«Nosotras solo íbamos a preguntar si había un cadáver»

Ilustraciones de Moris Aldana

Cuando estaban más pequeñas, Karen y Andrea Pérez jugaban a tener un negocio. Cortaban frutos y hojas de los árboles del patio y los ponían al sol. Ellas decían que cocinaban carne asada. Después, hacían tortillas con la tierra de su cantón, en un departamento de la zona central del país. Cuando crecieron, la dinámica fue cambiando. Seguían jugando en el patio, pero dedicaban más tiempo a platicar. Karen decía que, de grande, quería abrir una sala de belleza. Andrea planeaba ser doctora. Nada de eso fue posible. Desaparecieron en 2016 antes de cumplir los 15 años.

Ese año, al menos 919 mujeres y niñas salvadoreñas fueron privadas de libertad. Así lo establecen las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR). Karen tenía 12 años el último día en que su familia la vio; Andrea, 14. A pesar de que cuando desaparecieron eran menores de edad, su ausencia no causó ninguna movilización a gran escala.

Su desaparición tampoco causó revuelo en medios de comunicación. No hubo ninguna campaña mediática para encontrarlas. Al buscar sus nombres en internet, lo único que existen son dos publicaciones en Facebook donde se muestran sus fotos: dos niñas pequeñas, morenas, de ojos rasgados y nariz chata.

«En las autoridades estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las personas dadas por desaparecidas», señala el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Más de dos años después de que su familia las vio por última vez, aún se desconoce el paradero de la hermana mayor, Andrea. La otra menor ya fue localizada, pero cuando se le encontró, meses después de haber desaparecido, estaba muerta.

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El vaso de agua iba medio vacío

Todo comenzó con un vaso de agua. Esa es la historia que empieza a contar la abuela de las menores. Ella es una mujer pequeña, de 60 años. En su juventud trabajó haciendo oficios domésticos y de jardinería en la capital. Su cantón queda a media hora a pie desde la cafetería en la que ahora habla, pero ella prefiere platicar aquí, en medio de desconocidos y no frente a unos cuantos cercanos. Ya no sabe si puede confiar en los que la rodean.

La vida en el cantón transcurría con aparente normalidad. La madre de las menores trabajaba en una fábrica como operaria de máquina textil y pasaba todo el día fuera de casa. A su cargo estaba proveer para la crianza de sus hijas, pero solo las podía ver durante las noches.

Durante el día, la abuela era la encargada de cuidarlas. A veces las iba a dejar y a traer a la escuela. En otras ocasiones, ellas iban y venían solas. Ahí estudiaban sexto y octavo grado. La escuela del cantón no tiene teléfono, ni correo electrónico, según un informe del Ministerio de Educación. Tampoco tiene sala de cómputo, biblioteca, ni internet. El espacio de esparcimiento de los estudiantes es una cancha de fútbol y una de básquetbol.

La calma del hogar de las Pérez se rompió cuando empezaron a llegar jóvenes que no eran conocidos en la zona. La abuela sospechaba que se trataba de pandilleros y cuenta que alguna vez les vio un arma. A veces también llegaban mujeres jóvenes con ellos. Una de las muchachas «empezó a llegar a la casa y pedía que le diéramos agua para tomar y ahí se quedaba platicando con las niñas», narra.

“La desaparición es una alerta de riesgo feminicida. Por lo tanto, las acciones deben ser urgentes. No se debe esperar y segundo, no se debe asumir nada. Si fuera cierto que una mujer se fue con alguien más, la obligación es encontrarla viva”, opina la abogada Silvia Juárez.

Poco a poco, ver al grupo de muchachos cerca de la casa era lo habitual. Mientras pedían agua, se fueron ganando la confianza de las adolescentes. Les sonreían. Eran amables. Con amargura, la abuela relata: «Las niñas salían, ellas solas, a estar sentadas en un bordecito en el patio. De ahí los muchachos pasaron a sentarse por ahí. Y platicaban con ellas».

