Los medios de la familia presidencial nicaragüense


Asunto de poder. La empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) funciona bajo las órdenes de la pareja presidencial.

Cuando Daniel Ortega retornó a la presidencia de Nicaragua en 2007, la familia presidencial nicaragüense no contaba con el control mediático en el país, particularmente de los medios televisivos. Solamente tenía a su alcance el Canal 4, la Nueva Radio Ya y Radio Sandino, pero no eran suficientes para controlar la opinión pública.

Hoy, de nueve canales en televisión abierta (VHF) que existen en Nicaragua, ocho son controlados por la familia Ortega-Murillo, que dirige los canales 4, 6, 8 y 13 y dirige el sistema informativo de Canal 2. El otro grupo de medios los controla el empresario mexicano-estadounidense Ángel González (canales 2, 9, 10 y 11) y que también se considera como dentro de los medios afines a Ortega.

“La familia Ortega Murillo ha acaparado medios de comunicación desde que se dio cuenta del papel que estos juegan para el ejercicio del poder. Desde afianzar sus programas hasta limitar que otros actores puedan expresarse”, asegura Guillermo Rothschuh Villanueva, quien ahora funge como director del Observatorio de Medios. Antes, Rothschuch fue jefe de la Dirección Nacional de Medios de Comunicación durante el primer gobierno de Daniel Ortega, en la década de los ochenta.

Aunque el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua asegura que el Estado debe vigilar que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros, los oligopolios de Ortega y González se fortalecieron, violaron cualquier normativa, asegura la investigación “Entre la Censura y la Discriminación: Centroamérica Amenazada”, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.

Por ello, había apremio para crear un sistema de medios propios, –medios de la familia y la comunidad–, como les ha nombrado Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Así, ha sido notoria la inversión de la familia presidencial en el fortalecimiento, compra y creación de medios de comunicación. A ello, se suma el control de los medios privados y el uso de la publicidad como premio-castigo.

La compra. El punto de inicio de toda la estrategia fue cuando en 2010 se materializó la compra de Canal 8. Carlos Briceño Lovo, expropietario, confirmó la venta del canal en enero de 2010.

El modelo de comunicación implementado por Daniel Ortega y Rosario Murillo busca que los medios de comunicación dejen de ser contrapoder y convertirlos en vocerías oficiales para afianzar su poder político y económico.

Rothschuh Villanueva asegura que la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), que debiera supervisar a estos medios, históricamente “ha funcionado supeditado a los intereses del Ejecutivo”.

Orlando Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y exgerente de Canal 4, ha sido “condescendiente al otorgar nuevas licencias y favorecer así a quienes lo pusieron en el cargo, impulsando en la práctica un proceso discrecional de asignación de frecuencias a favor del duopolio mediático”, aseguró el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro.

El punto de inicio de toda esta estrategia fue cuando en 2010 se materializó la compra de Canal 8. Carlos Briceño Lovo, expropietario, confirmó la venta del canal en enero de 2010.

Briceño no quiso revelar a quiénes les había vendido la empresa de televisión, pero el cambio fue notorio. Cuando se concretó la transacción, no solo cambió de imagen la empresa. La parrilla de programación empezó a retransmitir las noticias de Telesur y los noticieros del canal a proyectar los logros del gobierno de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. Pocos días después, Rafael Paniagua, gerente de Albanisa, revelaría que Albanisa había comprado el Canal 8.

La compra de la empresa de televisión osciló entre los $10 millones. Alba Petróleos de Nicaragua, S. A. (Albanisa) es una entidad mixta venezolana-nicaragüense, creada en 2007 para administrar los fondos que Nicaragua recibe de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Con la bonanza petrolera, Albanisa creó un portafolio de negocios privados, vinculados a la familia presidencial de Nicaragua, entre los que destacan plantas de generación eléctrica, exportaciones agropecuarias, transporte, equipos de construcción, finanzas, ganadería, importación y distribución de combustible, Hotel Seminole y Telenica Canal 8.

TELCOR registra en su sitio web a los Operadores de Servicios de Radiodifusión. La licencia de Telenica Canal 8 aparece a nombre de Televisora Nicaragüense, S. A., pero no hay detalles de sus accionistas. El único nombre que figura en los documentos públicos es el de José Jorge Mujica Mejía, en su calidad de apoderado generalísimo de Televisora Nicaragüense, S. A., señalado en diversas investigaciones periodísticas como testaferro de Daniel Ortega.

José Jorge Mojica Mejía es un personaje clave en los negocios de la familia presidencial. Fue miembro de la seguridad personal de Daniel Ortega. También figura en la Gaceta como rector de la Universidad de Tecnología y Comercio (UNITEC), a la que el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) aprobó el proyecto denominado Hotel Escuela Playa Marbella, representado por Cony del Socorro Mejía Zelaya.

El 21 de mayo de 2010, mediante la resolución administrativa n.º 254-2010, TELCOR autorizó la renovación de la licencia presentada por José Jorge Mojica Mejía, para continuar operando y prestando el servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) como servicio de interés general, a través de la estación denominada Radio 1, utilizando la frecuencia 101.9 MHz. Posteriormente, se conoció que la empresa de televisión adquirió también la emisora ROCK FM que funciona en la frecuencia 105.3 FM, antes denominada Radio Tiempo. La Fundación Somos TN8 también está vinculada a Televisora Nicaragüense, S. A., cuya personalidad jurídica fue aprobada el 21 de marzo de 2012.

Fuera de ley. Los oligopolios Ortega y González violan las leyes, asegura la investigación “Entre la Censura y la Discriminación: Centroamérica Amenazada”.

***

Otro negocio presidencial
Difuso Comunicaciones, también dirigida por Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, Rosario Murillo, también ha sido favorecida por TELCOR de manera expedita, como ha señalado Guillermo Rothschuh.

Mediante una resolución de TELCOR se asignó a Difuso Comunicaciones el nuevo Canal 22, a solicitud de Danilo Rafael Lechado Cruz, en su calidad de representante legal de Difuso Comunicaciones, S. A.

En su resolución, TELCOR justificó que no hubo oposición a la solicitud presentada por Difuso y que esta cumplió con los requisitos técnicos y económicos, por lo cual decidió entregar la licencia.
La producción de los spot de la campaña 2016 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano que organiza y dirige los procesos electorales en Nicaragua, estuvo a cargo de la empresa del hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, Rosario Murillo.

En el canal de YouTube de Difuso Comunicaciones se puede ver una galería de videos, entre los que destacan la campaña “Orgullo de mi País”, spot de la campaña electoral del FSLN de 2016 y video musical del Consejo Supremo Electoral (CSE) para promover el voto.

La producción de los spot de la campaña 2016 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano que organiza y dirige los procesos electorales en Nicaragua, estuvo a cargo de la empresa del hijo del presidente, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, Rosario Murillo. En el canal de YouTube de Difuso Comunicaciones se puede ver una galería de videos, entre los que destacan la campaña “Orgullo de mi País”, spot de la campaña electoral del FSLN de 2016 y video musical del Consejo Supremo Electoral (CSE) para promover el voto.

La nueva radio ya

***

Viva Nicaragua
El 13 de junio de 2011, inició transmisiones el nuevo canal de la familia presidencial nicaragüense, Viva Nicaragua Canal 13, dirigido por Camila, Luciana y Maurice Ortega Murillo, hijas e hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, 10 días después de que TELCOR autorizó la frecuencia.
Seis días después de autorizar la licencia de Viva Nicaragua Canal 13, el 9 de junio de 2011, TELCOR emitió una nueva resolución administrativa, en la que otorgó a la empresa CELESTE, S. A. la licencia del Canal 47 en la banda UHF.

Lo mismo ocurrió con otros medios afines como Viva Nicaragua Canal 13.

TELCOR no ha actuado con la misma celeridad con otras solicitudes de licencias. Radio Palabra de Mujer, ubicada en el municipio de Paiwas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, tiene más de 10 años de estar tramitando una frecuencia. Otras emisoras locales, que prefieren no ser mencionadas, han hecho solicitudes y renovaciones de permisos, pero no han tenido éxito.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es uno de los representantes de organismos internacionales que muestran su preocupación por el acaparamiento de medios de comunicación en Nicaragua, como lo expuso en el marco de la Conferencia de Periodismo de Investigación #Colpin2016, realizada en Panamá.

