Aumento de la violencia policial divide a Río de Janeiro

Favelas
Víctima. Jocely Rozario Junior, padre de Kaua, quien murió a causa de una bala perdida, permanece de pie frente a un altar que se armó en honor a su hijo.

Es una escena que se repite, en promedio, cinco veces por día en Río de Janeiro: la policía abre fuego y alguien muere.

Grupos de derechos humanos y de víctimas de la violencia en Brasil han encendido las alarmas por el incremento récord en el número de muertos a manos de la policía, 1,075 personas en los primeros siete meses del año. Al mismo tiempo, el gobernador del estado, Wilson Witzel, y el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro alientan una política de «tolerancia cero» contra el crimen y defienden mayor inmunidad para policías que maten por error.

En un balance por el primer semestre de su gestión, Witzel celebró que la policía perdió el «miedo a matar». Pese a la preocupación que genera en parte de la población el aparente incremento de la violencia policial, las mejoras registradas en algunos indicadores de seguridad dividen opiniones sobre el accionar de la fuerza en un estado aquejado por el crimen desde hace décadas.

El gobernador ha adoptado una postura similar a la del presidente Bolsonaro, quien capitalizó el problema de la violencia convirtiéndolo en eje de la campaña que lo catapultó a la Presidencia de Brasil en 2018. Al igual que el gobernador y el presidente, muchos brasileños creen que las víctimas fatales de la policía son un daño colateral que debe asumirse en el combate al crimen.

«Infelizmente, la policía hoy necesita ser muy dura», dice Isaque Samora, un conductor de Uber que vive en Duque de Caxias, un municipio emplazado en un área del estado que registra altos índices de delitos.

Samora dice que solo trabaja durante el día para no ser blanco fácil de los delincuentes. Sin embargo, no ha evitado vivir en carne propia la inseguridad. Dos meses atrás, desprevenido, entró en una favela mientras llevaba a un pasajero. A los pocos metros, bandidos armados con pistolas y fusiles interceptaron su auto y le apuntaron a la cabeza creyendo que era policía.

La policía no reconoce haberle disparado al niño y dice que el caso está bajo investigación. No obstante, Jocely, basado en relatos de supuestos testigos del hecho, no tiene dudas de la culpabilidad de la policía.

***

«La seguridad solo mejoraría rápidamente si todos los ciudadanos fuesen policías», dice Samora, poco optimista con que haya una mejora drástica pronto. El año pasado votó por Bolsonaro seducido por la promesa de ser inflexible contra los criminales.

La policía de Río ha mostrado una nueva tesitura, haciendo eco del discurso de Bolsonaro y del gobernador Witzel. La fuerza estuvo involucrada en 1144 tiroteos en el primer semestre, un 25 % más que en 2018, según Fuego Cruzado, una plataforma que monitorea la violencia. El comienzo del segundo semestre mostró que la tendencia no se ha revertido. Julio de este año, con 194 óbitos, fue el mes con mayor número de muertos por intervención de agente del estado al menos desde 1998.

Poblado. Las viviendas de bloques cubren una colina en la favela de Vidigal, en Río de Janeiro, Brasil. Esta ha sido escenario de constantes enfrentamientos.

A la par de un aumento de los muertos por la policía, hay números que avalan una posible mejoría en la seguridad del estado. Luego de siete meses, los homicidios cayeron 23 %, los robos de vehículo 22% y la cantidad de drogas aprehendidas aumentó 9 % respecto al mismo período del año anterior.

La violencia rebasa a Río, un estado donde cada día mueren 17 personas asesinadas, y es un problema acuciante en la mayor nación de Latinoamérica, que en 2018 fue escenario de 51,589 homicidios según datos preliminares del Foro brasileño de Seguridad Pública y el sitio de noticias G1.

«Existe un hartazgo con el avance de la criminalidad. Las medidas de represión más duras van al encuentro de la población que no soporta más vivir con índices de criminalidades tan altos», explica el politólogo Ricardo Ismael, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río).

Desde antes de asumir el cargo en enero, el gobernador Witzel, un exmilitar y exjuez sin experiencia en la política, ha arengado a las fuerzas de seguridad a ser «truculentas» contra los delincuentes y a perder el «miedo a matar».

El mensaje parece haber llegado a los agentes. En siete meses, las fuerzas de seguridad mataron al mayor número de personas en los últimos 21 años, momento en que comenzaron los registros.

Entre los centenares de muertos hay delincuentes fuertemente armados perseguidos por las autoridades pero también personas inocentes que quedan en medio del fuego cruzado y se convierten en víctimas de balas perdidas tanto de agentes del estado como de delincuentes.

No existe un documento que detalle las identidades de los fallecidos a causa de la presencia policial.

«Los hombres del gobernador están saliendo a dispararle a gente inocente», reclama Jocely do Rozário Junior, quien culpa al estado por la muerte de su niño de 11 años.

En mayo pasado, Kauã, el hijo de Jocely, andaba en bicicleta como cualquier otra tarde en Vila Aliança, una favela de Río de Janeiro tomada por el tráfico de drogas, cuando en su camino apareció la policía. Según su padre, en medio de una persecución de sospechosos, la policía disparó y lo hirió. Cinco días después de recibir un diagnóstico de muerte cerebral, el niño que soñaba con algún día convertirse en pastor falleció.

Dentro de su pequeña casa, Jocely muestra los barriletes con los que su hijo jugaba. Luego de quince años viviendo en la favela, la violencia y la nostalgia por el recuerdo de su hijo lo llevaron a plantearse un objetivo hasta hace poco impensado: abandonar Vila Aliança.

La policía no reconoce haberle disparado al niño y dice que el caso está bajo investigación. No obstante, Jocely, basado en relatos de supuestos testigos del hecho, no tiene dudas de la culpabilidad de la policía.

«Mi hijo no era adulto ni traficante. No era nada, pero vivía con miedo cada vez que veía a policías», dice Jocely. «No puedo callarme porque si no Kauã será solamente uno más en la estadística».

Al gobernador no le preocupa el aumento de las muertes causadas por la policía.

Según Witzel, es natural esperar que los óbitos generados por la policía continúen aumentando durante su mandato como un síntoma de que está «golpeando fuerte» a la criminalidad, sentimiento que comparten muchos brasileños.

«Nunca vi a ningún agente matando por gusto. Cuando la policía mata es porque ejerció su función para evitar un riesgo mayor. En la sociedad civil, quien no hace nada errado, no tiene qué temer», asegura Sonia Manzano, de 57 años e integrante de un movimiento de ultraderecha que defiende una intervención militar en el país.

No hay sondeos que dejen ver qué porcentaje de la población apoya o rechaza la política de seguridad del gobierno.

Al igual que otros férreos defensores de una política agresiva de las fuerzas de seguridad que The Associated Press contactó, Manzano se muestra reticente a dar una entrevista y finalmente, cuando accede, rehúsa hacerla en cámara. Pese a no declararse una seguidora de Witzel, ve como positivo el endurecimiento policial.

Por protocolo, en Brasil la policía debe detener a los delincuentes y presentarlos ante las autoridades para que sean juzgados. Los agentes apenas están exentos de responsabilidad penal al matar cuando su vida está en riesgo. Sin embargo, Bolsonaro y Witzel son proclives a otorgar mayor inmunidad a la policía y el gobierno nacional intenta avanzar con una legislación que otorgue mayor protección a agentes que maten durante operaciones bajo una figura denominada «excluyente de ilicitud». Es decir, la policía podría aducir que actuó bajo miedo, sorpresa o «emoción violenta» para ser absuelta de cargos.

El gobernador dijo esta semana que evalúa la presentación de un recurso ante la Corte Suprema brasileña para que siente jurisprudencia sobre la legalidad del uso de tiradores de élite contra delincuentes armados con fusil para evitar eventuales procesamientos de los agentes que disparen.

En Río, los muertos por las fuerzas estatales han crecido en 2019 al calor de denuncias por asesinatos de inocentes, abusos de la policía y violaciones a los derechos humanos que cuestionan la efectividad de las operaciones.

Sin paz. Jocely Rozario Junior viste una camiseta con la imagen de su hijo Kaua, quien siendo un niño ya temía a los cuerpos de seguridad.

Renata Souza, diputada del estado de Río y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, acudió a Naciones Unidas en mayo pasado y presentó una denuncia contra el gobernador para que el organismo ejerza presión para detener presuntas violaciones a los derechos humanos.

Witzel, quien prometió una política de «tolerancia cero», se jacta de que su administración pueda ser vista en el espejo con la del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien consiguió en los años 90 reducir drásticamente los índices de delitos de la ciudad, mientras se multiplicaban denuncias por abusos policiales y encarcelamientos arbitrarios.

«El propio gobernador reconoce que no va a respetar los derechos humanos. En Nueva York murió la juventud negra y pobre. (En Río) se mira a las personas de la favela y las periferias como criminales», dice Souza.

Se solicitó reiteradas veces una entrevista con las autoridades policiales, que no respondieron al pedido.

A la par de la diputada, vecinos de favelas comenzaron a organizarse como un acto de resistencia contra la violencia policial.

“Nunca vi a ningún agente matando por gusto. Cuando la policía mata es porque ejerció su función para evitar un riesgo mayor. En la sociedad civil, quien no hace nada errado, no tiene qué temer”, asegura Sonia Manzano, de 57 años e integrante de un movimiento de ultraderecha que defiende una intervención militar en el país.

***

«Hoy no somos guerreros, somos sobrevivientes. Tenemos que denunciar y reclamar por lo que sucede», dice Bárbara Nascimento, una de las coordinadoras del grupo «Parem de nos matar» (Paren de matarnos), un movimiento de vecinos que ha levantado la voz contra la situación.

En febrero, una operación policial en el morro Fallet Fogueteiro dejó 15 muertos, el mayor número de decesos en una misma operación en dos años según Fuego Cruzado. No fue la cantidad sino la forma en que murieron los presuntos narcotraficantes lo que generó indignación de los vecinos de Fallet.

