Emigrar o morir: las opciones de los pacientes con VIH en Venezuela

Fotografía de El Universal, México

“Cada vez que me entregaban mis medicamentos era un alivio. El conocer que iba a tener calidad de vida, mientras duraran las pastillas, me llenaba el cuerpo de una felicidad inmensa, aunque fuera por tan solo unos segundos. La incertidumbre del no saber si el próximo mes iba a correr con la misma suerte, me generaba angustia”.

El testimonio de Gabriel, un joven seropositivo al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es espejo de miles de pacientes que viven con la misma condición en Venezuela. La dificultad o imposibilidad de adquirir los antirretrovirales para atender este padecimiento los ha llevado a coincidir en la pregunta: ¿me quedo en el país o emigro?

En Venezuela, una amplia parte de su población percibe un salario mínimo de 40 mil bolívares (1 dólar con 82 centavos al cambio de este 29 de septiembre); el Estado, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, es el único que puede comprar y distribuir medicamentos, entre ellos los antirretrovirales, y no lo hace, lo que genera una necesidad de escape, en especial para quien vive con VIH, que ve como única solución salir de su país.

“Primero está mi vida”. La respuesta de Ronald Benítez, de 30 años de edad, fue inmediata. Desde el 2015, año en que fue diagnosticado, supo que a partir de ese momento su prioridad era vivir. Hace dos años y medio emigró a Bogotá, Colombia.

Hasta 2016, Benítez, como el resto de los 77 mil pacientes con VIH -de un total de 220 mil contagiados en el país- que reciben o están inscritos en el programa de obtención de medicamentos por parte del Estado venezolano -de acuerdo a las últimas cifras, del mismo año, aportadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela (MPPS)- pudo contar con los fármacos que controlan su padecimiento.

“Todo iba funcionando bien, luego se tornó a intermitente, para después, sencillamente, no recibir nada”, cuenta este joven de su experiencia en el centro hospitalario, ubicado en Caracas, en dónde le tocaba retirar su cóctel de medicamentos.

La situación obligó a Benítez a tomar la decisión de emigrar. “Llegué a tener un descontrol en mi medicación y eso es un lujo que los pacientes como yo no nos podemos permitir”, reflexionó.

Lo que seguía en la vida de Benítez estaba claro para él. Obligado a abandonar su país, optó por irse a Colombia, que era lo más cerca: “Fui, inicialmente, de vacaciones, y si las cosas funcionaban me quedaba”, pensaba.

Aunque aún no ha podido entrar a un programa que le garantice la adquisición de los antirretrovirales en Bogotá, por no contar con una permanencia legal en territorio colombiano, asegura que en comparación a como estaría en Venezuela, su calidad de vida es mejor en cuanto alimentación y otros factores necesarios para vivir con su condición de una manera digna.

Para Benítez nada ha cambiado ni mucho menos mejorado en el sistema sanitario venezolano. Pese a que todavía está inscrito en el programa del MPPS, sigue sin recibir los antirretrovirales que, por ley, tal como lo consagra la carta magna, le corresponde al Estado otorgarle para garantizar su derecho a la salud.

Desabastecidos. Los anaqueles de una farmacia en el centro de Caracas llevan varios meses vacíos

Así las cosas, fue en el mercado negro que consiguió este venezolano la alternativa para poder seguir con su medicación. Asegura que, por un tiempo, pagó mensualmente $30 a una enfermera en Venezuela que le vendía los antirrotrovirales. Su última compra fue en febrero. Aseguró su tratamiento por 8 meses. Luego de octubre 2019, si no regulariza su situación migratoria en Colombia, la incertidumbre para Benítez volverá.

Las posibilidades que ha tenido Benítez no son las mismas para quien vive con VIH y decide quedarse en Venezuela. En la otra cara de la moneda, la realidad es costosa, además de dura, de mucha paciencia y angustiante a la vez. Todos los sentimientos al mismo tiempo.

