22 centavos por cada tiempo de comida

Expedientes. Del año 2013 a 2016, existen registrados 24,771 avisos de fijación de cuota alimenticia e igual número de expedientes.

22 centavos de dólar por cada tiempo de comida. Esa es la cuota que Jorge le debe pagar a María, su expareja, para la manutención de su hijo de cuatro años. Según la cifra establecida en la Procuraduría General de la República (PGR), María debe poder alimentar a su hijo con $0.66 diarios, es decir, con $20 mensuales.

María tenía un empleo formal hasta hace una semana. Con ese salario intentaba cubrir las necesidades básicas de su hijo, pero los dueños cerraron la farmacia en la que ella trabajaba y la necesidad de una cuota alimenticia más alta para el menor se hizo más evidente.

Ella sabe trabajar desde niña. Su madre tiene una venta de comida en un municipio de Sonsonate y ahí conoció cómo es vivir el cansancio de los adultos. Mientras crecía ayudaba a cuidar a sus hermanos menores, a preparar la comida y a vender frente al mercado.

La escuela fue la diferencia. Fue casi un descanso. Formó un grupo de amigas y se enamoró por primera vez. Cuando cumplió 15 años conoció a Jorge, su compañero de clases, y él le pidió que fuera su novia. Ella aceptó y dos años después quedó embarazada. Él vivía con su madre y María pensó que lo mejor era mudarse con ellos. Creyó que ahí viviría mejor y más tranquila. Tres años después, salió de esa casa con moretones en la cara.

“Nos separamos por el problema”, dice hoy que tiene 22 años. El problema fue que su expareja la golpeó en 2015. María regresó llorando a la casa de sus padres y denunció a Jorge. Un juzgado emitió una orden de restricción en la que se prohibía que Jorge se le acercara durante seis meses. A pesar de que él demostró ser violento, ella dice que ya no pidió que se renovara la orden de restricción “para no tener más problemas”.

María cuenta desde su casa materna que después de la golpiza le pidió a su madre que la acompañara a la sede sonsonateca de la PGR. Ahí solicitó ayuda para fijar un monto para alimentos.

“En la procuraduría me dijeron que como él solo estudiaba y no trabajaba, no tenía de dónde sacar dinero. Dijeron que solo $20 me podía dar porque era lo que podía ir recolectando de lo que supuestamente le da la mamá para la semana”, recuerda María.

En mayo la canasta básica por familia urbana costó $195.20, de acuerdo con cifras gubernamentales. El cálculo de canasta por familia se hace con base en un supuesto de 3.73 personas por familia. La cuota alimenticia que se le fijó a Jorge solo cubre un 10 % de dicha canasta.

Ahora Jorge ya cumplió 22 años y se encuentra estudiando una licenciatura. Pero aunque hayan pasado dos años desde la demanda, la cuota alimenticia que está obligado a darle a su hijo sigue siendo la misma: $0.66 diarios.

Asesoría. En este salón los usuarios de la Unidad de Familia de la PGR se reúnen con asesores legales para evaluar sus casos.

El promedio mensual de cuotas alimenticias que ingresaron a la procuraduría a escala nacional fue de dos millones de dólares entre enero y mayo de este año. Dos millones suena a mucho, pero los beneficiarios son 28,520 menores y cuando la cifra se divide entre ellos, se alcanza una media de $76 mensuales. O sea, $0.84 por cada tiempo de comida.

Gloria espera que la cifra que se logre fijar con el padre de su hija de siete años sea más alta que el promedio. Es una mujer de 28 años, de pelo rubio y labial fucsia. Cuando habla mira a los ojos de quien la escucha y no titubea. Ha venido este martes 4 de julio a la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia a demandar a su expareja y ha pensado solicitar $100.

La menor estudia en un colegio privado de San Salvador donde cobran $25 mensuales. A ese gasto le debe sumar el de útiles escolares, uniforme, transporte y alimentación. La niña y el padre no se ven y ella explica que desde que se separaron no ha recibido apoyo paterno.

“Yo soy independiente. Nunca le había pedido nada, pero pasó el tiempo y dije: ‘Bueno, y ¿por qué dejarlo que esté sin responsabilidad?’”, dice Gloria.
Ella sabe que no hay respuesta para su pregunta y se muestra segura mientras espera sentada sobre unas sillas azules frente a los asesores legales de la PGR.

