, un edificio de tres plantas y colmado de oficinas. Como no hay un lineamiento público sobre cómo poner una denuncia, tuvo que repetirle a varias personas la misma frase: “vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”, hasta que al fin la refirieron a la oficina del Tribunal Eclesiástico.
“El Arzobispado cuenta con muchísimos empleados. Es complicado instruir a tanta gente sobre lo que tiene que hacer. Además ellos andan ocupados en sus propias actividades”, responde Rafael Urrutia, presidente del Tribunal Eclesiástico, acerca de lo anterior.
En una ventanilla similar a la de un banco, una secretaria le preguntó por el motivo de su visita. Tuvo que repetir aquella frase. Le dijo que debía hacer una denuncia por escrito, en donde anotara el nombre completo del acusado y la parroquia donde ocurrió el abuso. No le explicó nada sobre el proceso, solo que se le iba a llamar para que ella se presentara ante el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”.

Tras muchas llamadas, la fecha fue fijada. Cuando llegó el día, Rafael Urrutia, con la denuncia en la mano, le dijo que no podían ocuparse de su caso, pues el acusado pertenece a una orden religiosa. Por ello la envió a preguntar a la parroquia donde sucedieron los abusos. “Es que no nos correspondía, es la verdad”, comenta Urrutia al respecto.
Eso lo desmiente el Derecho Canónico, el cuerpo de leyes que rige a la Iglesia católica: “En las causas penales, el acusado, aunque se halle ausente, puede ser llevado ante el tribunal del lugar donde se cometió el delito”, dice el canon 1,412. Miguel Funes, quien fue miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe por 16 años, sostiene que si un religioso comete un delito, lo hace mientras está en una diócesis, la cual depende de un ordinario, en este caso el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. La víctima, por tanto, tiene dos posibilidades: denunciar en el obispado donde pasaron los abusos o ante el superior de la orden religiosa en la provincia correspondiente.
Para Leocadio Morales, vicario judicial de la diócesis de Santa Ana, la mejor es la segunda opción cuando el acusado es un sacerdote que ya no está en una parroquia de la misma jurisdicción. Ese es el caso del clérigo señalado por Sara. Pero, dadas las circunstancias, si quien denuncia se acerca al obispado del lugar, es necesario darle una respuesta.
Según Morales, el obispo debe hablar con el superior de la orden e informarle que se tiene una acusación contra el sacerdote sobre un abuso sucedido cuando estuvo bajo su jurisdicción. El tema les concierne a ambos: le corresponde al obispo porque quien denuncia es su feligrés; también al superior, pues el clérigo responde a su autoridad. Deben llegar a un acuerdo sobre quién se hará cargo.
“Es lo más correcto para hacer. No se puede decir ‘a mí no me importa lo que te ha pasado’”, comenta Morales.
Si Sara hubiera aceptado la primera respuesta de Urrutia, el ciclo hubiera comenzado otra vez: ir a la parroquia donde sucedieron los abusos y decirle, quizá al secretario o al sacristán, la misma frase (“vengo a denunciar un caso de abuso sexual de un sacerdote. Yo fui la víctima”) y repetírsela luego al párroco actual.
Pero ella no quedó satisfecha. Le dijo que no confiaba en que la misma congregación a la que pertenecía su abusador fuera la que se ocupara del caso. Le preguntó si ellos podían encargarse, servir como una especie de fiscalizadores del proceso. Urrutia le contestó que sí, contradiciendo lo que había dicho al principio. El acuerdo, por tanto, fue que el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de San Salvador le tomaría su declaración para, luego, pasársela a la orden religiosa a la que pertenece el sacerdote acusado.
Hicieron una audiencia donde rindió su declaración, que luego sería enviada a la orden para que continuara con el proceso.
Ese testimonio no serviría para nada: cuando el caso llegó a las manos de la orden religiosa, esta hizo otra audiencia. Las cosas comenzaron desde cero, pero Sara pudo superar su inicial desconfianza al ver la seriedad con la que la orden religiosa se encargó de su denuncia. La acusación todavía está activa, a la espera de lo que decida la Congregación para la Doctrina de la Fe, el tribunal especializado en juzgar delitos graves.
Sara no ha pedido que al sacerdote se le castigue con la dimisión del estado clerical, la pena más grande que puede imponer la Iglesia a uno de sus miembros. Ha exigido que se reconozca al sacerdote como su victimario y a ella como la víctima.

Las otras peticiones van encaminadas a que dentro de la orden religiosa se tomen medidas concretas para evitar que se sigan dando abusos, como la creación de canales de denuncia y manuales de conducta; también una rigurosa reglamentación de cómo funcionarán las relaciones entre clérigos y niños. Recomendaciones que espera que se extiendan a otras jurisdicciones, como el Arzobispado de San Salvador, para acabar con un problema que, en su opinión, no se ha terminado de superar.

“La Iglesia dice mucho ‘solo son dos o tres casos, no ha pasado más, ya nadie más denunció’. Al no existir un reconocimiento del problema, la gente tiene más temor a denunciar. Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”, dice Sara.


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Las millonarias empresas que cabían en una oficina

La sede. El local 201 del Centro de Oficinas La Sultana es todavía la dirección legal de al menos ocho empresas, cinco de las cuales se describen en este reportaje.

En el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, a un costado de la autopista Sur, funciona una pequeña compañía de publicidad. El recinto no tiene más que unos 6 metros de fondo por 4 metros de fachada, apenas suficiente para albergar el consultorio de un dentista o de un psicólogo.
Pero solo hasta hace unos meses, en este mismo sitio funcionaron varias empresas, cada una de las cuales reporta la posesión de millonarios activos ante el Centro Nacional de Registros.
El vigilante que esta tarde de noviembre está encargado de resguardar la entrada asegura que en los años que ha laborado aquí y antes de que sus nuevos inquilinos ocuparan el espacio, solo dos personas trabajaban en el local 201. Una era la señora encargada de hacer la limpieza, que recibe su pago desde la administración del edificio, y la otra era una empleada que permanentemente ocupaba la oficina. Según el vigilante, quizá una vez a la semana esa misma mujer recibía la visita de dos hombres, de los que no sabe precisar el nombre ni dar una descripción física.
La correspondencia relacionada con esa dirección iba dirigida a varias sociedades, comenta, pero siempre identificaron a ese local como la sede de la Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos (OSAD), una de las empresas que, según la Fiscalía General de la República, ayudó a darle apariencia de legalidad a un dinero proveniente de los fondos de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público en 2006 y 2007, durante el mandato de Antonio Saca, a quien la misma entidad acusa de peculado y lavado de dinero por el desvío de más de $300 millones provenientes del erario público.
El local 201 sigue siendo la dirección legal de OSAD y de otras tres compañías a las que el ministerio público ha señalado como responsables de recibir dinero de los contribuyentes desviado por Antonio Saca: Garantía en Dirección Empresarial (GDE), Group Corporation (GROCORP) e Investment Group (INGROUP).
También continúa siendo la dirección legal de otra compañía: Export Services. A pesar de no ser parte del proceso abierto en los tribunales, comparte las mismas características con las cuatro que sí están señaladas.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías, según revisiones a sus balances presentados en el Registro de Comercio y la información recogida por la FGR en su acusación contra Jorge Hernández y cuatro imputados más.
La puerta de la compañía de publicidad que hoy ocupa la oficina 201, y que no tiene nada que ver con los anteriores inquilinos del espacio, estuvo cerrada en diferentes visitas hechas a lo largo de noviembre, algo comprensible si se toma en cuenta que la mayor parte de sus actividades se realizan en exteriores. Sin embargo, el primer día de diciembre, el director comercial de la empresa llega cargando algunas cajas a la oficina y acepta hablar con la condición de que no se diga su nombre ni el de la sociedad.
La empresa arribó al recinto en la segunda mitad de agosto luego de llegar a un acuerdo de arrendamiento con el dueño de la oficina. En este complejo, cada espacio cuenta con su propietario. La administración del edificio solo se encarga de aportar los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento, para los que cobra un importe de $40 mensuales.
Según el director de la compañía de publicidad, tuvieron que hacerse cargo de seis de esos pagos, que los anteriores inquilinos no cancelaron. Incluso el dueño de la oficina les aseguró que desaparecieron hace casi un año sin pagarle algunos meses de arrendamiento. No volvió a saber de ellos.
“Todavía nos vienen algunos recibos, correspondencia dirigida a estas empresas. Incluso los citatorios judiciales llegaron aquí. Eso, lógicamente, como no nos pertenece, lo destruimos apenas nos llega”, comenta.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, esto, que una pléyade de empresas con importantes activos comparta una misma pequeña sede, apenas suficiente para funcionar, debe ser un motivo de alarma para las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero en un país.
“Diferente fuera que existiera un piso entero, adonde hubiera cinco oficinas donde hubiese una cantidad de personal y de equipo de oficina razonable para unas empresas del capital semejante al que dicen estar constituidas en los documentos. Todos esos elementos indican que estamos ante una tipología de posible lavado de activos”, comenta el experto.
Carlos Gamero Quintana, Laabin Tóchez y Enrique Guatemala son prófugos de la justicia. La única forma de establecer contacto con ellos para conocer su versión es a través del abogado defensor de los dos primeros, Luis Servellón.

Allanada. En esta casa de Cumbres de Cuscatlán, la FGR secuestró información relacionada con las empresas. Es también la residencia de Carlos Gamero Quintana.

Según este último, colocar tantas empresas en un mismo sitio fue una decisión tomada por sus clientes para mantener un bajo perfil debido “a la naturaleza de los trabajos que realizaron para el gobierno de Antonio Saca”. Según Servellón, esos servicios fueron prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Por ello, afirma, no aparecen en los registros de contratistas del Estado en los años en los que, presuntamente, hicieron esas labores.

El futuro. El Ingenio La Cabaña se encarga de procesar la caña producida por la hacienda Lombardía desde hace varios años. En la entidad aseguran que se encargarán de la cosecha de 2018, pues aún no se les ha informado de ningún problema para ello.

El abogado afirma que las empresas funcionaban en otros locales. Y para asegurar eso se sostiene en los allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República el 3 de noviembre de 2017, el día en el que se capturó al empresario Jorge Hernández. El ministerio público pidió autorización para intervenir siete locales. En tres de ellos no encontró información (la FGR identifica uno de estos como la dirección de Laabin Tóchez, uno de los acusados). Otros tres inmuebles estaban relacionados con Hernández y sus empresas, Marketing and Service y Unicentro.
Solo en uno de los objetivos se secuestraron documentos relacionados con OSAD, GDE, INGROUP y GROCORP, las cuatro empresas señaladas en el proceso penal. Se trata de la vivienda número 19 de la calle Quezaltepec, en la residencial Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. La misma que la FGR señala como la dirección de uno de los acusados, Carlos Gamero Quintana. Allí también funcionaba su oficina personal de abogado, según lo descrito en el informe de hallazgos de los allanamientos.
Es diciembre de 2017. La propiedad está protegida por un sólido portón. Cuando se llama a la puerta (el intercomunicador y el timbre colocados a un lado no funcionan), un perro ladra con todas sus fuerzas. A los pocos segundos, una mujer dedicada a los servicios domésticos atiende la llamada para afirmar que ella, junto a su jefa, una joven estudiante, son las únicas habitantes del inmueble. La casa le pertenece a una de las empresas incluidas en el proceso penal, Garantía en Dirección Empresarial (GDE).

