Individuos uniformados perpetran matanza en Haití

Facilitador. Al Gobierno se le acusa no solo de no investigar el hecho, sino que también de haberlo facilitado en favor de una de las pandillas.

Cuando un camión de la Policía que transportaba a hombres uniformados se detuvo en un barrio pobre de la capital haitiana, la gente pensó que se trataba de una operación oficial.

Tal vez las autoridades finalmente habían decidido confrontar a las pandillas que cobran por proteger a la gente en un mercado junto a un sector de casuchas de hormigón y viviendas públicas.

Los hombres, sin embargo, abrieron fuego. Con el apoyo de pandilleros de la zona vestidos de negro, fueron casa por casa portando armas largas y machetes, sacaron a gente desarmada y la mataron de un solo tiro o a golpes de machete, según dijeron testigos a la Associated Press.

“Cuando los vi, pensé que venían a ofrecer garantías, pero pronto me di cuenta de que les estaban disparando a la gente”, expresó Marie-Lourdes Corestan, una residente de la zona de 55 años. “Estaban disparando y salí corriendo para salvar mi vida”.

Testigos, organizaciones de derechos humanos una obra caritativa católica que recogió los cadáveres tras la masacre del 13 de noviembre de 2018 dijeron que al menos 21 hombres fueron asesinados en un lapso de 24 horas en el barrio de La Saline.

Algunos residentes y agrupaciones de derechos humanos locales dicen que los asesinos eran pandilleros que trabajan con policías corruptos para apoderarse de territorios. Pero otros acusan a funcionarios del Gobierno de planear la matanza para desalentar protestas contra la corrupción que a menudo comienzan en ese barrio, un bastión de la oposición.

Lo que es seguro es que la matanza refleja la inseguridad que hay en Haití desde la partida de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que en octubre de 2017 pusieron fin a su misión, supuestamente porque la situación había mejorado.

Residentes de Puerto Príncipe entrevistados por la AP dicen que la cantidad de barrios inaccesibles, controlados por las pandillas, aumentó a al menos media docena desde que se fue la misión de la ONU.
“Estas zonas anárquicas se están multiplicando”, expresó Marie-Yolene Gilles, directora de una agrupación local de derechos humanos, Fondasyon Je Klere, que estima que hubo 25 muertos.

“Las autoridades no han dicho nada”, sostuvo Giller. “Ni siquiera condenaron la matanza”.
La ONU envió un gran contingente de fuerzas de paz en 2004, tras el derrocamiento del presidente Bertrand Aristide. En 2017 fueron reemplazadas por una misión más pequeña que entrena policías. Las fuerzas policiales cuentan hoy con 15,000 agentes, comparado con los 4,000 que había en la época de Aristide.

La Policía, sin embargo, es considerada una fuerza corrupta, inefectiva y mal equipada para hacer frente a pandillas mejor armadas, que a menudo son las fuerzas de choque de sectores políticos.

Funcionarios de la ONU dicen que esperan completar las investigaciones en algunas semanas.
“Hay episodios de violencia alarmantes en algunos de los barrios más notorios de Puerto Príncipe, zonas donde la autoridad del estado es limitada”, dijo Helen Meagher La Lime, directora de la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití, que reemplazó a las fuerzas de paz, durante una presentación ante el Consejo de Seguridad el mes pasado. “Se llevan a cabo investigaciones de las autoridades y de organizaciones de derechos humanos, y nuestro servicio de derechos humanos también trabaja para determinar qué pasó”.

Miles de personas viven en La Saline y muchas trabajan en un mercado que se extiende casi 2 kilómetros (más de 1 milla), donde se vende desde verduras traídas en camiones desde las zonas rurales hasta ropa usada importada de la Florida.

Los residentes viven en casuchas de hormigón con techos de chapas de metal, a veces tan pequeñas que apenas si entra un colchón de una plaza. Cocinan en fogatas al aire libre en callejones tan estrechos que dos personas se tocan los hombros si se cruzan.

Pandillas de jóvenes armados controlan los barrios y con frecuencia usan las armas para resolver disputas. Su principal ingreso proviene de la extorsión que hacen a los vendedores del mercado, a quienes cobran para protegerlos, y a importadores que pagan para que no les bloqueen las carreteras de acceso al puerto vecino. Esto hace que el control de La Saline sea un botín valioso.

Las pandillas han comprado o se han robado equipo policial en los últimos años, de modo que no queda claro qué participación tuvieron las fuerzas del Gobierno en la matanza.
El jefe de la Policía Nacional, Michel-Ange Gedeon, dijo que la investigación indica en principio que fue una pelea entre pandillas y que había suspendido a dos agentes acusados por organizaciones de derechos humanos de haber participado.

“Si hay policías involucrados con las pandillas, los vamos a despedir”, afirmó. “Si participaron en violaciones a los derechos humanos, los vamos a entregar a la justicia”.
Uno de los agentes, Gregory Antoine, fue baleado la semana pasada en un incidente atribuido a pandilleros rivales, según dijeron familiares a una radio local.

La oficina del presidente Jovenel Moise no respondió a pedidos de comentarios.
Joel Noel, un hombre de 28 años que se describe como un líder comunitario, declaró que los hombres armados llegaron en un camión que llevaba la insignia de una Unidad Táctica Especial de la policía entrenada por la ONU, creada por el expresidente Michel Martelly, un aliado de Moise.

Corestan dijo que algunos llevaban máscaras de esquí y portaban machetes cuando se presentaron en el barrio a las 3 de la tarde. Indicó que corrió para salvar su vida cuando comenzó la balacera, y dejó atrás a su hijo de 24 años, Edaud-Pierre, quien quería ser DJ y que estaba mezclando canciones. Estaba desarmado. Relató que los vecinos le dijeron que los atacantes mataron a su hijo a sangre fría.

Hay dos estaciones policiales en La Saline y sus alrededores, pero testigos dijeron que ninguna de las dos mandó agentes para que interviniesen.
Gedeon, jefe de la Policía, dijo que los agentes llegaron entrada la noche y rodearon el área, pero no pudieron ingresar al barrio porque estaba muy oscuro. No se han hecho arrestos en el caso, según reveló.
Morelle Lendor, vendedora callejera de 35 años, dijo que estaba escondida en su casa con un hombre que conocía solo como Wuanito cuando dos individuos golpearon la puerta.

Los reconoció. Dijo que eran pandilleros de un barrio vecino, que lucían uniformes negros sin inscripciones, gorras negras y portaban armas largas.
Contó que se llevaron a Wuanito, quien estaba desarmado, y lo mataron de un tiro. Tres semanas después, todavía se veían las manchas de sangre en la pared de su casa.

Otra residente, Miliana Louis, dijo que su hijo de 22 años, James, fue asesinado a machetazos.
“La mayoría de la gente que murió era gente inocente”, afirmó Raphael Louigene, trabajador social de la Fundación San Lucas, una organización caritativa católica que trabaja en los barrios pobres de Puerto Príncipe.

Dijo que él y dos religiosos recogieron los restos de 21 hombres en las calles de La Saline en los días siguientes a la masacre, ya que ni la Policía ni funcionarios judiciales osaban entrar al barrio. Indicó que las víctimas habían sido baleadas o recibido machetazos y que solo se pudieron recuperar ocho cadáveres enteros, ya que la mayoría habían sido quemados o dados a los cerdos como alimento.

Los residentes afirman que podría haber al menos una mujer entre las víctimas. Belande Louis, de 33 años, dijo que su hermana Sandra, de 28, desapareció el 13 de noviembre y algunos vecinos aseguran que fue asesinada a machetazos.

Louigene dijo que la matanza fue probablemente producto de una pugna por el derecho a extorsionar a los comerciantes, luego de que un grupo desplazó a otro.

“El grupo que había sido desplazado volvió en busca de revancha”, manifestó Louigene. “La Policía no tiene los medios para hacerle frente a las bandas”.
Para algunos en La Saline, la explicación es más siniestra todavía.
El presidente Moise enfrenta un creciente malestar porque no investiga denuncias de que su aliado, el expresidente Martelly, se apropió de más de $2,000 millones de un programa venezolano de ayuda al Gobierno haitiano, por el cual recibía petróleo a precios muy inferiores a los del mercado y podía venderlo a precios más altos.

La Saline es desde hace tiempo un punto de encuentro para manifestantes antigubernamentales y la matanza se produjo cuatro días antes de una serie de protestas a escala nacional por las denuncias de corrupción.

Algunos residentes y activistas de los derechos humanos acusan a funcionarios del Gobierno haitiano de promover el ataque por parte de una pandilla rival para intimidar a los residentes de La Saline y evitar las protestas.

“Esta es una batalla política”, sostuvo Noel, el dirigente local. “Cuando ya tenían el control de la zona, entraron a las casas de la gente, la tomaron y la ejecutaron”.

Sin control. La guerra de pandillas por el dominio de territorios es a lo que las ONG apuntan como motivo de la masacre.

EUA aprueba miles de pedidos de novias menores de edad

Frecuente. Si bien es cierto hay restricciones, la mayoría de estados permiten el matrimonio con menores de edad y se registra con frecuencia.

Un hombre de 49 años solicitó el ingreso de una niña de 15 para mantener con ella una relación de pareja. Y todo en esta operación es legal: la ley de inmigración y nacionalización no impone una edad mínima. Y al estudiar cada petición para una cónyuge o novia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) solo tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el país de origen y si sería legal en el estado donde reside el solicitante.

Pero los datos generan el interrogante de si el sistema inmigratorio hace posible el matrimonio forzado y si las leyes estadounidenses agravan el problema a pesar de los intentos de poner coto al casamiento forzado y de menores. El casamiento entre un menor y un adulto no es infrecuente en Estados Unidos, y la mayoría de los estados permiten el casamiento de menores, con algunas restricciones.

Hubo más de 5,000 peticiones de adultos para menores y casi 3,000 casos de menores que buscaban traer cónyuges o prometidos adultos, de acuerdo con datos de 2017 de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado incluidos en el informe.

Algunas víctimas del matrimonio forzado dicen que la atracción de un pasaporte estadounidense combinada con la laxitud de las leyes de matrimonio en Estados Unidos fomentan esas peticiones.

«Mi pasaporte arruinó mi vida», dijo la estadounidense-paquistaní Naila Amin, quien creció en Nueva York.

A los 13 años la obligaron a casarse en Pakistán y solicitar documentos para que su esposo de 26 viniera al país.

«La gente se mata por venir a Estados Unidos», dijo. «Para él yo era un pasaporte. Todos lo querían aquí y esa era la manera de lograrlo».

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

Amin, quien ahora tiene 29 años, dijo que la comprometieron con su primo Tariq cuando ella tenía ocho años y él 21. La petición fue anulada cuando ella escapó del hogar. Eso le costó su infancia, afirmó. Vivió en numerosas familias de acogida y asilos, y le llevó años encarrilar su vida.

«Yo era una niña. Pregunto: ¿por qué no sonaron las alarmas? ¿Los encargados de procesar las solicitudes no las leen? ¿No piensan?»

El proceso para obtener la visa de inmigrante y la residencia tiene dos pasos. Primero, USCIS evalúa la solicitud. Si la aprueba, pasa al Departamento de Estado. Entre 2007 y 2017 se recibieron 3.5 millones de solicitudes.

En ese lapso, se aprobaron 5,556 solicitudes de quienes querían traer cónyuges o prometidos menores de edad y se aprobaron 2,926 solicitudes de menores que querían traer cónyuges adultos, según los datos. Además, se aprobaron 204 de menores para menores. Las solicitudes pueden ser presentadas por ciudadanos o residentes.

«Esto apunta a un problema. Apunta a una rendija que debemos cerrar», dijo a la AP el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Ron Johnson.

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

No hay estadísticas nacionales sobre el matrimonio de menores, pero los datos de algunos estados indican que dista de ser excepcional. Las leyes estatales fijan los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, pero en todas hay excepciones. La mayoría de los estados permiten que una persona de 16 o 17 años se case con el consentimiento de sus padres, y varios estados –como Nueva York, Virginia y Maryland– lo permiten para menores de 16 años con la autorización de un tribunal.

Fraidy Reiss, quien realiza una campaña contra el matrimonio forzado como dirigente del grupo Unchained at Last (libre de cadenas por fin) estudió los datos de su estado, Nueva Jersey. Halló que casi 4,000 menores, en su mayoría niñas, se casaron en entre 1995 y 2012. Entre estas uniones, 178 eran de menores de 15 años.

