Serie de correos involucra a Rais y Merino en negociación ilícita por Puerto Cortés

Imagen de Puerto Cortés
Terminal. La terminal de contenedores y carga general de puerto Cortés le fue concedida a la compañía filipina ICTSI en 2013.

Una operación comercial que representa $47.5 millones anuales motivó una serie de negociaciones secretas entre Enrique Rais, prófugo, José Luis Merino, viceministro, y un grupo de colaboradores de varias nacionalidades. Una serie de correos electrónicos dibuja cómo estas personas buscaron condicionar e incidir en el proceso de licitación de la terminal de contenedores en puerto Cortés, en Honduras, a cambio de millonarios beneficios.

“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio, sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, decía el correo enviado el miércoles 9 de mayo de 2012 por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Érick Giovanni Vega, asistente personal de José Luis Merino, el BB del escrito. Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y uno de los más influyentes líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de gobierno en El Salvador. A primera vista, se trata del intercambio normal de un hombre de negocios con uno de sus socios. La historia, sin embargo, es otra.

Horas antes de que estas frases recorrieran el ciberespacio, el español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, en el occidente de Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales.

El reclamo. Ángel Pérez-Maura sabía por adelantado el pliego de condiciones que planeaba el Gobierno hondureño gracias a dos informantes: Xavier Soucheiron, de TCB, y Manuel Ausaverri, de ALG, empresa española a la que el Estado hondureño contrató como asesora para el proceso.

Pero su compañía ni siquiera cumplía con algunas de las condiciones exigidas para poder anotarse como aspirante al proceso. Al menos no con aquellas que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que en Honduras se encarga de las concesiones, tenía contempladas en ese momento. Al menos en el papel, quería asegurarse de cederle ese bien del Estado a una empresa con suficientes credenciales.

Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales.

“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer”, escribió Ángel Pérez-Maura, quien pensaba que sus aliados no estaban desarrollando el trabajo que se habían comprometido a hacer al menos desde enero de 2012, cuando se registró el primer intercambio de correos electrónicos entre Enrique Rais y el europeo en torno al tema de puerto Cortés.

Pérez-Maura creía que el contrato inevitablemente sería dado a una empresa gigante, como Hutchinson Ports, la operadora de puertos más grande del mundo.
Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida.

El movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión bajó de 3 millones anuales a 2 millones; y el patrimonio mínimo pedido era de $240 millones, no los $300 millones del plan original.

Séptimo Sentido pudo reconstruir esta historia gracias a media centena de correos electrónicos entre Rais y varios de sus colaboradores, obtenidos de diversos medios, que esta revista tiene en su poder. La veracidad de estas comunicaciones fue confirmada con fuentes vivas y documentales e, incluso, por uno de los implicados, el colombiano Óscar Isaza.

En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.

El contacto. Pérez-Maura le agradece a Érick Vega, asistente de José Luis Merino, por el envío de una copia del “libro de Ramiro”. Merino había publicado en marzo de 2011 un libro, hecho en conjunto con Roberto Regalado, al que tituló “Comandante Ramiro”.

Los salvadoreños involucrados

Pero ¿qué tenían que ver José Luis Merino o Enrique Rais, ambos ciudadanos salvadoreños, con la concesión de una terminal en Honduras?

La respuesta involucra a personas provenientes de varios países en el intento de cobro de un soborno para asegurarle a una empresa esa concesión, que le daría a la ganadora la oportunidad de administrar un negocio que, anualmente, representaba unos $47.5 millones.
La oferta de TCB para que se intermediara para afianzarle el jugoso contrato consistía en convertir a los salvadoreños y los suyos en sus socios cuando ya les fuera adjudicada la concesión. Así, parte de las ganancias de los próximos 30 años en el manejo del puerto engrosaría las cuentas de los beneficiarios.

Ninguna de las empresas de Rais, quien pondría la cara por los otros involucrados, tenía la más mínima participación en el negocio de puertos. Rais, más bien, ha amasado su fortuna gracias a su sociedad de tratamiento de desechos sólidos, MIDES. El empresario ha sido acusado de haber obtenido las acciones de esta empresa de manera fraudulenta y el juicio sigue en curso. Actualmente es prófugo de la justicia después de que un juzgado en El Salvador ordenó su captura por haber utilizado sus influencias en el sistema de justicia para que la Fiscalía General de la República creara un caso de lavado ficticio en torno a una ciudadana.

Sin embargo, la sociedad que se quedó con el contrato de puerto Cortés fue la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI), que también negoció con Rais, Merino y los suyos. La vocera de esta última compañía remarcó para Séptimo Sentido que la licitación se ganó de forma transparente.

A lo largo de más de media centena de correos electrónicos, es Rais quien se encarga personalmente de las negociaciones, junto con algunos colaboradores, como su sobrino Hugo Blanco.

¿Cuál era el papel jugado por Merino, el mismo excomandante guerrillero al que hace unas semanas un grupo de 14 congresistas estadounidenses pidió investigar bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”?

Merino jamás escribió una sola línea en el intercambio de correos que representaron las negociaciones. Sin embargo, es a quien acudía Rais cada vez que aparecía un problema. Lo hacía enviando mensajes a Érick Vega, asistente personal de Merino e identificado como uno de sus prestanombres por tres instituciones en Estados Unidos. En los correos, Rais se refería a este último, casi siempre, como Ramiro, el mismo seudónimo que el funcionario ocupó durante la guerra civil. También lo hacía con el apodo de BB, como puede leerse en la frase que inicia este texto.

Se intentó obtener la opinión de Erick Vega, el asistente de Merino, pero después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas al número que él mismo facilitó (durante la convención del FMLN realizada el 23 de julio prometer una plática para la semana siguiente), no se logró una respuesta.

Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera.

Y Merino era el nexo con una enigmática figura, al que Enrique Rais y los demás involucrados en los intercambios de correos se refieren como Caperucita, que también se beneficiaría con el dinero obtenido con la intermediación.

Algunos descuidos en la redacción de los correos de Rais, donde lo llama presidente, indican que se trata de Porfirio Lobo Sosa, mandatario de Honduras entre 2010 y 2014. También lo dicho por un exempleado de Rais, lo expresado por el propio empresario en un mensaje de WhatsApp enviado a otro de sus excolaboradores y lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de Estados Unidos que le sigue la pista a Rais desde hace tiempo, al que se le consultó sobre este punto en específico. Pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre investigaciones en curso.

Porfirio Lobo es, además, una persona ampliamente relacionada con Merino. El expresidente se muestra agradecido con el político salvadoreño por su intervención ante el Gobierno venezolano para que el presidente Hugo Chávez reconociera al mandatario hondureño en el consejo general de la Organización de los Estados Americanos tras el golpe de Estado registrado en el país centroamericano en 2009. Sin embargo, se desliga de cualquier otro acercamiento con Merino y Enrique Rais, a pesar de que acepta que ha viajado en varias ocasiones en los aviones de este último y que los dos salvadoreños lo acompañaron a un viaje oficial a Kosovo en 2011, según se puede consultar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.

Viaje oficial. Enrique Rais (en el círculo verde) y José Luis Merino (rojo) acompañaron en 2011 al entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a una misión oficial a Kosovo. En el círculo naranja aparece Behgjet Pacolli, mandatario del país de Europa del este, quien fue, a finales del siglo pasado, uno de los implicados en el caso de corrupción de alto nivel en Rusia conocido como Yeltsingate.

