Quienes lo presenciaron cuentan que en 2011 hubo un \u00e9xodo de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes saliendo de instituciones de resguardo del Estado hacia sus casas, con sus familias biol\u00f3gicas. La Ley de Protecci\u00f3n Integral de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (Lepina), una norma que prioriz\u00f3 devolver a los ni\u00f1os en instituciones del Estado a sus familiares, entr\u00f3 en vigencia en El Salvador. En aquel tumulto iban Jos\u00e9 y Alejandro, que no terminaban de entender lo que pasaba. Dos hermanos de nueve y 11 a\u00f1os a los que su madre abandon\u00f3 en un hogar de acogida.<\/p>\n
En casa, Jos\u00e9 y Alejandro se encontraron con un hombre que solo sab\u00eda tratarlos con crueldad. Los obligaba a trabajar y \u2014 si no llevaban la cuota diaria de dinero\u2014 los ataba y los golpeaba, o los encerraba en un cuarto y los dejaba sin comer. Ambos fueron devueltos a una familia, s\u00ed. Pero a una abusiva y negligente. El Estado los regres\u00f3 a una madre que los rechazaba constantemente y a un padrastro que los laceraba a golpes.<\/p>\n
En 2010, el Instituto Salvadore\u00f1o Para el Desarrollo Integral de la Ni\u00f1ez y la Adolescencia (ISNA) report\u00f3 m\u00e1s de 11 mil ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes institucionalizados. As\u00ed llama el Estado a los menores de 18 a\u00f1os que est\u00e1n bajo sus cuidados en instituciones, orfanatos, hogares, familias sustitutas o acogimiento familiar. Con la aplicaci\u00f3n de la Lepina, el n\u00famero disminuy\u00f3 de forma considerable. Solo para 2011, la instituci\u00f3n registr\u00f3 tres mil menores menos. Y, en 2020, el sistema de datos del ISNA report\u00f3 una poblaci\u00f3n de un poco m\u00e1s de cuatro mil institucionalizados. Menos de la mitad que hace diez a\u00f1os.<\/p>\n
En 2011, la Lepina entr\u00f3 en vigencia. Esto marc\u00f3 un punto de quiebre en los mecanismos de protecci\u00f3n. Antes de la ley, se llevaba a los ni\u00f1os agredidos a centros de protecci\u00f3n. Muchos se quedaban ah\u00ed hasta cumplir los 18 a\u00f1os. Ante este problema, la nueva legislaci\u00f3n prioriz\u00f3 la uni\u00f3n familiar para restablecer la procuraci\u00f3n de sus derechos. Esto, claro, junto a acciones que garantizaran \u201cel fortalecimiento de los lazos familiares y la superaci\u00f3n de las causas que motivaron la medida\u201d de protecci\u00f3n. Y as\u00ed se comenz\u00f3 a regresar a ni\u00f1os como Jos\u00e9 y Alejandro a sus casas. Pero el Estado, en muchos casos, ha sido incapaz de garantizar que una familia o que el entorno familiar violento se reforme.<\/p>\n
Seg\u00fan explican expertos consultados por esta investigaci\u00f3n de La Prensa Gr\u00e1fica y CONNECTAS, a muchos de esos ni\u00f1os y adolescentes las autoridades jam\u00e1s les dieron seguimiento. Y volvieron a las mismas condiciones de abuso y violencia de las que hab\u00edan salido en primer lugar. As\u00ed,\u00a0como Jos\u00e9 y Alejandro.<\/p>\n
Las juntas de protecci\u00f3n del Consejo Nacional de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (CONNA) son las entidades encargadas de dictar medidas que garanticen la protecci\u00f3n de menores amenazados o vulnerados. Conformadas por un abogado, un trabajador social y un psic\u00f3logo, son quienes determinan cu\u00e1ndo un ni\u00f1o puede volver con su familia.<\/p>\n
Miguel, un exempleado de una junta de protecci\u00f3n que habla con condici\u00f3n de anonimato, cuenta que la falta de seguimiento de casos no ha cambiado. A los ni\u00f1os que tienen suerte, dice, los visitan hasta un a\u00f1o despu\u00e9s de haberlos regresado con sus familias. Pero eso casi nunca pasa. No hay tiempo. Ni recursos. Ni voluntad.<\/p>\n
