{"id":7947,"date":"2020-07-05T00:10:20","date_gmt":"2020-07-05T06:10:20","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=7947"},"modified":"2020-07-04T21:09:15","modified_gmt":"2020-07-05T03:09:15","slug":"en-medio-de-la-pandemia-sara-busca-a-miguel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/en-medio-de-la-pandemia-sara-busca-a-miguel\/","title":{"rendered":"En medio de la pandemia, Sara busca a Miguel"},"content":{"rendered":"
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Ilustraciones de Moris Aldana y Carlos Aguirre<\/figcaption><\/figure>\n

Miguel sali\u00f3 rumbo a Montelimar<\/span> en el municipio de Olocuilta<\/span>, departamento de La Paz, a eso de la una de la tarde luego de una llamada con un cliente que le solicit\u00f3 gas propano. Su trabajo consist\u00eda en entregar productos a domicilio en la misma localidad. Ir y venir con pedidos a los barrios El Carmen, El Calvario y Cuyultit\u00e1n<\/span> era una tarea que, en los \u00faltimos siete meses, desarrollaba sin problemas en su motocicleta. A pesar de que deb\u00eda de cruzar territorios entre una pandilla y otra, rivales, para llegar a las comunidades.<\/p>\n

Aquella tarde del 9 de abril, Miguel recogi\u00f3 en el despacho de productos, ubicado en el casco urbano de Olocuilta<\/span>, dos cilindros de gas de 25 libras y se dirigi\u00f3 hacia Montelimar<\/span>. Al llegar, Miguel se detuvo en un control veh\u00edcular<\/span> para limpiar las llantas de su motocicleta y ser rociado con una mezcla de alcohol y cloro en un ritual de desinfecci\u00f3n que adopt\u00f3 la comunidad para escapar del coronavirus<\/span> durante la cuarentena domiciliar que inici\u00f3 el 21 de marzo. Ah\u00ed fue visto por \u00faltima vez.<\/p>\n

Quien cuenta esta historia es Sara, la madre de Miguel, una mujer de 40 a\u00f1os a la que el paso de los d\u00edas, 88 para ser exactos, le ha robado la tranquilidad ante la ausencia de Miguel. Sentada en una hamaca en el pasillo del pupilaje donde viv\u00eda su hijo, un peque\u00f1o cuarto donde el joven de 21 a\u00f1os acu\u00f1aba una cama, unos cajones que ajustaba como ropero y una cocina de mesa, Sara suplica saber: \u00bfQu\u00e9 pas\u00f3? \u00bfA d\u00f3nde est\u00e1?<\/p>\n

En El Salvador, dar respuestas a las s\u00faplicas de familias que, como Sara, piden una explicaci\u00f3n de cara a la desaparici\u00f3n de un hijo, una hija, un hermano, un sobrino es un terreno complejo. No existe una ley que ayude en la b\u00fasqueda ni ampare a los familiares de las v\u00edctimas ante su ausencia. Tampoco hay un sistema donde se pueda establecer un reporte -sin necesidad de iniciar una acci\u00f3n legal- para investigar sobre el paradero de las v\u00edctimas. Esto hace que muchas familias no se atrevan a denunciar y que las cifras oficiales no den cuenta de estos casos.<\/p>\n

De momento, solo hay un documento interinstitucional que da luces a la Polic\u00eda Nacional Civil, Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, Instituto de Medicina Legal y otras entidades para activar el Protocolo de Acci\u00f3n Urgente y Estrategia de B\u00fasqueda (PAU<\/span>). Lineamientos que suponen actividades inmediatas y coordinadas para la localizaci\u00f3n de las v\u00edctimas tras el reporte de su desaparici\u00f3n. Tambi\u00e9n se cuenta con una reforma al C\u00f3digo Penal que incluye como delito la “desaparici\u00f3n de personas” con penas de c\u00e1rcel que rondan los 15 a 25 a\u00f1os.<\/p>\n

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos casta\u00f1os, ojos caf\u00e9 claro, piel morena y facciones sim\u00e9tricas. “Algunas personas dijeron que s\u00ed lo vieron entrar, pero ya no regresar”, dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: “\u00bfQui\u00e9n podr\u00eda querer da\u00f1ar a “Miguelito<\/span>“, si todos lo conoc\u00edan?”.<\/p>\n

