Los índices de trabajo infantil han aumentado tras la cuarentena

Fotografías de Michael Huezo

Aquí hay un salón con guitarras que hace tiempo nadie toca. Hay otro con libros, que apenas han sido abiertos. Hay una cancha de fútbol rápido y también un área de juegos. Este solía ser un lugar seguro en donde por lo menos 200 niños de entre los 7 y los 18 años encontraban los alimentos que escaseaban en sus casas desde antes de la cuarentena por covid-19. Y, también, encontraban asistencia para resolver tareas. Este lugar es la casa hogar del programa Ángeles Descalzos y está ubicado cerca del Mercado Colón, en Santa Ana.

Lucy Luna es directora ejecutiva de la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR), que es la institución que ha puesto en marcha el programa Ángeles Descalzos. El objetivo con el que nació fue el de aumentar las horas de los niños en la escuela y restar las de trabajo, y por trabajo se entiende el que es en ventas ambulantes, en las cocinas del mercado, en las verdulerías o cargando bultos. Este es un contexto que reúne una gran variedad de riesgos.

En el camino, las personas que laboran aquí no solo se dedicaron a reducir el trabajo infantil, también notaron que, aunque los niños pasaran más tiempo en las instituciones educativas, había otros factores que reducían su competitividad, uno de ellos: el acceso a alimentación. Por esto, se convirtieron en un espacio en donde se comía, se estudiaba, se hacía deporte y se platicaba. Aquí, con el salón de las guitarras y el de los libros, hay una sala de crisis. En este lugar, con asistencia de un profesional en psicología, muchos niños han contado sus traumas, sus peores experiencias con el abuso, el maltrato o la violencia.

En medio de una zona de comercio, aquí, desde el portón metálico hacia adentro, los niños encontraban lo básico para poder ejercer su infancia. Pero esto cambió con la pandemia.

Luna cuenta en esta entrevista cómo la institución ha intentado adaptar sus funciones a la dinámica eminentemente virtual de la pandemia. Pero hay servicios en los que la presencia era una parte fundamental en la correcta ejecución. Los niños, cree Luna, están ahora expuestos al virus y a los riesgos sociales. Ha habido, para ellos, un retroceso importante en la calidad de vida. Este es un factor que, para Luna, no se está tomando en cuenta al elaborar las políticas a seguir.

¿Cómo era un día normal en Ángeles Descalzos antes de la pandemia?

Estaba abierto de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Teníamos dos turnos, para poder atender a los que estudiaban en la mañana y a los que estudiaban en la tarde. Nosotros los recibíamos, dejaban sus bolsones, les dábamos su refrigerio nutritivo, porque muchos no tienen acceso a alimentos en sus casas, y, después de eso, se distribuían en las diferentes clases de refuerzo. Unos iban a liderazgo, otros con el psicólogo, y algunos más se iban a la parte deportiva. Cada uno de ellos, de acuerdo a su propio contexto y necesidad, se atendía en una sección distinta. Había recesos entre las clases. Y les dábamos almuerzo para que todos se fueran a sus clases, en la escuela o aquí, con la pancita llena.

¿Qué servicios tenían disponibles?

Trabajamos en cuatro áreas de atención. Una es la parte psicoemocional del niño, damos atención al trauma, esto es muy importante por las condiciones de trabajo ellos tienen y por las condiciones de violencia a las que deben enfrentarse en el mercado y en sus casas. También atendemos la parte educativa, los ayudamos a nivelarse para que no deserten de la escuela, se mantengan ahí y disminuyan las horas laborales. A la vez, trabajamos la parte artística y deportiva, con una cancha de fútbol y un programa de magia. Y la cuarta área es la parte social, que trabajamos con la familia, con los vendedores.

Nuestras educadoras encuentran la manera para trabajar con ellas a la hora que se pueda, les dan las 10, 11 de la noche resolviendo tareas. Porque las mamás no tienen cómo hacerlo. Esta es una realidad en las familias en las que los niveles educativos son bajos. No pueden, aunque quieran, ayudar a sus hijos.

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¿Qué pasó aquí ese día de marzo cuando ya no pudieron recibir a los niños?

Nos tomó de sorpresa, como a todos. Nos llevó un tiempo procesar la situación. Se nos ocurrió comenzar por hacer un directorio para sondear varias cosas. Primero, pensamos que a lo que le teníamos que poner atención era el tema educativo, necesitábamos saber si todos nuestros niños iban a poder tener relación con sus maestros. La otra prioridad, que iba casi a la par, era verificar que estuvieran comiendo, porque muchas familias ya estaban desabastecidas desde antes de que llegara la cuarentena. Y, luego, había que ver qué se podía hacer con el tema económico, teníamos que conocer qué había pasado con los negocios. Si las familias estaban trabajando, de qué estaban trabajando. Así, con esa información, empezamos a discutir estrategias para no perder la relación con los niños y niñas.

¿Tienen los niños suficientes recursos para sacar adelante las actividades escolares?