Por eso, muchos, como Jos\u00e9 y Alejandro, regresaron a las manos de sus agresores o de nuevos agresores. A ellos los maltrataron y torturaron durante tres meses. Y cuando no pudieron m\u00e1s, huyeron para buscar ayuda en otros familiares. Nadie quer\u00eda recibirlos.<\/p>\n
Finalmente, al ver que los ni\u00f1os no ten\u00edan a d\u00f3nde ir, unos t\u00edos les dieron un lugar para dormir. Pero los separaron. Alejandro se qued\u00f3 en la zona urbana, le pusieron una colchoneta en un garaje; y a Jos\u00e9, en el campo, le dieron espacio en un cuarto descuidado donde se guardaba la le\u00f1a. As\u00ed crecieron, separados. As\u00ed, llenos de traumas.<\/p>\n
El problema de origen son los mecanismos para garantizar que estos parientes est\u00e1n en condiciones de brindar protecci\u00f3n. El proceso de reintegro se sigue sin realizar estudios adecuados de las familias a las que los ni\u00f1os van a ser enviados ni claridades sobre las condiciones de los hogares en los que van a vivir.<\/p>\n
Para los ni\u00f1os y sus familiares no hubo acompa\u00f1amiento social, legal ni sicol\u00f3gico. \u201cNo se hizo un trabajo integral\u201d,\u00a0explica Carlos Flores, Asesor Nacional de Protecci\u00f3n Infantil de Aldeas Infantiles SOS, una organizaci\u00f3n internacional que procura el bienestar de la ni\u00f1ez y adolescencia en El Salvador.<\/p>\n
Entonces, el problema no es que la ley busque dar prioridad a la uni\u00f3n familiar, dice\u00a0Crissia P\u00e9rez, una abogada con amplia experiencia en derechos de ni\u00f1ez y adolescencia. Ese es, de hecho, uno de sus grandes logros. Lo que falla son los procedimientos porque \u201cno analizan todas las condiciones que deben reunirse para que un ni\u00f1o pueda volver a casa, con su familia\u201d.<\/p>\n
Y por eso muchos llegan a lugares de tortura.<\/p>\n
\u201cIncluso, se ha reintegrado a ni\u00f1os y ni\u00f1as en contra de su voluntad. Porque: \u2018Pues s\u00ed, es su mam\u00e1, es su pap\u00e1, va a cambiar\u2019. Pero como no les damos las herramientas para que lo hagan, los casos vuelven, y peor\u201d, explica Martha, una empleada del CONNA que habla con la condici\u00f3n de anonimato.<\/p>\n
Martha y otras fuentes del sistema de protecci\u00f3n advierten que ni el CONNA ni el ISNA tienen programas integrales de fortalecimiento familiar. Para la construcci\u00f3n de este reportaje se busc\u00f3 la postura de ambas instituciones. Ninguna accedi\u00f3 a la entrevista.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Ser salvador y agresor <\/strong><\/p>\n Un d\u00eda, el padre de Claudia ya no la golpe\u00f3 m\u00e1s. Fue el mismo d\u00eda que la abandon\u00f3. La dej\u00f3 en la casa de un vecino despu\u00e9s de prometer que m\u00e1s tarde volver\u00eda a buscarla. Pero no regres\u00f3. El vecino no se pod\u00eda hacer cargo de ella, as\u00ed que puso una denuncia para que la instituci\u00f3n encargada de la ni\u00f1ez en riesgo se la llevara. Y as\u00ed la ingresaron al centro de protecci\u00f3n en el que vivi\u00f3 por un tiempo. Claudia, para entonces, no hab\u00eda cumplido ni los diez a\u00f1os.<\/p>\n De la madre de la ni\u00f1a se sab\u00eda muy poco, pero el Estado logr\u00f3 encontrarla. Y eso que debi\u00f3 ser un final feliz, fue todo lo contrario. Las instituciones del Sistema de Protecci\u00f3n Integral no\u00a0supieron, hasta muy tarde, que Claudia cay\u00f3 en manos de nuevos agresores.