Que Miguel y su familia fueran reconocidos en los alrededores del municipio, seg\u00fan Sara, era la \u00fanica garant\u00eda que el joven ten\u00eda para repartir pedidos en las comunidades de Olocuilta<\/span>, ya que por a\u00f1os ella, su esposo y Miguel se ocuparon de ser zapateros en el mercado local. Miguel creci\u00f3 en medio de los vendedores, el comercio, las cocineras y los j\u00f3venes de la zona. Fue un anhelo de superaci\u00f3n y la ca\u00edda del negocio lo que lo llev\u00f3 a buscar otras opciones de empleo.<\/p>\n

Sara se mece entre el llanto y la impotencia de no poder hacer mucho para encontrar a su hijo. La cuarentena domiciliar obligatoria y las restricciones de movilidad que limitaban la circulaci\u00f3n de los ciudadanos a fechas espec\u00edficas de acuerdo al n\u00famero de identidad, ante la emergencia por el covid<\/span>-19, la privaron de buscar.<\/p>\n

Las medidas vigentes -hasta el 16 de junio- con el decreto ejecutivo 29, tambi\u00e9n suspendieron la marcha del transporte colectivo y suger\u00eda que el incumplimiento del confinamiento pod\u00eda ser motivo para el traslado a un centro de contenci\u00f3n. Sara tuvo pocas opciones para indagar. As\u00ed que se apoy\u00f3 en una denuncia formal para encontrar a su hijo.<\/p>\n

Esta denuncia, en paralelo a la desaparici\u00f3n, tambi\u00e9n supone otra pena: que el caso de su hijo no fuera relevante durante la emergencia por covid<\/span>-19. “Fue hasta el 10 de abril que pudimos levantar la denuncia formal de mi hijo”, explica Sara. Y es que, la misma tarde en que Miguel ya no apareci\u00f3, oficiales de la PNC<\/span> de Olocuilta<\/span> le pidieron “esperar la noche” para ver si el joven regresaba a su hogar. En ese momento, relata Sara, los polic\u00edas de turno hicieron hincapi\u00e9 en que solo estaban atendiendo “situaciones que eran prioridad frente a la pandemia”.<\/p>\n

Un d\u00eda despu\u00e9s, el 10 abril, tras levantar la denuncia, el PAU<\/span> se activ\u00f3 y la PNC<\/span> dio aviso a la Unidad de Vida de la FGR<\/span> en el departamento de La Paz. Luego con las restricciones de movilidad por la crisis de salud, la Fiscal\u00eda qued\u00f3 en llamar a Sara para realizar una entrevista y levantar el expediente. Pero fue hasta el 12 mayo, un mes despu\u00e9s de los hechos, que la entidad solicit\u00f3 su presencia en la cabecera departamental: Zacatecoluca<\/span>. Esto a pesar de que el mismo PAU dicta que la primera l\u00ednea de investigaci\u00f3n para dar con el paradero es la recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/p>\n

Para dar prioridad a estas denuncias, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica cre\u00f3 -a inicios de julio de 2019- la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas. La urgencia era dar respuesta a un promedio de nueve casos por d\u00eda. De enero a mayo de 2020, Guadalupe Echeverr\u00eda<\/span>, directora de la dependencia fiscal, sostiene que esta media, de momento, se mantiene con cuatro reportes diarios. Una baja que se refleja en el consolidado de los casos durante los \u00faltimos cinco meses: 750 personas. Un 51.12 % menos comparado a las cifras de mediados de 2019.<\/p>\n

Este consolidado tambi\u00e9n es el m\u00e1s bajo comparado a los datos de los \u00faltimos tres a\u00f1os. Para 2017, seg\u00fan las cifras oficiales de la FGR<\/span>, las denuncias -en los primeros seis meses- alcanzaron los 1,378 casos; mientras que en 2018 fue de 1,499 y 1,467 para 2019.<\/p>\n

