Los retratistas del país del eterno olvido

Los retratistas del país del eterno olvido

Unas alas. Un niño. El blanco y el negro que hacen brillar a una piel morena apenas cubierta por trapos raídos. Unos ojos enormes que repiten, de seguro, la oscurana del cielo nocturno y parecen desprenderse de la tierra, volar hasta otra realidad menos cruel.

La foto es de Luis Galdámez, fotógrafo salvadoreño nacido hace 63 años. Y forma parte de una de sus series más ambiciosas y conocidas, “Los ángeles caídos”, decenas de retratos con los que ha buscado visibilizar a los siempre invisibles de la sociedad salvadoreña: pandilleros, ancianos pobres, artistas vagabundos, niños de la calle, perros callejeros. Armándolos de alas, ha pretendido instalar una denuncia que mucho tiene de obra de arte.

Este es solo un capítulo de una carrera que se extiende por más de 30 años, “con varias interrupciones”, dice Luis. Pero una en la que ha logrado documentar la historia de El Salvador con el que quizá sea el más masivo de los lenguajes: la fotografía. La sintetizadora por excelencia. Esa que, en un cuadro limitado e inmóvil, puede expresar todo el horror de una guerra, la gloria de una victoria, las particularidades de una personalidad.

Por todas esas características, la Secretaría de Cultura de la Presidencia decidió dedicar el Premio Nacional de Cultura 2017 a la rama de fotografía documental por primera vez en más de cuatro décadas de historia. Y uno de los aspirantes a recibirlo es Luis Galdámez, a quien su colega Francisco Campos define como el “verdadero artista de la fotografía en El Salvador”.

“Me sorprendió que las autoridades de turno la hayan tomado en cuenta. Cuando se habla de artes visuales, la fotografía documental siempre ha sido el patito feo”, comenta Luis, bebiendo de su cerveza y disfrutando de su coctel de camarones en este restaurante de Antiguo Cuscatlán, el mismo municipio en el que reside desde hace un par de años, tras una larga estancia en Suchitoto.

Luis sopesa entre tragos el poco valor que la sociedad y el Estado salvadoreños le han dado a una pasión a la que ha dedicado toda su vida. La misma por la que casi muere el 19 de marzo de 1989, cuando una bala le atravesó la espalda y el brazo. Pero corrió mejor suerte que su amigo Roberto Navas, asesinado ese mismo día.

Ahora goza, dice, de un par de años sabáticos, en los que ha podido empezar a darle orden a un enorme archivo todavía informe, donde guarda su tesoro de fotografías. El mismo que empezó a construir a punta de riesgo en 1980, después de formarse en artes visuales en el CENAR y ganar algo de dinero como retratista de bodas y bautizos.

Ese día, el 30 de marzo de 1980, asistió al funeral de Monseñor Romero para documentar la manera en la que cientos de personas se despidieron del ahora beato. Nunca pensó (aunque era lo esperable) que una bomba explotaría al lado suyo y que los cuerpos de seguridad comenzarían a dispararle a la población civil. Tampoco que entre esa población civil hubiera guerrilleros que transportaban sus armas en cajas vacía de árboles de navidad y que abrieran fuego en respuesta. Todo eso, ahora, lo conserva entre sus imágenes. Fueron su bautizo.

Entonces no había llegado a las grandes agencias de noticias que le permitirían ver su trabajo en la portada de publicaciones tan importantes como The New York Times o The Washington Post. Su opción fue el periódico mural del CENAR, donde entonces trabajaba como profesor, precisamente de fotografía. Solo tener un material como ese, que retrataba la violencia, era considerado un acto subversivo y la institución incluso había sido objeto de cateos por parte de los cuerpos de seguridad desde hacía dos años. Era un salto al vacío.

“Cada quien toma sus riesgos. Y yo me moría de ganas porque mi trabajo fuera visto. Aunque sí, es cierto, por algo como eso me podían matar”, comenta Luis, quien ha traído bajo el brazo un legajo de fotografías, muchas de las cuales serán incluidas en el portafolio que las personas e instituciones que han decidido presentar su candidatura entregarán en los siguientes días a las autoridades de SECULTURA.

Ahí están las imágenes de los cuerpos desfigurados del choque del avión de Aviateca en 1995 y varios cuadros de la guerra. Coge entre las manos uno de estos últimos, en blanco y negro, donde unos 20 jóvenes de esperan sentados en el suelo.

—Esta es la foto de la tristeza –dice, bajando la voz y lanzando un suspiro–. En ese momento, a estos bichos se los van a llevar reclutados para el cuartel. Solo me imagino a las madres llorando porque sus hijos adolescentes deben ir a pelear una guerra en la que no quieren participar –comenta Luis, quien en cuestión de segundos puede pasar de una seria reflexión a la más sonora de las carcajadas, entre cerveza y coctel.

Pero sus fotos favoritas de entre todas, y de las que ha presentado un buen número en su carpeta para el Premio Nacional de Cultura, son las que componen la serie de “Los ángeles caídos”, a la que considera su obra más querida.

“Este trabajo me sacó todos mis traumas como reportero, aquí no hay prisa. Solo soy yo expresándome. La fotografía conceptual también se vuelve documental porque relata a los excluidos”, comenta, lanzando una mirada de satisfacción a sus fotos.

Luis Galdámez

Postulado

Luis Galdámez

Inició en la fotografía cuando cursaba el Bachillerato en Artes del Centro Nacional de Artes (CENAR). Era una materia de complemento, que se le enseñaba al alumno para documentar su obra. Pero fue la que lo terminó apasionando. Estudió periodismo en la Universidad de El Salvador. Fue reclutado por Iván Montecinos como su asistente en la Agence France-Presse (AFP) en 1984. Dos años más tarde pasó a formar parte del staff en el país de la agencia de noticias inglesa Reuters, en la que permanecería hasta 2012. Después, hizo labores ocasionales para diferentes instituciones, como Efe. Su trabajo ha sido publicado en los más prestigiosos periódicos alrededor del mundo.

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El período para que una institución o una persona pueda postular a su candidato para el Premio Nacional de Cultura finalizará este lunes, 31 de julio. Hoy es el miércoles 26 y, según Silvia Elena Regalado, titular de SECULTURA, ninguna persona ha sido inscrita para el reconocimiento.

“Normalmente lo hacen el último día, estamos esperando”, comenta Regalado, aunque adelanta que ya cinco instituciones llamaron para anunciar que presentarán a sus elegidos, por lo menos, el viernes. Lo que se cumplió en los casos de Luis Galdámez y Francisco Campos.

Según Regalado, el premio de este año busca darle su justo puesto como individuo al fotógrafo en la índole de la cultura nacional. Muchas veces cubierto por la institución a la que representa, casi nadie conoce al fotógrafo, a aquel que le informa los hechos de su realidad con uno de los medios que más se acerca a ella. Una paradoja tomando en cuenta que su obra cuenta con la bendición de lo masivo. También, expresa Regalado, se busca reconocer a la fotografía como arte y que se abran más espacios para exponer este tipo de trabajos. Y que, además, el autor reciba una paga por ello, lo que escasamente pasa en El Salvador.

Además de los acostumbrados $5,000 que conforman el premio y del clásico concierto dedicado a él por la Orquesta Sinfónica Nacional, el ganador tendrá la oportunidad de presentar al menos 30 cuadros de su obra en una exposición que se instalará en el Museo de Antropología David J. Guzmán (MUNA) y, luego, pasará a ser parte de la muestra itinerante de premios nacionales de la Cultura, que pasa por lo menos un mes en los distintos museos que El Salvador posee a escala nacional. Pero solo eso.

“Queremos dejar claro que este premio busca reconocer a una persona. No es uno de sus componentes la distribución o difusión de la obra”, comenta una de los miembros del equipo de Comunicaciones de la secretaría. En efecto, eso ha pasado, al menos, con los últimos dos ganadores del premio, Yolocamba I Ta y José David Calderón, fallecido el año pasado. Su obra, aunque bañada por el brillo del premio, no se conoce mucho más hoy que antes.

Para Silvia Elena Regalado, esto es una cuestión de recursos, situación que tampoco los ha dejado iniciar con un proyecto de investigación de todos los premios nacionales de Cultura, que se convertiría en un libro: “Lo reconocemos, es una de nuestras deudas”.

Los organizadores del galardón temen que sean muy pocos los postulados para este año e invitan a que más instituciones manden sus candidaturas, que no den por sentado que su favorito será propuesto. Eso pasó, por ejemplo, el año pasado, cuando se le entregó el premio a Yolocamba I Ta. Para muchos dentro de la institución, el merecedor del premio, por su relevancia a escala internacional, era Álvaro Torres. Pero nadie se acercó a postularlo.

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Si Luis Galdámez es el artista de la fotografía documental en El Salvador, como lo expresa Francisco Campos, Iván Montecinos es el fotógrafo de guerra por excelencia. En efecto: fue el único de los fotógrafos salvadoreños que cubrió el conflicto armado desde su prólogo, en el 79, hasta la firma de los Acuerdos de Paz. Y fue el maestro y quien le dio la primera oportunidad para trabajar a colegas como Campos o Galdámez. Incluso a Luis “la Muñeca” Romero, quien no puede ser postulado por trabajar para una entidad de Gobierno.

Pero así como es el fotógrafo de guerra por excelencia, ese terminó convirtiéndose en su único campo de acción: la intensidad de 12 años de combate, de mirada al sufrimiento ajeno y al propio y del alejamiento de su familia lo inclinaron a abandonar la carrera apenas firmada la paz. Y no es porque no tuviera oportunidades, pues se le ofreció trabajar como fotógrafo de guerra en el conflicto de Bosnia.

“Ya no tenía las fuerzas para seguir buscando ese tipo de trabajos… Si aquí, en mi país, no me mataron pero estuve en peligro de que ocurriera porque la guerra fue cruenta, ¿qué iba a ir a hacer yo a un lugar donde no conocía el lenguaje ni la geografía?”, comenta Montecinos, ahora dedicado a negocios propios y a la confección de libros sobre su experiencia. Ya publicó dos.

El estilo de Montecinos es uno que privilegia a la persona humana sobre los hechos, al individuo que está siendo transformado por sus circunstancias más que las circunstancias mismas. Para Iván, no era importante retratar los combates, sino las consecuencias de estos. Víctimas que acaban de perder la vida, pueblos arrasados, gente que debe buscar refugio para no perecer.

Esa pauta para trabajar la descubrió apenas en 1980, cuando la guerra todavía no había sido declarada vía la ofensiva final del FMLN. Fue cuando viajó a La Victoria, en Honduras, donde ya habían comenzado a llegar refugiados desde El Salvador, la totalidad de ellos era gente que vivía, aún en sus lugares de origen, en una profunda pobreza.

En ese entonces todavía no había conseguido un contrato con una agencia internacional. Era el asistente del fotógrafo norteamericano John Hoagland en la United Press International (UPI), de quien aprendió el oficio aunque nunca lo tomó como su alumno. Hoagland fallecería en 1984, cuando trabajaba para Newsweek, en las faldas del cerro de Guazapa.

Otro de los sellos de Montecinos, en la opinión de varios de sus colegas, es mostrar a sus retratados sin máscaras: el guerrillero y el soldado ya no son los combatientes en busca de acabar con el enemigo. Son personas comunes enfrentándose a un drama extraordinario.