<\/p>\n La ni\u00f1a lleg\u00f3 a vivir a una comunidad controlada por las pandillas. Pero la presencia de estas no era lo \u00fanico que la pon\u00eda en riesgo en una peque\u00f1a casa ubicada a la orilla de una quebrada. En ese lugar, pasaba mucho tiempo sola, mientras su madre y su padrastro sembraban y cosechaban en el campo. A ella, que como su madre, ten\u00eda una discapacidad intelectual, nadie le garantizaba cuidados. Ya no iba a la escuela. Y era com\u00fan que la dejaran sin comer. A veces, lo \u00fanico que la rescataba del hambre era un \u00e1rbol de mango.<\/p>\n En ocasiones, su padrastro regresaba a casa cuando ella estaba sola.<\/p>\n Con el tiempo, una persona que convers\u00f3 con la ni\u00f1a se dio cuenta de que hab\u00eda indicios de que su padrastro la tocaba. Tambi\u00e9n not\u00f3 el abandono en el que se encontraba. Y, de nuevo, el Estado fue alertado. La junta de protecci\u00f3n del Consejo Nacional de Ni\u00f1ez y Adolescencia (CONNA) supo\u00a0de la situaci\u00f3n, informa una fuente del sistema. Pero no atendi\u00f3. La dej\u00f3\u00a0a su suerte.<\/p>\n Historias como la de Claudia las relatan fuentes que est\u00e1n dentro y fuera del CONNA, que prefieren no decir sus nombres porque, como explica una: \u201cNos da miedo hablar, porque tenemos mucho que perder por c\u00f3mo est\u00e1 el ambiente. Yo no quiero que se mencione mi nombre, porque en el sistema nos atacan. No quiero que aparezca por las consecuencias que vienen despu\u00e9s. Tenemos que andar con mucho cuidado todo el tiempo\u201d.<\/p>\n Esta persona, desde su experiencia, se\u00f1ala que uno de los grandes vac\u00edos de la ley es que no se establecen criterios m\u00ednimos para que un ni\u00f1o o ni\u00f1a sea devuelto a su familia de origen. \u00a0Esto da paso a que las juntas hagan devoluciones discrecionales. La ausencia de estas aclaraciones da demasiado margen para la libertad de acci\u00f3n, no son pocos los reintegros que acaban en tragedia.<\/p>\n Ella lo explica as\u00ed: \u201cEl \u00fanico criterio que existe en este momento es que sea familia biol\u00f3gica. Si encuentran a una t\u00eda, por ejemplo, el ni\u00f1o puede ir con ella. Pero no hay una lista \u00a0de requisitos para saber si este familiar tiene la capacidad para brindarle alimentaci\u00f3n diaria o si las condiciones f\u00edsicas son las adecuadas: como un lugar para que el ni\u00f1o duerma. O saber si lo van a poner a estudiar\u201d.<\/p>\n A los diez a\u00f1os, Claudia tuvo su primera menstruaci\u00f3n. Poco tiempo despu\u00e9s, uno de sus vecinos la abus\u00f3 sexualmente. La agresi\u00f3n fue muy violenta. Claudia, a esa edad, necesit\u00f3 de una operaci\u00f3n para reparar los da\u00f1os f\u00edsicos causados por aquel hombre. A ella, una ni\u00f1a que fue v\u00edctima de violencia f\u00edsica, y, que por el abandono institucional devino en v\u00edctima de violencia sexual, el Estado la llama \u201creintegrada\u201d.<\/p>\n Fue hasta ese momento, luego de varias llamadas de alerta, que la junta de protecci\u00f3n actu\u00f3. Tarde, muy tarde, Claudia volvi\u00f3 a los cuidados del Estado, el que la rescat\u00f3 una vez, pero que termin\u00f3 entreg\u00e1ndola en manos de otros agresores porque no previ\u00f3 las condiciones del entorno y de la vida de la familia en la que depositar\u00eda a una ni\u00f1a en riesgo.<\/p>\n Entre 2017 y 2020, el CONNA reporta que 2,927 ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes fueron protegidos por el sistema con medidas de acogimiento de emergencia. Es decir, los separaron de su familia y los dejaron bajo los cuidados del ISNA o de otros parientes. De ellos, se reintegr\u00f3 a 1,170. En esos cuatro a\u00f1os, 254 menores integrados en entornos familiares tuvieron que volver a los cuidados de las autoridades. Algunos, hasta en cuatro ocasiones, seg\u00fan datos proporcionados por esa instituci\u00f3n.