La madre de uno de los 15 muertos que pidió preservar su identidad dijo a The Associated Press que a su hijo le quebraron el cuello y le abrieron la barriga con un cuchillo antes de rematarlo, pese a que se había rendido.

La policía de Witzel, quien como gobernador es el jefe directo de la fuerza, ha apelado cada vez más a sobrevuelos de favelas con tiradores en helicópteros blindados. Además, retomó las operaciones durante la madrugada y los tiroteos dentro de los barrios humildes se hicieron cada vez más frecuentes.

En pocos lugares el sonido de las hélices genera pavor como en Maré, un complejo de favelas en la zona norte de la ciudad.

David Vicente es músico, tiene 20 años y forma parte de la orquesta de la Maré, un proyecto social destinado a los jóvenes de la favela. «Mi papel hoy es salvar niños, igual a como fui salvado por la orquesta», dice.

«Yo era un niño con mucho tiempo libre, deambulaba mucho por la calle y hoy la mitad de mis amigos están envueltos en el tráfico. Debemos mostrar a los niños que tienen más de un camino que el obvio, que es el tráfico de drogas», asegura.

El joven afirma que la mayoría de los vecinos no le teme a la policía, sino a quedar en medio de un tiroteo y, cada vez más, a los helicópteros de la fuerza utilizados como plataforma de tiro. «No estás seguro ni dentro de tu casa, porque el tiro puede entrar por el techo», explica.

Vicente asegura conocer la receta, diferente a la del gobernador, para acabar con la violencia y la marginalidad. «Se resuelve de una manera: dando opciones para salir del tráfico, con educación y cultura como base. Yo no soy traficante hoy probablemente porque tuve acceso a ello».

Daños. Según Fuego Cruzado, un grupo no gubernamental que monitorea la violencia, cada vez más gente en Río resulta herida, y, a menudo muere, por balas perdidas disparadas tanto por criminales como por la policía.

La moribunda economía venezolana se toma un respiro

Venezuela. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Errol Irausquin ha encontrado un rentable nicho de negocio con su boyante restaurante Fat Panda, en la capital de Venezuela, pese al colapso económico que ha hecho que millones de personas abandonen su maltrecho país. Aprovechando el éxito que tenía vendiendo comida desde una camioneta, Irausquin llevó su menú de influencia asiática a un nuevo restaurante, donde ofrece emparedados picantes que gotean por los brazos de los clientes en un rincón acomodado de Caracas.

Pronto abrirá un segundo local, un atisbo de prosperidad en la pesadilla económica venezolana. “Parte de la población que decidió quedarse en el país”, comentó Irausquin. “Esa población necesita actividades. Esa población necesita salir, necesita socializar. Necesita estar al aire libre”.

El empresario no es un caso aislado. En aparente desafío a las apocalípticas predicciones de Washington sobre la inminente implosión económica, varios restaurantes y tiendas de moda llenas de productos de importación, desde Fruit Loops a iPhones, han brotado en Caracas en los últimos meses. Lo que impulsa ese resurgir es la decisión que tomó el pasado mayo el presidente, Nicolás Maduro, que pasó bastante desapercibida en su momento de suavizar los estrictos controles de la divisa introducidos 16 años antes. Eso permitió a los bancos comprar y vender dólares a cualquier cambio para facilitar que los empresarios operen en una moneda aceptada a escala internacional.

Al mismo tiempo, las autoridades socialistas están mirando a otro lado conforme el dólar sustituye a la moneda local, el bolívar, como una forma aceptada de pago incluso para pagar una porción de pizza. Algunos incluso señalan que ante el creciente aislamiento del país, los empresarios con buenos contactos, algunos de ellos sujetos a sanciones, están repatriando ganancias ilícitas obtenidas con contratos del Gobierno y por la venta ilegal de oro y drogas para financiar la construcción de nuevos edificios de oficinas y negocios.

El resultado es una dosis de adrenalina poco habitual para una economía que agonizaba. Por primera vez en años, la inflación que sigue entre las más altas del mundo ha perdido velocidad, los supermercados están surtidos y el instinto capitalista se está poniendo en marcha. Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

Sin embargo, para la menguante élite venezolana es un alivio tras años de pasear entre estantes vacíos en las tiendas y ver que sus restaurantes favoritos habían cerrado. En un sábado reciente había un ambiente de fiesta en una feria callejera, donde camionetas restaurante ofrecían comida junto a un pequeño parque, mientras el cielo se despejaba tras un chaparrón tropical. La música en vivo y las luces atrajeron a una multitud, dando la impresión de que la vida había vuelto a la normalidad. La división entre los pudientes y los pobres se torna más dramática conforme avanza la crisis, señaló Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanalisis, con sede en Caracas.

La principal línea divisoria es el acceso a dólares estadounidenses. Mientras que un adinerado quinto de la población disfruta de sus ahorros en bancos extranjeros y salarios de compañías extranjeras, cada vez más venezolanos dependen de los $4,000 millones en remesas enviadas por los 4 millones de compatriotas que han dejado el país en los últimos años.

El regreso de unas pocas comodidades tras años de escasez subraya la eficacia limitada de las sanciones para derrocar a Maduro, señaló León. Las protestas lideradas por Juan Guaidó, reconocido como mandatario legítimo del país por Estados Unidos y más de 50 países, se han ido diluyendo en la capital, aunque mantienen una alta participación en el interior, donde la situación económica es tan desesperante como siempre. “Vas a tener un país destruido y una burbuja que logra sobrevivir sin que el problema real termine por ser resuelto”, dijo León.

La inmensa mayoría de los venezolanos vive en una profunda pobreza sin ayuda del exterior. En torno al 80 % depende de comida subvencionada por el Gobierno y gana un salario mínimo en bolívares equivalente a $3.50 mensuales, que mengua cada día bajo una inflación que alcanzó el millón por ciento el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

***

Todo esto en un país que estuvo entre los más prósperos de América Latina, productor de riqueza gracias a las reservas de crudo más grandes del mundo. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona. Pese al sombrío panorama, hay empresarios que aprovechan la oportunidad de cubrir la demanda de consumidores acomodados. Una de las tiendas de importación más exclusivas de Caracas ofrece servicio de aparcacoches. Dentro, asistentes personales cargan las canastas de los clientes desde el momento que entran hasta que están listos para pagar.

Pueden elegir entre una amplia variedad de artículos, como cerveza con sabor a sandía y sal baja en sodio, todo con precios en dólares. Otras tiendas venden cigarrillos electrónicos, limpiador facial de Neutrogena y cápsulas de Caffe Verona de Keurig Starbucks, la clase de objetos que llevan mucho tiempo desaparecidos en Venezuela. No todo son costosos artículos de lujo; también se ofrecen productos básicos, antes abundantes, de los que Venezuela ya no produce suficiente –como harina y aceite de cocinar– de modo que incluso familias con bajos ingresos pueden en ocasiones ahorrar para comprar unas pocas cosas.

Entre los que aprovechan el repunte económico está Daisy Romero. Harta de ver un descenso en las ventas de su tienda de modo, convirtió hace poco su pequeño local en una tienda de alimentación que ofrece paquetes de bienes importados que envía su hijo en Estados Unidos. El negocio va bien, señaló, indicando que los clientes entran entusiasmados en su tienda. “¡Wow! Pero qué tantos cereales hay aquí. Tenía años que no los veía”, dijo, repitiendo una reacción habitual entre los clientes.

“¿Qué cuesta? Dame uno, dame el otro”. El médico Jorge Hoegl entró en una nueva tienda de importación, donde había golosinas como helado Haagen-Dazs, que fue habitual en las tiendas venezolanas antes de que la crisis empeorara en los últimos cinco años. Aunque estas tiendas venden algunos medicamentos sin receta, la mayoría de la gente con enfermedades crónicas como la diabetes sigue teniendo problemas para conseguir los fármacos. Hoegl no cree que estos nuevos negocios sean la respuesta a los problemas de Venezuela.

“De pronto ves los bodegones y podrías pensar que todo podría cambiar o mejorar la economía”, dijo. “Sin embargo, yo creo que este tipo de cosas no van a mejorar una situación. Es un problema progresivo crónico que probablemente lleve más tiempo normalizar acá”.

Economía. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona.

Inmigrantes desconcertados por nuevos poderes para deportar

Nuevas normas. Estas permiten a los funcionarios del servicio de inmigración deportar a toda persona que lleva en el país menos de dos años.

Las nuevas medidas para facilitar las deportaciones tienen en ascuas a las comunidades de inmigrantes y los abogados les recomiendan que reúnan toda la documentación posible –comprobantes de pagos, contratos de alquiler de viviendas e identificaciones de gimnasios– para demostrar que han vivido en Estados Unidos.

La incertidumbre acerca de qué impacto tendrán estas medias genera confusión y hace que resulte más difícil dar asesoría a los inmigrantes sin permiso de residencia. Abogados y organizaciones de activistas a veces hacen recomendaciones contradictorias acerca de si conviene tener siempre encima esos documentos.

Las nuevas normas permiten a los funcionarios del servicio de inmigración deportar a toda persona que lleva en el país menos de dos años. Actualmente las autoridades solo pueden ejercer esas atribuciones a una distancia de hasta 160 kilómetros (100 millas) de la frontera con México y con personas que llevan menos de dos semanas en el país.

Detractores de esta política dicen que envalentonará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que la emprendan indiscriminadamente contra los inmigrantes, privándolos de llevar sus casos ante un juez o de consultas con abogados. Se calcula que unos 300,000 inmigrantes sin permiso de residencia podrían ser afectados por esta medida, según estimados del Instituto de Políticas sobre Inmigración.

Los abogados comenzaron a recomendar inmediatamente a los inmigrantes que reuniesen documentos para demostrar que llevan al menos dos años en el país, cualquier papel que compruebe una presencia continua en Estados Unidos. Pero no deben llevarlos consigo necesariamente.

«Estamos operando a ciegas en este momento», dijo David Leopold, abogado de inmigración de Cleveland.

Por años, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han venido diciendo a la gente sin un estatus inmigratorio legal que no lleven consigo identificaciones con su país de origen, porque eso podría perjudicarlos. Pero al no tener la posibilidad de acudir a los tribunales, abundan los interrogantes.