“La experiencia te da cierta sensibilidad. No es una cuestión de tener lástima. Uno ya no ve solo el aspecto agresivo. Comprende que toda la gente tiene un lado humano. Como decir que ahora usted puede encontrar el lado humano de un pandillero”, dice Montecinos, quien todavía no ha sido postulado al premio.

Ivan Montesinos

Postulable

Iván Montecinos

Es uno de los pocos de su generación que contó con formación en periodismo antes de comenzar a hacer fotos. A finales de los setenta, trabajaba como profesor en la Universidad de El Salvador. Cuando esta institución fue cerrada, en 1980, comenzó a colaborar para la United Press International (UPI), con sede en Estados Unidos, como asistente del periodista norteamericano John Hoagland. En 1984 fue fichado por la Agence France-Presse (AFP) como el director para toda Centroamérica. Permaneció con esta empresa hasta 1991. Tras ello, aprovechó el dinero ganado durante 12 años como fotógrafo para emprender algunos negocios y comprar tierras.

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Francisco Campos descansa en una de las mesas del café Maktub, en pleno centro de San Salvador, con la fachada del Cine Metro, uno de los emblemas del sitio, como fondo. Él es otro de los fotógrafos que serán postulados este año para el Premio Nacional de Cultura. Es el único que todavía se mantiene en activo de los considerados para el galardón.

Si Luis Galdámez es el artista de la fotografía e Iván Montecinos el fotógrafo de guerra, Francisco Campos, que comparte características con los dos anteriores, es el retratista de la cotidianidad. Sobre todo de los sectores más populares. Y, sobre todo, del centro de San Salvador, ese al que él no llega como un turista en búsqueda de novedades, sino como un vecino más. Porque este ha sido su medio ambiente desde que comenzó a hacer sus pinitos en el periodismo, en el Diario El Mundo, a finales de los setenta. En los bares cercanos, afirma, pasaba la mayoría de sus tardes.

A pesar de ya tener más de 30 años en el negocio, ha sabido cómo llegar a una nueva generación de observadores. Sus fotos, ahora, pueden verse en su perfil de Facebook.

Una de las últimas, subida el jueves 27 de julio, tiene al fondo la escena de un homicidio ocurrido en el bulevar Monseñor Romero. Una persona que desde hace unos momentos ya no lo es yace rodeada de policías y fiscales. En primer plano, en uno de los separadores de la carretera, está escrita la palabra “Mierda”. Campos, para acompañar la imagen, escribe: “Ante la violencia dan ganas de exclamar tres veces”. Otras fotos no necesitan siquiera de presentación, como aquella tomada desde el interior de un restaurante, que muestra la indiferencia de los comensales ante otro homicidio cometido a apenas unos metros.

“Yo de Chico no he aprendido cuestiones técnicas, sino a estar siempre atento, a observar y a tomar esa foto que ya no voy a poder tomar nunca más porque ya no va a volver a ocurrir”, comenta Frederick Meza, fotoperiodista de LA PRENSA GRÁFICA y uno de los discípulos del maestro. Ese es otro de los sellos de Francisco, la captación del momento justo, ese que hay que esperar por horas o que, a veces, simplemente pasa.

Sentado en el café Maktub, Francisco también se confiesa un bendecido de la suerte, y para ilustrarlo, regresa a su foto más famosa, la imagen con la que está íntimamente emparentada la firma de los Acuerdos de Paz, en la que dos mujeres vestidas de blanco lanzan dos palomas grises a una catedral de San Salvador saturada de rojo.

Ese día fue uno accidentado y la gran foto solo fue tomada hasta el final de la jornada. En la misma plaza estaban decenas de fotógrafos, como Luis Galdámez, que no pudieron llevarse una imagen similar. Fue una cuestión de suerte y, también, de atrevimiento. Francisco Campos fue el único que pudo subirse a la tarima, auspiciado por amigos de las diferentes iglesias que ese día se encontraban en el lugar.

“Creo que eso está faltando hoy a los fotógrafos jóvenes, ser más atrevidos. Por ejemplo, yo no vi una foto diferente de lo que ocurrió con el incendio del Ministerio de Hacienda”, comenta Campos.

Y su famosa fotografía le sirve, también, para reflexionar sobre otra realidad del fotógrafo en El Salvador, el hecho de que nunca ha recibido un centavo por una de sus fotos expuestas. Eso es comprensible en espacios que viven por amor al arte, como el Photo Café. Pero se vuelve cuestionable cuando lo mismo pasa con las instituciones de Gobierno.

Y eso se volvió paradójico en la celebración, este año, de los 25 años de los Acuerdos de Paz. En la Asamblea Legislativa le pidieron su autorización para usar la imagen. Pero eso no ocurrió, por ejemplo, con la que se mostró en la exposición del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) o de eventos realizados por cancillería fuera del país.

Pero el culmen de la paradoja le ocurrió, dice, hace un par de años, cuando asistió a una convención del FMLN realizada a puertas cerradas sin acceso a medios. Uno de sus conocidos estaba en la entrada. Un par de días antes habían compartido mucho tiempo en la filmación de la película “La batalla del volcán”. Sin embargo, a pesar de la confianza, no lo dejaron pasar.

Resolvió la cobertura tomando fotos del exterior, de las personas pertenecientes a los comités de base ingresando al lugar, sin saber que adentro, como la imagen que coronaba el escenario, estaba en grandes dimensiones la misma foto de las mujeres de blanco tirando las palomas grises. Nadie dentro del partido le consultó si esa imagen podía ser utilizada en un evento proselitista. Una realidad que, según la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, pretenden que cambie con la entrega del premio.

Francisco, ahora, sugiere ir a estirar las piernas para tomar un jugo en un puesto cercano, acompañado de su pequeña cámara. Sin embargo, no tomará ninguna imagen, ocupado en elogiar el trabajo de los otros, de aquellos que, como él, aunque sea en un trecho del camino, decidieron congelar la vida para la eternidad en una fotografía.

Francisco Campos

Postulable

Francisco Campos

Es el fotoperiodista en activo con la carrera más longeva en El Salvador. Inició su carrera en el Diario El Mundo en 1981. Al igual que su colega Luis Galdámez, fue introducido a la Agence France-Presse (AFP) por Iván Montecinos en 1986. Estuvo todo el resto de la guerra en esa agencia internacional. La vida luego lo traería a LA PRENSA GRÁFICA, donde trabajó en diferentes puestos de 1995 a 2015. Actualmente labora para El Diario de Hoy. También cuenta con una larga carrera de voluntariado en Comandos de Salvamento.

La ley inspirada por Pablo Escobar, ¿hasta dónde debe reformarse en El Salvador?

Una de las críticas que se le hacen a la ley es que puede reñir con el artículo 106 de la Constitución, en el que se le prohíbe al Estado realizar confiscaciones. Pero no es tal, pues este concepto se refiere a la privación de un bien a una persona sin el debido proceso, lo que no pasa en la ley. Lo contemplado en la Ley de Extinción de Dominio se sustenta en el artículo 103 de la Constitución, que dice que la propiedad privada no es un derecho absoluto: siempre debe cumplir una función social. Algo obtenido ilícitamente no lo hace.

La figura del colombiano Pablo Escobar es un mito en toda Latinoamérica. Es el nombre que acude a la mente inmediatamente después de que se escucha la frase “capo del narcotráfico”. Ríos de tinta han corrido para contar los pasajes de su historia, hasta los más banales. Varios actores lo han interpretado en la pantalla.

Fuera de la ficción, Pablo Escobar ha representado un auténtico dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Fue un hombre que traficó cantidades ingentes de droga y de influencias y, con eso, amasó incalculables cantidades de dinero. Parte de esas ganancias quedó en las manos de su viuda, Victoria Eugenia Henao, y de sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela.

El capo. Pablo Escobar es una de las figuras por las que nació la Ley de Extinción de Dominio en Colombia.
Esta, además de perseguir bienes adquiridos con fondos ilícitos, también se encarga de incautar aquellos que sirvieron
para cometer un delito, como una casa que sirvió para alojar secuestrados o para vender droga. A estos últimos se les conoce
como bienes de destinación ilícita.

Y aunque para el imaginario colectivo de todo un continente Pablo Escobar era, definitivamente, un narcotraficante, la justicia colombiana nunca lo pudo condenar por ningún delito, hasta su muerte en diciembre de 1993. En términos prácticos, Pablo Escobar murió siendo inocente.

Al fallecer, toda causa penal se desvaneció y, con eso, la posibilidad del decomiso de todo aquello que había comprado con el dinero del narcotráfico. Había casos que hacían más difícil, todavía, el trabajo. Como el del edificio Mónaco, famoso por ser el escenario de un atentado contra él perpetuado por uno de sus rivales. Este había sido puesto a nombre de su pequeña hija, Manuela, cuando solo tenía tres años, en 1987. La niña contaba con solo nueve primaveras cuando su padre murió.

Con esa edad, a Manuela no se le podía acusar de nada y, por ser una menor, era civilmente incapaz. La propiedad de ese inmueble se hubiera legitimado a favor de la familia de Escobar si, dos años después de la muerte del capo, Colombia no hubiera promulgado una legislación inédita, la Ley de Extinción de Dominio, la misma que ha permitido que en años tan recientes como 2012 se hayan podido seguir recuperando, a favor del Estado suramericano, bienes adquiridos con el dinero de la droga traficada por Escobar. Y no solo del extinto líder del cartel de Medellín, sino de tantos otros nombres ligados con el crimen organizado en Colombia, como Gonzalo Rodríguez Gacha.

Uno de los casos. Esta vivienda perteneciente al diputado Reynaldo Cardoza le fue incautada de manera preventiva a través de la ley. Un agente custodia la entrada de esta casa, ubicada en los Planes de Renderos.

El Salvador: La discusión servida en la mesa

El Salvador cuenta con su propia versión de la Ley de Extinción de Dominio desde 2013. Fue producto de un largo proceso de consulta interinstitucional e internacional. En 2010, la Organización de los Estados Americanos (OEA) le dio vida al proyecto de Bienes Decomisados para América Latina, más conocido como BIDAL. En ese marco, suscribió, el 20 de diciembre de ese mismo año, un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador.

Este incluyó la evaluación del sistema de decomiso nacional. Expertos internacionales vinieron al país para analizar las normas, regulaciones e infraestructura institucionales relacionadas con el rubro. Comprobaron, incluso, la forma en que operaba el parqueo que la PNC tiene en la hacienda Changallo, en Ilopango, donde cientos de carros parecen dormir el sueño de los justos.

Tras ello, la OEA presentó esos resultados al Gobierno salvadoreño a través de la Comisión Nacional Antidrogas, que a su vez trabajaba con Naciones Unidas en un proyecto de ley para traer a la legislación una adaptación de la Ley Modelo de Extinción de Dominio.
Se conformó un comité interinstitucional para discutir la pertinencia de la ley, donde estuvo la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y, cómo no, la Asamblea Legislativa a través de sus asesores técnicos.

La ley finalmente fue aprobada por 82 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa en octubre de 2013, tras una larga discusión dentro del congreso y la presión de Estados Unidos, que la puso como uno de los ítems a cumplir para el desembolso de los fondos para la segunda fase de FOMILENIO.

Fue la primera en todo el continente que estuvo basada en la ley modelo de Naciones Unidas. Colombia, en 2014, tuvo que hacerle unas reformas a la suya para que se adecuara más a la propuesta por el ente internacional.

