Un laberinto de torturas

Ilustración de Moris Aldana

La arritmia cardíaca ha sido una de las enfermedades que le diagnosticaron después que Rodrigo desapareció. A sus 64 años, Nicola también padece de diabetes, tiene deformados los pies y padece de hipotiroidismo. Recuerda que, antes de octubre 2007, era una mujer delgada y llena de vida, a la que poco le preocupaban los gastos de la casa, porque eran repartidos entre Rodrigo y su hermano.

La que está ahora hablando parece otra. En estos 12 años ha tenido que prestar dinero y lavar trastes ajenos para conseguir apenas lo suficiente para comer y para buscar a su hijo. Más lo segundo que lo primero. Nicola invierte mucho de lo poco que gana en viajar entre hospitales y las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) con la esperanza de hallar a su Rodrigo.

«La verdad, esto de mi hijo a mí me llevó a caminar para atrás. Todo se descontroló. Mi casa parece como de locos, porque es una incertidumbre que uno vive, una angustia», dice y se ahoga en llanto en un cuarto blanco e iluminado, en un consultorio de un hospital de la zona Norte de San Salvador. Esta mañana lluviosa de octubre, se verá con su psiquiatra y le dirá cómo se ha sentido los últimos días.

Para contar su historia, Nicola ha esperado estar segura en este hospital y en este consultorio. Allá afuera, en el pasillo, sus ojos tristes y cansados miraban a todos lados y arrastraba las palabras al hablar de Rodrigo y lo agotadores que han sido los últimos 12 años de búsqueda. En su cantón, de donde salió a las 6 de la mañana para llegar tres horas después a su consulta psiquiátrica, se siente vigilada todo el tiempo.

Nicola está en tratamiento médico con especialistas en el Hospital Nacional Rosales. Desde que su hijo menor desapareció, comenzó a sufrir de ataques de ansiedad y depresión. Empezó a sufrir desmayos con frecuencia. Su condición física se fue completa a pique.

Nicola está en tratamiento en diferentes dependencias. Pero estar en tratamiento bajo los términos de la Salud Pública salvadoreña significa que sus consultas son programadas a los seis meses o al año. Y significa, también, que la última vez que la cardióloga la vio, la regañó.

Por falta de dinero, Nicola no pudo comprarse las medicinas que la doctora le recetó y que el hospital no tuvo. La respuesta de la cardióloga, cuenta Nicola, fue que si no tenía dinero, que prestara. Y le recordó que tiene arritmia cardíaca y que, así como puede estarse riendo en la mañana, por la noche puede estar muerta.

La advertencia de la cardióloga sería solo intensa en un país menos sufrido. Pero, aquí, también es desafortunada, inoportuna, llena de ignorancia e insensible. Porque esta paciente con arritmia cardíaca que ahora es Nicola pasó encerrada en su casa por dos años. Estuvo sola.

La desaparición de Rodrigo detonó a una familia que había formado tres hogares. En un mismo terreno, además de la casa de Nicola, Rodrigo y su hermano levantaron las propias. Con la desaparición, aumentó el riesgo. La esposa de Rodrigo se mudó y se llevó al hijo de ambos, entonces de 1 año. Diez meses después, hubo amenazas y el hijo mayor de Nicola también tuvo que huir con su esposa y sus dos hijos. Al adolescente de este grupo, la pandilla lo obligó a recoger la extorsión y fue capturado en una entrega controlada por policías. Salió de prisión a los tres días, pero el abogado público que le defendió, le recomendó a los cuatro que huyeran. Y así lo hicieron. Hoy andan deambulando de casa en casa y los nietos de Nicola no pueden trabajar. Por un lado está la pandilla 18 y por otro está la MS. Tampoco han podido salir del país con asilo.

Toda persona importante en la vida de Nicola se fue. En menos de un año, Nicola pasó de vivir rodeada de hijos y nietos, a ver pasar noches eternas en ese terreno con tres casas llenas de nadie.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. «Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada», recuerda.

La arritmia cardíaca, las pastillas que el hospital no le puede dar y que ella no puede comprar, las tres horas de camino desde su casa hasta el hospital y el regaño de una cardióloga rebotan en las paredes de este cuarto blanco, que es el mismo en el que una tras otra, se escuchan más historias de gente que intenta vivir con desapariciones a cuestas.

A Nicola, entonces, la atrapó el miedo. Empezó a mentir. Desconfiaba de sus vecinos. No quería que supieran que vivía sola y les dijo que, por las noches, un tío llegaba a la casa a dormir con ella. “Quedé yo en la casa. No quería hablar con nadie. En las noches, solo lloraba y lloraba. Pasaba paseándome en medio de las tres casas. Y yo le decía ‘Señor, tú sos mi consuelo, mi refugio’. Y así pasé dos años encerrada”, recuerda.

***

UNA PÉRDIDA AMBIGUA

Hace una hora, Nicola tuvo consulta con su psiquiatra. Él le extendió la dosis de las pastillas Lorazepam para otro mes. Ella las vendrá a recoger dentro de tres semanas. Si no lo hace, sabe que la ansiedad la va a atacar por las noches y no quiere repetir los tres meses de insomnio en los que lo único que pensaba era en los huesos de Rodrigo. El Estado, para Nicola, es esas pastillas gracias a las cuales ahora puede dormir. En todo lo demás, para ella, no ha habido Estado.