No, la verdad es que la mayoría de personas con las que nosotros trabajamos sacan menos de un dólar de ganancia al día. Y, generalmente, tienen que vivir casi de prestar dinero o de prestar verduras para venderlas. No tienen, nunca han tenido, lo suficiente para poder comer. Algunas madres nos empezaron a llamar desesperadas para decirnos que no tenían alimentos y que lo que estaban haciendo era dormir a sus hijos temprano para que no les pidieran comida. Otras solo hacían un tiempo. Unas más salían a buscar basura. En ese primer momento, vivimos una situación realmente caótica. Ahora sabemos que el 80 % de las familias de nuestros niños y niñas se quedó sin empleo, sin fuente de ingresos. Sin ningún recurso y sin alimentación, esta es la situación en la que estamos con ellos.

¿Cómo procedieron en ese primer momento de crisis?

Lo primero fue darle soporte al equipo en la parte emocional, porque ninguno estaba con la fuerza suficiente para saber qué hacer ante lo que se nos venía. Después, comenzamos a hablar con las mamás y los papás. Así, nos dimos cuenta de que no, de que el tema era alimentos, que los niños y las niñas prácticamente estaban ya desabastecidos. Pasaban hambre. Y le teníamos que dar prioridad a esto. Necesitábamos hacer asequibles los alimentos. Ya con esto en mente, trabajamos en conseguir alimentos que sirvieran por lo menos para 40 días y fueran nutritivos y adecuados para los niños y las niñas. Cuando los tuvimos, empezamos a gestionar y a citar a las familias de cinco en cinco para entregar los paquetes.

¿Y qué pasaba, mientras, con la continuidad escolar?

Una vez tuvimos hecho lo de los alimentos, pasamos al tema educativo. Comenzamos a averiguar la situación de las escuelas, la situación de acceso a Internet, de acceso a teléfonos. Nos dimos cuenta de que el 70 % de niños y niñas no tenía acceso, no tenía teléfonos inteligentes y que, entonces, tenía que pagar de uno a tres dólares para poder conectarse, para, así, ver las guías que les estaban dejando. Eso para verlas, resolverlas era otra cosa. Aquí, tenemos que partir de que las familias de nuestra zona no tienen cómo alcanzar el sistema educativo. Nosotros tampoco hallábamos la manera de ayudarles a todos en eso. Entonces, se nos ocurrió comenzar a facilitarles las guías, nos rebuscamos para entregarlas impresas. Hicimos una pequeña oficina en la casa de una compañera educadora que vivía en la zona y con ella armamos una forma de darles las guías a las familias para que las tuvieran. Ya la asesoría para llenarlas la dimos en línea a quienes podían y presencial para los que no tenían otra forma, otro recurso. Estas fueron las dos medidas que tomamos y que mantenemos, por el momento.

Ahora bien, algo que nos ha costado mucho es indagar cómo están en la parte emocional los niños y las niñas. No hemos tenido comunicación directa, en muchos casos, solo hablamos con las mamás y lo que ellas nos han ido contando nos preocupa muchísimo.

 

¿Qué es lo que intuyen que pasa a ese nivel?

Las mamás, con la cuarentena, se hicieron más conscientes de que la situación económica desesperante las estaba llevando a una situación de estrés. Esto las tenía completamente agotadas. Además, se hizo más evidente que ellas no tienen la paciencia o los conocimientos suficientes para estar ayudándoles a sus hijos. Esto ha estado llevando a que caigan en el maltrato y la violencia. Y esto no es solo de madres o padres a hijos. Es, incluso, de niños hacia niños. Y fue así como decidimos, poco a poco, retomar el programa de atención psicológica.

Fotografías de Michael Huezo

¿Qué tipo de manifestaciones de estrés se ve en los niños?

Problemas para dormir, ansiedad e hiperactividad es lo que se puede ver en los niños. Pero, empieza en las mujeres. Los problemas en ellas están agudizados porque son responsables de llevar seguridad y alimento a sus hijos. Cuando todo se cerró, ellas ya no pudieron ni ir a buscar botellas o material para reciclar y estaban sin ningún ingreso. Los niños estaban encerrados y eso generaba mucha tensión. Eso pasaba durante la cuarentena. Ahora que hay reapertura económica, aparece el otro extremo del problema, que es que, como no hay escuelas presenciales, entonces los niños y las niñas pueden estar, más que todo, en la calle. Este es un gran riesgo, porque ahí hay acoso, abuso sexual y otros peligros que se agudizan.

Con la reapertura económica, además, muchos de los padres y madres se han traído a sus hijos a trabajar. No hemos podido sacar números, porque no hemos podido hablar con ellos directamente. Pero hay madres que nos han dicho que continuar estudiando representa mucho gasto y, entonces, mejor se los han llevado a todos a trabajar. Uno con los dulces, otro vende los chocolates y la mamá con el canasto.

¿Han aumentado la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil?