Desde su promulgación ha permitido que el Estado tenga la oportunidad de aprovechar los bienes (que lo haga satisfactoriamente ya es otra historia) de personajes como el exdiputado Wílber Rivera Monge o José Misael Cisneros, apodado “Medio Millón”. Solo a partir de bienes que antes pertenecían a estas dos personas, el Gobierno ha podido recuperar más de dos millones de dólares.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa. Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal.

Pero el mismo concepto “extinción de dominio” continúa representando un reto. La ley es una rara avis dentro del sistema de justicia salvadoreño, un tanto difícil de comprender para alguien que no sea abogado.

El costarricense Dennis Cheng es especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen. También ayudó a la redacción de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas y dio aportes técnicos a la legislación promulgada en El Salvador. Para él, una forma más fácil de comprender la ley es la siguiente: tener en cuenta que es una mezcla de dos mundos jurídicos diferentes, el penal y el civil.

Es penal en cuanto al uso de técnicas especializadas de investigación, que son desarrolladas por la policía y el ministerio público de un país, en nuestro caso la Fiscalía General de la República. También en cuanto a la posibilidad de actuar de oficio, es decir, sin una demanda previa.

Empresa. El Juzgado de Extinción de Dominio avaló la cautelación de GUMARSAL, perteneciente a Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, en abril de 2017.

Y es civil porque su objetivo es vislumbrar si un bien fue adquirido o no con fondos provenientes del cometimiento de un delito. Si el presupuesto anterior se cumple, eso se traduce en que ese acto, el de la adquisición, no fue legal y, por tanto, no existió: la persona nunca fue dueña del bien. Solo hubo una apariencia de derecho. Es un punto simple donde no importa si la persona es culpable de un delito o no. Se enfoca en la propiedad o bien, no en el individuo.

Pero no todos han estado conformes con ella, pues ya ha sido objeto de tres demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La primera de ellas, presentada en 2014 por el abogado Luis Mario Pérez Bennett, por violaciones a varios derechos constitucionales, fue admitida por la Sala de lo Constitucional y estaría a punto de emitir su fallo. La Sala evalúa si la normativa viola la Constitución por ser retroactiva e imprescriptible, porque revierte la prueba (es decir, el acusado debe probar que es inocente), porque violenta el derecho a la intimidad o porque confisca antes de ser vencido en juicio.

Este año, Mayra Salazar Martínez, hija de José Adán Salazar (Chepe Diablo), procesado por lavado de $215 millones, promovió otra demanda de inconstitucionalidad contra la ley.
Posteriormente, en mayo pasado, algunos diputados comenzaron a verle defectos, a decir que reñía con la Constitución de la República. También fue en mayo de 2017 cuando comenzaron a trabajar en una propuesta técnica para reformarla. Ahora está al centro de un debate público, en el que el diputado Mario Tenorio, de GANA, y René Portillo Cuadra, de ARENA, son los rostros más habituales en los medios de comunicación. La iniciativa, empero, también tiene el apoyo de la bancada del FMLN.

Esta semana, incluso, parecía inminente que se realizaría una votación en torno a estas reformas en el pleno de la Asamblea Legislativa. Eso provocó que personajes como la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, se pronunciaran al respecto, señalando una sospechosa prisa. El fiscal general, Douglas Meléndez, también salió a la defensa de la normativa.

Y es que las reformas que se han pensado no son accesorias. La primera de ellas, por ejemplo, busca modificar el artículo 3, el que se refiere a la naturaleza de la ley. En la redacción actual se establece que las disposiciones de la ley son “de orden público y de interés social”. La nueva versión diría que es “de carácter sancionatorio”. ¿Qué quiere decir eso?

Alguien con las suficientes credenciales para opinar sobre lo anterior es el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Fue parte de la unidad de extinción de dominio y contra el lavado de activos de Colombia; también integrante del grupo de expertos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio de Naciones Unidas, y del proyecto BIDAL (Bienes incautados de América Latina) de la OEA.

Para él, modificar la naturaleza de la ley se traduciría en que la acción de extinción de dominio sería un castigo, una pena, para la conducta de una persona. Estaría regulada, por lo tanto, por lo estipulado en el Código Penal.

El suramericano opina que las intenciones de cambiarle la naturaleza a la ley representan una “auténtica trampa”, pues minan, precisamente, aquellas ventajas por las que una legislación como esta fue pensada. Así, comenta, no tendría ningún sentido.

En el Código Penal se contempla un término llamado “comiso”. Es la incautación preventiva de un bien. Se hace por variadas razones: si este fue usado para cometer el ilícito; si puede servir para resarcir a las víctimas del crimen, sobre todo en delitos como la estafa. Está ligado, por tanto, a un proceso penal. La extinción de dominio puede definirse como un comiso desarrollado en un proceso no penal.

Cuando a alguien le incautan algo en un proceso penal, es un tercero, porque allí lo principal es la conducta del delincuente. En la extinción de dominio no será tercero, sino el extremo pasivo de la acción, es decir, el demandado.

“¿Por qué se saca? Para que operen unas garantías distintas a las del proceso penal y se superen los obstáculos que este mismo presenta”, comenta Gilmar.

En otros países. Pablo Escobar y los hondureños Yani y Jaime Rosenthal han sido algunas de las personas a las que se les ha aplicado la ley de extinción de dominio en otros países. Para el exfiscal colombiano Gilmar Santander, es otra forma de combatir la impunidad. “La verdadera impunidad en estos tiempos es que el criminal pueda disfrutar de los bienes que adquiere producto de sus actividades ilícitas”, comenta.

Uno de los obstáculos que el colombiano señala con respecto al enfoque penal es que la persona a la que se pretende extinguir un dominio muera, como en el caso de Pablo Escobar. Al no haber a quién castigar, porque no se le puede revivir para hacerle un juicio y encontrarlo culpable, no hay forma de que esos bienes puedan ser devueltos al Estado. Quedarán, por tanto, en las manos de sus herederos.

“En mi país pasaba algo. Y es que estaba el sicario, que era muchas veces de extracción pobre, al que lo mandaban a matar a alguien a cambio de un dinero. A él no le importaban los riesgos o que estuviera en peligro su vida. ‘No importa’, decía, ‘que me maten, porque mi mamá queda con casa’”, acota Santander.

Otro escenario es el del imputado en rebeldía. Si este nunca se presenta al juicio, porque se encuentra prófugo, ¿cómo se le puede juzgar? Puede ocultarse en otro país tanto tiempo como para que el delito prescriba y, al regresar a El Salvador, volver a tomar posesión de sus bienes. La Ley de Extinción de Dominio, al perseguir a la propiedad y no a la persona, supera estos impedimentos.

Para otros profesionales del derecho, como Pedro Cruz, abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), el cambio en la redacción no representaría tal modificación, sino que se limitaría a establecer que las cautelaciones de bienes podrán hacerse efectivas hasta que el juicio de extinción de dominio llegue a su fin. Sin embargo, sigue siendo un cambio que se antoja radical con respecto a la legislación actual.

Pero esto, sostiene Cruz, permitiría que existieran unas garantías que, en su opinión, no se respetan en la ley. En la forma en la que se establece actualmente, todo lo cautelado de manera preventiva pasa a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), lo que Cruz considera incorrecto.

Algo en lo que tanto Cruz como el colombiano Gilmar Santander coinciden, una especie de punto medio entre dos posiciones que pueden parecer contrapuestas, es que se haga una pequeña modificación en ese punto en específico, y que los inmuebles que sirven de habitación para una persona no pasen a la administración del CONAB, sino que solo se les imponga la notificación en el Centro Nacional de Registros para que su dueño no pueda traspasarlos.

Así se evitarán hechos como la curiosa situación del diputado Reynaldo Cardoza, a quien le han cautelado su residencia: para poder seguir viviendo allí, tiene que pagar un alquiler mensual al CONAB. Pedro Cruz ve otros problemas.

“Un gallito que le veo a la ley es que no tiene una prelación, es decir, no se sabe cuál ley se va a aplicar primero. Porque a una persona le pueden estar haciendo un juicio civil por enriquecimiento ilícito, un juicio penal que tiene responsabilidad civil y un juicio de extinción de dominio. Y los tres procesos recaen en la misma casa. No se la pueden quitar tres veces… creo que no hay que modificar el espíritu, solo arreglar pequeñísimos detalles como ese”, comenta.

¿El Estado como lavador de dinero?

Otra de las medidas que se estudian para reformar la ley es la de agregarle un tiempo de prescripción. La sugerencia es de 10 años después de adquirirse el bien. Es decir que si un narcotraficante compró hace 10 años y un día una finca con dinero proveniente del crimen, este terreno pasará a ser de su propiedad con todas las garantías constitucionales que tendría una vivienda por la que una persona se ha tardado 25 años en pagar todas las cuotas en el Fondo Social para la Vivienda.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”.

Nelson Mena fue el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República en El Salvador a principios de 2000. Actualmente es especialista legal senior del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Para él, quien opina a título personal y no en representación de la entidad internacional, la medida sería absurda.

“Cuando un bien procede de las ganancias del narcotráfico o la corrupción, ese bien se obtuvo con el producto de una actividad ilícita. Ilícito lo será toda la vida. El transcurso del tiempo no va a sanear ese bien, no importa por las manos que haya pasado”, comenta. En eso coincide con las observaciones enviadas por la Fiscalía General de la República a la Sala de lo Constitucional para defender la constitucionalidad de la ley.

El colombiano Gilmar Santander opina que se trata de algo “gravísimo” y cuenta la historia de la ley en su país, cómo los legisladores habían propuesto, en 1995, que sus posibilidades de acción prescribieran después de 20 años de adquirido el bien, el doble de lo que se pretende en El Salvador.

Allí fue la Corte de Constitucionalidad la que declaró que establecerle un límite temporal a la legislación era inconstitucional, por razones como las expuestas por el salvadoreño Nelson Mena. Fue una resolución que la entidad tomó de oficio, sin una demanda previa, pues consideraba que era un error inhibir al Estado de poder realizar esa acción. Pero Gilmar Santander va aún más lejos.

“Es una norma que pondría al Estado a lavar activos. Porque si pasan 10 años, automáticamente, la ley lavaría activos. A cualquiera. Narcotraficantes, proxenetas, secuestradores. Es como una patente de corso para delinquir. ¿Cuál es el mensaje que una norma así le manda al ciudadano? ‘Usted se puede enriquecer ilícitamente y, si pasan 10 años, eso es suyo’. Lo que tiene origen ilícito, no se puede legitimar”, asegura el exfiscal suramericano.

Los no afectados. La ley contempla una figura conocida como tercero de buena fe, una persona que adquirió un bien sin saber que se trataba de algo que uno de sus dueños anteriores había obtenido ilícitamente. A este se le respetará la propiedad.

Problemas del mundo real

Colombia es el país donde nació la ley. Ha convivido con ella desde hace 22 años. Por eso puede ser un espejo pertinente para saber qué hacer y qué no hacer con una legislación como esta.

En el país suramericano, uno de los principales inconvenientes recae en la histórica mora judicial. Con una realidad de múltiples formas del crimen organizado, con guerrilla, carteles, paramilitares y otras bandas delincuenciales, los casos no dejan de llegar.

Por eso algunos se han eternizado en los tribunales. El periódico colombiano El Tiempo reportó que en septiembre de 2016 la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Judicatura que diera rápido trámite a casos que llevaban años e, incluso, décadas.