***

LA SOCIEDAD CAÑERA
La hacienda Lombardía, en Zacatecoluca, tuvo alguna vez una multitud de dueños. Fue así gracias a una reforma agraria que la entregó a una cooperativa en la década de los ochenta. Entonces, la tierra sirvió para varios cultivos: melones, arroz, marañón.
Después de dos décadas, estos propietarios decidieron vender su parte a la empresa Garantía en Dirección Empresarial (GDE), que adquirió las 219 manzanas de terreno por $200,000 el 21 de diciembre de 2006, solo meses después de su conformación. Tras el arribo de GDE, el producto reinante fue la caña de azúcar.
Según información bancaria recogida por la Fiscalía General de la República en la acusación fiscal contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, para el día en que se realizó la compra, GDE ya había recibido de parte de Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño, más de $535,000 en 39 diferentes transacciones.
Desde entonces, una empresa que señala como su rubro de actividades la administración de libros contables pasaba a ser la propietaria de una hacienda de grandes proporciones, que toma unos 20 minutos en carro rodear en todo su perímetro.

La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró por $450,000 el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Este día de finales de noviembre, un hombre, al que llamaremos Mauricio, descansa al lado del camino que lleva a San José de la Montaña, en Zacatecoluca. Está echado a la sombra junto a su moto. Cuando se le pregunta por la ubicación de la hacienda Lombardía, señala a sus espaldas. La de esta propiedad es la caña que ahora llena los ojos.
Mauricio afirma que tiene apenas unas semanas de formar parte del equipo de empleados permanentes de la hacienda. Sin embargo, ha laborado desde hace años en la época de cosecha de caña. Para él, el nombre Garantía en Dirección Empresarial o GDE es desconocido. No sabría precisar a ciencia cierta a quién le pertenece esa propiedad. Solo señala un mito que la ha rondado desde hace una década entre los lugareños: que su dueño verdadero es el expresidente Antonio Saca, una tesis que repetirán al menos 10 personas consultadas entre trabajadores de Lombardía, empleados de otras haciendas vecinas y habitantes de la comunidad que rodea al inmueble.
La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró, por $450,000, el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) en noviembre de 2007. Lo anterior se le hace ver al abogado defensor de Carlos Gamero Quintaba y Laabin Ninrod, Luis Servellón, en un café de San Salvador. El abogado reconoce haber escuchado historias semejantes alrededor de varias de las propiedades relacionadas con las empresas de sus defendidos.

Rural. Entrada al casco de la hacienda Lombardía, propiedad de la empresa Garantía en Dirección Empresarial. Los lugareños vinculan la propiedad a Antonio Saca.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de error, o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza como para que el expresidente dejara en manos de una de sus compañías una propiedad tan valiosa.
La hacienda Lombardía es parte de un juicio de extinción de dominio: la FGR sospecha que fue obtenida con dinero proveniente de actividades de corrupción. Su administración será responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) mientras se define si la propiedad pasa a manos del Estado o regresa a sus antiguos dueños. Esto tiene en zozobra a decenas de trabajadores eventuales que cada febrero llegan a trabajar a la hacienda en el período de cosecha.
Será el CONAB la entidad con la que este año tendrá que entenderse el Ingenio La Cabaña, empresa que se ha encargado del producto de Lombardía desde hace años. Para conocer la postura de la empresa, se llamó a su sede central en Aguilares. Desde ahí indicaron que la persona idónea para hablar sobre ello era José Ábrego, gerente de Producción de Caña. Según este último, la relación que han mantenido con GDE es idéntica a la que tienen con cientos de productores de este cultivo a escala nacional.
Con GDE, además, el trato siempre ha sido el de encargarse de todo el trabajo de la cosecha y el transporte del producto hasta las plantas de tratamiento en Aguilares. Por ello, según Ábrego, el dinero que se paga a los trabajadores durante la época de corta proviene de La Cabaña. Eso a pesar de que GDE reporta año con año la erogación de unos $30,000 como pago para sus trabajadores.
Para GDE el negocio de la caña ha sido una de sus principales fuentes de ingresos. La compañía asegura tener un rendimiento de 75 toneladas por manzana de terreno. Según datos del Centro Nacional de Registros, desde al menos 2009, Garantía en Dirección Empresarial ha dado un valor de medio millón de dólares a la caña producida por la hacienda Lombardía y las otras dos propiedades agrícolas que le pertenecen, ubicadas a unos cuantos metros de esta, en el vecino Tecoluca.

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LAS EMPRESAS QUE COMPRAN EN LAS MISMAS VECINDADES
Las haciendas agrícolas no son los únicos inmuebles poseídos por GDE. Como se expuso en el primer bloque de este reportaje, Garantía en Dirección Empresarial también es la dueña de la casa número 19 de la calle Quezaltepec, en la colonia Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, la misma que fue allanada como parte del proceso penal y que el abogado Carlos Gamero Quintana señala como su vivienda de residencia.
Si se sigue en línea recta hacia abajo y se cruza la avenida Jiboa para incorporarse a la calle Atlacatl, será posible encontrarse con una casa propiedad de otra de las empresas relacionadas con los acusados Gamero Quintana, Enrique Guatemala y Laabin Ninrod. En el número 19 del polígono E, está una casa poseída por Investment Group (INGROUP), que tiene un valor de $275,000 según los documentos de compraventa.
Y si el lector gusta caminar un poco más, a unas cuantas calles más abajo para llegar al polígono M, se encontrara con la casa 66, poseída por otra de las sociedades domiciliadas en el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana: Export Services. Según el Centro Nacional de Registros, el valor de la vivienda es de $175,000. Y a unos cuantos metros está la número 24 del polígono B-8, propiedad de OSAD.
Otro tanto ocurre en la etapa II de la residencial La Montaña, en Santa Tecla. Hasta cuatro empresas de las que hasta hace unos meses tenían su sede en una oficina apenas suficiente para el consultorio de un dentista cuentan con un inmueble aquí: INGROUP, GDE, Export Services y Group Corporation (GROCORP). Esta última donó su derecho, en 2015, a otra de las sociedades relacionadas, OSAD, en un usufructo. Los precios de estas viviendas oscilan entre los $385,000 y los $700,000.
Entre las cinco compañías poseen una multitud de inmuebles. Según la cuenta realizada por Séptimo Sentido al revisar todas las compraventas relativas a estos en el Centro Nacional de Registros, el valor total de terrenos y residencias es de $4,194,200.
El valor de lo poseído solo en propiedades por estas cinco empresas es de más de la mitad del dinero que, según el ministerio público, la red conformada por Jorge Hernández y estas compañías lavó para el expresidente Saca, pues la cifra se coloca en $8.1 millones.

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Residencias. Fachada de la casa que Investment Group (INGROUP) posee en Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Cuesta $275,000. Otras tres empresas relacionadas tienen viviendas ahí.

LAS OTRAS FORMAS EN QUE SE RELACIONAN LAS EMPRESAS
Las cinco empresas mencionadas comparten otra similitud: al final de su segundo ejercicio (a excepción de GDE y OSAD, que lo hicieron hasta el tercero), los activos declarados ante el Centro Nacional de Registros sobrepasaron el $1 millón. Sobre todo, gracias a servicios prestados en el extranjero. Por eso mismo han estado eximidas de pagar varios impuestos.
La Fiscalía General de la República asegura que Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño Jorge Hernández, depositó, entre 2006 y 2007, $2,829,000 a estas compañías, que se dividieron de la siguiente manera: GDE $773,500, OSAD $617,500, GROCORP $611,000 e INGROUP $827,000.

Según Luis Servellón, abogado defensor de Carlos Gamero Quintana y Laabin Ninrod, ese es el dinero que, precisamente, las empresas de sus clientes recibieron en pago por los servicios presuntamente prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Pero ¿qué experiencia tenía un grupo de abogados en actividades de inteligencia? ¿Por qué labores recibieron tanto dinero?

Operativo. La mayor parte de locales allanados por la FGR en noviembre tenían que ver con Jorge Hernández y sus empresas, no con estas compañías.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?
“Por tratarse de actividades reservadas, ellos dicen que no tienen documentos relacionados con esos trabajos, que el dinero lo recibían a través de cheques o de efectivo. Pero dicen que tienen cómo comprobar que esos servicios se prestaron a través de las declaraciones de IVA de las empresas. A la espera de eso estoy para poder hacer mi defensa”, comenta Servellón.

Sin embargo, las sumas percibidas por la prestación de esos servicios serían todavía muy inferiores a las de los activos reportados por las cuatro empresas señaladas en 2007, el último año en el que recibieron dinero desde Marketing And Service. INGROUP, que obtuvo $827,000 desde la empresa de Hernández, contaba para ese ejercicio con activos de más de $3 millones.

Las empresas, además de compartir a los mismos miembros de junta directiva y algunos accionistas, también se han desempeñado como accionistas unas de otras. El caso más representativo es el de INGROUP.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de errores o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza.

Según el Informe sobre Distribución o Capitalización de Utilidades obtenido por la FGR, INGROUP ha sido accionista, en diferentes porcentajes, de cuatro de las empresas con las que comparte la misma dirección legal. Desde 2007 es la dueña del 99 % de Export Services, lo que le significó dividendos que superaron los $200,000 en promedio anual. Desde 2011 también es accionista de GDE y OSAD, sus compañeras de dirección legal.
Por otra parte, INGROUP, según datos de la FGR, tiene a otra de sus vecinas, Group Corporation, como la propietaria del 25 % de su paquete accionario.
Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, lo enrevesado del esquema es una alarma: sociedades detrás de sociedades que facilitan la ocultación de activos y de beneficiarios finales.

Al Estado. Algunos inmuebles de las empresas de Gamero y compañía podrían pasar a manos del Estado, que hizo su primera subasta en noviembre, tras un juicio de extinción de dominio.

Luis Servellón, el defensor de dos de los acusados, sostiene que esos esquemas no tenían otro objetivo que permitirle a sus clientes pagar menos impuestos “a través de mecanismos lícitos”.
Otra curiosidad de las empresas es que dos de ellas, GDE y Export Services, le han prestado montos cercanos a los $200,000 a una misma sociedad llamada Salvataje de Deudas Group (SALDEGRO), que tuvo en sus primeros años como representante legal al omnipresente Carlos Agustín Gamero Quintana. SALDEGRO también informa que su dirección legal es el número 201 del Centro de Oficinas La Sultana.
Actualmente, esta empresa con activos de más de $4 millones tiene como representante legal y administrador único propietario a Inving Tóchez, abogado y exfuncionario de los gobiernos de Saca y Mauricio Funes. Tóchez, según la FGR, asesoró a Jorge Hernández y los otros cuatro implicados en el esquema que habría lavado $8.1 millones para Saca.
Desde la ventana del local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, la vista ya comienza a llenarse de vehículos. Poco a poco, el tráfico engrosa de sonidos la autopista Sur, la arteria más concurrida del país.
Sentado frente a una mesa redonda y a una pizarra tachonada de nuevas ideas para su negocio, al director comercial de la empresa de publicidad que ahora ocupa la oficina 201 le cuesta creer que en el mismo espacio en que él y sus colaboradores realizan su trabajo tuvieran su dirección legal tantas empresas con activos millonarios, las mismas que aparecen como propietarias de inmuebles en La Paz, La Libertad y San Salvador.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?