Día a día, los hospitales del país amanecen colmados de personas seropositivos que aguardan la esperanza de irse a casa con sus medicinas. El “vuelve después. Cuando lleguen (los antirretrovirales) te llamamos”, son palabras a las que deben hacer frente estos pacientes en medio de su desesperada e infructuosa búsqueda de la medicación.

Es el caso de Freddy Bravo. De los 13 años que lleva diagnosticado, los últimos 3 años han sido de preocupación constante. El no tener acceso al tratamiento que controla el virus en su organismo, ni dinero para comprarlo por su cuenta, lo ha hecho tomar “medidas extremas”.

“A partir 2016, cuando comenzó la falla en la entrega de los antirretrovirales, tuve que ingeniármelas. Comencé a tomarme las pastillas un día sí y otro no, aunque sé que eso estaba mal, o al menos, no era prudente. Mi salario no me alcanza para asumir lo costoso del tratamiento”, contó este hombre de 47 años de edad.

Desde hace ya varios años, desde que se agudizó la crisis en Venezuela, los análisis de carga viral y conteo de linfocitos CD4 dejaron de hacerse en los centros de salud públicos. Estos exámenes se pagan y son inalcanzables para la mayoría de pacientes seropositivos. En las pocas clínicas privadas que los realizan en Caracas, sus costos no son ni siquiera en moneda local: oscilan entre los $30 y $50. solo en algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, resultan más económicos y permiten que sus precios, aunque dolarizados, sean pagados en bolívares.

“Yo he tenido que vender parte de mis pertenencias para poder hacerme esos exámenes. La situación económica y de salud del país es bastante difícil. He pensado en irme de Venezuela”, confesó Bravo, quien a la fecha ya tiene un año sin hacerse el conteo de sus linfocitos y de carga viral.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral.

***

“PLAN MAESTRO”: VIVIR GRACIAS A DONACIONES

Desde 2016, el MPPS a través del Estado venezolano no ha comprado los medicamentos antirretrovirales ni reactivos para realizar los análisis de sangre de detección o seguimiento de la carga viral del VIH. Siendo esta la razón que origina la crisis, muchas han sido las alertas y las denuncias nacionales e internacionales por la falta de atención del gobierno de Nicolás Maduro da a este sector de la población.

Las ayudas han llegado de a poco, conforme el gobierno venezolano lo permite.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral en estas personas.

Para lograrlo, se destinaron casi 34 millones de dóalres que alcanzarán, en un principio, para la atención por tres años del VIH/Sida en Venezuela, con su única prioridad en la entrega de medicamentos.

A partir de febrero de 2019, el MPPS comenzó a distribuir esta donación.

“Yo agradezco que se buscó una solución a este problema, nuestros pacientes merecen estar bien”, expresó la infectóloga Patricia Valenzuela.

Pero aún no se ha resuelto todo, y está lejos de solucionarse. Los laboratorios clínicos siguen sin reactivos para la realización de pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, y para la carga viral del VIH, que es el examen más importante que permite llevar el seguimiento a las personas que cumplen con el tratamiento.

“Es muy complicado una condición de salud en Venezuela, debido al desabastecimiento de medicamentos. Son momentos duros y difíciles para los infectólogos venezolanos. Vemos cómo perdemos y se viene abajo el trabajo de años de avance con los pacientes”, deploró la galena.

Valenzuela perdió la cuenta de cuántos de sus pacientes han tenido que emigrar por la falta de medicamentos en Venezuela: “Varias de las personas que atendía desde siempre se fueron marchando poco a poco para recibir los antirretrovirales, y les ha ido bien en esos países que le brindaron la mano”.

Hasta marzo, a la consulta de la doctora Valenzuela llegaban pacientes hasta con 10 meses sin recibir el tratamiento antirretroviral. “Durante ese periodo, hubo una serie de fallecimientos por la reaparición de enfermedades oportunistas, para las cuales no hubo, ni hay todavía tratamiento en el país”, lamentó.

“No es fácil, el paciente sufre y el tratante también”, reflexionó Valenzuela sobre la situación de salud en el país.

