Sobrevivir a la pandemia y al agresor

Ilustración
Ilustración de Moris Aldana

Elena aprovechó la única oportunidad que tuvo para salir de su casa y denunciar la violencia que sufría de parte de su pareja. En otras circunstancias, esto quizá tampoco hubiera sido fácil por las represalias que él podría haber tomado, pero esta vez se sumaba otro miedo: que los policías o militares la detuvieran por salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria y el estado de excepción.

Así que, el 30 de marzo, el día que miles de salvadoreños acudieron a las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios para saber si cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de los $300 del gobierno, Elena se contactó con su familia y pudo llegar a un juzgado para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar y solicitar medidas de protección.

El Salvador vivió del 14 de marzo al 13 de abril un estado de excepción ante la emergencia del covid-19. El Ejecutivo buscó prolongarlo sin encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, porque uno de los puntos que lo diputados discutieron fueron los abusos atribuidos a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en las calles.

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena obligatoria para todo el país y luego la extendió por 15 días más. Esta cuarentena ordena que, a excepción de funcionarios públicos, periodistas y trabajadores de ciertos rubros, solo un miembro de la familia tiene permitido salir de casa para realizar compras. Pero no siempre es la misma persona la que puede hacerlo.

Elena –que no necesariamente se llama Elena- dijo en el juzgado que, con el encierro, estaba prácticamente privada de libertad y que la violencia que ya sufría por parte de su pareja había aumentado. Tras el trámite, logró irse con su familia y salir de aquel lugar que se le había vuelto más hostil.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

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LA NECESIDAD OBLIGÓ a Silvia Yesenia Menjívar a no quedarse en casa. El pasado 31 de marzo salió de la casa de un familiar, donde trabajaba cuidando niños, y regresaba a la suya.

Fue la última vez que la vieron con vida en Carasque, en Nueva Trinidad, Chalatenango, el cantón en el que ella vivía. Al día siguiente, su cadáver apareció en un predio de esta zona rural.

Menjívar tenía 25 años, y aunque nunca denunció el acoso sexual constante que sufría de Francisco Alberto, la titular de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina de Ortega, dice que hay pruebas para acusarlo de su feminicidio agravado.

Alberto fue capturado tres días después del crimen y ya fue enviado a prisión preventiva.

En el periodo de emergencia por el covid-19, el caso de Menjívar es el único tipificado como feminicidio, pero han sido asesinadas otras tres mujeres. Los asesinatos se investigan bajo el protocolo de este delito, apunta De Ortega.

Ilustración de Moris Aldana

De acuerdo con los datos consolidados por la FGR, desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, las sedes fiscales recibieron un total de 198 denuncias. Dos son por intentos de feminicidio y las restantes por cuatro de los 11 delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV). El 88 % de los casos es por expresiones de violencia.

La FGR también reporta 75 denuncias por violencia intrafamiliar, un delito regulado en el Código Penal y que se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres que tienen que estar obligadamente con su agresor, porque buscar un refugio como el que buscó Elena, en esta pandemia, no es posible para todas.

En situaciones de riesgo y desastres, la LEIV obliga al Ministerio de Gobernación, del que depende el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a tomar medidas de atención y prevención de violencia hacia las mujeres por su condición de vulnerabilidad.

El sistema tiene una comisión nacional encabezada por el ministro de Gobernación, en este caso, Mario Durán, y la componen directores de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). Además de comisiones departamentales, municipales y comunitarias, para operar a nivel nacional, y que involucran a gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios.

A casi un mes de la cuarentena, y a casi un año de un nuevo gobierno que se presentó como paritario, en El Salvador sigue sin existir un plan o una política pública para atender a las víctimas de violencia de género en la emergencia del covid-19. La ausencia de esta atención especializada y obligatoria para el Estado tampoco ha llevado a que la entidad rectora de la LEIV, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la demande, al menos públicamente.