El caso ilustrativo de los problemas en el proceso era el que inició esa orden de la máxima autoridad de la justicia colombiana. Es el de Antonio Nel Zúñiga, un empresario de la palma africana, quien fue acusado y condenado por apoyar a paramilitares en el desplazamiento forzado de miles de campesinos en el departamento de Chocó. Los hechos ocurrieron en 1997. La fiscalía presume que una fortuna de, aproximadamente, $31 millones perteneciente a él y a su hermano Julio César (también acusado y condenado) procedió de estas acciones, que los beneficiaron en la obtención de grandes territorios.

La fiscalía había mantenido ese proceso vivo desde 2003, sin hacer avanzar las investigaciones. Casi 15 años no habían sido suficientes para recabar las pruebas. La corte ordenó celeridad en el caso, que a día de hoy no se ha resuelto.

En El Salvador la ley establece que la cautelación no puede realizarse sino hasta que la petición de la fiscalía es admitida por la jueza Especializada de Extinción de Dominio. Es hasta entonces cuando esos bienes pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

Cuando esto ocurre los plazos están determinados para darle trámite: el juez tiene 20 días para avisar a los afectados, entre los que puede estar un tercero de buena fe, es decir, una persona que no tenía idea de que el bien que le vendieron tenía un origen ilícito (a él se le respetará la propiedad del bien). Tras eso, deberá fijar la fecha de la audiencia inicial para dentro de los siguientes 10 días.

Cuando esta se realice y si, en efecto, las pruebas son suficientes para continuar con el proceso, se establecerá en el calendario cuándo se realizará la audiencia de sentencia, que se hará dentro de los siguientes 15 días. Ese es el proceso normal, pero puede extenderse si la complejidad del caso lo amerita.

En El Salvador, el único Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ha despachado en un tiempo razonable los casos que le ha presentado la fiscalía, aunque no eran más de dos o tres al año. 2017 ha representado un parteaguas, con la entrada en el escenario de los procesos contra los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores y de los presuntos miembros del cartel de Texis.

La ley ha sido criticada con fuerza por los abogados defensores de aquellas personas a quienes se les ha, precisamente, aplicado. Y en la opinión pública se objetan algunos hechos que todavía no se comprenden de la ley, como las razones de por qué las propiedades de Francisco Flores, expresidente ya fallecido, fueron cauteladas de manera preventiva, pues fueron transmitidas a él por su padre en herencia, lo que hace imposible que hayan sido compradas con los fondos que, presuntamente, el exmandatario desvió de Taiwán.

Sin embargo ello tiene sustento de ley, pues se trata de un concepto conocido como “mezcla”, donde un bien lícito sirve para ocultar lo proveniente de actividades ilícitas. Entre sus variables están las mejoras que se pueden hacer a un inmueble, como los lagos artificiales de la hacienda Zapotitán, en Ciudad Arce, que estuvo en propiedad de Francisco Flores.

“Eso está contemplado en las convenciones internacionales, el concepto de la mezcla no es algo que se inventaron en El Salvador. Es como que usted haga un café con leche, no puede separar ya los ingredientes. Usted no puede iniciar un proceso solo contra las mejoras, debe hacerse contra el bien en su integridad”, asegura el costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen.

¿Somos todos iguales ante la ley?

La otra modificación incluida en la propuesta técnica de reforma corresponde al artículo 5. En la legislación actual, para que se inicie un proceso de extinción de dominio, el fiscal debe realizar una investigación previa para aportar al juez Especializado pruebas conducentes. Con eso a la vista, el juzgador decide si hay razones suficientes para iniciar el procedimiento.

La nueva versión pide que el juez razone fehacientemente la existencia de evidencia. Según el abogado salvadoreño Nelson Mena, del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, esto modificará el estándar de la prueba requerida. Esta ya no será de probabilidades razonables, sino que, en la práctica, un proceso de extinción de dominio ya no será admitido si en lo presentado en la investigación preliminar no están todos los elementos requeridos para que la fiscalía gane el caso.

En la actual redacción también se estipula que la extinción de dominio se puede aplicar a todos los bienes “que constituyen un incremento patrimonial no justificado”. Con la modificación, solo se podrá promover previa declaratoria de autoridad competente, es decir, si el imputado fue hallado culpable. Eso, por ejemplo, habría hecho imposible iniciar el procedimiento contra el diputado Reynaldo Cardoza, al que le han sido cautelados todos sus bienes gracias a la ley a pesar de que el Tribunal Civil lo eximió de sus cargos.

La restante modificación incluida en la propuesta técnica de reforma indica que la ley se mantendrá tal cual solo para las pandillas y para las estructuras del crimen organizado. Eso significa que no procederá así contra una persona que haya adquirido bienes ilícitamente por delitos como robar fondos del erario público o aceptar un soborno por adjudicar una licitación: en pocas palabras, corrupción.

Eso vulnera un artículo de la Constitución, según el exfiscal colombiano Gilmar Santander. Se trata del número 3, que indica que “todos somos iguales ante la ley”. La propuesta de modificación ni siquiera contempla el argumento de una justificación para el trato diferenciado.

“Me recuerda esa frase que aprendí aquí en Centroamérica: ‘La justicia es una serpiente que solo muerde al descalzo’”, acota.

Las otras utilidades de la ley

¿Cómo ha funcionado la ley en otros países, qué otras utilidades puede darle a la justicia de una nación? El costarricense Dennis Cheng, especialista internacional en decomiso y administración de activos del crimen, asegura que una de sus principales funciones es la de despojar a las grandes organizaciones criminales de sus brazos financieros, aquellos que les permiten canalizar recursos para corromper la justicia, es decir, comprar jueces, policías y cualquier otra parte del rompecabezas del sistema. En pocas palabras, ayuda a debilitar su capacidad para asegurarse impunidad.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”.

El centroamericano trae a cuenta dos casos que le son muy cercanos, pues en los últimos tiempos ha trabajado en Honduras. Se trata del proceso contra Los Valle y Los Cachiros, dos de los carteles más poderosos de ese país, a los que las autoridades catrachas y norteamericanas han identificado como nodos estratégicos entre organizaciones criminales de Colombia, Guatemala y México.

Para Cheng, el proceso de extinción de dominio puede convertirse en un excelente antecedente de ofensivas mayores contra organizaciones de la criminalidad organizada. Así pasó, precisamente, en estos casos.

En agosto de 2014, las autoridades hondureñas le cautelaron varias lujosas propiedades a la familia Valle, en un momento en el que sus miembros eran considerados intocables. Luego vinieron otras extinciones. Tras eso, sus principales líderes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Otro tanto pasó con Los Cachiros, a los que les incautaron de manera preventiva (el proceso no ha terminado) unos $800 millones. Algunos de sus socios también fueron atacados gracias a la ley. Ese es el caso de Jaime Rosenthal y Yoni Oliva, acusados por Estados Unidos de lavarle dinero a esta organización a través de sus empresas y su banco, el Continental.

“Es una herramienta indispensable para los nuevos enfoques que buscan perseguir a la macrocriminalidad, sobre todo la transnacional, porque es un golpe a un aspecto que no siempre se toma en cuenta al estudiar a estas organizaciones: sus finanzas. Es un mensaje muy claro a la sociedad de que el delito no paga, de que en algún momento, si usted adquirió lo que tiene de forma ilícita, se lo van a quitar”, comenta Cheng.

Bienes equivalentes. Cuando la fiscalía no puede disponer del bien que fue adquirido ilícitamente (porque fue destruido o pasó a las manos de un tercero de buena fe), puede dirigir la acción de extinción de dominio a otras pertenencias de la persona que obtuvo ilegalmente el bien en cuestión. Estas tienen que ser de un valor equivalente.

La herencia de Romero en el primer cardenal salvadoreño

Jerarquía. Rosa Chávez pasará a integrar el colegio cardenalicio, definido como una especie de senado dentro de la Santa Sede. Eso no lo coloca sobre la figura de José Luis Escobar, quien continuará siendo el arzobispo titular de San Salvador.
Agradecimiento. El día en que el Papa Francisco anunció su nombramiento como cardenal,
se realizó una misa en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador,
donde está enterrado el beato Óscar Romero.

Desde fuera, desde lejos, la de este sacerdote es una imagen de fría intelectualidad, dice el pastor Mario Vega, de la iglesia evangélica Elim. En efecto, en entrevistas y comparecencias públicas, parece calcular hasta el extremo el peso de sus palabras, la intensidad de sus gestos, la frecuencia de sus sonrisas. Es la seriedad hecha persona.

Ahora, un día después de que el papa Francisco sorprendió a toda la comunidad católica en El Salvador (él incluido) anunciando su futuro nombramiento como cardenal de la Iglesia, monseñor Gregorio Rosa Chávez luce emocionado por un reconocimiento que, quizá, tampoco se esperaba: un enorme sobre con las cartas escritas para él por alumnos del Complejo Educativo San Francisco.

Una joven, de voz entrecortada y nerviosa, ha sido la elegida para su entrega. Monseñor espera en actitud solemne, el cuerpo estricto, tomándose de las manos.

—Estamos emocionados por este nuevo nombramiento que le da la Iglesia y le ofrecemos nuestro más sentido… eh –dice la muchacha, quien parece no encontrar el siguiente eslabón de la cadena.

—Pésame –complementa Rosa Chávez, mientras explota, en este patio de limpieza monasterial, un petardo de risas adolescentes.

En el sobre pueden leerse algunas frases, puestas ahí a través de letras recortadas en papel multicolor: “Siempre hay tiempo para lo que se ama”, “Se vale soñar”. Son las mismas que repite ocasionalmente a los alumnos y docentes de este centro educativo, el mismo del que se convirtió en director el 20 de julio de 1996, cuando fue nombrado párroco de la iglesia San Francisco, un templo que se erige, con su esqueleto de maciza madera, en pleno centro de San Salvador.

Desde una voz, que puede ser la de todos, se escucha una consigna en altas voces.

—¡Qué viva nuestro primer cardenal!

—¡Qué viva! –secundan otras gargantas igualmente emocionadas.

—Habrá un segundo, habrá un segundo –responde Rosa Chávez, restándole importancia al hito, para después evocar a las figuras del beato Óscar Romero y Rutilio Grande, a quienes pertenece, aclara, realmente este reconocimiento. Luego, sacerdote y alumnos se funden en un abrazo. Al futuro cardenal, que en septiembre cumplirá 75 años, una sonrisa amplia le llena la cara.

***

Las ideas. “Esa imagen de que uno camina con la gente dice mucho. Para mí, es ya una cosa natural, pues lo vi en mis maestros”, dice el sacerdote.

La primera misa de la iglesia San Francisco, como todos los días, ha terminado un poco después de las 7 de la mañana. Y, como todos aquellos días en los que no tiene un compromiso inmediato en el Arzobispado de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez atiende a aquel que llega a buscarlo, aunque sea sin previo aviso.

Las personas que lo requieren son de varios tipos: ancianas, algunas más jóvenes que él, quienes lo inquieren para ser parte de un sistema de asistencias, en el que cada semana reciben $6 en víveres, entregados discreta y directamente por el clérigo; periodistas que buscan su postura para un tema cualquiera; o personas que lo solicitan para contar con su intercesión, como una madre hace unos meses que, afirmó, perdió a su hijo, un estudiante de la Universidad de El Salvador, durante la guerra civil, cuando un retén del Ejército lo sorprendió llevando mensajes para la guerrilla. Dijo que quienes gobiernan ahora el país no han sido capaces de darle referencias de dónde quedó su cadáver, a pesar de que era un colaborador de su organización. Rosa Chávez era su última esperanza. Una que fue respondida.

