Crecen sin techo en Buenos Aires, otro signo de la crisis

En la calle. “Es un día triste”, anunciaron las autoridades gubernamentales el día en que dieron a conocer las nuevas cifras de pobreza.

La pequeña Valentina Alemán corre por la acera entre cajas de cartón, un sofá deshilachado y una heladera en desuso indiferente a los automóviles que pasan a su lado. Su sonrisa delata que no tiene dimensión de los peligros que acechan a quienes viven en la calle.

Una tienda improvisada con paredes de cartón, techo de bolsas y dos colchones instalada a un costado de una transitada avenida de la capital argentina aloja a la niña de dos años, sus cuatro hermanos y sus padres desde hace ocho meses, cuando los ingresos de la familia ya no fueron suficientes para cubrir un alquiler al ritmo de la galopante inflación en Argentina.

Con la profundización de la crisis económica han aumentado las familias como los Alemán asentadas con sus pertenencias en las aceras de las principales avenidas, los accesos a grandes centros comerciales, las paradas de autobuses, los parques o debajo de las autopistas.

Según el último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el segundo semestre de 2018 la pobreza creció al 32 % desde el 27.3 % del primer semestre. Argentina padeció el año pasado una devaluación del 51 % de su moneda, que en una economía fuertemente atada al dólar se trasladó de inmediato a los precios, con fuerte impacto en los alimentos.

La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años a 6.46 % –el equivalente a 198,000 personas–, según datos oficiales del tercer trimestre del año pasado. La alcaldía todavía no ha dado a conocer un relevamiento de fines de 2018 sobre las personas viviendo en la calle, pero organizaciones no gubernamentales estiman que son unas 8,000.

La reducción de la pobreza es una de las cuentas pendientes del presidente conservador Mauricio Macri que transita su último año de mandato y ha lanzado la campaña para la reelección en los comicios generales de octubre. Cuando asumió en 2015 dijo que su gestión debía evaluarse por la baja de la pobreza –entonces del 30 %– y fijó el lema «pobreza cero» como objetivo de su gobierno.

«Confié en él cuando decía ‘pobreza cero’, creía en él, parecía que iba estar con los pobres», se lamentó Damiana Alemán, de 37 años, con la pequeña Valentina en brazos. «Pero él se refería a descartarnos a los pobres, no a aumentar nuestros valores o economía. Desde mi punto de vista, ‘pobreza cero’ significa que él quiere borrar a los pobres del mapa de Argentina».

Macri sostiene que subestimó los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno populista de Cristina Fernández (2007-2015) y que corregirlos le está demandando más tiempo y un alto costo social porque en el medio se interpusieron una sequía récord, que privó al país de millones de dólares, y factores externos que atentaron contra la reactivación económica.

“Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos”, reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo que “todo es extraño, todo es agresivo”.

Pero el creciente descontento social impactó en la popularidad del mandatario mientras crece en las encuestas la líder opositora y expresidenta, quien todavía no oficializó su postulación pero que sus partidarios dan por descontada. La nostalgia por la relativa estabilidad económica y las medidas populistas para alentar el consumo durante su mandato le permitieron a la actual senadora repuntar en las mediciones pese a las numerosas investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción.

Sin embargo, la mayoría de los sondeos reflejan un escenario de paridad en una eventual segunda vuelta entre ambos.

Los Alemán pagaban entre 4,000 y 5,000 pesos (entre $90 y $112) de alquiler. La economía familiar colapsó cuando en el marco de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos –77.6 % en el gas, 46.3 % en la electricidad y 26 % en el agua durante el último año– les llegó una boleta de electricidad que duplicaba la renta y el padre, Emilio, perdió el trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis.

De los 10 hogares de tránsito y paradores nocturnos que gestiona la ciudad, uno solo es para familias y no da abasto. Los otros también tienen problemas para atender la demanda que se vio potenciada por un nuevo fenómeno: los residentes de los suburbios que vienen a la capital a trabajar y prefieren vivir en la calle de lunes a viernes para no gastar en transporte.

Las familias, por lo general, prefieren instalarse en la calle antes que separarse en diferentes centros de acogida.

No hay plata para comida. La gente no solo tiene problemas para pagar los servicios básicos. Tiene problemas para comprar los alimentos, que han registrado grandes aumentos de precio.

«Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos», reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo: «Todo es extraño, todo es agresivo. Es muy difícil los primeros tres o cuatro días. Después te vas acomodando porque somos animales de supervivencia. Te vas conectando».

Pero el crudo invierno, el calor agobiante, las lluvias, la inseguridad y la indiferencia de los transeúntes pueden volverse desoladores para una madre de cinco. «Estar con ellos acá no es lindo, el principal riesgo es la salud de ellos», apuntó Alemán mientras sus niños se distraían con juguetes usados que les acababan de regalar. «Ellos quisieran mirar tele. El más grande me pregunta por qué no podemos estar en casa, con nuestra tele y en la cama».

Los Alemán dependen del dinero que obtiene el padre por los cartones y desechos reciclables que junta en la calle y la generosidad de los vecinos, aunque también los hay que llaman a la alcaldía y piden que los desalojen de la acera. Se alimentan en comedores populares, originariamente destinados a los adictos pero que en los últimos tiempos atienden a familias y ancianos que no tienen para comer.

En febrero una familia tipo de cuatro integrantes que viven en la capital necesitó 13,319.26 pesos (unos $299) para no caer en la indigencia cuando hace un año ese valor de referencia estaba en 8,559 pesos ($191). Los precios se dispararon al compás de una inflación de 47.6 % en 2018, la más alta desde 1991.

El salario mínimo en Argentina está fijado en 12,500 pesos (unos $280).

De acuerdo con un relevamiento realizado por el privado Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en capital y sus alrededores a fines de febrero, el 65 % de los 1,523 entrevistados sostuvo que sus ingresos no le alcanzan y 52 % disminuyó la cantidad de comida que consume por esa razón.

«La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal. Un horizonte de aumentos ininterrumpidos de tarifas con pérdida de poder adquisitivo del salario no hace más que incrementar los miedos», advirtió Matías Barroetaveña, director del CEM.

«Ustedes sigan riéndose que dentro de poco los voy a ver al lado mío», bromea Héctor García a quienes pasan por delante de su tienda hecha con varias capas de tela y plásticos que comparte con María Ortega, de 77 años. El hombre de cabello y barba canosa lleva cuatro años en la acera de un barrio de clase media de Buenos Aires tras quedarse sin empleo. Sobrevive reparando electrodomésticos o desarmándolos para vender sus partes.

«La posibilidad de salir de la calle te la dan por cinco o seis meses, eso no es solución», apuntó García, de 57 años, en referencia a los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno.

Aunque antes de asumir Macri había cuestionado duramente las políticas asistencialistas del kirchnerismo, luego aumentó el presupuesto de ayuda social, que demanda el 70 % de los recursos de la administración nacional previstos para 2019. El propio Fondo Monetario Internacional, que aprobó un rescate para Argentina de unos $56,000 millones en 2018, acaba de avalar un aumento en las partidas presupuestarias para subsidios a los pobres.

La asignación universal por hijo, que reciben unos cuatro millones de menores de 18 años de familias sin empleo, se incrementó 46 % en marzo a 2,650 pesos por mes (unos $59). La Alcaldía de Buenos Aires, a cargo de un aliado del presidente, también se comprometió a ampliar la capacidad de los hogares de tránsito.

«Para un lugar peor, me quedo acá. Al menos no llegan las cuentas», ironizó García antes de refugiarse en su morada callejera.

Sin nada. La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años y llegó a 198,000 personas.

Tribu amazónica acusa de atrocidades al Ejército de Brasil

Víctimas indígenas. Los fiscales estiman el número de víctimas de waimiri-atroari entre 600 y 3,000.

Bare Bornaldo Waimiri, en ese momento un miembro adolescente de la tribu waimiri-atroari en lo profundo de la Amazonía brasileña, dijo que el día de ese ataque, hace muchos años, fue el último que vio a su familia con vida.

Ahora de edad avanzada, Bornaldo describió la horrible escena la semana pasada durante una audiencia histórica que puso los reflectores sobre el Ejército de Brasil, que niega haber atacado a la tribu. Su testimonio subrayó la tensión constante entre el desarrollo y la conservación en la nación más grande de América Latina, y sucede mientras el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro otorga un papel destacado a los militares en su gobierno y pone fin a las nuevas demarcaciones de tierras indígenas en el Amazonas.

«Perdí a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mi hermano», dijo Bornaldo en voz muy baja, con pantalones cortos y golpeando sus sandalias en el suelo mientras dos traductores escribían sus palabras en portugués.

La audiencia tuvo lugar en una choza de paja con forma de cono donde los waimiri-atroari normalmente celebran festividades coloridas y largas sesiones de oratoria. La semana pasada, durante un día, se transformó en un juzgado sombrío donde seis ancianos le contaron a un juez cómo durante muchos años la dictadura militar de 1964-1985 intentó erradicarlos con armas, bombas y productos químicos.

The Associated Press y un periódico local fueron los únicos medios autorizados para asistir a la audiencia. En general, a los miembros no tribales se les prohíbe ingresar a la reserva en expansión, que es del tamaño de Israel y que se encuentra entre los estados de Amazonas y Roraima.

Los miembros de la tribu y los fiscales dijeron que esta fue la primera vez que se permitió a un juez en las tierras de waimiri-atroari escuchar a los testigos hablar de varios supuestos ataques durante años. Los líderes dijeron que su objetivo era lidiar con el pasado y evitar futuras incursiones.

«Para pasar esta página, todos tenemos que leer el libro», dijo el líder tribal Mario Parwe Atroari.

La mayoría de las tribus indígenas que alegan atrocidades durante la dictadura se muestran reticentes a dar cuenta completa de los incidentes en los juzgados urbanos porque no confían en los pueblos no indígenas. Algunos también temen ser procesados por sus propios ataques contra agentes estatales y misioneros.

Mientras los miembros de la tribu asentían con la cabeza durante el testimonio de Bornaldo, media docena de militares uniformados permanecían en silencio. El coronel retirado Hiram Reis e Silva, vestido con una camisa de cuello blanco y pantalones vaqueros, negó con la cabeza cuando los testigos hablaron. Reis e Silva, quien dijo que trabajó cerca de la reserva después de 1982, estuvo en la audiencia para representar al ejército.

«Mi versión de la historia es muy diferente», dijo Reis e Silva a la AP. «Hay algunas exageraciones. Esperamos que la verdad se restablezca».

«También tengo varios testigos que son los pioneros de la carretera y contrarrestan todo lo que dicen los miembros de la tribu», agregó Reis e Silva, quien se negó a compartir los contactos de cualesquiera de esas personas cuando se le solicitó.

Antes de dictaminar, se prevé que la jueza federal Raffaela Cassia de Sousa esperará a los médicos forenses, lo que podría incluir una determinación de qué producto químico se pudo haber usado en los atentados que los testigos describieron, y posiblemente más testimonios y pruebas.

“Los documentos de esa época muestran que la dictadura militar consideraba a los indígenas un obstáculo para el desarrollo y que su presencia en áreas de interés del Gobierno no podía detener las obras de construcción”.

No hay fecha final para una decisión.

Los fiscales federales, que acusan al Estado brasileño de genocidio en su demanda civil, dijeron que cientos sino miles de miembros de la tribu murieron entre 1968 y 1977, cuando se construyó la carretera BR-174. Las muertes ocurrieron por huelgas militares o por enfermedades que se produjeron después de la construcción contundente de la carretera a través de la reserva, dijeron los fiscales.

Los testigos dijeron que desconocían las fechas de los supuestos ataques. Los waimiri-atroari no miden el tiempo en meses y años, sino que hablan de los acontecimientos en relación con una fase de su vida.

Los fiscales dijeron que creen que el atentado que Bornaldo atestiguó ocurrió después de 1974, año en que se intensificaron las agresiones. La masacre que vio Bornaldo fue uno de los numerosos ataques durante la construcción de una parte de la carretera que conecta las ciudades de Manaus y Boa Vista, según declararon los fiscales y miembros de las tribus.