«Me daban ganas de irme. Decía ‘ay, Dios mío, me voy a morir. Me quiero morir’. Ha habido momentos, en la noche, que he querido salir corriendo, gritando», dice. Aunque ya concilia el sueño, todavía se desorienta, sufre olvidos. Un día iba a preparar chocolate para un rezo que haría una de sus hermanas, buscó por minutos las tablillas y, luego, se dio cuenta de que las tenía enfrente.

La desaparición es un símil de la tortura. En El Salvador, miles de personas como Nicola están pensando si otros Rodrigos están vivos, están comiendo, están encerrados o están sufriendo. «Cada segundo es una evocación constante de ese ser querido», explica Fabiola Alas, coordinadora de la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña. Las personas están secuestradas por el miedo y la incertidumbre. Por esto puede fallarles su capacidad de memoria y su capacidad crítica, además, el miedo influye en la toma de decisiones, dice.

En la psicología existe una categorización de enfermedades llamadas somáticas, que son producto de situaciones de estrés, depresión y ansiedad. Las desapariciones provocan esto, un vacío en toda una familia y desencadenan malestares de salud.

Para atender las emociones en el proceso de búsqueda de un desaparecido, la psicología ha utilizado diferentes enfoques como la pérdida ambigua, desarrollado en la década de los 70’s por la estadounidense Pauline Boss. Este consiste en una terapia sistémica, en la que se entiende que, ante una pérdida, el dolor no es cargado por una sola persona, sino, por el grupo familiar.

El enfoque se utiliza no solo para casos de desapariciones o migraciones, hechos que desprenden físicamente a una persona de los suyos. También es usado para tratar aquellas ausencias psicológicas, como un familiar que padece de alzhéimer.

«La búsqueda es un concepto más amplio que la persecución del delito porque, si de momento no encuentro al perpetrador, la búsqueda tiene que seguir y tiene que ser accesible», explica Álvaro Bermúdez, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Bermúdez señala que una propuesta de hoja de ruta para las desapariciones tiene que considerar la investigación, la búsqueda y las cuestiones asociadas las consecuencias y tiene que incluir atención psicosocial. «Hay que decirle a la gente que hay más personas pasando por esto», señala.

Ilustración de Moris Aldana

El CICR trabaja en varios países con el enfoque de pérdida ambigua para atender, desde una perspectiva psicosocial, el dolor que provocan las desapariciones. El año pasado capacitó a 30 psicólogos y psiquiatras que trabajan en hospitales nacionales del Área Metropolitana de San Salvador, y a otros profesionales que trabajan la salud mental en diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Nadia Guevara, responsable de los Programas de Salud Mental y Soporte Psicosocial del CICR y quien impartió el diplomado sobre pérdida ambigua, dice que focalizaron la capacitación para el personal de salud mental del sector público en las zonas donde, según las autoridades, hay más desaparecidos. El departamento de San Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó los casos de desapariciones en 2018. Hubo 838 casos.

Al conversar con familiares de personas desaparecidas, señala Nadia, se dieron cuenta de que los hospitales públicos eran los lugares donde ellos acudían para tratar sus emociones. Sin embargo, se quejaban de que el dolor que cargan, el mismo que Nicola carga desde hace 12 años, no era comprendido. El personal de salud mental solo entendía un luto normal. «¿Cómo vas a llevar una búsqueda si olvidas, si pierdes el objetivo?», pregunta.

Este año, el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó los Lineamientos Técnicos de Atención Integral en Salud de las Personas Afectadas por Violencia, un documento que establece cómo el personal de salud mental debe abordar diferentes traumas provocada por las afectaciones de hechos violentos, pero que no incluye a los familiares de desaparecidos, a pesar de la visibilidad que el tema ha ido ganando en instituciones estatales.

Enrique Carranza, coordinador de la Unidad de Salud Mental, de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles, del Minsal, señala que actualmente en este ministerio no existe un plan o un protocolo para atender específicamente a familiares de personas desaparecidas, pero que están por presentar un manual de actuación para asistir, en conjunto con Cancillería, a personas migrantes, y este es un manual con el que también se podrían atender a víctimas como Nicola.

Nicola recibió terapias psicológicas durante un año en la Cruz Roja Salvadoreña y ya cumplió otro año de terapias psicológicas y psiquiátricas en el hospital de la zona Norte de San Salvador. Forma parte de un grupo terapéutico conformado por mujeres víctimas de la violencia, donde realiza diferentes técnicas para sanar.

Fabiola Alas señala que grupos de terapia como estos son los que logran sanar heridas y las relaciones con aquellas instituciones que les vulneraron sus derechos, porque las personas interactúan con otras que han vivido lo mismo y así crean vínculos de confianza.

Esto es lo que ha sucedido con Luz y Esperanza, un colectivo que ha nacido bajo la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de la Cruz Roja Salvadoreña, y que reúne entre 25 y 30 familias que han sobrevivido a diferentes hechos violentos. Estas familias se han vuelto activistas en sus comunidades, orienta a otras víctimas a cómo hacer funcionar a las instituciones estatales. Todo ha sido un proceso que ha implicado sesiones terapéuticas individuales o grupales, y una formación en derechos humanos.

 

***

ERNESTO PIDE SABER LA VERDAD

Ernesto, el nieto de Nicola, ya tiene 13 años, pero todavía no sabe qué fue lo que realmente ocurrió con su papá. Ya le pidió a su abuela que le cuente la verdad, pero ella no tiene el valor y tampoco sabe cómo hacerlo. Le dijo que lo llevaría donde la psicóloga que la asiste en terapias, para que ella se lo cuente.