El problema es que hablar con los niños y niñas para preguntarles a ellos cómo se sienten ha sido difícil, pero hablando con las mamás, ellas nos dicen que si el niño les pedía que le ayudaran con la tarea, y ellas realmente no tenían cómo ayudarles, lo que hacían era castigarlo, pegarle. Hay mamás que no han estudiado suficientes años como para poder ayudar a resolver las guías. Y los niños necesitan esa asesoría. Por esto las mamás nos han buscado para decirnos que intervengamos, porque la situación es tan caótica que ha habido casos en los niños les pegan a sus hermanos, se pelean por material escolar, porque no es suficiente. Tuvimos el caso de un niño que amenazó a su hermano con un cuchillo. La mamá nos vino a buscar para que le ayudáramos a manejarlo. La realidad de las mujeres aquí es muy difícil. Trabajan todo el día y llegan a las 7, 8, 9 de la noche a casa y, a esa hora, tienen que sentarse a hacer tarea y, a esa hora, se dan cuenta de que no tienen el material, o no tienen la habilidad y se sienten frustradas. Nuestras educadoras encuentran la manera para trabajar con ellas a la hora que se pueda, les dan las 10, 11 de la noche resolviendo tareas. Porque las mamás no tienen cómo hacerlo. Esta es una realidad en las familias en las que los niveles educativos son bajos. No pueden, aunque quieran, ayudar a sus hijos.

Ahora que hay reapertura económica, aparece el otro extremo del problema, que es que, como no hay escuelas presenciales, entonces los niños y las niñas pueden estar, más que todo, en la calle. Este es un gran riesgo, porque ahí hay acoso, abuso sexual y otros peligros que se agudizan.

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Este era un lugar seguro para niños y niñas, ¿con qué se está sustituyendo lo que encontraban aquí?

Esta es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Estamos ahorita atados de manos, hay una regulación que dice que no podemos atender niños, porque eso es causa hasta de multa y por eso hemos tomado medidas. Sabemos que nos necesitan. Así que hacemos atenciones en grupos pequeños, hacemos intervención casa por casa, se ha cambiado todo el protocolo de atención. Sabemos que este espacio significa seguridad para los niños y las niñas y, ahorita, no lo tienen. No tienen escuela ni este espacio y están más vulnerables que antes. Y eso lo vemos en que los índices de trabajo infantil han aumentado tras la cuarentena. Este programa nació, de hecho, para ofrecerles una alternativa y que bajaran sus horas laborales y como ahorita, prácticamente, no tienen nada, han tenido que regresar a la venta. Otros están en sus casas encerrados con sus agresores y otros, que nos hemos dado cuenta, andan vagando, en las calles y ahí está el peligro de que los secuestren o de sufrir agresión sexual. Todos estos riesgos son más reales para ellos que viven aquí, esta es una de las cosas en las que estamos queriendo sensibilizar a los actores. Los niños no tienen un espacio seguro en este momento, es muy preocupante para nosotros.

Una buena parte de los delitos sexuales se comete en casa de la víctima. ¿Han tenido indicios de que este delito haya afectado más a los niños y niñas del programa?

Estamos dándole énfasis a las niñas en salud sexual reproductiva. Estamos repartiendo cajas lúdicas para que las niñas puedan tener información y puedan tomar una decisión acertada. Una caja lúdica es en la que viene material, guías de trabajo, juegos, material para que ellas hagan su propia guía en salud sexual reproductiva. Sabemos que están vulnerables. Es por ello que queremos que tomen decisiones asertivas. Queremos que sepan identificar zonas de protección. Por ejemplo, hemos establecido claves, códigos a la hora de hablar para que ellas puedan decirle a sus maestros o a la psicóloga que están cerca del agresor, que su padrastro las viola o las molesta, sin que ellos sepan. Estamos buscando la manera de que nos puedan decir a nosotros la situación, pero sin exponerse. Sabemos de abusos que se han dado en el marco de conseguir materiales para continuar la educación, como cuando el vecino le dice que puede usar la computadora y esta persona aprovecha la ocasión para el abuso.

Fotografías de Michael Huezo

Ante una eventual recuperación, ¿en qué aspecto se van a enfocar?

Lo que más les ha afectado a los niños y niñas de aquí es el trabajo infantil. Con la cuarentena, las familias se quedaron sin trabajo. Ahora que ya se reactivó esto, se han tirado a la calle y se han traído a sus hijos hijas para vender, porque la mayoría de ellos tiene préstamos y lo que hacen en el día no les genera lo suficiente para cumplir con esas obligaciones y para pagar todo lo demás. El trabajo, de esta manera, hace crecer la vulnerabilidad en que los niños se encuentran.

De aquí a diciembre, ¿cuál es el plan? ¿Qué piensan ejecutar?

La misión uno es el tema educativo. Queremos que terminen su año escolar y vamos a seguir trabajando en hacerles asequibles las guías de estudio, en darles los materiales que necesitan. Vamos a seguir trabajando en darles las canastas alimenticias a los que se quedaron sin negocio y sin nada. Y, para ellos, estamos trabajando un programa de acceso a capital. Para que puedan mejorar en el tema de deuda. Y lo otro en lo que queremos ayudar es cómo pueden diversificar sus negocios, esto es lo más difícil. El sector informal no ha sido tomado en cuenta y queremos respaldar, sobre todo a las mujeres, para que puedan tener capital, pagar sus deudas y hacer negocios diferentes.