«Deben llevar consigo una cantidad limitada de papeles», dice la abogada de inmigración de Houston Mana Yagani, «yo les recomendaría que tengan una copia de todo en la oficina de un abogado y en la casa de un amigo de confianza».

Otros, sin embargo, insisten en el viejo adagio de que no digan nada ni lleven nada consigo.

«No tengas nada contigo y haz uso de tu derecho a guardar silencio», dijo la activista de Chicago Rosi Carrasco.

El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, con sede en Chicago, alienta a los inmigrantes a que tengan un plan, que conserven sus documentos en un sitio céntrico y que les den acceso a ellos a amigos de confianza. También que hagan planes para que alguien recoja a sus hijos en la escuela en caso de una emergencia.

***

Incertidumbre

La expansión de los poderes de las autoridades inmigratorias, que seguramente va a ser resistida en los tribunales, ya plantea numerosos interrogantes.

Hay quienes dicen que las nuevas reglas dan a los agentes de la policía inmigratoria (ICE, por sus siglas en inglés) piedra libre para que hagan lo que quieran. Mencionan el ejemplo de lo sucedido hace semanas en Kansas City, donde agentes de inmigración que trataban de arrestar a un mexicano rompieron los vidrios de un auto y lo sacaron por la fuerza frente a su novia y a sus dos hijos pequeños. Fue deportado rápidamente.

También mencionan el caso de un ciudadano estadounidense de 18 años, de Dallas, que estuvo preso más de tres semanas tras ser detenido en un puesto de control en el que los agentes hacían uso de su derecho a deportar prestamente extranjeros sin permiso de residencia. Fue detenido bajo sospecha de estar en el país ilegalmente.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) dijo que acudirá a los tribunales, lo mismo que el Consejo Americano de Inmigración, que sostuvo que la expansión de esos poderes compromete el debido proceso.

El gobierno de Donald Trump aduce que las deportaciones rápidas son una forma de hacer frente a la escasez de lugar para detener inmigrantes en medio de una ola de llegada de centroamericanos. La aceleración de las deportaciones se suma a otras medidas recientes, incluidas nuevas restricciones a los pedidos de asilo y obligar a que la gente espere en México la tramitación de sus solicitudes de asilo.

Deportaciones. La administración Trump asegura que las deportaciones rápidas son una forma de hacer frente a la escasez de lugares para detener inmigrantes.

El director interino del ICE Matthew Albence dijo que la ampliación de poderes para deportar «es una herramienta importante para expulsar extranjeros ilegales y aliviar la escasez de recursos que enfrenta el ICE en relación con el espacio para detenciones y los tribunales de inmigración», según un memo que envió al personal del organismo.

Albence afirmó que era vital que se apliquen los nuevos poderes de una forma consistente y bien documentada. Indicó que los agentes deberán recibir capacitación adicional antes de ejercer esa autoridad.

Por ahora, Antonio Gutiérrez, de 30 años, tiene listos planes de emergencia y contrató a un abogado. Lleva casi 20 años viviendo en el país sin permiso.

Gutiérrez cruzó la frontera ilegalmente desde México cuando tenía 11 años. No pudo acogerse al programa del gobierno de Barack Obama que cobijó a los jóvenes que fueron traídos de niños a Estados Unidos y que no tienen permiso de residencia porque en una ocasión fue acusado de manejar en estado de ebriedad.

Reunió sus papeles, incluidas cartas de conocidos y todo lo referido a su solicitud rechazada de acogerse al programa DACA de Obama, y los tiene en un lugar seguro en su casa. Otros miembros de su familia han podido regularizar su situación inmigratoria, pero él no.

«Organizarme me da una cierta seguridad», expresó.

Los activistas difieren acerca de si es importante tener los documentos con uno todo el tiempo. Para algunos, es más importante hablar con un abogado y entender cuáles son sus derechos.

Esto es particularmente difícil ya que la gran mayoría de los inmigrantes no tienen abogados. Solo el 14 % de los inmigrantes que son arrestados se presenta con un abogado cuando va a los tribunales, de acuerdo con un estudio de 2016 del Consejo Americano de Inmigración.

«No queremos crear alarmas innecesarias», dijo Daniel Sharp, director de asuntos legales del Centro de Recursos Centroamericano de Los Ángeles. «Nuestra primera recomendación para todo el mundo es que se informen, que hagan una consulta legal y comprendan que pueden guardar silencio en lugar de llevar consigo una pila de papeles».

México: bandas y paramilitares alimentan creciente violencia

Fotografías de Agencias

La nueva ley en Xaltianguis, una pequeña localidad en la carretera hacia Acapulco, llegó con un coche bomba y una carnicería.

Una fuerza paramilitar fuertemente armada tomó el pueblo del estado mexicano de Guerrero el mes pasado para expulsar a una banda rival. Hizo estallar un auto con cilindros de gas y descuartizó el cuerpo de uno de los dos enemigos caídos.

Los residentes se escondieron en sus casas o huyeron carretera abajo entre matorrales tropicales. La policía y los soldados que custodiaban Xaltianguis no hicieron nada. Ahora, a pocas cuadras de la base donde se estableció la nueva «policía comunitaria», infantes de marina y policías estatales vigilan la carretera y patrullan la localidad. Pero no han tratado de arrestar a los paramilitares pese a que la mayoría de ellos portan rifles de asalto ilegales abiertamente.

«Tenemos el pueblo prácticamente blindado por el Gobierno. En las entradas del pueblo podemos ver al ejército, la infantería de marina y todos los niveles del Gobierno apoyándonos en lo que es la protección del pueblo», alardeó Daniel Adame, el líder del grupo que asumió el control de Xaltianguis.

Esta es una escena que se repite una y otra vez en el sur de México: las llamadas «policías comunitarias» o grupos de «autodefensa», a menudo acusados de estar relacionados con los carteles de la droga, han proliferado y extendieron su control sobre el territorio. En esos casos, los soldados, superados en número, no intervienen, en parte por temor a abrir fuego contra civiles.

Muchos esperaban que la violencia en Guerrero disminuyese al tiempo que los opioides sintéticos como el fentanilo hundían al mercado del opio que había alimentado a las organizaciones delictivas de la región. De hecho, los homicidios en el estado, conocido por su violencia, bajaron un 36 % en los tres primeros meses del año.

Pero ahora parece que surge una nueva ola de violencia, enfrentando a bandas rivales contra escuadrones paramilitares que luchan por el robo de combustible, las minas de oro y las rutas para mover químicos.

Éxodo

Miles de personas se han marchado por los enfrentamientos, y una tóxica combinación de carteles, sicarios y fuerzas parapoliciales han neutralizado al Ejército mexicano, obligando a los soldados a asumir un papel de meros espectadores, o en el peor de los casos, de rehenes.

Adame es una figura muy diferente a la de los líderes parapoliciales del pasado, gente de pueblo que se armaba para defender sus localidades de los narcotraficantes. Hay quienes dicen que las bandas delictivas a menudo infiltran gente en las «policías comunitarias». El líder del Frente Unido de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero (FUPCEG) se describe a sí mismo como un comerciante y dice que tiene un león y aves exóticas, y que porta un costoso fusil AR-15 con una mira telescópica. Su hijo porta una pistola con un mango de plata tallado.

Justificó el uso de un auto con bombas diciendo que otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) también emplean explosivos. Su grupo tomó el pueblo, señaló, porque la otra organización está vinculada al crimen organizado. La UPOEG dice lo mismo de la FUPCEG.

Los lugareños confirmaron que el FUPCEG asumió el control a mediados de mayo y expulsó a sus rivales, al matar a dos y descuartizar el cadáver de un hombre con puñales que parecían bayonetas.

Del otro lado de la frontera con el estado de Michoacán, paramilitares que el gobernador Silvano Aureoles describe como «delincuentes, ni más ni menos», arrinconaron a media docena de soldados contra un muro, les sacaron sus armas y los empujaron e insultaron hasta que aceptaron devolverles un rifle de francotirador calibre 50 que les había confiscado otra patrulla.

A pesar de la humillación, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los soldados al Palacio Nacional a los pocos días para «agradecerles y reconocer su actitud serena y temple que evitó pérdida de vidas de gente inocente, exhortándolos a continuar desempeñándose con profesionalismo en beneficio del pueblo», según la Secretaría de Defensa.

Esto inquietó a la Federación de Empleadores Mexicanos, una de las principales organizaciones empresariales del país.

Espera. Vecinos del estado de Guerrero esperan turno para hablar con los líderes de FUPCEG, la banda que ha tomado el control en la localidad.

«Las Fuerzas Armadas resultan el único mecanismo viable para restaurar el orden y la tranquilidad», expresó en un comunicado. «El Ejecutivo ha encomendado al ejército la protección del territorio a la vez que les ha solicitado no enfrentarse, en ningún momento, con civiles para evitar violaciones a los derechos humanos. Esta instrucción es poco clara y por tanto contraproducente. De ser interpretada de forma literal, impide que las Fuerzas Armadas realicen funciones básicas de control, pues le impide enfrentarse a células criminales armadas o grupos paramilitares. La situación en La Huacana, Michoacán, lo ha demostrado».

Estas organizaciones se hacen cada vez más fuertes y están más dispuestas a enfrentar a las fuerzas armadas.

Salvador Alanis, estratega y portavoz de FUPCEG, la agrupación que tomó Xaltianguis, dice que esa organización tiene 9,000 hombres armados en una serie de localidades que controla y supera en número al Ejército mexicano en el estado. No tienen problemas en batirse con los soldados.

«Aquí vino un día el ejército a echar gas lacrimógeno a las mujeres, y no se lo permitimos», expresó Alanis. «Paramos la carretera y retuvimos a un grupo de manera pacífica».

López Obrador confía en la Guardia Nacional que acaba de crear, una especie de policía militarizada que se espera sea enviada a Guerrero dentro de un mes. Si la Guardia enfrenta las mismas limitaciones que el ejército, no obstante, estará también en desventaja en estados como Guerrero y Michoacán.