«Este es un problema nacional y de inmigración», dijo.

Reiss, quien asevera que su familia judía ortodoxa la obligó a casarse con un hombre abusador cuando tenía 19 años, dijo que en los casos de matrimonio infantil por vía del consentimiento de los padres suele intervenir la coerción para obligar a la niña a casarse contra su voluntad.

«Están sujetas a toda una vida de servidumbre doméstica y violación», dijo. «Y el Gobierno es más que cómplice: le pone el sello de aprobación y le dice, adelante».

Los datos fueron solicitados en 2017 por Johnson y la entonces senadora Claire McCaskill, la demócrata de mayor jerarquía en la comisión. Johnson dijo que les tomó un año obtener la información, prueba de que se necesita mejorar el sistema de rastreo y aprobación de las solicitudes.

«Es posible que nuestro sistema inmigratorio proteja involuntariamente el abuso de mujeres y menores», sostuvieron los senadores en su carta.

USCIS no sabía cuántas solicitudes aprobó el Departamento de Estado, pero en general se rechaza apenas el 2.6 % de las presentadas a favor de cónyuges o prometidos.

Por otra parte, los datos revelan que 4,749 cónyuges o prometidos menores de edad recibieron la residencia permanente en ese mismo decenio.

El titular de USCIS, L. Francis Cissna, dijo en una carta a la comisión que el pedido había provocado interrogantes y discusiones en la agencia acerca de qué se puede hacer para impedir los casamientos forzados de menores. Se descubrieron defectos en la recolección de datos y se los remedió. Además, se creó un sistema de alerta que obliga a verificar la fecha de nacimiento cuando se detecta a un menor.

El país de donde provinieron más pedidos fue México, seguido por Pakistán, Jordania, República Dominicana y Yemen. Los ciudadanos de países del Medio Oriente tuvieron el mayor porcentaje de aprobaciones.

Electrónicos para el hogar cada vez más vivos… y metidos

Críticas a la tecnología. Algunas personas afirman que los electrónicos inteligentes “son una droga poderosa que ayuda a la gente a olvidarse del hecho de que la están espiando”.

Va a llegar el día en que encontrar un horno que simplemente cocina sus platos preferidos va a resultar tan difícil como dar con un televisor en el que solo hay que cambiar de canal.

La tecnología conectada a la internet está en todos lados: automóviles, refrigeradoras, termostatos, juguetes y todo lo que hay en su casa. Los últimos productos, incluido un horno que se coordina con sus recetas y un inodoro que se activa con un comando hablado son exhibidos esta semana en una feria electrónica en Las Vegas.

Y con cada aparato adicional que llega a su casa, las empresas pueden reunir más detalles de su vida diaria, que pueden ser usados para que otros productos se enfoquen en usted de una forma mucho más precisa que si la única fuente de datos es su teléfono multiusos.

«Es una vigilancia descentralizada», dijo Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, organismo de Washington que promueve la privacidad digital. «Vivimos en un mundo en el que estamos atados a un servicio en línea que furtivamente recaba información sobre nosotros».

Los consumidores, no obstante, parecen felices con todos estos productos. La firma de investigaciones IDC calcula que en 2022 se venderán 1,300 millones de estos aparatos en todo el mundo, dos veces lo que se vendió en 2018.

Las empresas dicen que dan a estos aparatos esas funciones no para husmear en la vida de los demás sino por conveniencia, aunque Amazon, Google y otras firmas pueden usar la información que reúnen para ofrecer servicios y publicidad hechos a la medida de una persona.

“Es una vigilancia descentralizada”, dijo Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, organismo de Washington que promueve la privacidad digital. “Vivimos en un mundo en el que estamos atados a un servicio en línea que furtivamente recaba información sobre nosotros”.

Whirlpool, por ejemplo, está ensayando un horno con una puerta con imágenes. El cocinero podrá ver lo que hay adentro, y el vidrio puede mostrar el sitio ideal para colocar el pavo.

El horno puede a su vez sincronizarse con su calendario digital y recomendar recetas dependiendo del tiempo que tiene para cocinar. Puede ayudar a coordinar varias recetas de modo que no cocine de más los acompañantes, si se enfoca demasiado en el plato principal. Una cámara adentro del horno permite ver de cerca si el queso de la lasaña se ha dorado lo suficiente sin necesidad de abrir la puerta del horno.

En cuanto al inodoro, el Numi de Kohler responderá a comandos hablados para subir o bajar la tapa, o para vaciar el inodoro. Y también lo puede hacer desde una aplicación. La firma dice que el objetivo es ofrecer opciones que no impliquen el uso de las manos en un entorno muy personal. El inodoro se calienta y puede ofrecer música y noticias a través de parlantes.

Predicciones. Se calcula en 2022 se venderán 1,300 millones de estos aparatos inteligentes en todo el mundo, el doble de lo que se vendió el año pasado.

Kohler tiene, además, una bañadera que ajusta la temperatura del agua según sus preferencias y una canilla de cocina que suelta la cantidad justa de agua para su receta.

El consumidor no pide estas funciones, pero las empresas «tratan de ser innovadoras y ofrecer cosas que los clientes ni saben que necesitan», según dice el portavoz de Samsung Louis Masses.

Whirlpool dice que el simple hecho de observar cuántas veces una persona abre el horno para ver cómo va la comida, y deja escapar el calor, suministra datos útiles.

Samsung tiene varios productos que responden a comandos hablados, incluido un refrigerador que tiene una aplicación que permite ver lo que hay adentro mientras uno está en el supermercado. Y este año está ofreciendo máquinas de lavar ropa que alertan al televisor cuando la ropa está lista.

Otras funciones que ofrecen los aparatos conectados a la web:

–una caña de pescar que permite armar un mapa en línea de los sitios donde atrapó más peces

–un cepillo de dientes que recomienda dónde cepillar más

–un aerosol aromático que permite controlar cómo huele su casa desde una aplicación de su teléfono.

Ya hay en el mercado productos como cámaras de seguridad, cerraduras y termostatos conectados a la internet. Estos últimos permiten ajustar la temperatura de la casa automáticamente desde cualquier sitio.

Realidad Virtual.

Chester sostuvo que el consumidor a menudo se siente impulsado a comprar estos aparatos porque el vecino ya los tiene y no quiere ser menos. Los electrónicos «son una droga poderosa que ayuda a la gente a olvidarse del hecho de que los están espiando».

Los aparatos que responden a comandos hablados no transmiten información alguna a los servidores de las firmas hasta que alguien usa palabras como «Alexa» o «OK Google«. Pero a veces captan mal conversaciones inocuas que consideran comandos legítimos y pueden divulgar conversaciones privadas.

Incluso cuando funcionan bien, los comandos pueden ser almacenados indefinidamente y las empresas pueden usar la información para ofrecer experiencias, y avisos, a la medida. Las conversaciones, por otro lado, pueden ser grabadas y captadas por un háker o surgir de la nada en juicios o investigaciones.

Saber lo que cocina uno o lo que tiene en la nevera puede parecer inocuo. Pero si las aseguradoras obtienen esa información, pueden cobrar más porque uno tiene una dieta poco saludable, por ejemplo, según Paul Stephens, de Privacy Rights Clearinghouse de San Diego. También se puede descifrar el origen étnico de una persona a partir de lo que consume.

Los fabricantes destacan las cosas positivas, como el hecho de que la cantidad de agua usada en una canilla permite a una aplicación de Kohler ofrecer información útil acerca de cómo se consume el agua en una casa.

El consumidor puede desactivar estas funciones o simplemente no comprar estos productos.

«Soy un firme creyente en la noción de que cuanto más sencillo, mejor. Si no necesita estos aparatos llenos de funciones nuevas, no los compre», dijo Stephens. «¿Necesitas realmente una nevera que lleva la cuenta de todo lo que tienes y te avisa si te estás quedando sin leche?».


*Los reporteros Joseph Pisani, Matt O’Brien (ambos desde Las Vegas) y Frank Bajak (Boston) colaboraron en este despacho.

Crisis de los opioides se siente con fuerza en Puerto Rico

Adicción mortal. La crisis de opioides mató a 48,000 personas en Estados Unidos el año pasado.

José Carlos Laviena vació sus bolsillos, se quitó los zapatos y esperó la muerte.

Se acababa de inyectar un nuevo tipo de heroína que le recomendó su abastecedor y la sensación fue tan intensa que Laviena pensó que había incurrido en una sobredosis. El hombre de 35 años dio por sentado que se moriría y planeó la forma en que quería que encontrasen su cadáver.

«Es algo que de verdad es súperfuerte«, comentó, aludiendo a lo que cree fue una heroína mezclada con fentanilo. «Esa vez sentí la muerte».

La experiencia casi fatal de Laviena en un vagón abandonado en el sudeste de Puerto Rico es uno de varios indicios de que la isla no se ha librado de la crisis de opioides que estremece a Estados Unidos, y el problema parece haber aumentado como consecuencia del devastador huracán María.

Al Gobierno le cuesta salir adelante y no ha solicitado a Estados Unidos millones de dólares, que según activistas, hubieran podido salvar vidas.

En 2017 se reportaron más de 600 sobredosis que incluyeron fentanilo y 60 muertes, la mayoría de ellas antes del paso del huracán. Esa cifra representa un fuerte aumento respecto las 200 sobredosis y ocho muertes del año previo. Si bien es una crisis menos severa que la de algunos estados estadounidenses, activistas y expertos dicen que el problema parece estar expandiéndose rápidamente a medida que aumenta el uso de fentanilo, un opioide al que se atribuye buena parte del problema en Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y organizaciones locales sin fines de lucro dicen que la información oficial no refleja el verdadero alcance de la situación, porque el Gobierno de la isla no lleva una cuenta apropiada de las muertes y las sobredosis.

A pesar de todo esto, este territorio estadounidense nunca solicitó al Congreso un fondo de $7.8 millones disponibles para tratar a la gente. El dinero fue repartido entre otros estados.

«Es absurdo. Es un dinero muy necesario», expresó Carmen Dávila, enfermera que asiste a drogadictos en zonas rurales de Puerto Rico. Dávila teme que la cantidad de sobredosis aumente y pone en duda la cifra de 612 sobredosis reportadas por el Gobierno el año pasado. «Yo diría que, siendo conservadora, es tres veces más que eso basado en los testimonios de personas que hemos servido».

Julissa Pérez, portavoz de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico, dijo que era muy difícil para esa pequeña dependencia –escasa de personal debido a recortes presupuestarios– solicitar el dinero al tiempo que coordina el trabajo usando programas y fondos previos.

«Estoy sumamente preocupado, porque representa una epidemia no reconocida», declaró el senador local José Vargas Vidot, un médico que ha asistido por años como voluntario a los drogadictos de la isla. «Nunca en 30 años que llevo en las calles había visto cómo en un solo sector, en una sola calle, murieran tres a cuatro personas semanales… Cambió exageradamente el panorama después de María».

Vargas dijo que la fuerte presencia policial en la isla después del paso del huracán de categoría 4, el 20 de septiembre de 2017, combinada con una prolongada parálisis de todos los medios de transporte usados por los traficantes, obligó a los vendedores a sustituir la heroína importada con fentanilo, que estaba disponible en los hospitales porque es producido en Puerto Rico. Indicó que a él y otros médicos les llegó información de que los delincuentes estaban amenazando al personal de los hospitales con lastimarlos o incluso matarlos, si no les entregaban el fentanilo.

Muchos pacientes, por otro lado, no tuvieron acceso a servicios médicos básicos por semanas tras el paso del huracán y las farmacias empezaron a vender la droga sin recetas médicas en un gesto humanitario, según dijo. En medio de todo esto, se exacerbaron los trastornos mentales debido a María, y hubo personas que tuvieron que esperar un año para que se restableciese el suministro de agua y electricidad.

«Hubo un boom de trastornos de ansiedad y de suicidios», manifestó Vargas. «Todas esas cosas contribuyeron a que el fentanilo y otras drogas estuvieran mucho más de moda».