“Aquí la gente entra como por su casa, porque es una iglesia para gente que no es adinerada. Eso no se podría hacer en un templo de otra naturaleza o en un espacio de oficinas, con muchas murallas que franquear, donde hay mucho protocolo”, dirá el sacerdote más tarde.
Este día de junio también se ha acercado al templo un joven alumno de la Universidad Don Bosco. Ha tenido que esperar un rato mientras Rosa Chávez atiende a una feligrés que llegó para pedirle consejo espiritual. Con lágrimas en los ojos, como quien ha encontrado lo que buscaba, la señora se despide y es el turno del estudiante.

—Entonces, ¿cómo está la cosa? –pregunta el sacerdote, y el joven le explica que está realizando un material audiovisual centrado en la figura del beato Óscar Romero y que, por ello, quiere hacerle una entrevista.

—La hacemos, entonces. ¿Vas a grabar? –dice, y el muchacho lo encuadra en su cámara mientras con la otra mano sostiene un celular y lo coloca lo más cerca posible de su rostro, para obtener un audio más fiel.

Rosa Chávez se explaya diciendo cosas que ha dicho en muchas ocasiones: que a pesar de que les dolió la muerte del beato, sabían que era una cosa que iba a pasar, como cuando se divisan nubes de tormenta en el mar, o que su rostro, cuando vieron el cuerpo con el pecho destrozado, tenía una serenidad de santo. Lo dice, sin embargo, con el tono de quien lo comparte por primera vez, de quien lo revela.

En un punto cita, al pie de la letra, el diario de Monseñor Romero, justamente el pasaje donde se refiere a él como un “amigo que lo ha sido desde tanto tiempo y muy de fondo”. Al hacerlo, hace un gesto de timidez, como el de un sonrojo ante un halago.

Pocas cosas hay de las que monseñor Rosa Chávez se jacte en público. Una de ellas es la de ser la única persona que estuvo en todos los diálogos del proceso de paz de 1984 a 1989, antes de que la Iglesia católica fuera reemplazada por la ONU como mediadora entre la guerrilla y el Gobierno. A lo largo de muchas entrevistas, ha dicho que a él le corresponde “ese récord”. La otra es su amistad con Monseñor Romero y el hecho de que sea el suyo uno de los nombres que más aparecen en sus diarios, los mismos que recogen sus tres intensos años como arzobispo de San Salvador. Según un conteo hecho al material, Gregorio Rosa o el padre Goyito, como lo llamó el beato, está plasmado en el texto en 16 ocasiones.

Las primeras entradas donde aparece, referentes al 24 de abril y al 3 de junio de 1978, tienen un tema en común. Un angustiado y solitario Romero pensaba en una carta enviada por el entonces obispo de San Vicente, Pedro Aparicio, a la Nunciatura y a la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Su colega lo acusaba de fomentar “una falta de disciplina en el seminario, incluso de sembrar ideas izquierdistas entre los alumnos”. Y con quienes primero compartió sus penurias fue con Rosa Chávez, entonces rector del seminario San José de la Montaña, y con Abel Morán, prefecto de estudios, ahora parte de la iglesia El Calvario de Santa Ana. Los dos jóvenes sacerdotes le compartían su frustración porque ni siquiera les habían dado la oportunidad de defenderse.

En la segunda entrada, la del 3 de junio, Romero alababa los aportes de Rosa Chávez para redactar su respuesta, la que sería enviada al Vaticano como prueba de descargo. El futuro cardenal le aconsejó atenerse a los datos científicos, comprobables, medibles, algo que el beato no había tenido en cuenta.

“Vi el primer borrador de lo que había escrito y era un texto muy pasional, en el que se había dejado llevar por las emociones… Monseñor era así, un hombre primario, que tenía que hacerlo todo ya… Yo, en cambio, no soy una persona apasionada, siempre he tratado de ser más cerebral, es mi naturaleza. Además, como director del seminario, tenía muchos datos a la mano”, apuntará más tarde Rosa Chávez. La respuesta final, la que permitió que Romero continuara siendo él mismo, fue enviada tal como lo aconsejó su amigo, tras varias noches y mañanas de trabajo conjunto.

La entrevista termina y el estudiante se retira satisfecho. Confiesa que nunca creyó que sería tan fácil cumplir con su misión.

—Bueno, me retiro a desayunar –dice Rosa Chávez, mientras abre la puerta que desde el templo de San Francisco conecta al espacio donde están sus aposentos.

***

Los modelos. En la primera imagen, Rosa Chávez aparece al lado de Óscar Romero,
cuando el primero era director del seminario San José de la Montaña.
En la segunda, el libro que recoje las cartas publicadas en la revista
Orientación por Arturo Rivera y Damas, de quien fue arzobispo auxiliar,
descansa en su mesa.

Desde fuera, desde lejos, la de este sacerdote es una imagen de fría intelectualidad, dice el pastor Mario Vega, de la iglesia evangélica Elim. Sin embargo, cuando se ve más de cerca, aclara, la misma se vuelve calurosa, de un afecto que no duda en expresar.

Ambos líderes religiosos han coincidido en diferentes espacios, aunque el de más regularidad ha sido el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ahí, dice, ha podido ser testigo de una mente rigurosa, inclusiva, tolerante, que basa sus opiniones en el argumento más poderoso: la experiencia. Y de alguien con una tremenda “capacidad de síntesis”.

“Recuerdo cuando se hizo la primera visita a uno de los municipios priorizados. Cuando decía que el consejo nacional lo que hace es ver el panorama completo, el de la nación, pero era al consejo municipal al que le correspondía, ya en el lugar, ejecutar las acciones. Esa capacidad de visualizar dos funciones diferentes y establecer los roles de cada uno… me parece que sintetizó en esa sola frase todo el quehacer del Plan El Salvador Seguro”, comenta el pastor, quien define al sacerdote como “alguien con quien no es difícil entenderse”.

La amistad se puede cultivar aún sorteando las más grandes murallas. Como la de las convicciones religiosas. Eso lo demuestran Rosa Chávez y su amigo el obispo luterano Medardo Gómez. Desde el otro lado del teléfono, esperando la hora para partir al aeropuerto hacia un nuevo destino, Gómez habla con entusiasmo del próximo nombramiento del clérigo.
Dice que para él, eso representó un alivio: pronto a cumplir 75 años, cuando llegara ese cumpleaños, debería abandonar su puesto como arzobispo auxiliar, como lo indican las leyes de la Iglesia. El nombramiento como cardenal, además de elevarlo, amplió sus años de servicio.

“Se ha hecho justicia”, dice Gómez, para luego pasar a una confidencia que no es la que más lo llena de orgullo: al contrario de Rosa Chávez y su arzobispo, Arturo Rivera y Damas, quienes permanecieron hasta el final, el luterano decidió abandonar el país tras ser amenazado en el marco de la ofensiva Hasta El Tope, en 1989.

Gómez escuda su decisión en su familia, su esposa y sus hijos, “los que de nada tenían la culpa”. Esa valentía de Rosa, opina el sacerdote luterano, es parte del testimonio que ahora le vale, “testimonio seguro que el papa tuvo en cuenta”.

“Por eso a mí siempre me extrañó que eligieran a otros como arzobispos cuando él era la opción más lógica, el auténtico heredero de esa tradición”, opina Gómez. “Aunque siempre me lo expliqué con el hecho de que representaba una voz demasiado incómoda para el poder”.

Gómez señala, especialmente, el período en el que se desempeñó como administrador diocesano del Arzobispado de San Salvador (diciembre de 1994-abril de 1995), tras la muerte de Arturo Rivera y Damas y en espera del arribo de un nuevo arzobispo.

Mientras ocupó el puesto, nunca dejó de usar la homilía como instrumento para denunciar lo que, en su opinión, no llevaba un rumbo correcto, una tradición que se remonta hasta Luis Chávez y González, el predecesor de Romero en el cargo. Para ello utilizó la misma herramienta instaurada por Rivera y Damas, una sección colocada justo al final del discurso, a la que simplemente titulaban “Los hechos de la semana”. Durante la guerra, fue en este espacio donde se hablaba, de forma sistematizada, de las violaciones a los derechos humanos que documentaba Tutela Legal del Arzobispado.

Mediador. Su experiencia como garante del diálogo en la guerra civil le sirvió para estar en medio de otros procesos en el nuevo milenio,
como el conflicto entre médicos y Gobierno registrado en 2003. En la foto aparece junto al político Héctor Silva, quien también participó como garante.

Rosa Chávez fue uno de los primeros en criticar el hecho de que los compromisos adquiridos con los Acuerdos de Paz no se estaban cumpliendo. “¿Y cómo pueden tener paz los salvadoreños que contemplan el deprimente cuadro de corrupción e impunidad que parece incontrolable y que anida incluso en las esferas oficiales?”, decía en su homilía del 15 de enero de 1995, un día antes del tercer aniversario de los Acuerdos de Paz.

También leía con preocupación los diferentes informes que los organismos internacionales realizaban en apoyo al proceso de paz del país, como los generados por ONUSAL, la comisión de Naciones Unidas destinada como aparato contralor. Rosa Chávez criticaba el hecho de que las autoridades no atendieran las recomendaciones como era debido. En la homilía del 11 de diciembre de 1994, por ejemplo, retoma el informe número 12, que pone especial énfasis en la recién creada Policía Nacional Civil. La ONUSAL describía como un problema la “excesiva autonomía” de que gozaban “dentro de la PNC las divisiones Antinarcotráfico y de Investigación Criminal”. En la última de estas dos unidades, posteriormente, se descubrió la existencia de redes de sicariato heredadas de estructuras creadas durante el conflicto armado. En este sentido, tampoco dejó de denunciar las operaciones de escuadrones de la muerte, una figura que se creía superada cuando se firmaron los Acuerdos de Paz.

El tema económico no escapó de sus homilías, sobre todo cuando exigía que las medidas estructurales que se tomarían más tarde no fueran en desmedro de la calidad de vida de la población, sobre todo de los más pobres.

“Juan Pablo II afirmó también que ahora es más necesario que nunca ‘defender claramente el principio de la supremacía de los valores de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y la supremacía del bien común en la organización social’. Me parece que el señor presidente comparte la visión del papa. Sin embargo, a veces tengo la impresión de que en la mente de muchos de sus técnicos y consultores la persona humana está al servicio de la economía y no al revés. No pongamos la carreta delante de los bueyes”, dijo el 5 de febrero de 1995.

La Iglesia decidió inclinarse por un personaje menos polémico para nombrarlo como arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle. Desde su primera semana en la silla, dejó clara su posición de no hablar nunca de política. La realidad y sobre todo la prensa hicieron que luego cambiara su posición y decidiera instaurar las conferencias que, hasta ahora, continúan con José Luis Escobar.

Fernando Sáenz Lacalle sigue siendo un eminente miembro del Opus Dei en El Salvador. Debido a su avanzada edad (este año cumple 85 años), sus actividades se limitan a la celebración de pocas misas al año y a su labor como confesor en la parroquia de Montelena, en Santa Elena.

Trabajo. Rosa Chávez participa en una actividad del Consejo Nacional Educativo, en 2010. La educación, para el sacerdote, es la base de una sociedad para la paz.
También ha formado parte de otras instancias, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Vestido todo de blanco, atendido el último feligrés, Fernando se da un poco de tiempo, mientras camina al carro que lo llevará a su casa, para hablar de su colega, aunque advierte que su memoria no lo dejará ser muy preciso. También el hecho de que la realidad de ahora y la de entonces son muy diferentes, pues en el presente él es un sacerdote y quien fue su auxiliar, un príncipe de la Iglesia.