Para agosto de 2016, Karen y Andrea ya consideraban amigas a un par de mujeres que llegaban a platicar con los pandilleros, que vigilaban la zona. Eran dos veinteañeras en las que confiaban. Un día pidieron permiso para ir a bañarse a una poza junto con sus nuevas amigas. La abuela se opuso, pero las menores ya habían salido en otras ocasiones con ellas sin ningún problema. Dijeron que volverían ese mismo sábado al caer la tarde, pero no lo hicieron. La madre marcó al teléfono de Andrea, la hermana mayor, pero fue Karen quien contestó la llamada. Dijeron que llegarían al siguiente día, que estaban bien y en la casa de su amiga. Así pasaron cuatro días.

«El miércoles vino la niña más pequeña a la casa, llorando. Yo le pregunté qué le pasaba y me decía que nada. En la noche, cuando la mamá llegó, le preguntó qué había pasado. Ella estaba bien triste y no quería decirle. Hasta que dijo: ‘Mamá, a nosotras nos están pidiendo $125 y dicen que si no entregamos ese dinero no nos van a dejar regresarnos’», cuenta la abuela.

$125 es una cantidad difícil de conseguir para la familia Pérez. Es cuatro veces lo que pagan por alquilar unas tareas de tierra en la que siembran maíz y frijoles para consumo propio cada temporada. Es más de lo que ellas tenían como ahorros. El ingreso económico del hogar no era alto. La abuela de las menores cría pollos en su casa. Cada uno de los pollos blancos es vendido a $4. Para poder tener en sus manos $125, tendría que haber vendido 31 pollos de una sola vez.

#Dónde están

La madre de las niñas salió a preguntar entre los vecinos si alguien podía prestarle $125, pero no consiguió la cantidad. Karen, de 12 años, lloraba mientras se escondía debajo de una sábana, asegura la abuela. Las adultas de la casa no entendían por qué debían pagar ese dinero. Hasta hoy, solo tienen la explicación que les dio Karen: «Allá donde vamos, los pandilleros nos mandan a que vayamos a pedir comida fiada a un comedor. Y la dueña de ese comedor es la mamá de un pandillero jefe y dice que ya mucho les debemos».

Andrea cuenta, entre lágrimas, el último regaño que le dio. Le dijo que no tenía por qué fiar comida si en su casa ya tenía lo suficiente para alimentarse. «Sí, pero a nosotras nos están obligando», recuerda haber escuchado como respuesta. La niña les dijo que le habían dado pocos días para conseguir el dinero. La abuela se preocupó. En el banco tenía sus ahorros: $50. La madre logró igualar la cantidad y juntaron cien dólares. Llegó el sábado 14 de agosto y una de las nuevas amigas de las menores llegó al parque del pueblo cercano. Ahí le entregaron los $100.

Tras la entrega, Karen le dijo a su madre que volvería al lugar de donde había sido enviada. Que la condición para dejar ir a su hermana mayor era que ella misma volviera con el dinero. Prometió que regresaría al siguiente día en el bus de las 11 de la mañana.

Antes de irse, Karen se despidió de su abuela: «Perdóneme por portarme mal con usted». Después le hizo una promesa: «De aquí para allá nosotras no vamos a volver a salir y le vamos a hacer caso en todo lo que usted nos diga», recuerda. Mientras la abuela habla, se le cierra la garganta y estalla en llanto. Busca en su cartera algo para secar las lágrimas. Encuentra una toalla pequeña y amarilla. Se toma su tiempo para volver a hablar de nuevo. Respira profundo y le da un sorbo a la soda que está sobre la mesa.

Al siguiente día, las adultas de la casa esperaron el bus de las 11 de la mañana y las menores no bajaron. Poco a poco fueron llegando todos los buses de la tarde, pero ninguna de ellas bajó en la parada usual.

La madre de Andrea y Karen denunció ante la policía del municipio la privación de libertad, pero no obtuvo respuestas inmediatas. Lo único que les quedó, entonces, fue empezar a hacer viajes a la sede cercana del Instituto de Medicina Legal (IML): «Allá nosotras solo íbamos a preguntar si había un cadáver».

Lo puedo decir con solvencia. En todo el país hay cuerpos de salvadoreños inhumados.
No hay un departamento de El Salvador donde no haya cuerpos de desaparecidos”, dice Israel Ticas desde su oficina en San Salvador.