“No es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa”

Honduras. Antes de ser extinguida, la empresa dueña del zoológico de Joya Grande le pertenecía a Leonel Rivera, cabecilla del cartel del narcotráfico Los Cachiros. Rivera está preso en Estados Unidos.
Dennis Cheng, director del Proyecto BIDAL de la OEA.

En Honduras, el Estado incautó un zoológico. Ganado, automóviles, yates de lujo, mansiones, ranchos de playa: las propiedades adquiridas con dinero cuya procedencia está en tela de juicio representan una oportunidad de ingreso, pero también un problema para los Estados cuando no cuentan con reglamentos que indiquen con claridad qué pueden y qué no pueden hacer.

El Estado hondureño no ha podido vender el zoológico. “Pero la gente iba más porque querían ver cómo lo estaba administrando la OABI; las utilidades subieron en los primeros meses”. Lo cuenta el abogado costarricense Dennis Cheng, el director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cheng es una de las personas en el continente que mejor saben cómo sacarle provecho económico a aquellos recursos que el Estado decomisa a los delincuentes, sobre todo los de la criminalidad organizada, aun cuando no existe una sentencia en firme.

Un trabajo complejo por donde se le mire, porque entre esos recursos no solo hay bienes de todo tipo, sino también empresas en activo, que en muchas ocasiones pueden contar con ingresos millonarios. Uno de esos casos es el de Agroindustrias Gumarsal en El Salvador, propiedad de Wilfredo Guerra, acusado de integrar una estructura que blanqueó más de $215 millones. La empresa, según información de la Fiscalía General de la República, movió en sus cuentas más de $1,000 millones en 12 años, de 2003 a 2015.

Dennis Cheng ha brindado asistencia técnica en la creación de oficinas administradoras de bienes incautados y en la redacción de leyes de extinción de dominio. El objetivo de estas últimas es definir si un bien ha sido adquirido con fondos provenientes de actividades ilícitas; si es así, el Estado tiene la facultad de tomar para sí estos bienes y transformarlos en recursos.

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etcétera. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio.

Desde la segunda mitad de 2017, Cheng trabaja como asesor del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), la institución que en El Salvador se encarga de aprovechar y darle mantenimiento a aquellos bienes objeto de un proceso de extinción de dominio.

En esta entrevista, el centroamericano habla sobre algunas de las claves a seguir para que el CONAB, una institución de apenas cuatro años de existencia, se convierta en un organismo eficiente. Una de estas, dice, es la de pensar en esta entidad como una empresa, donde el funcionario deje de ser el burócrata que trabaja en un horario determinado para convertirse en un personaje capaz de generar réditos y disminuir pérdidas, que trate los bienes puestos a su cargo como si fueran suyos. Para Cheng, instituciones como el CONAB son, en la práctica, un ornitorrinco institucional, un híbrido entre lo público y lo privado que debe moverse con rapidez.

¿Por qué los Estados necesitan un organismo para administrar bienes que quizá no lleguen a pertenecerle, que solo están incautados?

Porque los bienes, igual en El Salvador que en otros países, se estaban deteriorando. El vivo ejemplo es el que tienen ustedes en Changallo (predio ubicado en Ilopango, en el que la Policía Nacional Civil guarda los carros que decomisa). Ahí vas a poder visualizar cuál es la realidad de El Salvador en cuanto a la administración de algo muy sencillo, que son los vehículos. Ya al hablar de inmuebles o de empresas en activo se complicaba muchísimo este tema. Si los países ya tenían problemas con la administración de los bienes en el proceso penal, iban a duplicarlos cuando implementaran las leyes de extinción de dominio.

¿Por qué?

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etc. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio… La OEA viene trabajando anualmente en varios documentos, en los que se tocan temas sobre administración de bienes. Comenzamos a escribir sobre legislación comparada, o sobre los instrumentos jurídicos indispensables para un organismo de administración de bienes, como es el tema de la contratación de terceros especializados, de la venta anticipada, del abandono.

¿El CONAB cuenta con esa figura, la de la enajenación o venta anticipada? Puede parecer una herramienta acaso muy abusiva (la venta anticipada permite que se vendan los bienes cuando el juicio de extinción de dominio todavía está activo, antes de que exista una sentencia, para transformar su valor en dinero).

Sí, cuenta con esa figura. El tema en El Salvador es que la ley de extinción de dominio se trabajó tomando en consideración la ley modelo de Naciones Unidas. Yo trabajé en ella. Pero también hicimos una propuesta basados en la experiencia del proyecto BIDAL, que se trabajó con El Salvador y otras naciones, para poder dotar al CONAB de todas las herramientas de buenas prácticas internacionales. Es decir que el CONAB, en el proyecto original que se presentó en la Asamblea Legislativa, lleva el ADN de la experiencia de muchos países de Latinoamérica. Figuras como la venta anticipada la tienen ustedes en la ley, y hay dos formas de hacerlo: una, que es administrativa, donde es el propio CONAB el que toma la decisión de venderlo y lo hace sin una autorización judicial.

¿Cómo se hace en El Salvador?

En el caso de El Salvador, ustedes quisieron ser un poco más garantistas y la venta anticipada debe solicitarse ante el juez, que es el que va a analizar los motivos por los cuales el CONAB la requiere. Y esta solicitud debe hacerla el fiscal a petición del CONAB. Es mucho más garantista, pero es menos efectiva. Con la venta anticipada, mucha gente se asusta. Dicen “¿usted cómo va a vender algo que no tiene sentencia, que no está extinguido?”. Pero lo que se hace es la monetización del bien para que no pierda su valor. El administrador analiza si ese bien se le va a deteriorar porque es de costosa administración. La propiedad persiste, solo que ya no va a recaer sobre un objeto, sino sobre el dinero producto de la venta. Si te pautan un Lamborghini 2018 y si lo guardas en una bodega, se va a deteriorar con solo el transcurso del tiempo.

Cuando vemos las tareas que le corresponden al CONAB, que debe desde darle mantenimiento a un carro hasta administrar a una empresa, ¿qué tipo de personal se puede considerar imprescindible para que una entidad pueda llevar a cabo todas estas actividades?

Las buenas prácticas internacionales sugieren que siempre sea un órgano colegiado interinstitucional. Porque va a requerir profesionales o técnicos en una infinidad de materias. ¿Cuál es la entidad que más técnicos tiene en un país? Es el Estado. En el proyecto original, el CONAB estaba bajo la sombrilla de la Presidencia de la República, porque de la Presidencia dependen todos los organismos. Finalmente ustedes lo aprobaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad, que no está mal, pero no era el proyecto original. Si ves otros países, como Costa Rica y Honduras, dependen directamente de la Presidencia. Si necesitas un técnico en ganadería, puedes depender de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ya que en El Salvador no se hizo de esta manera, ¿cuál es el camino a seguir?

Las buenas prácticas apuntan a que se puedan tercerizar los servicios, porque el CONAB nunca va a tener el personal necesario o suficiente. Para eso se crea la figura del tercero especializado, que en el proyecto original estaba bien claro, pero que en lo que se aprobó en la Asamblea trataron de eliminar. No sé si es porque no lo entendieron, pero siempre quedó, porque la ley de ustedes dice que el CONAB puede realizar cualquier contrato en el Código de Comercio o Civil que sea legal. En el caso de las empresas, se podría contratar a un administrador, a un gerente, como un tercero especializado. Los fondos no necesariamente deben salir del CONAB. En el caso de las empresas, salen de los fondos que generan estas.

Al ser el CONAB un organismo colegiado, integrado por personas de varias instituciones, ¿qué tan complicado es el proceso de contratar a un tercero especializado, por ejemplo?

Yo lo que digo en las presentaciones es que es como un ornitorrinco, mitad pato y mitad castor. En el caso del CONAB, es mitad público y mitad privado. De las malas prácticas también uno aprende. Una de estas es que las oficinas de administración de activos traten de hacer su trabajo a través de las leyes públicas, siendo los bienes, hasta que no haya una sentencia, de un tercero privado. Si los fondos con los que le doy mantenimiento a un inmueble no provienen del presupuesto público, no tengo por qué aplicar las leyes públicas. Si una casa la estoy administrando y la pongo en arrendamiento, ese canon lo puedo usar para darle mantenimiento al propio bien. Lo que estamos desarrollando son procesos sustitutivos de contratación. En esta semana o la otra, si Dios quiere, le presento al consejo un primer borrador de este proceso sustitutivo de contratación, que no es el de la contratación administrativa, porque no podemos aplicar las leyes públicas a bienes que todavía no lo son. Pero sí necesitamos tener una ley especial que nos regule cuál va a ser esa forma de contratación.

Una que el CONAB todavía no tiene.

Actualmente el CONAB no la tiene. Estamos un poco en el aire. Estamos tratando de que el CONAB apruebe en los próximos meses los reglamentos que necesitamos que tenga, que finalmente serán el cuerpo normativo con el cual ellos van a poder administrar. Porque la ley de contrataciones públicas los hace menos eficientes y, por lo tanto, van a fracasar. Tienen que tener esa mentalidad. Y los entes auditores también: El CONAB no es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa. Tiene que ser muy particular para que pueda funcionar eficientemente. Ese cambio de mentalidad es una de las cosas fundamentales que funcionarios y directores tienen que entender, porque deben generar recursos para que los bienes sean autosuficientes.

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque va a mantener el valor del vehículo.

En El Salvador, ¿considera que aún falta mucho para que se empiece a pensar en el CONAB como empresa y no como organismo público?

Eso es un proceso lento, pero que se puede alcanzar. Normalmente, yo se los digo a ellos, vemos que el funcionario público no tiene la mentalidad del empresario, lamentablemente. El funcionario recibe su salario por un trabajo de ocho horas, cinco días a la semana. En cambio el empresario está viendo cómo disminuye costos y sube rentabilidad. Ese es un proceso que ellos en el CONAB tienen que madurar y tienen que, junto con la normativa que ya tienen y la que se va a aprobar, ir pensando ya no como funcionario, sino como empresario. Porque en cuanto a los bienes que administra el CONAB, nuestro principal cliente es el afectado (en el proceso de extinción de dominio), no el Estado. Hasta que no haya sentencia, esa propiedad es del particular. Tenemos que tener esa mentalidad más abierta en defender los bienes como si fueran propios.

¿Cuál es, entonces, la mejor forma de administrar?

