Puertorriqueños huyen de las ejecuciones hipotecarias

Ayuda. Las organizaciones no gubernamentales que prestan auxilio jurídico se han visto desbordadas por el aumento de ejecuciones de hipotecas.

Elvis Guzmán abrió la carta, vio que estaba en inglés y se la llevó a su abogado para traducirla.

Este vendedor de metal reciclado de 59 años creyó que era otra carta del banco advirtiendo a su familia del atraso en el pago de su hipoteca. Pero la noticia que le dio el abogado lo sorprendió.

“Me dijo que estaba perdiendo mi casa. Cuando él me dijo eso, yo estallé en llanto”, recuerda Guzmán. “Usted no se imagina la depresión que yo he tenido. Yo voy a pelear con uña y diente por mi casa”.

En Puerto Rico, una media de 14 familias pierden sus casas a diario por ejecuciones hipotecarias, más del doble que hace una década, mientras la isla enfrenta una crisis inmobiliaria peor que la que provocó la Gran Recesión en Estados Unidos.

Familias de todo el país se mudan con sus parientes, se quedan en la calle o simplemente huyen a territorio continental con sus registros de crédito destrozados mientras el Gobierno insular lucha por reestructurar una parte de su deuda pública de $73,000 millones y por sacar a la economía de una recesión que dura ya una década.

“Es la crisis de la que no se habla”, señala Ricardo Ramos, profesor en la Legal Assistance Clinic de la University of Puerto Rico. “Esto tiene tantas y tantas ramificaciones”.

En este territorio estadounidense de 3.4 millones de habitantes, los tribunales locales supervisaron la ejecución de 33,000 hipotecas entre 2009 y 2016, según estadísticas gubernamentales. El año pasado, las entidades bancarias recuperaron un récord de 5,424 viviendas, un 130 % más que hace casi una década, cuando el Gobierno comenzó a recopilar estos datos.

El número de ejecuciones hipotecarias real, sin embargo, es mucho más elevado ya que las estadísticas oficiales no incluyen una estimación de 20,000 créditos en mora, o cerca de estarlo, que los bancos locales han vendido a compañías fuera de Puerto Rico desde 2009, explica Ramos. Estos casos se tratan en cortes federales y nadie hace un seguimiento de ellos.

Con la vista puesta en el futuro, más de 17,000 viviendas están en proceso de ejecución hipotecaria en tribunales locales, incluyendo la que Guzmán compró hace más de una década en un suburbio de clase trabajadora de la capital, San Juan, y donde vive con su esposa, que trabaja como empleada doméstica, y sus dos hijas pequeñas.

Pagaba $1,114 mensuales por la casa cuando los precios del cobre, el hierro y otros metales cayeron. Su negocio se hundió y se declaró en bancarrota. Entonces empezó a retrasarse en su hipoteca y recientemente se le negó un plan de pagos a pesar de insistir en que puede permitirse abonar $700 al mes.

“Mi abogado me dijo: ‘Tienes que prepararte para un plan B’”, dice Guzmán. “Yo no estoy haciendo eso. No sé qué va a pasar, pero no me voy de mi casa”.

Organizaciones sin ánimo de lucro, con presupuestos cada vez más bajos por el bache que atraviesa la isla, dicen que el aumento de las ejecuciones hipotecarias incrementó el número de puertorriqueños que buscan ayuda en medio de la profunda crisis económica.

“La gran mayoría son profesionales”, señala Leslie Ortiz, portavoz del Ejército de Salvación en Puerto Rico. “Son personas que han estudiado algo, han trabajado y lo han perdido todo y no saben dónde buscar ayuda porque nunca la han necesitado”.

De las 35 personas que se alojaban hace poco en el refugio de la organización para hombres en Puerto Rico, casi la mitad había perdido sus casas y no tenían problemas por abuso de sustancias u otros asuntos, detalló.
La ONG también proporciona ayuda financiera a personas como Sandra Maldonado, una mujer de 40 años, divorciada y madre de dos hijos, que podría perder su casa.