Solo de vista. Con lo poco que llegó de medicamentos a una farmacia caraqueña, solo alcanzará para rellenar la vitrina que ve el público. El resto del stock seguirá en números rojos.

La moribunda economía venezolana se toma un respiro

Venezuela. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Errol Irausquin ha encontrado un rentable nicho de negocio con su boyante restaurante Fat Panda, en la capital de Venezuela, pese al colapso económico que ha hecho que millones de personas abandonen su maltrecho país. Aprovechando el éxito que tenía vendiendo comida desde una camioneta, Irausquin llevó su menú de influencia asiática a un nuevo restaurante, donde ofrece emparedados picantes que gotean por los brazos de los clientes en un rincón acomodado de Caracas.

Pronto abrirá un segundo local, un atisbo de prosperidad en la pesadilla económica venezolana. “Parte de la población que decidió quedarse en el país”, comentó Irausquin. “Esa población necesita actividades. Esa población necesita salir, necesita socializar. Necesita estar al aire libre”.

El empresario no es un caso aislado. En aparente desafío a las apocalípticas predicciones de Washington sobre la inminente implosión económica, varios restaurantes y tiendas de moda llenas de productos de importación, desde Fruit Loops a iPhones, han brotado en Caracas en los últimos meses. Lo que impulsa ese resurgir es la decisión que tomó el pasado mayo el presidente, Nicolás Maduro, que pasó bastante desapercibida en su momento de suavizar los estrictos controles de la divisa introducidos 16 años antes. Eso permitió a los bancos comprar y vender dólares a cualquier cambio para facilitar que los empresarios operen en una moneda aceptada a escala internacional.

Al mismo tiempo, las autoridades socialistas están mirando a otro lado conforme el dólar sustituye a la moneda local, el bolívar, como una forma aceptada de pago incluso para pagar una porción de pizza. Algunos incluso señalan que ante el creciente aislamiento del país, los empresarios con buenos contactos, algunos de ellos sujetos a sanciones, están repatriando ganancias ilícitas obtenidas con contratos del Gobierno y por la venta ilegal de oro y drogas para financiar la construcción de nuevos edificios de oficinas y negocios.

El resultado es una dosis de adrenalina poco habitual para una economía que agonizaba. Por primera vez en años, la inflación que sigue entre las más altas del mundo ha perdido velocidad, los supermercados están surtidos y el instinto capitalista se está poniendo en marcha. Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

Sin embargo, para la menguante élite venezolana es un alivio tras años de pasear entre estantes vacíos en las tiendas y ver que sus restaurantes favoritos habían cerrado. En un sábado reciente había un ambiente de fiesta en una feria callejera, donde camionetas restaurante ofrecían comida junto a un pequeño parque, mientras el cielo se despejaba tras un chaparrón tropical. La música en vivo y las luces atrajeron a una multitud, dando la impresión de que la vida había vuelto a la normalidad. La división entre los pudientes y los pobres se torna más dramática conforme avanza la crisis, señaló Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanalisis, con sede en Caracas.

La principal línea divisoria es el acceso a dólares estadounidenses. Mientras que un adinerado quinto de la población disfruta de sus ahorros en bancos extranjeros y salarios de compañías extranjeras, cada vez más venezolanos dependen de los $4,000 millones en remesas enviadas por los 4 millones de compatriotas que han dejado el país en los últimos años.

El regreso de unas pocas comodidades tras años de escasez subraya la eficacia limitada de las sanciones para derrocar a Maduro, señaló León. Las protestas lideradas por Juan Guaidó, reconocido como mandatario legítimo del país por Estados Unidos y más de 50 países, se han ido diluyendo en la capital, aunque mantienen una alta participación en el interior, donde la situación económica es tan desesperante como siempre. “Vas a tener un país destruido y una burbuja que logra sobrevivir sin que el problema real termine por ser resuelto”, dijo León.