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque vas a mantener el valor del vehículo.

El CONAB está en una etapa germinal; por lo tanto, no es autosostenible. Usted, que ha podido estar viendo las actividades del CONAB desde cerca, ¿siente que desde el Estado ha recibido el apoyo necesario para poder sobrellevar de la mejor manera estos primeros años?

Le hace falta bastante. Creo que las autoridades de El Salvador todavía no han visualizado lo que puede dejar el CONAB para las demás instituciones. Ahorita estamos viendo que comenzaron a vender bienes ya extinguidos, y ya están comenzando a distribuir dinero. En algún momento distribuirán cantidades mayores de dinero. Entonces los funcionarios públicos, las altas autoridades, tienen que entender que deben hacer una inversión en el CONAB. Finalmente estás invirtiendo para tener un retorno en cuanto al dinero que se extinga o el producto de la venta. Como en toda empresa, si yo no hago una inversión, voy a tener pérdidas. En el caso de CONAB ocupamos más recurso humano, es indispensable, no puedes administrar cierta cantidad de bienes con pocos funcionarios. La embajada americana ha estado apoyando bastante en cuanto a equipo y cosas de esas y, obviamente, en capacitación, pero hasta el momento las autoridades no han visto al CONAB como una inversión.

Este año se realizó la primera subasta. Pero buena parte de los bienes que se subastaron habían sido extinguidos hace dos años, en noviembre de 2015. Pasaron dos años para que esos bienes se convirtieran en valor dinerario. ¿Cree que este período es aceptable o debería ser más rápido?

Mira, el tema de la venta es lo último. El CONAB es una institución muy reciente. Lo mismo nos pasó en otros países, como Honduras. Nos hemos focalizado primero en los pasos iniciales de estas instituciones. Lo que hemos hecho es crear la tubería de entrada de estos bienes. Cómo se recepcionan, cómo se administran. Porque el problema no está en la destinación. Destinar es muy fácil cuando a una ley le pones “tanto porcentaje para cada institución”. Pero el problema está en cómo tú mantienes esos bienes durante el proceso de extinción de dominio o durante el proceso penal. Ahí está el detalle. Normalmente, mientras los bienes llegan a una sentencia, van a pasar dos o tres años. Va a depender de la ley de cada país. Si no tienen diseñada la forma de administrar y de recibir, lo que vas a vender serán bienes destruidos o con un montón de problemas… Después hay todo un proceso de inscripción y de saneamiento de los bienes. Hay bienes que también incorpora el registro. Este va a comenzar a inscribir bienes que normalmente no se inscriben por un título relativo a dominio normal por escritura pública.

Gumarsal. Es la empresa más grande de las que están a cargo del CONAB, que sigue comercializando productos como el arroz San Pedro.

En este paso también deberá existir un proceso de capacitación para el personal del Centro Nacional de Registros…

Entonces también hay un proceso de capacitación a nivel de registradores para que ellos entiendan la figura de extinción de dominio y cuándo los bienes realmente llegan al Estado. Si bien es cierto que la sentencia de extinción lo que declara es la pérdida a favor del Estado, en este caso del CONAB, hay un momento al que nosotros le llamamos “ficción jurídica”, en el cual ese bien pasa de manera temporal a nombre del CONAB para que este pueda destinarlo o venderlo bajo el principio de tracto sucesivo, que es un principio registral. Ese procedimiento puede llevar un tiempo, y además el proceso de venta, si no tienes un reglamento, no sabes cómo vas a realizar. Las subastas públicas tampoco están reguladas en El Salvador. De hecho, en diciembre les presenté un borrador de proyecto del reglamento de subastas, donde estamos incorporando las subastas electrónicas, a viva voz y de sobre cerrado, como la que hicieron en noviembre. La idea es, al menos en este año, tratar de hacer tres o cuatro subastas. Ya vamos a comenzar a tener sentencias. Ahora que comienzan los bienes a ser extinguidos, hay que trabajar en la tubería de salida. La única forma es a través de ventas públicas de subastas. Este año pretendemos tener ese reglamento.

Una de las novedades de 2017 fue que por primera vez se decomisaron empresas en activo como parte de un proceso de extinción de dominio. ¿Qué dificultades, según lo descubierto por usted, ha tenido el CONAB para la administración de estas empresas, en especial Gumarsal, una empresa de un tamaño monstruoso para un país como El Salvador?

Sí, efectivamente, lo ideal es que hubieran empezado con empresas más pequeñas. Sin embargo, en el destino les tocó un primer caso de administración de empresas en funcionamiento que, por dicha, se apoyó en la experiencia que ya tiene Honduras. Eso les ayudó mucho en la parte de la recepción de Gumarsal. También con la OEA trabajamos en 2015 en un documento llamado “Mejores prácticas en la recepción y administración de empresas en funcionamiento”. Es un documento bien pequeño en el cual se indica cuáles son los pasos que necesitas para la debida recepción y administración de una empresa en funcionamiento. El Salvador no arrancó de cero. Arrancó de un documento base que habla sobre aspectos organizativos, recursos humanos, aspectos financieros.

¿Me puede ampliar esto un poco más?

El CONAB tiene que hacer una radiografía de la salud financiera de la empresa cuando la recibe. Si está quebrada, hace un proceso de concurso de quiebra. No vaya a ser que digan que el CONAB la quebró. Otra cosa que se necesita revisar son los aspectos legales. Por ejemplo, si un restaurante no tiene los permisos de Salud o de funcionamiento, finalmente no tenemos ningún restaurante, no tiene ningún permiso, y el Estado no podría funcionar ilegalmente. Aspectos de recursos humanos: hay muchas empresas que pagan menos del mínimo de ley y no pagan cargas sociales, y el CONAB no puede hacer eso. Eso va a repercutir en las utilidades de la empresa… Otra cosa son los aspectos tributarios. Normalmente hay evasión fiscal. Como CONAB, no puedo evadir al fisco. Hacer un análisis integral de cómo estoy recepcionando la empresa va a incidir en la rentabilidad de esta, obviamente. Muchos pueden decir “no es el que el CONAB ahorita con la empresa está dando pérdidas”. Sí, claro, está dejando pérdidas porque usted antes no tributaba, porque usted no pagaba el salario mínimo. En el tema de las empresas, finalmente el CONAB no toca la parte operativa, sino que toma el control financiero. Llega a sustituir al gerente general.

En el país ha estado pasando algo recurrente en los casos más importantes, que la Fiscalía llega ante los jueces de Sentencia con una gran cantidad de evidencia, pero que es evidencia dispersa, y no logra condenas. En lo referente a extinción de dominio, ha habido un poco más de éxito. Pero digamos que llegue a pasar que con Gumarsal no logre la Fiscalía demostrar su origen y destinación ilícita, y se deba devolver la empresa a sus anteriores dueños junto con las ganancias generadas en el tiempo en el que la tuvo el CONAB a su cargo. ¿No significaría esto una pérdida económica demasiado grande para el CONAB y el Estado mismo?

Pérdida, no, porque finalmente el Estado no va a invertir ni un solo centavo de dinero público en las empresas. Cuando instituciones como el CONAB administran una empresa, lo hacen con los mismos fondos de esta. Hay casos, como el de Honduras, donde ellos sí pueden hacer una inyección de capital, pero solo para poner a caminar la empresa. La ley sí se lo permite y el reglamento también. Por ejemplo, si incautan una gasolinera y los tanques de combustibles están casi vacíos, yo puedo comprar el combustible del fondo especial que tiene de administración la OABI (la equivalente hondureña del CONAB), y lleno los tanques y del producto de la venta se regresa el dinero. Se llaman préstamos puente, pero se hace solo en ciertos casos donde la empresa definitivamente es rentable.

¿En El Salvador no existe esa figura?
No.

¿Lo recomendaría o no es imprescindible?

Claro que es recomendable, es una herramienta que puede ayudar a preservar empresas, principalmente aquellas donde se necesite un poquito de inyección de capital para poder continuar con las actividades.

Retardo. La Fiscalía le incautó a la Mara Salvatrucha el motel Tres Ases en Sonsonate en julio de 2016. La entidad no inició un proceso de extinción de dominio sino hasta noviembre de 2017.

¿Por qué debería una institución del Estado tratar de preservar una empresa que le servía al crimen organizado?

Porque instituciones como el CONAB deben tratar de mantener las fuentes de trabajo, es una primera política institucional en cuanto a las compañías. A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando, manteniendo la economía, generando ingresos tributarios, generando empleo y evitando demandas contra el Estado en caso de devolver la empresa. Si en El Salvador no existiera una institución como el CONAB, ¿qué hubiera pasado con una empresa como Gumarsal? ¿Quién la administraría? Posiblemente sería el juez a través de algún curador o algún depositario, pero son figuras que no están adaptadas para la administración compleja de bienes producto del crimen organizado. El CONAB es una institución que se creó para poder tener capacidad para generar recursos. Pero hay empresas que no van a funcionar desde el principio.

A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando.

¿Sucedió así con Gumarsal?

En el caso de Gumarsal, entiendo que las utilidades bajaron al principio. Gumarsal no tenía cuentas bancarias abiertas, y a través del CONAB ya pudieron comenzar a regularizar la parte financiera. Eso le está ayudando a la empresa. Es algo normal, cuando a una empresa le incautan hay un tema de imagen que va a impactar al principio. Salvo en el caso del zoológico (de Joya Grande) en Honduras, que la gente iba más porque quería ver cómo estaba administrando la OABI el zoológico. Las utilidades subieron en los primeros meses. Es muy atípico.

¿Qué pasa con las empresas que administra el CONAB cuando el proceso llega a su fin y se le extingue el dominio a su anterior propietario? ¿El CONAB será el administrador perpetuo de esta empresa o cuál es el proceso a seguir?

El mismo que tienen los otros bienes. Tienes que hacer un avalúo de la empresa y sacarla a subasta pública.

¿En otros países ha pasado que no se ha vendido alguna empresa?

El único caso fue el del zoológico de Joya Grande en Honduras, que la empresa ya estaba extinta, pero no se había vendido. Siempre se tiene que contratar una firma internacional para que valore la empresa.

En julio de 2017 la Asamblea Legislativa aprobó varias modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, en las que, en resumen, se le quitaron los dientes. Cuando todos esperaban que el presidente de la república vetara las reformas, este, más bien, las sancionó en muy poco tiempo. No se aplicaron porque la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra las modificaciones. ¿Cómo se trabaja en un país donde suceden estas cosas?

Ahí sí me la pusiste difícil, jajaja… La ley está hecha para todos. Cuando hemos trabajado en proyectos de leyes de extinción de dominio en los países, se trata de una ley que tiene muchos dientes para poder quitar los bienes de origen ilícito, independientemente de la actividad de la que provengan, sea esta corrupción, narcotráfico, extorsión. Las reformas que hicieron, creo yo, se debieron a que no han entendido mucho la figura de extinción de dominio. Me parece que el artículo 103 de la Constitución de ustedes es bastante claro en cuanto a que el Estado debe garantizar y reconocer la propiedad privada en función social. Es un párrafo, pero dice mucho. Básicamente lo que está diciendo la Constitución de El Salvador es que la propiedad privada no es absoluta y que no la garantizará cuando esta no cumpla la función social.