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El Salvador como cementerio

«Lo puedo decir con solvencia. En todo el país hay cuerpos de salvadoreños inhumados. No hay un departamento de El Salvador donde no haya cuerpos de desaparecidos», dice Israel Ticas desde su oficina en San Salvador. Ticas es criminólogo forense. Durante más de una década ha trabajado exhumando cadáveres. Trabaja en la Fiscalía, pero deja en claro que esta plática es a título personal y no institucional. Para comprobar que a lo largo y ancho del territorio hay cementerios clandestinos busca en su computadora un archivo. Luego, muestra un mapa de El Salvador lleno de puntos en todos los departamentos. Cada punto es una exhumación realizada.

Cada semana se denunció la desaparición de 18 niñas y mujeres, en promedio, durante 2018. Y hubo, en todo el año, 924 denuncias de privadas de libertad. Esto representó un aumento de más de cien casos en comparación con 2017, cuando se registraron 813 denuncias de este tipo en la FGR.

Ticas explica que en las escenas que él ha trabajado ha logrado identificar un tipo de violencia dirigida hacia los cuerpos de mujeres que no sucede con el sexo opuesto: «El grado de psicopatía es más avanzado cuando son cuerpos de mujer, pero va a depender de los victimarios. Hay unos que son más psicópatas que otros. He podido encontrar cuerpos a los que les han cortado los pechos, con objetos en su vagina: estacas, envases, navajas. Su vagina lacerada con cortes por arma blanca, objetos en su trasero, lo que no se ve en hombres», señala.

Ticas es un hombre efusivo. Habla como un buen orador y dispara frases tan contundentes como duras: «En El Salvador, el que desaparece está muerto», dice sin dudar, en esta mañana de marzo.

Movidos por ese temor, familiares llegan cada día a las oficinas de Medicina Legal en sus diferentes sedes en todo el país para buscar a sus seres queridos. Ivett Camacho es psicóloga forense y trabajó en ese instituto durante 16 años. Ella ayuda a entender el proceso que se lleva en Medicina Legal cuando se hace el levantamiento de un cuerpo no identificado: «Se les toma fotografía y a razón de eso se lleva un álbum fotográfico. Hay una unidad especial donde se apersona el familiar que anda buscando a alguien». Así, viendo las fotografías, los familiares ayudan a identificar a los fallecidos que están en la morgue.

La Iglesia católica conmemora el Día de los Santos Inocentes –en honor de los niños fallecidos– 1.º de noviembre. Ese día de 2016 y a las 9 de la noche, se hizo el levantamiento de un cadáver que coincidía con las características de una de las hermanas Pérez.

La madre y la abuela escucharon que un cuerpo había sido exhumado y llegaron a Medicina Legal. Ahí se les comunicó que el cuerpo coincidía con la descripción de una de las niñas que buscaban. Se trataba de Karen, la hermana menor.

El 3 de noviembre de 2016, la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la Fiscalía giró un oficio al IML. «Determinar, mediante prueba de ADN, si la sangre correspondiente a la señora Pérez y la muestra del cadáver son compatibles con la misma, para establecer parentesco entre las mismas», se lee en el documento.

«Yo insistía en ver el cuerpo y en Medicina Legal me dijeron que no porque se encontraba en putrefacción, pero me mostraron (en fotografía) solo una parte del cráneo», cuenta la abuela, afectada. Ella explica que el resultado de la prueba de ADN fue positivo y que las autoridades le aseguraron que ese cuerpo pertenecía a su nieta. Sin embargo, años después, ella aún se aferra a creer que no se trataba de su nieta. Cree que las menores, tal vez por miedo, no vuelven a casa: «Y yo digo que no es ella. Y tengo la esperanza», sostiene.

El 25 de enero de este año recibió, junto con su hija, un citatorio para presentarse en una oficina fiscal para realizar diligencias de investigación. Este viernes 29 se inició el juicio por privación de libertad de Karen. Seguirá desarrollándose en abril. Para el caso, hay una mujer acusada. Este juicio, explica la familia, fue pospuesto en varias ocasiones: «Nos citaron para agosto y no lo hicieron, de ahí parece que en noviembre, tampoco la hicieron, después en diciembre… que andaban en capacitación», se queja la abuela. «El juicio se ha suspendido varias veces», confirma el encargado de prensa de la oficina fiscal local. La otra menor, quien ahora tendría 16 años, sigue sin aparecer.