La inmensa mayoría de los venezolanos vive en una profunda pobreza sin ayuda del exterior. En torno al 80 % depende de comida subvencionada por el Gobierno y gana un salario mínimo en bolívares equivalente a $3.50 mensuales, que mengua cada día bajo una inflación que alcanzó el millón por ciento el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

***

Todo esto en un país que estuvo entre los más prósperos de América Latina, productor de riqueza gracias a las reservas de crudo más grandes del mundo. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona. Pese al sombrío panorama, hay empresarios que aprovechan la oportunidad de cubrir la demanda de consumidores acomodados. Una de las tiendas de importación más exclusivas de Caracas ofrece servicio de aparcacoches. Dentro, asistentes personales cargan las canastas de los clientes desde el momento que entran hasta que están listos para pagar.

Pueden elegir entre una amplia variedad de artículos, como cerveza con sabor a sandía y sal baja en sodio, todo con precios en dólares. Otras tiendas venden cigarrillos electrónicos, limpiador facial de Neutrogena y cápsulas de Caffe Verona de Keurig Starbucks, la clase de objetos que llevan mucho tiempo desaparecidos en Venezuela. No todo son costosos artículos de lujo; también se ofrecen productos básicos, antes abundantes, de los que Venezuela ya no produce suficiente –como harina y aceite de cocinar– de modo que incluso familias con bajos ingresos pueden en ocasiones ahorrar para comprar unas pocas cosas.

Entre los que aprovechan el repunte económico está Daisy Romero. Harta de ver un descenso en las ventas de su tienda de modo, convirtió hace poco su pequeño local en una tienda de alimentación que ofrece paquetes de bienes importados que envía su hijo en Estados Unidos. El negocio va bien, señaló, indicando que los clientes entran entusiasmados en su tienda. “¡Wow! Pero qué tantos cereales hay aquí. Tenía años que no los veía”, dijo, repitiendo una reacción habitual entre los clientes.

“¿Qué cuesta? Dame uno, dame el otro”. El médico Jorge Hoegl entró en una nueva tienda de importación, donde había golosinas como helado Haagen-Dazs, que fue habitual en las tiendas venezolanas antes de que la crisis empeorara en los últimos cinco años. Aunque estas tiendas venden algunos medicamentos sin receta, la mayoría de la gente con enfermedades crónicas como la diabetes sigue teniendo problemas para conseguir los fármacos. Hoegl no cree que estos nuevos negocios sean la respuesta a los problemas de Venezuela.

“De pronto ves los bodegones y podrías pensar que todo podría cambiar o mejorar la economía”, dijo. “Sin embargo, yo creo que este tipo de cosas no van a mejorar una situación. Es un problema progresivo crónico que probablemente lleve más tiempo normalizar acá”.

Economía. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona.

Venezolanos en Ecuador, radiografía del hambre que emigra por Latinoamérica

Fotografía de EFE

Un hombre famélico, con sus vestimentas color hollín y zapatillas roídas, camina solo, con paso firme y portando un petate, en dirección al puente de Rumichaca, entre Ecuador y Colombia; es una de esas tantas puertas de la esperanza para los venezolanos que huyen del hambre y la pobreza.

Con dos hendiduras a ambos lados del rostro, que dibujan el contorno de su mandíbula y la piel quemada por el sol y las inclemencias de la cordillera andina, este venezolano de nombre Fredy Ramón Castillo, de 60 años, ha recorrido más de 2,000 kilómetros desde Valencia, estado de Carabobo, hasta el principal acceso a Ecuador y lleva ocho días caminando.

«El sueldo no me alcanzaba para comprar medicinas y decidí salir de Venezuela para ayudar a mi mamá», afirma antes de romper a llorar por su situación, que comparten los cerca de 2,000 a 3,000 compatriotas, hasta 5,000 en los días álgidos, que cruzan este límite.

Es una frontera que solo en 2018 fue atravesada por más de un millón de venezolanos, de los que más de 220,000 no registraron su salida del país por puertos oficiales, según datos oficiales.

Venezuela afronta en el último lustro una grave crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas, productos básicos y servicios como electricidad o agua potable, inseguridad, que ha llevado a más de 4 millones a dejar su país y engrosar el movimiento más grande y rápido de personas en la historia reciente de Latinoamérica.