El periodista Carlos Fernando Chamorro al conocer la venta de la empresa de televisión Canal 8 a la familia presidencial, con supuesta inversión del Gobierno de Venezuela, decidió trasladar sus programas de televisión “Esta semana” y “Esta noche” a Canal 12, el único medio de televisión en señal abierta, que hasta la fecha, ha escapado del poderoso grupo amasado por Ortega.

Chamorro aseguró que lo más grave que ocurre en su país es que la Constitución señala que el Estado debe impedir la concentración de medios.
“Pero el Estado hace lo contrario. En este caso, el representante de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, más bien es cómplice o juez y parte. El Estado no solo no aplica la Constitución, sino que impulsa un proceso discrecional de asignación de frecuencias”.

El 31 de marzo de 2017 se transmitió la última edición del programa “Onda local” en Radio La Primerísima. La Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense (APRANIC), propietaria de La Primerísima, notificó por escrito la cancelación de la transmisión de “Onda local”, un espacio de comunicación independiente, ajeno a intereses estatales, religiosos y corporativos.
El cierre de “Onda local” aparentemente fue una decisión de APRANIC, pero esto se debe, de acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) a que medios como este, que son críticos del Gobierno, son cerrados por no aceptar la difusión de su propaganda.

Encuentro. Carlos Fernando Chamorro calificó de “monólogo” la entrevista que el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, dio a dos medios nicaragüenses.

Así lo expresó el centro en una misiva enviada al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. La suspensión de “Onda local” no ha sido un caso aislado; es parte de la estrategia del gobierno de Daniel Ortega para acallar las voces críticas e instalar su discurso como verdad absoluta. Para lograrlo, emprendió un proceso de concentración y control de los medios de comunicación.

El gobierno de Ortega además de controlar casi la totalidad de los medios de comunicación, promueve el ahogamiento económico de medios, no investiga las agresiones hacia periodistas, cercena la información y no permite cobertura de medios independientes. Desde 2007, no hay periodista nicaragüense al que le haya concedido una entrevista, menos dar conferencia de prensa. En los actos públicos, recurrentemente mantiene una guerra verbal contra periodistas y medios independientes, llamándoles “agentes o peleles del imperio”.

La posición del gobierno de Daniel Ortega frente a estos señalamientos solo se conoce cuando tiene que comparecer ante instancias internacionales. El 7 de mayo de 2014, Nicaragua presentó en Ginebra, Suiza, su segundo informe en materia de derechos humanos como parte del Examen Periódico Universal (EPU). Igual que en 2010, países como Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos, Austria e Israel recomendaron al Estado de Nicaragua garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la pluralidad e independencia de los medios de comunicación.

María Elsa Frixione, de la delegación nicaragüense en Ginebra, respondió que en Nicaragua “no existe ningún tipo de censura a los medios de comunicación; ni se les impide su circulación y difusión”. Paradójicamente, ese mismo día fue cerrado el programa “Zona libre TV”, que transmitía Canal 7, cable local del municipio de San Rafael del Sur, Managua. El 5 de julio de 2017, el asesor para Asuntos Económicos del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, arremetió contra Leonor Álvarez, periodista del diario La Prensa, y despejó cualquier duda sobre la posición del Gobierno nicaragüense frente a los medios independientes: “Olvídate del periodismo en que ustedes van a determinar lo que se publica o no. Ustedes no son los que mandan en el país”.


Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

De cómo El Salvador puso fin a los secuestros

Cautiverio. Una vivienda donde permanecieron secuestrados dos empresarios estaba ubicada a cuadras de un puesto policial en Soyapango.

Hubo una época en que el principal problema para las autoridades de seguridad pública de El Salvador era el secuestro: ese delito que consiste en privar de libertad a una persona con el objetivo de exigir un rescate a cambio de su regreso. El mismo que tenía entre sus víctimas predilectas a empresarios, comerciantes y empleados con el suficiente poder adquisitivo como para pagar una suma considerable.

En el primer año del milenio, el secuestro representaba una auténtica crisis de Estado: 114 secuestros en 12 meses según cifras de la Fiscalía General de la República; uno cada tres días. Y en cada jornada, los medios reportaban un nuevo caso o una liberación. Las consecuencias de una no lograda posguerra, con hombres adiestrados para usar las armas y para planificar una operación decididos a vender sus habilidades al mejor postor, habían llevado al país a una atmósfera de incertidumbre.

Se registraba un secuestro cada tres días; y solo llegaba una sentencia condenatoria para el 15 % de estos delitos.

Hubo una época, también, en que el Estado salvadoreño fue capaz de imponerse a una crisis basándose en una estrategia destinada a revertir las tasas de impunidad de un delito (el porcentaje de crímenes que no se castigan) para evitar que la actividad continuara siendo rentable para aquellos que la cometían.

“El de los secuestros es uno de los delitos menos complejos para investigar”, dice Daniel Martínez, sentado a la mesa de este restaurante en la colonia Escalón. “Es uno de los que mayores huellas deja. Siempre habrá alguien que negocia, alguien que cuida a la víctima, alguien que recoge el dinero”.

Hoy empleado jurídico de una dependencia gubernamental, Martínez formó parte del equipo fiscal al que le encargaron la tarea de desbaratar, en el menor tiempo posible, las estructuras que cometían secuestros. Todo se construyó a petición de la cabeza de esa entidad, el entonces recién elegido fiscal general de la República Belisario Artiga.

La misión que le había sido encargada al funcionario desde el gobierno central era acabar con ese delito que había dejado de ser uno de naturaleza patrimonial para convertirse en uno pluriofensivo: el impacto emocional en la víctima dejaba secuelas que nunca se desvanecerían; era común que se asesinara a los miembros de la seguridad privada de aquella persona a la que se pretendía secuestrar.

Secuestrar era una actividad tan atractiva que, según lo descubrirían después los investigadores, toda organización que se dedicaba, por ejemplo, a realizar asaltos a mano armada, pretendía algún día tener los recursos logísticos para hacer un plagio. Era, por lo tanto, el centro de la espiral delincuencial, el punto para alcanzar o superar.

Apoyo. El fiscal Daniel Martínez y Mario Machado, abogado querellante de ANEP.

La tesis se comprobó, por ejemplo, cuando diferentes estructuras realizaban determinadas tareas dentro del secuestro. Eso ocurrió con el plagio del empresario Rodrigo Zablah, realizado el 25 de mayo de 2000: quien se encargó de interceptarlo para capturarlo y, posteriormente, llevarlo a donde estaría recluido fue una banda conformada por policías, a la que se le conocía como Los Catrines. Estos, incluso, utilizaron su patrulla policial para atravesársela al carro en el que se conducía Zablah.

La tarea de aportar la casa de seguridad en la que estaría el empresario recayó en otra estructura, liderada por Carlos Vásquez; y la de negociar y recoger el dinero obtenido por el rescate, en la que capitaneaba Víctor Guardado Díaz. Cada uno de los grupos después tuvo la capacidad de hacer plagios por cuenta propia gracias al dinero ganado.

Pero si, tal como lo dice Martínez, el del secuestro es uno de los delitos menos complejos para investigar por su larga estela de evidencias, ¿por qué las autoridades se encontraban de rodillas hasta entonces frente a las numerosas bandas de secuestradores? ¿Cuáles fueron las claves para superar los anteriores fracasos?

***

Las claves del Estado

Plagio. Escena en la que fue secuestrado el empresario Rodrigo Zablah, mientras iba en su vehículo en la colonia Santa Elena, el 19 de mayo de 2000.

En la segunda mitad de 2000, se crearon unidades especiales en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil. Solo a la correspondiente a esta última entidad, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), se le destinaron $11 millones para su fundación. Una cifra alta si se considera que en 2017 el presupuesto total de la FGR no superó los $48 millones. Antes ya habían existido otras unidades de esta naturaleza, que no dieron los resultados esperados, pero que tampoco contaron con una inyección económica semejante.

Rodolfo Delgado fue, hasta hace unos meses, uno de los principales asesores del fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Asegura que dejó su anterior puesto para buscar nuevos horizontes, esta vez en el ámbito privado. Fue uno de los fiscales que formaron parte de ese equipo especial desde su conformación, que primero se llamó Antisecuestros 2 y luego adquirió su nombre definitivo cuando se incorporaron nuevos elementos, Unidad contra el Crimen Organizado.