Ahora es la duda, la sospecha de lo que pudo pasar, la que se apodera de esta mujer de cabellos casta\u00f1os, ojos caf\u00e9 claro, piel morena y facciones sim\u00e9tricas. \u201cAlgunas personas dijeron que s\u00ed lo vieron entrar, pero ya no regresar\u201d, dice Sara mientras se columpia en la hamaca como quien arrulla su propia pena: \u201c\u00bfQui\u00e9n podr\u00eda querer da\u00f1ar a \u201cMiguelito\u201d, si todos lo conoc\u00edan?\u201d.<\/h4>\n

***<\/strong><\/h1>\n

“Nosotros somos el ente que supervisa a nivel nacional todas las acciones urgentes; generamos unas directrices t\u00e9cnicas para la investigaci\u00f3n y para el abordaje. Vemos los casos m\u00e1s relevantes. Hay un constante monitoreo<\/span> con todas las unidades fiscales y policiales para la aplicaci\u00f3n de las acciones a nivel territorial”, explica Echeverr\u00eda<\/span>.<\/p>\n

De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, para 2020, entre enero y febrero, la tendencia de las denuncias mensuales era de 187 y 198 casos. Luego, en marzo, y abril la media rond\u00f3 en 160 y 112. Pero fue en mayo cuando los reportes alcanzaron las 93 personas. \u00bfQu\u00e9 ha provocado esta baja parcial de las denuncias?.<\/p>\n

El confinamiento domiciliario ha tenido que ver con estos \u00edndices “tras la limitaci\u00f3n ambulatoria restringida de las personas”, asegura Guadalupe Echeverr\u00eda<\/span>. Es decir, los familiares no han tenido manera de movilizarse o saber c\u00f3mo proceder. A pesar de ello, Echeverr\u00eda<\/span>, no duda en decir que las 19 oficinas fiscales, a nivel nacional, han trabajado al 100% y nadie ha dejado de operar: “Toda la necesidad que se ha requerido, se ha cumplido”, enfatiza.<\/p>\n

En una pausa, Sara da un peque\u00f1o recorrido por los objetos que a\u00fan conserva de Miguel. Muestra una camisa blanca con rayas rojas y en esta se lee un: Promo<\/span> 2015- 9 “A”. Ah\u00ed, entre un su\u00e9ter negro y una gorra que a\u00fan cuelgan de la pared del cuarto, ella recuerda que su hijo nunca fue bueno para estudiar. Abandon\u00f3 el bachillerato, pero hab\u00eda prometido retomar las clases para el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n

“Hasta el momento, no hay buenas noticias. Yo he insistido, los he hostigado por tel\u00e9fono para enterarme de cualquier novedad o, simplemente, saber c\u00f3mo va todo. No dejan de repetirme, cada vez que llamo, que la Fiscal asignada no llega a trabajar por la pandemia”, mantiene Sara.<\/p>\n

Si la emergencia de salud por covid<\/span>-19 incidi\u00f3 en una falta de operatividad para el procesamiento de las denuncias dentro de la PNC<\/span> o FGR<\/span>, de momento, no es algo que la Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH<\/span>) pueda precisar, ya que la entidad no ha recibido ning\u00fan reporte con estas caracter\u00edsticas.<\/p>\n

Sin embargo, la procuradora adjunta de Migraci\u00f3n y Seguridad Ciudadana de la PDDH<\/span>, Beatriz Campos puntualiza que -en el \u00e1rea central- las autoridades est\u00e1n m\u00e1s conscientes de las acciones a tomar ante la desaparici\u00f3n de una persona y la aplicaci\u00f3n del PAU<\/span>.<\/p>\n

“A nivel departamental -y en sus municipios- a\u00fan falta la difusi\u00f3n y capacitaci\u00f3n de los trabajadores de justicia y agentes polic\u00edas en cuanto al PAU. Todav\u00eda no tienen mucha conciencia de que hay que aplicarlo de inmediato sin tener que esperar horas”, concluye Campos.<\/p>\n