Lo que sí ha hecho ISDEMU es lo mismo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil: una campaña en redes sociales para que las mujeres denuncien si sufren violencia, por medio de números telefónicos o por chat de Whatsapp. Y ofrece asesorarlas y darles acompañamiento psicológico o legal.

«El Ejecutivo, a través del ISDEMU, debe prever estas situaciones, debe crear mecanismos eficaces para que la mujer víctima de violencia denuncie. El 911 probablemente no le sea eficaz, porque la policía probablemente llegue o no llegue», asegura una jueza Especializada de Instrucción de la Mujer que prefirió no identificarse.

La jueza insiste en que debe existir mayor comunicación entre las instituciones estatales e informar sobre las casas de acogida para las mujeres que sufren violencia, un programa coordinado y supervisado por el ISDEMU. No deja de lado que el Órgano Judicial también debe innovar para que, si un juzgado ya ha terminado su jornada laboral, pero una mujer necesita medidas de protección, estas puedan ser otorgadas de forma inmediata.

El decreto de emergencia nacional, que los diputados aprobaron el 14 de marzo y extendieron por 15 días más el pasado jueves, suspende algunas labores en las sedes judiciales, pero permite que los juzgados den a las mujeres medidas de protección por casos de violencia. Ellas pueden llegar a pedirlas a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana; y en los juzgados de paz de cualquier municipio.

El principal problema de los juzgados especializados es que están saturados de trabajo. Mientras que, aún en días normales, hay juzgados de paz se niegan a otorgarles las medidas de protección a las víctimas.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

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EL 8 DE ABRIL, EL ALCALDE DE SAN MARCOS, Fidel Fuentes, publicó una foto con María Antonia Sánchez, en su cuenta personal de Facebook. Sánchez sonreía al lado del alcalde.

Ella era una lideresa del cantón Casa de Piedra, de ese municipio, y la foto donde aparecía era para denunciar su asesinato, ocurrido cerca de su casa. A ella se le pudo llamar por su nombre, quienes la quisieron pudieron contar su historia con ella.

Pero, horas antes de la publicación del alcalde, apareció el cuerpo de otra mujer. Ella, a diferencia de María Antonia, no fue identificada por falta de documentos. El cadáver fue encontrado en el kilómetro 3 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. La víctima, dijo la PNC, tenía señales de estrangulamiento.

El 7 de abril fue encontrado el cadáver de otra mujer en un barranco, sobre la carretera a Talnique, en La Libertad. La víctima tampoco portaba documentos y no fue identificada.

El último informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, con datos de enero a junio de 2019 y elaborado por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contras las Mujeres, dice que durante ese periodo hubo 21 casos de violencia física y 17 casos de violencia sexual por día y sumaron 3,138 en el semestre. En un 49.1 % fueron cometidos en domicilios particulares y 67 % de las víctimas fue menor de edad.

«En emergencias suele elevarse la violencia, precisamente por este control que tienen los agresores sobre las víctimas. Porque a mayores periodos de convivencia, mayores prácticas de abuso. Esta es como un medición matemática que han dado los periodos vacacionales y los fines de semana», sostiene la abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

ORMUSA tiene un observatorio de violencia y un Centro de Atención Legal que ha activado en esta emergencia para recibir denuncias. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril, recibió 149 denuncias por hechos como violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, sexual y laboral. En un mes normal, señala Juárez, la organización reporta 30 denuncias, lo que significa que durante el encierro hay un incremento de más del 70 % en menos de un mes.

La organización ha monitoreado el trabajo de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer y los juzgados de paz. Los primeros, dice Juárez, han recibido denuncias, e incluso, la jueza del tribunal ubicado en San Salvador y que puede conocer casos de siete departamentos del país, ha activado un número para Whatsapp y notifica documentos por correo electrónico. Sin embargo, hay juzgados de paz que se han resistido a tomar denuncias.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

La FGR informó el 7 de abril que las denuncias por violencia de género habían bajado en la institución. Juárez enumera tres razones por la que esto pasa: por el miedo que tienen las mujeres a ser detenidas por la PNC si salen de sus casas; las mujeres piensan que aunque logren denunciar, la denuncia no va a ser relevante en medio de la emergencia; además de pensar que las instituciones donde pueden denunciar están cerradas.