Desde su improvisada oficina, donde hay apenas una computadora en una mesa para reuniones, Delgado señala uno de los puntos clave en la estrategia usada para aprovechar bien los recursos. Este paso comenzó varios meses antes de que siquiera pusieran un pie sobre el terreno: reconocer que no conocían de manera amplia el fenómeno al que se enfrentaban.
Por eso decidieron que lo mejor era que la información relativa a las estructuras se centralizara en esa fuerza de tarea conformada por la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC.

Toda la segunda mitad del año 2000 fue utilizada para hacer este trabajo de colectación. Eso les permitió determinar que todo mundo tenía información de las estructuras que cometían secuestros, desde las diferentes sedes policiales y fiscales a escala nacional, hasta el Grupo de Apoyo de la PNC, el Organismo de Inteligencia Policial y el Organismo de Inteligencia del Estado. Diferentes unidades especializadas de la Fiscalía habían abierto sendos expedientes referentes a varios delitos para miembros de las estructuras. Todos tenían, por tanto, algún trozo del rompecabezas.

Así, comenta Delgado, pudieron superar un prejuicio que permeaba a las instituciones de seguridad: parecía que se le daba más importancia a un caso en el que la víctima era económicamente poderosa que aquellos donde se trataba, por ejemplo, del dueño de una pequeña venta de gas. Se dieron cuenta de que la misma estructura era capaz de atacar a los dos tipos de víctimas en días consecutivos.

También comprendieron que el mismo grupo podía cometer un secuestro o un asalto a una agencia bancaria. Para ilustrar eso, no hay mejor ejemplo que la banda Tacoma Cabrera, a la que los fiscales consultados para este trabajo definen como una “matriz criminal”. A pesar de que el nombre de este grupo delincuencial es el que viene a la memoria para hablar de esta etapa, solo fueron culpables de cuatro secuestros. La mayoría de los cargos era de robo agravado y homicidio.

Eso dio pauta para el otro punto de la estrategia, que era la investigación ya no por caso, sino por transgresor, entender a la estructura como un todo. Por ello, la Unidad Contra el Crimen Organizado no tuvo que derivar casi ninguno de sus casos a otras dependencias de la FGR. Desde la tenencia ilegal de armas de fuego hasta el lavado de dinero comenzaron a ser investigados por las mismas personas. En la indagación de la estructura también se apuntaba a sus máximos líderes, pues se comprendió que la mano de obra, la base de la pirámide, era fácilmente reemplazable.

Para llegar a los cabecillas, una herramienta importante fue la del testigo con criterio de oportunidad, un criminal que acepta, a fin de reducir o evitar su pena, delatar a otros delincuentes. Era una herramienta novedosa, recién estrenada en el Código Procesal Penal promulgado en 1998.

Matriz criminal. La banda Tacoma Cabrera fue una de las más complejas por su diversidad de actividades con la que se enfrentaron las autoridades en esa etapa.

Pero el recurso no fue utilizado en la mayoría de ocasiones, según lo comprobó esta revista mediante la revisión de 15 sentencias del delito de secuestro y secuestro agravado producidas por diferentes tribunales a escala nacional entre 2001 y 2003. Solo en dos de ellos se utilizó el recurso para individualizar a los autores intelectuales. En el resto de oportunidades, el dato revelador se consiguió tras la investigación sobre el terreno: la revisión de decenas de bitácoras telefónicas, el seguimiento de sospechosos, pruebas científicas recogidas en los allanamientos.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15% de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos. Las autoridades de seguridad hicieron aquello para lo que fueron creadas: encontrar a los culpables de los crímenes y darles su castigo.

En este restaurante de la colonia Escalón, Daniel Martínez, otro de los fiscales que fue parte de la unidad especial, matiza los logros. Para él las estructuras que combatieron en esa época pertenecían a la delincuencia organizada y no al crimen organizado tal cual. Eran, comenta, grupos mínimamente enquistados en el Estado, donde la máxima influencia podía ser la de un sargento de la PNC “que se había metido a secuestrador”.

“Que yo recuerde, casi no hubo gente con verdadero poder político o económico involucrada en secuestros, que realmente pudiera tener incidencia en el sistema judicial. Me acuerdo de un solo caso donde, de verdad, sentimos que sí tembló la gelatina. Era una persona que ordenó un asesinato. Allí él quedó absuelto y a sus conexiones con el narcotráfico no nos dejaron investigarlas. Se las trasladaron a Antinarcóticos”, comenta Martínez.

***

Las claves en la sociedad civil

Hubo una época, también, en que la empresa privada a través de sus gremiales formó una parte esencial de la estrategia de seguridad para acabar con un delito determinado, el secuestro. En esa época, según comenta Belisario Artiga, fiscal general de la República entre 2000 y 2006, él y el director de la PNC, Mauricio Sandoval, se reunieron con representes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para que se sumaran al esfuerzo. Aceptaron gustosos.

Entre ellos había personas que sufrieron en carne propia un plagio, como Saúl Súster, padre de Andrés, el niño que pasó casi un año en cautiverio. Fue el caso que puso el foco de la atención de la sociedad salvadoreña en un problema hijo de una no bien llevada posguerra, que dejó en el limbo a decenas de hombres adiestrados para usar las armas.

Desde ANEP crearon el Patronato Antisecuestros. Allan Hernández fue el director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República hasta hace unos meses. También fue el fundador de la Unidad Antiextorsiones. Ahora se enfrenta al reto de perseguir la criminalidad organizada en otro país de Latinoamérica. A principios del milenio, él fue parte de la célula fiscal de élite que lideró la estrategia contra los secuestros. A través de una llamada telefónica, el abogado explica que quizá sin el apoyo de los empresarios, la tarea no hubiera tenido el impacto que consiguió.
Según explican fiscales y policías, fueron los empresarios los encargados de presentar a la fuerza antisecuestros a los familiares de las víctimas, algunos de los cuales eran representados por la propia ANEP. El objetivo era generar un lazo de confianza con unas autoridades de seguridad desprestigiadas.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15 % de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos.

Según explica Gustavo Villatoro, fiscal de enlace y jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, algunas de las estructuras de secuestradores tenían entre sus filas a agentes de la Policía Nacional Civil. Era una paradoja que se les pidiera que confiaran en aquellos que, posiblemente, estaban participando en los delitos. Pero la intermediación funcionó.

Allan Hernández afirma que eso les permitió entrar a las casas para cumplir con dos objetivos. El primero era el de coordinar las negociaciones, asegurarse que la suma pagada no fuera alta. Demasiado dinero permitía que una banda se convirtiera en varias. La segunda era la de entrevistar a los familiares de los que habían estado cautivos.  “Era increíble lo que nos servían los pequeños aportes que nos podían dar los familiares. Clarificaban mucho las líneas de investigación”, asegura Allan.

Según Daniel Martínez, otro de los miembros de la Fiscalía en la Unidad Antisecuestro, el apoyo del Patronato Antisecuestros no se limitaba a ello. También aportaban dinero para, por ejemplo, reparar los dos carros que tenía asignados la unidad. A pesar de que el gobierno de Francisco Flores destinó un presupuesto de $11 millones al esfuerzo, la tarea fue realizada en medio de carencias. Según explica Martínez, cuando comenzaron solo contaban con dos computadoras para toda la unidad.

Los empresarios también designaron un querellante para los juicios y presionaron mediáticamente a los jueces para no venderse al mejor postor; y facilitaron recursos para que las víctimas pudieran tratarse psicológicamente. La participación de la empresa privada hizo la diferencia en un momento de crisis como el que enfrentaba el país.

***

Palabra de juez

Georgette Safie llegó a las oficinas del Taller Fojume, en la colonia Toluca de San Salvador, a las 8 de la mañana del 23 de febrero de 2001. Mientras esperaba que el vigilante abriera el portón del local para que ella entrara, un carro azul de vidrios polarizados se estacionó en la misma acera. De él bajaron cuatro hombres con el rostro cubierto por gorros navarone.
Venían armados con fusiles que, según lo describió el vigilante, eran AK-47, una de las armas de asalto más utilizadas en el mundo. Lo sabía bien porque uno de los hombres le puso el cañón de una de esas en su espalda para quitarle la escopeta con la que se podría defender. El resto de hombres se encargó de sacar a Georgette Safie de su vehículo para raptarla.