¿Qué es la función social?

Es algo muy sencillo, corresponde a aquellos criterios ético-sociales de la sociedad salvadoreña. Tanto empresarios como gente del común deben entender que sus bienes no los pueden destinar a actividades ilícitas. En el tema de los empresarios, si ellos van a conocer que su empresa está siendo utilizada para la inyección de capital ilícito, deben considerar que en algún momento pueden llegar a perder la empresa por mezcla. Entonces también hay una responsabilidad de los ciudadanos, no solamente del Estado en aplicar la ley, sino de todos los ciudadanos en poner su propiedad realmente al servicio de la sociedad.

Según entiendo, el proceso de cesión de un inmueble o bien desde el CONAB para otras instituciones es algo complicado, primero porque para ello deben estar de acuerdo todos los miembros del consejo, y segundo porque las reuniones donde están los integrantes del organismo colegiado son escasas a lo largo del año.

No, realmente se reúnen bastante. Yo he estado ahí y es un consejo que se reúne bastante. Incluso tienen sesiones extraordinarias. El problema del consejo es que no tiene mucha base legal, no sabe qué hacer porque le faltan muchos reglamentos. Básicamente el único reglamento con el que ellos trabajan es el de la ley. Pero se quedó muy corto. En el CONAB hay que desarrollar el reglamento de administración de bienes en general, que te va a decir cómo recepcionas y qué procesos vas a aplicar en cada bien que tú recibes de acuerdo con su naturaleza… El reglamento de contratación de terceros especializados, que es el que te va a regular cómo es que vas a contratar fuera de la ley de contratación administrativa. La ley habla de eso, dice en un artículo que el CONAB creará un reglamento especial o sustitutivo de contratación. No se ha desarrollado. Y hay un reglamento de inversiones, que se necesita hacer para poder invertir el dinero tanto extinguido como cautelado para que comience a generar intereses y estos ayuden a generar fondos para la administración de los bienes.

¿Para cuándo estarán listos estos reglamentos?

Esperemos tener los borradores este año y presentarlos al consejo este año. No sé cuánto se tardarán ellos aprobándolo. Nosotros estaríamos presentando los borradores a la dirección ejecutiva para que los pueda adaptar un poco a la legislación salvadoreña, los pueda aterrizar. El borrador final se le daría al consejo para que lo aprueben. Necesitan esos reglamentos. Por eso es que no han podido ser tan efectivos, con toda la razón, porque les da temor aplicar o contratar porque no tienen una base legal para hacerlo. Como funcionario público, si no tienes base legal, normalmente no tomas la decisión, porque después te van a cuestionar esa decisión fuera de ley. Los reglamentos son fundamentales.

En países como Honduras, la ley se ha transformado en una herramienta muy efectiva para desbaratar estructuras del crimen organizado. Se me viene a la mente el cartel de Los Cachiros, que por mucho tiempo pareció intocable. ¿Por qué en El Salvador no se ha podido contar con esta misma escala de efectividad?

El Ministerio Público de allá tuvo una política de persecución en cuanto a debilitar primero el brazo financiero de las organizaciones criminales, más allá del tema penal. Primero se debilitaron económicamente a los grandes carteles como el de Los Cachiros, como el del Negro Lobo, como el de los Valle Valle, y los siguientes carteles grandes en Honduras. Ya cuando las organizaciones estaban debilitadas, no les tocó otra que entregarse a las autoridades, en algunos casos a las autoridades hondureñas o a las de Estados Unidos, porque ya no tenían dinero con qué esconderse, con qué comprar policías, fiscales, jueces… Al no tener nada de eso, tuvieron que entregarse. Lo que hicieron los hondureños fue no abrir procesos penales en Honduras, sino que directamente los extraditaban a Estados Unidos. El éxito de Honduras fue el cambio de mentalidad de la política criminal de aplicación de la figura de extinción.

Además de la elección de una estrategia, ¿qué otro aspecto es imprescindible para el éxito en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio?

Dentro de los estudios de la OEA hemos definido un principio o una buena práctica en cuanto a la inmediatez. Ese problema lo tiene Guatemala. Por ejemplo, allá se incautó un inmueble y la SENABED, que es la CONAB allá, lo recibió ocho meses después. Imagínate que tú recibes un inmueble en esas condiciones, ya con problemas de luz, agua, con maleza, si es que aún no le han robado los sanitarios. Cuando recibes un bien después de haber hecho una incautación como parte del proceso penal quién sabe cuántos meses antes, ya tenemos problemas en cuanto a la investigación de extinción de dominio y en cuanto a la administración. Igual pasa con las empresas. Debería ser paralelo.

LAS PRIMERAS VENTAS. El hotel Capital de San Salvador fue la sede de la primera subasta pública de bienes extinguidos. Dicho hotel también es parte de un proceso.

¿Debería, entonces, existir una normativa que indique que cuando se abra un proceso de lavado de dinero o de narcotráfico, por ejemplo, paralelamente se inicie el proceso de extinción de dominio?

No, para eso no se ocupa una ley, simplemente es una política de la Fiscalía General en cuanto al proceso de investigación patrimonial financiera. En el caso, por ejemplo, de España, hay una política del Ministerio Público donde no hay investigación de narcotráfico si no va acompañada de una investigación patrimonial financiera. Para eso no ocupas una ley.

En el caso hondureño, ya se han detectado irregularidades. En 2015, el yerno del director de la OABI de entonces, Humberto Palacios, alquilaba una lujosa casa a un precio pírrico. Ahora, en El Salvador, cuando ni siquiera existen los reglamentos para hacer cosas básicas, parece que hay una facilidad enorme para poder realizar actos de corrupción sin que estos se detecten.

Normalmente las instituciones como el CONAB deben tener entes auditores. En Honduras y Costa Rica la auditoría depende directamente del consejo, que supervisa las actuaciones del director ejecutivo. Obviamente la auditoría interna es una de las unidades indispensables en el tema de transparencia. Las auditorías que pueda hacer la Corte de Cuentas vienen a fortalecer eso. Auditorías externas, contables, de las empresas podrían ayudar. Los actos de corrupción pueden pasar. Y si no tenemos un reglamento, es mucho más fácil. Cuando hay reglamentos, es más sencillo auditar y supervisar. En Honduras se pudo identificar la irregularidad, se dio a conocer a través de la denuncia del subdirector.

¿Pero en Honduras sí hay reglamentos y manuales?

Sí, los tienen para cada parte del proceso. Están mucho más avanzados en eso que en El Salvador.

Después de su experiencia en Honduras, dijo que la OABI era un modelo para el resto del mundo en cuanto a administración de bienes incautados. ¿Qué puede decir del CONAB salvadoreño?

El CONAB tiene en su ADN todas las buenas prácticas internacionales. Tiene dentro de la ley la experiencia de muchos de los países de América Latina. Aunque no se aprobó el proyecto original que presentó la OEA con Naciones Unidas, porque hubo pequeñas modificaciones, creo que no le afectaron tanto. Lo que deben entender los del CONAB es que tienen una institución que reúne, no todas, pero algunas buenas prácticas internacionales. Tienen una institución que en un no muy largo plazo, si los funcionarios llegan a entender cómo funciona una entidad como el CONAB, podrían llegar a superar a la de Honduras perfectamente, creando estos reglamentos y principalmente cambiando el chip al tema del manejo más empresarial. Los mismos hondureños me lo han dicho, porque el manual de empresas que ocupó el CONAB para Gumarsal no lo aplican en Honduras en su totalidad.

Las luces a las que crio Salarrué

Hermanas. Olga (15 de septiembre de 1923-11 de enero de 2004), Aída (1926-1995) y María Teresa, mejor conocida como Maya (1925-17 de junio de 1995).

En esta fotografía, el ataúd con los restos de Salvador Salazar Arrué es escoltado por sus amigos hacia una iglesia. Y junto a ellos está una mujer vestida de monja. Su semblante es sereno e, incluso, parece esforzarse por parecer triste. Se trata de María Teresa Salazar Lardé, conocida como Maya Salarrué, la hija del escritor, quien por esa época ya había regresado de su experiencia en un convento de clausura en Panamá, donde impartió clases de dibujo.

La foto decora una de las paredes de la Casa del Escritor, en Los Planes de Renderos. La propiedad fue comprada por el gobierno de Francisco Flores al albacea del autor, Ricardo Aguilar, en 2003. Decidieron convertirla en esa institución que está a punto de cumplir 14 años. Ahora también hay una especie de pequeño museo con papeles relacionados con el artista.

“En esta casa, Villa Monserrat, vivió nuestro poeta, escritor, pintor, escultor y músico Salvador Salazar Arrué”, dice la placa colocada a la entrada del inmueble. Esta no habla de las mujeres (su esposa y sus tres hijas) que lo acompañaron en su día a día en sus momentos de mayor fecundidad creativa, incluso cuando “Cuentos de barro” y “Cuentos de cipotes”, sus dos libros fundacionales, todavía no habían salido de sus manos. No habla de Zelié Lardé, parte de una familia de intelectuales que marcaron el rumbo de las ideas en el país comandados por su hermano mayor, el hombre orquesta Jorge Lardé Arthes, en la que también estaban incluidos hermanos ilustres como la poetisa Alice Lardé de Venturino y el médico Carlos Lardé. No habla de los tres retoños de esta relación, María Teresa (Maya), Olga y Aída, quienes compartían con sus padres un mundo de arte.

Sin embargo, en la sala más grande de esta casa, conviviendo con los libros de varios autores, está una exposición llamada “Las mujeres Salarrué”, conformada por poco más que algunas fotografías y afiches facilitadas por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). Aquí el visitante puede conocer a las personas que constituyeron el entorno más íntimo del autor, uno que rebosaba de creatividad. Se hace aunque sea con pocos elementos, que combinan datos con notas de color.

De Aída, la menor de todas, se dice que podía escuchar los pensamientos ajenos, lo que combinaba con sus habilidades para la ilustración y el diseño de vestuario. Y de Olga, la mayor y “la más intelectual”, que tenía la facilidad de salir de su cuerpo en viajes astrales con “solo dar un brinquito”. De seguro esos candorosos aportes fueron dados por Ricardo Aguilar, el albacea de Salarrué, quien habla de especies parecidas como si de hechos comprobados se tratara. Pero esto se queda corto para el trabajo de años de estas mujeres, uno que todavía hoy solo se conoce de manera parcial perdido entre decenas de colecciones privadas, incluso las que pertenecen a sus descendientes, quienes viven en el exterior.

El único legado accesible a todo el público de las mujeres en la vida de Salarrué descansa ahora en el archivo del MUPI y en las colecciones donadas al MARTE. Se trata de una obra que, a pesar de estar rasgada por el estigma de lo inacabado, da muestras de inquietudes artísticas tan marcadas como las del autor de “Cuentos de cipotes”.

