«Ortega no va a lograr empujar a Nicaragua a una guerra civil»

Fotografía de Archivo

Carlos Fernando Chamorro, periodista, está seguro de que Daniel Ortega, presidente, está fracasando en su estrategia de llevar a Nicaragua hacia una guerra civil como única alternativa de salida a la crisis política que, hasta enero, acumula nueve meses.

Así lo dijo en Costa Rica, país donde se ha exiliado por razones de seguridad, quien ha sido director del diario digital Confidencial, la revista Niú y los programas de televisión «Esta semana» y «Esta noche».

«Aunque es cierto que hay grupos (opositores) que desesperadamente están tratando de buscar ese camino (la vía armada), yo creo que Ortega está fracasando. O sea, que no va a lograr empujar al país a una guerra civil», ha dicho Chamorro, en el programa «Malas compañías», de Teletica Radio, con los periodistas Armando González e Ignacio Santos.

Según Chamorro, la historia demuestra que para producir cambios duraderos son mejores la revoluciones cívicas que armadas, y eso lo ha entendido Nicaragua.

Citó como ejemplo la revolución Sandinista en Nicaragua que, si bien a su juicio fue épica al derrocar en 1979 a la dictadura de los Somoza, a la postre no produjo los cambios verdaderos que el país necesitaba.

«Ha nacido (desde las protestas de abril) una convicción poderosa en Nicaragua de que esta vez debe de hacerse un cambio político pacífico y no a través de la vía armada», dijo Chamorro.

«Aquí (desde abril) no existe nada parecido al equivalente de una organización guerrillera como lo fue el Frente Sandinista en los años setenta y particularmente en el setenta y nueve. Esta ha sido una rebelión espontánea donde, poco a poco, han ido surgiendo los líderes universitarios, la mayoría están presos, otros están exiliados en Costa Rica y en otras partes, los mismos líderes empresariales…», añadió el periodista.

En Nicaragua, hay voces como la del escritor y disidente sandinista Sergio Ramírez que dicen que Ortega busca empujar al país hacia una guerra civil para masacrar una posible rebelión armada y que él tenga una posibilidad de llamar al Ejército a las calles.

«Una resistencia ciudadana es la única arma que tenemos», aseveró Ramírez el 18 de julio en entrevista con La Nación.

La represión gubernamental para sofocar la protesta ciudadana que se inició el 18 de abril de 2018 ha dejado 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH también ha detectado la existencia de fuerzas parapoliciales (civiles armados) al servicio del Estado, que han participado en la represión de las protestas.

La represión gubernamental para sofocar la protesta ciudadana que se inició el 18 de abril de 2018 ha dejado 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH también ha detectado la existencia de fuerzas parapoliciales (civiles armados) al servicio del Estado, que han participado en la represión de las protestas.

Chamorro dijo no compartir la visión del exmagistrado sandinista Rafael Solís, también exiliado en Costa Rica tras renunciar a su cargo y a la militancia del Frente Sandinista, de que la represión gubernamental puede provocar una guerra civil en Nicaragua.

El periodista asegura que los nicaragüenses van por otro camino: el de conseguir por la vía cívica reformas más difíciles, pero que son duraderas como mejoras al Estado, en la educación, en lo fiscal y en lo electoral.

Chamorro es hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro, conocido como el «mártir de las libertades públicas en Nicaragua», asesinado el 10 de enero de 1978 por la dictadura de Somoza.

También es hijo de Violeta Barrios, la mujer que derrotó en las urnas a Daniel Ortega en 1990 y que gobernó ese país hasta enero de 1997.

Entre 1979 y 1993, Carlos Fernando Chamorro fue director de Barricada, el periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobernó en la revolución durante la década de 1980, el cual fue un periodo de persecución y de censura de prensa en Nicaragua.

Desde hace 23 años dirige, primero en versión papel y luego en digital, el semanario Confidencial, el programa de televisión dominical «Esta semana» y luego «Esta noche».

Durante la emisión de «Esta noche», la noche del domingo por Canal 12 de Nicaragua, Chamorro anunció que se exiliaba en Costa Rica para «resguardar mi integridad física y mi libertad y, sobre todo, para seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica».

Dijo recibir amenazas extremas del régimen de Ortega en contra del ejercicio periodístico y, sobre todo, hacia los medios que él dirige.

«(La decisión del exilio) fue un largo proceso, porque nosotros hemos venido resistiendo a lo largo de varios años, pero particularmente en estos meses desde que inició la rebelión de abril todo tipo de persecuciones, amenazas, espionaje político, acosos, hackeos, diferentes tipos de procesos de intimidación que siempre han tenido como objetivo callarnos y autocensurarnos», dijo Chamorro.

El periodista nicaragüense también denunció la situación crítica del periodismo en Nicaragua desde las protestas de abril.

Un periodista fue asesinado, medios independientes han sido destruidos como el Canal 100 % Noticias, al tiempo que su dueño Miguel Mora y de la periodista Lucía Pineda fueron encarcelados.