Además del fentanilo producido en la isla, las autoridades dicen que está circulando una versión menos controlada traída de contrabando de China y la India, la cual es mezclada con heroína e incluso con cocaína y marihuana. Las autoridades informaron de una serie de sobredosis en Mayagüez, en la costa occidental, seguida de más sobredosis en una cárcel vecina en Aguadilla. De allí, afirman los activistas, se expandió el uso de fentanilo ilegal y de otros opioides a todas las ciudades, incluida la capital.

En Humacao, al sudeste, un grupo de adictos a la heroína y la cocaína se reunieron recientemente en torno a una mesa de plástico en una casa abandonada y se inyectaron entre sí. Uno de ellos se puso un dedo en la boca y sopló hacia afuera, haciendo que se agrandase la vena del cuello para poder inyectarse. En la mesa había decenas de agujas sucias, pequeñas botellas de agua y calentadores (cookers).

Personal de un programa de intercambio de agujas, llamado Intercambios Puerto Rico, se acercó al grupo, recogió las agujas usadas y colocó un pedazo de papel en un par de cookers. Minutos después apareció una raya roja, indicio de que se había detectado la presencia de fentanilo.

El director del programa, Rafael Torruella, aseveró que notó un aumento en las sobredosis después del paso de María y que su organización empezó a hacer análisis en los calentadores en busca de fentanilo. Ahora casi todos dan positivo.

Laviena fue uno de los adictos que encontraron los trabajadores sociales ese día. Dejó allí 140 agujas usadas, recogió cookers limpios y luego de una pausa relató su experiencia casi fatal antes de desaparecer del lugar.

«En Puerto Rico se habla bien poco de este problema, como si no existiera», dijo Torruella, quien instruye además a personal de servicios de emergencia sobre cómo tratar a una persona con una sobredosis. «El fentanilo está aquí y hay que hacer algo al respecto».

Eso no es sencillo en una isla sumida en una recesión que ya lleva 12 años, con fuertes recortes presupuestarios forzados por la bancarrota del Estado.

“Estoy sumamente preocupado, porque representa una epidemia no reconocida”, declaró el senador local José Vargas Vidot, un médico que ha asistido por años como voluntario a los drogadictos de la isla. “Nunca en 30 años que llevo en las calles había visto cómo en un solo sector, en una sola calle, murieran tres a cuatro personas semanales… Cambió exageradamente el panorama después de María”.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico confirmó 40 muertes por fentanilo hasta marzo de este año, pero no se pudo confirmar otras posibles 75 ocurridas desde entonces por recortes presupuestarios.

«Ahora mismo tenemos serias limitaciones», expresó Suzanne Roig, quien supervisa la agencia.

A las autoridades les preocupa la legalidad de los analgésicos recetados. El gobernador, Ricardo Rosselló, dispuso un estado de alerta el año pasado relacionado con las sobredosis, y dijo que el Gobierno estaría pendiente del uso de opioides legales como el fentanilo y la hidrocodona. En los siete meses que pasaron desde entonces, las autoridades contabilizaron unas 60 recetas por cada 100 personas. Eso equivale a un año de empleo de esas drogas en todo Estados Unidos.

«Hay un gran problema de adicción a medicamentos legalmente obtenidos», dijo Roig.

La crisis de Puerto Rico no alcanza los niveles epidémicos de Estados Unidos, pero las autoridades creen que puede llegar a equipararse en el futuro. La crisis de opioides mató a 48,000 personas en Estados Unidos el año pasado, 5,400 por sobredosis tan solo en Pensilvania, que tuvo las cifras más altas de todos los estados. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen que el fentanilo fue responsable del mayor porcentaje de sobredosis fatales en 2016, seguido por la heroína y la cocaína.

Activistas se quejan de que Puerto Rico no ha respondido al problema con seriedad, y no solo porque no pidió fondos al gobierno federal.

Varios legisladores han promovido por más de dos años una medida que permitiría a personal no médico y no especializado en emergencias suministrar naloxona, que puede revertir las fallas respiratorias derivadas de las sobredosis de opioides. El senado isleño envió el año pasado un nuevo proyecto a un comité, donde languideció por meses.

Antes de la tragedia. En 2017 se reportaron más de 600 sobredosis que incluyeron fentanilo y 60 muertes, la mayoría de ellas antes del paso del huracán María.

La reportera de la Associated Press especializada en temas de medicina Carla K. Johnson colaboró en este despacho.

Una aldea de Guatemala llora a Felipe, el migrante de 8 años que murió

Fotografía de AP

Un pequeño altar con flores y veladoras yacía sobre una mesa dentro de la sencilla vivienda de madera en una remota región rural de Guatemala. Cerca de allí estaba un pequeño par de botas de hule, adecuadas para un niño de ocho años.

Pegadas a la pared había tres fotos acompañadas por un sencillo epitafio para el niño, cuya memoria se honraba con el improvisado altar: “Felipe Gómez Alonzo. Murió el 24 de diciembre de 2018 en Nuevo México, Estados Unidos”.
En Nochebuena, Felipe se convirtió en el segundo niño guatemalteco en un mes en morir bajo custodia de autoridades estadounidenses cerca de la frontera con México.

Los fallecimientos desataron críticas generalizadas hacia el presidente Donald Trump, que ha procurado responsabilizar de ello a sus rivales políticos, incluso mientras su secretaria de Seguridad Nacional prometía que se realizarán exámenes adicionales de salud a los niños migrantes detenidos.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la muerte de estos dos niños guatemaltecos bajo custodia estadounidense, el presidente Donald Trump sostuvo que los dos pequeños migrantes ya estaban “muy enfermos” antes de que llegaran a la frontera, y le endosó la responsabilidad de sus muertes a los demócratas. Sin embargo, ambos niños pasaron los exámenes de salud iniciales de la Patrulla Fronteriza.

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UNA ALDEA LEJANA
En el poblado de Yalambojoch, donde vivía el niño, en el occidente de Guatemala, las consecuencias políticas en Estados Unidos de lo ocurrido parecían muy distantes y solo había una profunda tristeza por su muerte.

Los parientes dijeron que no tenían idea de que podría ocurrir una tragedia así. Ni habían oído hablar de las políticas estadounidenses por las que miles de niños migrantes fueron separados de sus padres a principios de este año.
“No tenemos televisión, no tenemos radio”, dijo Catarina Gómez, hermana de Felipe. “No sabíamos que había pasado antes”, agregó, refiriéndose a que desconocían que otros niños migrantes ya habían muerto.
La aldea, situada sobre una planicie y rodeada de espectaculares montañas llenas de pinos verdes, es un sitio de pobreza aplastante y falta de oportunidades. Solo hay una pequeña escuela, no es posible transitar por las calles de tierra en época de lluvias y las viviendas son rudimentarias, sin pisos adecuados, agua ni electricidad.

En la comunidad habitan familias que huyeron a México durante los años más sangrientos de la guerra civil de Guatemala, de 1960 a 1996, pero regresaron tras la firma de los Acuerdos de Paz. No hay empleos, y la gente vive exiguamente de la agricultura de subsistencia y el comercio local. Los residentes dicen que el Gobierno guatemalteco ha permanecido impávido ante su sufrimiento, queja que puede escucharse en otros poblados pobres del país.

Catarina dice que desde hace algunos años en la comunidad “todos empezaron a irse a Estados Unidos”, tanto que un proyecto local para mejorar la educación, financiado con cooperación sueca, dejó de funcionar porque ya no había jóvenes a quienes darles clases.

“No tenemos televisión, no tenemos radio”, dijo Catarina Gómez, hermana de Felipe. “No sabíamos que había pasado antes”, agregó, refiriéndose a que desconocían que otros niños migrantes ya habían muerto. La aldea, situada sobre una planicie y rodeada de espectaculares montañas llenas de pinos verdes, es un sitio de pobreza aplastante y falta de oportunidades. Solo hay una pequeña escuela, no es posible transitar por las calles de tierra en época de lluvias y las viviendas son rudimentarias, sin pisos adecuados, agua ni electricidad.

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LLUVIA DE CRÍTICAS
Los demócratas criticaron a Trump por tuitear que las políticas de inmigración demócratas fueron las responsables de las muertes. En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, visitó a autoridades médicas de la Patrulla Fronteriza en Arizona y Texas, en medio de promesas de exámenes de salud adicionales para los niños migrantes.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), Kevin McAleenan, dijo la semana pasada que antes de diciembre, ningún niño había muerto bajo la custodia de la CBP en más de una década.

McAleenan incluso pidió una “solución multifacética” a la crisis de la inmigración, que incluya no solo una mejor seguridad fronteriza y nuevas leyes de inmigración, sino también más ayuda a los países centroamericanos de los que muchos de los inmigrantes han huido. Esto se contradice con un reciente tuit de Trump, en el que amenazó con cortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Creo que el anuncio del Departamento de Estado de un aumento sin precedentes de la ayuda es un gran paso adelante”, dijo McAleenan en el programa “This Week”, de la cadena ABC. “Hay destellos de esperanza tanto en seguridad como en el frente económico en América Central. Necesitamos fomentar eso y ayudar a mejorar las oportunidades de quedarse en casa”.

El Gobierno de El Salvador, por su parte, rechazó las afirmaciones de Trump de que no hace lo suficiente para frenar la migración hacia Estados Unidos. El país centroamericano informó que ha realizado mejoras económicas y sociales para atacar las raíces del fenómeno migratorio.

En un comunicado, el Gobierno salvadoreño informó que ha realizado una campaña en medios de comunicación, y ha hecho constantes llamados a la población a no arriesgar sus vidas y las de sus familias, especialmente si se trata de niñas, niños y adolescentes. Afirmó que la migración en el país ha caído considerablemente.

Luto y tristeza. Mateo Gómez, de seis años, es hermano de Felipe, de ocho, el niño guatemalteco que murió mientras estaba bajo custodia de autoridades estadounidenses.

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SIN NADA
Fueron la pobreza extrema y la falta de oportunidades las que impulsaron al padre de Felipe, Agustín Gómez, a decidir que él y el niño partirían rumbo a Estados Unidos. Otros integrantes de la comunidad ya habían podido cruzar la frontera estadounidense con niños, y pensó que tendrían la misma suerte.

Felipe fue elegido por ser el hermano varón más grande. Nadie pensó que el trayecto fuese peligroso.
“No pensé, porque ya varias familias se han ido y llegaron; pensé que iba a ser lo mismo”, dijo Catarina Alonzo, la madre de Felipe, en su lengua indígena chuj porque no habla español. Su hijastra funge como intérprete. Su localidad se ubica en el municipio de Nentón en la provincia de Huehuetenango, a unos 400 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

Felipe estaba sano cuando partieron, afirma su familia. La última vez que su madre habló con él, un día antes de que lo detuviera la Patrulla Fronteriza, le dijo que estaba bien, que había comido pollo y que la siguiente vez que hablaran la llamaría desde Estados Unidos.

Pero la llamada que entró fue la de su marido el día de Navidad para decirle que Felipe había muerto la víspera.
Ambos habían sido aprehendidos una semana antes, el 18 de diciembre, cerca del puente Paso del Norte que comunica a El Paso, en Texas, con Ciudad Juárez, en México, según funcionarios fronterizos. Padre e hijo fueron detenidos en el centro de procesamiento del puente y luego en la oficina de la Patrulla Fronteriza en El Paso, antes de ser transferidos el 23 de diciembre a unas instalaciones en Alamogordo, Nuevo México, a unos 145 kilómetros (90 millas) de distancia.

Después de que un agente se percató que Felipe estaba tosiendo, padre e hijo fueron transportados a un hospital en Alamogordo, donde al niño se le diagnosticó resfriado, con fiebre de 39.4 grados centígrados (103 Fahrenheit), señaló la CBP.

Felipe quedó en observación durante 90 minutos, se le recetó amoxicilina e ibuprofeno, dijo la CBP, y se le dio de alta. Pero horas después se sintió mal y reingresó al hospital. Falleció poco antes de la medianoche del lunes.

Entre los pobladores que lamentaban la muerte de Felipe estaba su amigo Kevin, de siete años. Dos días antes de que Felipe se fuera, se pelearon. “Andaban llorando porque se habían peleado”, dijo Catarina, la hermana de Felipe. “Luego mi hermanito se fue”. Cuando Kevin llegó a buscar a su amigo, este ya no estaba. Kevin ya sabe que el niño se murió, explican sus familiares.