“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para esta revista, mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.

Los personajes. El político José Luis Merino, el exmandatario Porfirio Lobo y Enrique Rais. Este último empresario fue cónsul honorario de Kosovo, país del este de Europa, en Honduras. Foto cortesía de los blogs de El Faro.

El de puerto Cortés, aunque no haya sido consumado, puede ser un caso más para encajar en el contexto de la América Latina actual, donde la investigación Lava Jato ha sacudido a decenas de gobiernos con la comprobación de que el soborno es una práctica habitual entre empresarios corruptores y funcionarios públicos corruptos.

El otro jugador

En los intercambios de mensajes por correo electrónico durante las negociaciones con Rais y los suyos, Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, escribía desde la dirección angelpm@cd.perezycia.com. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) certificó que es la misma que el español usó para el intercambio de información en el cometimiento de delitos de corrupción en territorio guatemalteco. Por estos ha sido acusado por el ministerio público guatemalteco y ahora es prófugo de la justicia en ese país. Tiene difusión roja en INTERPOL.

En noviembre de 2012, sin embargo, la realidad del europeo era muy diferente a la actual. Tenía entre manos la posibilidad de quedarse con un negocio millonario. Pero había dejado de confiar en quienes buscaban servirle de intermediarios. Por eso, en ese mes, decidió romper relaciones con los salvadoreños y los suyos para competir por cuenta propia. Pero José Luis Merino y Enrique Rais no habían hecho solo una apuesta. Paralelamente tenían conversaciones con la filipina International Container Terminal Sevices (ICTSI).

Fue el mexicano Carlos Garrido Escandón, en ese entonces director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, quien se encargó de los intercambios de información. Tras el éxito en la concesión, el mexicano se convirtió en el representante legal de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que actualmente administra la terminal. Desde hace un año, Garrido ya no forma parte de la compañía, según reveló Carmen Irene Alas, encargada de relaciones públicas de OPC. Añadió que la administración de ICTSI para las Américas “es completamente nueva”.

Con Ángel Pérez-Maura las conversaciones parecían informales. Carlos Garrido Escandón, en cambio, hizo llegar a Enrique Rais, en diciembre de 2012, una presentación en Power Point en la que se le planteaban varias propuestas diferentes sobre la forma en la que se le entregaría su pago. Se trataba de complicados esquemas, en los que, siempre, ICTSI se quedaba con el 60 % de las acciones para dejarle las restantes a una compañía de Rais, según se desprende del documento adjuntado a uno de los correos que esta revista tiene.

Las propuestas. Juan Carlos Garrido Escandón le envió a Enrique Rais una presentación en la que se incluían varios esquemas como este, sobre como podría conformarse un asocio entre la empresa ICTSI y el salvadoreño junto a sus colaboradores. En todos, la compañía filipina se quedaba con el 40 % del negocio.

Ese mismo mes, el empresario salvadoreño recibió en su bandeja de correo electrónico el borrador del contrato que, si todo salía bien, firmarían ambas partes dentro de los siguientes 30 días. Una de las obligaciones de ICTSI sería abonar $60 millones como pago total si había éxito. Este se haría en dos desembolsos: uno de $35 millones, 15 días después de ganada la concesión; y los $25 restantes, el 15 de enero de 2014. El primer abono sería depositado, media vez se firmara el acuerdo, en una “scrow account”, una cuenta bancaria usada para recibir fondos que, hasta cuando se cumplen las condiciones que se establecen en el contrato, se envían a sus destinatarios finales.

El contrato también fue enviado a los dos suramericanos que formaban parte de esta trama junto con Enrique Rais y José Luis Merino.

Estos son el argentino Ricardo Alessandrelli y el colombiano Óscar Isaza, ambos relacionados con el negocio portuario en sus respectivos países, y también con la polémica. El primero era el encargado de la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cuando, en 1995, salieron de allí 120 contenedores con armas a Croacia, parte del caso de tráfico de armas en el que estuvo involucrado el expresidente argentino Carlos Menem.

Óscar Isaza, dueño de Grupo Empresarial del Pacífico (GEPSA), es uno de los accionistas de TCbuen, la compañía que tiene a su cargo el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Allí también contaba con acciones TCB, la sociedad de la que el español Ángel Pérez-Maura era vicepresidente. TCbuen ha sido señalada por posibles actos de corrupción en Colombia y criticada por el poco desarrollo que ha llevado a las comunidades que habitan cerca de la terminal.

Las cosas no iban viento en popa. En casi una veintena de intercambios de correos electrónicos registrados en los primeros 17 días de enero de 2013, los dos suramericanos y Enrique Rais discutían sobre la eficiencia en la colaboración de Lars Jacobo Michelem, director de proyectos de concesión de las terminales portuarias de puerto Cortés dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la entidad estatal que se encarga de las concesiones en Honduras. A juzgar por los correos, era el contacto de los intermediarios dentro de esa institución.

El 10 de enero de 2013, Ricardo Alessandrelli escribió un correo a Isaza, Rais y Hugo Blanco Rais a propósito de una conversación que había mantenido, dijo, con Marcelo Suárez, entonces vicepresidente sénior de la división de las Américas de ICTSI.

“Les informo que Marcelo hoy tuvo contacto telefónico con Lars en COALIANZA, y este señor le confirmó que hasta hoy inclusive no ha recibido instrucciones de Caperucita, ni de nadie del entorno de él y que el 21 (de enero) sigue como fecha formal. Creemos con Marcelo que sería oportuno reunirnos en Miami para dar los últimos pasos con el fin de poder definir la presentación y cómo actuar ante la situación actual”, escribió Alessandrelli. La reunión se realizó en Miami el 16 de enero y a ella asistió Enrique Rais, según los correos. Que Rais se movió a la ciudad estadounidense por esas fechas se confirma en sus registros migratorios.

Antes de eso, su sobrino Hugo Blanco realizó algunos encuentros con los abogados de ICTSI en Tegucigalpa, Honduras, para ajustar detalles del contrato que ambas partes firmarían. Sus registros migratorios coinciden con las fechas de tales encuentros. Por ejemplo, salió desde El Salvador hacia el país centroamericano el 9 de enero de 2013. Regresó el mismo día, ocho horas después. Eso encaja, justamente, con una de las reuniones de las que se hablan en la correspondencia electrónica.

Pero nada pudieron hacer los intermediarios. Ni siquiera sus influencias con Caperucita hicieron que pudieran dar muestras suficientes de su incidencia, algo que convenciera a los socios de ICTSI de que la concesión se quedaría, seguramente, en sus manos.

Enrique Rais achacó todo el fallo a la poca colaboración de Lars, el funcionario dentro de COALIANZA con el que mantenían conversaciones. Para ilustrarlo, contó que se le enviaron algunos puntos para que se incluyeran en las bases de la licitación, pero estas nunca llegaron al documento final. Eso, comentó Rais, hacía pensar a los socios de ICTSI que, como en efecto pasaba, no tenían el control de COALIANZA, la entidad encargada de dar la concesión. Ante la poca confianza mostrada hacia él, decidió retirarse del negocio.

El 17 de enero de 2013, el empresario salvadoreño escribió un largo correo dirigido a Óscar Isaza, Ricardo Alessandrelli y Marcelo Suárez (de ICTSI). En este sostiene que ya ha hablado con José Luis Merino sobre lo sucedido el día anterior, cuando decidió dar un paso al costado.