—Cuando trabajábamos juntos, parecía que éramos figuras contrapuestas. Pero él siempre fue mi apoyo seguro. Es un hombre hecho de diálogo. Todo lo que le está pasando lo tiene bien merecido –comenta Sáenz, con la suavidad de una voz de 84 años.

***

El conflicto. En una foto ya famosa, aparece al fondo junto a Arturo Rivera en las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno de El Salvador.

Monseñor Gregorio Rosa Chávez acaba de recibir de manos de dos sacerdotes salesianos la túnica que antes le pertenecía a su predecesor como cardenal. Una cosa más que le hace caer en cuenta que esto de ser cardenal todavía es muy nuevo para él, algo que no termina de asimilar. Hasta la semana pasada, ni siquiera contaba con un escudo que lo representara en esta etapa próxima a iniciar o, como lo expresó anoche en su homilía, en “el nuevo taburete que le concede una nueva misión”, como dice una canción popular. Un diseñador en el Vaticano se encargó de confeccionárselo, aprovechando la visita que realizó a la Santa Sede.

Anoche, también, en la iglesia San Antonio de Padua, en Santa Tecla, volvió a hablar de algo que se ha convertido en uno de sus temas predilectos: su alergia a una Iglesia de gente acomodada en un país como El Salvador, con una historia tan difícil.

“Si colocáramos aquí, en fotos grandes, las imágenes de nuestros mártires sacerdotes tal como quedaron destrozados cuando fueron asesinados, ¿los viéramos?”, preguntó. Los feligreses, a los que hace unos minutos había dado personalmente la mano, aguardaban en incómoda espera.

“¿Qué hacemos con esa sangre? ¿Qué hacemos con esa entrega? ¿Qué nos pide Jesucristo a nosotros ahora como cristianos, en este momento de la historia? Dar testimonio… Alguien me visitó hace poco y me dijo: ‘He renunciado a mi cargo porque no puedo aceptar la corrupción, me quedo sin trabajo, pero mi fe me impide que yo sea cómplice de la corrupción’. Eso pocos lo hacen. Por tanto, necesitamos almas de mártires. Saber decir ‘no’ a la maldad, aunque paguemos el precio”.

Esta mañana, sus preocupaciones son un poco menos trascendentes. Al espacio donde vive, a un costado de la iglesia San Francisco, acaba de arribar un periodista televisivo para realizar una nueva entrevista, otra de una larga lista. Esta mañana dará una más. Antes de que el clérigo baje de hablar con los sacerdotes salesianos, el periodista es recibido por la madre Reina Angélica –ojos claros, vivos–, líder de la orden de las Siervas de la Misericordia de Dios y mano derecha de Rosa Chávez. Es ella la encargada de cubrirlo en los compromisos que no alcanza a atender. También la de confeccionarle su apretada agenda, la que muchas veces representa un reto de malabarismo: además de sus obligaciones en el Arzobispado, está la dirección de Cáritas de El Salvador, sus grupos juveniles, el trabajo social.

Estatus. Desde que fue anunciado su futuro nombramiento, el entusiamo por su figura ha crecido.
No falta ocasión en que un feligrés pida hacerse una foto junto a él.

Como una suerte de agente de relaciones públicas, pregunta por los encuadres que se necesitarán, cuál será el escenario ideal para la conversación. Rosa Chávez desciende de sus aposentos. También pregunta qué será mejor para usar, si el negro o el blanco, o si debe cambiar de aspecto. Le responden que no se preocupe, que lo importantes es “el personaje”.

La entrevista se mueve hacia la iglesia, donde un grupo de niños reza ante el Santísimo.

“Te agradecemos por el nombramiento de nuestro cardenal, que será de gran beneficio para el país”, dice la maestra encargada del grupo, y los infantes lo repiten.

Rosa Chávez hace una única petición, que el rostro de Monseñor Romero, ubicado cerca del altar, quede en medio de la toma. El sacerdote es un apasionado de los medios. No es casual, pues estudió Comunicación Social en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Incluso ahora cuenta con un programa de radio, “La oración de la noche”, heredado de Arturo Rivera y Damas, transmitido por Radio Paz. Por eso no cuesta entrevistarlo: las anécdotas, los retazos de color se le salen a borbotones a la menor provocación.

Finalizada la entrevista, el clérigo pregunta al periodista si no le gustaría grabar una escena en el complejo educativo, donde están sus alumnos. La respuesta es “no”. Una mueca de leve resignación se le dibuja en la cara.

Sus estudiantes significan mucho para él. Eso aseguró hace unos días Tarsiso Martínez, subdirector del complejo, quien ha estado a su lado desde que arribó en 1996. Para él y los que entonces laboraban en el sitio, que alguien de su categoría (el mediador en los Acuerdos de Paz, el rector del seminario San José de la Montaña) llegara a esta parroquia era una suerte de castigo que al clérigo se le imponía.

“Pero para nosotros ha sido una bendición”, comentó Tarsiso. Bajo su mandato, el colegio, al resguardo de la curia arzobispal, ha saneado sus finanzas, creado canchas para el esparcimiento de los estudiantes e inaugurado el bachillerato, para el que se construyó un nuevo edificio. “No sé cómo ha hecho, es a puro donativo, porque lo que se recoge aquí no da para hacer tanto”, dijo el docente.

Rosa Chávez regresa al espacio común donde también habitan las Siervas de la Misericordia. Ahí se da cuenta de que la madre Reina Angélica lleva un tiempo reunida con una representante del Arzobispado. Junto a otra de las religiosas que lo apoyan, Marta Lidia Ávila, trabajan minuciosamente en establecer cuál será la comitiva que lo acompañará a Roma cuando sea nombrado cardenal, el 28 de junio. Casi 100 personas, entre sacerdotes y laicos, estarán con él. Eso sin contar a los miembros de su familia, que suman 60.

Al ver todos esos nombres sobre la mesa, Rosa Chávez se pone emocionado, como quien ya no puede esperar, y da con ambas manos un par de golpes apenas perceptibles en el respaldo de la silla donde está sentada la hermana Marta. Eso se distancia un poco de una de sus cualidades más señaladas: la serenidad. La misma que le ha servido para mediar en diferentes conflictos. Incluso aquellos en los que ha estado involucrada la propia Iglesia. El ejemplo más notorio que se viene a la mente es del sorpresivo cierre, por órdenes de José Luis Escobar, de Tutela Legal del Arzobispado, en 2013.

Según Alejandro Díaz, miembro de la oficina surgida tras ello, Tutela Legal María Julia Hernández, fue él quien se reunió con ellos, los exempleados de la oficina, para limar, definitivamente, las asperezas existentes.

“Nos dijo que él tampoco estaba de acuerdo con la decisión, pero que debíamos bajar el nivel de las aguas, que quienes quedaban en medio de este conflicto eran las víctimas. No lo habíamos visto así”, comentó hace unos días Alejandro sobre el clérigo, “el único miembro de la alta jerarquía de la Iglesia que en verdad se preocupaba por los casos en concreto” mientras existía Tutela Legal.

El sacerdote debe retirarse nuevamente para cumplir con el compromiso de una nueva entrevista, esta vez con un medio radial, donde de seguro sus respuestas contarán con citas de cosas dichas por Óscar Romero, Arturo Rivera y alguno de los papas. Ese es otro de sus sellos: casi siempre hablar con las palabras de los otros, sus mayores, aquellos con los que no osa compararse.

La madre Reina Angélica, su mano derecha desde hace 20 años, hace notar, precisamente, la primera de esas devociones, el hecho de que el sacerdote ya era romeriano cuando ser romeriano podía costar la vida. Pone un ejemplo de su propia experiencia y recuerda el día en que, siendo aún una adolescente, la Guardia Nacional llegó a su barrio y ella tuvo que esconder, en el patio y a toda marcha, la biblia y las estampillas que tenían la imagen del ahora venerado beato.

Cumplido el último compromiso, en toda esta mañana Rosa Chávez por primera vez goza de un momento de descanso.

“Entonces, ¿qué hacemos?”, pregunta, e inicia una conversación informal sobre variados temas, en los que se cuelan las virtudes necesarias para hacer radio, sus maestros franceses de periodismo en la Universidad de Lovaina y las anécdotas de la vida del bonachón papa Juan XXIII. A cada momento es interrumpido por el insistente sonido del teléfono, con llamadas del Arzobispado, de la Nunciatura… prepararse para ser cardenal también puede volverse latoso.

Ahora se le pregunta sobre el arzobispo del que su estilo abreva más, si fuera capaz de hacer lo que hacía Romero, dejar todo de lado para acudir a la ayuda de un necesitado.
“Yo tengo a mi alrededor un equipo, como tú has visto. Tengo un pararrayos, filtros. Nunca seré un Monseñor Romero. Él es irrepetible”, comenta el sacerdote.

Sentado en este espacio, al que ha bautizado el Rincón Mariano, por el que el sol entra pleno en el verde de las plantas, contempla las cosas que han representado su cotidianidad desde hace décadas. A un costado está su alcoba, apenas una cama y espacio para guardar su ropa y su biblioteca, de la que atesora de manera especial ocho volúmenes: los que corresponden a los todavía inéditos diarios de monseñor Rivera y Damas.

Gregorio Rosa Chávez dice no saber qué pasará a partir del 28 de junio, qué misión le tiene deparada el Papa Francisco para cumplir a partir de entonces. Pero una posibilidad es la de quedarse siempre aquí, “con algunas salidas ocasionales a la Santa Sede”. Es la opción que más prefiere.

“Si Dios quiere, espero que me permitan seguir siendo el mismo de siempre”, afirma, fiel a su estilo, sin un ápice de emoción en la voz.

Funciones. Como cardenal, el sacerdote puede formar parte de una comisión en el Vaticano.
Ya ha sido tentado por la de Comunicaciones, asegura.
También puede ser requerido como consejero permanente del papa Francisco
o le puede ser destinada una misión de investigación sobre un tema determinado.

Andrés, la tortura y el refugio

Lo tiraron al suelo y, otra vez, le preguntaron dónde estaban los pandilleros que habían huido más temprano en este municipio de San Salvador. Andrés (nombre ficticio), quien entonces tenía 16 años, les dijo que no sabía las respuestas que tanto esperaban. Interrogadores e interrogado avanzaron por un trecho más del camino, lleno de polvo, golpes y empujones.

Cerca de un potrero, pararon la marcha y tomaron unas botellas plásticas llenas de agua. Vaciaron el contenido en su nariz y boca para dificultarle la respiración. El muchacho siguió negando que supiera lo que requerían de él.

Lo golpearon otra vez y lo arrojaron al suelo. Uno brincó sobre su estómago por algunos segundos, que al joven se le hicieron largos en un dolor que abarcaba toda el área abdominal y la parte baja de la espalda. Le decían que él era uno de los que había corrido más temprano en la mañana. También que lo asesinarían y que su cuerpo descansaría, finalmente, en un pozo.

Tres más se acercaron al sector. Uno de ellos le mostró a Andrés, por medio de su teléfono celular, la foto de un pandillero asesinado. Le pidieron que confirmara su nombre. El muchacho afirmó que no lo conocía. Le señalaron, entonces, un cerco cercano y le ordenaron que caminara hacia allá.