La familia no supo nada de la señora hasta que sus captores se comunicaron por teléfono. En esa llamada exigieron $228,000 como pago. Mientras esto ocurría, Safie estaba en una casa en Santa Tecla, cercana al punto de buses de la ruta 101-D, con dos pasamontañas y cinta aislante que le impedían ver su entorno. Luego, la señora fue llevada a otro inmueble en San Martín.

Desarticulación. Miembros de la Fiscalía y de la PNC durante la conferencia en la que informaron sobre el desbaratamiento de la banda El Gallina, culpable de varios secuestros.

Las negociaciones, realizadas por el sobrino de la víctima, Miguel Gerardo, permitieron que las exigencias se redujeran hasta los $57,140. El día de entregar el dinero llegó el 3 de marzo de 2001. La Policía montó un operativo para detener a aquellos que llegaran a recogerlo. Varios automóviles y motocicletas pasaron una y otra vez en los alrededores de la gasolinera que se fijó como sitio para el intercambio. Los delincuentes se dieron cuenta de la estratagema y abortaron los planes. Sin embargo, uno de los retenes colocados en las inmediaciones dio sus frutos y se pudo capturar a tres de los implicados.

Uno de ellos aceptó declarar gracias al criterio de oportunidad. Plagiarios y familia pactaron una nueva entrega de dinero para el siguiente día, el 4 de marzo. Esta vez, las autoridades de seguridad no montaron otro operativo para seguridad de la víctima. Los $57,140 se pagaron para que liberaran a la señora, que apareció en el centro de San Salvador el mismo día.

La Fiscalía, que fue representada por Allan Hernández, Jaime Wálter Segovia y David Acosta, montó un caso en el que echó mano de múltiples pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Todas las evidencias apuntaron a dos acusados, que ya estaban perfilados por las autoridades como sospechosos: Roberto Salomón Gutiérrez (a quien incluso se le encontró parte del dinero marcado por la Policía para pagar el rescate) y Saúl Ernesto Vásquez Rodríguez. En la valoración de la prueba, los jueces dieron por probado cada planteamiento de la Fiscalía a través de la evidencia que desfiló en el juicio. Ambos acusados fueron condenados a 22 años de prisión por el voto unánime de los tres juzgadores del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

Uno de estos jueces era el ahora magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia Martín Rogel Zepeda, quien tiene un muy buen recuerdo del trabajo de ese entonces de los fiscales de la Unidad contra el Crimen Organizado, donde, dice, era plausible que cada investigador sabía qué debía probarle al juez. Según Zepeda, las relaciones de los hechos presentados siempre eran claras y precisas; y la evidencia que se presentaba estaba íntimamente relacionada con un determinado hecho.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tiene un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

Cada testigo propuesto se presentaba a declarar lo que expresamente abonaba a la investigación. Para Zepeda, era innegable que esa persona había sido trabajada con antelación por un fiscal para saber qué hacer en una vista pública. Para el juzgador, una ventaja era que se trataba de casos complejos pero manejables: había una docena de acusados, pero para cada quien se contaba con una investigación sólida. Eso lo respaldan las cifras, de casi 2,000 acusados, solo una veintena contaron una resolución absolutoria. Varios de ellos formaban parte de los procesos de la banda Tacoma Cabrera, una de las más grandes a la que enfrentó la unidad, con casi 100 componentes.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tienen un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

***

El legado que no fue

“No podemos decir que cumplimos todas las misiones. Hay gente, como a la familia de Gerardo Villeda Kattán, a la que no podemos decirle eso. Cometimos errores”, afirma Allan Hernández, quien permaneció más de 20 años en la Fiscalía General y ocupó diferentes jefaturas tras salir de la Unidad Contra el Crimen Organizado.

Allan se lamenta frente a un caso polémico, en el que un niño de nueve años fue asesinado en medio de un operativo de las autoridades de seguridad. Pero el lamento podría extenderse ante el hecho de que la experiencia de la unidad no haya permeado al resto de la institución, una que todavía deja traslucir errores en su trabajo.

Para muestra, un botón: en el juicio por lavado de dinero contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, se menciona a un testigo clave, al que se le nombra como Olimpo. Sin embargo, en la audiencia inicial del caso, los abogados defensores rieron al señalar que, en la misma relación de los hechos del requerimiento fiscal, se identificó, en un descuido, a la persona que brindó la información con nombre y apellido.

Uno de los pocos trabajos ajenos a los plagios donde la Unidad contra el Crimen Organizado utilizó su experiencia fue el que condenó a varios miembros de la banda de narcotraficantes del oriente del país: Los Perrones.

El caso no fue llevado por la unidad Antinarcotráfico, sino por la de Crimen Organizado, aquella donde estaban algunos de los miembros de la original Antisecuestros 2, como Rodolfo Delgado. La DECO se encargó de la tarea con respecto a la PNC.

En el trabajo fueron apoyados por las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas, donde ya fungía como titular Gustavo Villatoro y trabajaba en el área de investigaciones Daniel Martínez. Fue uno de los último remanentes de una unidad que dio resultados exitosos.

Las pandillas. Pandilleros incursionaron en las bandas de secuestradores a principios del milenio, como Dionisio Arístides Umanzor, cabecilla de la MS. Fue condenado por el secuestro y la muerte de Eduardo Álvarez.

Algunos de los fiscales consultados confluyen en apuntar que es posible que este no traslado de la experiencia a otras áreas de la FGR se debiera a un divorcio entre las unidades élite, vistas por Belisario Artiga, y las otras sedes fiscales, de las que se encargaban su fiscal general adjunto, Romeo Barahona, quien tras la salida de Artiga se convirtió en el titular de la institución.
Otra razón es que para ningún otro delito se destinaron recursos económicos semejantes. Apagado el fuego de los secuestros se creyó que ya todo el trabajo estaba hecho.
¿Podría replicarse la experiencia en crímenes como la extorsión y el homicidio, cometidos principalmente por pandillas? Para Rodolfo Delgado, quien hasta hace unos meses era asesor del fiscal general, se trata de dos realidades diferentes.

En una, la de los secuestros, se trataba de hechos cometidos en zonas geográficas determinadas, con un perfil de víctima y victimario limitado. En los días presentes todo es más difuso y casi cualquiera puede ser víctima y victimario. Para Delgado, sin embargo, sí hay elementos para replicar: mejorar el procesamiento de información a través de un mecanismo de centralización, que permita armar un rompecabezas todavía desconocido.

También el mejoramiento de redes de inteligencia sobre el terreno, donde se trate de obtener de las fuentes de información datos íntimamente relacionados con las investigaciones en proceso. Eso, abona Daniel Martínez, sería mucho más efectivo que la estrategia de choque tomada por el gobierno actual.

Gustavo Villatoro, por su lado, asegura que el camino tomado es uno de palos de ciego, sobre todo porque no se está atendiendo a la forma de la estructura que se combate. La de las pandillas, asegura, exige un esfuerzo coordinado, en el que una unidad de élite centralizada debería de encargarse de los programas, donde están los líderes con mayor peso de la pirámide; y las unidades del resto del territorio deben ir por las clicas. “Eso, que suena tan simple, nunca se ha hecho en El Salvador”, apunta.

Y Daniel Martínez, desde este restaurante de la colonia Escalón, recalca una de las principales necesidades de las que ha hablado desde que formaba parte de la FGR: la creación de una política criminal a largo plazo, en la que institucionalmente se establezca cuál es el camino a seguir: “No es un asunto de gobiernos, sino de Estado. Que los políticos se peleen por la economía, que se den verga. La seguridad es otra cosa. Ahora ves que están jugando con nuestra cabeza en la mesa de billar, con nuestros muertos”.

La pasión según Lispector

En agosto de 1967, el periódico Jornal do Brasil le ofreció a Clarice Lispector la posibilidad de escribir crónicas de manera semanal. Para Lispector, el ejercicio no sería algo nuevo. Había publicado crónicas periodísticas en los años cuarenta, en un periódico de Campinas, ciudad de la municipalidad de Sao Paulo. Luego, en los años cincuenta, publicó una columna llamada “Entre mujeres” que firmaba con los seudónimos de Ilka Soares y Helen Palmer. Hablaba de maquillaje, moda y cocina.