“Nuestro error (según Ramiro) fue que nunca firmamos con ITCSI el consorcio y las condiciones de participación y ahora lo ven como que simplemente ya no somos necesarios para lograr sus objetivos. Me pidió que no visitara a Caperucita hasta que primero me reúna yo personalmente con Ramiro porque opina que este nuevo revés pondrá en riesgo las otras inversiones en energías que ya tenemos muy adelantadas… Intentar decirle a Caperucita que les asigne el contrato por llevar la mejor oferta y que luego cambie las condiciones contractuales para obtener él los beneficios (en la opinión de Ramiro) sería aún más grave y pensaría él que lo estamos ofendiendo en el orgullo de presidente, perdería toda estima y respeto para toda la vida”, escribió Rais, advirtiendo a Marcelo Suárez (de ICTSI) de que participar solos, sin su intermediación, era un grave error.

Marcelo Suárez ya no forma parte de ICTSI, según la encargada de relaciones públicas de OPC, Carmen Irene Alas.

De todos los involucrados en esta historia, a quienes se les enviaron correos electrónicos para solicitarles su versión, solo el colombiano Óscar Isaza respondió. Afirmó que, en efecto, conoce a Enrique Rais y a José Luis Merino, pero tiene cuatro años de no verlos. También confirmó la autenticidad de los correos, aunque negó que haya estado involucrado en un intento de soborno.

“Si usted me pregunta quién es Caperucita, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando ni qué íbamos a hacer ni qué pretendía yo hacer. Si considera que he cometido un delito, que yo he hecho algo en Honduras, está en toda la libertad de hacer todas las investigaciones que considere… Yo no participé en ninguna licitación”, comentó Isaza al leerle uno de los correos que él escribió.

La victoria sin intermediarios

La licitación de la terminal de carga general y contenedores de puerto Cortés se realizó, finalmente, el 2 de febrero de 2013. De los seis precalificados, solo dos decidieron estar en la fase final, precisamente las empresas que han aparecido a lo largo de estas líneas: Grup Maritim TCB (que participó en un consorcio con la francesa Bollore Africa Logistic) e International Container Terminal Services (ICTSI). Sorpresivamente se retiró de la competencia la multinacional holandesa APM, propiedad de Maerks, a pesar de que ya había publicado un campo pagado en la prensa hondureña, donde hablaba de los grandes beneficios que le traería al país si se quedaba con la concesión.

“APM Terminals decidió no licitar para puerto Cortés debido a que los términos de la licitación final no resultaron atractivos. Cabe destacar también que ningún otro operador global importante de terminales presentó la licitación para la terminal de puerto Cortés”, respondió la empresa sobre las razones de su retiro del negocio.

Las ofertas de ambos postores coincidieron en la mayoría de puntos, pero la diferencia para que la segunda se quedara con el contrato radicó en el monto prometido para infraestructura y equipamiento: TCB propuso una inversión de 621,516,283 dólares con 66 centavos; ICTSI, 624,371,610 dólares, es decir, casi 3 millones más que su competidor.

El español Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, en un correo dirigido al colombiano Óscar Isaza, se lamentó por haber perdido “por tan poco”. El colombiano le respondió al siguiente día, en un reclamo por no haber continuado trabajando con ellos.

“Hoy estaríamos TCB, Group Rais y GEPSA celebrando 750,000 TEUs y 10 % de EBITDA (el beneficio bruto por la explotación de un bien)”, comentó el colombiano.

La derrota. Después de que ICTSI se quedara con la concesión, el colombiano Óscar Isaza le escribió al español Pérez-Maura un correo que “le salió del alma” lamentando no haber participado juntos en la licitación.

El ganador fue ICTSI, quien no necesitó de la intermediación de Rais y compañía para hacerse del contrato.

Apenas en mayo de 2013, tres meses después de la adjudicación de puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, el funcionario de COALIANZA del que Enrique Rais y sus colaboradores se quejaban por su poca cooperación, pasó a ser empleado de ICTSI. Lo hizo como “chief commercial officer”, un puesto gerencial, según se desprende de su perfil personal de LinkedIn. Consultado sobre el tema, Lars Jacobo Michelem afirmó que no está enterado de ningún caso específico de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA, desde enero de 2012 hasta abril de 2013.

—¿Cómo se concilian estas dos situaciones: primero usted era parte del Estado, de la entidad que se encarga de la concesión, y unos meses después, pasa a formar parte de la empresa que se hizo con la concesión?

—Se hicieron las consultas legales a ambos lados, tanto del lado privado como del Gobierno, y al no haber sido un comisionado de COALIANZA o un secretario ejecutivo, que son los que firman las actas y los procesos, sino que fui parte de cómo liderar un equipo que llevó el proceso a cabo, en el caso del puerto, no había ningún impedimento legal que detuviera. No había un conflicto de interés —dijo Lars Jacobo Michelem. Actualmente ya no trabaja a las órdenes de ICTSI. Se trata, por tanto, de tres bajas de personas relacionadas con esas negociaciones que se han registrado en la compañía filipina.

A propósito de esta situación, se le consultó a ICTSI. Sus autoridades respondieron que, por políticas de la sociedad, “no pueden comentar sobre las razones personales o individuales por las cuales los empleados salen de la empresa”. La compañía aclaró que “se tuvo conocimiento de que hubo contacto local con un consorcio. Sin embargo, la administración a nivel global descartó la posibilidad de entrar a la licitación con un socio”.

COALIANZA, la entidad estatal hondureña encargada de las concesiones, no dio su posición al respecto de esta historia, a pesar de que en varias ocasiones se intentó contactar con su equipo de prensa tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Imagen de Puerto Cortés.

Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Los 38 inmuebles con los que empresa ligada a Merino genera pérdidas millonarias

Residencial privada Garden Hills
Residencial privada Garden Hills

Garden Hills se promociona como “un proyecto diseñado con los más altos estándares de arquitectura e ingeniería”, donde “el buen gusto está presente hasta en los más mínimos detalles”. Es una residencial privada, ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Las casas se describen como “preciosas residencias con acabados de lujo, amplias y modernas con un toque contemporáneo”, que “hacen del proyecto un verdadero deleite para vivir”.

Esta residencial de calles anchas, solitarias y pulcras es en donde se encuentran ubicados 38 inmuebles que le han pertenecido a una empresa que, en los últimos cinco años, ha contado con varios dueños: abogados miembros de un bufete, un ciudadano guatemalteco, dos empresas domiciliadas en Panamá, entre otros.

En la última etapa, antes de la construcción de viviendas, la empresa llegó a las manos de José Mauricio Cortez Avelar, identificado por una investigación, hecha por tres instituciones en Estados Unidos, como el principal testaferro del viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, quien es, además, uno de los principales líderes del partido de Gobierno. En estos movimientos también sale involucrada Inversiones Valiosas (INVERVAL), una empresa con múltiples relaciones con ALBA Petróleos de El Salvador, de la que Merino también es parte.

Las Vistas ha logrado vender 19 casas, cada una por un valor aproximado de $325,000. Entre estos inmuebles vendidos, la mayoría ha ido a parar a las manos de personas y empresas relacionadas con José Luis Merino. Pese a que se promociona como “un verdadero deleite para vivir”, estas residencias pasan deshabitadas.

El de Las Vistas se suma a la lista de los malos negocios relacionados con ALBA Petróleos de El Salvador: al final de su último año reportado ante Hacienda, el 2016, el balance fue de más de $1 millón en pérdidas.

