El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de seis mil personas fueron asesinadas en el 2015; el 91%, hombres. Las cifras indican que a las mujeres las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. Siempre en 2015, el 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.
Solo en ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos.
Por cada diez delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte en el escenario de la mayoría de agresiones. “Este dato desmitifica la creencia (de) que las mujeres son violentadas sexualmente en la calle y por extraños. El mayor riesgo lo enfrentan en sus hogares”, dice el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en su ¨Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres¨.
La mayoría de víctimas de abuso sexual no habían cumplido los 20 años cuando ya se encontraban en medio de un proceso judicial en el que tenían que declarar ante la justicia cosas que ninguna persona debería vivir. El 63% de las víctimas de hace dos años eran niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.
Los casos de violencia contra las mujeres aumentan conforme ellas avanzan hacia la mayoría de edad. 287 niñas que tenían entre 5 y 9 años fueron reportadas por la Fiscalía como víctimas de agresiones sexuales durante el 2015.
Cuando las mujeres cumplen los 19 años, los actos de violencia sexual hacia ellas disminuyen drásticamente. De mil 700 actos de violencia sexual contra adolescentes entre los 15 y 19 años, la cifra se reduce a 354 agresiones para el grupo de mujeres de 20 a 24 años.
La violencia sexual no solo las obliga a someterse a procesos legales. Las agresiones traen consecuencias directas en la salud de quienes las sufren. Si el Estado salvadoreño no ha podido evitar que año con año miles de salvadoreñas sean víctimas de estos abusos, está obligado a garantizarles su derecho a la salud de acuerdo al artículo 57 de la Ley especial integral para una vida de violencia de las mujeres (LEIV), la Guía Clínica de la Profilaxis Pos Exposición del Ministerio de Salud y los Líneamientos técnicos para la atención integral a todas las formas de violencia del MINSAL.
La garantía de la salud no siempre se concreta. Así, aunque una víctima de violación se acerque después del ataque a las autoridades de justicia, existe la posibilidad de que no sea trasladada a tiempo a un hospital para recibir anticoncepción de emergencia y tratamiento contra el VIH.