La discriminación laboral contra la mujer escapa al registro

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Cuando Elena fue contratada como investigadora en institución pública de derechos humanos creyó que había encontrado el empleo ideal. Podía poner en práctica sus conocimientos como abogada. Llegó con muchas ilusiones y expectativas, sobre todo, porque era la oportunidad para materializar su compromiso con la causa. Era septiembre de 2018.

Dos años después, como si estuviese en una corte, Elena lee en voz alta su carta de renuncia: «Esta decisión me ha llevado mucho tiempo de reflexión, porque ingrese al proyecto con mucha motivación, pero poco a poco esto fue apagándose por una serie de situaciones de acoso laboral», dice sentada en un restaurante de comida rápida en San Salvador.

Con el tiempo, si algo aprendió bien fue a dar alegatos, así que, en la mesa, recitando, Elena cuenta las razones que la obligaron a dejar su empleo. Con la renuncia y las denuncias como pruebas de los maltratos de su jefe, la joven se concentra en señalar una de las causas: su edad y su género.

Al ser una institución nueva, el equipo de investigación era conformado por mujeres jóvenes que continuaban formándose en técnicas relacionadas con el objetivo de la institución. Su jefe, con experticia en el temática, era quien debía de coordinar e instruir al grupo para crear un plan de trabajo, pero esto no sucedió.

A disgusto con su «poca experiencia», su jefe convertía cada reunión de trabajo en un campo de batalla donde Elena era bombardeada con gritos y reproches cómo: «¿Tiene usted las competencia para ejercer esta labor?».

Cansada de escuchar los mismos señalamientos y familiarizada con la palabra acoso laboral -actos de violencia psicológica en el lugar de trabajo-, Elena puso una demanda ante el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

«Nuestro jefe inmediato bloquea el trabajo, al no gestionar recursos técnicos y logísticos para el buen desempeño de nuestras labores; descalifica de manera verbal y públicamente el trabajo, en especial razón, por nuestra edad y condición de mujer», puntualiza la denuncia presentada por Elena, en 2019, al ISDEMU.

Su denuncia tuvo poco eco, nadie respondió ante sus señalamientos, ni los altos mandos de su entidad creyeron en que los incidentes podían darse en un lugar que tiene como base la defensa de los derechos humanos.

Como Elena, otras 685 mujeres se vieron afectadas, entre enero de 2018 a mayo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situación de derechos humanos del país, expresó en su informe preliminar: la prevalencia de la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.

De acuerdo con la información obtenida por la CIDH, en el año 2018, el país atendió 1,020 denuncias por violencia en el ámbito laboral. El 60% de estas demandas corresponden a casos de acoso laboral o sexual.

«Recuerdo el día en el que tuve hacer mi primer peritaje, debía anotar cada detalle y la forma en la que habían sido ubicado todo. Para no cometer ningún error pedí asesoría y así asegurarme de que todo lo que había descrito era lo correcto, mi jefe no dudó en preguntarme si realmente ‘yo tenía las capacidades para hacer el estudio técnico’», cuenta Elena.

En su momento, Elena se cuestionó si denunciar era lo correcto, sobre todo en un país donde tener un empleo parece más un privilegio que un derecho. Uno que en cifras se traduce, aproximadamente, a 1.8 millones de salvadoreños sin trabajo u ocupación. Y donde ser una persona asalariada es mucho más complejo para las mujeres.

En El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, la tasa de la Población Económicamente Inactiva (PEI) asciende al 38.7%. De este porcentaje, las más afectadas son las mujeres encabezar el 75.7% de la PEI en 2018.

La encuesta también demuestra la gran diferencia entre los motivos que obligan a hombres y mujeres a no tener -activamente- un empleo. Las salvadoreñas que no forman parte de la fuerza laboral se dedican a los quehaceres del hogar mientras que los hombres se ocupan de estudiar.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

Julia Aguilar, economista especializada en la temática del cuido y participación laboral y sindical de mujeres, enfatiza en que el sistema económico está basado en garantizar condiciones precarias para las mujeres.

«Las mujeres están ocupadas, principalmente, en actividades de comercio y servicio. En este rubro, cada empleada es vinculada con los quehaceres del hogar, con la limpieza, atención de las personas y la cocina. Es un área pagada, pero con tan poca valoración social. ‘¿por qué las mujeres no buscan otras opciones?’, dicen muchos. Pocos entienden que, a pesar de buscar, no hay otras opciones para ellas en el campo laboral», sostiene Aguilar.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

Con pocas oportunidades, las mujeres se concentran en conservar un empleo a pesar de los abusos. En 2019, Según el observatorio de Género de la Dirección de Estadísticas y Censos (DYGESTIC), 140 mil mujeres sufrieron violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo. Es decir, 8 de cada 100 han sido víctimas de estos tratos.