Ser niño en el Triángulo Norte y desaparecer

Ilustración de Moris Aldana

No es para llenar ficha de registro. Tampoco es para que forme parte de un cartel de bienvenida. Aquí, en esta sede de un programa de refuerzo escolar ubicado en la zona Occidental de El Salvador, no hay para las formalidades o el despilfarro. Pero, a cada niño que es admitido, le toman una foto. Lo hacen por si desaparece. Por si toca, con esa imagen en mano, buscarlo vivo, entre amigos; o muerto, entre matorrales.

Entre enero y julio de 2019, fueron reportadas como desaparecidas 1,798 personas en sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) en El Salvador. De estas, en medio millar de denuncias la víctima tiene entre 0 y 17 años de edad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño recoge, desde 1989, el concepto de interés superior del niño. De este principio garantista se desprenden medidas especiales de protección a la niñez vulnerable. Entre las que están las alertas inmediatas por desaparición.

En el Triángulo Norte, la región compuesta por tres países que son zona de tránsito y punto de partida de migraciones, estos sistemas de protección, como las amenazas de las que son víctimas los niños y adolescentes, no deberían limitarse por fronteras, así ha quedado escrito en varios informes. Cada uno de los sistemas de alerta inmediata de la región, sin embargo, funciona con separaciones, diferencias y deficiencias.

En El Salvador, la alerta temprana recibió el nombre de Ángel Desaparecido y fue presentada en octubre de 2013, con la promesa de difundir los boletines «en noticieros de televisión, cintillos en programación por cable, mensajes de texto en teléfonos, cortinas radiales, espacios en medios impresos y digitales y difusión por medio de redes sociales». De esto, a la fecha, solo está disponible, con cierta frecuencia, la parte de las redes sociales y algunas vallas en las calles.

La colección de fotos que se expone en la página web de la alerta Ángel Desaparecido da la razón al personal del programa de refuerzo escolar. Las hay borrosas, rotas, con manchas. Hay niños a los que se busca a medio rostro. Marcados, hasta ahí, por la falta de oportunidades. No hubo quien les hiciera un retrato de carita.

«El tema de los desaparecidos, para nosotros, ha sido súper difícil por tema de recursos, porque requiere una investigación que nadie quiere hacer y porque nosotros trabajamos con familias que, aunque ahora sea más fácil por los teléfonos, de verdad, no tienen una foto de sus hijos», cuenta la directora del programa mientras, afuera, un grupo de niñas juega fútbol.

La bulla por el desarrollo de una mañana deportiva es casi ensordecedora. En un rato, los estudiantes se calman y almuerzan todos en mesas colocadas al centro de una terraza, desde donde se puede ver un horario de actividades que va entre el arte, el refuerzo escolar y la ayuda con las tareas. El lugar desde el que habla la directora es una remodelación reciente. Hace poco tiempo consiguieron dinero para poner muebles a esta habitación calurosa. La adecuaron lo mejor que pudieron con colores, cojines, juguetes y un ventilador. Es un cuarto de crisis. Sirve para atender a los niños o a sus familiares cuando «algo pasa». Ese «algo» es violencia intrafamiliar, violencia pandilleril, agresiones sexuales o la desaparición de una persona cercana.

En El Salvador no existe un delito de desaparición ligado a la violencia actual. Así que el grueso de casos que recibe la Fiscalía General de la República se canaliza por el delito de privación de libertad, que es en donde se acumulan, ante la falta de una figura adecuada, estas víctimas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 se han recibido más de millar y medio de denuncias este tipo. De estas, 551 han sido por víctimas entre los cero y los 17 años de edad. Es decir, un 31 % de los desaparecidos ha sido menor de edad.

Ilustración de Moris Aldana

A los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras los acorralan problemas como la migración forzada y la violencia. Ambos muy ligados a las desapariciones. Pero, estas desapariciones actuales no tienen cabida en ninguno de los tres códigos penales.

«La desaparición es un ejemplo de cuando importa que aparezca el cuerpo y cuando no importa. Si la desaparición no es delito, entonces es muy ‘útil’, entre comillas, para los actores violentos; lo hace funcional», explica la investigadora y catedrática en el Centro de Latinoamérica y el Caribe, del London School of Economics en Inglaterra, Jenny Pearce, en una entrevista publicada en el medio digital guatemalteco Plaza Pública.

Estos países no han creado el delito ajustado al contexto de cómo esta amenaza ha crecido entre los habitantes. El Salvador y en Guatemala aventajan a Honduras solo en que sus códigos penales tipifican la desaparición forzada, que se distingue por la participación de cuerpos de seguridad estatales.

En el caso de El Salvador, la alerta Ángel Desaparecido es un intento por reducir ese vacío en el que caen las denuncias. Activar una alerta debe implicar compartir información con la Policía Nacional Civil, con la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y con medios de comunicación en las primeras horas de denuncia. Está estipulado que la emergencia alta dure 48 horas, tiempo en las que la institución debería recoger información para realizar un posible rescate y también para investigar y procesar a posibles responsables. Tras este plazo, el aviso no desaparece, se mantiene, en teoría, activo.