La historia de Garden Hills y Preza Rodríguez

Aunque no aparezca así en los archivos de Hacienda ni del Centro Nacional de Registros, Garden Hills contó, desde su conformación hasta 2012, con tres accionistas guatemaltecos: Francisco Javier Botrán Briz (ligado a la compañía productora del ron Botrán), José Gregorio Preza Rodríguez y la esposa de este último, Mónica Rodríguez Minondo (ambos provenientes de familias azucareras). Esto consta en un documento de un proceso de conciliación.

La dinámica que se estableció fue que, aunque buena parte del capital destinado a la empresa fue aportado por Preza Rodríguez, en la práctica, era Botrán el encargado de administrar el negocio. Sin embargo, según una persona relacionada con documentos legales en torno al caso, en el 2010 este se extralimitó en sus funciones y no informó de algunos movimientos a sus socios, por lo que Preza Rodríguez decidió emprender acciones legales en contra de Botrán por administración fraudulenta. Este último aceptó conciliar.

Preza Rodríguez exigió como pago $2.5 millones para olvidarse de cualquier demanda. Botrán, quien asumió la deuda de forma mancomunada con Garden Hills, decidió que era mejor hipotecar los 38 inmuebles que formaban parte de la segunda etapa de su residencial para obtener más tiempo. Tenía un plazo de dos años para pagar esa deuda o perder sus terrenos, hasta el 12 de abril de 2012. El periodo llegó a su fin y Botrán no pudo cumplir con el compromiso. Por tanto, Preza pudo disponer de los inmuebles.

Preza Rodríguez evitó que estos pasaran directamente a su nombre, en este afán creó una empresa con este objetivo en particular. Tan solo un mes antes de poder transferirle su derecho de hipoteca, nació Las Vistas. El servicio de conformación le fue brindado a Preza Rodríguez por el bufete de abogados Guerrero y Guerrero, que colocó a una de sus empleadas, Elizabeth González Córdova, como accionista mayoritaria, y a otro, Jorge Méndez Allwood, como administrador único propietario. Los 38 inmuebles pasaron a ser propiedad de Las Vistas el 20 de abril de 2012.

Residencial privada Garden Hills
Proyecto. Las casas fueron construidas con el mismo modelo y color de pintura, en la orilla de la residencial Garden Hills. Tras el muro de la derecha está un terreno que le pertenece a INVERVAL, dueña del 99 por ciento de acciones de Las Vistas.

En el Centro Nacional de Registros y en el Ministerio de Hacienda jamás se vincula al guatemalteco Preza Rodríguez con Las Vistas. Por eso, visto desde afuera y solo con documentos públicos a la mano, la transferencia del derecho de hipoteca parece un negocio entre un particular y una empresa y no entre dos relacionados.

Documentos privados de Las Vistas, a los que SÉPTIMO SENTIDO tuvo acceso, revelan que, ese mismo 20 de abril de 2012, Preza Rodríguez se convirtió en el accionista mayoritario de esta joven empresa, tras aportar sus $2.5 millones en terrenos.

Ese mismo día, le transfirió esas acciones a dos empresas en Panamá: Leeland Overseas y Zerfin. Ambas tienen en sus juntas directivas a personas que aparecen en las juntas directivas de miles de compañías en el país Centroamericano. Es posible que se trate de empleados del mismo bufete panameño que se encargó de la conformación de esas dos empresas: Alemán, Cordero, Galindo y Lee. Preza Rodríguez solo aparece como apoderado en ambas compañías.

Ambas empresas fueron creadas solo unos meses antes de convertirse en las accionistas mayoritarias de Las Vistas y fueron disueltas meses después de que la compañía INVERVAL y el abogado José Mauricio Cortez Avelar pasaran a convertirse en sus nuevos dueños.

La empresa Garden Hills no ha presentado balances financieros de sus actividades desde 2007 (el año de su fundación) ante el Registro de Comercio. El ministerio de Hacienda, por su parte, no le registra ni un solo movimiento desde 2010. Cientos de reportes de omisos se han emitido alrededor de sus actividades.

Los nuevos dueños

El 23 de julio de 2013, Jorge Andrés Méndez Allwood, abogado del bufete Guerrero y Guerrero, renunció a su puesto como administrador único propietario de Las Vistas, para el que había sido elegido para los siguientes tres años en marzo de 2012. Su sustituta fue la ingeniera Lilian Carolina Vidal Díaz.

Lo mismo hizo la suplente de Méndez Allwood, Tanya Camila Hernández de Arce. Esta renuncia es la puerta por la que entró, como sucesor, José Mauricio Cortez Avelar, prestanombres del político José Luis Merino, según instituciones de EUA.

Según el Centro Nacional de Registros, también hubo un relevo en los accionistas. El 99 % de las acciones pasó a manos de la empresa Inversiones Valiosas (INVERVAL). El resto, el 1 %, era del abogado Cortez Avelar, a la sazón administrador único propietario de Inversiones Valiosas.

Documento 01
El cambio. En la credencial de elección de la nueva administración de Las Vistas, donde se escoge a José Mauricio Cortez Avelar como administrador único suplente. También aparece la sociedad INVERVAL como dueña del 99 % de acciones de Las Vistas. El abogado, identificado como testaferro de José Luis Merino, es propietario del 1 % restante.

De este movimiento solo ha quedado rastro en el Registro de Comercio. Para el Ministerio de Hacienda, Elizabeth González Córdova sigue siendo la accionista mayoritaria de Las Vistas. Por lo tanto, al menos para el fisco, INVERVAL no desembolsó ni un centavo para ser la socia mayoritaria de Las Vistas.

Pero, al final de cuentas, INVERVAL y Cortez Avelar sí pasaron a disponer de los 38 inmuebles que, originalmente, le pertenecían a Garden Hills.

INVERVAL nació en agosto de 2012, seis meses después que Las Vistas, la sociedad de la que pasó a ser dueña mayoritaria. INVERVAL ya ha aparecido en el radar de los medios de comunicación en El Salvador por haber sido la receptora, a apenas unos meses de su conformación, de un jugoso préstamo de $16 millones por parte de ALBA Petróleos de El Salvador.

Parte de este dinero, poseído por INVERVAL, puede haberse utilizado para adquirir las acciones de Las Vistas, cuyo valor ascendía aproximadamente a $2.5 millones. Sin embargo, los $16 millones le fueron desembolsados a INVERVAL por parte de ALBA Petróleos con objetivos bien definidos: comprar un lote en la finca Loma Linda y otros tres en la residencial Greenside Santa Elena, iniciar los trabajos de terracería y construir viviendas.

O INVERVAL incumplió su pacto con ALBA Petróleos al destinar parte del dinero a algo que no se había convenido, o el dinero utilizado para esta transacción no tiene justificación de su origen. INVERVAL, por otro lado, no refleja en sus balances financieros en el Centro Nacional de Registros la adquisición de una compañía. Solo se limita a hacer ver que cuenta con una subsidiaria a la que le ha erogado varios préstamos.