La mamá sí le dijo hace tres años a Ernesto que Rodrigo desapareció, pero este no es un tema del que se hable en la familia. Hace poco, dice, Ernesto llegó con su mamá a una terapia. Después fue su turno. La psicóloga les insistió a la dos que tienen que ponerse de acuerdo para hablarle a Ernesto sobre su padre. Él lleva siete años conviviendo con un padrastro.

«El chico dice que se siente presionado porque con el padrastro ha tenido buena relación, mientras que la abuela le remarca mucho al padre. No hay un recuerdo claro generado por él mismo de su padre, pero sí se siente culpable de lo que siente por el padrastro a través de lo que la abuela le está proyectando acerca de Rodrigo», asegura la psicóloga que atiende a Nicola, quien trabaja con las terapias grupales a las que ella asiste cada cierto tiempo.

Ernesto pasa el día con Nicola y la noche con la abuela materna. Pero en los últimos días, han pasado la noche juntos, porque se han desvelado haciendo tareas. Su nieto está por reprobar séptimo grado, dice que en clases no deja de hablar y que se ha vuelto rebelde. Una vez, le robó $60 a su mamá para comprar un celular y lo castigaron.

A Nicola le asusta que Ernesto juegue en las calles de su cantón y sea visto por los pandilleros. El hijo de su hijo mayor, el adolescente que fue capturado en 2008, también anduvo por estas calles. Trabajó en una carpintería del cantón y fue ahí donde los pandilleros comenzaron a presionarlo para que se uniera al grupo, hasta que lo amenazaron para que recogiera la extorsión.

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 «¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?», publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que las pandillas representan una amenaza para personas que, como Nicola y su nieto, viven en lugares marginales. Las autoridades políticas, dice, no prestaron atención a este fenómeno, pero con el paso del tiempo, el discurso oficial las perfila como «la principal fuente de inseguridad e inestabilidad social», y esto repercute en la que sociedad vincule directamente a los jóvenes con las pandillas.

***

LAS VISITAS

Unos días después de la desaparición de Rodrigo, un pandillero del cantón llegó hasta la casa de Nicola para decirle que la MS estaba para cuidarla. Era uno que recién había salido de la cárcel.

-Me han contado que a usted le han puesto una renta.

-¿Y cómo sabés eso vos? Si fuera así, yo de dónde les voy a dar pisto. Si solo en el hospital paso. Si me vas a ver que salgo, para allá voy.

Nicola aún tiene fresca aquella conversación. Dice que intentó sostenerla en medio del llanto y mientras su cuerpo temblaba y, al mismo tiempo, deseaba tener una pistola.

No fue la única visita que recibió. Tres veces también se acercó a su casa una pandillera joven a la que Nicola vio crecer en su comunidad. Era de la pandilla contraria a la zona. Le preguntaba por Rodrigo y Nicola siempre le dijo que él se había ido a vivir a La Unión. Ella no le creyó y le dijo que ya sabía que a su hijo lo habían matado y se ofreció para vengar su muerte.

«Mi corazón lo tengo deshecho, pero también, no le voy a negar que, en un momento, se me cruzaron malos pensamientos, pero ya se los confesé al Señor», dice. Nicola buscó refugio en la iglesia. El día de la última visita de la pandillera, se fue a la iglesia Don Rúa. Años después, el psiquiatra le ha dicho que eso le ayudó a contener el dolor.

La psicóloga de Nicola sostiene que ante la falta de una cobertura de servicios de salud mental en las zonas rurales del país, las personas acuden a las iglesias, pero esto no es recomendable. Sin embargo, dice que las personas que llegan al hospital donde ella trabaja, lo hacen porque son referidas por una institución estatal, de lo contrario, es difícil que, por su cuenta, busquen apoyo psicológico como sí buscan una iglesia.

***

ALBAÑILES QUE DESAPARECEN OSAMENTAS

En el cantón donde vivió Rodrigo, y aún vive Nicola, manda la MS. Aunque una persona no tenga vínculos con la pandilla, es inevitable convivir con ella. La estructura está por todos lados, es tanto el niño al que se vio crecer, como la comadre de la iglesia y el señor de la tienda. En las zonas como esta, vulnerables a la violencia, las víctimas son criminalizadas o revictimizadas por las instituciones estatales. No a todas se les respeta el derecho constitucional a la pronta y cumplida justicia.

Rodrigo tenía 29 años cuando desapareció, el jueves 16 de octubre de 2007. Dos días antes, comenzó a recibir llamadas desde un penal. Eran pandilleros que le ofrecían una casa en Sonsonate y entrenamiento en armas en San Miguel. Ese jueves salió de su casa a las 5 de la tarde y ya no regresó.

Una vecina le contó a Nicola que había escuchado, de los pandilleros, que su hijo estaba enterrado cerca del cantón donde viven, en unos terrenos donde iniciaría la construcción de una residencial. En diciembre de 2016, cuando la constructora comenzó a excavar, un familiar de Nicola escuchó en una tortillería que dos albañiles hablaban de un cementerio clandestino bajo esa tierra. Nicola pensó que había llegado el momento de encontrar a Rodrigo. También pensó que, posiblemente, ahí estaban los cuerpos de otras tres personas de su comunidad que fueron desaparecidas.