<\/p>\n No todos los reintegros son exitosos. Pero el problema parece ser a\u00fan mayor. Fuentes expertas advierten que el subregistro de reintegros que fracasan es grande.<\/p>\n Un hogar para ni\u00f1ez en situaci\u00f3n de abandono o con medidas de protecci\u00f3n dio seguimiento a 25 reintegros y egresos ejecutados entre 2012 y 2018 para saber en qu\u00e9 condiciones se encontraban los ni\u00f1os y, en otros casos, quienes ya son adultos. En la mayor\u00eda se identific\u00f3 que volvieron a la situaci\u00f3n que, en el pasado, origin\u00f3 que el sistema los resguardara: trabajo infantil, negligencia en el cuido, mendicidad, padres alcoh\u00f3licos, abandono y abuso sexual. Otros se volvieron parte de una pandilla o tuvieron problemas de alcoholismo y drogadicci\u00f3n. Uno muri\u00f3.<\/p>\n Poca voluntad y falta de recursos<\/strong><\/p>\n Entre 2012 y 2020, las juntas de protecci\u00f3n del CONNA recibieron m\u00e1s de 100 mil casos de presuntas amenazas o\u00a0vulneraciones a los derechos de la\u00a0ni\u00f1ez y adolescencia. La cifra es, cuanto menos, alarmante. Sobre todo en un pa\u00eds en el que no todos los casos de abuso o maltrato son denunciados.<\/p>\n En esos ocho a\u00f1os, la mora de las juntas sumaba m\u00e1s de 53 mil casos.<\/p>\n La mora est\u00e1 constituida, explica Glenda Aguilar, subdirectora de defensa de derechos individuales del CONNA, por \u201clos expedientes que se encuentran pendientes de ser diligenciados y los que se encuentran en proceso con medidas cautelares emitidas\u201d. Es decir que mientras las juntas toman una decisi\u00f3n sobre estos casos, los ni\u00f1os pueden seguir en entornos de riesgo. En la mayor\u00eda de casos en mora no se ha hecho \u201cabsolutamente nada\u201d, dice Martha, la empleada del CONNA que habla desde el anonimato.<\/p>\n Para 2021, esa instituci\u00f3n destin\u00f3 un poco m\u00e1s de 5.5 millones de d\u00f3lares en su presupuesto para la garant\u00eda y protecci\u00f3n efectiva de los derechos de los menores. Adem\u00e1s, el Programa de inversi\u00f3n de ni\u00f1ez y adolescencia, que consiste en \u201cfortalecer las capacidades operativas territoriales de las juntas de protecci\u00f3n\u201d, apenas pasa de los 1.8 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n En ese sentido, en agosto de este a\u00f1o, la Asamblea Legislativa aprob\u00f3 un recorte de m\u00e1s de 14 millones de d\u00f3lares al presupuesto del ISNA y de un mill\u00f3n de d\u00f3lares al presupuesto del CONNA. Los fondos se reorientaron para reforzar, entre otros ramos, a Defensa Nacional, Econom\u00eda, Justicia y Seguridad P\u00fablica y a la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n Trabajar desde el inicio con las familias requerir\u00eda de m\u00e1s tiempo y recursos. El problema es que las juntas de protecci\u00f3n est\u00e1n saturadas.<\/p>\n Uno de los aspectos que no se contempl\u00f3 en la creaci\u00f3n de la Lepina fue la cantidad de juntas de protecci\u00f3n frente a la demanda social, se\u00f1ala Flores, de Aldeas Infantiles SOS. Solo hay 16 juntas a escala nacional. Y, en 2020, recibieron 9,416 casos, 11,277 presuntas v\u00edctimas de amenaza o vulneraci\u00f3n y 13,369 presuntas amenazas o vulneraciones a derechos.<\/p>\n En ese mismo a\u00f1o, solo la junta de protecci\u00f3n del departamento de San Miguel recibi\u00f3 897 casos.