Durante la cuarentena obligatoria, Argentina lanzó el 1 de abril una campaña contra la violencia de género. Se llama «Barbijo Rojo» y consiste en una línea de emergencia que las farmacias activan cuando una mujer llega y pide una mascarilla roja, lo que se traduce en una ayuda para interponer una denuncia.

Ilustración de mano con símbolo de la mujer
Ilustración de Moris Aldana

En El Salvador hay instituciones con servicios irregulares para atender las denuncias, como la Procuraduría General de la República y la FGR. No ha sido el caso de las sedes de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER), de la PNC, según Juárez. Lo que ha permitido que sea la PNC la que se desplace a la casa de la víctima para tomar una denuncia o para movilizarla a que la haga.

Juárez destaca la falta de un plan de seguridad para las mujeres que salen a las calles, cuando culturalmente ellas son las delegadas a salir por comida o trabajar. Y ahora, dice, se enfrentan a territorios solitarios en los que, a veces, tienen que caminar largos tramos, lo que las vuelve vulnerables. Como ocurrió con Silvia Yesenia Menjívar.

Por esto, la abogada cita el caso de Panamá, que también ha ordenado una cuarentena obligatoria, pero ha asignado días para que los hombres o las mujeres salgan a las calles. «Es una situación extrema, pero, la verdad, es que en situaciones extremas, aplican medidas de esta naturaleza, sabiendo las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres tienen», señala.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, del 21 de marzo hasta el pasado lunes, 149 casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza cometidos por la PNC y la FAES.

Las falta de planes y protocolos de atención para las mujeres en la emergencia por el covid-19 y las denuncias por los hechos de violencia contra las mujeres han sido constantes en las redes sociales por parte del movimiento feminista y defensoras de derechos humanos. El 9 de abril, a las 6 de la noche, hubo una convocatoria para escribir mensajes en Twitter por medio de la etiqueta #ElFeminicidioNoEstáEnCuarentena.

El pasado 22 de marzo también la activista Morena Herrera preguntó, en Twitter, al presidente Bukele sobre los datos de homicidios y feminicidios, luego que él publicara un mapa mundial que mostraba la propagación del covid-19 e indicara que ya había iniciado la Tercera Guerra Mundial.

«¿No hay? «¿No se cuentan?», cuestionó Herrera sobre los crímenes. Bukele retomó su tuit y dijo que marzo llevaba las cifras más bajas de homicidios en la historia del país. «Si no he tuiteado sobre eso, es porque enfrentamos una amenaza mucho más grande en estos momentos. Una amenaza que muchos no han logrado comprender», le contestó.

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EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS de la cuarentena obligatoria, ORMUSA intentó referir dos casos de violencia al ISDEMU, pero no pudo, porque las llamadas a la línea de atención no salieron. La organización se enteró, no por el instituto, sino por otra persona, de que, para entonces, la línea había tenido fallas técnicas, recuerda Silvia Juárez.

Los servicios de ISDEMU son los que menos ocupa ORMUSA, cuenta, ya que el instituto se limita a asesorías. La organización se respalda más de las UNIMUJERES, ya que estas acompañan a las víctimas en trámites de denuncias y, si es posible, hasta al Instituto de Medicina Legal.

Juárez agrega que otra de las preocupaciones en esta cuarentena obligatoria son las menores víctimas de incesto que están viviendo en el mismo lugar con su agresor.