Fue por ese tiempo que Nicola sufrió de episodios de insomnio que se le alargaron por tres meses, pero todavía no asistía a terapias psicosociales prolongadas. En medio de la búsqueda de Rodrigo, todavía no tenía a alguien que le dijera que tratar sus emociones era importante.

Ante esta realidad, German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), hace dos preguntas: ¿Cuántos de los profesionales de la psicología están preparados para atender exactamente la magnitud del drama con la que llegan las personas a las instituciones estatales? Y también cuestiona si los profesionales que trabajan en estas instituciones están preparados para recibir el dolor con el que llegan las víctimas.

Después de haber pasado nueve años llegando tres veces por semana al IML de San Salvador y de haberse dado una pausa de seis meses, porque se le acabó el dinero, Nicola volvió al Departamento de de Atención a Familiares de Personas Fallecidas y Desaparecidas. Aquí hay un equipo de psicólogos para atender de forma inmediata las crisis emocionales de los usuarios. Nicola les preguntó a estos psicólogos si tenían reporte de las osamentas encontradas cerca de su casa. No había nada. Ellos la remitieron a la Cruz Roja Salvadoreña para recibir terapias psicológicas.

Para saber más sobre las osamentas desenterradas, Nicola se asesoró con abogados. En ese proceso, como prefirió hacerlo en esta historia, cambió su nombre. Compró un chip y llamó a una sede fiscal, tampoco encontró información. Lo botó y compró otro para llamar a la subdelegación policial del municipio donde todavía vive.

En este lugar la remitieron a otro puesto. En este otro lugar, escuchó algo que, durante un rato, le alumbró la esperanza. Escuchó, al otro lado del teléfono, a un policía que le dijo que un jefe había llegado a la zona solo para preguntar por las osamentas. La esperanza de Nicola se esfumó cuando oyó que uno de los encargados de la construcción negó la noticia que se había regado entre los lugareños. Después de eso, nadie investigó nada sobre el tumulto de huesos y la ropa desgastada que se supone que un grupo de albañiles desenterró.

Ilustración de Moris Aldana

***

UNA DENUNCIA INTERMITENTE

Nicola reportó la desaparición de su hijo en la Policía Nacional Civil (PNC) un día después de que ya no lo encontró en su cantón, pero la retiró porque la esposa y la suegra de Rodrigo le dijeron que si seguía con la búsqueda, los pandilleros le iban dar donde más le doliera.

A Nicola esta amenaza no le importó y al año siguiente simuló un disfraz: se envolvió la cabeza con una prenda, se puso un vestido largo y con mangas largas, para evitar que la reconocieran en el procesamiento de una masacre, a kilómetros de su casa.

Pidió asesoría jurídica al Arzobispado de San Salvador y, con un abogado, en 2016, puso la denuncia en la sede central de FGR, en Antiguo Cuscatlán, donde la remitieron a la oficina fiscal de Apopa, porque en esta jurisdicción había ocurrido la desaparición. Otra vez, por las amenazas que recibía a través de su suegra, Nicola retiró la denuncia. No fue hasta 2018 cuando volvió a reactivarla.

Aunque el problema de las personas desaparecidas por violencia en El Salvador ha llevado a la FGR a crear una unidad especializada para su búsqueda y a la PNC a habilitar un portal para informar sobre estos hechos, históricamente ambas instituciones no han tenido unificados el número de casos y esto dificulta su investigación. Por ejemplo, en julio pasado, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el 90 % de las personas desaparecidas en el país son encontradas, pero dos días después, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que este no era un dato exacto.

Además, fue hasta el 15 de octubre de este año que la Asamblea Legislativa, por petición de la FGR, acordó incluir en el Código Penal el delito de desaparición forzada, con el cual existirán penas que van entre los 20 a los 45 años, para los civiles que cometan una desaparición. Por hoy, sin la modificación de la legislación salvadoreña, solo hay castigo cuando la desaparición es cometida por agentes estatales. Las desapariciones cometidas por civiles están bajo la figura del delito de privación de libertad.

La unidad fiscal que busca a desaparecidos, creada en julio pasado, investiga 36 casos, pero entre enero al 23 de octubre de 2019, la FGR reporta 2,674. Guadalupe de Echeverría, la jefa de esta unidad, sostiene que esto se debe a que no todos los casos reúnen los criterios del delito de privación de libertad y son investigados por las oficinas fiscales locales.

«Se trata de casos donde las personas ausentes abandonan sus casas por diferentes razones, otras deciden irse del país y otras se fugan con sus parejas y no avisan a sus familias», justifica Guadalupe el por qué solo investigan ese número de casos.

Como Nicola, cientos de víctimas visitan cada día las instituciones estatales para denunciar o pedir información de los procesos, pero en estas se encuentran con un personal que no sabe cómo atender las crisis emocionales que ellas sufren y las revictimizan. Fabiola Alas dice que en la Cruz Roja Salvadoreña han atendido a personas que les dicen que, por primera vez, alguien les ha preguntado cómo se sienten o que llegan con diagnósticos de esquizofrenia, cuando lo que enfrentan, en realidad, son afectaciones de hechos violentos.

De acuerdo con German Cerros, es cuestionable si el sistema salvadoreño fue creado exactamente para dar una respuesta a estas víctimas y si la respuesta está a la altura del problema de la desaparición.