Un hombre vestido de civil, con un arma al cinto, le preguntó sobre el lugar donde la estructura criminal que aún tiene presencia en el sector había escondido las armas. La respuesta de Andrés fue la misma. Sintió que una persona se le acercó desde atrás para colocarle una prenda alrededor del cuello. La apretó con violencia, como para asfixiarlo. El proceso duró, aseguró Andrés, media hora.

Otro hombre vestido de civil le preguntó una vez más por el paradero de los pandilleros, mientras otro le daba puñetazos en el estómago. Desesperado, afirmó que había escuchado que sus vecinos en el cantón habían dicho que los pandilleros huyeron hacia una quebrada determinada. Le tomaron la palabra y fueron a buscar, con Andrés como guía. No encontraron nada. Se sintieron engañados. Por ello, a su regreso le metieron la cabeza repetidas veces en un contenedor con agua que acercaron al lugar.

La amenaza de muerte se repitió. Uno de los que lo interrogaban tomó arena en sus manos. Le dijo que abriera la boca, a lo que se negó. Otra persona lo obligó a hacerlo con una patada en el pecho y los granos entraron en su cuerpo. Lo golpearon y lo arrojaron el suelo para brincar sobre él. Luego le apretaron los ojos, “como si se los quisieran sacar”. Fue una de las acciones que más dolor le causó. Quienes hacían eso le dijeron que lo iban a matar, que nadie en ese lugar desolado escucharía sus ruegos. Los responsables de infringirle dolor a Andrés no pertenecían a ninguna estructura criminal. Eran miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.

El proceso de la tortura duró más de cinco horas. La novedad de su captura se reportó a las 10 de la mañana. No llegó al puesto policial de Rosario de Mora sino hasta después de las 3 de la tarde. Casi al final, Andrés les pidió que lo mataran o que lo llevaran a la cárcel, que le pusieran el delito que les placiera. Un soldado dijo que no valía la pena gastar balas en él, que lo matarían poco a poco hasta que su vida se apagara como una llama.

Lo subieron a una patrulla. Pero la amenaza no fue tal y, más bien, llegaron al puesto policial de Rosario de Mora, donde lo acusaron por el delito de resistencia a la autoridad. Allí le colocaron unas apretadas esposas, que lo hirieron con su metálico e insistente abrazo.

Pasó en una bartolina policial, junto a adultos, por dos días, hasta que lo liberaron. Tras ello, dijo el joven, fue remitido al CONNA, pero en esta última institución no tienen un registro sobre ello, quizá porque inmediatamente dieron con su madre.

Lo anterior es parte del testimonio de Andrés que está incluido en expedientes abiertos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y en la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas instituciones han encontrado suficientes indicios para iniciar investigaciones.

Andrés fue detenido por dos días y medio sin que para ello mediara una orden de captura en su contra o siquiera la sospecha de un delito. Los agentes y soldados lo torturaron antes de detenerlo para obtener de él una información que desconocía: cómo estaba conformada la pandilla que opera en la zona, dónde estaban las armas que esa estructura ocupaba para cometer sus crímenes.

La mañana del 4 de mayo de 2016, un comando de las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES) y otros cuerpos de seguridad realizaron un operativo en El Carrizal, el cantón donde residía en Rosario de Mora. Muchos de los pandilleros que tienen presencia en la zona huyeron despavoridos ante los uniformados.

A las 10 de la mañana de ese mismo día, su madre, Hortensia (nombre ficticio), fue interceptada en la calle por un grupo de policías y militares. Le preguntaron por sus hijos adolescentes. Ella respondió que uno de ellos había desaparecido desde hacía meses. El otro, dijo, estaba en su casa. Se trataba de Andrés.

Dijeron que la acompañarían hasta su vivienda, pues solo deseaban hablar con el muchacho. Al llegar allí, Andrés se encontraba con las ropas sucias, trabajando en la preparación de lodo para reparaciones de su vivienda. Allí lo capturaron.

PNC Y FAES BAJO LA LUPA

Los mapas representan el total de investigaciones iniciadas en la FGR a partir de denuncias contra miembros de la PNC y la FAES, desde enero de 2013 hasta marzo de 2017. Cada punto corresponde a un caso diferente.

Después de ser liberado, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) decidió apoyarlo jurídicamente en su proceso de denuncia. La institución ya era conocida por Hortensia, madre de Andrés, porque ella asistía a las reuniones de apoyo a familiares de desaparecidos que la institución todavía organiza por el caso de su otro hijo, de quien todavía hoy no tiene noticias. La ONG también apoyó al muchacho llevándolo ante un médico particular para comprobar su estado de salud.

Un médico general, que pidió no ser identificado para este reportaje, extendió un certificado para que pudiera ser usado, luego, en una denuncia. Allí escribió que Andrés presentaba “múltiples traumas” en el cuerpo, así como un “edema en la frente con leve equimosis por trauma”. El doctor hizo hincapié en un área específica, los ojos: afirmó que estos tenían una leve disminución en la agudeza visual, pues había una hemorragia conjuntival, tanto interna como externa, en las dos membranas delgadas que cubren la superficie interna del párpado y la parte blanca del globo ocular, como define la web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a las conjuntivas oculares. El efecto era más fuerte en el del lado derecho. Quizá como consecuencia de aquella acción descrita por Andrés, en la que sentía “que le sacaban los ojos”. El médico recomendó que lo revisara un especialista en oftalmología.

“En miembros superiores, marcas lineales horizontales con costras hemáticas y edema en ambas muñecas por probable colocación de esposas”, escribió el doctor en referencia a aquellas marcas que mostró en unas fotos y un video que le realizó la organización Amnistía Internacional, apenas unos días después de que los hechos ocurrieron, para denunciar su caso. La evaluación fue ratificada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de uno de sus médicos, quien hizo un examen pericial de rutina parecido al que hace un forense. Una evaluación más fue realizada a Andrés por la doctora Nuria de Escobar, del Instituto de Medicina Legal.

A petición de ASDEHU, la PDDH hizo algunas diligencias más. Además de tomar los testimonios, miembros de la institución acompañaron al adolescente y a su madre en un reconocimiento de fotografías de los presuntos culpables y a una inspección ocular al lugar de los hechos hecha por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil. Andrés y su madre creyeron que esa era la única forma en que se protegería su integridad. Esa fue la última vez que ambos pusieron un pie en el sitio que antes llamaban hogar.

Encontrar el expediente del caso de Andrés ha sido complicado en esta sede fiscal, la de San Marcos, donde él y su madre pusieron la denuncia por primera vez. El jefe de la oficina digita el número de referencia para encontrarse con que el expediente ha sido archivado. “Quizá las personas vinieron a retirar la denuncia o se archivó por falta de pruebas”, comenta, atento a la pantalla.

Escarba un poco más entre carpetas electrónicas y ubica un memo de incompetencia emitido por la fiscal que anteriormente llevaba el caso. El mismo fue trasladado a otra sede fiscal para que fuera conocido por personal ajeno a esta oficina.

“Ah, ya sé de cuál me está hablando, el de un cipote al que le jodieron los ojos”, comenta el jefe, al tiempo que levanta el teléfono para hacerle una llamada a la anterior fiscal asignada a ese caso y certificar su afirmación.

Según el jefe fiscal, decidieron que no era conveniente hacerse cargo del proceso, pues después de comprobar quiénes son los agentes que pertenecen a esa patrulla, se dieron cuenta que eran los mismos con los que trabajan todos los días.

“Consulté con un superior sobre esa decisión y me dijo que estaba bueno, ‘no vaya a ser que después la agarren contra ustedes’, me dijo… El problema es que algún fiscal de aquí lo iba a llevar, y no era descabellado tampoco que le hiciera lado”, comenta el jefe.

La decisión, al parecer, también se tomó por otros hechos denunciados por Hortensia, la madre de Andrés. Tres semanas después de poner la denuncia, recibió una llamada en su teléfono celular. La voz, que no se identificó, le preguntó sobre su nueva dirección en San Salvador y la invitó a llegar a una reunión en la colonia San Benito, donde tendrían una entrevista. La cuestionó, también, sobre las personas que posiblemente le servirían como testigos del caso. Como del otro lado no se identificaron, Hortensia no accedió.

Seis días después recibió una nueva llamada. La voz del otro lado no era la misma que la de la ocasión anterior. Esta vez el investigador sí se presentó. En la entrevista que arreglaron, Hortensia preguntó por la llamada y mostró el número, al que el agente identificó como perteneciente a la Policía. Les dijo que se trataba de algo irregular, pues él era el único al que se le había encargado realizar diligencias en el caso.

Ahora este es visto en una sede fiscal diferente, ubicada en otro municipio del departamento de San Salvador. El profesional al que le ha sido asignado afirma que es la primera vez que ve que algo como esto pasa, aunque, por ser fiscales “tienen jurisdicción en todo el país”. Dice que el caso está avanzando y que es posible que muy pronto llegue a los tribunales. Sus palabras, semanas después, resultarán ciertas.

Esta, remarca el fiscal, no es la primera vez que le toca investigar policías en su tiempo dentro de la institución.

“Son indagaciones muy complejas, pues uno debe investigar a aquellos que corrientemente son los indicados de perseguir el delito”, comenta, al tiempo que señala la conveniencia de no trabajar con investigadores comunes, sino con miembros de la unidad de Asuntos Internos de la PNC, un departamento creado, específicamente, para encargarse de aquellos que se salen del redil de la legalidad.

El procurador adjunto de Derechos de Seguridad Ciudadana, Gerardo Alegría, opina que esta manera de actuar, la de delegar la investigación en elementos no vinculados con esta, debería ser la forma corriente para tratar este tipo de situaciones.

Va un poco más allá con la crítica, y afirma que es un sinsentido que sea la PNC la única institución que cuente con un laboratorio técnico científico, por lo que es imposible, al menos en este aspecto, tener un punto de vista más allá que aquel que tiene la Policía.

“Claro que en la PNC tratan de llevar las investigaciones de la manera más independiente posible, pero también es verdad que hay fallas, fraudes, omisiones, negligencias, problemas en la cadena de custodia, alteración de la escena. Lo hemos comprobado en varios casos”, comenta Alegría.

Otro elemento a tomar en cuenta en el caso es que la víctima de los malos tratos y de la tortura es un menor de edad, un grupo etario que, por su condición de vulnerabilidad, es sujeto de medidas de protección especializadas. Las mismas que no se le brindaron a Andrés con el simple hecho de no colocarlo en un área diferenciada a la de los adultos.

El jefe fiscal de la oficina donde Andrés y su madre pusieron la denuncia justifica la medida por las dificultades de actuar sobre el terreno y determinar si un joven es un menor de edad. Sin embargo, Vanessa Martínez, subdirectora de Derechos Individuales del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), rebate lo anterior con un concepto contemplado en la LEPINA: Si una autoridad tiene dudas sobre si una persona es menor de edad, debe tratarla como un menor de edad, sin excepciones. Lo mismo ocurre con la disyuntiva entre si es un adolescente (mayor de 12 años) y un niño.

Según la funcionaria, la institución a la que pertenece ha recibido, desde enero de 2014 a julio de 2016 (último mes contabilizado), 81 casos de abusos de autoridad durante detenciones a adolescentes por parte de la PNC, para las que se realizó una investigación sobre los derechos vulnerados. La Fuerza Armada acumula 15 casos. En ocho más, el cuerpo de seguridad del Estado no está definido.