Por ahora lo único que teme es que el estilo de vida de su expareja no le permita alcanzar una cuota que sirva para compartir con equidad los gastos de la menor.

—Él no trabaja. Supuestamente lo tienen que evaluar y que no sé qué –dice Gloria como fastidiada mientras espera que la atiendan.
—¿De qué vive él?
—Solo de remesas. Por eso es que ni piensa en trabajar –responde antes de brindar sus datos frente a un escritorio.

Cuando Gloria entró a este edificio le dieron un número y así pasó al escritorio de un asesor jurídico a explicar su situación. El proceso de espera es similar al de los bancos. Y a pesar de que aquí también se discute en términos económicos, las historias que se escuchan en este lugar son íntimas y hablan de un país que descuida a sus propios hijos.

Gloria se suma a las 1,276 madres que hasta abril de este año demandaron a los padres de sus hijos por alimentos. El año pasado fueron 5,819 las mujeres que hicieron lo mismo.

Para iniciar el proceso ha traído la partida de nacimiento de su hija, su DUI y una dirección donde se puede contactar a su expareja. Con esa dirección se localizará al demandado y le enviarán una notificación. En ese papel se indicará la fecha y hora a las que será convocado para una audiencia conciliatoria. Usualmente, los procesos de este tipo toman dos meses para resolverse.

El día en que los dos vengan pasarán a una oficina llena de cubículos. Se sentarán al lado y frente a un empleado público tendrán que intentar llegar a un acuerdo sobre el dinero que le corresponde dar al demandado. La audiencia puede terminar de dos formas: que se llegue a un monto por mutuo acuerdo o por “resolución”.

“La resolución ya no es voluntaria. Es impositiva”, explica un asesor legal de la institución. Cuando ni la madre ni el padre logran conciliar sobre la cantidad de dinero suficiente para satisfacer las necesidades de su hijo en común, la procuraduría es quien decide. Y para eso pide pruebas de gastos de las dos partes y en ocho días hábiles comunica la cantidad.

Noel Galicia, asistente legal de la Coordinación Nacional de Familia, asegura desde su escritorio en el séptimo piso de la PGR que en esta institución no se están fijando aportaciones tan mínimas como de $20.

“La cuota alimenticia se fija con base en necesidades y a capacidades económicas”, sostiene. Él se empeña en afirmar que los montos que resultan extremadamente bajos son porque madre y padre así lo acuerdan.

“Nosotros no estamos avalando en ningún momento ese tipo de cantidades. No es posible que un niño y una niña pueda mantenerse ni siquiera con $20 o $25”, afirma Galicia. El asesor comenta que la media es de $50 y “se logra en gran parte a través de la conciliación”.

Sin embargo, otra empleada de este lugar confirma que, como sucede con los trabajadores informales, hay cuotas alimenticias que se fijan y son de solo $15 mensuales por cada hijo. Dicho de otra manera: $0.50 al día.

—Yo he sido irresponsable. Son cosas que se han salido del huacal –dice Erick, quien debe cerca de $1,500 a la madre de su hijo.

28,000. La PGR afirma que son 28,000 niños y adolescentes los beneficiados a partir de las cuotas alimenticias que en la institución se fijan.

Erick es un hombre fornido y de piel clara. La naturalidad con la que dice que ha sido un padre irresponsable sorprende a quienes lo escuchan. Ha venido a dejar a su hijo en la ludoteca de la Unidad de Familia a las 9 de la mañana. El salón está lleno de juegos de mesa, muñecas y animales pintados en las paredes. Es un lugar diseñado para que los niños esperen a sus padres mientras ellos deciden parte de su futuro frente a un funcionario.

Erick hala una de las sillas bajas de niños y se sienta en ella para explicar la situación que, según él, ha influido para que haya pasado un año sin que le brinde dinero a su hijo de seis años. El niño se mantiene a su lado y juega con hormigas de plástico. Está abstraído y parece no escuchar nada de lo que dice su papá.

Erick debía depositar $125 mensuales para la alimentación de su hijo. El problema –sostiene– fue que se vio obligado a renunciar a su trabajo por presión de pandilleros. Dice que también era el dueño de una pupusería, pero que la pandilla de la zona le empezó a exigir una extorsión mensual de $500. Él asegura que pagó $200 hasta que le llamaron desde un penal para exigirle más dinero. Entonces –relata– cerró el negocio y se quedó sin fuente de ingresos.