Los seis miembros de la tribu que testificaron dijeron que las agresiones provenían del Ejército brasileño mientras supervisaba la construcción de 120 kilómetros (75 millas) a través de la reserva waimiri-atroari.

En ese entonces, los líderes militares dijeron que la tribu estaba impidiendo que los empleados del Gobierno construyeran la carretera. Sin embargo, los militares nunca han reconocido haber atacado a la tribu.

«Los documentos de esa época muestran que la dictadura militar consideraba a los indígenas un obstáculo para el desarrollo y que su presencia en áreas de interés del Gobierno no podía detener las obras de construcción», dijo el periodista Rubens Valente, quien asistió a la audiencia y es autor de un libro sobre la relación entre el régimen autoritario de Brasil y las tribus indígenas.

Durante la audiencia de la semana pasada, los abogados del Gobierno sugirieron en sus preguntas que los mineros o los delincuentes locales estuvieron detrás de los ataques, afirmaciones que los miembros tribales rechazaron.

Al explicar el uso de la violencia, waimiri-atroari dijo que ellos solo estaban defendiendo su territorio. Según el libro de Valente, que los fiscales citan, al menos 26 personas, incluidos trabajadores de la construcción, enlaces gubernamentales con grupos indígenas y miembros de misiones religiosas murieron durante la construcción de la autopista.

En comparación con países suramericanos como Chile y Argentina, Brasil ha hecho poco para sacar a la luz las atrocidades a manos de los militares, especialmente contra los pueblos indígenas.

Las acusaciones de los waimiri-atroari suponen un desafío para las fuerzas armadas de Brasil, quienes dicen que su régimen solo reprimió a los adversarios que buscaban una revolución socialista.

Esbelto y de voz baja, Dawuna Elzo Atroari dijo que fue testigo de un ataque contra la tribu en un incidente diferente al descrito por Bornaldo.

«Antes de este camino vivíamos bien y en paz, estábamos sanos», dijo con las manos temblorosas. «Después del camino, murieron personas y fuimos amenazados».

«Tenía un arma apuntando a mi oreja», contó.

Acusación. Los fiscales federales acusan al Estado brasileño de genocidio. Se cree que miles de miembros de la tribu murieron entre 1968 y 1977, cuando se construyó la carretera BR-174.

La vida silvestre es abundante en la región, donde habitan perezosos, monos y jaguares que aparecen con frecuencia. Bayous lleno de flores rosadas que atraen moscas se pueden ver desde la carretera. No lejos de eso, los árboles se vuelven más frondosos y altos.

Los waimiri-atroari cierran la carretera con una enorme cadena cada día a las 6 de la tarde con el fin de proteger la vida silvestre y la tribu en sí. Solo vuelve a abrir a las 6 de la mañana.

El testimonio de los ancianos –todos ellos jóvenes durante la construcción del camino– es clave en la demanda que exige al Estado pagar a la tribu $13 millones en daños, emitir una disculpa oficial en una ceremonia en la tierra waimiri-atroari, construir un museo para recordar las atrocidades y mencionar las violaciones de derechos humanos en su contra en libros de escuelas públicas.

En 2014, una comisión de la verdad dijo que más de 8,000 miembros de tribus indígenas podrían haber sido asesinados a manos de regímenes autoritarios entre 1946 y 1988, la gran mayoría durante la dictadura de 1964-1985.

Los fiscales estiman el número de víctimas de waimiri-atroari entre 600 y 3,000.

A medida que avanzaba la audiencia y los miembros de la tribu acusaban repetidamente al Ejército brasileño de masacre, surgieron noticias que tenían paralelos misteriosos con el pasado: el gobierno federal anunció planes para construir una línea de energía que atravesará la reserva waimiri-atroari, algo que políticos y líderes militares buscan desde la construcción de la BR-174.

Bolsonaro, quien frecuentemente elogia la dictadura y promete abrir el Amazonas a un mayor desarrollo, consideró que la línea de energía que conectará la red del estado de Roraima con el resto de Brasil es un asunto de seguridad nacional. La decisión no obliga a consultar a los waimiri-atroari, como lo exige la ley. Brasil ahora compra energía de Venezuela, un país actualmente en crisis, para abastecer al norte.

Si el proyecto de energía de $600 millones avanza en junio como lo prometió Bolsonaro, habrá más deforestación en las tierras de los waimiri-atroari con la instalación de docenas de torres de electricidad. Se espera una batalla legal.

Independientemente de lo que suceda, Parwe, uno de los líderes de la tribu, dijo que estaba feliz de que las futuras generaciones aprendan más sobre los waimiri-atroari.

«Todos deberían saber lo que sucedió aquí para que nunca vuelva a suceder», dijo Parwe con voz firme, de pie junto al juez y mirando al personal militar que estaba presente.

Cuando productores musicales son acusados de depredadoresa

Nombres. Entre los acusados hay gente que ha recibido los premios más prestigiosos de la música y ha grabado con cantantes de renombre, como el cantante Ryan Adams. Esto ha significado un atraso en la justicia que demandan las víctimas.

J​​​​​​​essie Woo solo quería cantar. Así que cuando la vocalista en ciernes conoció a un productor exitoso que dijo que quería ayudarla, le creyó.

Una noche hace siete años, dijo, el productor la violó.

No fue la única vez que fue acosada por productores a principios de su carrera, dijo Woo, miembro del elenco del programa de VH1 «Love & Hip Hop Miami» y anfitriona de varios programas de BET Networks.

«Estos productores te ponen en las salas que has soñado. Estás en un estudio con artistas como… Lil Wayne, estás viendo a T-Pain, a Beyoncé. Estás viendo a toda esta gente que pasa a saludar», contó. «Entonces piensas, ‘OK, esta persona es un poco espeluznante pero tengo que estar aquí… estoy en el lugar correcto, solo tengo que maniobrar alrededor de esta persona. Tengo que aprender a esquivar la bala’. Y estás esquivando a alguien que pretende abusar de ti».

Otras mujeres que navegan la industria de la música pop han empezado a pronunciarse sobre experiencias similares, luego de que el movimiento #MeToo derribó a hombres poderosos en Hollywood, la política y los negocios. Al igual que en esos ruedos, las mujeres a menudo pueden enfrentar abuso, a veces sexual, en manos de hombres poderosos que tienen la llave de su éxito.

En 2017 Jessie Reyez, la cantante que coescribió los éxitos recientes de Calvin Harris «One Kiss» (con Dua Lipa) y «Promises» (con Sam Smith), lanzó un potente cortometraje con su canción «Gatekeeper». En el mismo describe cómo fue acosada por un productor: «Oh, yo soy el portero/ abre las piernas /confía /podrías ser famosa /si vas a cualquier otra parte, te borraré».

El año pasado, identificó a su atormentador como el productor musical Noel «Detail» Fisher, quien ganó un Grammy por coescribir el éxito de Beyoncé y Jay-Z «Drunk in Love». Reyez dijo que Fisher trató de denigrarla y menospreciarla por no tener sexo con él, y por no tener relaciones sexuales para avanzar en su carrera.

Los intentos por conseguir a Fisher –quien también ha producido éxitos de Lil Wayne, Nicki Minaj, Wiz Khalifa y otros– para obtener declaraciones sobre las acusaciones de Reyez y otras mujeres fueron infructuosos. Llamadas a números telefónicos listados como suyos y de sus parientes no fueron respondidas.

Otras mujeres hicieron eco de las acusaciones de Reyez y pintaron a Fisher como un abusador en serie.

«#MeToo Con razón me conecté con tu canción GateKeepers @jessiereyez», escribió la cantante de 29 años Bebe Rexha en Instagram en mayo de 2018. «Él trató de hacer lo mismo conmigo. Yo tenía apenas 19 años. Salí corriendo del estudio, llorando. Un ser humano espantoso».

Otra cantante, Tinashe, comentó sobre el post de Rexha: «La única sesión hasta el día de hoy de la que he salido por sentirme muuuuuy incómoda. Contenta de que sea expuesto por el arrastrado (grosería) que es. Asqueroso».

Janae Knox presentó una demanda contra Fisher en junio de 2018, y argumentó que luego de que fue contratada como su asistente sufrió «acosos y abusos sexuales severos y perversos por parte de Fisher», según documentos de la corte. La demanda alega que Fisher le pidió a Knox que se duchara con él y le exigió favores sexuales mientras realizaba su trabajo.

«‘Detail’ es un depredador sexual y resulta inquietante que yo haya sido una de sus víctimas. Quiero alentar a otras víctimas a pronunciarse porque, al hacerlo, comenzarán a sanar», dijo Knox en una declaración.

Isabella Mack, otra asistente de Fisher, presentó una queja cuando Knox lo hizo, y argumentó que fue retenida en contra de su voluntad mientras el productor se masturbaba. La demanda dice que Fisher también le exigió que posara desnuda para fotos y videos, y que Mack sufrió angustia emocional extrema como resultado.

«‘Detail’ tiene que ser hecho responsable de sus acciones. También espero que otras víctimas en la industria musical se pronuncien porque es hora de exponer un sistema que permite que los hombres abusen de las mujeres en este negocio», dijo Mack a la AP.

Otra demanda contra Fisher fue presentada en diciembre por la aspirante a músico y modelo Kristina Buch.

Fisher aún no ha respondido a ninguno de los casos presentados en su contra el año pasado, y un abogado que lo representa no pudo ser localizado.

La abogada Genie Harrison, que representa a Knox y Mack, dijo que sus clientes «decidieron hacer responsable a ‘Detail’» y «mostrarle a otras víctimas que no están solas».

«Sea en la música, el cine o los negocios en Estados Unidos, el abuso de poder para obligar al sexo debe parar. Las valientes víctimas de #MeTooInMusic (#YoTambiénEnLaMúsica) que se pronuncian ayudarán a lograr esta meta», agregó Harrison en un comunicado.

Algunas de estas acusaciones fueron hechas mucho antes del movimiento #MeToo, que comenzó tras las denuncias de violencia sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Lady Gaga, de 32 años, dijo que un productor abusó sexualmente de ella cuando tenía 19 años, antes de lanzar su álbum debut en 2008 y convertirse en una superestrella laureada con premios Grammy y Óscar.

«Es algo en mi vida que realmente me ha definido siempre hasta ahora», dijo Gaga a la AP en 2016.

Por años, la cantante pop Kesha ha batallado en las cortes con su exproductor Dr. Luke, a quien acusa de haberla drogado, violado y atormentado psicológicamente. Dr. Luke, quien ha creado éxitos para Katy Perry, Kelly Clarkson, Britney Spears y otras estrellas, ha rechazado estos alegatos.

Y por supuesto está R. Kelly, un superastro multiplatino del R&B, que también ha creado éxitos para Michael Jackson, Celine Dion y Maxwell se ha declarado inocente de cargos de abuso sexual agravado relacionado con cuatro víctimas, incluyendo al menos tres de entre 13 y 17 años.

Para Kelly, estas son solo las más recientes en toda una vida de acusaciones. Enfrentó cargos de pornografía infantil por supuestamente tener sexo con una preadolescente, pero lo absolvieron en 2008. También se casó en secreto con su entonces protegida, la difunta estrella del R&B Aaliyah, cuando ella tenía apenas 15 años; el matrimonio fue después anulado. Kelly ha sido acusado de atraer mujeres con la promesa de ayudarlas en sus carreras musicales, y entonces abusar de ellas. Algunas lo han acusado de mantenerlas como esclavas virtuales. El artista ha negado cualquier denuncia de abuso; su abogado lo llamó un «hombre inocente».

Otras personas continúan pronunciándose con nuevas acusaciones contra hombres poderosos en la industria. A principios de febrero, en un reporte del New York Times, varias mujeres alegaron que Ryan Adams –el aclamado cantautor nominado al Grammy que también trabajó como productor para Willie Nelson, Jenny Lewis y otros– se ofreció a ayudarlas con sus carreras, pero que entonces tornó las cosas sexuales y a veces fue abusivo emocional y verbalmente.