«Le digo al gobierno federal, eso le puede pasar a tu Guardia Nacional», dijo Alanis. «O peor todavía, porque si a un chamaco de esos se le va un balazo en una trifulca, va a ser un masacre de ambos lados».

«Es una relación de tolerancia, sino de coordinación», agregó. «No te metes conmigo y nosotros no nos metemos contigo».

Si bien la mayoría de los paramilitares son reclutados de la zona, Alanis indicó que su grupo tiene un centenar de hombres entrenados para matar, que emplea en la toma de localidades. «Están listos para matar o morir por lo que les des», sostuvo.

Cada vez resulta más difícil distinguir a estos paramilitares de los carteles, los cuales a su vez se muestran cada vez más osados.

A plena luz

En Zamora, Michoacán, el cartel Nueva Generación de Jalisco hizo en mayo un desfile por la ciudad de al menos dos docenas de camionetas y vehículos todo terreno, que lucían orgullosamente en sus puertas las iniciales del cartel, CJNG.

Ante la pasividad de los soldados en las ciudades controladas por estas bandas, los conflictos se tornan casi medievales. Los residentes de Chichihualco, por ejemplo, han cavado zanjas en la carretera que conduce a un bastión del FUPCEG en el pueblo de Filo de Caballos, porque Alanis ha amenazado con tomar su localidad.

Otros crean puestos de control en los caminos para defender sus ciudades. Cuando se maneja por caminos secundarios de Guerrero, surgen numerosos puestos manejados por civiles armados con fusiles.

El «comandante Gerónimo» estaba junto a una barricada de bolsas de arena llena de balazos. Miembro de la UPOEG, ha resistido cada dos meses ataques del FUPCEG al sur y de la banda de traficantes Ardillos al norte. Gerónimo, quien no quiso dar su nombre completo por temor a represalias, explicó que se libran intensos combates por el control de pequeñas localidades.

«Hay una crisis en las montañas y los delincuentes no son tontos», manifestó. «Dicen que esto (el opio) ya no será negocio, pero las minas sí. Creo que se viene un mes de crisis».

Las minas de oro de propiedad canadiense de estas montañas históricamente han sido conminadas a pagar por protección de las bandas. Ahora se ha descubierto oro en otros sectores del estado y se especula que los carteles y los paramilitares tratarán de asumir el control de las minas.

“Las Fuerzas Armadas resultan el único mecanismo viable para restaurar el orden y la tranquilidad”, expresó en un comunicado. “El Ejecutivo ha encomendado al ejército la protección del territorio a la vez que les ha solicitado no enfrentarse, en ningún momento, con civiles para evitar violaciones a los derechos humanos. Esta instrucción es poco clara y por tanto contraproducente. De ser interpretada de forma literal, impide que las Fuerzas Armadas realicen funciones básicas de control, pues le impide enfrentarse a células criminales armadas o grupos paramilitares”.

Otros creen que estas organizaciones quieren tomar el control de las rutas que llevan al puerto de Acapulco para transportar sustancias químicas precursoras ahora que los opioides sintéticos han desplazado la amapola que crece naturalmente en esta región.

«Pensábamos que, acabado el negocio de la amapola, se iba a terminar la violencia», comentó David Barragán, residente de Los Moros que tuvo que irse de su pueblo tras la llegada de las fuerzas del FUPCEG de Alanis.

Igual que otros residentes de la montaña, Barragán cultivaba entre media y una hectárea con amapola. Los precios, sin embargo, cayeron en picada hace un par de años y Barragán apostó a los aguacates, el nuevo «oro verde» de las montañas del sur de México.

Pero los paramilitares tomaron su plantación de aguacate y están recogiendo el fruto, que tardó dos años en madurar.

Barragán y cientos de sus vecinos –lo mismo que miles de campesinos en todo el estado– se escapó. Dice que la gente no va a aguantar mucho tiempo más.

«La Guardia Nacional es lo que más necesitamos acá», expresó. «Y mientras esperamos, si allí no hay nada, vamos a tomar otras medidas», advirtió.

Sin pena. La exhibición de armas de uso prohibitivo es habitual entre los miembros de las bandas delincuenciales. Ya no hay necesidad de esconderse.

Africanos ingresan a EUA desde México en cifras históricas

A la espera. Migrantes africanos esperan en Tapachula, en Chiapas (México), obtener el permiso legal de ingresar al territorio mexicano.

Sin dejarse desanimar por un trayecto de miles de kilómetros, las personas que huyen de las penurias económicas y los abusos a los derechos humanos en países africanos ingresan a Estados Unidos a través de la frontera con México en números nunca antes vistos, para la sorpresa de los agentes de la Patrulla Fronteriza que están más acostumbrados a los migrantes hispanoparlantes. Funcionarios de Texas, e incluso de Maine, pasan apuros para lidiar con el marcado incremento de migrantes africanos.

Están llegando a Suramérica después de cruzar el Atlántico vía aérea y embarcarse en una travesía que a menudo resulta desgarradora. Durante una semana reciente, los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector Del Río detuvieron a más de 500 migrantes africanos que caminaban en distintos grupos por los terrenos áridos después de un cruzar el río Bravo (Grande) con todo y niños. Esa cifra representa más del doble del total de 211 migrantes africanos que fueron detenidos a lo largo de los 3,200 kilómetros (2,000 millas) de la frontera entre México y Estados Unidos durante el año fiscal 2018.

«Seguimos viendo un incremento en la detención de migrantes procedentes de países que no solemos encontrar en nuestra área», dijo Raúl Ortiz, director del sector Del Río de la Patrulla Fronteriza. Los migrantes detenidos en Texas procedían principalmente de la República del Congo, la República Democrática del Congo y Angola. También se han encontrado grandes grupos de cameruneses que transitan por México con dirección a Estados Unidos y solicitan asilo en los puertos de entrada.

Un sábado reciente había más de 90 cameruneses formados en Tijuana para ingresar a la lista de espera para solicitar asilo, misma que supera los 7,500 nombres. En esa lista de espera también hay migrantes procedentes de Etiopía, Eritrea, Mauritania, Sudán y el Congo. Por lo general, los cameruneses toman un vuelo a Ecuador, en donde no se requiere una visa, y les toma unos cuatro meses llegar a Tijuana. Caminan durante días por la densa selva de Panamá, en donde a menudo son víctimas de robo y detenidos en instalaciones gestionadas por el Gobierno.

Poblaciones. La tramitología migratoria en la frontera sur de México ha llevado a los migrantes a poblar centros migratorios y el barrio La Esperanza, en Tapachula, Chiapas.

Provienen del sur de Camerún, una región donde se habla inglés, con horrendas historias de violaciones, asesinatos y torturas cometidas hacia finales de 2016 por los soldados de la mayoría de habla francesa que dirige el país. Unos días después de que los grupos de migrantes africanos fueran detenidos en Texas, las autoridades federales liberaron a algunos de ellos en San Antonio. Funcionarios de la ciudad texana lanzaron una convocatoria en busca de voluntarios que hablaran francés para fungir como traductores «y, lo más importante, hacer que nuestros invitados se sientan bienvenidos».

Muchos fueron trasladados en autobús a Portland, Maine, un lugar lejano de la frontera entre México y Estados Unidos. Entre los migrantes se ha corrido la noticia de que la ciudad de 67,000 habitantes es un lugar acogedor. Durante la década de 1990 se asentaron refugiados somalíes en Portland. Un total de 170 solicitantes de asilo han llegado en los últimos días.

Se prevé la llegada de cientos más durante una oleada que el administrador de la ciudad, Jon Jennings, calificó sin precedentes. Un albergue ya está lleno, por lo que se tuvo que adaptar la cancha de básquetbol del Centro de Exposiciones de Portland como refugio temporal. Las autoridades de Portland tuitearon el jueves 13 de junio que los rumores de que algunos migrantes son portadores del virus del Ébola «son absolutamente falsos» y dijo que, como solicitantes de asilo, están legalmente en Estados Unidos.

***

De África a Brasil y EUA

El jueves en la tarde, familias dentro de la «Expo» charlaban en francés y portugués mientras los niños pateaban un balón de fútbol cerca de algunos catres. Uno de los hombres, Prince Pombo, de 26 años, se describió como un activista pro democracia y dijo que huyó de su país, la República Democrática del Congo, debido a la opresión política. Se trasladó a la vecina Angola y posteriormente viajó vía aérea a Brasil. Ahí, conoció a una mujer local y tuvieron una bebé a la que nombraron Heaven. Ahora con 16 meses de edad, Heaven reía mientras jugaba con su madre dentro del refugio temporal. Pombo dijo que su viaje del Congo a Estados Unidos le tomó tres años. Y hay más migrantes en camino.

México se encamina a triplicar el número de migrantes africanos que ha procesado este año respecto a los 2,100 de 2017. Mbi Deric Ambi, procedente de la parte de habla inglesa de Camerún, es uno de ellos. Durante una entrevista reciente en la ciudad de Tapachula, ubicada en México y cerca de la frontera con Guatemala, Ambi dijo que estaba a la espera de un documento por parte de las autoridades mexicanas que le permitiera continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Viajó por tierra por Centro y Suramérica después de llegar en avión a Ecuador.

***

“Seguimos viendo un incremento en la detención de migrantes procedentes de países que no solemos encontrar en nuestra área”, dijo Raúl Ortiz, director del sector Del Río de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo con Human Rights Watch, 1,800 personas han sido asesinadas y más de medio millón han sido desplazadas en las regiones anglófonas de Camerún desde finales de 2016. Un funcionario de Naciones Unidas señaló que hay 4.3 millones de personas que requieren de ayuda humanitaria en la zona.

«En la parte inglesa no tenemos trabajo, el sistema educativo es malo y nos ven como si fuéramos perros», dijo Ambi mientras una multitud de migrantes se reunía afuera de un centro migratorio de la ciudad mexicana de Tapachula a la espera de escuchar su nombre para obtener los documentos de viaje. Ambi ha esperado ahí cada mañana durante seis semanas. «Solo debemos ser pacientes, porque no hay nada que podamos hacer», indicó.