Al abogado Cortez Avelar se le buscó en múltiples ocasiones para que diera su versión de los hechos. Primero se hizo escribiéndole un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador, para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de ALBA Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana. Al no obtener respuesta por esta vía, se le buscó en la dirección de PROCREADOR, una de sus empresas. Esta resultó ser, también, su casa de residencia. No estaba. Se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con SÉPTIMO SENTIDO. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

Las casas de lujo vacías

La empresa Las Vistas inició con la construcción de sus 38 casas en 2013. Las labores de edificación finalizaron en 2015.  En octubre de ese mismo año, Las Vistas comenzó a desprenderse de sus viviendas. Las ventas pararon en noviembre de 2016. Desde entonces, no ha reportado una nueva. En ese periodo de 14 meses, la empresa vendió 19 casas. 10 de estas llegaron a manos de personas y empresas relacionadas con el político salvadoreño José Luis Merino. Entre estas está una de sus hermanas, Yanira Elizabeth Merino Cabrera.

En todos los casos, los compradores realizaron préstamos hipotecarios cercanos a los $250,000 para adquirir los inmuebles, con un plazo de más de 20 años para pagar. Sin embargo, siempre tuvieron que aportar de su propio bolsillo cifras que rondan los $60,000 para comprar las casas, pues tienen un valor aproximado de $325,000.

Sin excepción, las viviendas también se encuentran vacías, como se desprende del testimonio de vecinos de esa misma residencial y de una visita realizada al sitio en abril de 2017. Cuatro de las casas le pertenecen a ALBA Petróleos de El Salvador.

Que las viviendas hayan llegado a manos de personas relacionadas y que no estén siendo utilizadas no es casualidad. Según un contador consultado para este trabajo, ello puede servir como una estrategia para amortizar pérdidas por el fracaso de un proyecto inmobiliario. Es decir que la persona que compra no está interesada realmente en adquirir el inmueble, pero le hace el favor a la compañía de sacar un crédito hipotecario para “comprar la casa”. El pago del crédito puede realizarlo, incluso, la misma sociedad que vendió. Siempre hay pérdidas, pero estas no deben cancelarse inmediatamente. Se trasladan al largo plazo.

Un miembro de la Fiscalía General de la República (FGR), sin relación con el caso, asegura que también se puede tratar de una estrategia para el lavado de dinero: una persona puede sacar un préstamo hipotecario de largo plazo para pagarlo, incluso mediante cuotas adelantadas, con dinero proveniente de actividades ilícitas. El dinero, luego, se puede justificar como el resultante de un crédito.

El bufete Guerrero y Guerrero, cuyos miembros brindaron el servicio profesional de fundar la empresa Las Vistas, tiene como su cabeza a Juan José Guerrero. Este abogado es un exdirigente de ARENA. Incluso fue director de asuntos jurídicos y electorales de ese partido.

Juan José Guerrero es un nombre común a varias etapas de esta historia. Primero, porque formó parte de la junta directiva de Garden Hills, la compañía que cedió los 38 lotes, desde 2006 hasta 2010. Segundo, porque fue el notario que se encargó de hacer el documento de la fundación de Las Vistas (la empresa que los adquirió) y de todos los escritos relacionados con la transacción de los inmuebles. Garden Hills, hasta el 2012, mostraba como su dirección la misma del bufete Guerrero y Guerrero. Se buscó a Juan José Guerrero en su oficina para que brindara una entrevista, pero no accedió a la petición.

Fuentes cercanas al bufete aseguraron que Las Vistas había sido creada exclusivamente como un servicio profesional para su cliente José Gregorio Preza, intentando desligarse de estas transacciones.

El otro camino de Las Vistas a ALBA

Además de INVERVAL, la empresa dueña de la mayor parte de sus acciones, Las Vistas ha recibido préstamos de una compañía llamada Energía Orgánica (ENERGOR). Hasta 2015, la suma de estos créditos ascendía a $600,000. Entre estas tres sociedades hay varios nombres de personas que se repiten, según decenas de revisiones hechas en el Registro de Comercio de El Salvador.

José Mauricio Cortez Avelar, el abogado identificado como prestanombres de José Luis Merino, ha estado en las juntas directivas de las tres empresas.

El empresario Carlos Luwind Paz Reyes ha ocupado cargos al mismo tiempo en las juntas directivas de INVERVAL y de ENERGOR, desde el 12 de mayo de 2014 hasta la actualidad. Esta misma persona ha tenido participación en otras empresas financiadas con dinero de ALBA Petróleos, como la Arrocera San Francisco y Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA).

Otro nombre común entre Las Vistas y ENERGOR es el de Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz, quien actualmente funge como administrador único propietario de la primera y como presidente de la segunda. En el Ministerio de Hacienda ha estado registrado como representante legal de Las Vistas desde su fundación.
Buena parte del dinero de ENERGOR proviene de ALBA Petróleos de El Salvador. Los balances financieros presentados ante el CNR de esta última compañía en 2015 indican que la deuda que ENERGOR ha contraído con ella es de más de $15 millones. En 2012, Energía Orgánica recibió un crédito de más de $8 millones de una empresa panameña, APES INC, subsidiaria de ALBA Petróleos. $23 millones en total han sido bombeados desde la compañía de economía mixta.

Tres de las cuatro viviendas que ALBA Petróleos posee en la residencial Garden Hills le fueron cedidas por Las Vistas como una dación en pago. Estas sirvieron para cancelar parte de la deuda de ENERGOR, según lo reflejan los documentos de esta transacción, realizada el 16 de junio de 2016.

Fachada
Empresas vinculadas. Según los datos que han presentado ante el Centro Nacional de Registros, las sociedades Las Vistas, INVERVAL y ENERGOR comparten este local desde el 3 de noviembre de 2015, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al Puerto de la Libertad.

Un mal negocio

La INVERVAL de Cortez Avelar comenzó a inyectarle dinero a Las Vistas a través de préstamos en 2013. En ese ejercicio, fueron $138,699, los que se utilizarían para comenzar las construcciones de 38 casas en igual número de lotes.

Esa cifra aumentaría en los siguientes dos años: $4 millones, en 2014, y $7 millones, en 2015. Eso permitiría que Las Vistas no fuera la dueña de 38 lotes por $2.5 millones, sino de 38 viviendas, que, según la misma empresa, le daban un valor a su inventario de más de $8 millones. El proceso de la construcción, sin embargo, no ha estado exento de irregularidades.

Documento 2
El aumento en el valor. En sus balances financieros de 2015, Las Vistas reportó que sus inventarios superaban los $8 millones, gracias a las construcciones de casas en sus lotes. Lo hizo gracias a $7 millones en préstamos de INVERVAL, a la que identifica como accionista mayoritaria. (clic para ampliar imagen)

En las declaraciones del Impuesto del Valor Agregado (IVA) que Las Vistas ha presentado ante el Ministerio de Hacienda de 2013 a 2017, ha reflejado apenas $32,000 en recibos de crédito fiscal, la forma con la que, por lo general, se adquieren materiales de construcción. Las grandes empresas que venden estos productos no lo hacen si no es de esta manera.

El crédito fiscal tiene un objetivo. Es el monto que una empresa ha pagado en concepto de impuestos al adquirir un insumo y que puede deducirlo ante el Estado al momento de realizar una reventa. La compañía adquiere, por ejemplo, una maleta por $130, de los que 30 corresponden a tributos. Luego, puede vender la misma maleta por $260. Para ello tendría que abonarle al Estado el 30 por ciento de la transacción; es decir, $60. Sin embargo, debido al crédito fiscal, estarán ya reflejados los $30 que ya pagó cuando adquirió el producto y, por tanto, solo tendrá que abonar $30. Se paga un tributo por la ganancia, no por el valor total del producto.

Eso también pasa con las construcciones: el crédito fiscal le permite a una inmobiliaria deducir los impuestos que ya pagó al adquirir los materiales.