En respuesta, Adams admitió que no era «un hombre perfecto» y que había cometido errores, pero calificó el reporte de inexacto y dijo que contenía historias exageradas y falsedades.

Tras el reporte, más artistas se abrieron sobre sus malas experiencias con el rockero, incluida la cantante y compositora Ruby Amanfu, quien trabaja desde Nashville.

«Hay un álbum que jamás verá la luz que grabamos hace tres años con algunas de las almas más hermosas, honorables y talentosas del planeta. Sufrí mucho y no tengo nada para mostrar. He cargado vergüenza los últimos tres años cuando la gente me ha preguntado, ‘¿Qué pasó con ese álbum que hiciste con Ryan Adams?’ sin poder decir la verdad, que me convirtieron en el peón de un juego enfermo para el que nunca me había apuntado», escribió en su página de Facebook. «Estoy aquí para condenar un comportamiento que no debe esconderse bajo la alfombra. No voy a disuadirme a mí misma de la ira que siento».

«Ya no seré una prisionera», agregó.

Jessie Woo dijo que hizo su historia pública porque otras mujeres se habían quejado del hombre que abusó de ella. No se suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que estas lo autoricen, como es el caso de Woo, quien, sin embargo, no ha identificado a su agresor.

«Eso es algo con lo que estoy luchando. Aun sin decir su nombre he tenido tantas respuestas negativas», lamentó Woo.

«Fue muy loco para mí enfrentar todas estas preguntas que me condenaban en vez de que preguntaran ‘¿Quién te violó? ¿Por qué hay hombres violando a mujeres en la industria? ¿Por qué ocurre esto?’ Esa es la pregunta».

Uno de varios. Jessie Woo es una de las cantantes que cuenta cómo fue acosada por un productor. Este es uno de los casos de denuncia por abuso que ha estremecido el mundo de la música.

El servicio de datos cambia el escenario tecnológico de Cuba

Herencia. Las autoridades del régimen temieron que el acceso a herramientas digitales disparara las críticas al Gobierno, una herencia de la Guerra Fría.

Tras el paso de un tornado que devastó media La Habana a fines de enero un hombre se quejó en Twitter de que los funcionarios amenazaban con sacarlo de su finca pese a su resistencia. Una semana después anunció que el Gobierno había cambiado de idea y lo ayudaría a reconstruir su casa.

Otro usuario reclamó asientos para familiares en las salas de espera de un hospital en la cuenta oficial recién abierta de un vicepresidente, al tiempo que un grupo de jóvenes lanzó la aplicación Sube para conectar a clientes con taxistas, en un país con serios déficits de transporte.

Cuba, que alguna vez fue una de las sociedades más desconectadas de internet del continente, está cambiando su escenario tecnológico rápidamente y en dos meses desde que se comenzó a ofrecer el servicio de datos móviles para los celulares, las transformaciones se perciben sutiles pero palpables.

«La vida ha cambiado. Incluso cuando vas caminando por la calle te das cuenta. El otro día estaba mirando desde el techo de mi casa y el vecino tenía datos, la del frente tenía datos y el de más allá. Eso no se veía antes», dijo Alberto Cabrera, un comunicador de 25 años que forma parte del equipo desarrollador de Sube, una aplicación por ahora experimental y sin fines de lucro.

«Estamos en un proceso de aprendizaje sobre cómo usar los datos», indicó Claudia Cuevas, de 26 años, profesora universitaria y compañera de Cabrera. «Antes ibas al parque (las zonas wifi legales) una vez a la semana a comunicarte con la familia… Ahora, en cambio, buscas aplicaciones, Twitter, Instagram. Los estudiantes están haciendo grupos para las tareas. Es más participativo», agregó.

A mediados de enero, en los primeros 40 días de acceso al servicio, 1.8 millón de cubanos –de una población de 11 millones– habían comprado paquetes de datos. Un reporte reciente indicó que unos 6.4 millones de residentes son usuarios de internet e igual cantidad de redes sociales.

La historia de Cuba con la tecnología no estuvo exenta de tensiones desde su apertura en los años noventa. Cuba acusó a Estados Unidos de bloquear su acceso a las fibras ópticas que rodean la isla, obligándola a contar con un servicio satelital caro y lento. Recién en 2011 tuvo acceso a un cable submarino tras una asociación con Venezuela.

Pero tardó hasta 2015 en habilitar el servicio a la población, en general mediante la apertura de puntos wifi en centenares de parques –una modalidad vigente pero menos popular que antaño– y el servicio hogareño sigue limitado.

Para los opositores, el Gobierno no daba cobertura a la ciudadanía por temor a un flujo libre de información y a las críticas adversas a un modelo político que suele exaltar la unanimidad como un valor de defensa ante la hostilidad de Washington.

«Durante un tiempo internet provocó temor en los líderes cubanos y hubo que esperar demasiado», explicó el bloguero y politólogo cubano residente en Estados Unidos Harold Cárdenas. «Un daño colateral de las dinámicas de la Guerra Fría, prolongadas en Cuba durante décadas».

«Institucionalmente, es positivo» que ahora internet se vea «como una herramienta que fortalece transversalmente la sociedad y la economía del país».

«Lo que podemos esperar es más participación ciudadana, incorporación a tendencias digitales globales y retos para la nueva presidencia», explicó Cárdenas. «Que Miguel Díaz-Canel sea un político de su generación con una visión más sofisticada sobre la tecnología es una ventaja… que la burocracia doméstica haya demostrado ser más lenta que el Vaticano para adaptarse al mundo digital es un desafío».

La historia de Cuba con la tecnología no estuvo exenta de tensiones desde su apertura en los años noventa. Cuba acusó a Estados Unidos de bloquear su acceso a las fibras ópticas que rodean la isla, obligándola a contar con un servicio satelital caro y lento. Recién en 2011 tuvo acceso a un cable submarino tras una asociación con Venezuela.

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Las quedadas

Personas consultadas coincidieron en que el uso de internet a partir de la apertura del servicio de datos se volvió algo cotidiano: muchos han cambiado a la estatal compañía ETECSA de telefonía tradicional por WhatsApp, que es mucho más económico. Otros han modificado el consumo de información y la búsqueda de contenidos –desde noticias a recetas de cocina– y unos cuantos lo han usado como instrumento de acercamiento a los gobernantes.

En tanto, los adolescentes están realizando «quedadas», una suerte de citas virtuales.

Julio Aguirre Lusson, un disyóquey de 25 años que desde hace un año tiene un canal en YouTube en el que prueba y aconseja sobre aplicaciones para móviles, pudo medir en carne propia el impacto del uso de datos entre sus usuarios.

«Antes el país con más suscriptores (actualmente tiene más de 4,000) en mi canal era España, luego Estados Unidos y en tercer lugar Cuba. Ahora, desde los datos, son los cubanos», indicó Aguirre, quien señaló que, sin embargo, persisten las limitaciones para los desarrolladores como la imposibilidad de subir directamente sus productos a Google Play debido a sanciones estadounidenses o vacíos legales en la propia isla.

El aprendizaje sobre el nuevo entorno digital no atañe solo a los usuarios comunes.

El presidente Miguel Díaz-Canel abrió una cuenta en Twitter poco antes de diciembre y recientemente ordenó a todos sus ministros hacer lo mismo, aunque muchos de ellos solo reenvían mensajes oficiales o consignas propagandísticas sin responder inquietudes ciudadanas.

«Creo que hay una contradicción entre lo que dicen públicamente y lo que hacen», expresó Camilo Condis, un emprendedor de 33 años que suele ser muy activo en las redes sociales y quien reportó que una docena de funcionarios lo bloquearon por sus planteos. «Los ha puesto a prueba: una prueba que muchos han suspendido. Otros, incluidos ministros, sí responden ocasionalmente, pero creo que todos escuchan, aunque no lo hagan público».

Díaz-Canel, ingeniero de profesión, reiteró la importancia que le da a internet y al servicio de datos, y aseguró que se están desarrollando plataformas y prestaciones gubernamentales –como pedir un acta de nacimiento o saber el estado de un expediente en línea– e informatizando al sector estatal en el cual se siguen llenando planillas a mano o entregando turnos tras largas filas.

Precisamente el tornado que arrasó a varios municipios de La Habana fue un ejemplo del alcance de las redes sociales en la Cuba actual: en los primeros momentos sirvieron para comunicar el desastre, posteriormente para evaluar el daño y finalmente para organizar la ayuda para los afectados.

La conjunción entre datos y redes sociales «es un canal que la gente va a usar para decir las cosas como están… Es necesario que la población lo vea como una vía directa para expresarse y decir lo que piensa», comentó Cuevas.

Cada vez más. La coordinación para realizar actividades es una de las ventajas que está descubriendo la población cubana. Van desde organizar “quedadas” en parques, a guiar la ayuda tras un desastre natural.

Individuos uniformados perpetran matanza en Haití

Facilitador. Al Gobierno se le acusa no solo de no investigar el hecho, sino que también de haberlo facilitado en favor de una de las pandillas.

Cuando un camión de la Policía que transportaba a hombres uniformados se detuvo en un barrio pobre de la capital haitiana, la gente pensó que se trataba de una operación oficial.

Tal vez las autoridades finalmente habían decidido confrontar a las pandillas que cobran por proteger a la gente en un mercado junto a un sector de casuchas de hormigón y viviendas públicas.

Los hombres, sin embargo, abrieron fuego. Con el apoyo de pandilleros de la zona vestidos de negro, fueron casa por casa portando armas largas y machetes, sacaron a gente desarmada y la mataron de un solo tiro o a golpes de machete, según dijeron testigos a la Associated Press.

“Cuando los vi, pensé que venían a ofrecer garantías, pero pronto me di cuenta de que les estaban disparando a la gente”, expresó Marie-Lourdes Corestan, una residente de la zona de 55 años. “Estaban disparando y salí corriendo para salvar mi vida”.

Testigos, organizaciones de derechos humanos una obra caritativa católica que recogió los cadáveres tras la masacre del 13 de noviembre de 2018 dijeron que al menos 21 hombres fueron asesinados en un lapso de 24 horas en el barrio de La Saline.

Algunos residentes y agrupaciones de derechos humanos locales dicen que los asesinos eran pandilleros que trabajan con policías corruptos para apoderarse de territorios. Pero otros acusan a funcionarios del Gobierno de planear la matanza para desalentar protestas contra la corrupción que a menudo comienzan en ese barrio, un bastión de la oposición.

Lo que es seguro es que la matanza refleja la inseguridad que hay en Haití desde la partida de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que en octubre de 2017 pusieron fin a su misión, supuestamente porque la situación había mejorado.

Residentes de Puerto Príncipe entrevistados por la AP dicen que la cantidad de barrios inaccesibles, controlados por las pandillas, aumentó a al menos media docena desde que se fue la misión de la ONU.
“Estas zonas anárquicas se están multiplicando”, expresó Marie-Yolene Gilles, directora de una agrupación local de derechos humanos, Fondasyon Je Klere, que estima que hubo 25 muertos.

“Las autoridades no han dicho nada”, sostuvo Giller. “Ni siquiera condenaron la matanza”.
La ONU envió un gran contingente de fuerzas de paz en 2004, tras el derrocamiento del presidente Bertrand Aristide. En 2017 fueron reemplazadas por una misión más pequeña que entrena policías. Las fuerzas policiales cuentan hoy con 15,000 agentes, comparado con los 4,000 que había en la época de Aristide.

La Policía, sin embargo, es considerada una fuerza corrupta, inefectiva y mal equipada para hacer frente a pandillas mejor armadas, que a menudo son las fuerzas de choque de sectores políticos.

Funcionarios de la ONU dicen que esperan completar las investigaciones en algunas semanas.
“Hay episodios de violencia alarmantes en algunos de los barrios más notorios de Puerto Príncipe, zonas donde la autoridad del estado es limitada”, dijo Helen Meagher La Lime, directora de la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití, que reemplazó a las fuerzas de paz, durante una presentación ante el Consejo de Seguridad el mes pasado. “Se llevan a cabo investigaciones de las autoridades y de organizaciones de derechos humanos, y nuestro servicio de derechos humanos también trabaja para determinar qué pasó”.