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EL MUSEO DE LA PALABRA y la Imagen es la institución que ahora se encarga de la conservación del legado de Salarrué y de su familia. Y esto no es una cuestión de elección, es un destino que le tocó al ser una de las pocas organizaciones dedicadas a la conservación de material histórico. En pocas palabras, hace lo que en un mundo ideal le correspondería al Estado.

Este les fue entregado en 2003 por el albacea de Salarrué, Ricardo Aguilar, quien décadas antes descubrió que las cosas creadas por su amigo y por su familia, aquellas que no se habían vendido a particulares, estaban a punto de perderse en la casa de Los Planes de Renderos donde reposaban. La única que vivía ahí era una Maya agotada por los años y la soledad. Dentro, las polillas y la humedad hacían su trabajo.

La casa sufrió daños en su infraestructura en 1986, cuando el terremoto que asoló al país no le tuvo piedad. Tras eso, en la época de las lluvias la casa era una suma de cataratas. Los lugareños del sitio comentan que la única ayuda que recibió la artista en los años de soledad antes de su muerte, en 1995, fue la visita de extraños, que le compraban uno que otro cuadro, “de Salarrué y de ellas mismas”, a cambio de unos pocos billetes. Los mismos, ahora, forman parte de colecciones privadas.

“Ahí se perdió más de la mitad, hermano, en el deterioro. Cuadros, manuscritos, correspondencia, ilustraciones… sobre todo de Maya, Aída y Olga. Es una pena, nunca tendremos realmente una imagen de la altura de sus posibilidades”, dice Aguilar en su casa de San Salvador, acompañado de sus propios cuadros.

Ahora el MUPI posee un catálogo que, solo hablando de Zelié y sus hijas, alcanza las 25 pinturas, más de un centenar de ilustraciones (sobre todo de Maya) y una inesperada colección de canciones, de las que, sin embargo, la música se ha perdido en el tiempo. También de otro tipo de trabajos, como vestimenta de muñecas o pequeñas esculturas. Muestra de una creatividad que no estaba hecha para quedarse quieta.

De lo poco que se conservó de ese material que reposaba en la casa de Los Planes de Renderos, sin embargo, pueden sacarse en limpio algunas características. La más conocida quizá sea la madre, la que es considerada como una de las iniciadoras de la pintura primitivista en El Salvador, tal como lo recoge Astrid Bahamond Panamá, historiadora y crítica de arte, en su libro “Procesos del arte en El Salvador”.

Aunque sus cuadros no posean una técnica depurada, y más bien sean abundantes en líneas gruesas y colores puros, fue su sensibilidad para representar los coloridos paisajes de la vida cotidiana campesina salvadoreña, esa siempre olvidada, la que le aseguró un lugar en lo mejor del proceso de la pintura en el país. Una especie de perfecta expresión pictórica de los “Cuentos de cipotes” de su esposo.

“Con esto, la creación femenina es vanguardia del arte considerado no académico con el cual Zelié se adelantará a las apropiaciones del arte popular hacia el ‘arte mayor’, propias del primitivismo de los setenta”, afirma Bahamond en su libro, en referencia a un trabajo que se remonta a la década de los treinta.
Su hija Maya tomó el testigo de ese arte primitivista, según Tania Preza, del MUPI, con la intención de ganar dinero a través del arte. A diferencia de su madre, era dueña de una mano educada, que lo mismo fluía en el cómic como en la pintura surrealista.

Muestra de la primera de las tendencias es una exposición abierta al público en el MUPI. Casi dos docenas de cuadros llenos de colores, de árboles que bien podrían ser maquilishuat o de fuego, retratan la vida campesina en pocas pinceladas. Ahí están contenidas costumbres que resultan incomprensibles para el salvadoreño actual, que se sorprende con formas que, a pesar de verse llenas de vida, se han perdido en el olvido.

Tania Preza es una de las principales entusiastas del trabajo de las Salazar Lardé y una de las responsables de que su trabajo se esté volviendo cada vez más conocido. En esta tarde de finales de enero, da una mirada a la exposición que el sitio donde trabaja ahora tiene sobre Maya. Mira con cariño los colores y las formas, pero invita a no dejarse engañar por esos golpes de ternura.
“Fijate, la mayoría de niños y adultos aparecen descalzos, con ropas raídas. Parecen contentos, pero algo todavía no termina de completar la alegría. Es una espléndida crítica social de la época vestida de arte primitivo”, comenta Preza.

Maya también fue la elegida para ilustrar una de las ediciones más famosas de “Cuentos de cipotes” de su padre y varios libros de otros autores, especialmente aquellos de Claudia Lars relativos a temas de nostalgia e infancia. La escritora armeniense elogió la sensibilidad de Maya, capaz de darle fijeza plástica a un mundo lleno de sueños e incertidumbre, propio de los niños.
De María Teresa también se pudieron rescatar muestras de sus cómics. El más completo quizá sea el titulado “Dick Turpin”, personaje para el que creó varias entregas. La ilustración está diseñada en blanco y negro. Quizá sea una representación de ese aventurero del espíritu que fue su padre.

En el cómic, Dick se esconde de la ley en la fortaleza en la que vive su amigo, Moscarda, quien se hace pasar por una mujer para distraer a las autoridades, que no cejarán en su intento por atrapar al héroe. Este, agazapado en su escondite, no está a salvo, pues en la mística casa habita un monstruo dispuesto a convertirlo en su cena.

La escena de la pelea y aquella donde Moscarda logra deshacerse de las fuerzas de la autoridad basándose en la astucia está resuelta en apenas seis cuadros llenos de acción, que se asemejan a los cómics de superhéroes norteamericanos de la época, todo un reto para una mujer que estuvo apenas unos meses en Nueva York para convivir con esa cultura. Las ilustraciones, en apariencia juveniles, también contienen algunos despliegues de su técnica, como aquellas donde las acciones se reflejan en espejos o en el agua del suelo. Parte de estos trabajos tuvieron un corto tiempo de exhibición en el Museo de Arte de El Salvador (MARTE) el año pasado, en un especial dedicado, precisamente, a la ilustración.

De Olga y Aída es de quienes menos trabajos perdonaron las polillas y la humedad en Los Planes de Renderos. Sin embargo, en los pocos cuadros salidos de sus manos se percibe la búsqueda de la creación de un mundo propio, que bebe de lo realizado por su padre, pero que se atreve a volar con sus propias alas.

A la autoría de Olga pertenece el óleo sobre tela “Dance of the Silence”. El blanco y negro conforman un paisaje sombrío, al que parece que se avecina el incendio o la catástrofe. Ahí, en medio del bosque, del mismo color de los árboles, un sátiro joven espera pacientemente su destino tocando la flauta ante las raíces que se pierden en la nada del negro puro.

De Aída, quien dedicó su vida más al diseño de vestimenta para teatro, primero en El Salvador y luego en México, donde fijó su residencia al casarse, el MUPI posee dos pinturas, en las que el influjo de su padre es más poderoso que en sus dos hermanas. Así lo muestra el retrato de un personaje andrógino, blanco como la leche pero cubierto en la mitad de su rostro por una sombra que no parece venir desde el exterior, sino desde su propio ser. Recuerda a obras igualmente ambiguas que están entre lo mejor de la producción de Salarrué, entre las que se encuentra “La monja blanca”, aquella figura donde el título parece describir menos a su protagonista (de cara achinada y siniestra) que a la flor que toma entre las manos.

Si bien hay noticia de que alguna vez las hermanas expusieron de manera conjunta en la Galería Nacional de Arte en las décadas de los cincuenta y sesenta, solo Maya y Zelié han formado parte de una muestra en un museo en los últimos años. Incluso ahora se puede ir a contemplar parte de su trabajo al MARTE, pues tres pinturas de cada una forman parte de la colección privada de la familia Borja, donada recientemente a la institución. Ahí comparten espacio con algunos de los artistas más importantes del país, como Valero Lecha y Carlos Cañas.

“En lo poco que tenemos de ellas podemos ver el trabajo de artistas que destacan por sus propios méritos. Quizá han sido eclipsadas por una figura tan importante como Salarrué, quizá el artista más integral que ha dado nuestro país. En la medida en que vayamos teniendo más obras de ellas, será más fácil montar algo dedicado, en exclusiva, a ellas”, comenta Rafael Alas, director de Programación del MARTE.

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Las menores. Aída y María Teresa Salazar Lardé posan junto a su padre en una foto conservada por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).

“SÍ, FUE UNA VIDA LINDA, dolorosa en cierta parte, pero linda, me dejó tanto, aprendí tanto de papá y mamá. Estaré siempre agradecida por eso, por haber nacido en la tierra de El Salvador, que era tan linda cuando yo era niña, y de haber nacido en esa familia”, dijo Olga Salarrué, la última de las hermanas que sobrevivió, en una entrevista dada a Carlos Henríquez Consalvi en 2003, un año antes de su muerte, en Nueva Jersey, Estados Unidos, la ciudad donde vivió sus últimos días.

Las palabras de Olga resumen una paradoja, la magia y las complicaciones de pertenecer a una familia que vivía para el arte. De los ensueños hay múltiples ejemplos en lo que posee el Museo de la Palabra y la Imagen, como aquellas candorosas cartas que las hijas le escribían al padre durante sus estancias lejos de casa. Ahí hablan de sueños, visiones y de las obras literarias que Salarrué publicaba, como “Íngrimo”, una historia agridulce de la que las jóvenes hablaban, sin embargo, en clave de comedia. En otras cartas también se habla de peticiones de dinero de Zelié o de las jóvenes a su padre, las que no son satisfechas en el corto plazo.

La muestra más palpable de una cotidianidad llena de creación la conforman los cuatro cuadernos de canciones compuestas por los cinco miembros de la familia Salarrué, de los que hay varias copias manuscritas, como si se hubieran encargado de que cada uno tuviera el suyo adonde quiera que fuera.

En cada uno de ellos se escribía la portada “Libro de canciones”, que se acompañaba de las palabras “Escritas por los Salarrué, con música de los mismos”. Luego se explicaba que cada pieza estaba firmada por una sola letra correspondiente a la inicial de cada nombre y se hacía constar que la música era del mismo autor de los versos.

Los temas son variados, van desde ensoñaciones medievales hasta retratos de la vida vista en Panchimalco o en las inmediaciones de Los Planes de Renderos, como en la canción “Indio callado”, de Zelié: “Mi indio callado,/ que rompes el surco/ para que la vida/ brote luego de él,/ tiene tu mirada/ toda la tristeza,/ de la raza antigua/ de un lejano ayer”. En la suma de los volúmenes se alcanza la sorprendente cantidad de 500 canciones de extensión variada, una muestra de una incesante actividad que se extendió por años, quizá desde que las muchachas comenzaban a aprender sus primeras palabras.