Con la reactivación de la denuncia en 2018, Nicola llegó a la FGR buscando una respuesta. Un joven la atendió, le pidió su nombre y el nombre de su hijo. Ingresó los nombres en una base de dato y en minutos le dijo, sin tacto, que su hijo estaba enterrado en una fosa clandestina junto a otras tres personas, pero no le explicó dónde estaba esa fosa.

Con esta información, Nicola todavía no sabe dónde buscar a Rodrigo. En ninguna institución ha encontrado guía. «Le digo al Señor que me dé otros días más, porque si es el último día que pueda agarrar los huesitos de mi hijo, bienvenidos sean, porque sé dónde los voy a dejar. Yo quiero dejarlos en un cementerio, porque él no era marero, él no era de los que andaban haciendo y deshaciendo», dice sin poder contener las lágrimas.

Es mediodía. Nicola extiende su sombrilla negra y se retira del hospital. Tiene que volver a su casa, al cantón del municipio de San Salvador que se le ha vuelto un laberinto de torturas.

«Nosotras solo íbamos a preguntar si había un cadáver»

Ilustraciones de Moris Aldana

Cuando estaban más pequeñas, Karen y Andrea Pérez jugaban a tener un negocio. Cortaban frutos y hojas de los árboles del patio y los ponían al sol. Ellas decían que cocinaban carne asada. Después, hacían tortillas con la tierra de su cantón, en un departamento de la zona central del país. Cuando crecieron, la dinámica fue cambiando. Seguían jugando en el patio, pero dedicaban más tiempo a platicar. Karen decía que, de grande, quería abrir una sala de belleza. Andrea planeaba ser doctora. Nada de eso fue posible. Desaparecieron en 2016 antes de cumplir los 15 años.

Ese año, al menos 919 mujeres y niñas salvadoreñas fueron privadas de libertad. Así lo establecen las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR). Karen tenía 12 años el último día en que su familia la vio; Andrea, 14. A pesar de que cuando desaparecieron eran menores de edad, su ausencia no causó ninguna movilización a gran escala.

Su desaparición tampoco causó revuelo en medios de comunicación. No hubo ninguna campaña mediática para encontrarlas. Al buscar sus nombres en internet, lo único que existen son dos publicaciones en Facebook donde se muestran sus fotos: dos niñas pequeñas, morenas, de ojos rasgados y nariz chata.

«En las autoridades estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las personas dadas por desaparecidas», señala el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Más de dos años después de que su familia las vio por última vez, aún se desconoce el paradero de la hermana mayor, Andrea. La otra menor ya fue localizada, pero cuando se le encontró, meses después de haber desaparecido, estaba muerta.

***

El vaso de agua iba medio vacío

Todo comenzó con un vaso de agua. Esa es la historia que empieza a contar la abuela de las menores. Ella es una mujer pequeña, de 60 años. En su juventud trabajó haciendo oficios domésticos y de jardinería en la capital. Su cantón queda a media hora a pie desde la cafetería en la que ahora habla, pero ella prefiere platicar aquí, en medio de desconocidos y no frente a unos cuantos cercanos. Ya no sabe si puede confiar en los que la rodean.

La vida en el cantón transcurría con aparente normalidad. La madre de las menores trabajaba en una fábrica como operaria de máquina textil y pasaba todo el día fuera de casa. A su cargo estaba proveer para la crianza de sus hijas, pero solo las podía ver durante las noches.

Durante el día, la abuela era la encargada de cuidarlas. A veces las iba a dejar y a traer a la escuela. En otras ocasiones, ellas iban y venían solas. Ahí estudiaban sexto y octavo grado. La escuela del cantón no tiene teléfono, ni correo electrónico, según un informe del Ministerio de Educación. Tampoco tiene sala de cómputo, biblioteca, ni internet. El espacio de esparcimiento de los estudiantes es una cancha de fútbol y una de básquetbol.

La calma del hogar de las Pérez se rompió cuando empezaron a llegar jóvenes que no eran conocidos en la zona. La abuela sospechaba que se trataba de pandilleros y cuenta que alguna vez les vio un arma. A veces también llegaban mujeres jóvenes con ellos. Una de las muchachas «empezó a llegar a la casa y pedía que le diéramos agua para tomar y ahí se quedaba platicando con las niñas», narra.

“La desaparición es una alerta de riesgo feminicida. Por lo tanto, las acciones deben ser urgentes. No se debe esperar y segundo, no se debe asumir nada. Si fuera cierto que una mujer se fue con alguien más, la obligación es encontrarla viva”, opina la abogada Silvia Juárez.

Poco a poco, ver al grupo de muchachos cerca de la casa era lo habitual. Mientras pedían agua, se fueron ganando la confianza de las adolescentes. Les sonreían. Eran amables. Con amargura, la abuela relata: «Las niñas salían, ellas solas, a estar sentadas en un bordecito en el patio. De ahí los muchachos pasaron a sentarse por ahí. Y platicaban con ellas».

Para agosto de 2016, Karen y Andrea ya consideraban amigas a un par de mujeres que llegaban a platicar con los pandilleros, que vigilaban la zona. Eran dos veinteañeras en las que confiaban. Un día pidieron permiso para ir a bañarse a una poza junto con sus nuevas amigas. La abuela se opuso, pero las menores ya habían salido en otras ocasiones con ellas sin ningún problema. Dijeron que volverían ese mismo sábado al caer la tarde, pero no lo hicieron. La madre marcó al teléfono de Andrea, la hermana mayor, pero fue Karen quien contestó la llamada. Dijeron que llegarían al siguiente día, que estaban bien y en la casa de su amiga. Así pasaron cuatro días.