Ilustración de Moris Aldana

La culpa y la víctima

«El primer planteamiento es culpabilizar a las víctimas. Primero las familias tienen que estar demostrando que ellas tenían un patrón regular de vida, que no tenían problemas. ¿Y quién no ha tenido problemas alguna vez?», comenta Silvia Juárez, dirigente en la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Dicha organización cuenta con más de una década de experiencia analizando y monitoreando casos de violencia contra mujeres. Desde ahí, han logrado identificar que los familiares de las mujeres desaparecidas constantemente deben defender a las ausentes ante comentarios que las culpabilizan por su estado de desaparecida.

Nicole Herrera es una estudiante de Medicina, de 18 años, que no aparece desde el pasado 10 de marzo. Ese día dijo en su casa que saldría a comprar material para una tarea en el centro de Apopa. Desde hace 21 días se desconoce su paradero.

Cinco días después de que Nicole desapareció, su padre, José Herrera, se dirigió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ahí se quejó de no ver resultados positivos a pesar de haber denunciado la desaparición pronto. Como familia, «hasta el momento aún no tienen conocimiento del estado del caso», se puede leer en un documento de la procuraduría.

A diferencia del caso de Karen y Andrea, esta desaparición sí ha tenido atención mediática. Su padre ha hablado con varios medios de comunicación y las fotos de ella se han difundido a través de redes sociales. En un canal de televisión se entrevistó a José y se hizo un reportaje sobre la ausencia repentina de la joven. En el reportaje televisado se mencionó que, posiblemente, Nicole sostenía una relación con un miembro de pandillas.

«La desaparición es una alerta de riesgo feminicida. Por lo tanto, las acciones deben ser urgentes. No se debe esperar y segundo, no se debe asumir nada. Si fuera cierto que una mujer se fue con alguien más, la obligación es encontrarla viva», opina la abogada Silvia Juárez.

José Herrera se molestó por el tratamiento mediático que se le dio a la desaparición de su hija. Niega la acusación que se le hizo a su hija y considera que esa información pone en riesgo al resto de sus hijos. El periodista encargado de la nota en cuestión optó por no brindar un comentario ante los señalamientos del padre.

Debido a que el caso ha sido ampliamente difundido, el número de teléfono de José no deja de sonar. Él lo tiene cerca todo el tiempo. Lo llaman periodistas para entrevistarlo y hasta personas pidiéndole dinero. En su celular muestra el chat de alguien que le escribió pidiéndole $2,000 para entregarle a Nicole. Cuando José le pidió una llamada para comprobar que Nicole estaba donde decían, no recibió nada.

La madre de Nicole ha mantenido un perfil más bajo ante la desaparición. «Vivimos en un país sin respuesta. La única confianza es en Dios», dice a través de una llamada telefónica. Asegura que un día podrá platicar sobre lo que su Dios de reyes hará por ella y su hija. Por hoy, no quiere hablar al respecto. Antes de colgar la llamada se compromete a llamar de vuelta –cuando su hija aparezca– para que sea ella misma quien brinde su testimonio.

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¿Cuántas son las encontradas?

La abuela de las Pérez se aferra a la idea de que sus nietas estén vivas. Pregunta si se conoce de casos en los que, después de un buen tiempo, las personas aparecen con bien. Cuando se encuentra con una respuesta negativa, el tono de su voz se vuelve áspero.

Uno de los problemas relacionados con las desapariciones en El Salvador es que cada institución lleva un registro separado. Por lo tanto, cada organismo relacionado con el tema cuenta con estadísticas distintas sobre la cantidad de personas desaparecidas.

Además, las autoridades no llevan un registro actualizado sobre el estado de las denuncias.

Se conoce cuántas denuncias por privación de libertad se presentan en cada institución, pero no se sabe si, al cabo de unos días, dicha persona apareció. Esto a pesar de que las denuncias por desaparecidos se cuentan por miles. Solo el año pasado fueron más de

2,600.