Pese a dudarlo un poco, Lispector aceptó la oferta del Jornal do Brasil. La necesidad económica se impuso sobre su temor de escribir crónicas, un asunto que sería incluso tema ocasional de su columna. “Sé que lo que escribo aquí no puede llamarse crónica, ni columna, ni artículo”, escribe en alguna entrega. Lo cuestionará hasta diciembre de 1973 en que dejó de publicarlas, luego de producir poco más de 400 textos que pueden leerse en diversas antologías.

Las dudas sobre su escritura periodística estaban relacionadas con lo que consideraba su verdadero oficio literario. Lispector escribía novela y cuentos de ficción. Había construido un estilo y un lenguaje propios con un tono tan particular que resulta difícil definirla. En una gripe, en un hombre que ve desde el asiento de un taxi, en una conversación con los hijos, en una canción canturreada por la asistente doméstica, en la evocación de los paseos familiares al mar, en el recuerdo de cuando era niña y robaba rosas, en las preguntas hechas en silencio pero que jamás se enuncian porque son tan banales que no merecen ni el sonido de una voz, en detalles así Lispector encontró el material para la exploración de la vida y del ser humano a través de la palabra escrita.
La construcción de su estilo tan particular le ganó el respeto de sus contemporáneos y la lealtad de un público lector que seguía sus publicaciones con reverencia. A Lispector le agradaba que se le considerara como una escritora seria, pero casi no daba entrevistas y pocas veces asistía a eventos literarios. Eso no le impidió demostrar su felicidad cuando, en una fiesta, João Guimarães Rosa (uno de los novelistas más importantes de Brasil) le confesó que la leía “no para la literatura, sino para la vida”, para luego citar de memoria varias frases que ella ni siquiera recordaba haber escrito. Lo cuenta en uno de los textos incluidos en “Aprendiendo a vivir y otras crónicas” (Ediciones Siruela, 2007), una selección de sus columnas sabatinas en el Jornal do Brasil.
Quien lea sus crónicas podrá encontrar vasos comunicantes con su obra narrativa y la construcción de su estilo. Más de alguno de sus cuentos podría pasar por una de sus crónicas periodísticas, por ejemplo. Siempre está presente en su narrativa la sensación de que Lispector escribe como soltándole una confidencia casual al lector, una confidencia dicha con despreocupación, en un susurro, con el olor del humo de uno de sus cigarrillos.

En una de dichas crónicas, Lispector cuenta que su hijo le pregunta un día “¿por qué a veces escribes sobre cosas personales?” A lo que ella responde: “Nunca he tocado realmente mis cuestiones personales, incluso soy una persona muy secreta. (…) Es inevitable, en una columna que aparece cada sábado, acabar comentando sin querer las repercusiones en nosotros de nuestra vida diaria y nuestra vida extraña”. Lispector lo constata preguntándole a otros cronistas, quienes coinciden con ella en que el escritor siempre se termina revelando a sí mismo en el texto.

Lispector también insiste en que tampoco es personal en su narrativa y que en sus libros no se incluye como personaje. Esto puede resultar desconcertante y hasta difícil de creer para sus lectores. Más de alguna vez en sus textos y novelas, la voz narradora interviene en la historia o en los asuntos del personaje para comentar o hacer preguntas, como ocurre en su novela “La hora de la estrella”. Esas intervenciones son una de las particularidades de su ejecución narrativa, donde lo importante no es tanto la acción como la incidencia de algún hecho, por minúsculo que sea, en el mundo subjetivo de los personajes, del narrador y del lector mismo.

Su novela “La pasión según G. H.” es la culminación de la búsqueda interior a través del lenguaje y no de la acción exterior. El lector acompaña a una escultora sola en su casa, recorriendo los espacios vacíos hasta llegar a la última habitación, la de la asistente doméstica. Encontrar ahí una cucaracha desata recuerdos, reflexiones sobre la vida y la muerte, la inmortalidad, el lenguaje y el sentido de la existencia en un monólogo interno denso. No en vano, la misma Lispector advierte al inicio de la novela que ella se sentiría contenta si el libro fuese leído únicamente por “personas con el alma ya formada”. Hay que estar en una disposición particular de ánimo para leer dicho libro, apreciarlo y dejarse llevar por el fluir analítico al que nos somete Lispector.

La intensidad de su relación con el lenguaje se complementa con su labor de traductora literaria, una faceta suya de la que se habla poco. Desde Oscar Wilde y Edgar Allan Poe hasta Anne Rice y Agatha Christie, la cantidad de traducciones al portugués de obras literarias de diversos autores realizadas por Lispector, también dejó una huella importante en el mundo cultural brasileño.
Escribir es una maldición, “pero una maldición que salva”, dice Lispector en alguna de sus crónicas. Maldición “porque obliga y arrastra como un vicio penoso del que es casi imposible librarse, porque nada lo sustituye”. Salvación porque “salva del día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba”.

A través de su escritura introspectiva, Clarice Lispector supo develar el intimismo de lo cotidiano, de los momentos ordinarios que, pasados por su prosa, se convierten en asuntos trascendentales del ser humano.

Quien busque comprender algo sobre la profundidad de la vida hará bien en leerla.

Nos mataron a todos

¿Usted conoce a alguien que haya sido víctima de la delincuencia? ¿Lo ha sido usted mismo? ¿La víctima ha sido alguna persona cercana? ¿Ha perdido a algún ser querido por la violencia que se vive en el país?

Hemos llegado a un punto en el que la mayoría podemos responder que sí a varias de las preguntas anteriores. Y eso es algo triste, lamentable, una normalidad que es más bien abominación.
A mi gremio le arrebataron a un miembro esta semana. Samuel Rivas era un joven camarógrafo de Grupo Megavisión, enamorado de este ingrato oficio, apasionado por las imágenes y la comunicación, con una sonrisa que no solía negar y un gran entusiasmo contagioso.

El trabajo periodístico es agotador, demandante, extenuante. Aun así, Samuel, quien el día que fue asesinado iniciaba sus vacaciones, no dedicó ese primer día libre a descansar, sino a ayudar en los trabajos de reparación de la iglesia en la que se congregaba.

Así lo encontró la muerte, colaborando con la obra en la que creía. Unos casquillos de bala y varios de sus hermanos en la fe asustados tras presenciar el homicidio quedaron en la escena. No hay más, por el momento, y muchos tememos que el de Samuel se convierta en uno de los miles de casos en los que la impunidad se impone, en los que se les niega el derecho a la justicia tanto a víctimas como a dolientes.

Y ahora me incluyo en estos últimos. El gremio periodístico en el país no es tan unido como quisiéramos, pero ahora, en el dolor y la impotencia tras este caso, tenemos en común la sensación de que nos han matado un poco a todos.

En un entorno donde no hay garantías de terminar el día y donde la violencia no discrimina y llega a casi todos los ámbitos, se mezclan, junto al dolor y la impotencia, el miedo. Y sí, el coraje al ver la inoperatividad de quienes tienen a su cargo la seguridad pública.

Porque, a parte de la impunidad, de que se nos niega la justicia, tenemos que tolerar a diario oírlos repetir un discurso falaz en el que destacan supuestos logros y pintan una realidad distinta a la que enfrentamos el resto día a día. Porque creen que a fuerza de propaganda y maquillaje de cifras nos convencerán de que todo está bien, cuando sabemos de sobra que no, nada está bien.
Y luego caen en el absurdo de reportar que “solo hubo un homicidio” o que “hay 260 municipios con cero asesinatos”. Como si uno no doliera, como si uno no importara.

No sé hasta donde tengamos que llegar para que nuestras autoridades despierten, pero al menos nosotros, usted y yo, todos los que no contamos con guardaespaldas ni portones de seguridad ni vehículos blindados, todos nosotros que ya estamos más que hastiados y asqueados de no poder vivir tranquilos debemos empezar a exigir en serio nuestro derecho a vivir en paz.