El marcado incremento de migrantes del África subsahariana a Estados Unidos coincide con el desplome en el flujo migratorio a través del Mediterráneo rumbo a Europa, después de que las naciones europeas y dos de los principales puntos de embarque –Turquía y Libia– decidieron tomar medidas al respecto. Entre el 1.º de enero y el 12 de junio, apenas llegaron 24,600 migrantes a Europa por la vía marítima, en comparación con los 99,600 arribos durante ese mismo periodo de 2017, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.

Pero Joel Millman, portavoz de la OIM, duda que los africanos hayan cambiado su sendero migratorio de Europa a Estados Unidos. A través de una búsqueda en internet y preguntando entre sus conocidos, Pombo, quien era maestro en el Congo, se enteró de que Portland era un buen lugar para los migrantes. Dijo que el siguiente paso es comenzar a reconstruir su vida y la de su familia. «Me gustaría sentirme seguro. Me gustaría tener una vida decente», declaró. «Necesito empezar de cero».

Sin tregua. Aunque las autoridades mexicanas han desplegado a 6,000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur, los migrantes intentan cruzar de Guatemala a México.

Inmigrantes sin abogados: difícil que se haga justicia

Inmigrantes sin abogados: difícil que se haga justicia

Faltaban 3 horas para que saliese el sol una frígida mañana de octubre cuando la abogada de inmigración Aissa Olivarez se subió a su Honda CR-V y se fue de su departamento en Madison.

Manejó una hora y 40 minutos hasta Elgin, Illinois, donde se montó en un tren. Llegó a las 9 de la mañana al Tribunal de Inmigración de Chicago, encargado de procesar a unas 300 personas de un centro de detención de migrantes de Wisconsin.

Olivarez viaja a Chicago hasta dos veces a la semana. Es una de dos abogados de inmigración del condado de Dane que representan a inmigrantes sin cobrar, parte de un programa nacional piloto que busca ofrecer asistencia legal gratis a los inmigrantes sin recursos.

Su cliente, un latinoamericano que vivía en Estados Unidos desde hacía 18 años y cuyos hijos son todos estadounidenses, tenía cinco arrestos por manejar borracho. Ella sabía que sus posibilidades de que quedase libre bajo fianza no eran buenas.

Aunque tenía algo a su favor. En 2018, aproximadamente dos tercios de los inmigrantes presos a la espera de que se procesase su posible deportación no tenían abogados, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de que permaneciesen presos y fuesen deportados, de acuerdo con un análisis de Wisconsin Watch.

Tras analizar información de la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, Wisconsin Watch comprobó que, de los presos cuyos casos comenzaron a ventilarse entre 2010 y 2015, aquellos con abogados tenían seis veces más posibilidades de que se les permitiese permanecer en el país que los que no estaban representados. Casi el 55 % de los que tenían abogados pudo quedarse, comparado con el 9 % de los que no.

La situación es muy parecida a escala nacional: los inmigrantes sin abogados tenían menos del 8 % de esperanzas. Los casos iniciados después de 2015 fueron ignorados en el análisis porque muchos de ellos no se han decidido.

Olivarez trabaja para el Centro Comunitario Legal sobre Inmigración (sus siglas en inglés son CILC), un programa financiado parcialmente por los contribuyentes basado en Madison que ofrece servicios legales gratis o de bajo costo a algunos inmigrantes detenidos en Wisconsin.

Se trata de personas que cocinan en los restaurantes, trabajan en granjas lecheras, limpian oficinas, cuidan jardines y techan las casas, entre otras cosas. Pueden haber cometido algún delito desde infracciones menores hasta cosas graves o no. Su única infracción puede haber sido ingresar ilegalmente a Estados Unidos, lo que conlleva desde una multa pequeña hasta seis meses de cárcel.

El condado de Dane es una de 13 jurisdicciones de todo el país seleccionadas para un nuevo programa piloto que ofrece a los inmigrantes acceso a un abogado. Los individuos que enfrentan una deportación tienen derecho a representación legal, si es que pueden costearla. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes de toda la nación con problemas legales no tiene abogados.

«Te enfrentas con el Departamento de Seguridad Nacional, que está dispuesto a tirarte encima un montón de cosas… y no tienes idea de lo que está pasando», declaró Olivarez, en alusión a los inmigrantes sin representación legal.

En la audiencia, el cliente de Olivarez rindió testimonio desde la cárcel, a través de una videollamada. Se dispuso que permaneciese preso hasta una vista para decidir sobre su deportación, pautada para enero. En esa vista, se rechazó su argumento de que correría peligro si es devuelto a su país. Olivarez apeló esa decisión.

Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar –legalmente o no– por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado. Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea “las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación”.

Más de un millón de inmigrantes y de personas que piden asilo tienen pendientes procesos de deportación, incluidas 3,700 en Wisconsin. A escala nacional, unos 50,000 inmigrantes están presos, una cifra récord, según The Daily Beast.

Olivarez dijo que la mayoría de los inmigrantes detenidos en Dodge, la instalación de la que se ocupa mayormente, es gente que no fue arrestada por la Patrulla de Fronteras, sino que se quedó en el país después de que expiró su visa o que tenía permiso de residencia y fue condenada por delitos que pueden hacer que los deporten.

El gobierno de Donald Trump cambió sus prioridades y ahora incluye entre ellas a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que fueron acusados de algún delito, pero que todavía no han sido condenados. En respuesta, el sheriff del condado de Milwaukee, Earnell Lucas, dijo que dejará de alertar a las autoridades federales sobre el estatus inmigratorio de personas bajo su custodia, diciendo que «no está bien lo que hacen».

Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar –legalmente o no– por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado. Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea «las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación».

Cuando recuperan la libertad, se une la familia, quienes trabajan pueden seguir haciéndolo y resulta más fácil conseguir un abogado, lo que aumenta las probabilidades de que puedan permanecer en el país.

El esposo de Marigeli Román, Erick Gamboa, fue detenido en septiembre de 2018 durante una redada en Wisconsin en la que fueron arrestadas 83 personas, la mayoría de ellas de México. Unos dos años antes, Gamboa fue arrestado manejando el auto de su jefe por razones laborales, sin saber que tenía las placas suspendidas. Le tomaron las huellas digitales, lo que facilitó su arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) más adelante.

En soledad. El sistema, señalan expertos, está diseñado para que la gente renuncie a su derecho a tener una representación legal en el proceso.

Dado que había sido pillado en la frontera con México años atrás, se le podía aplicar una orden de «deportación acelerada», sin que se le hiciese una vista para analizar su libertad bajo fianza. Por más que Román le consiguió un abogado, sus esperanzas eran muy limitadas.

«El abogado dijo que tenía un 99 % de probabilidades de perder. Yo respondí que un 1 % era suficiente para que diésemos pelea», relató Gamboa.

Al final de cuentas salió airoso y en diciembre se dejó en suspenso su deportación por las amenazas que había recibido de su propio padre en México. Fue liberado en febrero, después de pasar seis meses preso.

Román, quien vive en Milwaukee, dijo que la detención de su marido fue una experiencia que «cambió mi vida» y la de sus hijos. Los primeros meses fueron particularmente duros. «No quería salir de la cama, no quería comer, no quería atender a mis hijos», expresó.

Además tuvo que enfrentar los retos típicos de la vida como madre soltera. Ante la ausencia de su marido, esta mujer que era un ama de casa que cuidaba a tres hijos tuvo que buscar trabajo y conseguir alguien que llevase a sus hijos a la escuela. Su madre se hizo cargo de su hijo de dos años.

«Te altera el mundo de muchas maneras, emocionalmente, mentalmente, físicamente y económicamente», dijo Román, quien se acogió al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertos derechos a los inmigrantes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.

Fabiola Hamdan también experimentó el impacto. Trabaja como especialista en asuntos inmigratorios del condado de Dane, un cargo creado después de la elección de Trump. Hamdan dijo que el repentino arresto y la ausencia de un padre pueden ser algo «traumático» para un niño.

Cuando Gamboa fue detenido, su familia hizo el viaje de casi 65 kilómetros (40 millas) desde Milwaukee al Centro de Detención del Condado de Kenosha para visitas semanales de media hora. Podían hablar con Gamboa por teléfono, del otro lado de una ventana de plexiglass.

Román dijo que vio el cambio en sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, durante esos meses. Él era el que los ayudaba con sus tareas y los llevaba a las prácticas de fútbol.

«No querían seguir jugando. No querían seguir viviendo. El mayor tuvo pensamientos suicidas», manifestó. El niño tiene 10 años.

Hamdan trabajó hace poco con una mujer con cuatro hijos cuyo esposo, quien tenía tarjeta verde de residente permanente, fue arrestado durante cinco meses por una condena que según el Gobierno justificaba su deportación. Durante su detención, dijo Hamdan, la mujer dio a luz, pero tuvo que seguir trabajando para pagar las cuentas.

«Fue algo desgarrador», expresó Hamdan. «En lugar de disfrutar de su bebé, tienen que tratar de llevar comida a la mesa». Hamdan ayudó a la familia usando un fondo del condado para alquileres, servicios, pañales y alimentos. También la conectó con Olivarez, que ganó el caso aduciendo que el tipo de delito –que Olivarez no quiso revelar– no lo hacía deportable.

El Gobierno está apelando el fallo, pero el marido fue liberado. Sin esa ayuda, dijo Hamdan, la familia probablemente hubiera perdido la casa.

Cuando los presos son liberados, sus casos pasan a un «tribunal de excarcelados» que tiene más de un millón de casos pendientes. Hay quienes dicen que los inmigrantes que son liberados con casos pendientes de resolución nunca se presentan a sus audiencias.

«La realidad es que cuando esta gente es excarcelada, se le cita para determinada fecha y muchos de ellos no se presentan», expresó Dave Gorak, director ejecutivo de la Midwest Coalition to Reduce Immigration, citando un análisis del Centro de Estudios para Reducir la Inmigración, que impulsa restricciones a la inmigración.

Esa información indica que entre 1996 y 2015, el 37 % de los excarcelados no se presentó. En 2017, el último año del que hay información, esa cifra subió al 41 %, lo que implica que el 59 % sí se presentó ante el tribunal.