«El miércoles vino la niña más pequeña a la casa, llorando. Yo le pregunté qué le pasaba y me decía que nada. En la noche, cuando la mamá llegó, le preguntó qué había pasado. Ella estaba bien triste y no quería decirle. Hasta que dijo: ‘Mamá, a nosotras nos están pidiendo $125 y dicen que si no entregamos ese dinero no nos van a dejar regresarnos’», cuenta la abuela.

$125 es una cantidad difícil de conseguir para la familia Pérez. Es cuatro veces lo que pagan por alquilar unas tareas de tierra en la que siembran maíz y frijoles para consumo propio cada temporada. Es más de lo que ellas tenían como ahorros. El ingreso económico del hogar no era alto. La abuela de las menores cría pollos en su casa. Cada uno de los pollos blancos es vendido a $4. Para poder tener en sus manos $125, tendría que haber vendido 31 pollos de una sola vez.

#Dónde están

La madre de las niñas salió a preguntar entre los vecinos si alguien podía prestarle $125, pero no consiguió la cantidad. Karen, de 12 años, lloraba mientras se escondía debajo de una sábana, asegura la abuela. Las adultas de la casa no entendían por qué debían pagar ese dinero. Hasta hoy, solo tienen la explicación que les dio Karen: «Allá donde vamos, los pandilleros nos mandan a que vayamos a pedir comida fiada a un comedor. Y la dueña de ese comedor es la mamá de un pandillero jefe y dice que ya mucho les debemos».

Andrea cuenta, entre lágrimas, el último regaño que le dio. Le dijo que no tenía por qué fiar comida si en su casa ya tenía lo suficiente para alimentarse. «Sí, pero a nosotras nos están obligando», recuerda haber escuchado como respuesta. La niña les dijo que le habían dado pocos días para conseguir el dinero. La abuela se preocupó. En el banco tenía sus ahorros: $50. La madre logró igualar la cantidad y juntaron cien dólares. Llegó el sábado 14 de agosto y una de las nuevas amigas de las menores llegó al parque del pueblo cercano. Ahí le entregaron los $100.

Tras la entrega, Karen le dijo a su madre que volvería al lugar de donde había sido enviada. Que la condición para dejar ir a su hermana mayor era que ella misma volviera con el dinero. Prometió que regresaría al siguiente día en el bus de las 11 de la mañana.

Antes de irse, Karen se despidió de su abuela: «Perdóneme por portarme mal con usted». Después le hizo una promesa: «De aquí para allá nosotras no vamos a volver a salir y le vamos a hacer caso en todo lo que usted nos diga», recuerda. Mientras la abuela habla, se le cierra la garganta y estalla en llanto. Busca en su cartera algo para secar las lágrimas. Encuentra una toalla pequeña y amarilla. Se toma su tiempo para volver a hablar de nuevo. Respira profundo y le da un sorbo a la soda que está sobre la mesa.

Al siguiente día, las adultas de la casa esperaron el bus de las 11 de la mañana y las menores no bajaron. Poco a poco fueron llegando todos los buses de la tarde, pero ninguna de ellas bajó en la parada usual.

La madre de Andrea y Karen denunció ante la policía del municipio la privación de libertad, pero no obtuvo respuestas inmediatas. Lo único que les quedó, entonces, fue empezar a hacer viajes a la sede cercana del Instituto de Medicina Legal (IML): «Allá nosotras solo íbamos a preguntar si había un cadáver».

Lo puedo decir con solvencia. En todo el país hay cuerpos de salvadoreños inhumados.
No hay un departamento de El Salvador donde no haya cuerpos de desaparecidos”, dice Israel Ticas desde su oficina en San Salvador.

***

El Salvador como cementerio

«Lo puedo decir con solvencia. En todo el país hay cuerpos de salvadoreños inhumados. No hay un departamento de El Salvador donde no haya cuerpos de desaparecidos», dice Israel Ticas desde su oficina en San Salvador. Ticas es criminólogo forense. Durante más de una década ha trabajado exhumando cadáveres. Trabaja en la Fiscalía, pero deja en claro que esta plática es a título personal y no institucional. Para comprobar que a lo largo y ancho del territorio hay cementerios clandestinos busca en su computadora un archivo. Luego, muestra un mapa de El Salvador lleno de puntos en todos los departamentos. Cada punto es una exhumación realizada.

Cada semana se denunció la desaparición de 18 niñas y mujeres, en promedio, durante 2018. Y hubo, en todo el año, 924 denuncias de privadas de libertad. Esto representó un aumento de más de cien casos en comparación con 2017, cuando se registraron 813 denuncias de este tipo en la FGR.

Ticas explica que en las escenas que él ha trabajado ha logrado identificar un tipo de violencia dirigida hacia los cuerpos de mujeres que no sucede con el sexo opuesto: «El grado de psicopatía es más avanzado cuando son cuerpos de mujer, pero va a depender de los victimarios. Hay unos que son más psicópatas que otros. He podido encontrar cuerpos a los que les han cortado los pechos, con objetos en su vagina: estacas, envases, navajas. Su vagina lacerada con cortes por arma blanca, objetos en su trasero, lo que no se ve en hombres», señala.