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Sin alternativas y en búsqueda de soluciones, Elena acudió a la institución, que por hoy, es la más buscada para gestionar el cumplimiento de los derechos laborales: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). De acuerdo con ORMUSA, la entidad es un referente debido a que los mecanismos administrativos del MTPS, no implican una acción legal en contra del empleador, lo que evita represalias, como el despido, para el trabajador.

En diciembre de 2019, un mes antes de su renuncia, Elena llegó hasta la oficinas del MTPS para dar aviso de los abusos de su jefe. Pero buscar un espacio para establecer una denuncia, de momento, también es un terreno complejo. La oficina que se ocupaba de atender los casos por acoso laboral, inequidad salarial y actos discriminatorios desapareció -desde septiembre- de la Dirección General de Inspección de la entidad.

De aquella tarde, Elena aún recuerda la desesperación con la que llegó hasta las oficinas del MTPS para que alguien hiciera algo por ella. Las cartas de recibido -por cada denuncia- y su testimonio eran su única garantía para comprobar que algo sucedió, pero eso no valió.

«Me dijeron que no podían atender mi caso porque el ministerio no podía atender a empleadas de una institución estatal y que en esos casos solo podía actuar la PDDH«, asegura Elena.

En una pausa, en un respiro para continuar con su historia y no perder ningún detalle, Elena toma nota y dice: pregunté si podía regresar al ministerio si las cosas empeoraban y me respondieron que no podían conocer mi caso bajo ninguna circunstancia.

Por este tipo de omisiones, Ormusa, cree que es necesario contar con una unidad capacitada como la que existió por 11 años en el Ministerio de Trabajo. Carmen Urquilla, del programa de justicia laboral y económica de la organización, indica que no hay argumento que valide «el suprimir» un espacio especializado para la prevención de actos discriminatorios. Y es que, la mayoría de empleados, no cuentan con una acreditación en el tema de género.

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

La necesidad de un espacio, como la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, es mucho más evidente cuando la DYGESTIC señala que: son 1.8 millones de mujeres las que se mantienen activas dentro del campo laboral y que, de este aproximado, al menos, 30 de cada 100 se han visto afectadas por actos discriminatorios en sus lugares de trabajo.

La violencia laboral no es un tema nuevo, pero se hace poco para combatirlo. El Salvador tuvo la oportunidad, a mediados de 2019, de ratificar el Convenio 190 de la OIT -durante la Conferencia Mundial del Trabajo- en Suecia; un acuerdo que reafirma la tutela de los Estados frente a los problemas del acoso y la violencia en el ámbito laboral. A pesar de ello, el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, se abstuvo de votar.

La votación estuvo dividida ya que el Consejo Superior del Trabajo, conformado por el gobierno, la empresa privada y la representación sindical, no logró un acuerdo. El sector privado emitió su sufragio en contra del convenio y la parte sindical estuvo a favor.

En un informe de inicios de noviembre, Rolando Castro, ministro de trabajo, detalla a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, las razones que llevaron al gobierno a abstenerse del Convenio 190 de la OIT.

«No se hicieron las consultas tripartitas previas a la discusión del convenio. Ante las posiciones opuestas de la parte empleadora y la trabajadora, se consideró que la manera más inclusiva y adecuada de abordar la discusión es a través del Consejo Superior del Trabajo. En ese espacio se debe consensuar la visión de la parte empleadora y la de los trabajadores», sostiene Castro.

Entre las justificaciones, el Ministro de Trabajo aseguró que la abstención no implica que el convenio no pueda ratificarse. Pero hasta la fecha, El Salvador permanece como uno de los Estados que no han validado el Convenio 190 dentro del sistema de la OIT.

La Red Feminista frente a la violencia en contra la mujeres asegura que es preocupante el retroceso de los derechos humanos que enfrentan las mujeres, especialmente, porque existen recortes importantes en el presupuesto general de la nación para tutelar y erradicar la violencia en 2020.

Entre esos recortes está la reducción al presupuesto de los programas de salud en el primer nivel atención y protección social como: bono para educación. También se eliminó el plan de fortalecimiento para la salud de la mujer y se reasignaron al nuevo ministerio de desarrollo social, los proyectos y recursos de la extinta Secretaría de Inclusión Social.

Para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la baja participación de las mujeres en el campo laboral y la precariedad del empleo, se debe a la división sexual del trabajo y a un modelo económico basado en la acumulación de la riqueza y explotación de la fuerza.

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LAS AFECTACIONES QUE SE INVISIBILIZAN

Previo a su renuncia, Elena fue diagnosticada con depresión debido a que el ambiente laboral se le hizo insostenible.