Olivarez y Erin Barbato, director de la Immigrant Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, son los dos únicos abogados que representan inmigrantes detenidos sin cobrarles.

Su trabajo es financiado por recaudaciones de fondos y un subsidio del Vera Institute of Justice. El condado de Dane y la ciudad de Madison aportan asimismo dinero a través de un Fondo de Asistencia al Inmigrante de la Madison Community Foundation.

Sovern dijo que el sistema no está pensado para acomodar grandes cantidades de inmigrantes con abogados. Después de un arresto, se pide al inmigrante que firme un documento aceptando ser deportado.

«Todo el sistema está diseñado para gente que no tiene abogado», manifestó Sovern. «Lo primero que hacen es tratar de convencerte de que renuncies a tus derechos».

Esencial. Una persona a la que se excarcela tiene derecho a continuar con su vida. Un resultado de estos está muy influenciado por contar con un abogado.

Mujeres aymaras luchan contra la violencia desde el teatro

De ellas para ellas. La atención se centra en un grupo de vendedoras convertidas en actrices que relatan historias de violencia de género en el teatro municipal de La Paz, Bolivia.

El bullicio de los mercados callejeros de los barrios populares se apodera del principal teatro de La Paz. Las luces del escenario se encienden y varias vendedoras comienzan a contar sus historias.

De pronto una de ellas da a luz a una niña. En medio de las celebraciones se escuchan voces disidentes: «Es una mujercita», «¡ay, solo viene a sufrir!», «¿y su padre dónde está?» Pero pese a la presión de la sociedad la madre promete cuidar y proteger a su hija, mientras las otras vendedoras bailan por el nacimiento.

La escena es un fragmento de la obra «Kusisita» («Felicidad» en aymara), que cada vez que se presenta llena el teatro de colegiales, mujeres que han sufrido la violencia de género y público en general.

«He sufrido esta discriminación desde que nací. Mi mamá era muy humilde y salió de su pueblo escapando de la violencia. Para algunos es normal y queremos mostrar que no debe ser así», dijo a The Associated Press la actriz María Luque, de 56 años.

Durante mucho tiempo Luque fue golpeada por el padre de sus cuatro hijos, lo que le produjo una parálisis en la mitad del cuerpo. Le llevó más de un año recuperarse y después de una década aún le cuesta mover la mitad del rostro, pero eso no le impidió cumplir su sueño de actuar.

Luque es una de las 22 mujeres indígenas, entre vendedoras y artesanas, que crearon el grupo teatral Kory Warmis (mujeres de oro) unos cinco años atrás. Sus historias inspiraron el guion de sus obras más famosas «Kusisita» y «Deja Vu, el corazón también recuerda», con las cuales se convirtieron en un movimiento artístico y social que a través del teatro busca ayudar a que otras bolivianas puedan reflexionar y se animen a romper la cadena de la violencia.

Ambas obras también buscan revalorizar la lengua aymara de las comunidades indígenas, donde se concentra el 48 % de las denuncias por violencia de género, según un informe del Instituto Nacional de Estadística presentado en 2017.

«Yo antes era callada, sumisa, pero en el escenario se me olvidó. El teatro es ahora mi vida», contó Luque sonriente. Antes de entrar a escena se trenza el cabello, deja su pollera colorida y se la cambia por una blanca, se maquilla y se adorna con bisutería que vende en un mercado callejero de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

La actriz vive en esa ciudad al igual que la mayoría de sus compañeras que migraron desde zonas rurales en busca de oportunidades.

Cuatro años atrás, una de sus amigas desapareció. La buscaron durante varios días sin suerte, hasta que vio a sus cinco hijos llorando. Los niños le contaron que la policía había encontrado el cuerpo de su mamá al norte de La Paz. “Estaba como dormida, la movieron y tenía la marca en el cuello de una cuerda con la que su esposo la había asfixiado”, rememoró Mamani. “Yo lucho contra esto”.

De acuerdo con un informe presentado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, 40 % de los casos policiales de Bolivia son por violencia intrafamiliar.

El país tiene la mayor tasa de feminicidios en América del Sur con dos por cada 100,000 mujeres, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2018 que incluyó a 19 países de Latinoamérica más España.

Sin embargo, el Gobierno asegura que el país ocupa el tercer lugar con 128 feminicidios después de Brasil y Colombia.

La experta de Oxfam, Damaris Ruiz, dijo a la AP que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo para las mujeres, lo que explica las altas tasas de feminicidios a pesar de los avances jurídicos.

Crecimiento. El grupo de teatro, que fue fundado en 2014, se encuentra ganando audiencia a medida que las oleadas de mujeres se movilizan para combatir la violencia de género en el mundo.

La ola liberadora que impulsan las mujeres también las ha expuesto más a la cultura machista, según Ruiz. «El 60 % de las víctimas es menor de 25 años», dijo.

«Uno no entiende cómo el hombre al que entregas tu vida, es quien te la quita», reflexionó Gumercinda Mamani, que se unió al grupo hace cuatro años. Antes fue dirigente de las mujeres campesinas y ahora confecciona polleras y cuida de sus ovejas y vacas en la localidad rural de Pucarani, unos 60 kilómetros al oeste de La Paz.

Recordó que, cuatro años atrás, una de sus amigas desapareció. La buscaron durante varios días sin suerte, hasta que vio a sus cinco hijos llorando. Los niños le contaron que la policía había encontrado el cuerpo de su mamá al norte de La Paz. «Estaba como dormida, la movieron y tenía la marca en el cuello de una cuerda con la que su esposo la había asfixiado», rememoró Mamani. «Yo lucho contra esto».

«No podemos esperar a que nos maten o nosotros nos queramos quitar la vida por la desesperación que deja la violencia», dijo la actriz Carmen Aranibar, de 46 años, mamá de dos varones y vendedora de pañales.

Aranibar soportó durante más de 10 años los golpes de su pareja hasta que se enteró de que tenía una novia joven. «Casi me suicido. Yo le aguanté todo por miedo a que me dejara. Después me di cuenta de que no valía la pena, me fui. Y aquí estoy feliz y es lo que cuento en la obra», agregó.

Érika Andia, directora del grupo y afamada actriz boliviana, explicó que fue difícil enseñarle a actuar a mujeres que durante mucho tiempo habían sido sumisas y calladas. Pero su fuerza de voluntad lo hizo posible.

«Ese era el objetivo, descubrir su potencialidad, lograr que se desinhiban y aumentar la autoestima», añadió.

Para Paola Ricalde, de la Dirección de Políticas de Igualdad de la Alcaldía de La Paz, el movimiento artístico –que colma el teatro en cada una de sus presentaciones– ayuda a reflexionar y educar con mensajes directos con los que la gente se identifica y que a su vez generan debates dentro de las familias.

En Bolivia los movimientos contra la violencia de género no han tenido el impacto que tuvieron #NiUnaMenos, en Argentina, o #MeToo, en Estados Unidos.

Para la experta de Oxfam, Argentina ha liderado el movimiento más importante de la región, llegando a movilizar mujeres a escala internacional.

Las Kory Warmis son por ahora un movimiento nacional que lleva el teatro a las calles, colegios y pueblos. Pero en junio tendrán su primera presentación internacional en un festival de teatro en Perú.

«No pensábamos haber llegado hasta aquí. No hay límites en lo que hacemos, cada año crecemos más. Es la alegría después del dolor», dijo orgullosa la directora del elenco.

De oro. El cuerpo actoral está formado por 22 mujeres indígenas que lanzaron el grupo de teatro Kory Warmis o mujeres de oro.

Macron se ve obligado a rebajar sus ambiciones para Europa

Presidente. Macron ya ha visitado 20 de los 28 países en la UE en sus dos años en el cargo. Reconoce los problemas de la UE y quiere arreglar el bloque en lugar de desmontarlo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ve a sí mismo como el salvador de Europa, y a las elecciones de este 26 de mayo al Parlamento Europeo como un momento decisivo para la asediada Unión Europea.

Pero Macron ya no es la cara nueva que logró una inesperada victoria electoral enarbolando la bandera de la UE hace dos años. Su estrategia a favor del bloque ha chocado con intereses nacionales y populistas en todo el continente. Y en su país, sus medidas han dado pie a las combativas protestas de los “chalecos amarillos” contra las políticas de liberalización económica de su gobierno.

Macron quería que las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo fueran un momento clave para defender sus ambiciones de una Europa más fuerte. Pero en lugar de eso, nacionalistas y populistas que critican al bloque de 28 naciones, podrían obtener un éxito sin precedentes.

Estas voces discrepantes alegan que los líderes de la UE no han logrado gestionar la inmigración en el continente y siguen desconectados de las preocupaciones de los trabajadores corrientes.

“Tenemos una crisis de la Unión Europea. Esto es un hecho. En todas partes en Europa, cuando miras a los últimos cinco o seis años, en nuestro país, pero (también) en muchos países, todos los extremos, las extremas derechas, están creciendo”, dijo Macron el 16 de mayo en una inesperada llamada a la unidad de Europa durante una visita a una feria de tecnología.

“En moneda, en digital, en medidas climáticas, necesitamos más Europa”, dijo. “Quiero que la UE proteja más nuestras fronteras en lo referente a la inmigración, el terrorismo y demás, pero creo que si se fragmenta Europa no hay posibilidad de tener una Europa más fuerte”.

En persona, Macron, de 41 años, se muestra como un sincero convencido de Europa. Es un político centrista que se siente cómodo al citar a dramaturgos griegos, pensadores alemanes o economistas británicos. El presidente más joven de Francia creció en la UE, ha utilizado el euro durante toda su vida adulta y ve la moneda única europea como la única posibilidad de que el continente se mantenga en el juego económico mundial.

Macron ya ha visitado 20 de los 28 países de la UE en sus dos años en el cargo, y si bien reconoce los problemas de la UE, quiere arreglar el bloque en lugar de desmontarlo.