Ticas es un hombre efusivo. Habla como un buen orador y dispara frases tan contundentes como duras: «En El Salvador, el que desaparece está muerto», dice sin dudar, en esta mañana de marzo.

Movidos por ese temor, familiares llegan cada día a las oficinas de Medicina Legal en sus diferentes sedes en todo el país para buscar a sus seres queridos. Ivett Camacho es psicóloga forense y trabajó en ese instituto durante 16 años. Ella ayuda a entender el proceso que se lleva en Medicina Legal cuando se hace el levantamiento de un cuerpo no identificado: «Se les toma fotografía y a razón de eso se lleva un álbum fotográfico. Hay una unidad especial donde se apersona el familiar que anda buscando a alguien». Así, viendo las fotografías, los familiares ayudan a identificar a los fallecidos que están en la morgue.

La Iglesia católica conmemora el Día de los Santos Inocentes –en honor de los niños fallecidos– 1.º de noviembre. Ese día de 2016 y a las 9 de la noche, se hizo el levantamiento de un cadáver que coincidía con las características de una de las hermanas Pérez.

La madre y la abuela escucharon que un cuerpo había sido exhumado y llegaron a Medicina Legal. Ahí se les comunicó que el cuerpo coincidía con la descripción de una de las niñas que buscaban. Se trataba de Karen, la hermana menor.

El 3 de noviembre de 2016, la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la Fiscalía giró un oficio al IML. «Determinar, mediante prueba de ADN, si la sangre correspondiente a la señora Pérez y la muestra del cadáver son compatibles con la misma, para establecer parentesco entre las mismas», se lee en el documento.

«Yo insistía en ver el cuerpo y en Medicina Legal me dijeron que no porque se encontraba en putrefacción, pero me mostraron (en fotografía) solo una parte del cráneo», cuenta la abuela, afectada. Ella explica que el resultado de la prueba de ADN fue positivo y que las autoridades le aseguraron que ese cuerpo pertenecía a su nieta. Sin embargo, años después, ella aún se aferra a creer que no se trataba de su nieta. Cree que las menores, tal vez por miedo, no vuelven a casa: «Y yo digo que no es ella. Y tengo la esperanza», sostiene.

El 25 de enero de este año recibió, junto con su hija, un citatorio para presentarse en una oficina fiscal para realizar diligencias de investigación. Este viernes 29 se inició el juicio por privación de libertad de Karen. Seguirá desarrollándose en abril. Para el caso, hay una mujer acusada. Este juicio, explica la familia, fue pospuesto en varias ocasiones: «Nos citaron para agosto y no lo hicieron, de ahí parece que en noviembre, tampoco la hicieron, después en diciembre… que andaban en capacitación», se queja la abuela. «El juicio se ha suspendido varias veces», confirma el encargado de prensa de la oficina fiscal local. La otra menor, quien ahora tendría 16 años, sigue sin aparecer.

Ilustración de Moris Aldana

La culpa y la víctima

«El primer planteamiento es culpabilizar a las víctimas. Primero las familias tienen que estar demostrando que ellas tenían un patrón regular de vida, que no tenían problemas. ¿Y quién no ha tenido problemas alguna vez?», comenta Silvia Juárez, dirigente en la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Dicha organización cuenta con más de una década de experiencia analizando y monitoreando casos de violencia contra mujeres. Desde ahí, han logrado identificar que los familiares de las mujeres desaparecidas constantemente deben defender a las ausentes ante comentarios que las culpabilizan por su estado de desaparecida.

Nicole Herrera es una estudiante de Medicina, de 18 años, que no aparece desde el pasado 10 de marzo. Ese día dijo en su casa que saldría a comprar material para una tarea en el centro de Apopa. Desde hace 21 días se desconoce su paradero.

Cinco días después de que Nicole desapareció, su padre, José Herrera, se dirigió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ahí se quejó de no ver resultados positivos a pesar de haber denunciado la desaparición pronto. Como familia, «hasta el momento aún no tienen conocimiento del estado del caso», se puede leer en un documento de la procuraduría.

A diferencia del caso de Karen y Andrea, esta desaparición sí ha tenido atención mediática. Su padre ha hablado con varios medios de comunicación y las fotos de ella se han difundido a través de redes sociales. En un canal de televisión se entrevistó a José y se hizo un reportaje sobre la ausencia repentina de la joven. En el reportaje televisado se mencionó que, posiblemente, Nicole sostenía una relación con un miembro de pandillas.

«La desaparición es una alerta de riesgo feminicida. Por lo tanto, las acciones deben ser urgentes. No se debe esperar y segundo, no se debe asumir nada. Si fuera cierto que una mujer se fue con alguien más, la obligación es encontrarla viva», opina la abogada Silvia Juárez.

José Herrera se molestó por el tratamiento mediático que se le dio a la desaparición de su hija. Niega la acusación que se le hizo a su hija y considera que esa información pone en riesgo al resto de sus hijos. El periodista encargado de la nota en cuestión optó por no brindar un comentario ante los señalamientos del padre.

Debido a que el caso ha sido ampliamente difundido, el número de teléfono de José no deja de sonar. Él lo tiene cerca todo el tiempo. Lo llaman periodistas para entrevistarlo y hasta personas pidiéndole dinero. En su celular muestra el chat de alguien que le escribió pidiéndole $2,000 para entregarle a Nicole. Cuando José le pidió una llamada para comprobar que Nicole estaba donde decían, no recibió nada.