Miles de personas viven en La Saline y muchas trabajan en un mercado que se extiende casi 2 kilómetros (más de 1 milla), donde se vende desde verduras traídas en camiones desde las zonas rurales hasta ropa usada importada de la Florida.

Los residentes viven en casuchas de hormigón con techos de chapas de metal, a veces tan pequeñas que apenas si entra un colchón de una plaza. Cocinan en fogatas al aire libre en callejones tan estrechos que dos personas se tocan los hombros si se cruzan.

Pandillas de jóvenes armados controlan los barrios y con frecuencia usan las armas para resolver disputas. Su principal ingreso proviene de la extorsión que hacen a los vendedores del mercado, a quienes cobran para protegerlos, y a importadores que pagan para que no les bloqueen las carreteras de acceso al puerto vecino. Esto hace que el control de La Saline sea un botín valioso.

Las pandillas han comprado o se han robado equipo policial en los últimos años, de modo que no queda claro qué participación tuvieron las fuerzas del Gobierno en la matanza.
El jefe de la Policía Nacional, Michel-Ange Gedeon, dijo que la investigación indica en principio que fue una pelea entre pandillas y que había suspendido a dos agentes acusados por organizaciones de derechos humanos de haber participado.

“Si hay policías involucrados con las pandillas, los vamos a despedir”, afirmó. “Si participaron en violaciones a los derechos humanos, los vamos a entregar a la justicia”.
Uno de los agentes, Gregory Antoine, fue baleado la semana pasada en un incidente atribuido a pandilleros rivales, según dijeron familiares a una radio local.

La oficina del presidente Jovenel Moise no respondió a pedidos de comentarios.
Joel Noel, un hombre de 28 años que se describe como un líder comunitario, declaró que los hombres armados llegaron en un camión que llevaba la insignia de una Unidad Táctica Especial de la policía entrenada por la ONU, creada por el expresidente Michel Martelly, un aliado de Moise.

Corestan dijo que algunos llevaban máscaras de esquí y portaban machetes cuando se presentaron en el barrio a las 3 de la tarde. Indicó que corrió para salvar su vida cuando comenzó la balacera, y dejó atrás a su hijo de 24 años, Edaud-Pierre, quien quería ser DJ y que estaba mezclando canciones. Estaba desarmado. Relató que los vecinos le dijeron que los atacantes mataron a su hijo a sangre fría.

Hay dos estaciones policiales en La Saline y sus alrededores, pero testigos dijeron que ninguna de las dos mandó agentes para que interviniesen.
Gedeon, jefe de la Policía, dijo que los agentes llegaron entrada la noche y rodearon el área, pero no pudieron ingresar al barrio porque estaba muy oscuro. No se han hecho arrestos en el caso, según reveló.
Morelle Lendor, vendedora callejera de 35 años, dijo que estaba escondida en su casa con un hombre que conocía solo como Wuanito cuando dos individuos golpearon la puerta.

Los reconoció. Dijo que eran pandilleros de un barrio vecino, que lucían uniformes negros sin inscripciones, gorras negras y portaban armas largas.
Contó que se llevaron a Wuanito, quien estaba desarmado, y lo mataron de un tiro. Tres semanas después, todavía se veían las manchas de sangre en la pared de su casa.

Otra residente, Miliana Louis, dijo que su hijo de 22 años, James, fue asesinado a machetazos.
“La mayoría de la gente que murió era gente inocente”, afirmó Raphael Louigene, trabajador social de la Fundación San Lucas, una organización caritativa católica que trabaja en los barrios pobres de Puerto Príncipe.

Dijo que él y dos religiosos recogieron los restos de 21 hombres en las calles de La Saline en los días siguientes a la masacre, ya que ni la Policía ni funcionarios judiciales osaban entrar al barrio. Indicó que las víctimas habían sido baleadas o recibido machetazos y que solo se pudieron recuperar ocho cadáveres enteros, ya que la mayoría habían sido quemados o dados a los cerdos como alimento.

Los residentes afirman que podría haber al menos una mujer entre las víctimas. Belande Louis, de 33 años, dijo que su hermana Sandra, de 28, desapareció el 13 de noviembre y algunos vecinos aseguran que fue asesinada a machetazos.

Louigene dijo que la matanza fue probablemente producto de una pugna por el derecho a extorsionar a los comerciantes, luego de que un grupo desplazó a otro.

“El grupo que había sido desplazado volvió en busca de revancha”, manifestó Louigene. “La Policía no tiene los medios para hacerle frente a las bandas”.
Para algunos en La Saline, la explicación es más siniestra todavía.
El presidente Moise enfrenta un creciente malestar porque no investiga denuncias de que su aliado, el expresidente Martelly, se apropió de más de $2,000 millones de un programa venezolano de ayuda al Gobierno haitiano, por el cual recibía petróleo a precios muy inferiores a los del mercado y podía venderlo a precios más altos.

La Saline es desde hace tiempo un punto de encuentro para manifestantes antigubernamentales y la matanza se produjo cuatro días antes de una serie de protestas a escala nacional por las denuncias de corrupción.

Algunos residentes y activistas de los derechos humanos acusan a funcionarios del Gobierno haitiano de promover el ataque por parte de una pandilla rival para intimidar a los residentes de La Saline y evitar las protestas.

“Esta es una batalla política”, sostuvo Noel, el dirigente local. “Cuando ya tenían el control de la zona, entraron a las casas de la gente, la tomaron y la ejecutaron”.

Sin control. La guerra de pandillas por el dominio de territorios es a lo que las ONG apuntan como motivo de la masacre.

EUA aprueba miles de pedidos de novias menores de edad

Frecuente. Si bien es cierto hay restricciones, la mayoría de estados permiten el matrimonio con menores de edad y se registra con frecuencia.

Un hombre de 49 años solicitó el ingreso de una niña de 15 para mantener con ella una relación de pareja. Y todo en esta operación es legal: la ley de inmigración y nacionalización no impone una edad mínima. Y al estudiar cada petición para una cónyuge o novia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) solo tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el país de origen y si sería legal en el estado donde reside el solicitante.

Pero los datos generan el interrogante de si el sistema inmigratorio hace posible el matrimonio forzado y si las leyes estadounidenses agravan el problema a pesar de los intentos de poner coto al casamiento forzado y de menores. El casamiento entre un menor y un adulto no es infrecuente en Estados Unidos, y la mayoría de los estados permiten el casamiento de menores, con algunas restricciones.

Hubo más de 5,000 peticiones de adultos para menores y casi 3,000 casos de menores que buscaban traer cónyuges o prometidos adultos, de acuerdo con datos de 2017 de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado incluidos en el informe.

Algunas víctimas del matrimonio forzado dicen que la atracción de un pasaporte estadounidense combinada con la laxitud de las leyes de matrimonio en Estados Unidos fomentan esas peticiones.

«Mi pasaporte arruinó mi vida», dijo la estadounidense-paquistaní Naila Amin, quien creció en Nueva York.

A los 13 años la obligaron a casarse en Pakistán y solicitar documentos para que su esposo de 26 viniera al país.

«La gente se mata por venir a Estados Unidos», dijo. «Para él yo era un pasaporte. Todos lo querían aquí y esa era la manera de lograrlo».

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

Amin, quien ahora tiene 29 años, dijo que la comprometieron con su primo Tariq cuando ella tenía ocho años y él 21. La petición fue anulada cuando ella escapó del hogar. Eso le costó su infancia, afirmó. Vivió en numerosas familias de acogida y asilos, y le llevó años encarrilar su vida.

«Yo era una niña. Pregunto: ¿por qué no sonaron las alarmas? ¿Los encargados de procesar las solicitudes no las leen? ¿No piensan?»

El proceso para obtener la visa de inmigrante y la residencia tiene dos pasos. Primero, USCIS evalúa la solicitud. Si la aprueba, pasa al Departamento de Estado. Entre 2007 y 2017 se recibieron 3.5 millones de solicitudes.

En ese lapso, se aprobaron 5,556 solicitudes de quienes querían traer cónyuges o prometidos menores de edad y se aprobaron 2,926 solicitudes de menores que querían traer cónyuges adultos, según los datos. Además, se aprobaron 204 de menores para menores. Las solicitudes pueden ser presentadas por ciudadanos o residentes.

«Esto apunta a un problema. Apunta a una rendija que debemos cerrar», dijo a la AP el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Ron Johnson.

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

No hay estadísticas nacionales sobre el matrimonio de menores, pero los datos de algunos estados indican que dista de ser excepcional. Las leyes estatales fijan los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, pero en todas hay excepciones. La mayoría de los estados permiten que una persona de 16 o 17 años se case con el consentimiento de sus padres, y varios estados –como Nueva York, Virginia y Maryland– lo permiten para menores de 16 años con la autorización de un tribunal.

Fraidy Reiss, quien realiza una campaña contra el matrimonio forzado como dirigente del grupo Unchained at Last (libre de cadenas por fin) estudió los datos de su estado, Nueva Jersey. Halló que casi 4,000 menores, en su mayoría niñas, se casaron en entre 1995 y 2012. Entre estas uniones, 178 eran de menores de 15 años.

«Este es un problema nacional y de inmigración», dijo.

Reiss, quien asevera que su familia judía ortodoxa la obligó a casarse con un hombre abusador cuando tenía 19 años, dijo que en los casos de matrimonio infantil por vía del consentimiento de los padres suele intervenir la coerción para obligar a la niña a casarse contra su voluntad.

«Están sujetas a toda una vida de servidumbre doméstica y violación», dijo. «Y el Gobierno es más que cómplice: le pone el sello de aprobación y le dice, adelante».

Los datos fueron solicitados en 2017 por Johnson y la entonces senadora Claire McCaskill, la demócrata de mayor jerarquía en la comisión. Johnson dijo que les tomó un año obtener la información, prueba de que se necesita mejorar el sistema de rastreo y aprobación de las solicitudes.

«Es posible que nuestro sistema inmigratorio proteja involuntariamente el abuso de mujeres y menores», sostuvieron los senadores en su carta.

USCIS no sabía cuántas solicitudes aprobó el Departamento de Estado, pero en general se rechaza apenas el 2.6 % de las presentadas a favor de cónyuges o prometidos.

Por otra parte, los datos revelan que 4,749 cónyuges o prometidos menores de edad recibieron la residencia permanente en ese mismo decenio.

El titular de USCIS, L. Francis Cissna, dijo en una carta a la comisión que el pedido había provocado interrogantes y discusiones en la agencia acerca de qué se puede hacer para impedir los casamientos forzados de menores. Se descubrieron defectos en la recolección de datos y se los remedió. Además, se creó un sistema de alerta que obliga a verificar la fecha de nacimiento cuando se detecta a un menor.

El país de donde provinieron más pedidos fue México, seguido por Pakistán, Jordania, República Dominicana y Yemen. Los ciudadanos de países del Medio Oriente tuvieron el mayor porcentaje de aprobaciones.

Electrónicos para el hogar cada vez más vivos… y metidos

Críticas a la tecnología. Algunas personas afirman que los electrónicos inteligentes “son una droga poderosa que ayuda a la gente a olvidarse del hecho de que la están espiando”.

Va a llegar el día en que encontrar un horno que simplemente cocina sus platos preferidos va a resultar tan difícil como dar con un televisor en el que solo hay que cambiar de canal.

La tecnología conectada a la internet está en todos lados: automóviles, refrigeradoras, termostatos, juguetes y todo lo que hay en su casa. Los últimos productos, incluido un horno que se coordina con sus recetas y un inodoro que se activa con un comando hablado son exhibidos esta semana en una feria electrónica en Las Vegas.

Y con cada aparato adicional que llega a su casa, las empresas pueden reunir más detalles de su vida diaria, que pueden ser usados para que otros productos se enfoquen en usted de una forma mucho más precisa que si la única fuente de datos es su teléfono multiusos.