“Yo tengo los reportes de la Policía de parte del trabajo y de parte del negocio”, dice como intentando convencer a quienes lo escuchan. Afuera lo espera la madre del niño antes de entrar a la audiencia.
Que haya una cifra fijada legalmente no es garantía de que los menores se vean beneficiados. El dinero puede ser descontado en planilla como se hace con un préstamo o los demandados pueden ir a la PGR a pagarla de forma personal. Pero se ha comprobado que ninguna de las modalidades asegura que el dinero llegue de mes a mes.

Solo la mora de padres irresponsables de este año sobrepasa el medio millón de dólares. “El monto que asciende el no pago de la cuota alimenticia por parte de los padres del 1.º de enero al 31 de mayo de 2017 es de $659,739.15”, afirma la PGR. Por otro lado, la mora de las madres demandadas por los padres durante el mismo período es de $8,490.43.

Ser irresponsable con los hijos es un delito. Y puede incluso llevar a la cárcel. Además de no poder salir del país, ni renovar licencia, se puede abrir un proceso judicial en contra del demandado.
En 2015 el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a un padre de familia por encontrarlo culpable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El juzgado logró comprobar que la madre y sus hijos sobrevivían en “condiciones de vida de precariedad”, y el padre –con el incumplimiento del pago– había causado “daños morales y patrimoniales a los menores”.

Audiencia conciliatoria. En esta etapa, las partes demandada y demandante se reúnen con un empleado público para intentar llegar a un acuerdo sobre el monto de la cuota alimenticia.

La pena de ese delito es de uno a tres años de prisión. Así, el tribunal condenó al padre irresponsable a 24 fines de semana de arresto. El juez Antonio Durán explica que en “en estos casos el condenado debe presentarse al penal desde las 7 de la mañana del sábado hasta la noche del domingo”. Además, esta pena no lo exime de su obligación de pagar alimentos.

Erick se ha presentado a esta cita para que su caso de mora no llegue a judicializarse. La madre del niño lo demandó otra vez. “Yo saqué el estado de cuenta. Y salió alta la mora”, explica la mujer con una voz cansada. Ella no es la única. Solo en los primeros cuatro meses del presente año, 875 mujeres demandaron a sus exparejas ante la PGR por esa misma razón.

Erick, porque así lo establece la ley, tendrá que darle dinero a su hijo hasta que cumpla los 18 años. Pero su responsabilidad no termina ahí. Si su hijo se mantiene estudiando después de haber cumplido la mayoría de edad, tiene buenas calificaciones y no se casa ni forma su propia familia, seguirá teniendo derecho a la cuota alimenticia hasta que se convierta en profesional.

Para Erick la urgencia actual es resolver la mora que mantiene con la madre del menor. Se levanta de las sillas pequeñas y se dirige a esperar audiencia junto con su expareja. Antes de salir, le hace un pedido a su hijo: “Jugá con los niños”, y señala a otros menores que juegan, entre risas. Pero el niño está desganado. Ve cómo su padre sale de la ludoteca y le responde que sí, pero sigue jugando solo con sus hormigas de plástico.

—¡Me encachimba, me encachimba! ¡Lo detesto! –dice una mujer mientras acelera el paso y sale de la Unidad de Control de Fondos a Terceros de la PGR. En este salón es donde se puede verificar si los padres ya depositaron el dinero o no.

La mujer, enojada, sale rápidamente y detrás de ella una joven con sus mismos rasgos camina con decepción.

—Ni modo, es lo único que la adolescente dice.

Ludoteca. En este espacio se calcula que cerca de 30 niños juegan a diario mientras sus padres resuelven asuntos legales como custodia, regímenes de visita y alimentación.

Conforme el día avanza, este edificio institucional se va llenando en su mayoría de mujeres. Aquí no solo se resuelven temas relacionados con las cuotas de alimentación, también se llevan procesos de reconocimientos de hijos, divorcios y cambios de nombre.

El problema de la fijación e incumplimiento del pago de alimentación no es solo de padres. También hay madres demandadas. En los primeros cuatro meses de este año, 15 hombres denunciaron a madres de familia para fijar una cifra en concepto de alimentos.