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EN REDES
El presidente Trump se refirió por primera vez en tuits al deceso de Jakelin Caal, una niña guatemalteca de siete años que murió el 8 de diciembre, y el fallecimiento de Felipe.

La CBP emitió detallados comunicados sobre los decesos de ambos niños. Una inspección inicial a Jakelin “no reveló evidencia de problemas de salud”, dijo la CBP el 14 de diciembre. No fue sino varias horas después que el padre de Jakelin, Nery Caal, les informó a los agentes que ella estaba “enferma y vomitando”, dijo la dependencia. Abogados de la familia Caal también han negado las afirmaciones de que Nery “no le dio agua en varios días”, como escribió Trump.

La CBP dijo que los agentes realizaron 23 inspecciones a Felipe y su padre durante los primeros dos días que estuvieron detenidos. El padre de Felipe, Agustín Gómez, dijo a un funcionario guatemalteco que el niño comenzó a presentar síntomas la mañana del lunes, el día en que murió.

A pesar de la declaración de Trump de que los demócratas eran responsables por sus “patéticas” políticas migratorias, al menos una de las leyes que su gobierno culpa –una legislación que impide la deportación inmediata de niños sin compañía de un adulto provenientes de países centroamericanos– fue promulgada en 2008 por el presidente republicano George W. Bush.

Los demócratas criticaron los tuits del presidente: “Manchó el recuerdo de Jakelin y volvió a traumar a su familia propagando mentiras de las causas de su muerte”, dijo el representante federal por Texas, Joaquín Castro.
Las declaraciones de Trump el fin de semana pasado ocurrieron el mismo día en que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, visitaba Yuma, Arizona, donde se reunió con funcionarios fronterizos y personal médico. A través de un comunicado, informó que “el sistema evidentemente está rebasado y debemos trabajar juntos para atender esta crisis humanitaria y proteger a las poblaciones vulnerables”. Llamó al Congreso a “actuar con urgencia”.

Desolada. Para María Gómez, tía de Felipe, no hay consuelo. Solo una profunda tristeza por la muerte del sobrino de ocho años.

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LAS CAUSAS
La autopsia mostró que Felipe tenía influenza, señalaron autoridades de Nuevo México, pero es necesario efectuar más exámenes antes de que pueda definirse de qué murió.

La otra niña guatemalteca, Jakelin Caal de siete años, mostraba síntomas de sepsis, una serie de anormalidades de diversa índole en el cuerpo humano relacionadas con una infección, según las autoridades.

Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, exhortó a que se implemente una “solución multifacética” a la inmigración, incluida no solo una mejor seguridad fronteriza y nuevas leyes migratorias, sino también más ayuda a los países centroamericanos de los que salen los migrantes.

Refiriéndose a la promesa estadounidense efectuada a principios de diciembre de destinar $5,800 millones para ayuda al desarrollo en América Central, McAleenan consideró que se trata de “un enorme paso adelante”.

“Hay indicios de recuperación tanto en el frente de seguridad como en el económico en Centroamérica. Necesitamos impulsar eso y ayudar a mejorar las oportunidades para quedarse en casa”, declaró a la cadena ABC.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que se reunió con Nielsen e informó que está de acuerdo con ella en que las políticas migratorias están “fracturadas”. “El Paso lidia con los síntomas como resultado de la falta de fortaleza en Washington, en ambos lados, para lidiar con nuestras políticas migratorias”, dijo Margo, un republicano.

Felipe y Agustín Gómez fueron aprehendidos por agentes fronterizos el 18 de diciembre cerca del puente Paso del Norte –que conecta El Paso con Ciudad Juárez, en México–, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Ambos estuvieron detenidos en el centro de procesamiento del puente y luego en la oficina de la Patrulla Fronteriza en El Paso, hasta que alrededor de la 1 de la madrugada del domingo fueron trasladados a unas instalaciones en Alamogordo, Nuevo México.

Recuerdos. En la casa que habitaba, ahora hay una especie de altar con las fotos de Felipe.

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EL LUTO
Afuera de la casa de los Gómez en Yalambojoch, se reunieron varias mujeres que vestían faldas de lavanda decoradas con los intrincados patrones utilizados en la ropa indígena de la región. Coloridas mantas colgaban en un tendedero sobre el terreno lodoso.

Pegados a la puerta estaban también unos dibujos que Felipe hizo en la escuela. Uno mostraba un globo azul con un hilo verde; en el otro, un caballo blanco saltaba una cerca y en el fondo brillaba un sol amarillo en un cielo anaranjado.

Entre los pobladores que lamentaban la muerte de Felipe estaba su amigo Kevin, de siete años. Dos días antes de que Felipe se fuera, se pelearon.
“Andaban llorando porque se habían peleado”, dijo Catarina, la hermana de Felipe. “Luego mi hermanito se fue”.
Cuando Kevin llegó a buscar a su amigo, este ya no estaba. Kevin ya sabe que el niño se murió, explican sus familiares.

Tratando de contener las lágrimas, Catarina Alonzo cuenta que su hijo le hizo algunas promesas antes de irse, como que cuando fuera un adulto trabajaría para mandarle dinero. Felipe también quería comprarle un celular para que ella pudiera ver imágenes.

En aquel momento solo esperaba dos cosas: que le devolvieran cuanto antes el cadáver de su hijo para poder sepultarlo, y que le permitan a su esposo quedarse en Estados Unidos porque aún tiene una deuda que pagar y otros hijos que mantener.

El consulado guatemalteco en Phoenix ha dicho que Agustín Gómez fue puesto en libertad con un permiso especial humanitario, el cual le permite estar en territorio estadounidense por ahora. Mientras, el cadáver de Felipe fue repatriado y ya descansa cerca de la aldea de la que salió con la esperanza de tener más oportunidades.

Sin oportunidades. Durante los años del conflicto armado, los habitantes de Yalambojoch huyeron hacia México. Regresaron tras la firma de los Acuerdos de Paz. Ahora, poco a poco, están volviendo a irse, esta vez, más al Norte.

Un hijo que migra, ocho años de espera para reencontrarlo

Haydee Posada

Haydee Posadas tuvo que esperar ocho años hasta reencontrarse con su hijo. Eran tantos los nervios, que la noche anterior no pudo dormir.
Su hijo salió de Honduras rumbo a Estados Unidos en 2010, en parte por las amenazas de las pandillas, tal como hace unas semanas hicieron miles de migrantes que se fueron en caravana, algunos de ellos, de su mismo barrio. Pero al cruzar México, también como muchos otros, Wílmer Gerardo Núñez, de 35 años, desapareció en medio de la violencia desbocada del crimen organizado, no tan distinta de aquella que buscaba dejar atrás. Su madre, desesperada, no dejaba de rezar en busca de una respuesta.
“Estoy entre la espada y la pared”, se repetía la mujer año tras año. “No sé nada de mi hijo, si está muerto, si está vivo”.
La historia de Núñez es similar a la de muchas otras víctimas de la migración a su paso por México. Solo en los últimos cuatro años, casi 4,000 migrantes han desaparecido o muerto en su ruta hacia Estados Unidos, según una investigación de The Associated Press. La cifra a la que llegó AP es de 1,573 personas más que la última estimación de Naciones Unidas y, aun así, sigue siendo un recuento conservador porque puede haber cadáveres perdidos en puntos desconocidos del desierto, enterrados en fosas clandestinas a lo largo de la ruta o familias que ni siquiera se han atrevido a denunciar que les falta alguien.
Esos casi 4,000 latinoamericanos forman parte de los 56,800 migrantes desaparecidos o muertos en todo el mundo en el mismo período.
Migrar significa, en todo el planeta, correr riesgos. Cruzar México implica, además, recorrer territorios controlados por los carteles donde el crimen organizado opera muchas veces casi con total impunidad. Más de 37,000 personas han desaparecido en el país en medio de la violencia del narcotráfico, y el estado fronterizo de Tamaulipas, por donde pasa la ruta más corta para llegar a Estados Unidos desde Centroamérica, es el que tiene mayor número de desaparecidos. Lo abultado de las cifras, unido a la burocracia, la fragmentación de la información, la falta de voluntad política y el miedo a los carteles, hace que la recopilación de datos sobre un migrante desaparecido sea como armar un enorme rompecabezas en el que siempre faltan piezas.
Pero en ocasiones, gracias al trabajo de un sinfín de organizaciones, las respuestas llegan aunque sea a través de un pequeño trozo de papel manuscrito abandonado en una tiendita.

Ciudad Planeta, en las afueras de San Pedro Sula, podría parecer un barrio humilde como cualquier otro, con casas de una planta y techo de lámina. Solo las rejas que protegen la mayoría de viviendas hacen intuir la realidad: que es una de las colonias más peligrosas de uno de los países más violentos del mundo.
De ahí salió Núñez por primera vez en los años noventa, con 16 años, cuando su madre perdió el trabajo en una maquila.
“No me dijo nada, un día simplemente se fue”, recuerda Posadas, una mujer bajita de 73 años y ojos chispeantes, sentada en el porche enrejado que construyeron con el primer dinero que les envió desde Estados Unidos “para que no se colaran los ladrones”.
Núñez no era el mayor de sus 10 hijos, pero sí el que velaba por todos. “Estaba lejos pero me acostumbré a tenerlo cerca, casi todos los días me llamaba”.
Hombre atlético que siempre lucía un cuidado bigote y barba de perilla, Wílmer había sido deportado dos veces, pero siempre regresaba a Estados Unidos porque allí había hecho su vida. En 2007 se enamoró de una mexicana, María Esther Lozano, quien ahora tiene 38 años, y tuvieron una niña, Dachell. Cuando Lozano estaba a punto de dar a luz de nuevo, en julio de 2010, Núñez fue deportado por tercera vez.

Hombre atlético que siempre lucía un cuidado bigote y barba de perilla, Wílmer había sido deportado dos veces, pero siempre regresaba a Estados Unidos porque allí había hecho su vida. En 2007 se enamoró de una mexicana, María Esther Lozano, quien ahora tiene 38 años, y tuvieron una niña, Dachell. Cuando Lozano estaba a punto de dar a luz de nuevo, en julio de 2010, Núñez fue deportado por tercera vez.

Para su madre, las deportaciones eran sinónimo de felicidad porque podía disfrutar de su hijo en casa.
“‘Viejita, ¿qué hacemos de almuerzo?’, me decía, porque cocinaba mejor que una mujer”. A Posadas se le ilumina la cara con el recuerdo. “Hacía carne guisada, amasaba harina de tortillas, cocinaba plátano maduro o tajadas”.
En aquellos años, Ciudad Planeta ya se había convertido en centro de operaciones de las pandillas y en escenario de sanguinarias redadas. Ocho de los hijos de Posada se fueron del país.
La anciana sabía lo peligroso de la situación. Unas noches se despertaba por el estruendo de las pisadas de alguien huyendo sobre los techos de las casas; otras, por una balacera. O esa vez que su hija, la única que queda en Honduras, quedó esposada a las rejas de su vivienda mientras supuestos policías entraban y le pegaban un tiro a su nieto, a quien acusaban de estar involucrado con las maras, una de las pesadillas actuales no solo de Honduras, sino de otros países centroamericanos.
Pero la anciana, conocida por todos como mamá Haydee, tiene un lema de supervivencia básico en la Planeta, como coloquialmente se llama al barrio: “Si vio, no vio; si oyó, no oyó; y todos callados”.
La última vez que Núñez fue deportado, la situación era tan crítica que apenas salió de la casa.
“Lo veía muy pensativo”, rememora Posadas. “‘Siento temor’, me decía”.
Quería regresar cuanto antes para conocer a su niña recién nacida, y después de unos días en San Pedro Sula, su salida se precipitó aparentemente por una amenaza.
“Me tengo que ir de aquí ya”, le dijo a Lozano, su mujer, por teléfono, sin más explicaciones el día antes de dejar la Planeta.
Junto con su sobrino y dos vecinos, Núñez tomó el autobús de medianoche que cada día lleva a decenas de migrantes hasta la frontera de Guatemala. Entre lo poco que tenía en su bolsa estaban unas baleadas preparadas por su tía: tortillas con frijoles y huevo, uno de los platos más populares de la peligrosa Ciudad Planeta.
Núñez siempre cruzaba por Mexicali –en la frontera con California– con un coyote de su confianza. En esa ocasión, sin embargo, al llegar a Veracruz, “lo corretearon Los Zetas y se lastimó un tobillo”, cuenta su esposa. Eso lo obligó a cambiar de ruta y seguir rumbo a Texas, un camino más corto pero también más peligroso.
“Me llamaba todos los días, incluso desde el teléfono del coyote”, dice Lozano. Al guía lo acababa de conocer. Le parecía buena persona, aunque él estaba preocupado porque el grupo era muy grande. Viajaban en dos camiones.