«Es una vigilancia descentralizada», dijo Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, organismo de Washington que promueve la privacidad digital. «Vivimos en un mundo en el que estamos atados a un servicio en línea que furtivamente recaba información sobre nosotros».

Los consumidores, no obstante, parecen felices con todos estos productos. La firma de investigaciones IDC calcula que en 2022 se venderán 1,300 millones de estos aparatos en todo el mundo, dos veces lo que se vendió en 2018.

Las empresas dicen que dan a estos aparatos esas funciones no para husmear en la vida de los demás sino por conveniencia, aunque Amazon, Google y otras firmas pueden usar la información que reúnen para ofrecer servicios y publicidad hechos a la medida de una persona.

“Es una vigilancia descentralizada”, dijo Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, organismo de Washington que promueve la privacidad digital. “Vivimos en un mundo en el que estamos atados a un servicio en línea que furtivamente recaba información sobre nosotros”.

Whirlpool, por ejemplo, está ensayando un horno con una puerta con imágenes. El cocinero podrá ver lo que hay adentro, y el vidrio puede mostrar el sitio ideal para colocar el pavo.

El horno puede a su vez sincronizarse con su calendario digital y recomendar recetas dependiendo del tiempo que tiene para cocinar. Puede ayudar a coordinar varias recetas de modo que no cocine de más los acompañantes, si se enfoca demasiado en el plato principal. Una cámara adentro del horno permite ver de cerca si el queso de la lasaña se ha dorado lo suficiente sin necesidad de abrir la puerta del horno.

En cuanto al inodoro, el Numi de Kohler responderá a comandos hablados para subir o bajar la tapa, o para vaciar el inodoro. Y también lo puede hacer desde una aplicación. La firma dice que el objetivo es ofrecer opciones que no impliquen el uso de las manos en un entorno muy personal. El inodoro se calienta y puede ofrecer música y noticias a través de parlantes.

Predicciones. Se calcula en 2022 se venderán 1,300 millones de estos aparatos inteligentes en todo el mundo, el doble de lo que se vendió el año pasado.

Kohler tiene, además, una bañadera que ajusta la temperatura del agua según sus preferencias y una canilla de cocina que suelta la cantidad justa de agua para su receta.

El consumidor no pide estas funciones, pero las empresas «tratan de ser innovadoras y ofrecer cosas que los clientes ni saben que necesitan», según dice el portavoz de Samsung Louis Masses.

Whirlpool dice que el simple hecho de observar cuántas veces una persona abre el horno para ver cómo va la comida, y deja escapar el calor, suministra datos útiles.

Samsung tiene varios productos que responden a comandos hablados, incluido un refrigerador que tiene una aplicación que permite ver lo que hay adentro mientras uno está en el supermercado. Y este año está ofreciendo máquinas de lavar ropa que alertan al televisor cuando la ropa está lista.

Otras funciones que ofrecen los aparatos conectados a la web:

–una caña de pescar que permite armar un mapa en línea de los sitios donde atrapó más peces

–un cepillo de dientes que recomienda dónde cepillar más

–un aerosol aromático que permite controlar cómo huele su casa desde una aplicación de su teléfono.

Ya hay en el mercado productos como cámaras de seguridad, cerraduras y termostatos conectados a la internet. Estos últimos permiten ajustar la temperatura de la casa automáticamente desde cualquier sitio.

Realidad Virtual.

Chester sostuvo que el consumidor a menudo se siente impulsado a comprar estos aparatos porque el vecino ya los tiene y no quiere ser menos. Los electrónicos «son una droga poderosa que ayuda a la gente a olvidarse del hecho de que los están espiando».

Los aparatos que responden a comandos hablados no transmiten información alguna a los servidores de las firmas hasta que alguien usa palabras como «Alexa» o «OK Google«. Pero a veces captan mal conversaciones inocuas que consideran comandos legítimos y pueden divulgar conversaciones privadas.

Incluso cuando funcionan bien, los comandos pueden ser almacenados indefinidamente y las empresas pueden usar la información para ofrecer experiencias, y avisos, a la medida. Las conversaciones, por otro lado, pueden ser grabadas y captadas por un háker o surgir de la nada en juicios o investigaciones.

Saber lo que cocina uno o lo que tiene en la nevera puede parecer inocuo. Pero si las aseguradoras obtienen esa información, pueden cobrar más porque uno tiene una dieta poco saludable, por ejemplo, según Paul Stephens, de Privacy Rights Clearinghouse de San Diego. También se puede descifrar el origen étnico de una persona a partir de lo que consume.

Los fabricantes destacan las cosas positivas, como el hecho de que la cantidad de agua usada en una canilla permite a una aplicación de Kohler ofrecer información útil acerca de cómo se consume el agua en una casa.

El consumidor puede desactivar estas funciones o simplemente no comprar estos productos.

«Soy un firme creyente en la noción de que cuanto más sencillo, mejor. Si no necesita estos aparatos llenos de funciones nuevas, no los compre», dijo Stephens. «¿Necesitas realmente una nevera que lleva la cuenta de todo lo que tienes y te avisa si te estás quedando sin leche?».


*Los reporteros Joseph Pisani, Matt O’Brien (ambos desde Las Vegas) y Frank Bajak (Boston) colaboraron en este despacho.

Crisis de los opioides se siente con fuerza en Puerto Rico

Adicción mortal. La crisis de opioides mató a 48,000 personas en Estados Unidos el año pasado.

José Carlos Laviena vació sus bolsillos, se quitó los zapatos y esperó la muerte.

Se acababa de inyectar un nuevo tipo de heroína que le recomendó su abastecedor y la sensación fue tan intensa que Laviena pensó que había incurrido en una sobredosis. El hombre de 35 años dio por sentado que se moriría y planeó la forma en que quería que encontrasen su cadáver.

«Es algo que de verdad es súperfuerte«, comentó, aludiendo a lo que cree fue una heroína mezclada con fentanilo. «Esa vez sentí la muerte».

La experiencia casi fatal de Laviena en un vagón abandonado en el sudeste de Puerto Rico es uno de varios indicios de que la isla no se ha librado de la crisis de opioides que estremece a Estados Unidos, y el problema parece haber aumentado como consecuencia del devastador huracán María.

Al Gobierno le cuesta salir adelante y no ha solicitado a Estados Unidos millones de dólares, que según activistas, hubieran podido salvar vidas.

En 2017 se reportaron más de 600 sobredosis que incluyeron fentanilo y 60 muertes, la mayoría de ellas antes del paso del huracán. Esa cifra representa un fuerte aumento respecto las 200 sobredosis y ocho muertes del año previo. Si bien es una crisis menos severa que la de algunos estados estadounidenses, activistas y expertos dicen que el problema parece estar expandiéndose rápidamente a medida que aumenta el uso de fentanilo, un opioide al que se atribuye buena parte del problema en Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y organizaciones locales sin fines de lucro dicen que la información oficial no refleja el verdadero alcance de la situación, porque el Gobierno de la isla no lleva una cuenta apropiada de las muertes y las sobredosis.

A pesar de todo esto, este territorio estadounidense nunca solicitó al Congreso un fondo de $7.8 millones disponibles para tratar a la gente. El dinero fue repartido entre otros estados.

«Es absurdo. Es un dinero muy necesario», expresó Carmen Dávila, enfermera que asiste a drogadictos en zonas rurales de Puerto Rico. Dávila teme que la cantidad de sobredosis aumente y pone en duda la cifra de 612 sobredosis reportadas por el Gobierno el año pasado. «Yo diría que, siendo conservadora, es tres veces más que eso basado en los testimonios de personas que hemos servido».

Julissa Pérez, portavoz de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico, dijo que era muy difícil para esa pequeña dependencia –escasa de personal debido a recortes presupuestarios– solicitar el dinero al tiempo que coordina el trabajo usando programas y fondos previos.

«Estoy sumamente preocupado, porque representa una epidemia no reconocida», declaró el senador local José Vargas Vidot, un médico que ha asistido por años como voluntario a los drogadictos de la isla. «Nunca en 30 años que llevo en las calles había visto cómo en un solo sector, en una sola calle, murieran tres a cuatro personas semanales… Cambió exageradamente el panorama después de María».

Vargas dijo que la fuerte presencia policial en la isla después del paso del huracán de categoría 4, el 20 de septiembre de 2017, combinada con una prolongada parálisis de todos los medios de transporte usados por los traficantes, obligó a los vendedores a sustituir la heroína importada con fentanilo, que estaba disponible en los hospitales porque es producido en Puerto Rico. Indicó que a él y otros médicos les llegó información de que los delincuentes estaban amenazando al personal de los hospitales con lastimarlos o incluso matarlos, si no les entregaban el fentanilo.

Muchos pacientes, por otro lado, no tuvieron acceso a servicios médicos básicos por semanas tras el paso del huracán y las farmacias empezaron a vender la droga sin recetas médicas en un gesto humanitario, según dijo. En medio de todo esto, se exacerbaron los trastornos mentales debido a María, y hubo personas que tuvieron que esperar un año para que se restableciese el suministro de agua y electricidad.

«Hubo un boom de trastornos de ansiedad y de suicidios», manifestó Vargas. «Todas esas cosas contribuyeron a que el fentanilo y otras drogas estuvieran mucho más de moda».

Además del fentanilo producido en la isla, las autoridades dicen que está circulando una versión menos controlada traída de contrabando de China y la India, la cual es mezclada con heroína e incluso con cocaína y marihuana. Las autoridades informaron de una serie de sobredosis en Mayagüez, en la costa occidental, seguida de más sobredosis en una cárcel vecina en Aguadilla. De allí, afirman los activistas, se expandió el uso de fentanilo ilegal y de otros opioides a todas las ciudades, incluida la capital.

En Humacao, al sudeste, un grupo de adictos a la heroína y la cocaína se reunieron recientemente en torno a una mesa de plástico en una casa abandonada y se inyectaron entre sí. Uno de ellos se puso un dedo en la boca y sopló hacia afuera, haciendo que se agrandase la vena del cuello para poder inyectarse. En la mesa había decenas de agujas sucias, pequeñas botellas de agua y calentadores (cookers).

Personal de un programa de intercambio de agujas, llamado Intercambios Puerto Rico, se acercó al grupo, recogió las agujas usadas y colocó un pedazo de papel en un par de cookers. Minutos después apareció una raya roja, indicio de que se había detectado la presencia de fentanilo.

El director del programa, Rafael Torruella, aseveró que notó un aumento en las sobredosis después del paso de María y que su organización empezó a hacer análisis en los calentadores en busca de fentanilo. Ahora casi todos dan positivo.

Laviena fue uno de los adictos que encontraron los trabajadores sociales ese día. Dejó allí 140 agujas usadas, recogió cookers limpios y luego de una pausa relató su experiencia casi fatal antes de desaparecer del lugar.

«En Puerto Rico se habla bien poco de este problema, como si no existiera», dijo Torruella, quien instruye además a personal de servicios de emergencia sobre cómo tratar a una persona con una sobredosis. «El fentanilo está aquí y hay que hacer algo al respecto».

Eso no es sencillo en una isla sumida en una recesión que ya lleva 12 años, con fuertes recortes presupuestarios forzados por la bancarrota del Estado.

“Estoy sumamente preocupado, porque representa una epidemia no reconocida”, declaró el senador local José Vargas Vidot, un médico que ha asistido por años como voluntario a los drogadictos de la isla. “Nunca en 30 años que llevo en las calles había visto cómo en un solo sector, en una sola calle, murieran tres a cuatro personas semanales… Cambió exageradamente el panorama después de María”.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico confirmó 40 muertes por fentanilo hasta marzo de este año, pero no se pudo confirmar otras posibles 75 ocurridas desde entonces por recortes presupuestarios.

«Ahora mismo tenemos serias limitaciones», expresó Suzanne Roig, quien supervisa la agencia.

A las autoridades les preocupa la legalidad de los analgésicos recetados. El gobernador, Ricardo Rosselló, dispuso un estado de alerta el año pasado relacionado con las sobredosis, y dijo que el Gobierno estaría pendiente del uso de opioides legales como el fentanilo y la hidrocodona. En los siete meses que pasaron desde entonces, las autoridades contabilizaron unas 60 recetas por cada 100 personas. Eso equivale a un año de empleo de esas drogas en todo Estados Unidos.