«La situación afectó directamente mi autoestima profesional, trascendió al ámbito personal y familiar, por lo que me vi obligada a recurrir a asistencia psicológica», sostiene Elena.

El boletín estadístico más reciente del Ministerio de Economía, sobre los impactos de la violencia en las mujeres en sus espacios de trabajo, expone que las mujeres sufren repercusiones físicas, psicológicos y en otros aspectos de la vida cotidiana debido a los abusos en el ámbito laboral.

En promedio, 436 mil mujeres han sido afectadas por la violencia psicológica, física o sexual en sus espacios de trabajo a lo largo de su vida. De acuerdo con el documento, lo más frecuente -en las mujeres víctimas de una agresión- es la pérdida o el cambio de empleo, seguido de efectos emocionales como la depresión o miedo.

A pesar de la cantidad de mujeres que se enfrentan a la violencia laboral, Rhina Juárez del Centro de Atención Legal de ORMUSA, asegura que es preocupante la falta de denuncia, pero sobre todo el desconocimiento de las mujeres por identificar el problema.

«La gente tiende a tolerar la violencia, no es que les guste, pero la necesidad del empleo las obliga a hacerlo. En nuestro último estudio sobre la percepción de la violencia laboral contra las mujeres, notamos que pocas logran caer en cuenta de lo que sucede en términos conceptuales. De 1,092 mujeres encuestadas, solo 282 identificaron el acoso laboral y otras 204 precisaron en qué es discriminación de género», asegura Juárez.

Sin ayuda, la única solución para Elena fue renunciar a su trabajo. Decidió que otro empleo, con mucha menos paga, era la oportunidad para huir de los malos tratos que enfrentaba.

«El acoso laboral se normaliza tanto que hasta quienes dicen llamarse defensores de derechos humanos lo ejercen», concluye Elena.

Ilustración de Moris Aldana

8M: una huelga legal en España

Fotografía de archivo

El 8 de marzo de 2018 por primera vez en la historia se organizó una huelga legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Aquella convocatoria venía fraguándose desde la primavera de 2017 y a raíz de la acogida que tuvieron en más de 170 países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino «Vivas nos queremos» contra la violencia de género.

La Comisión 8 de Marzo de Madrid, convocante de la huelga feminista, vuelve a convocarla este año porque las vidas de las mujeres «siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad y la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados», entre otras «discriminaciones».

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¿Quién convoca la Huelga Feminista?

La convocatoria oficial parte de los cientos de organizaciones de mujeres estatales, autonómicas y locales que conforman el Movimiento Feminista en España. Se han articulado en torno a la Comisión 8 de Marzo, un espacio de coordinación creado en 1977 con el fin de acordar las acciones que conjuntamente se llevan a cabo para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mediante asambleas mensuales se han ido puliendo aportaciones de esta pluralidad de entidades hasta construir un argumentario común para llamar a la movilización ese día.

La Comisión 8M ha ido creciendo en los últimos años: de las reuniones de 20 personas de hace cinco años, pasó a más de 40 de hace tres años, y de ahí a las más de 250 personas en la actualidad.

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¿Es legal hacer huelga el 8 de marzo?

Sí. Varios sindicatos han convocado huelga general y su preaviso ha sido registrado ante el Ministerio de Empleo por lo que ha quedado legalizada en el marco del Derecho de Huelga de los trabajadores.

Con respecto al año pasado, es novedoso que la Federación de la Enseñanza haya convocado este año una huelga general de 24 horas en el sector educativo. Este sector es el primero en el que el sindicato plantea el paro laboral de 24 horas.

Se convocará paros de dos horas por turno de trabajo, pero en esta ocasión cada centro de trabajo podrá elegir los horarios –el año pasado convocó el paro de 12 a 14 horas–. Además, va a organizar un acto reivindicativo frente a la Secretaría de Estado de Igualdad a las 12:00 horas del 8 de marzo, al tiempo que participará en la manifestación que se convoque por la tarde.

La huelga tendrá lugar este año con un gobierno en funciones.

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¿Quién puede participar en la Huelga Feminista?

Están llamados todos los trabajadores, pues lo contrario sería ilegal. No obstante, el movimiento feminista insta en particular a las mujeres a participar porque se trata de evidenciar que sin el trabajo femenino, remunerado o no remunerado, nada funciona. Ese es el eje de la convocatoria: «Si nosotras paramos, se para el mundo».

Se hace un llamamiento a los hombres para que faciliten a todas las mujeres la posibilidad de hacer huelga feminista. En este sentido, decenas de hombres de diversas zonas de Madrid ya han comenzado a organizarse para coordinar una red de «puntos de cuidados» en toda la ciudad como apoyo a la huelga feminista.