Chamorro recordó la «ocupación y el asalto» a la redacción de los medios que él dirige en Managua, la noche del 12 de diciembre, cuando la Policía Nacional allanó la redacción para llevarse documentos y equipos sin presentar ninguna orden judicial.

Un día después, la Policía tomó el inmueble donde se ubicaban los medios que él dirige luego del intento de Chamorro y de sus trabajadores de reconstruir lo allanado. Y una semana después, recuerda, el Gobierno cerró el Canal 100 % Noticias y encarceló a Mora y Pineda, quienes son acusados por la Fiscalía de incitar al odio, al terrorismo y a la conspiración a través de las informaciones divulgadas en el canal.

Distancia. Carlos Fernando Chamorro, periodista y fundador de medios de comunicación, tuvo que exiliarse en Costa Rica después de que cuerpos de seguridad incautaran su equipo de trabajo.

Nicaragua vive «estado de excepción de facto»

«Todo eso se hace a posteriori. Primero se hacen las acciones, la ocupación y asalto (…) y posteriormente se fabrican procesos criminales. En concreto, el asalto y la agresión con este nivel de virulencia contra los medios de comunicación, viene a convertirse en la última o penúltima etapa del proceso de descalabro y la represión de la dictadura de Ortega-Murillo», dijo Chamorro.

Chamorro dice que al inicio de las protestas «vino la matanza» de parte del Gobierno que dejó 325 muertos, luego llegó la «operación limpieza» con la participación de «bandas paramilitares» para levantar bloqueos en carreteras levantados por manifestantes.

Añadió que, como tercera etapa de la represión, siguió el encarcelamiento de más de 500 presos políticos y, ahora, el país está en un «estado de excepción de facto» porque están conculcados derechos constitucionales básicos como el de reunión, manifestación, de movilización y las libertades de prensa y de expresión sin que se haya decretado un estado de emergencia.

«Te pueden capturar sin orden de captura, se pueden tomar un medio de comunicación sin una orden judicial», sostuvo Chamorro.

Lucía Pineda cumple un mes detenida

Después de cumplirse un mes de la captura de la periodista Lucía Pineda Ubao, de 45 años, en Nicaragua, es poco lo que se sabe acerca de su proceso judicial y su condición de salud.

En este periodo, el Gobierno de Costa Rica ha enviado nueve notas oficiales dirigidas al Viceministerio de Gobernación nicaragüense con el propósito de que se le permita al cónsul tico en Managua, Óscar Camacho, efectuar una visita a la cárcel donde se encuentra recluida la comunicadora.

Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua sigue sin dar respuestas y alienta aún más la incertidumbre.

«En todas la notas ha habido silencio. También hice una consulta en forma verbal y me dijeron que las misivas serían respondidas por la vía diplomática», afirmó Camacho.

La última misiva oficial emitida por Costa Rica fue enviada el jueves 17 de enero.

Pineda, quien posee nacionalidad costarricense y nicaragüense, fue detenida el 21 de diciembre mientras estaba en la redacción del canal independiente 100 % Noticias, donde se desempeñaba como jefa de prensa. El director y dueño del medio, Miguel Mora Barberena, también se encuentra en prisión desde entonces.

Ambos son acusados de cometer los delitos de «provocación, preposición y conspiración para cometer actos terroristas», según consta en el expediente judicial 020017-ORM4-2018PN, al que tuvo acceso La Nación.

También se les atribuye «apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio, como circunstancias agravantes de discriminación por razones de ideología política».

El Poder Judicial de Nicaragua consignó, en una publicación realizada en su página web, que el 25 de enero será la primera audiencia sobre el caso de Pineda.

Inquietudes

Óscar Camacho explicó que la vía diplomática es la única posibilidad que tiene a su alcance para tratar de tener contacto con Pineda. Aunque no esconde su preocupación al cumplirse ya un mes sin tener mayores noticias acerca de la situación de la periodista.

Además, el cónsul cree que la comunicadora podría encontrarse en la cárcel El Chipote, considerada por organismos de derechos humanos como un centro de tortura, pero debido al impedimento de la visita su ubicación no se ha comprobado.

El Consulado tico registra la detención de 13 costarricenses en Nicaragua desde que comenzó la crisis política en ese país, el 18 de abril de 2018. Todos fueron capturados por estar relacionados con las protestas contra el presidente Ortega. En la actualidad, solo dos de ellos están en prisión, mientras que otras dos personas permanecen en arresto domiciliario.

Ataques en ascenso

La ofensiva por parte del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente se ha tornado más violenta en las últimas semanas.

La emisora Radio Darío fue sacada del aire por la Policía Nacional a inicios de diciembre y sus trabajadores debieron esconderse en casas de refugio luego de ser amenazados por los agentes.

Armados. El Gobierno usó al menos 20 patrullas, cada una con 10 policías élite y antimotines, todos portando escopetas o AK-47 para cerrar el Canal 100 % Noticias.