«Hay un gran problema de adicción a medicamentos legalmente obtenidos», dijo Roig.

La crisis de Puerto Rico no alcanza los niveles epidémicos de Estados Unidos, pero las autoridades creen que puede llegar a equipararse en el futuro. La crisis de opioides mató a 48,000 personas en Estados Unidos el año pasado, 5,400 por sobredosis tan solo en Pensilvania, que tuvo las cifras más altas de todos los estados. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen que el fentanilo fue responsable del mayor porcentaje de sobredosis fatales en 2016, seguido por la heroína y la cocaína.

Activistas se quejan de que Puerto Rico no ha respondido al problema con seriedad, y no solo porque no pidió fondos al gobierno federal.

Varios legisladores han promovido por más de dos años una medida que permitiría a personal no médico y no especializado en emergencias suministrar naloxona, que puede revertir las fallas respiratorias derivadas de las sobredosis de opioides. El senado isleño envió el año pasado un nuevo proyecto a un comité, donde languideció por meses.

Antes de la tragedia. En 2017 se reportaron más de 600 sobredosis que incluyeron fentanilo y 60 muertes, la mayoría de ellas antes del paso del huracán María.

La reportera de la Associated Press especializada en temas de medicina Carla K. Johnson colaboró en este despacho.

Una aldea de Guatemala llora a Felipe, el migrante de 8 años que murió

Fotografía de AP

Un pequeño altar con flores y veladoras yacía sobre una mesa dentro de la sencilla vivienda de madera en una remota región rural de Guatemala. Cerca de allí estaba un pequeño par de botas de hule, adecuadas para un niño de ocho años.

Pegadas a la pared había tres fotos acompañadas por un sencillo epitafio para el niño, cuya memoria se honraba con el improvisado altar: “Felipe Gómez Alonzo. Murió el 24 de diciembre de 2018 en Nuevo México, Estados Unidos”.
En Nochebuena, Felipe se convirtió en el segundo niño guatemalteco en un mes en morir bajo custodia de autoridades estadounidenses cerca de la frontera con México.

Los fallecimientos desataron críticas generalizadas hacia el presidente Donald Trump, que ha procurado responsabilizar de ello a sus rivales políticos, incluso mientras su secretaria de Seguridad Nacional prometía que se realizarán exámenes adicionales de salud a los niños migrantes detenidos.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la muerte de estos dos niños guatemaltecos bajo custodia estadounidense, el presidente Donald Trump sostuvo que los dos pequeños migrantes ya estaban “muy enfermos” antes de que llegaran a la frontera, y le endosó la responsabilidad de sus muertes a los demócratas. Sin embargo, ambos niños pasaron los exámenes de salud iniciales de la Patrulla Fronteriza.

***

UNA ALDEA LEJANA
En el poblado de Yalambojoch, donde vivía el niño, en el occidente de Guatemala, las consecuencias políticas en Estados Unidos de lo ocurrido parecían muy distantes y solo había una profunda tristeza por su muerte.

Los parientes dijeron que no tenían idea de que podría ocurrir una tragedia así. Ni habían oído hablar de las políticas estadounidenses por las que miles de niños migrantes fueron separados de sus padres a principios de este año.
“No tenemos televisión, no tenemos radio”, dijo Catarina Gómez, hermana de Felipe. “No sabíamos que había pasado antes”, agregó, refiriéndose a que desconocían que otros niños migrantes ya habían muerto.
La aldea, situada sobre una planicie y rodeada de espectaculares montañas llenas de pinos verdes, es un sitio de pobreza aplastante y falta de oportunidades. Solo hay una pequeña escuela, no es posible transitar por las calles de tierra en época de lluvias y las viviendas son rudimentarias, sin pisos adecuados, agua ni electricidad.

En la comunidad habitan familias que huyeron a México durante los años más sangrientos de la guerra civil de Guatemala, de 1960 a 1996, pero regresaron tras la firma de los Acuerdos de Paz. No hay empleos, y la gente vive exiguamente de la agricultura de subsistencia y el comercio local. Los residentes dicen que el Gobierno guatemalteco ha permanecido impávido ante su sufrimiento, queja que puede escucharse en otros poblados pobres del país.

Catarina dice que desde hace algunos años en la comunidad “todos empezaron a irse a Estados Unidos”, tanto que un proyecto local para mejorar la educación, financiado con cooperación sueca, dejó de funcionar porque ya no había jóvenes a quienes darles clases.

“No tenemos televisión, no tenemos radio”, dijo Catarina Gómez, hermana de Felipe. “No sabíamos que había pasado antes”, agregó, refiriéndose a que desconocían que otros niños migrantes ya habían muerto. La aldea, situada sobre una planicie y rodeada de espectaculares montañas llenas de pinos verdes, es un sitio de pobreza aplastante y falta de oportunidades. Solo hay una pequeña escuela, no es posible transitar por las calles de tierra en época de lluvias y las viviendas son rudimentarias, sin pisos adecuados, agua ni electricidad.

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LLUVIA DE CRÍTICAS
Los demócratas criticaron a Trump por tuitear que las políticas de inmigración demócratas fueron las responsables de las muertes. En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, visitó a autoridades médicas de la Patrulla Fronteriza en Arizona y Texas, en medio de promesas de exámenes de salud adicionales para los niños migrantes.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), Kevin McAleenan, dijo la semana pasada que antes de diciembre, ningún niño había muerto bajo la custodia de la CBP en más de una década.

McAleenan incluso pidió una “solución multifacética” a la crisis de la inmigración, que incluya no solo una mejor seguridad fronteriza y nuevas leyes de inmigración, sino también más ayuda a los países centroamericanos de los que muchos de los inmigrantes han huido. Esto se contradice con un reciente tuit de Trump, en el que amenazó con cortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Creo que el anuncio del Departamento de Estado de un aumento sin precedentes de la ayuda es un gran paso adelante”, dijo McAleenan en el programa “This Week”, de la cadena ABC. “Hay destellos de esperanza tanto en seguridad como en el frente económico en América Central. Necesitamos fomentar eso y ayudar a mejorar las oportunidades de quedarse en casa”.

El Gobierno de El Salvador, por su parte, rechazó las afirmaciones de Trump de que no hace lo suficiente para frenar la migración hacia Estados Unidos. El país centroamericano informó que ha realizado mejoras económicas y sociales para atacar las raíces del fenómeno migratorio.

En un comunicado, el Gobierno salvadoreño informó que ha realizado una campaña en medios de comunicación, y ha hecho constantes llamados a la población a no arriesgar sus vidas y las de sus familias, especialmente si se trata de niñas, niños y adolescentes. Afirmó que la migración en el país ha caído considerablemente.

Luto y tristeza. Mateo Gómez, de seis años, es hermano de Felipe, de ocho, el niño guatemalteco que murió mientras estaba bajo custodia de autoridades estadounidenses.

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SIN NADA
Fueron la pobreza extrema y la falta de oportunidades las que impulsaron al padre de Felipe, Agustín Gómez, a decidir que él y el niño partirían rumbo a Estados Unidos. Otros integrantes de la comunidad ya habían podido cruzar la frontera estadounidense con niños, y pensó que tendrían la misma suerte.

Felipe fue elegido por ser el hermano varón más grande. Nadie pensó que el trayecto fuese peligroso.
“No pensé, porque ya varias familias se han ido y llegaron; pensé que iba a ser lo mismo”, dijo Catarina Alonzo, la madre de Felipe, en su lengua indígena chuj porque no habla español. Su hijastra funge como intérprete. Su localidad se ubica en el municipio de Nentón en la provincia de Huehuetenango, a unos 400 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

Felipe estaba sano cuando partieron, afirma su familia. La última vez que su madre habló con él, un día antes de que lo detuviera la Patrulla Fronteriza, le dijo que estaba bien, que había comido pollo y que la siguiente vez que hablaran la llamaría desde Estados Unidos.

Pero la llamada que entró fue la de su marido el día de Navidad para decirle que Felipe había muerto la víspera.
Ambos habían sido aprehendidos una semana antes, el 18 de diciembre, cerca del puente Paso del Norte que comunica a El Paso, en Texas, con Ciudad Juárez, en México, según funcionarios fronterizos. Padre e hijo fueron detenidos en el centro de procesamiento del puente y luego en la oficina de la Patrulla Fronteriza en El Paso, antes de ser transferidos el 23 de diciembre a unas instalaciones en Alamogordo, Nuevo México, a unos 145 kilómetros (90 millas) de distancia.

Después de que un agente se percató que Felipe estaba tosiendo, padre e hijo fueron transportados a un hospital en Alamogordo, donde al niño se le diagnosticó resfriado, con fiebre de 39.4 grados centígrados (103 Fahrenheit), señaló la CBP.

Felipe quedó en observación durante 90 minutos, se le recetó amoxicilina e ibuprofeno, dijo la CBP, y se le dio de alta. Pero horas después se sintió mal y reingresó al hospital. Falleció poco antes de la medianoche del lunes.

Entre los pobladores que lamentaban la muerte de Felipe estaba su amigo Kevin, de siete años. Dos días antes de que Felipe se fuera, se pelearon. “Andaban llorando porque se habían peleado”, dijo Catarina, la hermana de Felipe. “Luego mi hermanito se fue”. Cuando Kevin llegó a buscar a su amigo, este ya no estaba. Kevin ya sabe que el niño se murió, explican sus familiares.

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EN REDES
El presidente Trump se refirió por primera vez en tuits al deceso de Jakelin Caal, una niña guatemalteca de siete años que murió el 8 de diciembre, y el fallecimiento de Felipe.

La CBP emitió detallados comunicados sobre los decesos de ambos niños. Una inspección inicial a Jakelin “no reveló evidencia de problemas de salud”, dijo la CBP el 14 de diciembre. No fue sino varias horas después que el padre de Jakelin, Nery Caal, les informó a los agentes que ella estaba “enferma y vomitando”, dijo la dependencia. Abogados de la familia Caal también han negado las afirmaciones de que Nery “no le dio agua en varios días”, como escribió Trump.

La CBP dijo que los agentes realizaron 23 inspecciones a Felipe y su padre durante los primeros dos días que estuvieron detenidos. El padre de Felipe, Agustín Gómez, dijo a un funcionario guatemalteco que el niño comenzó a presentar síntomas la mañana del lunes, el día en que murió.

A pesar de la declaración de Trump de que los demócratas eran responsables por sus “patéticas” políticas migratorias, al menos una de las leyes que su gobierno culpa –una legislación que impide la deportación inmediata de niños sin compañía de un adulto provenientes de países centroamericanos– fue promulgada en 2008 por el presidente republicano George W. Bush.

Los demócratas criticaron los tuits del presidente: “Manchó el recuerdo de Jakelin y volvió a traumar a su familia propagando mentiras de las causas de su muerte”, dijo el representante federal por Texas, Joaquín Castro.
Las declaraciones de Trump el fin de semana pasado ocurrieron el mismo día en que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, visitaba Yuma, Arizona, donde se reunió con funcionarios fronterizos y personal médico. A través de un comunicado, informó que “el sistema evidentemente está rebasado y debemos trabajar juntos para atender esta crisis humanitaria y proteger a las poblaciones vulnerables”. Llamó al Congreso a “actuar con urgencia”.

Desolada. Para María Gómez, tía de Felipe, no hay consuelo. Solo una profunda tristeza por la muerte del sobrino de ocho años.

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LAS CAUSAS
La autopsia mostró que Felipe tenía influenza, señalaron autoridades de Nuevo México, pero es necesario efectuar más exámenes antes de que pueda definirse de qué murió.

La otra niña guatemalteca, Jakelin Caal de siete años, mostraba síntomas de sepsis, una serie de anormalidades de diversa índole en el cuerpo humano relacionadas con una infección, según las autoridades.

Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, exhortó a que se implemente una “solución multifacética” a la inmigración, incluida no solo una mejor seguridad fronteriza y nuevas leyes migratorias, sino también más ayuda a los países centroamericanos de los que salen los migrantes.