Además de revelar informalidad en el proceso de construcción, pues se trasluce que la mayoría de compras se realizaron sin facturas, que Las Vistas casi no echara mano de créditos fiscales representa un tremendo problema contable, donde la empresa podría perder mucho dinero: en los impuestos de renta, pagados al fisco, no se le cobraría por el 30 % de la ganancia (la diferencia entre el costo y el precio de venta); sino, de todo el inmueble.
Eso ha sido compensado, según lo que se refleja en sus balances financieros y en los datos de sus declaraciones del Impuesto sobre la renta, con una muy alta cifra de costos.

Las Vistas comenzó a vender inmuebles en octubre de 2015. Al final de ese año, se había desprendido de seis, por los que declaró unos ingresos de más de $2.6 millones. Pero sus costos fueron muy cercanos: un poco más de $2.3 millones. La ganancia para todo el ejercicio, por tanto, se colocó en $300,000.

Es decir que cada casa se vendió a $433,000, mucho más de lo que se desprende del precio reflejado en las escrituras de compraventa, que fijan esa cifra en un promedio de $325,000. Cada vivienda costó $392,000. La utilidad total para 2015, según sus balances financieros, fue de $160,028 debido a otros gastos.

El siguiente año fue más difícil. Al final de 2016, Las Vistas se había desprendido de otras 13 viviendas, por las que reportó $3.8 millones en ingresos, el equivalente a $297,000 por inmueble, muy cercano al precio de mercado que se establece en las compraventas. Pero los costos representaron una avalancha: $4.9 millones, lo que se traduce en $379,000 por cada casa.

Las pérdidas para ese ejercicio, por tanto, fueron de más de $1 millón. En un contexto como ese, seguir vendiendo sería un mal negocio.

A partir de esto, queda una pregunta en el aire: ¿Por qué decidieron bajar en más de $100,000 el precio promedio de cada inmueble de un año a otro, de $433,000, en 2015, a $297,000, en 2016? ¿Por qué el costo promedio disminuyó en $13,000?

Las Vistas es todavía dueña de 19 casas en la residencial Garden Hills. Ha hipotecado seis de ellas. Dos como garantía de un préstamo, recibido por parte de una persona natural, el empresario de la construcción Raúl Argüello González, dueño de la sociedad Inversiones y Desarrollos Integrales.

Los otros cuatro están hipotecados a favor de Multiinversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, el mismo del que obtuvo el crédito para adquirir su casa Yanira Elizabeth, la hermana del viceministro Merino. Según algunos de los vecinos de Garden Hills, el funcionario ha residido de manera irregular en uno de los inmuebles que todavía le pertenecen a Las Vistas, el número 9 de la calle Zenzontle. Quienes siempre están allí, afirman los vecinos, son sus guardaespaldas.


Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La red de testaferros del viceministro Merino

La red de testaferros del viceministro Merino
La red de testaferros del viceministro Merino

Cuando tuvo que regresar a San Salvador para comenzar a preparar la bajada del cerro de los “compas”, José Luis Merino compró una gaseosa mientras esperaba a que su contacto en la zona llegara. Eran los inicios de 1992 y la tinta estampada en los Acuerdos de Paz todavía estaba fresca.

Recibió la bebida y se fue sin pagar. Más de una década en los cerros, donde la cotidianidad era de combate y supervivencia, donde cada guerrillero recibía sus tres tiempos de comida en el campamento sin preocuparse por conseguirlos, le habían hecho olvidar esa sencilla convención de los tiempos modernos: que los bienes se cambian por dinero. La anécdota la rememora el propio Merino en su libro autobiográfico “Comandante Ramiro”, titulado en honor del nombre que usó durante el conflicto armado, Ramiro Vásquez.

Es el testimonio de un hombre que regresaba de la batalla en los cerros, desacostumbrado del mundo. Una imagen muy lejana a la del José Luis Merino actual.
Es uno de los tres líderes del partido que nació de la extinta guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la institución política que actualmente ocupa el gobierno central. Y desde el fin de su período como diputado en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en octubre de 2016, ocupa un puesto que antes no existía, el de viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. Su labor es la de atraer inversión extranjera en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Economía. Labor por la que recibe un sueldo que ronda los $2,500. También ha sido desde 2006 (el año de su fundación) el asesor y rostro visible de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta salvadoreña de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es dueña en un 60 %. El resto es de ENEPASA, compañía conformada por varias alcaldías gobernadas por el FMLN.

José Luis Merino también es un hombre en la mira de las autoridades estadounidenses, que sospechan de sus finanzas. Una situación difícil de relacionar con la imagen de aquel compa que se refrescó con una gaseosa una tarde de 1992. A mediados de junio de 2017, 14 congresistas de los partidos Demócrata y Republicano le enviaron al secretario del Tesoro de su país una carta en la que solicitan que se indaguen las actividades financieras de Merino.

Los políticos norteamericanos han pedido que se abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”, por los “asocios de larga data” de Merino “con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
Todo un reto: en el registro de comercio de El Salvador, su nombre no aparece en ninguna empresa en activo. La última fue Alba Alimentos de El Salvador, una subsidiaria de Alba Petróleos, de la que fue presidente entre 2012 y 2015. En el extranjero tampoco forma parte de ninguna compañía. No cuenta con inmuebles bajo su propiedad y los tres carros que le pertenecen están de baja en el sistema, por lo que no es legal que circulen por las calles del país. Es, al menos en los registros, un hombre sin posesiones.

Esto no desvanece las acusaciones. El especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, Nelson Mena, señala que una de las figuras que se utilizan con frecuencia para ocultar activos es la del prestanombres o testaferro: una persona que aparece como el presidente de una empresa de la que, en realidad, no es el beneficiario final, o alguien que tiene a su nombre una propiedad que en realidad le pertenece a otra persona.

Uno de los caminos que llevaron a que congresistas estadounidenses de ambos partidos, por lo general opuestos, se decidieran a firmar esa carta fue una investigación preliminar en la que colaboraron elementos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Séptimo Sentido tuvo acceso a esa indagación y contó con el testimonio de dos personas que certificaron su autenticidad, aunque pidieron resguardar sus identidades como condición para expresarse sobre ella.

José Luis Merino
José Luis Merino

Uno de sus principales hallazgos fue la identificación de los que, en su opinión, son los principales testaferros de José Luis Merino, entre los que se encuentran su hermano, Sigfredo Israel Merino Cabrera, y su asistente personal desde hace una década, Erick Giovanni Vega. La investigación destaca, entre todos, el nombre de José Mauricio Cortez Avelar, a quien se define como el más importante. Los criterios utilizados para esto son su reiterada aparición en registros de empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador en varias jurisdicciones, principalmente El Salvador y Panamá.

Según la misma investigación, otro criterio para señalarlo es que Cortez Avelar tiene a su nombre cuatro cuentas en instituciones bancarias en el extranjero: Dos en el Saxo Bank, de Suiza, y dos más en el Banco Espírito Santo, de Brasil. Por tratarse de una investigación preliminar, se ha podido acceder a fuentes vivas, y no a documentación sobre las mismas. No fue posible verificar de forma independiente la existencia de estas cuentas.