Ecuador. Es el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región. Para finales de año se estima que su población llegará a medio millón de personas.

Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina después de Colombia, Perú y Chile, y tiene una población estimada de más de 300,000, cifra que podría acercarse al medio millón para finales de año, según vaticina su cancillería.

Es además el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región.

Cada día cerca de una veintena de autobuses llega a la divisoria con Ecuador procedente de Colombia, donde comienza el éxodo por la región suramericana, aunque numerosos individuos solos o en grupo hacen el recorrido a pie.

Es el caso de media docena de hombres y mujeres en la veintena, que alcanzan casi desmayados el límite territorial con dos bebés y sus vidas en apenas dos maletas con ruedas y varios bultos que se han ido turnando en cargar en su largo trecho.

«Comenzamos hace 19 días», refiere a Efe Edison Mendoza, del estado de Lara, con su hija de año y medio dormida en su regazo.

Ecuador. Es el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región. Para finales de año se estima que su población llegará a medio millón de personas.

Su objetivo también es llegar a la capital peruana, donde tienen familiares, tras haber descartado Ecuador. «Porque no tener nada que comer nos ha motivado a recorrer todo esto, y lo que nos falta», comenta.

De acuerdo a un reciente informe de seguimiento del flujo de la población venezolana en Ecuador de la Organización Internacional (OIM), el 54.4 % de los venezolanos inició su viaje entre uno y siete días antes de llegar a los principales puestos fronterizos, donde el costo promedio del mismo fue entre $100 y $500.

Asimismo, el 46.3 % viaja solo, el 42.9 % con familiares y el 10.6 % con un grupo no familiar; y el 33.8 % de los encuestados en la frontera expresó su deseo de permanecer en el país, el 52.3 % planea radicarse en Perú y el 12.4 % en Chile.

Con una economía dolarizada y un envío regular de remesas a Venezuela que promedia los $20, Ecuador se ha tornado para muchos en una opción donde empezar de cero.

El perfil de los que en estos momentos ingresan a este país está cambiando respecto a los últimos años, según subrayan los organismos internacionales, con un aumento de las mujeres (44.7 %), y en su gran mayoría con el bachillerato acabado (43.6 %), cuando en años precedentes solía hacerlo un mayor número de licenciados.

«Podemos decir que en una primera etapa de la movilidad fueron los cabezas de familia, y ahora desde hace un año tuvieron sus recursos económicos y pueden hacer la reunificación familiar», indica a Efe Vladimir Velasco, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador (MIES), en la ciudad fronteriza de Tulcán, aledaña a Rumichaca.

A escasos metros del puente internacional, en la divisoria común, un autobús fletado por la OIM efectúa su última parada del trayecto desde Colombia y a sus escalerillas, un trabajador del organismo informa a los pasajeros venezolanos que descienden que se separen en grupos en función de los que se quedan en Ecuador y los que siguen recorrido a Perú, que desde el sábado exige visado humanitario.

Junto con el grupo de recién llegados, tres jóvenes maleteros venezolanos esperan sacarse unas monedas ayudándoles a cargar sus pertenencias hasta el área donde deben proceder a regular su documentación.

Reciben pesos y dólares de la nueva modalidad de pasajeros emigrantes, que les dan para tirar, «algunos días llegamos, otros no», refiere Lewis Cuello, de Caracas, si tienen suerte incluso envían algo a la familia en la República Bolivariana.

A ambos lados del cruce varios habitáculos de organizaciones internacionales, como ACNUR, UNICEF, Cruz Roja Internacional, Programa Mundial de Alimentos, ONG, gobiernos locales y cancillerías, se han convertido para muchos de los viajeros en parada y fonda en su trayecto.

Los niños juegan en espacios lúdicos y los mayores cargan sus celulares en un punto habilitado, chequean su salud o simplemente reciben alimentos en una espera que puede demorarse varias horas.

La mayor parte de los viajeros que atraviesan la frontera ecuatoriana lo hacen con cédulas de identidad y pasaportes, aunque el 2.5 % no posee documentos, especialmente menores, constatan las entidades responsables.