La madre de Nicole ha mantenido un perfil más bajo ante la desaparición. «Vivimos en un país sin respuesta. La única confianza es en Dios», dice a través de una llamada telefónica. Asegura que un día podrá platicar sobre lo que su Dios de reyes hará por ella y su hija. Por hoy, no quiere hablar al respecto. Antes de colgar la llamada se compromete a llamar de vuelta –cuando su hija aparezca– para que sea ella misma quien brinde su testimonio.

***

¿Cuántas son las encontradas?

La abuela de las Pérez se aferra a la idea de que sus nietas estén vivas. Pregunta si se conoce de casos en los que, después de un buen tiempo, las personas aparecen con bien. Cuando se encuentra con una respuesta negativa, el tono de su voz se vuelve áspero.

Uno de los problemas relacionados con las desapariciones en El Salvador es que cada institución lleva un registro separado. Por lo tanto, cada organismo relacionado con el tema cuenta con estadísticas distintas sobre la cantidad de personas desaparecidas.

Además, las autoridades no llevan un registro actualizado sobre el estado de las denuncias.

Se conoce cuántas denuncias por privación de libertad se presentan en cada institución, pero no se sabe si, al cabo de unos días, dicha persona apareció. Esto a pesar de que las denuncias por desaparecidos se cuentan por miles. Solo el año pasado fueron más de

2,600.

En marzo, la Policía Nacional Civil dio una conferencia en la que presentó el Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). Este protocolo, en vigencia desde diciembre de 2018, le indica a las autoridades que no se debe esperar ni un solo día para iniciar la búsqueda de una persona reportada como desaparecida. Además, plantea la posibilidad de unificar estadísticas a través del trabajo interinstitucional de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH.

Cuando se le preguntó a Wálter Guillén, inspector jefe de la PNC, en cuántas ocasiones ha sido aplicado el protocolo durante el primer trimestre de este año, el funcionario respondió que no es posible brindar esa información. Tampoco se puede saber cuántas personas han sido ubicadas con éxito: «La vida es un bien tutelado y toda estadística que se genere no sobrepasa sobre este derecho. En ese sentido, y para no seguir estigmatizando este tipo de acciones, no hemos querido dar algún dato», argumentó desde las oficinas centrales de la PNC.

***

La pérdida ambigua

La abuela de las Pérez lleva pocas cosas en la cartera. Entre ellas, los documentos del caso de sus nietas dentro de una bolsa plástica. Así evita que se ensucien o mojen. Tiene la billetera llena de fotos tamaño cédula de las dos menores. En dos de las fotografías las niñas aparecen con el pelo negro y la camisa blanca del uniforme escolar. Miran contentas a la cámara, pero no enseñan los dientes. En otra foto que la abuela lleva siempre consigo está «Andreíta», como ella la llama. Lleva puesto un birrete y se ríe. Su abuela la ve y también sonríe.

La desaparición «es una tragedia para la persona que desaparece, pero también para sus familiares, que viven con la esperanza constante de un milagro», sostiene el Comité Internacional de la Cruz Roja en uno de sus informes.

Nadia Guevara coincide con esta afirmación. Ella es una psicóloga que está al frente del área de salud mental del CICR. La experta ayuda a identificar el perfil de quienes buscan a sus familiares: «En su gran mayoría son mujeres las que buscan, de edad media y adultas mayores, usualmente en situación económica precaria», señala.

A ellas –continúa explicando la psicóloga– se les debe brindar terapia bajo un concepto distinto al del luto. El luto implica aceptar la pérdida final o la muerte de una persona. Y con los desaparecidos, eso puede sentirse como una traición. Como negarles la oportunidad de volver a casa.

Por ello, desde el CICR proponen que los psicólogos y psiquiatras que atienden a familiares de desaparecidos lo hagan bajo el enfoque de la pérdida ambigua: «Es la pérdida de alguien, pero hay una incertidumbre de si está vivo o está muerto. Nosotros no podemos obligar a alguien a que se despida. ¿Cómo le dice a alguien que deje de pensar en el hijo que crió, si no hay nada que le haga entender que no lo va a volver a ver?»

El enfoque propuesto consiste en acompañar psicológicamente a la persona que busca, sin imponer un cierre. Sin obligarla a vivir un luto para el que no está preparado. «Si no hay una certeza, no puede incluso llorar a su desaparecido. Llora la ausencia, pero no puede dar un cierre», considera Guevara.

Hasta la fecha, en El Salvador no hay una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia actual. No hay círculos de apoyo impulsados desde el Estado para atender a las familias de las miles de víctimas.

El criminólogo Israel Ticas se queja de esto: «Hay madres sufriendo. El Estado permite que esta gente sufra todos los días, todas las noches. Hay gente que me habla llorando a las 2 de la madrugada diciendo: ‘Estoy en el cuarto de mi hija, ¿no la ha encontrado?’ ¿Y yo qué hago? Nada. Llorar con ellas».

Nadia Guevara, la psicóloga del CICR, tiene claro el tipo de atención que se le debe dar a estas víctimas secundarias y no se está haciendo: «El apoyo que se le debe dar a las mujeres y a las niñas que quedan es un acompañamiento. Es caminar a la par de la persona». Mientras, las Pérez caminan solas hacia el juicio.