Muy lejos de los 551 casos de menores de edad desaparecidos incluidos en los registros de enero a julio de 2019, en la página web, la FGR tiene activas alertas nada más para 25 niños. Para los otros 526, el 95%, la página web no da cuenta ni de cartel ni de alarma. Es en este amplio porcentaje es que caben historias como la de Nelson, un adolescente que ya lleva casi año y medio desaparecido sin que se le haya creado un boletín.

Y el caso de Nelson, al menos, está contado entre los registros de la zona metropolitana de San Salvador. Hay otro grupo aún más silenciado. Estos son los niños que viven al margen del sistema de protección y para los que ni siquiera se ha podido generar una denuncia. Han desaparecido sin dejar rastro. Son casos como los M, A y C, adolescentes todos, que residían en los cordones vulnerables y pobres del interior del país.

M, A y C eran parte del programa de refuerzo escolar. Son de los que forman ese grupo de beneficiarios que, recuerda la directora, se le han desaparecido durante la última década. «Entre las familias que atendemos, el principal problema para buscar un cuerpo es que no tienen fotografías», explica desde el pragmatismo.

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NO PUEDE HABER PRECISIÓN en lo que se publique sobre M. Baste acá comenzar en la misma salita de crisis en el que la directora calcula en tres el porcentaje de niños del programa que han desaparecido sin que se pueda denunciar ante la Policía o ante la Fiscalía.

M vive. Es uno de los dos casos del programa que, recuerda la directora, han podido volver de una desaparición. M todavía no es mayor de edad, y lleva cicatrices que le atraviesan el cuerpo en zonas vitales. Habla suave, despacio, sin alteraciones y, casi siempre, mira hacia cualquier lado, menos a su interlocutor.

Hubo una época en la que M estudiaba y venía al programa. Lo hizo hasta donde pudo. Hasta cuando tuvo que ayudar a su mamá con la venta para pagar la luz, el agua, la casa, y la comida para sus hermanos menores. Así, comenzó a vender ambulante. Así, un mal día, se salió del límite. Llegó al territorio de la pandilla contraria a la que predomina cerca de su casa y fue interceptado.

Pasaron varios días sin que su familia supiera de él. En ese tiempo, fue torturado. Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya habían pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

«Lo primero que hacemos es pasar un aviso a toda la red de apoyo que tenemos», explica la directora y asegura que no obligan a ninguna familia a colocar una denuncia en la Fiscalía o en la Policía, porque, reconoce, es un riesgo. La sede del programa es una especie de tregua en una zona en donde la institucionalidad es la pandilla. Acercarse a una delegación es un riesgo cuyos beneficios es necesario evaluar.

«Activamos las redes sociales anunciando que tenemos a un desaparecido y empezamos a hacer una pequeña labor de investigación con la trabajadora social. Nos acercamos a la gente de las pandillas locales para saber si nos pueden dar alguna información», continúa. La directora cuenta que cuidan a las familias del maltrato que puedan recibir en las instituciones, como la Policía, al obtener respuesta del tipo «era pandillero», si la víctima es niño; o el «ha de estar con el marinovio», si la víctima es niña. Y cuidan también a las familias de correr otros riesgos.

«Ha habido casos en los que hemos logrado saber, preguntando a la gente de aquí cerca, en donde han ido a dejar el cuerpo, pero la familia no lo puede ir a sacar, porque también la matan», en estas situaciones, cuenta la directora, queda dar atención psicológica y acompañar. Lo hacen acá, en la salita de la crisis que ahora, escuchándola, se hace tan indispensable. «El sistema no funciona para personas como las que llegan a nosotros. Si vamos, nos dicen que busquemos en Medicina Legal. Le dicen a la familia que busque a sus niños muertos».

Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya había pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

El hallazgo de un cementerio clandestino hizo que, el 16 de septiembre, el fiscal general de la república, Raúl Melara viajara al cantón Guarumal, en Villa Lourdes, municipio de Colón, a unos 20 kilómetros de la capital. Ahí, ante una tierra que oculta los restos de quizá seis, quizá ocho, quizá 20 personas, el fiscal afirmó en rueda de prensa: «Detrás de cada víctima, hay una familia que sufre». Se refería a las desapariciones, un tema al que decidió darle atención desde poco después de haber asumir el cargo, en enero de este año. En Twitter, es uno de los principales promotores de la etiqueta #CadaPersonaCuenta.

En el cementerio clandestino Melara explicó que la institución está trabajando en establecer convenios con las empresas de telefonía para que las alertas lleguen a toda la red celular. «Queremos que esto llegue a todas las personas a lo largo y ancho del país y, de alguna manera, poder facilitar no solo la denuncia de cementerios clandestinos, como lo estamos viendo hoy, sino también poder encontrar a personas con vida», dijo.