Montano en España

El periplo del coronel Inocente Orlando Montano Morales en los pasillos del sistema de justicia estadounidense inició en 2013. Una fría mañana de febrero de aquel año cubrí para LA PRENSA GRÁFICA la audiencia contra el militar por delitos migratorios que presidió el juez Douglas Woodlock en el centro judicial Joseph Moakley de Boston, Massachusetts. Pasaron más de cuatro años y hoy Montano está a un paso de ser extraditado a España, donde deberá responder por las muertes de cinco de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

En Boston, Montano fue condenado a 21 meses de prisión por haber mentido a autoridades migratorias al decir, entre otras cosas, que nunca había pertenecido a una institución armada. Al coronel se le olvidó decirle a Estados Unidos que él era viceministro de Seguridad Pública cuando una unidad de la Fuerza Armada salvadoreña entró a la UCA a asesinar a los sacerdotes y a dos de sus colaboradoras.

La pena que impuso el juez Woodlock parecía excesiva para un cargo menor. En Boston, uno de los abogados de la fiscalía estadounidense me lo explicó: la sentencia máxima fue impuesta atendiendo al historial previo de Montano. Es cierto que el coronel llegó a la Corte de Massachusetts sin antecedentes penales en El Salvador, pero el Gobierno estadounidense presentó testigos que hablaron sobre su rol en la masacre de la UCA y en otros abusos cometidos por el ejército salvadoreño durante la guerra civil.

Montano fue trasladado a Carolina del Norte, a una prisión de seguridad media donde había mejores condiciones para atender sus problemas de salud; padece diabetes y sobrevivió a un cáncer.
España, entonces, pidió la extradición del militar a Madrid para que se presente al Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional española a responder por los “asesinatos terroristas” de los cinco jesuitas que eran españoles. Desde 2013, la defensa de Montano introdujo al menos media docena de recursos para evitar el viaje.

El martes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última puerta a Montano, cuyo viaje a Madrid es ahora inminente. De acuerdo con una fuente diplomática de España, que consulté en Washington, se espera que en las próximas horas el coronel pase a custodia de las autoridades españolas.

Cuando Montano comparezca en el tribunal madrileño, el reloj de la justicia en el caso jesuitas, tantas veces detenido en El Salvador por obstrucciones y encubrimientos que implican a todas las administraciones salvadoreñas desde el presidente Alfredo Cristiani hasta Mauricio Funes, acelerará de nuevo su curso.

Lo más importante es que toda la prueba recabada desde que el juez Eloy Velasco admitió la demanda de los familiares de los jesuitas en 2008 pasará a ser del dominio público: testimonios de exmilitares implicados en la masacre, relatos de testigos oculares y miles de documentos desclasificados por los gobiernos de Estados Unidos y España arrojarán luz sobre las circunstancias que rodearon los terribles hechos del 16 de noviembre de 1989.

La verdad asomará y ya con eso se habrá abierto el camino hacia la justicia, no solo para los deudos de Ignacio Ellacuría Beascoechea, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín-Baró, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Mariset Ramos, sino también para todas las víctimas que dejaron su sangre en la locura que duró de 1970 a 1992 en El Salvador.

Para encubrir a los asesinos de los jesuitas, el Estado salvadoreño mutiló su aparato de justicia, antes y después de los Acuerdos de Paz. Primero fue la derecha, implicada directamente en la masacre, y luego, ya en el gobierno, fue la izquierda política, que también ha querido cuidarse de que la investiguen por sus desmanes.

Un país no puede construirse sin verdad, por eso es importante que el coronel Montano llegue a España.

Carta Editorial

¿Cuándo se dejó de secuestrar? ¿Por qué se dejó de secuestrar? ¿Qué hubo en la respuesta institucional que logró detener y luego bajar las cifras que reportaba este delito? ¿Quiénes influyeron? ¿Se aprendieron las lecciones? A inicios de la década pasada, este era el delito que mantenía en zozobra a un país que avanzaba a tientas en la posguerra.

La respuesta que se dio en aquel momento fue efectiva no solo en bajar la cantidad de casos, sino que también en hacer menos rentable el delito. Y, sobre todo, en mejorar las investigaciones para así bajar los índices de impunidad. El periodista Moisés Alvarado hace un repaso por esta estrategia que contó con apoyo presidencial y que también abrió la puerta a la colaboración financiera directa de otros actores como el Patronato Antisecuestros.

Las preguntas a las que lleva la lógica se amontonan: ¿se puede hacer esto con otros delitos? ¿Es la impunidad un problema de falta de recursos económicos? ¿Por qué se limitaron al secuestro? ¿Se aprendieron las lecciones? ¿Nos miran a todos con equidad las instituciones encargadas de velar por hacer cumplir las leyes?

Los secuestros causaron daño a muchas familias, no solo a las de las víctimas directas. Ese delito castigó al país en un momento delicado de la historia. Pese a que se implementaron acciones para detenerlo, ¿cuánto de aquellas violencias, de aquella zozobra y desconfianza quedó grabado en nuestro comportamiento social? En este país, nos seguimos debiendo un análisis de todo cuanto nos ha causado daño para evitar repetirlo.

“El arte nos hace mejores seres humanos”

¿Cuál ha sido el mejor momento de su vida?

El mejor momento de mi vida es cada vez que puedo ver a mi familia.

¿Cuál es su mayor debilidad?

Buscar nuevos sabores y lugares, nuevas vivencias.

¿Existe el lugar en donde se sienta feliz?

Tengo la fortuna de encontrar buenas dosis de felicidad donde sea que vaya.

¿Qué le provoca asco?

La violencia, la prepotencia, el abuso y, un poquito, los sapos.

¿A quién admira?

A Paola Lorenzana, quien acompaña mi vida.

¿Cómo se titularía un libro acerca de su vida?

Historias grabadas.

¿Qué les hace el arte a las personas?

Nos hace mejores seres humanos. Más comprensivos, más tolerantes, más sensibles.

Buzón

Buzón

A traición

El país que se ha hecho grande gracias a los emigrantes, ahora les da la espalda con un giro radical y con procedimientos coercitivos a quienes hayan violado las leyes migratorias con excepciones extremadamente limitadas, si es que las hay; ese es el temor del discurso xenófobo e implacable en contra de los protegidos por los programas TPS y DACA, unos 236 mil salvadoreños. Es la noticia del momento, que Valeria Guzmán esboza en su artículo “La bienvenida a un país que expulsa a su gente”.

El círculo de riesgo de los que se van indocumentados comienza con un viaje aventurado. Los que logran llegar viven en zozobra por falta de papeles; si son deportados se exponen a desafíos similares a los que sobrellevaron cuando se fueron; luego al volver a su tierra de origen, son recibidos por los mismos factores que los obligaron a salir: pobreza e inseguridad. Pero el capítulo no termina ahí, pues hay un futuro incierto por delante, difícil de predecir.

Se debe agregar que quienes logran trabajar en el Norte sufren humillaciones de toda clase, a pesar de que cobran menos y trabajan más. Tampoco debe pasar inadvertido el proceder que han tenido los gobiernos, que por su ineptitud y falta de integridad, han descuidado la función de crear una sociedad justa y autosostenible con oportunidades reales para todos, libre de fieras delincuenciales de todo pelaje que nada más han potenciado un país dependiente de las remesas para el consumismo.

Aunque no se espere una deportación masiva, los signos que se leen en la realidad no son alentadores. La propuesta de Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte contempla inversiones en lugares de origen para la reinserción de emigrantes retornados, pero cada Estado tiene que participar con su contraparte en el plan migratorio que se avecina. Además cada país por su propia cuenta debe prepararse para ese fenómeno provocado, que aunque no se dé masivo pone en aprietos a cualquier gobernante con un mínimo de sensibilidad humana. Lo que hace CONAMYPE puede resultar insuficiente para la incorporación de los repatriados a la vida económica nacional. Nos queda esperar la decisión final en poder del órgano bicameral del Norte; los gestores del destino nacional tienen el reto y los amantes de este terruño tenemos el compromiso de invocar un fallo menos inexorable, y salir del busilis de estar en la cuerda floja.