Una persona involucrada en las investigaciones, a quien Séptimo Sentido entrevistó por medio de intercambios de correos electrónicos, asegura que la hipótesis apunta a la existencia de una estructura de lavado de dinero que cuenta con José Luis Merino a la cabeza y que luego pasa por un círculo cerrado de colaboradores: su hermano Sigfredo Israel Merino, Erick Vega (su asistente personal desde hace 10 años) y Cortez Avelar. Debajo de ellos hay decenas de participantes de varias nacionalidades.

Se intentó arreglar una entrevista con Erick Vega, el asistente de Merino, pero aún después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas realizadas al número que él mismo le facilitó, no se obtuvo respuesta.

A principios de 1981, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación, José Luis Merino viajó hasta Vietnam para aprender de sus ciudadanos una forma más efectiva de realizar la guerra de guerrillas. Vino admirado por la capacidad de organización de ese pueblo, que tuvo el coraje para vencer al “imperialismo norteamericano”. Y, desde entonces, el antiimperialismo ha sido parte de su discurso.

Pero esto no ha sido impedimento para que aquellos a los que el FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA señalan como sus colaboradores hayan montado empresas, precisamente, en ese país, el mismo en el que, en junio de 2017, 14 congresistas solicitaron una investigación de sus finanzas.

Se trata de una red de tres compañías en el estado de Nevada, Estados Unidos, que ya han sido identificadas en la mencionada investigación. Las tres son de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas los socios responden por las actividades de esta sociedad hasta el límite de sus aportes monetarios.

Las tres sociedades son Alba Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Group y Petro Global International, que estuvieron en activo desde 2011 hasta 2014. De acuerdo con el registro público de Nevada, en estas se repiten como miembros siete personas que también aparecen en las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador, según los respectivos registros de comercio de ambos países centroamericanos.

Relaciones. La imagen de la izquierda corresponde al documento de conformación de Alba Petróleos Las Vegas. En el destacado se aprecian los nombres de José Mauricio Cortez Avelar y Aldo Adrián Aguirre. Ellos y el resto de miembros usan la misma dirección, en esta y las otras dos empresas en Nevada: 4777 E Charleston Blvd, suite 101, Las Vegas. En la imagen de la derecha, está el documento en el que la empresa Alba Refining, una offshore de Alba Petróleos en Panamá, le otorga un poder general a Cortez Avelar y a Aguirre. El poder se le retira a Bassan Kalandos, quien usa la misma dirección que en las empresas en Nevada.

Nevada es, actualmente, un paraíso fiscal y es casi imposible obtener información financiera sobre las actividades de una empresa. Por lo mismo, son un misterio los montos que se han movido en estas compañías. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen, además, otras ventajas en este estado norteamericano: no hay impuestos estatales para las empresas, tampoco se cobra tributo sobre la renta personal de los socios y no existe la figura del intercambio con el Servicio de Rentas Internas (IRS), que pertenece al Departamento del Tesoro, por lo que no hay obligación de compartir información relacionada con sociedades domiciliadas allí con ninguna autoridad federal. Y una persona que no es ciudadana americana puede ser parte de una empresa con solo indicar una dirección domiciliar en el estado, que puede ser una pequeña oficina compartida con decenas de individuos. Los miembros de las tres empresas señaladas remiten en sus registros a la misma dirección.

Además de algunas de las personas que las tres instituciones mencionan como principales testaferros de Merino, en estas compañías en Nevada aparece reiteradamente otra figura, la del guatemalteco Aldo Adrián Aguirre, quien no hace mucho fungió como vicecónsul honorario de su país en Las Vegas y es un nombre común en empresas relacionadas con Alba Petróleos en El Salvador y Panamá.

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El principal testaferro

José Mauricio Cortez Avelar es, ahora, un hombre orquesta, con participación en múltiples negocios. Pero no siempre fue así. De pelo alborotado (en el que conviven el negro y el blanco), mentón prominente y nariz pronunciada, hasta 2010 las actividades profesionales de este abogado de 60 años se habían limitado a servir de notario en los documentos de pequeños negocios, o como apoderado legal de personas que no querían pasar por el engorroso trámite de un proceso civil.

Su suerte comenzó a cambiar a inicios de la presente década, específicamente en 2011. Ese año, un hombre que solo había tenido participación en pequeñas cajas de crédito o en sociedades con orientación religiosa comenzaba a formar parte de las juntas directivas de empresas de los más variados rubros, con una buena estrella desde su nacimiento.
Las mismas empresas que, a partir del siguiente año, serían las receptoras de millonarios préstamos provenientes de fondos de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta de la que José Luis Merino es asesor y el rostro visible cada vez que esta realiza una donación al gobierno central.

En ese 2011, Cortez Avelar también se convertiría en presidente de una compañía en Panamá y en miembro de otra de responsabilidad limitada en Nevada, Estados Unidos. Todas relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña.

Según la revisión de los registros de comercio de El Salvador y Panamá, su participación en sociedades financiadas por Alba Petróleos no dejó de crecer en los años posteriores. Solo en El Salvador ha participado en 15 (aparece como accionista de cinco de ellas) y sigue activo en 10. Es apoderado legal y mercantil en dos de aquellas en las que ha dejado su puesto. En Panamá forma parte de la junta directiva de siete compañías relacionadas con Alba Petróleos. A estas se suman las otras dos de las que es miembro en Nevada, Estados Unidos. Veinticuatro empresas, por las que han circulado millones de dólares, han nacido y han tenido la participación de Cortez Avelar en apenas seis años.

Con todo esto en su hoja de vida, Cortez Avelar podría parecer un potencial magnate de los negocios. Pero, al menos para el fisco salvadoreño, es un hombre de ganancias medias. Eso reflejan las declaraciones de ingresos anuales que el abogado ha presentado al Ministerio de Hacienda salvadoreño desde 2010 hasta 2015. Estas van así: $14,520 (2010), $14,961 (2011), $18,098 (2012), $27,744 (2013), $9,423 (2014) y $33,881.25 (2015).

Es decir que en el año que más ganó (2015), con un total de $33,881.25 para todo el ejercicio, sus ingresos mensuales no pasaron de los $2,750, lo que, al menos en El Salvador, equivale al sueldo máximo de un comisionado de la Policía Nacional Civil o al de un asistente administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Un buen salario, pero lejos todavía de la imagen de un hombre con participación en tantas empresas, dentro y fuera de El Salvador.

A Cortez Avelar se le escribió un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

También se le buscó en la dirección de una de sus empresas, PROCREADOR. Esta resultó ser su casa de residencia. En ese momento no estaba él, sino su hijo, a quien se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con Séptimo Sentido. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

El hombre en Nevada

Aldo Adrián Aguirre es un guatemalteco residente en Las Vegas, Nevada. Fue vicecónsul honorario de su país en esa ciudad desde 2003 hasta 2014, bajo la jurisdicción del consulado de Los Ángeles, California. Según su perfil de Linkedin, entre sus funciones estaba apoyar a los consulados móviles y entrevistar a detenidos y encarcelados guatemaltecos en la localidad. En 2010 también colaboró con la Fundación México Americana para la Defensa y Educación Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), para promover la participación de la comunidad latina en el censo de Estados Unidos de ese año. Aldo no es solo un diplomático y un hombre preocupado por los derechos de su comunidad en el país del Norte.

Aldo Adrián Aguirre también es un hombre de negocios. Ha tenido puestos directivos en varias empresas de Nevada. Una de ellas fue Alianza Consulting Group, compañía de responsabilidad limitada que lo tuvo a él como su agente registrador y único miembro desde 2005 hasta 2014, cuando decidió disolverla. Según él mismo la describía en Linkedin, la sociedad se centraba “en satisfacer las necesidades de asistencia para el desarrollo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo ofreciendo experiencia funcional excepcional, experiencia regional y un compromiso con la excelencia”.