A M lo hallaron así, con vida. Pero fue un mero asunto de la suerte de que no se desangró y la casualidad de que, ese día, en ese momento, alguien que pasaba por esos matorrales lo vio y dio aviso. M fue llevado a un hospital como un desconocido. Pese a que era evidente su corta edad, no se buscó a su familia. La madre de él lo encontró por sus medios.

Ilustración de Moris Aldana

Tras varios meses ingresado, M fue dado de alta. Aunque desde ese episodio ya pasaron años, M todavía no es mayor de edad. Las secuelas no solo son las cicatrices, también habla desde la falta de miedo a la muerte. ¿Qué más le puede pasar después de haber sido abandonado en la calle como si fuera restos?

Le preocupa, sí que le cuesta hacer pipí. Porque le duele. Le molesta. Sus cicatrices en cuello y pecho son gruesas, largas, inflamadas, desmoralizantes. Pero desde que salió aquella vez del hospital, nunca volvió a ver a un médico para recibir tratamiento para sus lesiones físicas o emocionales.

Aunque no forme parte de esos 2,625 menores de edad víctimas de privación de libertad reportados entre enero de 2016 y julio de 2019 en la Fiscalía, M lo está. Porque M debe limitarse a moverse solo entre las cuatro o cinco cuadras cercanas a su casa para que, los que ya le hicieron daño la primera vez, no vengan a terminar de matarlo. En este perímetro, no hay un centro de salud. Sí hay una delegación de la PNC, pero de muy poco le sirve.

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LA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO tiene letra pequeña. «Si él o la adolescente deciden por voluntad propia abandonar su hogar por problemas familiares o rebeldía, no aplicará para activar la alerta», se lee en una sección al estilo «preguntas frecuentes» que está colgada en la página web.

Lo que sigue se lee como advertencia, descargo, exceso de sinceridad o indicativo de arbitrariedad: «Tome en cuenta que la activación de la alerta queda bajo el análisis de la Fiscalía General de la República quien debe definir la modalidad del delito, según las leyes y la Constitución».

Nelson Alexander López salió enojado. Lo reconoce su madre. Ese 26 de abril de 2018, tuvo un desencuentro con su padre porque quería una cantidad de dinero que le fue negada. Y, entonces, se fue, dejó aquel taller en donde laboraban ambos. Desde ese día, su familia ha seguido todos los pasos que ha podido para que el Estado les ayude a buscarlo.

Fuente: Fiscalía General de la República

«Se puso la denuncia, pero no la recibieron. Yo le dije al papá de mi hijo que volviera a ir, que fuera a que se lo buscaran inmediatamente, por ser un menor de edad. Aún así, le dijeron que no, que tenía que esperar», cuenta la madre de Nelson. El primer lugar en el que intentaron avisarle a las instituciones de que Nelson estaba desaparecido fue una delegación de la PNC ubicada en Santa Tecla, a menos de 10 kilómetros de San Salvador.

La madre de Nelson forma parte de una organización que reúne a más como ella: madres que buscan a sus hijos a contracorriente del sistema y, esta mañana, es parte de una actividad realizada por varios comités de búsqueda en el marco del Día de la Desaparición Forzada en donde se habla, también, de los resultados del Protocolo de Acción Urgente (PAU).

Este documento fue presentado en diciembre de 2018 como una manera de regir las actuaciones institucionales desde el primer momento en que se presenta una denuncia por desaparición. Es un esfuerzo respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por rescatar la posibilidad de acción en las primeras horas. «Las actuaciones previstas en el Protocolo se realizarán con la debida diligencia y de una manera ágil y oportuna. Se evitarán obstáculos que impidan o dilaten injustificadamente la búsqueda de la persona desaparecida», se lee en el punto titulado «Celeridad».

Para Nelson, las palabras del protocolo no llegaron a tiempo. En ese abril de 2018, la que investigó hasta que encontró videos en los que se mira a Nelson caminando por una plaza fue su madre. Ella fue hasta esa plaza y habló con la gente del lugar, hasta que halló a una vendedora que, tras ver la foto, le dijo que sí lo había visto. Con eso grabado en su celular, cuenta afuera del salón de eventos en un hotel capitalino, volvió a la delegación policial. «Mire cómo va caminando, ve», dice que le dijo un agente en referencia a una manera de andar que estaba relacionando, ahí, frente a ella, con las pandillas.

El día siguiente, la madre de Nelson regresó a la plaza a solicitar los videos originales, pero le dijeron que habían sido borrados. También volvió a hablar con la vendedora, quien no quiso involucrarse en un proceso de investigación. «Y yo digo que si le hubieran dado seguimiento, las autoridades hubieran visto que ahí estaba. Hubieran preguntado a la gente de cerca, algo, no sé, hubieran buscado pistas».

Entre la desaparición y esta entrevista, han pasado un año y cuatro meses en los que la familia no ha sabido nada de Nelson. Cuando esta madre le llama al detective que en la actualidad tiene asignado el caso, lo que logra es que él le pregunte si ella ha conseguido alguna pista nueva que permita reactivar la investigación.