El mandatario ganó las elecciones presidenciales de 2017 ante la líder antiinmigración y de ultraderecha Marine Le Pen, con la promesa de hacer una Europa más fuerte para afrontar la competencia global de Estados Unidos y China. Desde entonces ha tenido que alcanzar compromisos con otros líderes de la UE y chocado con algunos países con gobiernos populistas, como Polonia o la vecina Italia.

Cuatro meses después de ganar las elecciones, Macron presentó su visión para Europa en un discurso en la Universidad Sorbona de París en el que pidió un presupuesto conjunto, unas fuerzas armadas compartidas y concordancia fiscal.

Pero con el Brexit en el horizonte y un auge del nacionalismo, Macron ha tenido que reconsiderar sus ambiciones. Describió su estrategia política con otros líderes de la UE como una “confrontación productiva”.

“Tenemos una crisis de la Unión Europea. Esto es un hecho. En todas partes en Europa, cuando miras a los últimos cinco o seis años, en nuestro país pero (también) en muchos países, todos los extremos, las extremas derechas, están creciendo”, dijo Macron el 16 de mayo en una inesperada llamada a la unidad de Europa durante una visita a una feria de tecnología.

***

MACRON INTENTÓ GANAR APOYOS
“En Europa, lo que se espera de Francia es que diga claramente lo que quiere, sus objetivos, sus ambiciones y que después pueda alcanzar un compromiso con Alemania para seguir hacia delante” con otros países europeos, dijo Macron la semana pasada.

El presidente hizo hincapié en que pese a sus reparos iniciales, la canciller de Alemania, Angela Merkel, aceptó el año pasado crear un presupuesto de la eurozona que esperan impulse la inversión y ofrezca un mecanismo de seguridad para los 19 países que utilizan el euro como moneda.

En marzo, Macron intentó ganar apoyos para una Europa de “libertad, protección y progreso” pidiendo a los votantes de 28 países que rechacen a partidos nacionalistas que “no ofrecen nada”.

También propuso definir un calendario de objetivos para la UE a finales de este año, en una conversación con todos los estados miembros y un comité de ciudadanos.

“Habrá discrepancias, pero ¿es mejor tener una Europa estática o una Europa que avanza, en ocasiones a ritmos diferentes, y que está abierta a todos?”, preguntó.

Francia y Alemania son los dos pesos pesados del bloque, y Macron también puede contar con cooperación de gobiernos proeuropeos en Bélgica, Holanda, España, Portugal y otros estados miembros.

Sin embargo, ha evitado explícitamente visitar Hungría o Polonia, dos países con líderes populistas a los que Macron acusó el año pasado de “mentir” a sus ciudadanos sobre la UE.

Francia también se ha visto inmersa en una grave crisis diplomática con Italia en torno a la inmigración en Europa. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, contrario a la inmigración, ha criticado varias veces a Macron y apoyado al Frente Nacional de Le Pen en las elecciones de esta semana, en las que se adjudican los 751 escaños del Parlamento Europeo.

Macron tiene pocas posibilidades de repetir en Europa lo que hizo en Francia: transformar el mapa político construyendo un potente movimiento de centro que debilitó a la izquierda y la derecha tradicionales.
La campaña del Partido República en Marcha de Macron está liderada por la exministra de Asuntos Europeos Nathalie Loiseau bajo el lema “Renacimiento”. El partido quiere asociarse con la alianza liberal ALDE para crear un grupo centrista en la cámara.

Pero en todo el continente, las expectativas son que los centristas no terminen ni de lejos en primer lugar, sino terceros o incluso más abajo, por detrás de los dos grandes grupos tradicionales del Parlamento, el conservador Partido Popular Europeo y el izquierdista Socialistas y Demócratas.

Ni siquiera en su país es seguro que Macron pueda atribuirse una victoria en los comicios europeos. Los sondeos indican que su formación estaría entre las dos más votadas en las elecciones, que en Francia se celebran hoy.
Pero su principal rival, el Frente Nacional de extrema derecha, está decidido a vengarse de la clara derrota que Macron asestó a Le Pen en 2017.

Los rivales políticos de Macron en todo el espectro político han pedido a los votantes galos que aprovechen las elecciones europeas para mostrar su rechazo a las políticas del gobierno.

Aunque en 2017 ganó con el 64% de los votos, las encuestas francesas indican ahora que la popularidad de Macron ha sido en torno a la mitad de eso en el último año.

Tocó mínimos el pasado otoño con el estallido del movimiento de los “chalecos amarillos”, que reclaman alivio ante los altos impuestos y salarios estancados para los trabajadores franceses, y después subió ligeramente cuando los episodios de violencia en las protestas de los “chalecos amarillos” les costaron apoyo público, especialmente en París.

Aun así, los “chalecos amarillos” no han desaparecido. El día de las elecciones han convocado nuevas protestas contra Macron y su gobierno.

Elecciones. En las elecciones para el Parlamento Europeo, Macron ya no es cara nueva.

Operación tortilla: un molino que defiende al maíz mexicano

Tortillas. Hace décadas, antes de las tortillas empacadas, solía verse en los barrios mexicanos a abuelas o a niños comprando tortillas. Hoy ya no es así.

Aunque afuera duermen las calles de México, en la diminuta cocina del Molino El Pujol un par de manos hábiles ya empieza a darle cuerpo a las primeras tortillas del día.

En este, el último espacio que el chef más famoso del país abrió en la capital, las mesas y los decorados elegantes no existen. Aquí los clientes hacen fila ante un mostrador para realizar sus pedidos y comen de pie o en bancas metálicas frente a una modesta barra de madera. Desde que la vida de este local arranca a las 5 de la mañana y se extingue pasadas las 5 de la tarde, el único protagonista es el maíz. Las tortillas se preparan diariamente, cuando el pecho ronco del molino transforma varios kilos de granos en masa caliente y una vez que están listas permiten saborear trozos de campo e historia local.

En esta nación que hace 10,000 años dio origen al cereal con el que se producen, las tortillas son parte de la vida cotidiana, pero para algunos chefs y expertos en alimentación su calidad ha mermado debido a procesos de industrialización que han afectado la pureza de sus ingredientes mediante la utilización de conservadores o transgénicos. Además, aseguran, muchos mexicanos desconocen cómo se elaboran las tortillas tradicionales y la variedad de maíces que ofrece esta tierra, por lo que un puñado de organizaciones y expendios privados como Molino El Pujol buscan difundirlo.

Hace un año, Enrique Olvera inauguró su molino en la Condesa, un barrio capitalino de clase media alta y la propuesta despertó curiosidad. Su restaurante Pujol suele tener todas sus mesas ocupadas en una zona lujosa de la ciudad y alcanza el sitio número 20 en la lista de The World’s 50 Best, mientras que Cosme –que abrió en Nueva York hace cuatro años– ha atraído a personalidades como Barack y Michelle Obama, quienes lo visitaron una noche para cenar. ¿Por qué, entonces, la estrella más brillante de la gastronomía mexicana decidió abrir una tortillería?

El chef de 43 años dice que se trató de un paso lógico dado que ya había dedicado tiempo a respaldar a productores nativos y ofrecer sus productos en sus restaurantes, pero para Amado Ramírez –un ingeniero agrónomo que ayuda a Olvera en la selección de granos del estado de Oaxaca, en el sur del país– el nacimiento del molino tuvo que ver con la nostalgia. “Para él la tortillería es recuperar su pasado”, asegura. “Reconocer los tiempos en los que iba por su colonia a recoger tortillas y las llevaba bajo el brazo”.

“Con una mala tortilla vamos a tener un mal desempeño. La tortilla toca la cultura, la identidad nacional, la producción, la gastronomía”, Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, que se preocupa por visibilizar los beneficios de producir, vender y consumir tortillas de calidad para la dieta e industria.

Para miles de mexicanos, ese recuerdo que ata el corazón del chef a su molino es compartido. Hasta hace unas décadas, antes de que se popularizaran las tortillas empacadas, era común observar en los barrios populares a niños que hacían fila en solitario o tomados de la mano de sus abuelas cerca de amas de casa que también esperaban para comprar. Aquella tradición no ha desaparecido, pero es menos frecuente y hay quien afirma que los ingredientes de las tortillas se han degradado.

“México dio por sentado su maíz”, dice Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, que se preocupa por visibilizar los beneficios de producir, vender y consumir tortillas de calidad para la dieta e industria. Según el experto, este alimento tiene una importancia vital porque es el más consumido por la población y al prepararse con masa libre de añadidos es una gran fuente de energía y proteína. “Con una mala tortilla vamos a tener un mal desempeño. La tortilla toca la cultura, la identidad nacional, la producción, la gastronomía”, agrega.

La iniciativa de Molino El Pujol y otros pocos expendios similares podría parecer simbólica dado que su cadena de distribución se limita a clientes capitalinos de clase media o media alta y restaurantes del mismo espectro. Sin embargo, no desisten ante su idea de volver a mirar la tierra propia para contribuir a su desarrollo a pesar de que sus costos son elevados y compiten con gigantes nacionales como Maseca, que distribuye harina empacada para hogares y algunas tortillerías a precios accesibles, o Bimbo, que ofrece tostadas embolsadas en tiendas.

Al entusiasmo de los expendios se suman organizaciones con intereses afines como la que encabeza Rafael Mier y otras como Alianza por Nuestra Tortilla, que propone un decálogo entre cuyos puntos destaca la exigencia de tortillas nixtamalizadas –aquellas que se elaboran únicamente mezclando maíz, cal y agua–, transparencia en el sistema de suministro para clarificar las características y origen de los productos, y el impulso de maíces regionales que al pagarse a un precio justo detonen bienestar campesino y una conexión emocional con el patrimonio cultural.
Sin embargo, hay muchos mexicanos para quienes el costo de tortillas hechas de maíz como el que ofrece el molino de Enrique Olvera resulta demasiado elevado. Concepción Reyes, una mujer de 84 años que compra en un local popular capitalino del barrio San Rafael, dice que jamás pagaría 60 pesos (unos $3) por 1 kilo, porque las que acostumbra adquirir no rebasan los 13 pesos (poco más de medio dólar). En contraste, hay un puñado de personas que sí se animan a visitar expendios como el del chef sin importar los precios y entre ellos es común observar a extranjeros que se dicen felices de haber probado un producto local.