Refiriéndose a la promesa estadounidense efectuada a principios de diciembre de destinar $5,800 millones para ayuda al desarrollo en América Central, McAleenan consideró que se trata de “un enorme paso adelante”.

“Hay indicios de recuperación tanto en el frente de seguridad como en el económico en Centroamérica. Necesitamos impulsar eso y ayudar a mejorar las oportunidades para quedarse en casa”, declaró a la cadena ABC.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que se reunió con Nielsen e informó que está de acuerdo con ella en que las políticas migratorias están “fracturadas”. “El Paso lidia con los síntomas como resultado de la falta de fortaleza en Washington, en ambos lados, para lidiar con nuestras políticas migratorias”, dijo Margo, un republicano.

Felipe y Agustín Gómez fueron aprehendidos por agentes fronterizos el 18 de diciembre cerca del puente Paso del Norte –que conecta El Paso con Ciudad Juárez, en México–, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Ambos estuvieron detenidos en el centro de procesamiento del puente y luego en la oficina de la Patrulla Fronteriza en El Paso, hasta que alrededor de la 1 de la madrugada del domingo fueron trasladados a unas instalaciones en Alamogordo, Nuevo México.

Recuerdos. En la casa que habitaba, ahora hay una especie de altar con las fotos de Felipe.

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EL LUTO
Afuera de la casa de los Gómez en Yalambojoch, se reunieron varias mujeres que vestían faldas de lavanda decoradas con los intrincados patrones utilizados en la ropa indígena de la región. Coloridas mantas colgaban en un tendedero sobre el terreno lodoso.

Pegados a la puerta estaban también unos dibujos que Felipe hizo en la escuela. Uno mostraba un globo azul con un hilo verde; en el otro, un caballo blanco saltaba una cerca y en el fondo brillaba un sol amarillo en un cielo anaranjado.

Entre los pobladores que lamentaban la muerte de Felipe estaba su amigo Kevin, de siete años. Dos días antes de que Felipe se fuera, se pelearon.
“Andaban llorando porque se habían peleado”, dijo Catarina, la hermana de Felipe. “Luego mi hermanito se fue”.
Cuando Kevin llegó a buscar a su amigo, este ya no estaba. Kevin ya sabe que el niño se murió, explican sus familiares.

Tratando de contener las lágrimas, Catarina Alonzo cuenta que su hijo le hizo algunas promesas antes de irse, como que cuando fuera un adulto trabajaría para mandarle dinero. Felipe también quería comprarle un celular para que ella pudiera ver imágenes.

En aquel momento solo esperaba dos cosas: que le devolvieran cuanto antes el cadáver de su hijo para poder sepultarlo, y que le permitan a su esposo quedarse en Estados Unidos porque aún tiene una deuda que pagar y otros hijos que mantener.

El consulado guatemalteco en Phoenix ha dicho que Agustín Gómez fue puesto en libertad con un permiso especial humanitario, el cual le permite estar en territorio estadounidense por ahora. Mientras, el cadáver de Felipe fue repatriado y ya descansa cerca de la aldea de la que salió con la esperanza de tener más oportunidades.

Sin oportunidades. Durante los años del conflicto armado, los habitantes de Yalambojoch huyeron hacia México. Regresaron tras la firma de los Acuerdos de Paz. Ahora, poco a poco, están volviendo a irse, esta vez, más al Norte.

Un hijo que migra, ocho años de espera para reencontrarlo

Haydee Posada

Haydee Posadas tuvo que esperar ocho años hasta reencontrarse con su hijo. Eran tantos los nervios, que la noche anterior no pudo dormir.
Su hijo salió de Honduras rumbo a Estados Unidos en 2010, en parte por las amenazas de las pandillas, tal como hace unas semanas hicieron miles de migrantes que se fueron en caravana, algunos de ellos, de su mismo barrio. Pero al cruzar México, también como muchos otros, Wílmer Gerardo Núñez, de 35 años, desapareció en medio de la violencia desbocada del crimen organizado, no tan distinta de aquella que buscaba dejar atrás. Su madre, desesperada, no dejaba de rezar en busca de una respuesta.
“Estoy entre la espada y la pared”, se repetía la mujer año tras año. “No sé nada de mi hijo, si está muerto, si está vivo”.
La historia de Núñez es similar a la de muchas otras víctimas de la migración a su paso por México. Solo en los últimos cuatro años, casi 4,000 migrantes han desaparecido o muerto en su ruta hacia Estados Unidos, según una investigación de The Associated Press. La cifra a la que llegó AP es de 1,573 personas más que la última estimación de Naciones Unidas y, aun así, sigue siendo un recuento conservador porque puede haber cadáveres perdidos en puntos desconocidos del desierto, enterrados en fosas clandestinas a lo largo de la ruta o familias que ni siquiera se han atrevido a denunciar que les falta alguien.
Esos casi 4,000 latinoamericanos forman parte de los 56,800 migrantes desaparecidos o muertos en todo el mundo en el mismo período.
Migrar significa, en todo el planeta, correr riesgos. Cruzar México implica, además, recorrer territorios controlados por los carteles donde el crimen organizado opera muchas veces casi con total impunidad. Más de 37,000 personas han desaparecido en el país en medio de la violencia del narcotráfico, y el estado fronterizo de Tamaulipas, por donde pasa la ruta más corta para llegar a Estados Unidos desde Centroamérica, es el que tiene mayor número de desaparecidos. Lo abultado de las cifras, unido a la burocracia, la fragmentación de la información, la falta de voluntad política y el miedo a los carteles, hace que la recopilación de datos sobre un migrante desaparecido sea como armar un enorme rompecabezas en el que siempre faltan piezas.
Pero en ocasiones, gracias al trabajo de un sinfín de organizaciones, las respuestas llegan aunque sea a través de un pequeño trozo de papel manuscrito abandonado en una tiendita.

Ciudad Planeta, en las afueras de San Pedro Sula, podría parecer un barrio humilde como cualquier otro, con casas de una planta y techo de lámina. Solo las rejas que protegen la mayoría de viviendas hacen intuir la realidad: que es una de las colonias más peligrosas de uno de los países más violentos del mundo.
De ahí salió Núñez por primera vez en los años noventa, con 16 años, cuando su madre perdió el trabajo en una maquila.
“No me dijo nada, un día simplemente se fue”, recuerda Posadas, una mujer bajita de 73 años y ojos chispeantes, sentada en el porche enrejado que construyeron con el primer dinero que les envió desde Estados Unidos “para que no se colaran los ladrones”.
Núñez no era el mayor de sus 10 hijos, pero sí el que velaba por todos. “Estaba lejos pero me acostumbré a tenerlo cerca, casi todos los días me llamaba”.
Hombre atlético que siempre lucía un cuidado bigote y barba de perilla, Wílmer había sido deportado dos veces, pero siempre regresaba a Estados Unidos porque allí había hecho su vida. En 2007 se enamoró de una mexicana, María Esther Lozano, quien ahora tiene 38 años, y tuvieron una niña, Dachell. Cuando Lozano estaba a punto de dar a luz de nuevo, en julio de 2010, Núñez fue deportado por tercera vez.

Hombre atlético que siempre lucía un cuidado bigote y barba de perilla, Wílmer había sido deportado dos veces, pero siempre regresaba a Estados Unidos porque allí había hecho su vida. En 2007 se enamoró de una mexicana, María Esther Lozano, quien ahora tiene 38 años, y tuvieron una niña, Dachell. Cuando Lozano estaba a punto de dar a luz de nuevo, en julio de 2010, Núñez fue deportado por tercera vez.

Para su madre, las deportaciones eran sinónimo de felicidad porque podía disfrutar de su hijo en casa.
“‘Viejita, ¿qué hacemos de almuerzo?’, me decía, porque cocinaba mejor que una mujer”. A Posadas se le ilumina la cara con el recuerdo. “Hacía carne guisada, amasaba harina de tortillas, cocinaba plátano maduro o tajadas”.
En aquellos años, Ciudad Planeta ya se había convertido en centro de operaciones de las pandillas y en escenario de sanguinarias redadas. Ocho de los hijos de Posada se fueron del país.
La anciana sabía lo peligroso de la situación. Unas noches se despertaba por el estruendo de las pisadas de alguien huyendo sobre los techos de las casas; otras, por una balacera. O esa vez que su hija, la única que queda en Honduras, quedó esposada a las rejas de su vivienda mientras supuestos policías entraban y le pegaban un tiro a su nieto, a quien acusaban de estar involucrado con las maras, una de las pesadillas actuales no solo de Honduras, sino de otros países centroamericanos.
Pero la anciana, conocida por todos como mamá Haydee, tiene un lema de supervivencia básico en la Planeta, como coloquialmente se llama al barrio: “Si vio, no vio; si oyó, no oyó; y todos callados”.
La última vez que Núñez fue deportado, la situación era tan crítica que apenas salió de la casa.
“Lo veía muy pensativo”, rememora Posadas. “‘Siento temor’, me decía”.
Quería regresar cuanto antes para conocer a su niña recién nacida, y después de unos días en San Pedro Sula, su salida se precipitó aparentemente por una amenaza.
“Me tengo que ir de aquí ya”, le dijo a Lozano, su mujer, por teléfono, sin más explicaciones el día antes de dejar la Planeta.
Junto con su sobrino y dos vecinos, Núñez tomó el autobús de medianoche que cada día lleva a decenas de migrantes hasta la frontera de Guatemala. Entre lo poco que tenía en su bolsa estaban unas baleadas preparadas por su tía: tortillas con frijoles y huevo, uno de los platos más populares de la peligrosa Ciudad Planeta.
Núñez siempre cruzaba por Mexicali –en la frontera con California– con un coyote de su confianza. En esa ocasión, sin embargo, al llegar a Veracruz, “lo corretearon Los Zetas y se lastimó un tobillo”, cuenta su esposa. Eso lo obligó a cambiar de ruta y seguir rumbo a Texas, un camino más corto pero también más peligroso.
“Me llamaba todos los días, incluso desde el teléfono del coyote”, dice Lozano. Al guía lo acababa de conocer. Le parecía buena persona, aunque él estaba preocupado porque el grupo era muy grande. Viajaban en dos camiones.

Documentos. Haydee Posada muestra la licencia de conducir de Wilber Núñez, un hondureño que hizo vida en EUA, fue deportado en dos ocasiones y decidió volver a ingresar sin documentos.

Una semana después de salir de Honduras, habló con su madre por última vez y le pidió que rezara por él. Un día más tarde, llamó a Lozano y estuvieron de plática una hora. Rula, que es como le llamaban, estaba de buen humor y estuvieron bromeando sobre lo mucho que se echaban de menos.
Le dijo que estaban en Piedras Negras, Coahuila, al otro lado de Eagle Pass, Texas. “Me advirtió ‘ya vamos a cruzar, no te vayas a dormir’, porque yo tenía que depositar la mitad del dinero –$3,000– y esperar a que su hermana me avisara que había llegado bien para pagar el resto”.
Esa llamada nunca llegó. María Esther Lozano no volvió a contactar con Núñez. Habló al coyote un par de veces, él le dijo que estaban todavía esperando para cruzar.
Luego nadie volvió a contestar el teléfono.