La música que acompañaba a las letras ahora está en el terreno de lo irrecuperable. Nadie sabe cómo sonaban, pues el sistema con el que se escribía era una solfa creada por el mismo Salarrué y su familia con caracteres numéricos. Ahí apenas se indica qué instrumentos se utilizarían. Como si la familia quisiera tener en secreto esos sonidos, para disfrutarlos en el límite de su casa. Solo en tres piezas no ha pasado eso, pues Ricardo Aguilar logró que Maya se las interpretara y quedaran grabadas en un casete. Entre ellas estaba “Cuando yo muera”, canción que han versionado varios trovadores salvadoreños.

Era, por lo tanto, un mundo donde la expresión se convertía en una actividad tan común como respirar. Por ello tanto hijas como esposa compartieron la integralidad que hace de Salarrué el artista más prolífico de El Salvador, aún por encima de Francisco Gavidia, quien, a pesar de contar con una bibliografía más amplia, no entró en los terrenos que el sonsonateco hizo suyos.
La paradoja está en el otro lado, en el de una infancia dura, llena de limitaciones en algunas épocas, a pesar de que Salarrué era uno de los artistas más importantes de la época. En una entrevista concedida a esta revista en 2015 sobre la figura de Alicia Lardé de Nash, prima de las muchachas, Ricardo Aguilar, el albacea de Salarrué, comparaba la figura de esta con la de su tía Zelié.“Las dos

eran mujeres muy fuertes y sin ellas, salvando las distancias, cada genio en particular no sería lo que es”, aseguró entonces. Ahora, en su casa de San Salvador, Aguilar sostiene que fue a Zelié a quien le tocó ser la piedra de sostén en esa casa, representar la parte práctica de la vida, como pagar las cuentas y asegurar el sustento de ella misma, Salarrué y sus hijas, al menos hasta que estas volaron con sus propias alas. El autor de “O-Yarkandal” nunca aprovechó su fama para enriquecerse o, siquiera, asegurarle una vida fácil a los suyos todo el tiempo.

Un día de tantos, la familia no tenía dinero para comprar comida cuando vivían en un cuarto dentro del caserón de la Cruz Roja, ubicado en el mismo lugar donde está ahora, en el Centro de Gobierno de San Salvador. Entonces, Salarrué tomó una medida que, para ojos comunes, puede rayar en la crueldad: tomó sus pinceles y les dibujó alimentos en los platos vacíos, en un momento donde la imaginación no podía sustituir a la sobrevivencia.

Aguilar rememora algunas anécdotas a propósito de lo anterior y dibuja a un Salarrué acaso demasiado desprendido: “Si él, por ejemplo, había vendido un cuadro por 200 colones y usted se lo encontraba por la calle para decirle que le prestara 50, él se los daba, a pesar de que su familia los necesitara. También no dejaba de llevar una gran cantidad de dulces para los niños que vivían alrededor de su casa”, comenta el pintor, en una versión que es apoyada por otros autores que conocieron al artista.

Luego recuerda otras cosas, como las historias contadas por Olga en sus encuentros en El Salvador relativas a la época en que ella y sus hermanas eran niñas. Una, en la que afirma que, un día de tantos, la familia no tenía dinero para comprar comida cuando vivían en un cuarto dentro del caserón de la Cruz Roja, ubicado en el mismo lugar donde está ahora, en el Centro de Gobierno de San Salvador. Entonces, Salarrué tomó una medida que, para ojos comunes, puede rayar en la crueldad: tomó sus pinceles y les dibujó alimentos en los platos vacíos, en un momento donde la imaginación no podía sustituir a la sobrevivencia.

U otra más, cuando subían al techo de dicho cuarto, rodeado de terrenos todavía agrestes. Ahí, señalando los alrededores, para disimular la estrechez en la que se encontraba su vida de entonces, Salarrué bromeaba con sus hijas diciendo “contemplen los jardines de nuestra casa”, unos a los que no podían entrar porque se trataba de terrenos baldíos.

***

Una muestra del talento individual. El Museo de la Palabra y la Imagen cuenta con una exposición activa dedicada en exclusiva a Maya Salazar Lardé.

ESTA MAÑANA DE MIÉRCOLES, la Casa del Escritor, la misma que fue la última casa de Salarrué, su esposa y Maya, y era el lugar de visitas de Olga y Aída cuando regresaban al país, está desierta. Un vigilante que parece no muy animado conforma la única presencia humana en el sitio, decorada con objetos relativos al autor. No hay mucho que ver y lo incluido puede recorrerse en apenas 10 minutos. El visitante, por tanto, sale un poco decepcionado de que el peregrinaje a la casa del autor y los suyos dé tan poco.

Todo parece estar tan desparramado. Incluso la familia está sepultada en diferentes lugares: Maya y Salarrué en el Cementerio General de San Salvador, en una tumba a la que corona una escultura realizada por la primera; Zelié, fallecida en 1974, un año antes que su esposo, en una no ubicable tumba en La Bermeja; Olga y Aída, en las respectivas ciudades donde murieron: Nueva Jersey y México, D. F. Allá viven sus descendientes, quienes, sin embargo, no han mostrado interés y tampoco tienen los recursos para que el legado de sus mayores esté en el lugar que les corresponde.

Fuera de la Casa del Escritor, un lugareño, que solo se presenta como Martín, comparte con quien acaba de visitar el inmueble su decepción, mientras espera el bus que lo llevará a San Salvador. Opina que el Estado debería tomarse en serio centralizar un poco más las obras de esta familia, hacer de este sitio un verdadero punto de peregrinaje para los admiradores del autor y para que estos conozcan el trabajo de su esposa y sus hijas.

“Creo que la Casa del Escritor puede ser cualquiera. Pero la casa de Salarrué debería ser su museo y el de su esposa y sus hijas. O dígame usted, ¿en qué otra parte del mundo va a encontrar una familia como esta, que hizo del arte una parte tan importante de su vida? Los salvadoreños de veras que somos buenos para no ver la riqueza que nos pertenece”, dice Martín, haciendo la parada al autobús.

Claribel, nuestra alegría

La entrega. Claribel viajó a España a mediados de noviembre para recibir el premio Reina Sofía. “El sexo del autor no tiene nada que ver con la calidad de su obra”, dijo en su discurso de aceptación.

Claribel Alegría contesta el teléfono desde su residencia en Managua, Nicaragua. Al otro lado, la casa parece un jardín henchido de pájaros. Sus cantos se enredan en su voz, vibrante y colorida como paisaje tropical.

La escritora nicaragüense-salvadoreña, que fue galardonada la semana pasada con el premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana, evoca en sus palabras una imagen de vitalidad en medio del retiro, de esa soledad perfecta para escuchar con el más atento de los oídos el mensaje incesante que se forma del silencio.

El galardón, uno más de los que engrosan su lista, es el más importante de la poesía que se escribe en español. Se dice feliz y sorprendida por el reconocimiento, uno que llega justo una semana antes del inicio de Centroamérica Cuenta, el evento que reunirá en su ciudad a escritores de todas partes del mundo. A sus 93 años, sorprende que apenas pida, de cuando en cuando, que se suba el volumen de la voz ante una pregunta mal escuchada, en casi media hora de conversación.

En esta entrevista, Claribel habla, sobre todo, de uno de sus temas más queridos, de aquel al que considera la esencia de sí misma: el amor. El amor por su fallecido esposo, Darwin Flakoll (1923-1995); por la literatura en general y la literatura latinoamericana en particular, a la que se encargó de difundir más allá del idioma; del amor a sus amigos (los que están y los que ya no) y a las sorpresas que le están dando estos días, unos en los que se encuentra, en su casa henchida de pájaros, a la espera del silencio.

Vamos a iniciar la entrevista con un tema ajeno al premio Reina Sofía, pues sé que en estos días la han entrevistado decenas de veces alrededor de eso. Me imagino que está un poco cansada de ello. Así que el tema con el que iniciaremos es el amor.
Ay, sí, qué bueno, tiene toda la razón, es el mejor tema del mundo.

Su esposo, Darwin Flakoll (Bud), falleció en 1995. Su más reciente libro, “Amor sin fin”, está dedicado al amor y, por añadidura, a él. ¿Cuál es su relación con el recuerdo de Darwin?
Yo siempre digo que su ausencia es su presencia. Todos los días lo recuerdo. Todos los días su recuerdo está junto a mí.

Me han dicho que usted acostumbra llevar un retrato de Bud adonde sea que vaya…
Ah, sí, yo llevo siempre un medallón y dentro del medallón está un poquito de sus cenizas. Ese medallón yo nunca me lo quito.

¿Cómo fue esa relación donde confluían el amor con la colaboración literaria? Julio Cortázar incluso se refería a ustedes como Claribud.
Así es. Fue una relación muy estrecha, tuvimos mucha amistad mi marido y yo, trabajamos juntos. Hicimos libros testimoniales y una novela juntos. Él era mi crítico y mi traductor al inglés. Tradujo muchos de mis poemas al inglés. Así que fue una relación muy estrecha, demasiado, porque estuvo cimentada en la amistad. Éramos compinches, éramos cómplices.

¿Cómo era ese proceso de escribir libros a cuatro manos junto al amor de su vida?
Muy difícil, la novela que escribimos juntos, “Cenizas de Izalco”, donde se cuenta toda la masacre horrible que hubo en El Salvador en 1932, yo no quería escribirla, porque no tenía oficio como narradora, sino como poeta. Pero Carlos Fuentes insistía mucho, vivíamos en París: “Claribel, tú nos cuentas todo eso y nadie ha escrito sobre esa masacre, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo”. Entonces Bud, que era periodista, me dijo “¿Y si lo hacemos a cuatro manos? Yo te ayudo”. Así lo hicimos, nos peleamos mucho. Él estaba mejor en algunas cosas y yo no. Nos tirábamos los platos a la cabeza. El libro casi no sale por eso. Pero un día los dos nos sentamos y dijimos: “Lo importante es que nazca el niño, nosotros somos los padres y no somos tan importantes como el niño que va a crecer”. Fuimos más tolerantes los dos. Él escribía en inglés y yo le traducía al español. Yo escribía en español, él me traducía al inglés. Así nació ese libro, pero fue muy difícil. Los libros de testimonio ya fueron más fáciles, porque ya no eran una novela. Yo entrevistaba por hablar mejor el español. Fue mucho más suave.

¿Por qué después de la muerte de Bud, a excepción de “Mágica tribu”, dejó de escribir libros de no ficción?
No sé, ya había escrito sobre El Salvador y Nicaragua, que son los dos países que más me importan, y ya no tenía nada que decir, al menos por esa vía.

Me han comentado que tras la muerte de Bud, realizó un viaje a Asia que duró, más o menos, un mes.
Así es, así es. Yo estaba desesperada. Fue la única vez que yo vislumbre el suicido. Pero entonces me dije: “Me voy para Asia, donde nadie me conoce, voy a visitar templos budistas, voy a meditar, voy a reflexionar”. Y entonces hice un viaje que lo venimos planificando ya con Julio Cortázar, su tercera esposa Carol, Bud y yo. Los otros tres ya estaban muertos. Así que decidí hacerlo yo solita. Me hizo mucho bien. Conocí Borobudur (el templo budista más grande del mundo), ese templo maravilloso que queda en (la isla de) Java. Me fui a los templos y medité. Regresé muy mejorada.