En ORMUSA envían boletines con información dosificada sobre el comportamiento de la violencia de género a las lideresas que están organizadas en los territorios y que saben qué mujeres están vulnerables a la violencia en estos lugares. Lo hacen a través de Whatsapp para que ellas repliquen con otras los mensajes, tomando en cuenta las implicaciones que traería para las mujeres que viven junto a un agresor si estos se enteran que ellas atienden llamadas o ven videos con esta información.

Mariana Moisa es antropóloga y trabaja en la Colectiva Feminista y en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones que han habilitado un teléfono para atender denuncias y brindarles a las víctimas atención psicológica y jurídica.

Hasta el 8 de abril, tras dos semanas de haber habilitado el teléfono, ya contaban 15 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica, cuando, por lo regular, en un solo mes, atienden un aproximado de 30 casos. Moisa señala que han recibido avisos de mujeres que dicen que en la FGR no están tomando denuncias, con la excusa de que están en una emergencia. «Lo que vemos es violencia estructural. Es más evidente en este momento y es más evidente frente a la nula política con enfoque de derechos humanos, quitale enfoque de género. De derechos humanos, lo más básico», indica la antropóloga.

Revista Séptimo Sentido solicitó estadísticas sobre el número de denuncias recibidas en la emergencia por el covid-19 en el ISDEMU, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta de la encargada de Comunicaciones. Tampoco hubo respuesta del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, a la solicitud de entrevistar al ministro de Gobernación, Mario Durán; y a la presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU, María Soledad Briones.

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UNA JOVEN ESCRIBIÓ DESESPERADA a la página de la Colectiva Amorales para denunciar la divulgación de fotos íntimas suyas en una página de internet. A ella le habían robado el teléfono y sabía quién había subido las fotos. La colectiva le dio asesoría jurídica, pero cuando la víctima llegó a uno de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ahí le dijeron que solo estaban recibiendo denuncias por casos más graves, dice la abogada Lissania Zelaya.

«¿Cómo calificás un caso grave? La violencia contra las mujeres nunca ha sido un caso grave. Hasta que ya te ven muerta es un caso grave», cuestiona la abogada.

Zelaya también se refiere al caso de una joven que se enteró, en esta emergencia, que su pareja, quien vive en su misma colonia y con quien tiene una hija, difundió fotos suyas en una página web, porque estaba enojado con ella. La víctima, expone Zelaya, quiso denunciarlo, pero al llamar a UNIMUJER y al ISDEMU, no obtuvo respuesta.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

«En pandemia pueden aumentarse estos casos por el confinamiento. Muy probable es que se capten fotografías y luego existan rupturas (entre las parejas)», aclara la jueza que habló con esta revista, para quien la FGR necesita peritos idóneos para resolver los delitos cibernéticos contras las mujeres y así encontrar los nexos entre quienes conforman estas redes.

A las denuncias por delitos cibernéticos que la Colectiva Amorales ha recibido, el 13 de abril se sumó una por el allanamiento ilegal de morada que sufrió una joven por un grupo de siete policías y militares, la noche del 13 de abril.

Ese día el gobierno publicó el Decreto Ejecutivo 19, que avala que personal del Ministerio de Salud, no de seguridad, entre a las casas para que evalúen las medidas sanitarias por el covid-19. El decreto ya ha sido rechazado por algunos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y por la PDDH, pero el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que sustituye al régimen de excepción.

Zelaya señala que, en una sociedad diversa como la salvadoreña, hay condiciones de vulnerabilidad para las mujeres de todas las edades, pero que para atender necesidades específicas de toda una población existe un gabinete de gobierno que también puede estar en comunicación con el ISDEMU y así crear los mecanismos de atención. Sin embargo, es algo que por hoy no existe.

Todavía faltan dos semanas para que termine la cuarentena obligatoria. Con el encierro habrá más mujeres intentando sobrevivir a la pandemia y al agresor que tienen a su lado. Y no todas tendrán la oportunidad para denunciarlo como lo hizo Elena.