Al principio, Posadas y Lozano no estaban muy preocupadas porque era normal que durante el cruce perdieran el contacto unos días. Pero poco después, el 24 de agosto, una noticia en la televisión le encogió el alma a la anciana: el hallazgo de 72 cadáveres en un rancho de San Fernando, en Tamaulipas. Todos eran migrantes.
La mexicana lo tomó con más calma porque sabía que San Fernando está a casi 600 kilómetros de Piedras Negras, donde Núñez le dijo que estaba la última vez que hablaron.
Al paso de los días se supo que una decena de personas en vehículos marcados con una “Z” habían cortado el paso a dos camiones. Se llevaron a los migrantes y les preguntaron si querían “trabajar para la guerra”, la de los carteles de la droga. Solo uno aceptó. A todos los demás les vendaron los ojos, les ataron las manos y tumbados en el sueño los ejecutaron. Un ecuatoriano que sobrevivió logró huir del lugar y alertó a la Marina mexicana.
“Me puse a llorar como loca. No salían nombres, pero yo me revolvía”, recuerda Posadas.
Una lista de víctimas apareció poco después. Los nombres de su nieto y los dos vecinos que viajaban con ellos estaban ahí, pero de Núñez, ni rastro. Las autoridades le dijeron que si no estaba entre los muertos, estaría vivo.
La vida de Haydee Posadas comenzó a cambiar ese día. Preguntó por su hijo en la Fiscalía, en la cancillería, ante las autoridades mexicanas para que rastrearan por todas partes. Su anterior pareja, el padre biológico de Núñez, se ofreció a ir a dejar una muestra de ADN para que lo compararan con el de los cadáveres todavía no identificados. Nada. Tampoco le reconocieron en las fotos de los cadáveres.
Posadas y Lozano, madre y esposa, quedaron unidas por un solo objetivo: buscar a Núñez. Lozano iba todos los días al consulado de Honduras, dio nombres, fotos, describió sus tatuajes, incluido uno que ponía Dachell y otro con el número ocho. Y todavía nada.
Poco después se supo que el ecuatoriano que sobrevivió a la matanza dijo que había otro superviviente que lo desató y le ayudó a salir del rancho. Era un hondureño. Lozano preguntó a autoridades de Honduras y México si podía ser su marido. Nada. Le negaron toda información porque se trataba de un testigo protegido.
En la embajada de Ecuador no tuvo más suerte. Pidió que le hicieran llegar al ecuatoriano una foto de Núñez. “No quería verlo, ni hablar con él, solo que viera la foto y me dijera si era la misma persona que le ayudó”, solloza recordando la desesperación del momento.
Desde Honduras, Posadas no avanzaba más. Marchó a Tegucigalpa a insistir en todas las instituciones, pero ni siquiera encontró quien le dijera qué había pasado con la prueba de ADN que supuestamente se había realizado su exmarido.
“Yo llamando y llamando siempre, hasta que se cumplió un año. Luego ya no me contestaron, y dije ‘¿para qué seguir?’”.
Solo quedaba ir a buscarlo a México, pero ¿a dónde podía ir una anciana enferma? Lozano no estaba en mejor situación: con cinco hijos dependiendo de ella, la más pequeña de meses, y sin documentos legales para residir en Estados Unidos.
Hermanos de la mexicana fueron a Tamaulipas. Allí contrataron a un abogado que pudiera entrar a las cárceles y entonces apareció otra luz: les dijo que había visto a una persona con las características de Núñez en una de las prisiones.
En la casa de la Planeta, en San Pedro Sula, Posadas se preguntaba: “¿Será que Dios ha escuchado mis plegarias?”.
Pero esa pista también se esfumó. Nunca supieron nada más del abogado, y los hermanos de Lozano tuvieron que dejar la búsqueda porque los amenazaron Los Zetas.
Posadas pensaba que si hubiera sobrevivido, habría llamado. También se repetía que como no había ni rastro de su cadáver, quizá había esperanza. A los tres años, el pesimismo comenzaba a imponerse.
“Sentía que estaba cayendo en una depresión tremenda”, reconoce. No dormía, se levantaba y pasaba las horas sentada en su pequeña sala llena de adornos, fotografías (entre ellas, una de Núñez de adolescente), un televisor y telas con versículos de la biblia.
Los días eran igual de desesperantes. “Andaba por la calle y me miraban que sonreía, pero era por fuera, nadie sabía cómo estaba yo por dentro”.

***

LOS CADÁVERES DE LA MASACRE de San Fernando, debidamente numerados, fueron llevados del rancho donde los mataron, a una base naval, donde permanecieron dos días expuestos a la intemperie, luego a una funeraria local y más tarde a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con McAllen, Texas.
Algunos cadáveres fueron repatriados, aunque las identificaciones fueron cuestionadas en varios casos porque hubo entrega de restos equivocados a algunas familias. La mayoría de los cadáveres, ya en descomposición, fueron trasladados a Ciudad de México. Fueron llevados en un camión no refrigerado que apestaba a varias cuadras de distancia y que por esquivar a la prensa, chocó con unos coches, atropelló a una persona y quedó varado en medio de la calle.
Un día después de conocerse la matanza, el 25 de agosto de 2010, quedó registrado en el expediente oficial que el cadáver número 63 era un varón con tatuajes, entre otros, uno con la leyenda “Dachell” y otro con el número ocho. En documentos fechados un día después, se constata el hallazgo de una licencia hondureña a nombre de Wílmer Gerardo Núñez Posadas, con la foto de un hombre con bigote bien cuidado y barba de perilla.
Nadie hizo pública esta información.
Diez meses después de llegar a la capital mexicana, los restos que todavía estaban sin identificar, incluido el número 63, fueron enterraron en una fosa común.
En septiembre de 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y otras ONG que participan en una iniciativa regional de búsqueda de migrantes desaparecidos, denominada Proyecto Frontera, firmaron un acuerdo con la Fiscalía mexicana para crear una comisión forense e identificar más de 200 cadáveres de un total de 314 víctimas de tres masacres de migrantes, entre ellas, la de San Fernando. Los restos que estaban en la fosa común se exhumaron para nuevas autopsias.
En marzo de 2015, la PGR mandó un escrito a la Corte Suprema de Honduras. Pedía ayuda para localizar a los familiares de dos hombres, uno de ellos era Núñez.
Nadie llegó a Ciudad Planeta.
Cuando los peritos argentinos se enteraron de la existencia de la licencia de Núñez, intentaron buscar a su familia y averiguaron dónde vivía.
“Yo dejé claro que a ese sector yo no podía entrar”, recuerda Allang Rodríguez, un psicólogo del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, uno de los muchos grupos que trabajan con el EAAF.
Las organizaciones empezaron a remover cielo y tierra, acudieron a la Iglesia católica y preguntaron a las Scalabrinianas, unas monjas que trabajan con migrantes y deportados. Una de sus colaboradoras, Geraldina Garay, conocía a un taxista que vivía en la Planeta, y el hombre se ofreció a dejar un papel con un teléfono para Posadas en una de las “pulperías”, como se les conoce a las tiendas en el barrio, situada en un callejón detrás de la casa de Posadas. Era finales de 2017.
La anciana miró con extrañeza el trozo de papel con un número de teléfono que le había llevado su vecina. Marcó y la voz al otro lado le dijo que quería verla para hablar con ella sobre su hijo desaparecido.
“Hoy sí tengo esperanza”, pensó en ese momento.
Cuando se reunió con los peritos que viajaron hasta San Pedro Sula para hablar con ella, le contaron lo de la credencial y los tatuajes del cadáver número 63. Antes de acabar 2017, le tomaron muestras de sangre tanto a ella como a Wílmer Turcios Sarmiento, un joven de 18 años que todos creían que era hijo de Núñez fruto de una relación de adolescencia.
En mayo de 2018 les dieron los resultados. Fue una más de las 183 identificaciones de migrantes logradas por el EAAF gracias al Proyecto Frontera.
“Me dolió el corazón tanto… sobre todo por la muerte que él sufrió, que ni supo quién lo asesinó, con los ojos vendados, las manos amarradas… ahí sí sentí que…” No acaba la frase. Por primera vez los ojos se le llenan de lágrimas, la coraza que la anciana tardó ocho años en construir se rompió.
La prueba de ADN demostró también que Turcios era hijo de Núñez. Fue como encontrar y perder a un padre al mismo tiempo, recuerda Posadas que le comentó su nieto, el vivo retrato de su hijo.

Víctimas. Wilber fue parte de un grupo de migrantes a los que un grupo de sicarios privó de libertad y luego ejecutó en México.

Esa noche, Posadas volvió a dormir. “La verdad, aunque duela, siempre trae tranquilidad”, dice.
Pero en su cabeza retumbaba sin respuesta una sola pregunta, la que más le dolió: “¿Por qué? ¿Por qué tendiendo las pruebas las ocultaron tanto tiempo? ¿Por qué?”.
El informe que le entregaron a Posadas habla de errores en las autopsias, de irregularidades en el manejo de los cadáveres, de contradicciones, y pide que se investigue con las autoridades correspondientes de ambos países, Honduras y México, el motivo de la demora en la respuesta a la familia.
Ocho años y tres meses después de la masacre, no hay ningún condenado por los 72 asesinatos, y nueve personas siguen sin identificar. Las autoridades mexicanas no quisieron hacer ningún comentario.
Para Posadas, solo quedaba un último paso.

Algunos cadáveres fueron repatriados, aunque las identificaciones fueron cuestionadas en varios casos porque hubo entrega de restos equivocados a algunas familias. La mayoría de los cadáveres, ya en descomposición, fueron trasladados a Ciudad de México. Fueron llevados en un camión no refrigerado que apestaba a varias cuadras de distancia y que por esquivar a la prensa, chocó con unos coches, atropelló a una persona y quedó varado en medio de la calle.

***

EL 31 DE OCTUBRE, Wílmer Gerardo Núñez regresó a Honduras.
El cadáver llegó al aeropuerto de San Pedro Sula en un embalaje de cartón con una estrecha cinta negra y su nombre escrito a mano. De ahí fue trasladado a la morgue local.
Al abrir el ataúd, un olor a muerte suavizado con productos químicos se apoderó del salón.
Posadas, con una pequeña toalla roja en la mano con la que se secaba las lágrimas y el sudor, se acercó a la caja acompañada de su marido, su hermana y el psicólogo. Una forense del EAAF abrió la envoltura que cubría el cadáver. El rostro era ya una calavera, pero los brazos conservaban parte de su antigua fortaleza y la piel. Le mostró los primeros tatuajes. Posadas no quiso ver más. Era él.
Una veintena de personas acompañó a la familia durante el breve velorio organizado en la Planeta. El ataúd ocupaba toda la sala de la casa, que bajo un sol implacable se había convertido en un horno.
Después de ocho años de espera, el último adiós a Núñez no podía prolongarse más de dos horas porque si no, los pandilleros llegarían y eso era lo último que Posadas quería.
En la víspera se escucharon disparos a pocas cuadras de su casa.
Un autobús amarillo de la Iglesia Bautista Planeta llevó a la familia hasta un diminuto cementerio a pie de carretera, al que se entra por una caseta de cemento con una desvencijada puerta de hierro, la cual da paso a un cúmulo de abigarradas tumbas descuidadas y puestas sin orden.
“Ya estoy segura: es él, es él. Doy gracias a Dios”, solloza Posadas antes de derrumbarse junto al ataúd. Ni el conmovedor abrazo de su nieto que casi la cubrió por completo pudo calmar sus lágrimas.
El último viaje de los restos de Wílmer Gerardo Núñez fue a hombros de familiares y amigos que debieron trepar, bajar y esquivar tumbas hasta llegar a la señalada. Quedó sepultado sobre su primo, mientras media docena de celulares grababan o transmitían el momento a través de Facebook para los familiares que emigraron y ahora viven en Estados Unidos.
Hoy, las únicas que aún no saben que Núñez murió son sus hijas.
La pequeña, Sulek Haydee, ahora de ocho años, cada vez que habla con su abuelita por internet desde Los Ángeles, no deja de preguntarle: “¿Dónde está mi ‘daddy’? ¿Por qué no viene a vernos?”. “No puede, mamita, está trabajando”, contesta la anciana con un nudo en la garganta.
El hijo mayor de Núñez, Turcios, sueña con dejar atrás Ciudad Planeta para ir a Estados Unidos… o adonde sea. “Cualquier cosa mejor que esto”, dice.
Ocho años y tres meses después del último abrazo, Posadas dice sentir paz por primera vez.
Sabe que queda pendiente que se haga justicia, pero ahora reza para que a su nieto se le quiten las ganas de emigrar.

Sepultura. Haydee Posadas encontró a Wilber y logró darle sepultura. Esto no es posible para muchas familias que se extravían entre la burocracia y la desidia de las autoridades.