Entre inicios de febrero y finales de marzo de 2019, el Gobierno ecuatoriano exigió la presentación de antecedentes penales apostillados a los venezolanos que ingresaron en el país, medida suspendida por la justicia.

El viaje. El 46.3 % de los venezolanos que viaja a Ecuador lo hace solo, el 42.9 % con familiares y el 10.6 % con un grupo no familiar.

Pese a liderar esfuerzos regionales para hacer frente al fenómeno, abogando por una flexibilización y políticas de «brazos abiertos» a la población vulnerable, el presidente, Lenín Moreno, ha anunciado que se exigirá una visa humanitaria, siguiendo con el ejemplo peruano.

Desde Rumichaca parten al día en función de la demanda, entre cuatro y ocho autobuses humanitarios con destino a Huaquillas, en la divisoria con Perú, flujo que podría frenarse una vez que ha entrado en vigor la disposición adoptada por Lima.

Una plazoleta que alberga las instalaciones humanitarias en el cruce con Colombia se ha tornado en un gran recinto de espera donde se agolpan las familias venezolanas con sus pertrechos.

Génesis Camacho, de 24 años y oriunda de Zulia, espera su turno para poder alimentar a su hijo pequeño gracias al Banco de Alimentos. Viajó con su marido en autobús y piensa radicarse en Ecuador donde ya se encuentra toda su familia. «Éramos los últimos», asegura.

Cada vez se observan más casos de madres que migran con sus hijos, mayores o personas con discapacidad que en una primera etapa no se lo planteaban.

Una tendencia «creciente», según la alta comisionada adjunta de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Kelly Clements, que en su primera visita al país andino advirtió a Efe que la mayoría de los venezolanos en situación de movilidad por la región requiere de «protección internacional».

El éxodo masivo de venezolanos se aceleró a partir de 2016, se agudizó en los últimos dos años, en paralelo al pulso de poder entre el líder chavista Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.

Como en casi todo el continente, muchos comienzan en un cruce de caminos con un cartel que reza: «Soy venezolano, tengo hambre, por favor ayúdame».

Crisis desata deserción y hambre entre militares venezolanos

Ejército Bolivariano de Venezuela

Al ingresar hace dos años y medio a la Guardia Nacional de Venezuela, un joven sargento confiaba en que su vida daría un giro que le permitiría dejar atrás la pobreza sin imaginar que terminaría renunciando y dedicándose a cambiar neumáticos para reunir los ingresos que le permitieran alimentar a su familia.

En este país petrolero, ni siquiera las fuerzas armadas han logrado escapar a la crisis económica. Agobiado por las dificultades de mantener a su esposa embarazada y a su hijo de dos años, al delgado sargento de 21 años –que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar– no le quedó más que sumarse a los miles de militares que abrumados por la crisis han desertado o solicitado su baja para buscar un empleo más rentable o migrar a otros países como lo han hecho más de dos millones de venezolanos.

Los rigores de la crisis también han golpeado el núcleo de los cuarteles donde se ha reducido la dieta diaria de los uniformados, situación que obliga a muchos a llevar su propia vianda para desayunar o almorzar, o a extender sus permisos de salida para alimentarse en casa.

En algunas regiones, como la isla caribeña de Margarita, ya es común ver a jóvenes militares famélicos que visten uniformes verde oliva y caminan armados con fusiles, pero al amanecer van al mercado municipal de Conejeros, como muchos mendigos, a pedir a los comerciantes que les regalen verduras y frutas para poder comer.
“No sé cómo hacen mis demás compañeros para vivir, pero si no salgo de esto me moriré de hambre”, afirmó, decepcionado, el sargento al reconocer que su ingreso de unos $2 mensuales ya no le alcanza para alimentar a su familia ni para pagar el alquiler del apartamento donde reside en la ciudad central de Valencia.