El año pasado fueron 1,226 los padres que demandaron a las madres de sus hijos por temas relacionados con el sustento de los menores, ya sea pidiendo un aumento, una disminución de cuota o porque las madres no cumplieron su deber.

“Le hacemos un llamado a los padres que tienen ese rol de padre y madre para que se acerquen a la procuraduría. Las cuotas no son para ellos, y no por esa cultura machista van a dejar de pedirla”, comenta Noel Galicia, asesor legal de la PGR.

En la procuraduría está claro que la mayoría de casos de abandono de los hijos se dan por parte del padre, pero también saben que existen casos, la minoría, en los que son los hombres quienes deben hacerse caso del cuido de los hijos. El asesor considera que el machismo del país influye en que esos pocos padres no se animen a demandar a las mujeres por miedo a que se cuestione su masculinidad.

El año pasado 176 padres de familia demandaron a las madres por alimentos por primera vez. De cada 100 personas que demandan a sus exparejas, solo tres son hombres.

Ese mismo año, 586 madres estaban registradas en la PGR como alimentantes. Y el monto total de sus aportaciones fue de $456,260.35. En promedio, la cuota entregada por mujeres es de $64.

De los 15 hombres que demandaron a madres los primeros cuatro meses de este año, dos dijeron que sus exparejas residen en el exterior. Cuando el padre o madre vive en el extranjero, el monto que reciben los menores es más alto que el promedio nacional.

Hasta mayo de este año 821 niños recibieron cuotas desde el extranjero. El efectivo lo enviaron 636 padres y madres. La PGR no cuenta con estadísticas actualizadas hasta el mes de junio, pero hasta el “31 de mayo del año 2017 (la cuota del extranjero) ascendió a $479,789.03”, respondió la institución en un escrito.

Cada mes ingresaron alrededor de $95,000 a El Salvador para alimentar a menores de edad. Dividido entre la cantidad de niños, la suma promedio que brindan los padres y madres en el exterior es de $116.

Incumplimiento de pago. Si los demandados se rehusan a cancelar las cuotas establecidas, no pueden salir del país, sacar licencia de conducir ni ser sujetos de crédito.

Con $0.66 centavos se pueden comprar pocas cosas. María, la joven de Sonsonate que cría a su hijo pequeño, lo sabe bien. En el supermercado de su municipio, con esas monedas se puede comprar un paquete de cuatro sabrosadores de carne, o chicles o un yogur pequeño. Si se propusiera comprar a diario la comida de su hijo con lo que recibe de cuota alimenticia, lo más que podría comprar en esta tienda sería una libra de arroz de $0.62. Nada más.

Cuando se le pregunta si ha considerado pedir que se revise su caso, ella responde de forma pesimista. “Lo he pensado, pero para no tener más problemas no he querido ir. Me van a decir que no”.

La procuraduría cuenta con un Instructivo de Fijación, Modificación y Cesación de cuotas alimenticias, pero María no cree que pueda salir favorecida en ese proceso. Una cosa la desanima: el contexto actual de Jorge es igual al que tenía cuando fue demandado en 2015. Sigue estudiando una licenciatura y sigue sin trabajar.

—A él le vale chonga –dice María. El pisto que da, me lo da su mamá –se queja.
Jorge visita al hijo en común constantemente. Ella cuenta que mantienen una relación normal. Le huye a la confrontación, pero sabe que carga la parte más pesada de la crianza. Ella también quería estudiar en la misma universidad que Jorge, pero no tenía los $50 mensuales que se deben pagar ahí. Tiene otros gastos prioritarios.

“En el súper gasto casi $50 y solo me dura 15 días. Le compro la leche, pámperes, jugo, galletas, gelatinas…”, María enumera la lista de compras para su hijo y agrega unos gastos imprevistos que desde lejos parecen mínimos, pero que en la economía diaria hacen la diferencia. “Ayer en la mañana, en un ratito… en cuestión de media hora, gasté casi tres coras comprándole una gelatina y un fresco”. Por ahora ella ha vuelto al negocio que conoce desde pequeña: ayuda en el puesto de su madre a preparar comida y vende frente al mercado.

*Algunos nombres han sido cambiados a solicitud de las familias.

Retroactividad. Las cuotas alimenticias solo se exigen desde el momento en el que se interpone la demanda. No pueden ser retroactivas desde que el menor nació.