Fue precisamente Alianza Consulting Group la compañía que significó uno de sus primeros vínculos con Alba Petróleos de El Salvador. El 12 de abril de 2011, amparado por esta sociedad, comenzó a ser secretario y tesorero de la junta directiva de Alba Refining Company, Latin América, S. A., una “offshore” inscrita en Panamá de la empresa salvadoreña, según los documentos de conformación de la sociedad en el registro público panameño. Seis días antes había iniciado otra compañía vinculada con Alba Petróleos, Petro Global International, esta vez en Nevada, su estado de residencia.

Su nombre comenzó a ser cada vez más regular en sociedades relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña a partir de 2012. Hasta la fecha, Aldo Aguirre ha tenido participación en las tres compañías de Nevada que forman la red, en tres “offshore” panameñas de Alba Petróleos y en tres empresas relacionadas con esta en El Salvador.

En este último grupo se encuentra Vuelos Económicos de Centroamérica (VECA), aerolínea que copó titulares en la prensa salvadoreña por las irregularidades de su cierre en enero de este año: tras la cancelación de varios vuelos en Costa Rica y El Salvador, se le abrieron expedientes en ambos países. Terminó sus operaciones sin cancelarle a sus empleados el sueldo de enero de 2017 y sus liquidaciones. La empresa alegó que no tenía fondos para pagar. La dueña del 60 % de sus acciones, El-Día Corporation, domiciliada en Curazao, había recibido desde 2013 varios préstamos por parte de Alba Petróleos que, hasta 2015, sumaban más de $39 millones, 10 más de los que El-Día destinó para financiar a VECA. Aldo Adrián Aguirre ocupó el puesto de director secretario de la compañía desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2015.

Aldo reside, actualmente, entre Las Vegas y Ahuachapán, en El Salvador. Así se puede observar en la consulta de sus registros migratorios en el país y en las fotografías que ha subido a una de sus cuentas de la red social Facebook, en las que utiliza el nombre de Mateo Madrid. Este perfil está vinculado a uno de los números que el guatemalteco facilitó a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que pudiera comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

Él es el encargado de informarle a la institución nacional sobre las novedades en la compra de un repuesto cuya ausencia, en teoría, imposibilita que la nave zarpe. Aldo se presenta como parte de la administración y el departamento financiero de Guazapa, S. A.
A ese mismo número se le marcó para consultarle sobre la naturaleza de las empresas conformadas en Nevada. También para despejar una duda: ¿cómo se relaciona un guatemalteco residente en Las Vegas con un político salvadoreño? Esas preguntas debían ser respondidas por el propio Aldo, a quien se le marcó a todos los números, tanto en Panamá como en El Salvador, que facilitó a la AMP para ser contactado. También se le escribió al correo electrónico que entregó para el mismo fin, pero no se obtuvieron respuestas en ninguna de estas vías.

El hermano lejano

Mientras José Luis Merino peleaba la guerra bajo el seudónimo de Ramiro Vásquez, uno de sus hermanos, Sigfredo Armando Merino Cabrera, migraba hacia Estados Unidos en busca de un lugar para vivir en paz. Así fue como pudo obtener la ciudadanía americana. Ha sido su pasaporte estadounidense el que ha utilizado para algunos de sus trámites, como cuando se le concedió un poder general en la subsidiaria de Alba Petróleos en Panamá, APES INC., en 2010.

Tras terminarse la guerra, Sigfredo no tardó mucho tiempo en volver a El Salvador. Y lo hizo para ser la mano derecha de su hermano, José Luis, en varios negocios. El excomandante Ramiro fue beneficiario de créditos dirigidos a que combatientes desmovilizados montaran emprendimientos.

Ambos estuvieron en las juntas directivas de varias empresas, que no han presentado actividad desde los primeros años del nuevo milenio, como Consultores Técnicos Empresariales, J. M., y Valores del Aire. En todas, Sigfredo actuaba como administrador único propietario y como representante legal. Las mismas no lograron los resultados que los hermanos Merino esperaban.

Así, las actividades comerciales de Sigfredo en la pasada década se concentraron, sobre todo, en su participación en la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA), empresa de tratamiento de desechos sólidos contratada, sobre todo, por alcaldías en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del que su hermano José Luis ya era uno de sus principales líderes. Estuvo en CAPSA desde 2003 hasta 2006.

La suerte de Sigfredo, como en el caso de José Mauricio Cortez Avelar, cambió en la presente década: ha estado en puestos importantes en al menos ocho empresas receptoras de millonarios préstamos de Alba Petróleos de El Salvador, compañía de economía mixta de la que fue gerente.

Fachada de Alba Petróleos
Fachada de Alba Petróleos

Séptimo Sentido se contactó ayer vía telefónica con Sigfredo Merino. El empresario afirmó la primera vez que se le buscó que desconocía por qué aparece en una compañía en Nevada, Alba Petróleos Las Vegas. Sostuvo que no tiene nada que ver con esta.
“Allí todo el mundo puede aparecer simple y sencillamente con el robo de identidad… quizá alguien la conformó con el interés de dañar mi imagen”, dijo al mencionarle que es su nombre el que aparece en el registro. Afirmó que hablaría más en una entrevista cara a cara, con documentos de por medio, otro día.

Para algunos militantes de mediano rango del FMLN, que hablan en condición de anonimato, que el hermano de José Luis Merino haya sido tan beneficiado con el dinero proveniente de Venezuela canalizado por Alba Petróleos de El Salvador no termina de convencerlos: no entienden cómo alguien que no peleó la guerra pueda ocupar, hoy en día, puestos tan importantes en el esquema del brazo financiero del partido al que dio vida la guerrilla por la que tantos de ellos ofrecieron su juventud.

El círculo más íntimo de José Luis Merino cuenta con alcances transnacionales e, incluso, ha tenido actividad en el corazón mismo de Estados Unidos, el país que ahora tiene en la mira sus finanzas, a la espera de que la Oficina de Control de Activos Estadounidense (OFAC) oficialice una investigación y defina si, en efecto, se han cometido ilícitos.

La tarde de ayer se buscó a Sigfredo Merino una vez más para explicarle que la publicación se haría hoy, para lograr pactar un encuentro. Respondió que, después de una investigación independiente, certificó que el agente registrador de la empresa, Bassan Izzat Kalandos (a quien afirma que no conoce personalmente), utilizó su nombre sin su permiso para conformar la empresa.

Sigfredo Merino hizo llegar a esta revista una foto de una carta, dirigida a Yanet Cornejo, directora del departamento legal de Alba Petróleos de El Salvador, donde Kalandos le aclara que formó la empresa Alba Petróleos Las Vegas con vistas a futuros negocios en Nevada y para reservar ese nombre. Sin embargo, decidió disolverla pronto, el 19 de febrero de 2013, tras darse cuenta de lo “sensible” de la marca fuera de Estados Unidos y tras las peticiones de sus “contactos venezolanos”.

En los siguientes trabajos de esta serie se dará a conocer un caso que apunta hacia el lavado de dinero y las negociaciones previas a un intento de soborno. En ambos casos están involucrados José Luis Merino y las personas cercanas a él descritas en este primer texto.


Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.