Julio Roberto Magaña
jrobertomasa@hotmail.com


Trabajo difícil

Aquí mucha gente piensa que irse para Estados Unidos o para Canadá es chiche o que allá van a conservar sus maneras de acomodados. Lo primero que se pierde allá es el orgullo. Uno va a servir, porque solo a eso puede aspirar recién llegado. Que hay más dinero por ir a hacer esas cosas, es cierto. Pero a un costo muy alto, porque el desprecio que sienten por uno es palpable y sí molesta un montón.

Con todo esto, que nos cierren los programas que nos han estado dando algo de dignidad es nefasto y este gobierno no se está poniendo las pilas para mantener abierto ese chorrito del que nos bañamos hasta los que no recibimos remesas.

Cristian Salazar
cristiansala7812@gmail.com


Necesidades de los migrantes

La periodista Valeria Guzmán en su reportaje “La bienvenida a un país que expulsa su gente” narra las peripecias que les toca vivir a los eternos deportados que no encontraron el sueño americano. Existen un sinfín de historias que año con año se repiten en los que huyen de la violencia, pobreza, falta de oportunidades de empleo, exclusión social y económica.
Los retornados llevaban en mente un denominador común: el de buscar nuevos horizontes para su grupo familiar, incluso a costa de perder la vida en la travesía.

El impacto emocional que sufren es violento. La propia realidad de las migraciones se instala como problema central en la fijación de las políticas en nuestro país, en el que hay grandes dificultades para determinar la dimensión de la problemática, en establecer políticas sobre la base de la percepción de la opinión pública y en la falta de estudios que cuantifiquen la magnitud del fenómeno que hay que tomar en cuenta, más ahora que el TPS en Estados Unidos está por ser cancelado. Lo primordial que hay que realizar es adoptar políticas beneficiosas para los migrantes que ayuden al país de origen y destino tomando como base principal la protección de los derechos humanos.

Además, es necesario luchar en contra de las imágenes simplistas que derivan por la misma causa. El éxodo rural es un fenómeno por el cual una mayoría de la población residente en el campo se traslada a vivir en las ciudades y afecta principalmente a los jóvenes que emigran a distintos lugares para encontrar mejores perspectivas laborales, educativas y económicas. Hay que tomar en cuenta que no todas las personas pueden lograr un mejor nivel de vida, debido a que, algunas veces, por estar en un país ajeno sufren de discriminación por parte de movimientos xenófobos y racistas que se oponen por todos los medios a la presencia de extranjeros, incluso cuando estos residan legalmente.

Rutilio López Cortez
rutilio_lopezcortez@outlook.com

ÁLBUM DE LIBÉLULAS (184)

1507. ENCUENTRO EN VIVO

Estaba esperando la luna nueva, que es la de los grandes inicios. Y aquella noche, que era la indicada en el calendario para que tal acontecimiento se hiciera visible, el cielo estaba inmerso en una perfecta oscuridad. Entonces tuvo el impulso irresistible de salir a caminar por los entornos, que eran algo así como el traspatio de una pequeña población de habitantes casi marginales. Anduvo vagando como si lo impulsara una voluntad que no era la suya, hasta que, sin proponérselo, estuvo en aquel liviano mirador desde el cual podía observarse un espacio del cielo; y ahí estaba ella, la luna nueva, asomándose apenas, como si no quisiera ser vista más que por sus elegidos. Él se arrodilló a medias y musitó unas palabras: “Gracias por escogerme, doncella inspiradora; vámonos a dormir juntos bajo el ramaje”.

1508. GAVIOTA MENSAJERA

Cuando llegó el momento del retiro laboral, sus condiciones eran más favorables de lo esperado. Recibió una alta compensación y el monto de lo que percibiría mensualmente daba para vivir en cualquier parte. Llegaba, pues, el momento de la aventura. Su mujer, que había estado ahí siempre, le preguntó, conociéndolo: “¡A dónde nos vamos a ir a vivir?” Respuesta inesperada: “A Dartmouth, al sur de Inglaterra”. “¿Y eso?” “Es una pequeña comunidad portuaria de lo más pintoresca, paraíso de gaviotas a orillas del río Dart, donde se puede estar en perfecta paz y con todas las comodidades posibles…” “¿Pero de dónde sacaste la idea?” “El otro día que fuimos a la playa sentí que una gaviota me transmitió el mensaje”. “¡Come on! No me vayás a salir con que te hablan los espíritus… Pero en fin, probemos”.

1509. RETAR AL MISTERIO

Estaban cenando en Lusardi’s, a la hora tempranera en que prácticamente todas las mesas están ocupadas. Afuera, la 2.ª Avenida neoyorquina mostraba su animación de siempre en un sábado primaveral. Ellos habían pedido ya su vino Brunello favorito, e iban saboreándolo con delicadeza de conocedores espontáneos. En eso alguien entró al lugar y fue a acomodarse a la barra que está justo a la entrada. Ambos lo observaron e intercambiaron miradas. Era él, sin duda, ese vecino que parecía haber venido siguiéndolos en sus distintas ciudades y viviendas, y con quien nunca habían cruzado ni dos palabras. Quizás era hora de hacerlo. Se levantaron de su mesa y se dirigieron a la barra, pero al llegar, y sin que lo notaran, el sujeto había desaparecido. Volvieron tranquilamente a la mesa. El misterio seguiría en pie.

1510. ESTÁ A POR VENIR

Por más que estemos hablando constantemente de destino, la vida nunca deja de ser un juego de azar. Y por eso él, que había arribado a la etapa vital que se conoce como madurez, iba poniéndose cada vez más alerta sobre lo que pudiera pasar cada día. Las sorpresas, buenas y malas, asoman sin previo anuncio, y ahorita mismo le llegaba algo inesperable: su señora, ya en los umbrales de la menopausia, tendría su primer hijo. Susto, expectativa e ilusión a la vez; solo que la mezcla resultaba a ratos agridulce y a veces tibio ardiente. El embarazo avanzaba impecable. Llegó el momento de conocer el sexo de la criatura. El médico les informó, con desconcierto: “Es imposible descubrirlo. Extrañísimo”. Él sonrió: “Quizás lo que viene es un ángel despistado. Piénselo, doctor, y nos avisa…”

1511. AUTOLIBERACIÓN

Era jefe de personal de la empresa a la que ingresó poco después de graduarse, y desde esa posición su futuro profesional se anunciaba con creciente nitidez, lo cual le hacía dar una imagen a la vez confiada y demandante. La gente a su alrededor le había puesto un mote: “El infalible”, porque eso era lo que estaba a la vista. Hacia adentro, sin embargo, la estampa era diametralmente opuesta: cualquier cosa hacía temblar sus membranas anímicas y las dudas formaban enjambres angustiosos. El contraste se había ido volviendo lacerante, y así como por fuera destellaba salud, por dentro padecía quebranto. Entonces llegó la hora del giro definitivo. Los que lo rodeaban no lo creían: se desvaneció su arrogancia y se redibujó su sonrisa. El infalible se había vuelto un candil expectante.

1512. OTRA NORMALIDAD

Era el orden personificado, y para tener prueba fehaciente de ello llevaba una carpeta sucesiva de todos sus proyectos y de los resultados de los mismos. En contraste con lo que ahora se estila, ninguna de sus imágenes se hallaba en las redes sociales, porque él había venido haciendo el recorrido inverso: en tanto más descontrol comunicacional le rodeaba, más privacidad quería asegurar. Pero un día de tantos, y sin explicación accesible, desapareció su carpeta. Revolvió su casa de pies a cabeza, y puso a los suyos prácticamente en cuarentena. Como no hubo datos de lo ocurrido, ni siquiera pistas, todo tuvo que volver a la normalidad, pero una normalidad que para él fue un aprendizaje sigiloso, que lo ponía de alguna manera también en cuarentena. Y los espíritus chocarreros se divertían a su alrededor.