Por hoy es una carta de permanencia -en la oficina fiscal de Zacatecoluca- lo que certifica a Sara y a su familia sobre la ausencia de Miguel. Un documento que fue solicitado por los mismos, primero, para justificar su salida el 12 mayo y, segundo, para tener algo por escrito que diga que su hijo ya no est\u00e1.<\/p>\n

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Ilustraciones de Moris Aldana \/ Carlos Aguirre<\/figcaption><\/figure>\n

“Hasta el momento no nos han querido dar copia de la denuncia, ya que nos dijeron que eso lo manejan solo ellos”, dice Sara. Despu\u00e9s murmura parte de la carta: La Fiscal\u00eda de la Rep\u00fablica de Zacatecoluca, hace constar que desde las 8:30 am hasta las 15:00 pm se ha atendido a esta convocatoria.<\/p>\n

A pesar de la disminuci\u00f3n de las denuncias en el transcurso de la cuarentena, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas asegura que la efectividad en la localizaci\u00f3n de una persona -viva o muerta- es del 54.79%. Algo que se traduce en los \u00faltimos tres meses en: 200 personas localizadas y 165 sin encontrar.<\/p>\n

Estar del otro lado -dentro del 45.21% de familias que no saben qu\u00e9 pas\u00f3- ha llevado a Sara a la desesperaci\u00f3n. Come poco, casi no duerme y permanece en un estado de depresi\u00f3n: “Me duele que en todo este tiempo solo haya podido ir a buscar a mi hijo en dos ocasiones”.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a El Salvador, para observar, en terreno, la situaci\u00f3n de derechos humanos, ha reiterado -tras conocer repetitivas quejas de v\u00edctimas sobre el actuar de las autoridades como la FGR y PNC en cuanto a las demoras de su proceso y omisi\u00f3n de sus denuncias- en su informe preliminar de 2019 que: Las investigaciones por los casos de personas desaparecidas son una obligaci\u00f3n indelegable del Estado.<\/p>\n

“La impunidad no solamente deja sin verdad y sin justicia a las v\u00edctimas, sus familiares y a la sociedad salvadore\u00f1a en su conjunto, sino que tambi\u00e9n propicia la repetici\u00f3n de los hechos”, perfila la CIDH en su informe.<\/p>\n

De momento, no hay una normativa que responda a la realidad que viven los familiares de las v\u00edctimas. Una de las primeras acciones importantes que debe adoptar el pa\u00eds, seg\u00fan Lissette Campos, asesora legal del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja (CICR), es que el \u00f3rgano legislativo ratifique los tratados internacionales sobre este tema. As\u00ed una ley especial podr\u00e1 responder a los mecanismos de b\u00fasqueda, reconocimientos de derechos y la definici\u00f3n de los bienes de personas desaparecidas.<\/p>\n

Con el fin de la cuarentena domiciliar, a Sara le preocupa regresar a las labores el pr\u00f3ximo 7 de julio. Con su trabajo como cocinera a tiempo completo -en San Salvador- le ser\u00e1 imposible viajar hasta las oficinas de la Fiscal\u00eda en Zacatecoluca para dar cuenta o saber qu\u00e9 sucedi\u00f3 con Miguel.<\/p>\n

“Han quedado en llamarme y avisarme cuando la fiscal asignada retome sus labores en la sede. Esperar\u00e9 tres d\u00edas, sino volver\u00e9 a intentar”, asegura Sara. Hasta la fecha, Sara, sigue sin recibir noticias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sara busca a su hijo, Miguel, desde el 9 de abril de 2020. La emergencia de salud por covid-19, seg\u00fan la madre, estanc\u00f3 la operatividad de entidades como la Polic\u00eda Nacional Civil y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica debido a que ninguna actu\u00f3 con inmediatez. Pas\u00f3 una noche para que las autoridades pusieran en marcha el Protocolo de Acci\u00f3n Urgente y Estrategia de B\u00fasqueda (PAU) y transcurri\u00f3 un mes para que la sede fiscal cumpliera con la fase inicial de recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n para abrir el expediente. De acuerdo con la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, durante la cuarentena domiciliar, las denuncias han disminuido en comparaci\u00f3n a enero y febrero. Pas\u00f3 de 198, a 93 casos en el mes mayo. 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