<\/p>\n Martha asegura que estos equipos perdieron la sensibilidad. Por ejemplo, muchos trabajadores sociales ya no salen a campo a supervisar las condiciones en las que viven los ni\u00f1os y adolescentes. Y as\u00ed, sin patear terreno, es muy dif\u00edcil que el equipo multidisciplinario dimensione el problema.<\/p>\n \u201cSon bien c\u00f3modos. A muchos de los que les toca salir a campo, no les gusta hacerlo. Adem\u00e1s, hay un mont\u00f3n de gente conflictiva, gente que no quiere trabajar. Son haraganes, hay que andarlos chineando. Hay personal incompetente que jam\u00e1s aprendi\u00f3, que no le interes\u00f3 aprender. Y hay otros que maltratan a los usuarios\u201d, se queja Martha.<\/p>\n A veces, los diagn\u00f3sticos de la situaci\u00f3n familiar los hacen por tel\u00e9fono. \u201cEstos equipos est\u00e1n quemados. Muchos de ellos est\u00e1n indiferentes. Eso tiene que ver con que la mayor\u00eda ha trabajado ah\u00ed por m\u00e1s de diez a\u00f1os y ve los casos como n\u00fameros y no como personas. Est\u00e1n abrumados\u201d, se lamenta otra fuente que trabaja en el sistema y confirma sus debilidades pero tambi\u00e9n con la condici\u00f3n de anonimato.<\/p>\n Miguel recuerda que trabajar en una junta de protecci\u00f3n es agotador. Tambi\u00e9n es riesgoso.<\/p>\n La violencia en El Salvador es uno de los factores que m\u00e1s influye para que no se haga un an\u00e1lisis exhaustivo antes de devolver a un ni\u00f1o con su familia, se\u00f1ala. Los equipos no pueden ingresar a zonas que est\u00e1n controladas por las pandillas. \u201cLa delincuencia es una realidad que viven los equipos multidisciplinarios. Ya hemos tenido consecuencias. Hubo una persona que fue asesinada y quemada cuando visit\u00f3 una comunidad. Y otra persona tuvo que huir del pa\u00eds porque la amenazaron. Se salv\u00f3 de milagro\u201d, relata.<\/p>\n Una investigaci\u00f3n realizada por este medio revel\u00f3 que, durante los \u00faltimos diez a\u00f1os, el 59% de la poblaci\u00f3n a escala nacional vivi\u00f3 en municipios que reportaron una tasa de 40 homicidios por cada diez mil habitantes.<\/p>\n Hay otra limitante, dice Miguel, y son los recursos. Por ejemplo, cuando tienen que desplazarse a zonas muy lejanas en el departamento, necesitan utilizar el veh\u00edculo durante todo el d\u00eda. Eso significa utilizar el \u00fanico carro de la junta para investigar un caso. \u201cSi tenemos 28 d\u00edas para hacer la investigaci\u00f3n, y nos tardamos todo el d\u00eda en hacer una visita, eso nos representa un gran retraso en el resto del trabajo\u201d.<\/p>\n El CONNA ha dispuesto solo 18 veh\u00edculos para las 16 juntas de protecci\u00f3n y cada una, solo en 2020, tuvo un promedio de 589 casos.<\/p>\n Proteger para luego abandonar<\/strong><\/p>\n Alejandra poco supo del cari\u00f1o durante su ni\u00f1ez. Tampoco conoci\u00f3 sobre el cuidado. El pap\u00e1 de su padrastro la violaba, y en su casa nadie hac\u00eda nada para evitarlo. A los 14 a\u00f1os, antes de poder llegar al noveno grado, se enter\u00f3 de que estaba embarazada. El Salvador es uno de los pocos pa\u00edses en los que el aborto est\u00e1 penado en todas las circunstancias.<\/p>\n Cuando las autoridades se dieron cuenta de que la adolescente pronto iba a ser madre, la llevaron a uno de los centros de protecci\u00f3n del Estado. Un lugar en el que hab\u00eda comida, educaci\u00f3n, salud y vestuario. Mucho de lo que nunca tuvo en casa. \u00a0El resguardo del Estado, sin embargo, dur\u00f3 muy poco.<\/p>\n Nicol\u00e1s, su hijo, naci\u00f3 con microcefalia. A pesar de que el beb\u00e9 necesitaba cuidados especiales, ambos fueron devueltos a su familia biol\u00f3gica. Esa que un tiempo atr\u00e1s no protegi\u00f3 a Alejandra de su violador. Y ella comenz\u00f3 a criar sola a un beb\u00e9. Porque en casa no les daban comida. Mucho menos medicinas.