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Las principales víctimas. La mayoría de personas a las que se les ha quitado el derecho sobre las casas son profesionales que vieron afectados sus ingresos por la crisis económica.
Las principales víctimas. La mayoría de personas a las que se les ha quitado el derecho sobre las casas son profesionales que vieron afectados sus ingresos por la crisis económica.

Maldonado y su exesposo compraron una vivienda de tres dormitorios por $70,000 con ayuda de incentivos locales y federales hace más de una década. No está al corriente de sus pagos porque recientemente tuvo que elegir entre abonar el tratamiento médico de uno de sus hijos o la hipoteca. En alguna ocasión, cuando las cartas del banco se le acumulan, ha pedido dinero prestado a familiares y amigos.

“Te asustas, porque piensas ‘Dios mío, tengo dos niños y me voy a quedar sin techo’”, dice.

El número de puertorriqueños que se quedaron en la calle tras perder el empleo o por un desahucio se incrementó en los últimos años, con más de 4,400 sin techo reportados el año pasado, casi un 10 % más que en 2009, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Más de la mitad de las personas en esta situación entrevistadas en 2015 para una encuesta gubernamental bienal señalaron que era la primera vez que estaban sin hogar.

“El problema de las ejecuciones hipotecarias que ha experimentado Puerto Rico en los últimos años es realmente peor que el que vimos durante el peor momento de la crisis en todo el país”, explica Daren Blomquist, vicepresidente de Attom Data Solutions, proveedor de datos de vivienda en Estados Unidos.

El problema en la isla es, además, más persistente, con una tasa de ejecuciones hipotecarias que ha superado el nivel de referencia del 1 % durante casi siete años. En comparación, estados estadounidenses muy afectados por la crisis, como Nevada, estuvieron por encima de esa marca solo durante cinco años, agregó Blomquist.

Y al contrario que en el territorio continental estadounidense, donde la crisis de la vivienda estuvo provocada por el colapso de la burbuja de precios, los expertos dicen que el alto nivel de ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico se debe al largo bajón económico, que dejó una tasa de desempleo del 12 %.

“La diferencia con Puerto Rico es que no solo los préstamos con riesgo elevado están impulsando las ejecuciones hipotecarias, sino la débil economía”, dijo Blomquist. “Esto es un problema más difícil de resolver”.

Alrededor de un 60 % de las viviendas recuperadas por los bancos en Puerto Rico han sido abandonadas, explicó Silvio López, presidente de la Mortgage Bankers Association de la isla. Esto ocurrió en solo el 30 % de las casas afectadas en Estados Unidos, la mayoría en zonas muy golpeadas por la recesión.

Para mantenerse a flote, los bancos puertorriqueños han vendido más del 70 % de su cartera hipotecaria en el mercado secundario, dijo Zoime Álvarez Rubio, vicepresidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

“Los bancos no puede cargar con el riesgo, es demasiado para ellos”, señaló, y explicó la venta de los activos problemáticos. “El impacto económico y el riesgo es monumental”.

Según Blomquist, esta es una cifra extremadamente alta, y añadió que los bancos en Estados Unidos continental descubrieron esta estrategia más avanzada la crisis.

El año pasado, los seis bancos comerciales de Puerto Rico tenían aún en sus balances más de 3,800 viviendas recuperadas, valoradas en $338 millones, explicó Álvarez. Para evitar más ejecuciones hipotecarias, las entidades financieras locales implementaron desde 2009 más de 176,000 alternativas, valoradas en $19,000 millones, que incluyen reestructuraciones y refinanciaciones.

Álvarez y otros responsables bancarios señalaron que el número de ejecuciones hipotecarias bajó porque la marca alcanzada el año pasado era un reflejo de lo ocurrido anteriormente. Las estadísticas gubernamentales muestran que la morosidad hipotecaria cayó a casi el 13 % desde el 18 % alcanzado en septiembre de 2012. En suelo continental estadounidense, esta tasa es de apenas el 5 %.

“Todavía es una crisis total. La isla se está cayendo en cantos”, dice Ramos, el profesor de la University of Puerto Rico.

Las principales víctimas. La mayoría de personas a las que se les ha quitado el derecho sobre las casas son profesionales que vieron afectados sus ingresos por la crisis económica.