Documentos. Haydee Posada muestra la licencia de conducir de Wilber Núñez, un hondureño que hizo vida en EUA, fue deportado en dos ocasiones y decidió volver a ingresar sin documentos.

Una semana después de salir de Honduras, habló con su madre por última vez y le pidió que rezara por él. Un día más tarde, llamó a Lozano y estuvieron de plática una hora. Rula, que es como le llamaban, estaba de buen humor y estuvieron bromeando sobre lo mucho que se echaban de menos.
Le dijo que estaban en Piedras Negras, Coahuila, al otro lado de Eagle Pass, Texas. “Me advirtió ‘ya vamos a cruzar, no te vayas a dormir’, porque yo tenía que depositar la mitad del dinero –$3,000– y esperar a que su hermana me avisara que había llegado bien para pagar el resto”.
Esa llamada nunca llegó. María Esther Lozano no volvió a contactar con Núñez. Habló al coyote un par de veces, él le dijo que estaban todavía esperando para cruzar.
Luego nadie volvió a contestar el teléfono.

Al principio, Posadas y Lozano no estaban muy preocupadas porque era normal que durante el cruce perdieran el contacto unos días. Pero poco después, el 24 de agosto, una noticia en la televisión le encogió el alma a la anciana: el hallazgo de 72 cadáveres en un rancho de San Fernando, en Tamaulipas. Todos eran migrantes.
La mexicana lo tomó con más calma porque sabía que San Fernando está a casi 600 kilómetros de Piedras Negras, donde Núñez le dijo que estaba la última vez que hablaron.
Al paso de los días se supo que una decena de personas en vehículos marcados con una “Z” habían cortado el paso a dos camiones. Se llevaron a los migrantes y les preguntaron si querían “trabajar para la guerra”, la de los carteles de la droga. Solo uno aceptó. A todos los demás les vendaron los ojos, les ataron las manos y tumbados en el sueño los ejecutaron. Un ecuatoriano que sobrevivió logró huir del lugar y alertó a la Marina mexicana.
“Me puse a llorar como loca. No salían nombres, pero yo me revolvía”, recuerda Posadas.
Una lista de víctimas apareció poco después. Los nombres de su nieto y los dos vecinos que viajaban con ellos estaban ahí, pero de Núñez, ni rastro. Las autoridades le dijeron que si no estaba entre los muertos, estaría vivo.
La vida de Haydee Posadas comenzó a cambiar ese día. Preguntó por su hijo en la Fiscalía, en la cancillería, ante las autoridades mexicanas para que rastrearan por todas partes. Su anterior pareja, el padre biológico de Núñez, se ofreció a ir a dejar una muestra de ADN para que lo compararan con el de los cadáveres todavía no identificados. Nada. Tampoco le reconocieron en las fotos de los cadáveres.
Posadas y Lozano, madre y esposa, quedaron unidas por un solo objetivo: buscar a Núñez. Lozano iba todos los días al consulado de Honduras, dio nombres, fotos, describió sus tatuajes, incluido uno que ponía Dachell y otro con el número ocho. Y todavía nada.
Poco después se supo que el ecuatoriano que sobrevivió a la matanza dijo que había otro superviviente que lo desató y le ayudó a salir del rancho. Era un hondureño. Lozano preguntó a autoridades de Honduras y México si podía ser su marido. Nada. Le negaron toda información porque se trataba de un testigo protegido.
En la embajada de Ecuador no tuvo más suerte. Pidió que le hicieran llegar al ecuatoriano una foto de Núñez. “No quería verlo, ni hablar con él, solo que viera la foto y me dijera si era la misma persona que le ayudó”, solloza recordando la desesperación del momento.
Desde Honduras, Posadas no avanzaba más. Marchó a Tegucigalpa a insistir en todas las instituciones, pero ni siquiera encontró quien le dijera qué había pasado con la prueba de ADN que supuestamente se había realizado su exmarido.
“Yo llamando y llamando siempre, hasta que se cumplió un año. Luego ya no me contestaron, y dije ‘¿para qué seguir?’”.
Solo quedaba ir a buscarlo a México, pero ¿a dónde podía ir una anciana enferma? Lozano no estaba en mejor situación: con cinco hijos dependiendo de ella, la más pequeña de meses, y sin documentos legales para residir en Estados Unidos.
Hermanos de la mexicana fueron a Tamaulipas. Allí contrataron a un abogado que pudiera entrar a las cárceles y entonces apareció otra luz: les dijo que había visto a una persona con las características de Núñez en una de las prisiones.
En la casa de la Planeta, en San Pedro Sula, Posadas se preguntaba: “¿Será que Dios ha escuchado mis plegarias?”.
Pero esa pista también se esfumó. Nunca supieron nada más del abogado, y los hermanos de Lozano tuvieron que dejar la búsqueda porque los amenazaron Los Zetas.
Posadas pensaba que si hubiera sobrevivido, habría llamado. También se repetía que como no había ni rastro de su cadáver, quizá había esperanza. A los tres años, el pesimismo comenzaba a imponerse.
“Sentía que estaba cayendo en una depresión tremenda”, reconoce. No dormía, se levantaba y pasaba las horas sentada en su pequeña sala llena de adornos, fotografías (entre ellas, una de Núñez de adolescente), un televisor y telas con versículos de la biblia.
Los días eran igual de desesperantes. “Andaba por la calle y me miraban que sonreía, pero era por fuera, nadie sabía cómo estaba yo por dentro”.

***

LOS CADÁVERES DE LA MASACRE de San Fernando, debidamente numerados, fueron llevados del rancho donde los mataron, a una base naval, donde permanecieron dos días expuestos a la intemperie, luego a una funeraria local y más tarde a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con McAllen, Texas.
Algunos cadáveres fueron repatriados, aunque las identificaciones fueron cuestionadas en varios casos porque hubo entrega de restos equivocados a algunas familias. La mayoría de los cadáveres, ya en descomposición, fueron trasladados a Ciudad de México. Fueron llevados en un camión no refrigerado que apestaba a varias cuadras de distancia y que por esquivar a la prensa, chocó con unos coches, atropelló a una persona y quedó varado en medio de la calle.
Un día después de conocerse la matanza, el 25 de agosto de 2010, quedó registrado en el expediente oficial que el cadáver número 63 era un varón con tatuajes, entre otros, uno con la leyenda “Dachell” y otro con el número ocho. En documentos fechados un día después, se constata el hallazgo de una licencia hondureña a nombre de Wílmer Gerardo Núñez Posadas, con la foto de un hombre con bigote bien cuidado y barba de perilla.
Nadie hizo pública esta información.
Diez meses después de llegar a la capital mexicana, los restos que todavía estaban sin identificar, incluido el número 63, fueron enterraron en una fosa común.
En septiembre de 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y otras ONG que participan en una iniciativa regional de búsqueda de migrantes desaparecidos, denominada Proyecto Frontera, firmaron un acuerdo con la Fiscalía mexicana para crear una comisión forense e identificar más de 200 cadáveres de un total de 314 víctimas de tres masacres de migrantes, entre ellas, la de San Fernando. Los restos que estaban en la fosa común se exhumaron para nuevas autopsias.
En marzo de 2015, la PGR mandó un escrito a la Corte Suprema de Honduras. Pedía ayuda para localizar a los familiares de dos hombres, uno de ellos era Núñez.
Nadie llegó a Ciudad Planeta.
Cuando los peritos argentinos se enteraron de la existencia de la licencia de Núñez, intentaron buscar a su familia y averiguaron dónde vivía.
“Yo dejé claro que a ese sector yo no podía entrar”, recuerda Allang Rodríguez, un psicólogo del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, uno de los muchos grupos que trabajan con el EAAF.
Las organizaciones empezaron a remover cielo y tierra, acudieron a la Iglesia católica y preguntaron a las Scalabrinianas, unas monjas que trabajan con migrantes y deportados. Una de sus colaboradoras, Geraldina Garay, conocía a un taxista que vivía en la Planeta, y el hombre se ofreció a dejar un papel con un teléfono para Posadas en una de las “pulperías”, como se les conoce a las tiendas en el barrio, situada en un callejón detrás de la casa de Posadas. Era finales de 2017.
La anciana miró con extrañeza el trozo de papel con un número de teléfono que le había llevado su vecina. Marcó y la voz al otro lado le dijo que quería verla para hablar con ella sobre su hijo desaparecido.
“Hoy sí tengo esperanza”, pensó en ese momento.
Cuando se reunió con los peritos que viajaron hasta San Pedro Sula para hablar con ella, le contaron lo de la credencial y los tatuajes del cadáver número 63. Antes de acabar 2017, le tomaron muestras de sangre tanto a ella como a Wílmer Turcios Sarmiento, un joven de 18 años que todos creían que era hijo de Núñez fruto de una relación de adolescencia.
En mayo de 2018 les dieron los resultados. Fue una más de las 183 identificaciones de migrantes logradas por el EAAF gracias al Proyecto Frontera.
“Me dolió el corazón tanto… sobre todo por la muerte que él sufrió, que ni supo quién lo asesinó, con los ojos vendados, las manos amarradas… ahí sí sentí que…” No acaba la frase. Por primera vez los ojos se le llenan de lágrimas, la coraza que la anciana tardó ocho años en construir se rompió.
La prueba de ADN demostró también que Turcios era hijo de Núñez. Fue como encontrar y perder a un padre al mismo tiempo, recuerda Posadas que le comentó su nieto, el vivo retrato de su hijo.

Víctimas. Wilber fue parte de un grupo de migrantes a los que un grupo de sicarios privó de libertad y luego ejecutó en México.

Esa noche, Posadas volvió a dormir. “La verdad, aunque duela, siempre trae tranquilidad”, dice.
Pero en su cabeza retumbaba sin respuesta una sola pregunta, la que más le dolió: “¿Por qué? ¿Por qué tendiendo las pruebas las ocultaron tanto tiempo? ¿Por qué?”.
El informe que le entregaron a Posadas habla de errores en las autopsias, de irregularidades en el manejo de los cadáveres, de contradicciones, y pide que se investigue con las autoridades correspondientes de ambos países, Honduras y México, el motivo de la demora en la respuesta a la familia.
Ocho años y tres meses después de la masacre, no hay ningún condenado por los 72 asesinatos, y nueve personas siguen sin identificar. Las autoridades mexicanas no quisieron hacer ningún comentario.
Para Posadas, solo quedaba un último paso.

Algunos cadáveres fueron repatriados, aunque las identificaciones fueron cuestionadas en varios casos porque hubo entrega de restos equivocados a algunas familias. La mayoría de los cadáveres, ya en descomposición, fueron trasladados a Ciudad de México. Fueron llevados en un camión no refrigerado que apestaba a varias cuadras de distancia y que por esquivar a la prensa, chocó con unos coches, atropelló a una persona y quedó varado en medio de la calle.