<\/p>\n Alejandra, convertida en madre, ya no pudo ir a estudiar. Su mam\u00e1 y su padrastro solo les procuraron \u00a0un espacio para dormir. Para ambos menores, el cuadro rayaba en el abandono. Uno que el Estado propici\u00f3, porque les retir\u00f3 sus cuidados y los llev\u00f3 a una casa negligente.\u00a0Pero la situaci\u00f3n era m\u00e1s complicada: el agresor segu\u00eda en libertad. La familia de Alejandra no denunci\u00f3.<\/p>\n Tiempo despu\u00e9s de que el sistema los devolviera a esa casa, Nicol\u00e1s muri\u00f3 por complicaciones m\u00e9dicas producidas por ausencia del cuidado que su condici\u00f3n de salud requer\u00eda. Y Alejandra se hundi\u00f3 en depresi\u00f3n. Sin cari\u00f1o y con el est\u00f3mago vac\u00edo, antes de cumplir los 18 a\u00f1os, se fue a vivir en pareja con un hombre mayor.<\/p>\n A los problemas de saturaci\u00f3n, apat\u00eda y falta de recursos de las juntas se suma la presi\u00f3n que emiten los Juzgados Especializados de la Ni\u00f1ez y Adolescencia (JENA), que tambi\u00e9n han ordenado reintegros. \u201cMuchos que luego volvieron a junta de protecci\u00f3n con m\u00e1s vulneraciones\u201d, dice una de las fuentes.<\/p>\n Este medio busc\u00f3 jueces JENA pero ninguno accedi\u00f3 a dar una entrevista.<\/p>\n \u201cEstuve en un evento en el que la jueza dec\u00eda: \u2018Nuestro deber es restituir derechos, pero no darles seguimiento. Cuando se reintegra a los ni\u00f1os con su familia o con un tutor, los jueces dan seguimiento solo por tres meses. Asumen que todo va a estar bien\u201d, explica Claudia Cordero, directora de Fundaci\u00f3n \u00c9xodo, un hogar privado que acoge a ni\u00f1os y adolescentes en situaci\u00f3n de riesgo social.<\/p>\n Invisibles <\/strong><\/p>\n El Estado, durante a\u00f1os, ha regresado a ni\u00f1os a lugares de tortura. A ni\u00f1os que estaba obligado a proteger.\u00a0Por eso, ahora Claudia tiene cicatrices que le recuerdan c\u00f3mo a su diez a\u00f1os fue v\u00edctima de la barbarie. Y Nicol\u00e1s est\u00e1 muerto. \u00c9l, como otros ni\u00f1os, no tiene un lugar dentro del sistema.<\/p>\n El CONNA no lleva ning\u00fan registro de ni\u00f1os y adolescentes que, luego de estar bajo su protecci\u00f3n y ser reintegrados, fallecieron en sus hogares, con su familia biol\u00f3gica. De acuerdo con la instituci\u00f3n, este dato no existe \u201cen virtud de que una de las responsabilidades de las juntas de protecci\u00f3n es la restituci\u00f3n de derechos y la vida es un derecho que no se puede restituir\u201d.<\/p>\n La vida no se puede restituir.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En El Salvador, los ni\u00f1os est\u00e1n desprotegidos: m\u00e1s de 100 mil alertas de amenazas o vulneraciones a los derechos de la ni\u00f1ez y la adolescencia recibieron las juntas de protecci\u00f3n entre 2012 y 2020. Los que en alg\u00fan momento son rescatados de padrastros que abusan o parientes que torturan, con frecuencia, regresan a esas circunstancias porque el Estado es incapaz de garantizar protecci\u00f3n y un entorno libre de violencia. De 10 mil ni\u00f1os bajo custodia institucional en 2010, la cifra se redujo a 3 mil en 2020. Se ha devuelto a cientos de ni\u00f1os a hogares de abuso. Esta es la historia de Alejandra, Nicol\u00e1s, Claudia, Jos\u00e9, Alejandro, y de un sistema que los abandon\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":9866,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n