En cualquier caso, desde la Comisión 8M llaman a los hombres que son «aliados del feminismo» a participar en las manifestaciones que se convoquen ese día.

No llevar a los niños al colegio, no lavar, tender o planchar, son algunas de las ideas que da la Comisión 8M para ese día. “Paramos las mujeres, pero no paran los cuidados”, sostienen, instando a secundar la huelga “para que los cuidados no recaigan solamente” en las mujeres y para que se conviertan en una “responsabilidad social, compartida y distribuida”.

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¿En qué consiste la Huelga Feminista?

La Comisión 8 de Marzo plantea esta jornada de forma multidimensional y llaman a participar en una huelga feminista laboral, de cuidados, de consumo, estudiantil y asociativa.

La central es la de cuidados, que persigue que en la esfera doméstica los hombres asuman las tareas del hogar y de los cuidados para que se den cuenta de hasta qué punto la labor de las mujeres es vital para el sostenimiento del hogar y cuánta carga están asumiendo en solitario.

No llevar a los niños al colegio, no lavar, tender o planchar, son algunas de las ideas que da la Comisión 8M para ese día. «Paramos las mujeres, pero no paran los cuidados», sostienen, instando a secundar la huelga «para que los cuidados no recaigan solamente» en las mujeres y para que se conviertan en una «responsabilidad social, compartida y distribuida».

En cuanto a la huelga de consumo, se insta a las mujeres en particular a abstenerse de consumir lo que no sea imprescindible en esa jornada, reduciendo al mínimo el gasto en suministros pero también en bienes y servicios. Es una iniciativa de la corriente ecofeminista para reflexionar sobre el peso de las mujeres en el modo de consumir y la fuerza que tienen para implantar modelos más sostenibles.

La huelga laboral significa no realizar el trabajo asalariado en empresas, comercios, fábricas, servicios públicos de salud, educación, cuidados, u otros. El objetivo es que ese día las mujeres «desaparezcan físicamente» todos esos espacios que ocupa y en los que está «invisibilizada».

Respecto a la huelga educativa, llaman a parar en colegios, institutos y universidades porque el sistema educativo es el principal espacio «en el que se reproduce el actual sistema capitalista y patriarcal».

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¿Por qué una huelga?

El argumentario de la Comisión 8M es tan amplio como las diversas problemáticas que afrontan las mujeres por el hecho de serlo. El documento es un dossier de 30 páginas que contempla casi 200 motivos y objetivos por los que se debe convocar y secundar la huelga feminista. Se desarrollan en torno a cuatro ejes: violencias, cuerpos, fronteras y economía.

Las feministas del 8M denuncian las violencias machistas, en todas sus formas y exigen más presupuesto para combatirlas, pero también ponen en el foco la mayor precariedad de la mujer en el mercado de trabajo, la persistencia de barreras a su proyección profesional y su discriminación en materia de salarios.

En la misma línea, denuncian que la pobreza las afecta de forma preferente, los recortes presupuestarios que afectan a los cuidados, la falta de reconocimiento del trabajo doméstico que asumen las mujeres en mayor medida, haciendo especial hincapié en las migrantes, un colectivo más vulnerable.

Sin compras. Los organizadores también promueven el evitar las compras que no sean indispensables. Es una manera de calcular el apoyo femenino a la economía.

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¿Habrá movilizaciones?

Sí. Como cada 8 de marzo se celebrarán manifestaciones en prácticamente todas las capitales de provincias de España, si bien todavía no están convocadas. Un mes antes se han impulsado distintas acciones y campañas para que las mujeres lleguen movilizadas a la jornada de huelga.

Habrá una manifestación central en Madrid y desde la Comisión 8M esperan que sea un «éxito», tal y como sucedió en 2017 y 2018. Fuentes de la comisión afirman que no están pensando en los números, pese a que reconocen que el contexto actual puede que anime a la participación de la gente.

En el argumentario del 8M se alude a «quienes hacen su política desde la mentira y el desprecio a las mujeres, el miedo, la victimización y el resentimiento». Asimismo, hace referencia a las distintas «reacciones patriarcales» por el avance en los derechos de las mujeres, como la «derecha y extremaderecha» que sitúa a las mujeres y a las migrantes «como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal y patriarcal». «Frente al ‘nosotros primero’, planteamos ‘nosotras juntas’», destaca el 8M.

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¿Cómo se medirá el éxito de la movilización?

«Cada año somos más y estamos más movilizadas», sostienen desde la Comisión 8M, que apunta que la huelga es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Con este argumento llaman a secundarla y a movilizarse, teniendo en cuenta que el movimiento «ni empieza ni acaba el 8 de marzo».