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EL 31 DE OCTUBRE, Wílmer Gerardo Núñez regresó a Honduras.
El cadáver llegó al aeropuerto de San Pedro Sula en un embalaje de cartón con una estrecha cinta negra y su nombre escrito a mano. De ahí fue trasladado a la morgue local.
Al abrir el ataúd, un olor a muerte suavizado con productos químicos se apoderó del salón.
Posadas, con una pequeña toalla roja en la mano con la que se secaba las lágrimas y el sudor, se acercó a la caja acompañada de su marido, su hermana y el psicólogo. Una forense del EAAF abrió la envoltura que cubría el cadáver. El rostro era ya una calavera, pero los brazos conservaban parte de su antigua fortaleza y la piel. Le mostró los primeros tatuajes. Posadas no quiso ver más. Era él.
Una veintena de personas acompañó a la familia durante el breve velorio organizado en la Planeta. El ataúd ocupaba toda la sala de la casa, que bajo un sol implacable se había convertido en un horno.
Después de ocho años de espera, el último adiós a Núñez no podía prolongarse más de dos horas porque si no, los pandilleros llegarían y eso era lo último que Posadas quería.
En la víspera se escucharon disparos a pocas cuadras de su casa.
Un autobús amarillo de la Iglesia Bautista Planeta llevó a la familia hasta un diminuto cementerio a pie de carretera, al que se entra por una caseta de cemento con una desvencijada puerta de hierro, la cual da paso a un cúmulo de abigarradas tumbas descuidadas y puestas sin orden.
“Ya estoy segura: es él, es él. Doy gracias a Dios”, solloza Posadas antes de derrumbarse junto al ataúd. Ni el conmovedor abrazo de su nieto que casi la cubrió por completo pudo calmar sus lágrimas.
El último viaje de los restos de Wílmer Gerardo Núñez fue a hombros de familiares y amigos que debieron trepar, bajar y esquivar tumbas hasta llegar a la señalada. Quedó sepultado sobre su primo, mientras media docena de celulares grababan o transmitían el momento a través de Facebook para los familiares que emigraron y ahora viven en Estados Unidos.
Hoy, las únicas que aún no saben que Núñez murió son sus hijas.
La pequeña, Sulek Haydee, ahora de ocho años, cada vez que habla con su abuelita por internet desde Los Ángeles, no deja de preguntarle: “¿Dónde está mi ‘daddy’? ¿Por qué no viene a vernos?”. “No puede, mamita, está trabajando”, contesta la anciana con un nudo en la garganta.
El hijo mayor de Núñez, Turcios, sueña con dejar atrás Ciudad Planeta para ir a Estados Unidos… o adonde sea. “Cualquier cosa mejor que esto”, dice.
Ocho años y tres meses después del último abrazo, Posadas dice sentir paz por primera vez.
Sabe que queda pendiente que se haga justicia, pero ahora reza para que a su nieto se le quiten las ganas de emigrar.

Sepultura. Haydee Posadas encontró a Wilber y logró darle sepultura. Esto no es posible para muchas familias que se extravían entre la burocracia y la desidia de las autoridades.

Dos caras de la caravana: los que migran, los que se quedan

Problemas. Deysi Orellana, Brithani Lizeth, de 3 años, Janeisy Nicolle, de 5 años, y Evangelina Murillo, se reúnen fuera de su hogar. Los padres de Brithani se perdieron la fiesta de su tercer cumpleaños después de unirse a una caravana de migrantes centroamericanos.

En el tercer cumpleaños de la hondureña Brithani Lizeth Cardona Orellana hubo pastel, pero también llanto.

Su abuela y su tía intentaron convertir la humilde casa de concreto en las afueras de San Pedro Sula en un salón de fiestas, pero la niña de pelo corto ondulado y sonrisa pícara no tenía las dos cosas que más quería en ese momento: una piñata con forma de muñeca y sus padres.

Ese mismo día de octubre su madre, Orbelina Orellana, de 26 años, y su padre, Élmer Alberto Cardona, de 27, dormían en la calle de un pueblo del sur de México junto a miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos en una caravana sin precedentes.

A pesar de la distancia, Orellana consiguió por WhatsApp una foto del cumpleaños con un audio de la niña. Escucharla llorar y decir “te amo, mamita”, la hizo derrumbarse. “No me quería ni levantar”, dijo por teléfono.

Las redes sociales, los mensajes de texto y las breves conversaciones telefónicas son la vía mediante la que miles como Orellana y Cardona contactan con sus familias para confirmar que siguen bien mientras cruzan México, un país donde muchos migrantes son secuestrados, asesinados o simplemente desaparecen.

Escuchar a sus seres queridos hace que los invada la nostalgia, como ocurrió el día del cumpleaños de Brithani, pero también les da fuerza para continuar el difícil viaje de casi 5,000 kilómetros desde su tierra natal a la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera de Estados Unidos.

Hace años el camino al Norte podía convertirse en un agujero negro de información en el que las familias podían pasar semanas o meses sin saber de sus seres queridos, que podían llamar tiempo después de entrar a Estados Unidos o aparecer en la puerta de la casa porque los habían deportado.

Pero las redes sociales han cambiado todo.

En esta caravana, que ha llegado a reunir a 7,000 migrantes en algunos momentos, tener un celular es un tesoro del que no todos disfrutan. Si disponen de uno, generalmente tiene conexión a internet, hay que tener cobertura, batería -no siempre es sencillo cargarla- y, sobre todo, saldo. Los afortunados suelen compartirlo con sus compañeros de viaje para que entren un momento a Facebook para decir que están bien, mandar un mensaje de texto o pedirles recargas a familiares en Estados Unidos.

Orellana y Cardona tenían un teléfono e intentaban llamar todas las tardes a San Pedro Sula a medida que la caravana descansaba, si había suerte bajo techo o instalados en la calle o plazas públicas.

“Yo le digo que siempre la voy a querer y también que la amo mucho, y ella me dice que mejor que no la extrañe, que ella me va a mandar a traer”, explicó Janeisy Nicolle, la hija mediana de la pareja de cinco años, desde la casa de su abuela.

En esas breves conversaciones no siempre se dice toda la verdad para no preocupar más de la cuenta. Es mejor omitir detalles, como cuando el matrimonio quedó varado en la carretera del norte de México en un sitio frecuentado por el crimen organizado o que en la casa en San Pedro Sula escasean el arroz o los frijoles ahora que el pequeño sembradío de piñas de la familia no tiene nada para vender.

“Aquí es dura la vida”, dijo Deysi, la hermana de 29 años de Orellana. “Pero ahí también es difícil”.

Muchas personas de la caravana optaron por viajar con sus hijos -había más de 300 menores de cinco años a su paso por la Ciudad de México, según un censo hecho por las autoridades capitalinas- porque no tienen con quién dejarlos o ven más peligrosa esa opción. Otros, en circunstancias similares, deciden todo lo contrario.

Orellana y Cardona siguen creyendo que dejar a sus hijos en San Pedro Sula fue la mejor elección, aunque tienen claro que en cuanto consigan trabajo en Estados Unidos o México, los llevarán consigo.

A fines del año pasado, cuando la reelección del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, provocó muchas protestas, el negocio de la pareja se resintió con los disturbios que hicieron cerrar muchas tiendas de pequeños productos electrónicos que ellos compraban y revendían en la calle. A veces, casi todo lo que ganaban se les iba en transporte y les quedaba poco para la comida.

Pidieron un préstamo a los únicos que les fían a los pobres: los pandilleros. Pero los problemas se multiplicaron cuando al comenzar a retrasarse en los pagos, una deuda de $250 se convirtió en una de $700. Entonces llegaron las amenazas de muerte.

“Si no hay cómo pagar, ellos buscan otras maneras, por eso me da miedo”, explicó Orellana.

Para colmo de males, su pequeña casa de madera se derrumbó por acción de las polillas.

“Sufrían mucho… hasta lloraban a veces”, dijo la madre de Orellana, Evangelina Murillo, una enferma de cáncer de 69 años que vive con su hija, su yerno, dos hijos solteros y ahora con sus tres nietos en la casa con una habitación y una cocina que le regaló una iglesia cristiana. La vivienda está en una colonia rural en las afueras de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de Honduras, donde pueden matar a un hombre para robarle un cerdo, como le pasó a uno de sus hijos.

Historias de pobreza o violencia similares se multiplican entre los integrantes de la caravana de centroamericanos que buscan una vida mejor pero que todavía no saben cuál será su destino, ya que los trámites de asilo en Estados Unidos se han endurecido y podrían quedarse meses varados en Tijuana.

Orellana y Cardona habían intentado emigrar hace cuatro años, pero fueron deportados desde el sur de México. Cuando escucharon en la televisión que se estaba formando una caravana, no lo pensaron. Orellana pasó corriendo a la casa de su madre para buscar unas zapatillas y se fueron colina abajo hacia la terminal de San Pedro Sula.

Pidieron un préstamo a los únicos que les fían a los pobres: los pandilleros. Pero los problemas se multiplicaron cuando al comenzar a retrasarse en los pagos, una deuda de $250 se convirtió en una de $700. Entonces llegaron las amenazas de muerte.

Lo más duro fue escuchar a la más pequeña gritando “no me dejes, mamita, no me dejes” mientras se aferraba a sus piernas.

“Yo decía ‘no me la puedo llevar, es mucho riesgo’”, recordó Orellana, con el corazón partido y aferrada a dos medallitas de la Virgen de Guadalupe que lleva colgadas al cuello, una con las iniciales de sus hijos.

Su hermana Deysi quedó a cargo de las dos niñas y del niño, Kelmer Alberto, de nueve años. “‘Ahí me los cuidás’, me dijo Orbelina. ‘Váyanse, entonces’, dije yo. Si nosotros comemos, ellos van a comer, si nosotros aguantamos, ellos aguantan”, explicó la mujer de labios gruesos y pelo alborotado reconvertida en madre de los pequeños.

Las comunicaciones casi diarias desde México se interrumpieron cuando a la pareja le robaron el celular. En esos momentos la única información era la que llegaba por televisión, siempre encendida en la casa, y donde los choques en la frontera o los rumores infundados sobre la muerte de un niño intranquilizaban.

“Cuando vemos esas imágenes, nos ponemos preocupados y solo pido a Dios que me los guarde”, afirmó la madre.

Pensar en sus hijos le dio fuerza al matrimonio en los momentos más duros: cuando perdieron sus identificaciones en el puente que une Guatemala con México, al subirse en camiones de basura para recorrer más rápidamente algunos tramos, al caminar bajo un sol abrasador o enfermarse cuando el frío los sorprendía en el camino.

“Cuando me daban ganas de regresarme, me decía ‘púchica, voy a la misma miseria siempre. Si ya estoy aquí, tengo que enfrentarme a lo que venga para darles una vida mejor a mis hijos’”, señaló Orellana.

A punto de llegar a Tijuana, donde todavía no saben si intentarán cruzar a Estados Unidos o pedir refugio en México, el matrimonio planeó hablar con sus hijos este domingo, una fecha importante. Janeisy Nicolle cumplirá seis años.

Conectados. Elmer Cardona, de 27 años, y Orbelina Orellana, de 26, descansan al lado de una carretera en Tapanatepec, estado de Oaxaca. El mismo día, Brithani Lizeth, la menor de sus tres hijos, celebraba su tercer cumpleaños en Honduras.

Nadie los quiere: Los hijos de combatientes del Estado Islámico en Irak

Refugiados

Seis menores viven en un pequeño departamento entre extranjeros en esta ciudad del norte de Irak. El “hombre de la casa” es un muchacho de 18 años, que todos los días trabaja en lo que puede para pagar el alquiler. Su hermanita, de 12 años, es la “madre”, encargada de cocinar, limpiar el sitio y cuidar a sus hermanos menores.

Son oriundos de una aldea a menos de 1 hora en carro, pero no pueden volver: combatientes chiítas quemaron su casa porque su padre militaba en la organización Estado Islámico. Además, temen represalias de sus vecinos por el terror sembrado por esa agrupación cuando controló la zona.

Los chicos de la familia Suleiman están librados a su propia suerte. Su padre está preso y su madre falleció hace varios años. Están traumatizados por la muerte de seres queridos en la guerra y por los problemas de su familia. Tratan de no llamar la atención, temerosos de que sus vecinos se enteren de sus conexiones con el EI.

“Estoy cansada”, dice Dawlat, una pequeña niña de 12 años, de rostro solemne. “Mi madre me visita en mis sueños. Me asusto cuando se va la luz de noche. Me encantaría que mi padre y mi madre estuvieran aquí conmigo”.
Las víctimas quieren venganza
Miles de hijos de militantes del Estado Islámico, muchos de ellos abandonados, son víctimas inocentes de la brutalidad que mostró esa organización. El estigma que los acompaña refleja hasta qué punto la fábrica social de Irak fue afectada por los tres años de gobierno del Estado Islámico sobre buena parte del norte y el oeste del país.

Cuando los musulmanes suníes de EI tomaron esos territorios en 2014, masacraron a musulmanes chiítas, curdos, cristianos, yazidíes y a los miembros de la policía o las fuerzas armadas que caían en sus manos. Hicieron que mucha gente se escapara, a menudo destruyendo o entregando a otros sus viviendas.