En Molino El Pujol, donde las mañanas transitan en medio de aire caliente y olor a maíz, los clientes no parecen tardar mucho en dejarse seducir. Algunos giran los ojos hacia el cielo cuando dan el primer sorbo a su atole –una cocción dulce de maíz en agua– y otros dejan escapar un gemido cuando el primer pedazo de tamal –masa rellena de frijol con una hierba local– vuela hasta su boca desde la punta de un tenedor.
De una pared cuelgan ilustraciones de mazorcas –las espigas en las que crecen los granos que luego se muelen con piedra para hacer masa– y el único menú es un pizarrón tras el mostrador que ofrece una decena de platos para desayunar o comer. Aquí el color de los granos puede variar de un día a otro –amarillo, negro, rojo– porque nunca sabe qué ofrecerán los proveedores en los cargamentos de hasta 300 kilos de producto que surten dos veces por semana, pero siempre hay una constante: el entusiasmo de los cinco empleados que atienden el local como si su bandera fuera el maíz.
Aunque apelan a un pequeñísimo sector de la población, muestran un entusiasmo desbordado al pensar que su contribución podría beneficiar al país. Por lo pronto, solo piden confianza y paciencia para volver al origen, cuando tantos mexicanos como el chef Olvera hacían fila para comprar sus tortillas y tras abrir su envoltura de papel tomaban la primera a la vista para enrollarla en un taquito y devorarla con una pizca de sal.

Variación. Los colores del maíz con el que es preparado el producto pueden variar. A veces, hay granos amarrillos, negros o rojos. En el local atienden cinco personas.

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas.

En los polvorientos y mal iluminados barrios de San Pedro Sula, todo el mundo conoce las leyes no escritas: hay lugares a los que no se va sin permiso. Al volante, baje las ventanillas para que las pandillas y sus vigías puedan ver quién está dentro. Es más seguro quedarse en casa al anochecer, dejando las calles para pandilleros y traficantes de drogas, que están armados y no tienen reparos en matar.

Es en la segunda ciudad más grande de Honduras donde en los últimos meses se forma caravana tras caravana de migrantes. Las comitivas ponen rumbo al norte, a México y hacia Estados Unidos, para huir de la violencia, la pobreza, la corrupción y el caos. Todas esas realidades son palpables en las calles de la ciudad, que recuerdan por qué miles de personas siguen marchándose pese a los peligros y a la incertidumbre de si podrán quedarse incluso aunque logren entrar en Estados Unidos.

En el distrito norte de San Pedro Sula, donde periodistas de Associated Press acompañaron a la policía en una noche reciente, viven casi 230,000 personas y apenas hay 50 agentes para patrullar sus 189 vecindarios, incluidos los más peligrosos: Planeta, Lomas del Carmen y La Rivera Hernández. El subinspector de policía Wílmer López señaló que en la zona se habían desarticulado dos laboratorios de droga en el último año. Había detenido a pandilleros incluso de nueve años.

Los policías llevan pistola y van acompañados de soldados con rifles de asalto. “Con ellos nos sentimos más seguros”, comentó López, que dirigía la patrulla.

En esa parte de la ciudad operan nueve pandillas diferentes, señaló, incluidas las conocidas Calle 18 y Mara Salvatrucha, o MS-13. Ambas nacieron en Los Ángeles hace décadas y se expandieron a América Central debido a las deportaciones, hasta convertirse en organizaciones transnacionales hiperviolentas que impulsan las altas tasas de asesinatos y otros delitos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–. Sus tarjetas de visita se ven en las pintadas que se ven en las casas, así como en los cadáveres que dejan a su paso.
“Algunos se reconocen por su forma de matar, como la mara Batos Locos, que embolsa (a la gente que mata), o los del Barrio 18, que los descuartizan”, dijo López.

Advertencia. Washington ha amenazado a los países el Triángulo Norte con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes.

Esta noche, la patrulla transcurre casi sin incidentes. La policía cachea a los clientes de un billar y comprueba identificaciones pese a sus ebrias protestas. Pero en torno a las 6 de la mañana se encuentra el primer cadáver del día, un joven con el rostro desfigurado que aparece tirado en el barrio de Sinaí justo detrás de la comisaría de Rivera Hernández.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

En un restaurante, la televisión emite un noticiero sobre el último asesinato, un hombre en una tienda de reparación de neumáticos. Los clientes miran con curiosidad el cuerpo en la pantalla, pero siguen comiendo.
“A la gente no le conmueve que hayan matado a alguien”, comentó Salvador Nasralla, excandidato de la oposición a la presidencia y que lamenta la normalización de la violencia en Honduras.

Los homicidios han bajado bastante a escala nacional, según la Policía Nacional de Honduras. Desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, la tasa cayó el año pasado a 41 por cada 100,000 habitantes, aunque sigue siendo una de las más altas del planeta.

Algunos dicen que la violencia ha remitido un poco en San Pedro Sula desde que unos 800 pandilleros que gestionaban redes de extorsión desde prisión fueron trasladados en 2017 del penal en el centro de la ciudad a un centro de máxima seguridad en las montañas occidentales.

Los asesinatos parecen haber bajado más este año, pero la violencia no es lo único que complica la vida en la localidad.

“La violencia no solo se determina por los homicidios, sino por la amenazas de muerte, las extorsiones, los reclutamientos forzosos de bandas, una serie de atentados contra la propiedad en las zonas de control (de criminales) que el Estado no ha podido recuperar”, explicó Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos en el país.

“Una situación de inseguridad mueve a las personas, obliga a desplazamientos forzados internos que luego se tornan en migraciones forzadas”, señaló.

Érick Lara es un ejemplo claro. Él y seis amigos se unieron a la caravana más reciente, que salió en abril con algo menos de 300 personas. Era una comitiva mucho menos numerosa de las que se habían visto antes de que la policía mexicana hiciera una redada contra una caravana anterior y dejara a sus participantes detenidos, deportados o dispersados.

Lara, un albañil de 27 años, se fue de San Pedro Sula a pesar de que tenía un buen trabajo en la obra de construcción de una iglesia porque los pandilleros intentaban reclutarlos a la fuerza a él y a sus amigos. Unirse a las bandas violentas no es voluntario, señaló, y negarse puede costar la vida.

Sin oportunidades. La inseguridad es la causa que ha empujado a comunidades enteras a hacer desplazamientos forzados.

Cuando se forma una nueva caravana migrante, gente de todo el país acude a San Pedro Sula.
También hay un flujo constante de muertos, ya que casi todos los municipios del departamento de Cortés envían sus cadáveres a la morgue de la ciudad. Los parientes en duelo se reúnen en el exterior.

Sentado sobre un tablón de madera, un hombre vestido de negro y con el pelo canoso, que pidió no ser identificado, esperaba a recoger el cuerpo de su hijo asesinado. El hijo, señaló, había salido a beber con unos amigos cuando aparecieron varios hombres armados y le dispararon. Quedó malherido, y unos días después falleció en el hospital. Su padre dijo que aunque ya antes estaba preocupado por su hijo, no tenía idea de quién le había matado ni por qué. Sobre todo parecía resignado a su nueva realidad.

Un coche pasó y dos policías corrieron tras él. Se oyeron dos disparos a algunos bloques de distancia, quizá disparados al aire, y todo el mundo volvió la cabeza. Los agentes volvieron riendo. Nadie preguntó qué había ocurrido, nadie dijo nada.

Muchos hondureños atribuyen los problemas del país al presidente, Juan Orlando Hernández, reelegido en 2018 pese a un veto constitucional a los segundos mandatos y en unas elecciones marcadas por las irregularidades. El mandatario prometió una “vida mejor” en sus lemas campaña, pero no ha podido cumplirlo para los más vulnerables del país.

La oficina de Hernández no respondió a una petición de comentarios. El presidente dijo hace poco: “Mi compromiso es con el pueblo, juré no descansar hasta recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños y eso seguiré haciendo”. La semana pasada dijo que su política económica está funcionando y “vamos bien”.

Washington ha amenazado a los países el Triángulo Note con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes. Pero eso podría tener el efecto contrario si los empleos y los programas contra la pobreza se resienten.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

Rolando Lázaro Bautista vive en una calle sin asfaltar salpicada de chozas de madera y metal ondulado con suelo de tierra. Es una zona sin alcantarillado ni conducciones de agua, y cientos de personas se han marchado.
También está a un tiro de piedra de varias torres de apartamentos de lujo, y hace tiempo que las autoridades municipales quieren despejar la barriada. En uno de sus intentos, las casas de varios vecinos de Bautista se incendiaron. Trabajadores de derechos humanos han conseguido una orden judicial que protege el asentamiento por ahora.

Bautista, de 47 años, dijo haber viajado dos veces al norte. Primero en una caravana en enero, pero terminó deportado desde México. Después contrató a un coyote o contrabandista, pero fue capturado y después deportado cuando llevaba tres días caminando en Texas con destino a Houston.

Ya no tiene planes de volver a intentarlo después de la experiencia de verse con insolación, agotado y obligado a esconderse varios días en un almacén y un sofocante piso franco. “Se sufre al aguantar sed y hambre”.
De vuelta a casa, ha encontrado empleo en construcción para esta semana, pero no hay nada seguro para después. Su esposa y él dependen del dinero que envía su hija, que emigró a España y pagó los $7,500 de tarifa del coyote. Entre tanto, cuidan de las dos hijas que dejó su hija en San Pedro Sula.

La socióloga hondureña Jenny Argüello opina que las necesidades alimentarias de una familia media de cinco miembros cuestan el equivalente a $650 al mes, por encima del salario mínimo de unos $400.

En la década de 1990, la mayoría de los emigrantes se marchaban para buscar una vida mejor, señaló Argüello. Sin embargo, “hoy en día es la única alternativa que tienen los hondureños de sobrevivir”.

Policía interviniendo un local en San Pedro Sula
Reducción. Los homicidios han bajado desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, a 41 por cada 100,000 habitantes.