«Niños desaparecidos en Centroamérica» es un análisis que ya advierte un vacío: «Las agencias del orden público con frecuencia consideran que los casos de niños fugados suelen resolverse solos y, en consecuencia, les dan poca prioridad, a menos que existan pruebas contundentes de que el niño está en peligro inminente. A menudo, la mayor parte de los casos de niños desaparecidos son niños fugados, y ellos también merecen la atención de los organismos encargados del orden público». El estudio está respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF).

El Protocolo de Acción Urgente ha venido a ser como una guía que faltaba para definir quién es quién en la búsqueda. Mientras que a la Fiscalía le corresponde dirigir la investigación, a la policía le toca «impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, identificar y aprehender a los autores o partícipes y recoger las pruebas». Con Nelson, dice su madre, esto no ha sucedido así.

La madre de Nelson quiere que se conozca el nombre de su hijo y que se le ayude a buscarlo, pero no quiere que se publique el de ella. Tiene miedo. Intenta proteger a su otros dos hijos. La pregunta, trillada, pero necesaria es cómo se siente viviendo en esa disyuntiva.

-Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

Ser madre es buscar a uno, sin perder a los otros.

Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

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«LA PRINCIPAL LIMITANTE que tienen los sistemas de alerta de cada país es que su alcance es solo nacional», reconoce la jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), Violeta Olivares. Ella, para compartir información de casos transnacionales prefiere hacer uso de grupos de What’sapp con otros fiscales de la región, porque la gestión se hace más expedita.

A es una adolescente, una niña del programa de refuerzo escolar que en su sede tiene una salita de crisis. Está en los 16 años, pero muy lejos de cualquier cosa que se parezca a una fiesta. Un día, cuenta la directora del programa, A dejó de venir y le perdieron la pista. Preguntaron por ella en la zona, pero nadie dio cuenta.

Con la desaparición de A no hubo denuncia. En El Salvador no había nadie de su familia para presentarla. Estuvo desaparecida por meses, al margen de cualquier registro. Un día, por fin, llamó.

A se fue en una de las caravanas que partieron de El Salvador y pretendían llegar a Estados Unidos. Huyó con un hermano apenas mayor de edad, el hijo de este, de tan solo meses de nacido, y otro hermano de menos de 5 años.

Este grupo, formado por un adulto muy joven y tres menores de edad, cruzó fronteras entre El Salvador y Guatemala y entre Guatemala y México. Fue en este último país en donde el único adulto del grupo desapareció.

El 23 y 24 de enero de este año, Guatemala fue la sede de un intercambio de conocimientos en torno a cómo enfrentar las desapariciones en el que participaron más de 50 representantes de instituciones de seguridad pública del Triángulo Norte y, además, México y Colombia.

En esa ocasión, se expusieron avances. Y, de acuerdo con lo publicado en el sitio InfoSegura, Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala, cerró el Foro diciendo que: «El intercambio ha sido una oportunidad para aprender cómo mejorar el registro de personas desaparecidas, evitar errores y ver cómo funcionan otros sistemas».

Pero entre estos tres países hace falta más que intercambio. Claudia Hernández es directora de la Fundación Sobrevivientes, una de las que más empujó que se creara, en 2010, la Alerta Alba Keneth para menores de edad desaparecidos en Guatemala. Desde ahí explica que Guatemala es un corredor por el que pasan migrantes desde toda América Central y, principalmente, de El Salvador y Honduras: «Nuestro país tampoco es muy seguro, hay mucha gente desaparecida cuya última ubicación ha sido aquí, hay mucha niñez migrante que desaparece o se queda sola aquí».

Dos de los temas que más se discutieron en el foro fueron la concentración territorial y el registro de casos. Al respecto, las autoridades de cada país expusieron proyectos que, a siete meses del encuentro, van empezando a verse como deudas.

La más sensible es la de Honduras que, desde marzo de 2018 anunció la creación de la alerta Amber como un «mecanismo para que, en las primeras 24 horas de la desaparición de un menor, se emita una la alerta a través de diversos medios de comunicación», Aunque desde 2015 existe una ley que manda su creación, esta alerta aún no es funcional. Por el momento ninguna autoridad hondureña está elaborando carteles de niños desaparecidos ni hay una ruta para difundirlos.

Solo en 2018, 696 menores de edad se denunciaron como desaparecidos en El Salvador. En Guatemala, en el mismo año, hubo 5,704 alertas Alba Keneth, de las que, al final del año, 1,349 seguían activas. En Honduras, la única institución que registra la desaparición de menores de edad es la Interpol, y, para el año pasado registró 476 casos.

Pero niños como A y sus hermanos escapan a todos esos registros porque, en sus contextos, las denuncias no son una posibilidad. El sistema de protección de la infancia de la región no ha conseguido acercar los recursos a esta parte de la población. Olivares, la fiscal salvadoreña de casos de trata y tráfico de personas, agrega que los menores de edad son la población más vulnerable a ser explotada. «Los adolescentes y los niños son el 60 % de los casos de trata».