La dinámica familiar fue afectada por la revelación de que el padre había abusado de una de sus hijas. Saleh lo confrontó y vivieron varios meses como enemigos bajo el mismo techo. Varias veces se trenzaron a puños. Saleh confiesa que pensó en matar a su padre de noche, “pero dormía con su revólver a su lado”. Para vengarse, su padre lo delató al EI, diciendo que vendía cigarrillos, algo que estaba prohibido bajo la ley sharía. Los combatientes azotaron a Salah.

EI impuso una versión radical de la ley islámica sharía sobre los mismos suníes, matando a muchos que la violaban o a quienes se oponían a su presencia. Algunos suníes iraquíes se unieron el grupo, ya sea por convicción o en busca de beneficios económicos. Muchos más fueron víctimas del EI. Informantes entregaron a sus vecinos, que recibían castigos que iban desde latigazos hasta un balazo en la cabeza en una plaza pública.

Ahora que el EI ha sido expulsado de casi todos los territorios conquistados, sus víctimas quieren venganza.

Un jefe policial de la provincia norteña de Nineveh dijo que sabía de al menos 100 viviendas de Mosul que fueron demolidas porque había miembros del EI residiendo allí. Numerosas familias vinculadas con el EI fueron baleadas y les tiraron granadas a sus casas, señaló.

Miles de iraquíes están presos por sus presuntos lazos con EI y no se sabe cuántos militantes de la agrupación murieron en la guerra. Potencialmente, hay miles de menores sin un jefe de familia y, con frecuencia, sin la madre.

El estigma que no cesa
No es inusual que otros familiares directos se nieguen a hacerse cargo de los menores que se quedaron solos, de acuerdo con una funcionaria de una organización que les busca vivienda a estos niños. Sus familiares temen ser mal vistos y sufrir represalias si los ayudan, indicó, hablando a condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a comentar el trabajo de su organización.

La mayoría de los hijos de combatientes de EI vive con los cientos de miles de personas desplazadas que se encuentran en campamentos de refugiados. Más de un millar vive con madres encarceladas en centros penitenciarios sobrepoblados o están en centros de detención juveniles. Unas pocas docenas fueron a parar a orfanatos. Uno de Bagdad está protegido por la policía porque ya hubo tres atentados frustrados contra el lugar.

Los menores que son blanco de tanto resentimiento se sienten muy traumatizados, por la guerra, por la vida con el EI y por su presente.

En un orfanato de Mosul, una niña de nueve años llamada Amwaj comentó que su padre murió peleando con el EI. Su casa fue destruida por bombardeos que mataron a su madre y a tres de sus hermanas. Vio cómo desenterraban el cadáver de su madre de entre los escombros.

***

“TENÍA LA CARA CUBIERTA DE SANGRE”, RELATÓ.

La niña parecía como perdida. Con lágrimas en los ojos, hablaba con una voz casi inaudible. En el orfanato se hace cargo de tres hermanos, uno de 10 años y dos menores que ella.

Dice que su padre le daba dinero para comprar papitas fritas y gaseosas. Sueña que él vendrá a buscarla al orfanato y se la llevará a su casa. Sueña también que su madre le peina el cabello. Dawlat, su hermano de 18 años, Saleh; y sus hermanos –Abdullah, de 16 años; Adam, de ocho; Umaimah, de seis; y Dawoud, de cuatro– cargan sobre sus hombros con múltiples tragedias de la época en que vivieron bajo el gobierno del EI en las afueras de Hawija.

Dicen que fueron víctimas del EI, de los enemigos de EI y de su propio padre, que arreglaba generadores y se unió a esa organización. Una hermana mayor murió al estallar una bomba en una carretera cuando trataba de escapar de allí.

La dinámica familiar fue afectada por la revelación de que el padre había abusado de una de sus hijas. Saleh lo confrontó y vivieron varios meses como enemigos bajo el mismo techo. Varias veces se trenzaron a puños. Saleh confiesa que pensó en matar a su padre de noche, “pero dormía con su revólver a su lado”.

Para vengarse, su padre lo delató al EI, diciendo que vendía cigarrillos, algo que estaba prohibido bajo la ley sharía. Los combatientes azotaron a Salah. El muchacho se escapó a territorio curdo en marzo del 2016 y estuvo detenido seis meses bajo sospecha de que pertenecía al EI. Salah dijo que lo colgaron del techo por las manos y le golpeaban la planta del pie.

La hermana, que había sido violada por el padre, fue casada con un combatiente del EI, que más adelante murió. A los 14 años se casó con un policía, del que fue su segunda esposa, y vivió en un campamento para desplazados. El EI, mientras tanto, consiguió una segunda esposa para su padre, obligando a una mujer chiíta a casarse con él. La mujer, cuyo marido había muerto, tenía cuatro hijos.

Dos meses después, fuerzas iraquíes tomaron Hawija. El padre se afeitó la barba para borrar cualquier indicio de que pertenecía al EI y escapó con su familia, mezclándose con las miles de personas que trataban de irse.

Pero su nueva esposa lo delató y combatientes curdos se lo llevaron. Sus hijos no lo han vuelto a ver desde entonces. Se quedaron con su madrastra, que no quería saber nada de ellos. De hecho, Dawlat y sus hermanos no saben su nombre.

Los menores fueron llevados a un campamento para desplazados, donde estuvieron casi un año. Hasta que el esposo de una de sus hermanas les consiguió un departamento en un barrio curdo pobre de Kirkuk.

Viven rodeados de vecinos de una comunidad que fue perseguida por EI y Saleh teme que los puedan descubrir. Familiares les han dicho que no estarían a salvo si regresan a su ciudad.

“Con frecuencia tengo ganas de llorar. Estoy extenuado. Siento que tengo 30 años después de todo lo que pasamos”, dice Saleh.

Dawlat cocina tres comidas diarias. Mientras sus hermanos menores van a la escuela, ella limpia la casa, hace las camas, lava los platos y la ropa. Sonríe al contar que puede cocinar lentejas, papas y pollo, aunque admite que el arroz todavía no le sale bien.

Hay momentos en que una sonrisa ilumina el rostro de Dawlat. Cuenta que le gustaba ir a la escuela y que todavía espera poder ser médica o maestra. Espera poder casarse pronto. En las zonas rurales de Irak, las mujeres se casan a temprana edad. Una vez casada, dijo, la religión le permitirá usar cosméticos.

“Me gustaría ir al peluquero. Nunca estuve en una peluquería”, expresó. “Me gusta mi cabello largo, pero quisiera teñírmelo de otro color”.

De repente, la realidad vuelve a abrumarla y recuerda a su padre. “Lo quería mucho. Lo quiero de nuevo con nosotros”, dice casi susurrando, para que Saleh no la escuche.

Restaurantes de EUA acusados de explotar a hispanos

Sin opción de denuncia. Hay restaurantes que utilizan agencias de empleo para hallar trabajadores mexicanos a quienes les pagan menos del salario mínimo y explotan con horarios que sobrepasan las normas.

Una tarde de un lunes de agosto, poco después de que el Parque Memorial Ping Tom de Chicago cerró a las 10 de la noche, un grupo de hombres se acomodaba para pasar la noche. Algunos eran de Guatemala, otros de México y había un ciudadano estadounidense. Bromeaban, debían cerveza y se relajaban, algunos recostados en colchones sin sábanas, otros tirados en muebles viejos entre varios carritos de supermercados.

Los focos de un campo de béisbol cercano iluminaban parte del campamento y permitían ver botellas y cartones. El río Chicago está a un paso y a la distancia relucían los rascacielos de la ciudad.
Escondidos entre los árboles, detrás de unas vías, cerca de un muro de cemento, viven estos hombres, “debajo del puente”. Conductores y transeúntes que pasan por allí probablemente ni se dan cuenta de que esta gente está allí, y duerme debajo de ellos, ni de que muchos de estos hombres son la misma gente que corta sus vegetales, limpia los pisos y lleva comida a los bufés de los restaurantes asiáticos del centro del país.

José Luis Ruiz, de 39 años, de Michoacán, México, descansa sobre un colchón en el que pasará la noche, jugando con su teléfono. Encontró su primer trabajo en un aviso de un diario que buscaba lavaplatos. Ofrecía vivienda.

Dijo que trabaja en restaurantes chinos de todo el centro del país, de 12 a 13 horas diarias y gana $2,000 por mes. Cada vez que consigue un nuevo trabajo, le paga una comisión a una agencia de empleo. Ruiz y otro hombre que pidió no ser identificado afirmaron que ganan menos que el sueldo mínimo y que no les pagan horas extras en los restaurantes chinos de la zona limítrofe entre Wisconsin e Illinois.

El segundo hombre, que sigue trabajando en esto, declaró durante una entrevista de finales de septiembre que le pagan en efectivo, por lo que no hay registros de los sueldos ni de las horas trabajadas. Dijo que sus supervisores lo tratan bien y le dan una vivienda decente, pero que el sueldo es muy bajo.

Durante un descanso mientras limpiaba pisos en un restaurante de Waukegan, Illinois, el individuo afirmó que los inmigrantes sin permiso de residencia no tienen muchas alternativas. “¿Qué podemos hacer?”, preguntó. No fue posible hablar con el propietario del restaurante.

Ruiz, por su parte, dijo que planeaba levantarse temprano para tomar un tren de Amtrak hacia Detroit, donde tenía una entrevista para trabajar en un restaurante.

“Este trabajo no me ha rendido”, dijo Ruiz. “Trabajamos, pero a veces nos tratan mal. No echan a patadas, pero no tenemos otras opciones”.

Describió como “miserables” las condiciones de vida que ofrecía uno de los dos restaurantes de Illinois de la demanda. Hasta 15 empleados “habitaban un departamento de tres dormitorios y un solo baño, sin muebles, con excepción de colchones sucios, que los mismos empleados encontraban en un vertedero de la zona”. Los fiscales afirman que las agencias y los restaurantes “en forma conjuntan fijaban sueldos para los empleados latinos que llegaban a los $3.50 la hora, muy por debajo del salario mínimo de Illinois, que es de $8.25 la hora”.

***

 

AUTORIDADES TRAS LAS AGENCIAS

En 2015, la procuradora general de Illinois, Lisa Madigan, demandó a tres agencias de empleo del barrio chino de Chicago y a dos restaurantes de Illinois que habían usado sus servicios, diciendo que explotaban a los inmigrantes latinoamericanos en varios estados, incluido Wisconsin. Muchos de los trabajadores, reconocieron las agencias, no tenían permiso de residencia.

Los restaurantes usan las agencias porque les suministran “trabajadores mexicanos a los que les pagan menos que el sueldo mínimo y que son discriminados, aparentemente sin sufrir consecuencias”, de acuerdo con los fiscales.

La demanda dice que “las agencias de empleo básicamente actuaban como centros de abastecimiento para una industria de restaurantes con bufé que trataba de sacar provecho de sueldos y condiciones de empleo ilegales y de explotación… (y que) sistemáticamente seleccionaban y enviaban a trabajadores latinos vulnerables que eran expuestos a condiciones de trabajo pésimas en restaurantes dentro y fuera de Illinois”.

Describió como “miserables” las condiciones de vida que ofrecía uno de los dos restaurantes de Illinois de la demanda. Hasta 15 empleados “habitaban un departamento de tres dormitorios y un solo baño, sin muebles, con excepción de colchones sucios, que los mismos empleados encontraban en un vertedero de la zona”.

Explotación.

Los fiscales afirman que las agencias y los restaurantes “en forma conjuntan fijaban sueldos para los empleados latinos que llegaban a los $3.50 la hora, muy por debajo del salario mínimo de Illinois, que es de $8.25 la hora”.

Los dueños de tres agencias de empleo mencionadas en la demanda (Xing Ying, Jiao y la Agencia de Empleo Chinatown) negaron las acusaciones y aseguraron que los sueldos eran negociados por el empleado y el patrón, sin la participación de las agencias.

Las agencias de empleo cobraban a los restaurantes entre $120 y $220 por empleado, el cual debía reembolsar luego el dinero mediante descuentos de sus sueldos, de acuerdo con los fiscales.

Los empleados aseguran que trabajan de 12 a 14 horas diarias, seis días a la semana, sin descansos para comer. Empleados entrevistados por la oficina de la procuradora Madigan afirmaron que eran sometidos a fuertes presiones, abusos verbales y amenazas de violencia.