Además, el joven militar admitió que al igual que el resto de la población se ha visto golpeado por la hiperinflación, que alcanzó en abril una tasa anualizada de 13.776 % según cálculos de congresistas opositores, y que llevó el año pasado a que seis de cada 10 venezolanos perdieran 11 kilogramos de peso en medio de una oleada de pobreza que ya toca a 87 % de la población, de acuerdo con un estudio de las tres principales universidades del país.
Por ello, para completar sus ingresos, el sargento de estatura baja y tez blanca tuvo que buscar un empleo en un taller de reparación de neumáticos donde suele cambiar llantas en sus días de descanso.

Desmotivados. El descontento de las bases se traduce en deserciones y bajas, no alcanza la entrega a la patria para poder comer.

“Lo que gano allí es más del doble de lo que recibo en la Guardia Nacional”, dijo antes de asegurar que cuando deje de lleno su puesto en la Guardia se dedicará solo a cambiar neumáticos para mantener a su familia.
En medio de la proliferación de informaciones en los medios locales sobre las detenciones de algunos altos oficiales descontentos y de denuncias sobre la crisis que golpea a los cuarteles, apareció a mediados de marzo el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en un acto en Fuerte Tiuna, el mayor de la capital, para anunciar la activación de un plan especial para atender a militares ante las dificultades económicas.

Durante el acto, Padrino López denunció la existencia de “intentos de división” en la fuerza armada, pero descartó que pueda darse un golpe de Estado en Venezuela. “A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide nadie”, sentenció.

A un día de las elecciones presidenciales, el mandatario Nicolás Maduro, quien busca la reelección, descartó la posibilidad de un golpe de Estado, y dijo durante un acto en el palacio de gobierno que el “imperialismo norteamericano” lo llama dictador para justificar una intentona.
“No saben lo que sería la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un todo, con el pueblo, frente a alguna intentona de algún traidor”, indicó el gobernante izquierdista en el encuentro con observadores internacionales.

Maduro reiteró sus críticas contra Estados Unidos, con el que mantiene tirantes relaciones, y dijo que la élite que gobierna Washington es como el “Ku Klux Klan detrás de nosotros”.
“Nos vilipendia, nos dispara, nos ataca, no enjuician, nos condenan”.

Las acciones del alto mando por tratar de paliar el impacto de la crisis entre los uniformados resultan insuficientes ante los rigores de la crisis que golpea a Venezuela, reconocieron algunos militares y sus familiares.

Sentada en un sofá en medio de la sala de un modesto apartamento de ventanas pequeñas que son utilizadas para colgar uniformes militares, Odalys Bermúdez, esposa de un sargento de la Guardia Nacional, admite con resignación que tiene que hacer “milagros” para mantener a sus cuatro hijos de cinco, seis, 10 y 12 años debido a que el sueldo de su pareja no alcanza para vivir.

La delgada ama de casa, de 30 años, indicó que para cubrir la alimentación y parte de los gastos de su familia debe pedir dinero prestado y vender helados y galletas en los alrededores de su edificio, ubicado a un lado de uno de los principales batallones militares de la ciudad central de Maracay.

“No sé cómo hacen mis demás compañeros para vivir, pero si no salgo de esto me moriré de hambre”, afirmó, decepcionado, el sargento al reconocer que su ingreso de unos $2 mensuales ya no le alcanza para alimentar a su familia ni para pagar el alquiler del apartamento donde reside en la ciudad central de Valencia.

Parte de lo que se consume en los hogares militares provienen del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que vende productos subsidiados, pero la mayoría de los alimentos los deben adquirir en los comercios privados a precios casi inalcanzables para los bolsillos de los uniformados, dijo la mujer.
Hasta la década pasada, los uniformados podían alimentarse sin dificultades en los cuarteles, pero la situación cambió debido a que las raciones y la calidad de los alimentos han mermado de manera drástica, según indicaron varios militares a la AP.

“Es dramática la situación social dentro de la fuerza armada”, afirmó Rocío San Miguel, presidenta de la organización local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, al reconocer que los militares venezolanos son los “peores pagados de Latinoamérica” con salarios mensuales que rondan entre $2 en los rangos más bajos y 11 o 12 para generales y almirantes. En contraste, los sueldos mensuales de países como México van desde $300 en los grados bajos hasta $6,000 en los superiores; y en Colombia desde los $75 en los rangos inferiores hasta los $4,700 en los superiores.