En marzo, la Policía Nacional Civil dio una conferencia en la que presentó el Protocolo de Actuación Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU). Este protocolo, en vigencia desde diciembre de 2018, le indica a las autoridades que no se debe esperar ni un solo día para iniciar la búsqueda de una persona reportada como desaparecida. Además, plantea la posibilidad de unificar estadísticas a través del trabajo interinstitucional de FGR, Órgano Judicial, PNC, Ministerio de Justicia y PDDH.

Cuando se le preguntó a Wálter Guillén, inspector jefe de la PNC, en cuántas ocasiones ha sido aplicado el protocolo durante el primer trimestre de este año, el funcionario respondió que no es posible brindar esa información. Tampoco se puede saber cuántas personas han sido ubicadas con éxito: «La vida es un bien tutelado y toda estadística que se genere no sobrepasa sobre este derecho. En ese sentido, y para no seguir estigmatizando este tipo de acciones, no hemos querido dar algún dato», argumentó desde las oficinas centrales de la PNC.

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La pérdida ambigua

La abuela de las Pérez lleva pocas cosas en la cartera. Entre ellas, los documentos del caso de sus nietas dentro de una bolsa plástica. Así evita que se ensucien o mojen. Tiene la billetera llena de fotos tamaño cédula de las dos menores. En dos de las fotografías las niñas aparecen con el pelo negro y la camisa blanca del uniforme escolar. Miran contentas a la cámara, pero no enseñan los dientes. En otra foto que la abuela lleva siempre consigo está «Andreíta», como ella la llama. Lleva puesto un birrete y se ríe. Su abuela la ve y también sonríe.

La desaparición «es una tragedia para la persona que desaparece, pero también para sus familiares, que viven con la esperanza constante de un milagro», sostiene el Comité Internacional de la Cruz Roja en uno de sus informes.

Nadia Guevara coincide con esta afirmación. Ella es una psicóloga que está al frente del área de salud mental del CICR. La experta ayuda a identificar el perfil de quienes buscan a sus familiares: «En su gran mayoría son mujeres las que buscan, de edad media y adultas mayores, usualmente en situación económica precaria», señala.

A ellas –continúa explicando la psicóloga– se les debe brindar terapia bajo un concepto distinto al del luto. El luto implica aceptar la pérdida final o la muerte de una persona. Y con los desaparecidos, eso puede sentirse como una traición. Como negarles la oportunidad de volver a casa.

Por ello, desde el CICR proponen que los psicólogos y psiquiatras que atienden a familiares de desaparecidos lo hagan bajo el enfoque de la pérdida ambigua: «Es la pérdida de alguien, pero hay una incertidumbre de si está vivo o está muerto. Nosotros no podemos obligar a alguien a que se despida. ¿Cómo le dice a alguien que deje de pensar en el hijo que crió, si no hay nada que le haga entender que no lo va a volver a ver?»

El enfoque propuesto consiste en acompañar psicológicamente a la persona que busca, sin imponer un cierre. Sin obligarla a vivir un luto para el que no está preparado. «Si no hay una certeza, no puede incluso llorar a su desaparecido. Llora la ausencia, pero no puede dar un cierre», considera Guevara.

Hasta la fecha, en El Salvador no hay una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia actual. No hay círculos de apoyo impulsados desde el Estado para atender a las familias de las miles de víctimas.

El criminólogo Israel Ticas se queja de esto: «Hay madres sufriendo. El Estado permite que esta gente sufra todos los días, todas las noches. Hay gente que me habla llorando a las 2 de la madrugada diciendo: ‘Estoy en el cuarto de mi hija, ¿no la ha encontrado?’ ¿Y yo qué hago? Nada. Llorar con ellas».

Nadia Guevara, la psicóloga del CICR, tiene claro el tipo de atención que se le debe dar a estas víctimas secundarias y no se está haciendo: «El apoyo que se le debe dar a las mujeres y a las niñas que quedan es un acompañamiento. Es caminar a la par de la persona». Mientras, las Pérez caminan solas hacia el juicio.