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LA HISTORIA DE BETO

Beto, un mexicano de Guadalajara de 27 años, dijo a periodistas del Centro para un Periodismo de Investigación (CPI) de Wisconsin y al diario Chicago Sun-Times que había sido explotado en restaurantes a los que llegó a través de agencias de empleo. Beto pidió que no se usara su apellido por temor a ser deportado y a perder su trabajo en los restaurantes. No quiso ser fotografiado. Sigue trabajando en los restaurantes, pero no usa más agencias de empleo.

En el sótano de un centro comercial del barrio chino de Chicago, sentado junto a un par de oficinas de agencias de empleo con escasos muebles, Beto relató cómo era enviado de un restaurante asiático a otro en el centro del país. Generalmente trabajaba 11 o 12 horas diarias, a menudo sin descansos.
Le mostró al CPI una recomendación de Xing Ying fechada a finales de junio de 2018, escrita para un restaurante en Oshkosh, Wisconsin, donde cobraría $2,100 mensuales. Le cobraron $100 por el transporte y una comisión de $100.

La demanda especifica que se pagaban sueldos mensuales fijos, sin tomar en cuenta las horas trabajadas y que los ingresos “generalmente estaban por debajo del sueldo mínimo por ley”.
Beto dijo que consiguió su primer empleo en Appleton, Wisconsin, a través de una agencia de empleo del barrio chino hace unos dos años.

“A veces ni sabes dónde estás. A veces te decían, ‘vas a Indianápolis’ y cuando estabas en Indianápolis, alguien te recogía y te llevaba a otro sitio, a ciudades pequeñas”, dijo. Afirmó que los empleos pueden ser algo pasajero. Una vez, relató, un patrón lo mandó de vuelta a la agencia porque no le gustaban sus tatuajes.

“Si no les caes bien a estos tipos (los dueños de los restaurantes), te mandan de vuelta, no les importa si no tienes dinero”, manifestó Beto.

Agregó que pasó el invierno en departamentos fríos o en sótanos mojados suministrados por sus empleadores. Dijo que trabajaban muchas horas comiendo solo arroz blanco.

“A veces los que cocinan para ti no quieren gastar mucho dinero en ti”, dijo. Si alguien se quejaba, afirmó, lo amenazaban con llamar a la policía para que fuera deportado. Por eso nadie se queja.

En una reciente visita de periodistas a la agencia Xing Ying para este artículo, Beto violó esa norma.
Dijo que fue despedido después de que uno de los dueños del restaurante se enteró de que había estado hablando con periodistas. Sus pertenencias fueron colocadas en un banco frente a la agencia de empleo. Acotó que también fue desalojado por otra agencia de empleo en la que planeaba pasar la noche.

Aseguró que la mayoría de los empleados en los sitios donde trabajó eran mexicanos y que había también chinos. Los mexicanos, explicó, “son más baratos”.

Insuficiente. El dinero que ganan los empleados hispanos en este tipo de agencias no alcanza para que puedan contar con una vida digna.

Zhu Ying Zhang (“Cindy” para los trabajadores) y Jun Jin Cheung son los propietarios de Xing Ying, y también manejan la empresa, que tenía licencia para operar en Chicago, pero no para funcionar como agencia de empleo, de acuerdo con los fiscales.

Durante una reciente visita, había varios colchones junto a una pared en el departamento del segundo piso. Hacia la derecha había un pasillo con varias habitaciones. Unos seis trabajadores descansaban en los colchones y varios salieron de las habitaciones del pasillo. Al preguntárseles por la demanda, Zhang dijo que no entendía la pregunta y se fue de allí.

Cheung, que la fiscalía describe en su presentación como alguien que manejaba a los empleados con amenazas y violencia, no habló, pero miró con cara de pocos amigos a los demás y fumó durante una breve entrevista. Según la demanda, Xing Ying cobraba a hasta 10 empleados $10 la noche para que durmieran en la agencia.

La justicia ordenó al restaurante Hibachi Suchi Buffet de Cicero, Illinois, que les pagara un total de $96,000 en sueldos atrasados a siete empleados y multas al estado. Hibachi Grill Buffet de Elk Grove Village fue conminado a pagar $100,000 en sueldos atrasados a cuatro empleados, más multas.

La agencia Jiao tuvo que pagar una multa de $16,500, y la Agencia de Empleo Chinatown dejó de funcionar. En agosto, las autoridades llegaron a un acuerdo con Xing Ying, pero no se han dado a conocer los detalles.

Lisa Palumbo, abogada de Inmigración de la agrupación LAF, de Chicago, ofreció ayuda legal a los inmigrantes del caso de Madigan. Dijo que los patronos pudieron permanecer en el país, pero muchos de los trabajadores fueron deportados.

Carolyn Morales, organizadora del Centro Arise de Trabajadores de Chicago, que educa a los inmigrantes y a personas nacidas en Estados Unidos acerca de sus derechos y los organiza para mejorar las condiciones de trabajo, dijo que “la explotación de los trabajadores es común”, porque estas redes suministran empleados a restaurantes del centro del país y más allá.

Beto sostuvo que los empleados no pueden salir adelante trabajando para las agencias por las comisiones y los sueldos bajos.

“Casi nadie sale ganando” aquí, manifestó. “Nosotros no ganamos nada”.

Explotación. Los empleados hispanos aceptan las terribles condiciones laborales ofrecidas por las agencias intermediarias por temor a ser denunciados ante las autoridades de Inmigración.

Brasil se vuelca hacia la derecha con Bolsonaro

Sus modelos. Bolsonaro ha dicho que los gobiernos militares en Brasil nunca representaron una dictadura. También mira con buenos ojos a Donald Trump.

Los brasileños parecen decididos a entregarle la presidencia a un excapitán del ejército que añora los tiempos de la dictadura y promete encarcelar a los políticos corruptos y declararle una guerra abierta al tráfico de drogas y la delincuencia que azotan esta nación.

Jair Bolsonaro, un legislador de extrema derecha, casi gana la presidencia en la primera ronda el domingo. Se quedó corto por poco y ahora enfrentará al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, de izquierda, en la segunda vuelta el 28 de octubre. Sacó el 46 % de los votos en la ronda inicial y necesitaría muy pocos votos más para instalarse en el sillón presidencial.

La votación representó un verdadero cataclismo político en este país de 200 millones de habitantes, donde la izquierda había ganado las últimas cuatro elecciones. El movimiento, no obstante, se debilitó por escándalos de corrupción y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El viro de Brasil se encuadra dentro de una tendencia mundial, en la que tanto en Europa como en Estados Unidos el electorado le da la espalda al establishment y termina votando a menudo por candidatos populares de extrema derecha que ven con malos ojos a ciertas minorías y prometen restaurar los “valores tradicionales”.

El rumbo que tome Brasil tanto en lo político como en lo económico seguramente se hará sentir en las naciones vecinas. Y podría tener un impacto decisivo en relación con el colapso social y económico de Venezuela. Bolsonaro postula una línea dura hacia Venezuela, donde se está produciendo un enorme éxodo de gente que se instala en países vecinos, incluido Brasil.

El Partido Social y Liberal de Bolsonaro era una agrupación menor, que empezó a ganar terreno a principios del año a partir del inteligente uso de las redes sociales y de concentraciones muy bien preparadas. Bolsonaro ha elogiado a menudo a Donald Trump y su campaña copió muchas cosas de las que llevaron al magnate a la presidencia de Estados Unidos, desde feroces críticas a la prensa y la clase política hasta el uso de sus hijos en la campaña.

El partido de Bolsonaro obtuvo 52 bancas en la cámara baja del Congreso, donde en la última elección había sacado apenas una. Tiene ahora el 10 % de las bancas y es el segundo partido más grande, superado solo por el PT, que suma 56.

Brian Winter, jefe de Redacción de la revista Americas Quarterly, dijo que el resultado resalta “la desaparición total del centro” en Brasil y que Bolsonaro casi seguramente será el próximo presidente.

Haddad podría recibir el apoyo de otros candidatos, pero eso dará munición a Bolsonaro para asociarlo con la política tradicional. El PT cortejó el lunes en Twitter a todo aquel que crea en la democracia, y prometió unificar a la nación. Al candidato del PT, no obstante, le costará armar una coalición amplia en una contienda con tantas divisiones.
“Si no le das respuestas al enojo de la gente, no vas a conseguir votos”, dijo Winter.

A los brasileños les sobran razones para estar furiosos. Desde 2014 han visto incrédulos cómo fiscales investigadores revelaban la forma en que el gobierno manipulaba los contratos públicos y ofrecía favores a cambio de millones de dólares en coimas y sobornos. Buena parte de esa corrupción abarcó a figuras del PT y mucha gente dijo que votaba por Bolsonaro porque quería erradicar la corrupción.

Jana Tessarolo Clemente, veterinaria de 46 años de Sao Paulo, declaró que votó por el exmilitar porque está “en contra del PT más que a favor de Bolsonaro”.
“Cualquiera que viva en Brasil sabe que la vida empeoró con el PT, especialmente para la clase media”, agregó.

Brasil, por otro lado, está saliendo de una prolongada recesión, con alto desempleo y creciente delincuencia.

Bolsonaro, cuyo lema de campaña fue “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, ha ensayado un relato nostálgico, que evoca tiempos mejores. En ese contexto, plantea dar marcha atrás con algunas conquistas de los gays y otras minorías, y una línea dura en torno de temas como la igualdad de la mujer. Ha dicho que preferiría tener un hijo muerto a uno gay y que una legisladora era “demasiado fea” como para que la violaran.

Para combatir la delincuencia, promete darle a la Policía piedra libre para que dispare primero y pregunte después, una política que, según dice, amedrentará a los delincuentes. Habla de relajar algunas leyes sobre tenencia de armas y permitir que más gente porte armas. Propuso la privatización de empresas estatales, un gobierno más pequeño que gasta menos y una economía más abierta.

Al candidato del PT le costará armar una coalición amplia en una contienda con tantas divisiones. “Si no le das respuestas al enojo de la gente, no vas a conseguir votos”.

Su promesa de dejar que la Policía haga lo que quiera, sus críticas de los movimientos sociales y de las reformas para hacer de Brasil un país más igualitario e inclusivo, combinado con sus frecuentes elogios a la dictadura militar que gobernó de 1964 a 1985 generan temores de que su gobierno empañará los valores democráticos y de que tenga tintes autoritarios. Ha dicho que se rodeará de exmilitares¨, y su compañero de fórmula es un general retirado.

Hay quienes pronostican que el impacto más inmediato de una victoria de Bolsonaro sería un marcado aumento en la violencia policial, en un país donde la Policía ya tiene fama de cometer excesos.

Se esperaba que Bolsonaro quedase primero el domingo, pero su desempeño fue mejor de lo que se anticipaba, ya que superó ampliamente a rivales con más dinero y apoyo de partidos tradicionales, y a pesar de no haber tenido tanto tiempo gratis en la televisión.

Su resonante victoria se vio favorecida por la proscripción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a prisión por corrupción. Bolsonaro fue apuñalado durante la campaña y estuvo hospitalizado varias semanas en la recta final.

Bolsonaro y Haddad representan dos visiones radicalmente opuestas.

Bolsonaro habla de un país al borde del derrumbe, donde los narcotraficantes y los políticos roban con impunidad y se han perdido los valores morales. Haddad, por su parte, habla de una sociedad injusta gobernada por una élite que no soporta la idea de que los pobres progresen. Promete luchar contra la desigualdad, anular una reforma a las leyes laborales aprobadas el año pasado e invertir más dinero en educación.

Haddad se pasó buena parte de su campaña diciendo que la detención del popular Lula es injusta. Pero le ha costado limpiar la imagen del PT y evitar que el partido sea asociado con la corrupción.

A numerosos votantes desilusionados con la democracia no les complacen ni Bolsonaro ni Haddad.

Andrea Martins, abogada de 46 años, dijo que no pudo votar el domingo porque no estaba empadronada donde vive. Pero afirmó que hubiera votado “por Bolsonaro, desgarrada”, en respuesta a su desdén por el PT.

“Creo que necesitamos un milagro”, manifestó. “Un milagro sería que Bolsonaro vea la luz y gobierne para el pueblo, que no sea tan radical”.

Descontento. El secreto de Bolsonaro ha sido capitalizar el descontento popular ante graves casos de corrupción.