Cuando ha sido consultado por casos similares a los de Andrés, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, ha remarcado su confianza en que la actuación de sus hombres, su uso de la fuerza, siempre ha estado enmarcada dentro de la ley. Ese ha sido el discurso sostenido por Cotto desde que asumió el mandato a inicios de 2016. Uno que se opone a las observaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que afirmó en su último reporte en la materia que las autoridades del país “a veces fracasaron para mantener un control efectivo sobre sus fuerzas de seguridad”

El mismo informe también señaló la existencia de casos en los que algunos agentes de la Policía han implantado droga a jóvenes para detenerlos y armar un caso en su contra. Una vez detenidos los han torturado a través de golpizas para obligarlos a que revelen información sobre los pandilleros de las colonias o cantones donde residen, se afirma en el documento.

JURAMENTACION DE 280 NUEVOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL LOS CUALE FUERON JURAMENTADOS POR EL MINISTRO DE SEGURIDAD RENE FIGUEROA Y EL DIRECTOR DE LA PNC. 23/12/2007
foto LPG por Alvaro Castaneda
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La opinión de Cotto, sin embargo, no difiere de la del resto de autoridades relacionadas con la seguridad en El Salvador, como el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. En una entrevista publicada por LA PRENSA GRÁFICA el 29 de marzo, el funcionario habló de la posibilidad de una ley que le permita a los elementos de la Fuerza Armada enfrentar “con fuerza a la delincuencia y sin ningún temor de ser acusados de violar los derechos humanos”. Él, quien es el mismo ministro de Justicia y Seguridad Pública que impulsó la tregua entre pandillas en El Salvador.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene entre sus asignaturas ser vigilante de las actividades de las otras instituciones del Estado, no cuenta, porque lo contrario la transformaría en una especie de súper poder, cualidades vinculantes. Es decir que sus pronunciamientos no tienen capacidad de coerción, y los responsables de la entidad denunciada pueden elegir, a su arbitrio, si acatan o no los señalamientos. Eso, por lo tanto, hubiera pasado con las 1,260 denuncias que fueron presentadas ante la PDDH en 2016 en contra de miembros de la PNC si esta se hubiera pronunciado con respecto de cada una. O con las 146 en contra de soldados de la Fuerza Armada. No pasa lo mismo con la Fiscalía General de la República, que tiene el monopolio de la investigación penal en El Salvador.

Solo en 2016, la FGR inició procedimientos de investigación por denuncias (otro porcentaje lo representan las indagaciones iniciadas de oficio) para 527 casos en contra de algún agente de la Policía Nacional Civil, según datos de la institución obtenidos mediante una petición de acceso a la información pública. No todos se refieren a problemas de abuso de autoridad o de excesivo uso de la violencia, aunque sí la mayoría.

Por ejemplo, denuncias por el delito de lesiones hicieron que se generaran 87 procesos investigativos (casi uno por cada cinco del total), un número muy similar al de las amenazas, que fueron 90. El tercero en la escala es el de hurto, con 42; el cuarto, el de actos arbitrarios, con 26; y el quinto, el de privación de libertad, con 22. Solo estos cinco crímenes ocupan más del 50 por ciento de todos los delitos en una tabla que contiene 138.

Los números referentes a la Fuerza Armada en cuanto a investigaciones iniciadas en 2016 contra alguno de sus elementos son considerablemente menores, con 81. Los delitos más repetidos en este caso son los de lesiones (17) y amenazas (19), una quinta parte del total. Si se observa el comportamiento histórico de las cifras referentes a la Policía Nacional Civil desde 2013 hasta la fecha, se comprueba un aumento sostenido, desde 370 en 2013, el último año de la tregua entre pandillas, hasta 527 en 2016. El resto de datos son 398 en 2014, 471 en 2015 y 110 en los primeros tres meses de 2017.

El total de investigaciones iniciadas durante este periodo dentro de la FGR contra miembros de la PNC es de 1,876, una media de 441 por año. El número total de policías dentro de la corporación en la actualidad es de 23,500, es decir que hay una denuncia que ha iniciado una investigación en la Fiscalía General de la República por cada 20 agentes.

La FGR, por otro lado, guarda un registro de los denunciantes contra policías y miembros de la Fuerza Armada que es un poco menor que el de investigaciones iniciadas, que se coloca en 1,452. De estas 663 son hombres y 650 son mujeres. A 139 se les coloca, simplemente, en el ítem “indeterminado”. En todos los años de la muestra consultada (2013-2017) solo en 2015 el sexo femenino superó al masculino, con 210 contra 177. El departamento que más investigaciones iniciadas acumula en ese mismo periodo es San Salvador, con 692, más de una tercera parte del total. El municipio que ocupa el primer lugar a escala nacional es la capital del país, con 332, es decir que 9 de cada 50 casos iniciados por la FGR corresponden a esta ciudad, lo que se explica gracias a su mayor población y a la mayor cercanía de instituciones para denunciar. Los siguientes lugares los ocupan Apopa, con 56, y Ahuachapán, con 52.

En una nación en la que, según el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, solo en 2016 se registraron más de 500 presuntos enfrentamientos entre pandilleros y miembros de la corporación que él dirige, resulta llamativo que la FGR solo haya iniciado dos investigaciones por el delito de asesinato en el mismo periodo. Ambas están referidas a homicidios simples, para los que corresponde una pena de 15 a 20 años de prisión.

La correspondiente al asesinato de Dennis Alexánder Hernández, registrado en la finca San Blas de San José Villanueva el 26 de marzo de 2015, por parte de agentes de la PNC, se sigue por el delito de homicidio agravado. Pero fue iniciada de oficio, es decir que no medió una denuncia para ello. El código penal establece que un hecho se puede definir como tal “cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad”. La pena para este último es de 30 a 50 años de prisión.

Desde 2013, la FGR ha iniciado otros dos casos por homicidio contra miembros de la PNC, uno simple y otro agravado, ambas en 2014.

ASDEHU, la ONG que decidió apoyar jurídicamente el caso de Andrés, no salió indemne tras ponerse manos a la obra en el proceso. Algunos de sus miembros fueron intimidados por, presuntamente, miembros de la Policía Nacional Civil, según denunciaron ante la sede fiscal de San Salvador.

Las acciones en su contra comenzaron, según la denuncia presentada, cuando Andrés todavía se encontraba privado de libertad. Personal de la organización se presentó ante el puesto policial del municipio donde antes vivía el joven para preguntar por su paradero. No recibieron ninguna respuesta, declararon, y más bien se les pidió que se retiraran “si no querían que les pasara lo mismo por andar defendiendo pandilleros”. Cuatro meses después, uno de los miembros de esta asociación fue interceptado en el Centro Judicial Isidro Menéndez por un hombre de lentes oscuros, vestido de saco, que lo llamó por su nombre. En la denuncia afirma que se paró frente a él, abrió su saco mostrándole el arma que tenía a la altura de la cintura y, en el otro extremo, una placa de policía. Le advirtió de la poca conveniencia de continuar con el caso, pues ellos “no dejarían perder a un compañero”.

Ese mismo mes, las presiones continuaron, según la denuncia, pues existieron dos situaciones más de amenaza: una, en la que uno de los miembros de la asociación se percató que un vehículo lo siguió por un largo trecho cuando iba a recoger al colegio a uno de sus hijos; y otro más en el parqueo de un edificio comercial, donde un hombre, que reveló explícitamente sus intenciones, lo persiguió hasta el lugar donde estaba su vehículo.

Por la misma situación, algunos miembros de la organización ya no trabajan para esta. La denuncia continúa activa en la sede fiscal de San Salvador, aunque no hay mayores avances en la investigación.

***

En el video realizado por Amnistía Internacional días después de que ocurrieron los hechos, Andrés termina su historia remarcando el consejo que recibieron: no vuelvan nunca al lugar de donde salieron, busquen otro sitio donde vivir. Él y su madre lo tomaron casi al pie de la letra.

La asociación que los apoyó jurídicamente, ASDEHU, les consiguió un cuarto en otro municipio de San Salvador para que pudieran estar seguros. Alguien les ayudó para solo tener que pagar los servicios básicos mientras las aguas se calmaban. Pero estas nunca llegaron a su nivel original. La única vez que regresaron a Rosario de Mora fue para una inspección ocular hecha por la Fiscalía General de la República y la División de Asuntos Internos de la PNC, en la que fueron acompañados por la PDDH.

La ONG comenzó, por tanto, el proceso para conseguirle una llegada segura a otro país. Así, Andrés se convirtió en parte de las estadísticas que ACNUR manejó en la primera mitad de 2016 sobre personas originarias de El Salvador que solicitaron refugio en un país diferente al suyo: 43,627.

Tuvieron que pasar unos meses antes de que la solicitud se hiciera efectiva. El muchacho al que un grupo de policías lesionó y torturó durante dos días y medio en el municipio donde nació, era entonces recibido por un país diferente al suyo en calidad de refugiado, uno más de los 16,929 salvadoreños que actualmente están en esa situación.

En el país, son organizaciones no gubernamentales como el IDHUCA o la misma ASDEHU las que se dedican a gestionar solicitudes de asilo en otras naciones. Sus contrapartes son los estados receptores y otras organizaciones no gubernamentales.

Desde el Estado salvadoreño no hay una institución que apoye a los ciudadanos en necesidades como esta. La PDDH se limita a proveer información, previa denuncia en la entidad, para documentar una solicitud.

“Cuando pedís refugio en un país diferente del tuyo estás huyendo del Estado. Estás diciendo ‘el Estado no es capaz de darme seguridad, necesito que ustedes protejan mi vida’. Por eso sería un contrasentido que existiera una institución dedicada, precisamente, a eso. Es como reconocer que se ha fracasado”, comenta el procurador adjunto de Derechos de Seguridad Ciudadana, Gerardo Alegría.

Desde el lugar donde reside ahora, Andrés y su madre, Hortensia, esperan que el proceso llegue algún día a los tribunales. Entonces será cuando se enfrentarán cara a cara, en la manera que disponga el hipotético juzgado, a las mismas personas que hace menos de un año lo golpearon, saltaron sobre su estómago, intentaron “sacarle los ojos” y lo mantuvieron preso en una bartolina durante dos días por un delito que no existió. Las mismas personas por las que ahora debe residir, si quiere conservar su vida (como lo reconoció un Estado extranjero), a miles de kilómetros del sitio al que algún día llamó hogar.

El viernes 31 de marzo, el día de cierre de este reportaje, el caso fue judicializado en el juzgado de Paz de Rosario de Mora. La Fiscalía acusó a dos investigadores de la Policía Nacional Civil, uno por el delito de tortura y el otro por fraude procesal. Para ambos se giraron órdenes de captura.

El imputado por tortura fue el único al que Andrés pudo identificar en un reconocimiento de fotografías, pues los otros usaron máscaras. Señaló que fue uno de los que más lo golpeó e intentó asfixiarlo con una prenda alrededor del cuello. Según el fiscal asignado al caso, es un exmiembro de la División Elite Contra el Crimen Organizado (DECO).

La otra persona acusada fue la encargada de llevar a Andrés desde el lugar donde lo torturaron al puesto policial de Rosario de Mora para su detención, para la que pidió que se encargaran otros dos agentes, que testificaron lo anterior en entrevistas. Señalaron como irregular el hecho de que a Andrés le hayan imputado el delito de resistencia. El caso pasó a la fase de instrucción, que será vista en un juzgado de San Salvador.

El juez de Paz de Rosario de Mora decidió decretarle detención provisional al acusado de tortura y darle medidas sustitutivas al otro, para el que cambió la tipificación del delito a privación de la libertad. El juez ha dictaminado la reserva del caso porque la víctima es, todavía, un menor de edad.