Ante el contexto de hiperinflación y de fuerte escasez de numerosos bienes que enfrenta Venezuela, San Miguel indicó que los miliares también se encuentran en la situación de alta vulnerabilidad.

Las dificultades económicas y sociales que padecen los miembros de las fuerzas armadas han desatado en los últimos meses retiros masivos y deserciones que se estiman en varios miles, afirmó Hernán Castillo, especialista en temas militares y académico de la Universidad Simón Bolívar. Según explicó, esto afecta la operatividad del grupo debido a que muchos cargos quedan vacantes o son asumidos por militares con menor experiencia.

Las fuerzas armadas venezolanas están integradas por unos 150,000 uniformados, según estimaciones de analistas. En el país suramericano miles de militares suelen desplegarse en las calles para planes especiales de combate a la delincuencia y represión de las protestas callejeras, así como para vigilar centros electorales.

Al ser consultado sobre los miles de pedidos de baja y deserciones y el impacto que esto genera en la operatividad del Ejército, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las fuerzas armadas, almirante Remigio Ceballos, declaró tajante a The Associated Press: “para nada, eso es mentira”.

Los retiros y deserciones comenzaron a multiplicarse a raíz de las violentas protestas antigubernamentales del año pasado en las que los militares jugaron un papel fundamental para garantizar la permanencia en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien buscará la reelección en los comicios del próximo 20 de mayo.

La fuerte represión de las protestas que dejaron al menos 120 muertos y varios centenares de heridos, la proliferación de los casos de militares implicados en casos de robos, contrabando, asesinatos y tráficos de drogas, así como la politización de la Fuerza Armada ha exacerbado el malestar dentro de los cuarteles, reconocieron los analistas.

Si bien es frecuente ver a Maduro en actos públicos acompañado del alto mando militar en una muestra del sólido respaldo a su gobierno, el abogado Alonso Medina Roa, fundador de la organización Foro Penal Venezolano que representa a algunos militares detenidos, afirmó que hay “muchos integrantes” del Ejército que no están de acuerdo con la manera en la que el mandatario conduce el país. Medina Roa indicó que el descontento no solo se expresa en las renuncias y deserciones, sino también en reuniones privadas que han sostenido algunos oficiales y que las autoridades han catalogado como “actos de conspiración”.

En discordia. Las máximas autoridades insisten en que a la Fuerza Armada Bolivariana no la divide nadie, pero esto no ha sido suficiente para acallar los rumores de golpe de Estado.

Medios locales y organizaciones dedicadas al estudio del crimen organizado reportaron en 2017 la detención de cerca de medio centenar de militares presuntamente implicados en hechos delictivos. En lo que va de este año han sido apresados al menos 90 altos oficiales y personal de tropa profesional por participar en supuestos complots contra el Gobierno, precisó el abogado que tiene a su cargo la defensa de algunos de los detenidos.

La difícil situación económica que enfrenta la tropa y oficiales medios contrasta con la posición de poder que mantienen algunos altos oficiales que controlan casi la mitad de los 32 ministerios y otros organismos estatales, el principal programa estatal de abastecimiento de alimentos y la corporación estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), corazón económico del país. Algunos medios han difundido reportes sobre altos oficiales que viven en exclusivas urbanizaciones de Caracas y llevan una vida de lujos que no coincide con sus ingresos.

Atrás quedó el recuerdo de mejores años, en pleno auge de la revolución chavista a inicios de siglo, en que todos los militares eran identificados como un grupo privilegiado al que el Gobierno les daba, además de importantes cargos en diferentes ministerios y empresas estatales, viviendas, vehículos y electrodomésticos con condiciones especiales de financiamiento.

Al preguntarle al joven sargento si ha recibido alguno de esos beneficios, el uniformado soltó una carcajada y señaló con ironía hacia sus desgastadas botas negras: el único recurso que tiene para transportarse al trabajo.