Aunque se ha comunicado un par de veces con el personal del programa, la situación de A todavía es indefinida. No se sabe en dónde exactamente están ella, su sobrino y su hermano. No se sabe si están. La directora sospecha que en México y teme que, ahora que otra vez lleva varios días sin comunicarse, haya caído en una red de prostitución o peor. Y ninguna institución del Estado, en ningún país, la está buscando a ella o a su hermano, de menos de cinco años; o a su sobrino, de meses de nacido.

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BYRON Y RODRIGO SON UNA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO ACTIVA. APARECEN EN UN BOLETÍN JUNTO A SU MADRE, PORQUE LOS TRES DESAPARECIERON EN EL SALVADOR CUANDO IBAN DESDE SU CIUDAD NATAL, ZACATECOLUCA, HACIA UN CENTRO TURÍSTICO EN SONSONATE. SON DOS DE LAS 48 ALERTAS ACTIVAS PARA 2018.

La diferencia entre el sistema de El Salvador y el de Guatemala radica en dos puntos: generación y depuración. Guatemala genera una alerta por cada menor de edad desaparecido sin ningún tipo de condición. Este mecanismo se activa al margen de la nacionalidad de la víctima, quiere decir que la población migrante también puede hacer uso de esta herramienta siempre que se presente una denuncia.

En cuando al segundo punto, El Salvador no depura con la misma frecuencia. En la página web de la alerta, el último caso activo tiene fecha del 21 de agosto. Desde ese día, hasta el 21 de septiembre, no se hizo ninguna actualización. En agosto, se subieron solo dos casos nuevos. Y, en julio, tres.

La alerta tiene una cuenta de Twitter con el usuario @AlertaAngelSV. Ahí, entre el 1º y el 15 de septiembre se han compartido los carteles de 13 menores de edad desaparecidos a los que se les colocan etiquetas como #CadaPersonaCuenta y #AlertaAngelDesaparecido. Y se pide ayudar a difundir. Pero no se aclara si estos boletines, como los que están en la página web, han dado pie a todas las comunicaciones interinstitucionales a las que obliga la alerta desde su concepción.

Aún sin que se haya creado un delito a perseguir, en julio de este año comenzó a funcionar la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas (UEPD). De acuerdo con fuentes internas, una de las primeras apuestas de esta unidad ha sido la unificación de datos. Porque ahí en donde la Fiscalía registra que en 2018 recibieron 696 denuncias por menores de edad desaparecidos, la Policía da cuenta de 560. Mientras que, de enero a julio de este año, la Fiscalía registra 551 denuncias; la Policía tiene 367 entre enero y agosto.

Aunque la Fiscalía los mantenga como desaparecidos, a Byron y a Rodrigo ya los encontró la PNC. El caso está archivado bajo el número 7872-2018. Los niños y su madre están bajo custodia policial en Estados Unidos y tramitan una petición de asilo. En la delegación policial del municipio de Zacatecoluca, donde residían, un investigador confirma que fueron localizados en mayo de este año. Su boletín de alerta, sin embargo, sigue catalogado como activo.

De las 5,074 alertas Alba Keneth generadas en Guatemala en 2018, 1, 349 terminaron ese año activas; y, a agosto de 2019, 1,109 continúan en ese estado. Las dos grandes causas de las desapariciones de menores en Guatemala, según Claudia Hernández, de la Fundación Sobrevivientes, son delincuencia y migración. En esto sí guarda similitud con El Salvador.

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DE ENTRE TODO EL DOLOR que supone cada niño del programa que ha desaparecido, la de C es una historia que sobrecoge a la directora. Y lo cuenta así:

-Tenía 11 años. Él venía aquí y me decía «yo no quiero, pero me están diciendo que yo tengo que prepararme para matar y para llevar droga». Hablamos con la mamá par ver cómo sacarlo de aquí de esta zona, o cómo hacer para que se quedara en su casa y no saliera. En ese tiempo, él vendía en los buses. Así que se nos ocurrió ponerlo a elaborar otros productos en su casa y nosotros los vendíamos aquí. Así pasamos como tres años.

Pero no es posible detener el mar con las manos. La directora calla un momento para tomar impulso para contar lo sigue.

-Un día vino y nos dijo que ya no podía más, ya era un muchacho de casi 15 años. Vino y dijo que había tomado la decisión de vender afuera para ayudarle a su mamá. Y nos dijo que venía a despedirse. Nos dijo que no se quería morir sin habernos dicho muchas gracias por ayudarlo. Esa fue la última vez que lo vimos.

De la desaparición de C sí hay una denuncia. Pero no hay una alerta Ángel Desaparecido. Si está vivo, no se sabe dónde. Si ha muerto, no se ha localizado el cadáver. La madre no se ha movido de la zona, por si algún día aparece  información sobre el paradero del adolescente.

La directora explica que buscar a ese 3 % de los niños de su programa que están desaparecidos es «como hacer un trabajo subversivo» en el que colocar una denuncia puede suponer riesgo y en el que, a veces, la información sobre la ubicación de cadáveres la liberan los mismos hechores.

A la madre de C, sin embargo, saber qué pasó con su hijo es un privilegio al que nadie le ha dado acceso.


Este reportaje fue realizado en alianza con CONNECTAS.