1513. TRIPLE ALIANZA

El cielo amaneció cerrado, como si fuera muralla impenetrable, pero el ánimo de ambos era esplendente aquel día, porque iban a consumar el anhelo de recomponer sus vidas a partir de un voto de confianza. El notario oficiante hizo las preguntas de rigor y ellos las respondieron en los términos usuales, y luego todo quedó sellado ante la ley. Eran marido y mujer, como se dice. Un par de días después tocaba la ceremonia religiosa en la iglesita del barrio de donde ambos eran originarios. Se cumplió el rito, y así todo estuvo firme en manos de Dios. ¿Qué podía faltar? Se miraron a los ojos ya cuando estaban solos ante el cielo abierto junto al mar, en su habitación de enamorados. Y entonces entendieron que les faltaba el gesto vivo de la primera estrella, que en ese instante comenzó a aparecer…

1514. IDENTIDAD CAMBIANTE

Le pusieron por nombre Juan de Dios porque sus padres, que eran gente de gran devoción, quisieron colocarlo bajo el signo de la protección divina. Pero la vida traza sus propias líneas, y desde el principio aquel muchacho fue un aventurero incontrolable, que no se detenía ante nada. Su madre se quejaba de ello con su vecina de toda la vida, que le dijo en son de guasa: “Toñita, es que ustedes le pusieron Juan de Dios, pero él lo que quiso ser siempre fue Juan del Diablo, ¿se acuerda?, el de “Corazón salvaje”, aquella radionovela de Caridad Bravo Adams…”

Río se replantea el turismo en las favelas

Víctima. El mes pasado una mujer de nacionalidad española murió por disparos hechos por la policía en una de las favelas más reconocidas.

Cuando las autoridades brasileñas atajaron la criminalidad a principios de esta década, abrir las favelas ubicadas en las colinas de Río de Janeiro al turismo parecía una idea ganadora. Las vistas son impresionantes, los residentes podían ganar algo de dinero y los visitantes extranjeros verían otra parte de la ciudad y no solo la playa de Copacabana.

Ahora, una nueva oleada de violencia en esas comunidades reaviva una preocupación: ¿son las favelas seguras para visitarlas?

Las favelas de Río, famosas por la oscarizada película “Ciudad de Dios”, son conocidas desde hace tiempo por las drogas y el crimen. Pero los grupos de viviendas improvisadas que se extienden por las colinas de la ciudad son también el lugar de nacimiento del desfile de carnaval, la samba y el arte callejero.

Como parte de los preparativos que comenzaron en 2008 para albergar los Juegos Olímpicos, las autoridades presionaron para hacer que estas zonas antes prohibidas fuesen más seguras al perseguir a las bandas de narcotraficantes. La profunda crisis económica que atraviesa el país ha exacerbado la desigualdad existente y provocó recortes en la financiación de las fuerzas de seguridad, y las autoridades admitieron que han perdido nuevamente el control de la mayoría de las barriadas que en su día declararon “pacificadas”.

“La cuestión es muy compleja para decir simplemente si es seguro o no”, dijo Marcelo Armstrong, que lleva 25 años llevando turistas a las favelas. “Depende de dónde, depende del día, depende de las circunstancias. Esta es la realidad de Río ahora”.

Este año, Río ha registrado una media estimada de 15 balaceras diarias entre policías y bandas fuertemente armadas. Cientos de civiles, muchos de ellos residentes en las favelas, han muerto o resultado heridos en el fuego cruzado.

Un estudio realizado por la Confederación Nacional de Comercio y Turismo concluyó que el incremento de la delincuencia provocó pérdidas de $200 millones en el sector turístico de Río entre enero y agosto de este año. En 2015, la ciudad ganó $5,000 millones con el turismo.

Aunque en ocasiones los turistas han recibido disparos al desviarse accidentalmente hacia las favelas, el reciente fallecimiento de una española a manos de la policía puso de manifiesto la inseguridad en Río y sus favelas.

En octubre, la policía abrió fuego contra el auto en el que viajaba María Esperanza Jiménez Ruiz y sus familiares durante una visita a una de las favelas más populosas de la ciudad, Rocinha, que ha estado en el centro de una sangrienta batalla entre bandas rivales y la Policía.

Colorido. Pese al reconocido riesgo que ha crecido en estas zonas, sigue existiendo un gran atractivo para los turistas.

Las autoridades alegan que su conductor no se paró en un control policial y que manejaba un vehículo con las ventanas oscurecidas que no estaba identificado como perteneciente a una empresa de viajes. El conductor dijo que no vio el control y que nadie le pidió detenerse. Dos agentes están siendo investigados por un posible homicidio culposo y las autoridades anunciaron que presentarán cargos contra el guía y la agencia por no haber informado a los turistas sobre los riesgos de visitar la barriada.

“Entiendo la curiosidad de los turistas y entiendo el deseo de la comunidad de ser parte de la ciudad”, señaló Valeria Aragao, directora de la Policía Turística de Río e investigadora en el caso. “Lo que no entiendo es la actitud irresponsable de una agencia de viajes y de un guía para elegir y animar a visitar ese lugar, cuando hasta los residentes se sienten inseguros”.

Aragao reconoció que los guías no tienen acceso a los reportes oficiales de la Policía y deben fiarse de las informaciones publicadas en los medios y de los guías locales para evaluar si la visita es segura. En respuesta al incidente, las autoridades turísticas y de seguridad han creado un comité para regular el turismo en estos barrios marginales.

El gobierno local está considerando además pedir a las agencias que ofrecen visitas a las favelas que tengan un seguro de responsabilidad y que informen a la policía de la zona antes de cada visita. Las empresas tendrían que trabajar con un guía local y trasladar a los turistas en un auto identificado y sin los cristales oscurecidos.

Armstrong, el guía turístico de las favelas, dijo estar preocupado porque las autoridades trasladen la culpa de la muerte de la turista de la policía al sector.
“Habrá un día en el que las agencias de viajes serán acusadas de exponer a sus clientes a riesgos porque están caminando por Copacabana”, señaló. “Si el Gobierno no puede garantizar la seguridad, es su culpa y de nadie más”.

Unos días después del deceso de la turista española, Michiel Wijnstok, un turista holandés, participó en la visita de Armstrong a Vila Canoas, una favela que rodea el elitista club de golf Gavea.
“Escuchas las historias”, dijo Wijnstok, un gestor financiero que visitaba Río por primera vez. “Pero quería verlo con mis propios ojos”.

En el tour, de una hora de duración, el grupo recorrió callejones a la sombra de un entramado de cables eléctricos y escuchó a Armstrong explicar la historia de las barriadas marginales y su arquitectura. Parte de los $25 que paga cada uno de los participantes se destina a dos escuelas de la favela, gestionadas por asociaciones benéficas.

Al final de la visita, los turistas pidieron caipiriñas en un bar e intercambiaron sonrisas con los vecinos, que les dieron las gracias por el consumo. Para muchos de los residentes en estas comunidades, el turismo es un salvavidas en un lugar donde los empleos formales escasean.

Seguridad. La Policía Turística ha solicitado a las agencias que promueven las visitas que se coordinen con las autoridades.

Andreia Cavalcante vende bocadillos y bebidas a los extranjeros y a los conductores en un puesto en la favela Vidigal, que está en el lujoso barrio de Leblon. En un fin de semana normal, Cavalcante solía ganar $480 (1,600 reales) vendiendo pasteis –un sabroso hojaldre relleno de carne o queso–, ahora obtiene aproximadamente la mitad.
“Esto se debe a que la comunidad es un poco inestable con todo lo que está sucediendo”, explicó.

Cerca de la parte más alta de Vidigal, los turistas pueden alojarse en el hotel Mirante do Arvrao, donde una suite con vistas panorámicas de la ciudad y el océano cuesta $170 por noche. Los fines de semana, los bares del barrio ofrecen samba en directo y se llenan de brasileños y visitantes.

Daniel Graziani, propietario de un hotel y residente en Vidigal con su esposa y su hija de un año, dijo que ve un futuro brillante para el turismo de favelas, pero que la preocupación por la seguridad va en aumento.

Recientemente se ofreció a reubicar en otro hotel a una pareja que llegaba de París por una operación policial en la barriada. Los clientes se opusieron. La operación terminó un par de horas más tarde y los visitantes tuvieron una estadía segura en el Mirante do Arvrao.

Según Graziani, es prematuro decir que ya no es seguro visitar las favelas y cree que, a pesar de la confusión, el turismo en Vidigal tiene futuro. Sigue ofreciendo el paquete Experiencia Favela por el que los turistas pueden pasar el día aprendiendo a hacer feijoada –un guiso de carne y frijoles– o volar una cometa típica o “pipa”.
“La gente sigue estando interesada en otro tipo de turismo que va más allá del de masas”, dijo.