¿Qué otras cosas la ayudaron a comenzar a acostumbrarse a esa ausencia?
Eso y, sobre todo, la poesía. Yo pensaba que nunca más iba a escribir, pero sí, después de ese viaje me tranquilicé. La poesía vino a rescatarme y me sacó del todo de ese pozo terrible en el que yo me estaba hundiendo, el pozo de la tristeza.

¿Sin Bud Claribel no sería la mujer que es ahora, la mujer tan importante que es ahora?
No soy importante, jajaja. Pero es verdad, sin Bud no habría escrito muchas de las cosas que he escrito.
Una de las facetas menos conocidas en la carrera de Claribel Alegría es su labor como traductora y difusora de la literatura latinoamericana. Ella es la compiladora y traductora (junto a Darwin Flakoll) de la antología “New Voices of Hispanic America” (1962), en la que por primera ocasión se publicaron en inglés los trabajos de muchos de los escritores que, tiempo después, formarían parte del boom latinoamericano. La lista incluye a 41 autores en un trabajo que buscaba darle al lector norteamericano un panorama de lo nuevo que, como región, Latinoamérica tenía para ofrecer. Los géneros elegidos fueron la poesía y el cuento, por razones de espacio. Casi todos los países están representados, incluyendo El Salvador, con Hugo Lindo y Dora Guerra como bandera. Juan Rulfo, Julio Cortázar, Augusto Monterroso, José Donoso, Augusto Roa Bastos, Octavio Paz, Gonzalo Rojas, Cintio Vitier, Ernesto Cardenal son algunos de los nombres incluidos en la antología. “New Voices of Hispanic America” ha continuado reeditándose por editoriales en Estados Unidos. Algunas ediciones pueden encontrarse en Google Books y Amazon. Fue un proyecto innovador en su época, tomando en cuenta lo complicado que era que escritores latinoamericanos fueran leídos incluso en países vecinos de habla hispana.

Hablemos, ahora, de la antología “New Voices of Hispanic America”. ¿Cómo nace el proyecto?
Lo que sucedió es que estábamos viviendo en México y éramos muy amigos de Tito Monterroso, que nos presentó a grandes escritores, como Juan Rulfo, Juan José Arreola, Alí Chumacero y más. Y Bud leía todo eso, que estaba inédito. Te estoy hablando del año 1951. Bud me decía: “No es posible que ni en su propio país sean conocidos, y son grandes escritores”. Entonces a él se le ocurrió la idea de que hiciéramos una antología de poetas y narradores, pero de cuentos, no novela porque era muy largo, que habían nacido desde 1914. Esa fue la fecha que elegimos. Pedimos que nos mandaran libros, no manuscritos. Y, claro, nos llenamos de libros. Teníamos cuartos llenos de libros. Ese fue el primer trabajo que hicimos juntos, antes de “Cenizas de Izalco”. Nos fue muy bien, pero con un trabajo tremendo. Estuvimos trabajando en ello tres años. Estoy muy contenta. Fíjate, tú, que muchos de los que nosotros elegimos allí fueron después del boom (de la literatura latinoamericana), así que elegimos bien, jajaja.

Claribel Alegría, Escritora.

Entiendo que para este proceso también se movieron a Chile.
Sí, vivíamos en México, entonces conocíamos bastante la literatura mexicana y centroamericana, pero no conocíamos nada de la literatura, sobre todo de los jóvenes, en América del Sur. Entonces se nos ocurrió que lo mejor sería buscar un lugar en el sur para poder viajar por los países cercanos. Elegimos Chile. De allí viajamos a Uruguay, y allí conocimos a Mario Benedetti. Nos ayudó muchísimo, nos presentó a otros escritores, viajamos a Argentina. Así que fue por eso que elegimos Chile. Para estar en Suramérica.
¿Es cierto que el editor estadounidense dejó fuera de ella a Gabriel García Márquez por cuestiones de espacio?
Es verdad, porque habíamos elegido un cuento muy lindo de García Márquez, ahorita se me va el nombre, y entonces nos escribieron y nos dijeron, fijate qué tontos, nos dijeron que lo sentían en el alma, pero que el cuento era demasiado largo, que era casi una novela corta y que, por ese motivo, no iba a estar. Sí estuvo Julio Cortázar, Mario Benedetti. A través de esa antología conocimos a personas maravillosas que fueron nuestros amigos durante toda su vida.

Usted también fue la primera traductora del inglés Robert Graves al español.
Él me lo pidió. Robert Graves vino a mi casa, éramos muy amigos cuando vivíamos en Mallorca, y me dijo que le habían pedido sus poemas en español, porque él era más conocido en nuestra lengua como novelista, por novelas como “Yo, Claudio”, o como mitólogo. Entonces me dijo él: “Pero yo ya les dije que yo quería que fueras tú la que me tradujera”. Yo temblé, porque fue muy difícil. Pasé más de dos años trabajando. Bud me ha ayudado muchísimo, así que fuimos los dos, y después el mismo Robert, nosotros le leíamos las traducciones y él nos ayudaba. También Lucía, su hija.

¿Cómo fue el proceso para trabajar con un material poético como este, tan enciclopédico?
Yo traducía los poemas literalmente. Yo puse como condición que yo iba a elegir los poemas, porque había algunos que yo no me sentía capaz de traducir… los traducía literalmente. Después los leía en español y en inglés. Luego se los llevaba a Bud, quien hacía correcciones y me ayudaba. Así fue.

En una entrevista con esta revista hace siete años, decía que el único temor que tenía es que le diera un derrame cerebral y que quedara como un vegetal.
Sí, en dos ocasiones he estado muy mal, me dieron pequeños derrames. Pero ahora estoy muy bien, solo esperando el momento en que me toque partir. Y después de esas dos experiencias, eso ya no forma parte de mí, digámoslo así, catálogo de temores.

El Salvador la reclama como una de sus escritoras más importantes. Nicaragua la reclama como una de sus grandes escritoras.
Soy muy dichosa, porque tengo patria y matria. Mi patria es El Salvador; mi matria, Nicaragua. Así de simple. Pero también podría decir que soy ciudadana del mundo. En todos lados me han recibido con los brazos abiertos.

Alguien dijo alguna vez que usted es una mujer con muy buena estrella. ¿Es cierto?
Sí, he tenido muchísima suerte. El factor suerte ha influido mucho en todos los reconocimientos que se me han dado.

Su primer encuentro con la poesía fue gracias a “Cartas a un joven poeta”, de Rainer Maria Rilke. A los 93 años, ¿todavía tiene esa vocación, siente que no puede vivir sin escribir?
Así es, no le encuentro sentido a la vida si no la puedo decir en un poema, todavía a mis 93 años. Leí ese libro a los 14 años, dos veces en una noche, sabrá usted que es muy corto. Pensé y reflexioné y llegué a esa temprana edad a la conclusión de que mi gran vocación, mi gran pasión era la poesía, y que iba a ser poeta.

¿En alguna época ha mermado esa vocación?
No, nunca. La poesía siempre estuvo presente. Eso sí lo afirmo. He tenido una vocación y la he seguido; y la seguiré hasta que muera.

Estamos en 2017 y Daniel Ortega parece ser un dictador en toda regla, algo que usted temía que pasara hace siete años cuando estaba a punto de reelegirse por primera vez. ¿Qué piensa de esta situación?
Estoy bastante desencantada. Pero mejor hablemos de poesía.

Quisiera que me hablara del caso concreto de su amigo Ernesto Cardenal, a quien lo condenaron a pagar $800,000 a una exsocia, presuntamente de manera injustificada, por el tema de un terreno (un juez decidió anular la sentencia, por lo que Cardenal tiene posibilidades de apelar).
Ernesto es uno de mis mejores amigos. Yo estoy indignada de cómo lo acosan con eso de “Solentiname”. Eso ya debería parar. Es un acoso innecesario. Pienso que Ernesto, además de ser un gran poeta, es un gran hombre, de una honradez enorme.

Las dictaduras marcaron una época, ¿qué piensa de gobernantes que repiten las viejas prácticas de perpetuarse en el poder?
Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acciones. Y sí, la de Nicaragua es una dictadura con todas sus letras.

¿Qué le hacen las dictaduras a una región como la América Latina del siglo XXI?
Representan, claramente, un retroceso. Una traición a la lucha de todos aquellos que querían una realidad mejor, más libre, para todos. A mí no me han molestado todavía, y a esta edad ya no tengo ganas de que eso ocurra. Afortunadamente, sí puedo decir lo que pienso.

¿Qué significa un premio con tanta importancia en el ámbito latinoamericano como el Reina Sofía, sobre todo cuando se tienen 93 años?
Estoy impresionada y muy feliz. Ha sido otro golpe de suerte. No me esperaba que pasara ahora. Creo que es algo que una nunca espera.

De todos los premios que ha recibido a lo largo de su vida, ¿cuál cree que es el más importante?
Ay no, no sé, es que hay muchos. Pero quizá el más prestigioso sea este. Sin embargo, si hay que elegir uno, diría que el primer premio. Me lo dieron en Cuba, Casa de las Américas, fue el que me lanzó al extranjero. Y el premio Neustadt, que me lo dieron en Estados Unidos en 2006, que es importantísimo, sobre todo para el habla española.
Claribel Alegría fue la primera mujer en recibir el Neustadt International Prize for Literature, el más importante entregado en Estados Unidos para escritores no nacidos en ese país. Después de ella, dos mujeres más han logrado llevarse el galardón, la neozelandesa Patricia Grace y la croata Dubravka Ugrešic. A menudo, el premio es comparado en peso con el Nobel de Literatura. Solo otros tres escritores hispanoamericanos han sido premiados con el Neustadt en 47 años de historia: Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis.

En una reciente entrevista para la agencia Efe, dijo que el Reina Sofía coronaba su carrera. ¿Pero cuál es el libro que coronó su carrera, por el cual le gustaría ser recordada?
A lo mejor el último, “Amor sin fin”. No estoy segura. Mis hijos me dicen que hay muchos, que hay tres o cuatro que me representan. Pero para mí es ese y “Saudade”. Es un libro que yo escribí después de muerto mi marido, me importa mucho, y como le digo, fue el momento en el que la poesía me sacó de ese pozo de tristeza. El amor, creo yo, es lo que mejor me representa, el perfume donde está contenida mi esencia.

Usted dijo que se retiraba, que ya no iba a volver a publicar más. A pesar del premio, ¿sigue siendo así?
Sí. No creo que haya en el futuro novedades literarias mías, estoy escribiendo poemitas, pero ya tengo 93 años, ¿te das cuenta? Y no quiero publicar chochadas.

¿Lo que pasa con los premios importantes como el Reina Sofía es que a su receptor se le abren, todavía más, las puertas del mundo editorial, que está ávido de publicar nuevas cosas.
Como te digo, prefiero que “Amor sin fin” sea mi último libro. Estoy en una edad en la que estoy esperando el silencio, la gran llamada hacia lo desconocido.