«desaparición forzada»

En medio de la pandemia, Sara busca a Miguel

Sara busca a su hijo, Miguel, desde el 9 de abril de 2020. La emergencia de salud por covid-19, según la madre, estancó la operatividad de entidades como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República debido a que ninguna actuó con inmediatez. Pasó una noche para que las autoridades pusieran en marcha el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda (PAU) y transcurrió un mes para que la sede fiscal cumpliera con la fase inicial de recolección de información para abrir el expediente. De acuerdo con la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, durante la cuarentena domiciliar, las denuncias han disminuido en comparación a enero y febrero. Pasó de 198, a 93 casos en el mes mayo. A pesar de la baja, la efectividad para la localización de las víctimas ha sido del 54.79%.

Los desaparecidos por uniformados

La desaparición cometida por cuerpos de seguridad es la única que está contemplada como delito en el Código Penal salvadoreño y es, también, la que menos se denuncia. Durante los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 46 denuncias por desaparición forzada. Las autoridades admiten que este es un delito en el que el subregistro es dominante. Reconocen que los familiares temen por sus vidas al denunciar a agentes estatales frente a instituciones del Estado.

La soledad de la búsqueda

Cuando una persona desaparece, su localización depende –casi en exclusiva– del ahínco con el que sus seres queridos presionen a las autoridades estatales y de la repercusión mediática del caso. En este reportaje, los familiares de las personas desaparecidas reclaman que las investigaciones no generan resultados; no los encuentran vivos ni muertos. A esa tragedia se le suma una discusión jurídica: en El Salvador solo están reguladas las desapariciones en las que tienen que ver cuerpos de seguridad como la Policía y el Ejército; el resto, no.

Carta Editorial

Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla.