{"id":7574,"date":"2020-04-19T00:10:31","date_gmt":"2020-04-19T06:10:31","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=7574"},"modified":"2020-04-18T12:48:45","modified_gmt":"2020-04-18T18:48:45","slug":"sobrevivir-a-la-pandemia-y-al-agresor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/sobrevivir-a-la-pandemia-y-al-agresor\/","title":{"rendered":"Sobrevivir a la pandemia y al agresor"},"content":{"rendered":"
\"Ilustraci\u00f3n\"
Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

Elena aprovech\u00f3 la \u00fanica oportunidad que tuvo para salir de su casa y denunciar la violencia que sufr\u00eda de parte de su pareja. En otras circunstancias, esto quiz\u00e1 tampoco hubiera sido f\u00e1cil por las represalias que \u00e9l podr\u00eda haber tomado, pero esta vez se sumaba otro miedo: que los polic\u00edas o militares la detuvieran por salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria y el estado de excepci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed que, el 30 de marzo, el d\u00eda que miles de salvadore\u00f1os acudieron a las sedes del Centro Nacional de Atenci\u00f3n y Administraci\u00f3n de Subsidios para saber si cumpl\u00edan con los requisitos para ser beneficiarios de los $300 del gobierno, Elena se contact\u00f3 con su familia y pudo llegar a un juzgado para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar<\/span> y solicitar medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n

El Salvador vivi\u00f3 del 14 de marzo al 13 de abril un estado de excepci\u00f3n ante la emergencia del covid<\/span>-19. El Ejecutivo busc\u00f3 prolongarlo sin encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, porque uno de los puntos que lo diputados discutieron fueron los abusos atribuidos a la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC<\/span>) y la Fuerza Armada (FAES<\/span>) en las calles.<\/p>\n

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib<\/span> Bukele<\/span> decret\u00f3 la cuarentena obligatoria para todo el pa\u00eds y luego la extendi\u00f3 por 15 d\u00edas m\u00e1s. Esta cuarentena ordena que, a excepci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos, periodistas y trabajadores de ciertos rubros, solo un miembro de la familia tiene permitido salir de casa para realizar compras. Pero no siempre es la misma persona la que puede hacerlo.<\/p>\n

Elena \u2013que no necesariamente se llama Elena- dijo en el juzgado que, con el encierro, estaba pr\u00e1cticamente privada de libertad y que la violencia que ya sufr\u00eda por parte de su pareja hab\u00eda aumentado. Tras el tr\u00e1mite, logr\u00f3 irse con su familia y salir de aquel lugar que se le hab\u00eda vuelto m\u00e1s hostil.<\/p>\n

Con la limitaci\u00f3n para circular en las calles, a ORMUSA le toc\u00f3 convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufr\u00edan violencia. A la PNC tambi\u00e9n le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la v\u00eda p\u00fablica, sino que les acompa\u00f1ara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.<\/h4>\n

***<\/strong><\/h1>\n

LA NECESIDAD OBLIG\u00d3<\/b> a Silvia Yesenia<\/span> Menj\u00edvar<\/span> a no quedarse en casa. El pasado 31 de marzo sali\u00f3 de la casa de un familiar, donde trabajaba cuidando ni\u00f1os, y regresaba a la suya.<\/span><\/p>\n

Fue la \u00faltima vez que la vieron con vida en Carasque<\/span>, en Nueva Trinidad, Chalatenango, el cant\u00f3n en el que ella viv\u00eda. Al d\u00eda siguiente, su cad\u00e1ver apareci\u00f3 en un predio de esta zona rural.<\/p>\n

Menj\u00edvar<\/span> ten\u00eda 25 a\u00f1os, y aunque nunca denunci\u00f3 el acoso sexual constante que sufr\u00eda de Francisco Alberto, la titular de la Direcci\u00f3n Nacional de la Mujer de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/span>), Marina de Ortega, dice que hay pruebas para acusarlo de su feminicidio<\/span> agravado.<\/p>\n

Alberto fue capturado tres d\u00edas despu\u00e9s del crimen y ya fue enviado a prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

En el periodo de emergencia por el covid<\/span>-19, el caso de Menj\u00edvar<\/span> es el \u00fanico tipificado como feminicidio<\/span>, pero han sido asesinadas otras tres mujeres. Los asesinatos se investigan bajo el protocolo de este delito, apunta De Ortega.<\/p>\n

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Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

De acuerdo con los datos consolidados por la FGR<\/span>, desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, las sedes fiscales recibieron un total de 198 denuncias. Dos son por intentos de feminicidio<\/span> y las restantes por cuatro de los 11 delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminaci\u00f3n para las Mujeres (LEIV<\/span>). El 88 % de los casos es por expresiones de violencia.<\/p>\n

La FGR<\/span> tambi\u00e9n reporta 75 denuncias por violencia intrafamiliar<\/span>, un delito regulado en el C\u00f3digo Penal y que se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres que tienen que estar obligadamente con su agresor, porque buscar un refugio como el que busc\u00f3 Elena, en esta pandemia, no es posible para todas.<\/p>\n

En situaciones de riesgo y desastres, la LEIV<\/span> obliga al Ministerio de Gobernaci\u00f3n, del que depende el Sistema Nacional de Protecci\u00f3n Civil, Prevenci\u00f3n y Mitigaci\u00f3n de Desastres, a tomar medidas de atenci\u00f3n y prevenci\u00f3n de violencia hacia las mujeres por su condici\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n

El sistema tiene una comisi\u00f3n nacional encabezada por el ministro de Gobernaci\u00f3n, en este caso, Mario Dur\u00e1n, y la componen directores de instituciones como la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC<\/span>). Adem\u00e1s de comisiones departamentales, municipales y comunitarias, para operar a nivel nacional, y que involucran a gobernadores, alcaldes y l\u00edderes comunitarios.<\/p>\n

A casi un mes de la cuarentena, y a casi un a\u00f1o de un nuevo gobierno que se present\u00f3 como paritario, en El Salvador sigue sin existir un plan o una pol\u00edtica p\u00fablica para atender a las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero en la emergencia del covid<\/span>-19. La ausencia de esta atenci\u00f3n especializada y obligatoria para el Estado tampoco ha llevado a que la entidad rectora de la LEIV<\/span>, que es el Instituto Salvadore\u00f1o para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU<\/span>), la demande, al menos p\u00fablicamente.<\/p>\n

Lo que s\u00ed ha hecho ISDEMU<\/span> es lo mismo que est\u00e1n haciendo las organizaciones de la sociedad civil: una campa\u00f1a en redes sociales para que las mujeres denuncien si sufren violencia, por medio de n\u00fameros telef\u00f3nicos o por chat de Whatsapp<\/span>. Y ofrece asesorarlas y darles acompa\u00f1amiento psicol\u00f3gico o legal.<\/p>\n

“El Ejecutivo, a trav\u00e9s del ISDEMU<\/span>, debe prever estas situaciones, debe crear mecanismos eficaces para que la mujer v\u00edctima de violencia denuncie. El 911 probablemente no le sea eficaz, porque la polic\u00eda probablemente llegue o no llegue”, asegura una jueza<\/span> Especializada de Instrucci\u00f3n de la Mujer que prefiri\u00f3 no identificarse.<\/p>\n

La jueza<\/span> insiste en que debe existir mayor comunicaci\u00f3n entre las instituciones estatales e informar sobre las casas de acogida para las mujeres que sufren violencia, un programa coordinado y supervisado por el ISDEMU<\/span>. No deja de lado que el \u00d3rgano Judicial tambi\u00e9n debe innovar para que, si un juzgado ya ha terminado su jornada laboral, pero una mujer necesita medidas de protecci\u00f3n, estas puedan ser otorgadas de forma inmediata.<\/p>\n

El decreto de emergencia nacional, que los diputados aprobaron el 14 de marzo y extendieron por 15 d\u00edas m\u00e1s el pasado jueves, suspende algunas labores en las sedes judiciales, pero permite que los juzgados den a las mujeres medidas de protecci\u00f3n por casos de violencia. Ellas pueden llegar a pedirlas a los Juzgados Especializados de Instrucci\u00f3n de la Mujer, ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana; y en los juzgados de paz de cualquier municipio.<\/p>\n

El principal problema de los juzgados especializados es que est\u00e1n saturados de trabajo. Mientras que, a\u00fan en d\u00edas normales, hay juzgados de paz se niegan a otorgarles las medidas de protecci\u00f3n a las v\u00edctimas.<\/p>\n

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro est\u00e1n relacionadas con delitos cibern\u00e9ticos. La fiscal Marina de Ortega se\u00f1ala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgaci\u00f3n de material ilegal y 7 por difusi\u00f3n de material pornogr\u00e1fico. Ambos delitos est\u00e1n contemplados en la LEIV.<\/h4>\n

***<\/strong><\/h1>\n

EL 8 DE ABRIL, EL ALCALDE DE SAN MARCOS,<\/b> Fidel Fuentes, public\u00f3 una foto con Mar\u00eda Antonia S\u00e1nchez, en su cuenta personal de Facebook<\/span>. S\u00e1nchez sonre\u00eda al lado del alcalde.<\/span><\/p>\n

Ella era una lideresa<\/span> del cant\u00f3n Casa de Piedra, de ese municipio, y la foto donde aparec\u00eda era para denunciar su asesinato, ocurrido cerca de su casa. A ella se le pudo llamar por su nombre, quienes la quisieron pudieron contar su historia con ella.<\/p>\n

Pero, horas antes de la publicaci\u00f3n del alcalde, apareci\u00f3 el cuerpo de otra mujer. Ella, a diferencia de Mar\u00eda Antonia, no fue identificada por falta de documentos. El cad\u00e1ver fue encontrado en el kil\u00f3metro 3 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. La v\u00edctima, dijo la PNC<\/span>, ten\u00eda se\u00f1ales de estrangulamiento.<\/p>\n

El 7 de abril fue encontrado el cad\u00e1ver de otra mujer en un barranco, sobre la carretera a Talnique<\/span>, en La Libertad. La v\u00edctima tampoco portaba documentos y no fue identificada.<\/p>\n

El \u00faltimo informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, con datos de enero a junio de 2019 y elaborado por el Sistema Nacional de Datos, Estad\u00edsticas e Informaci\u00f3n de Violencia contras las Mujeres, dice que durante ese periodo hubo 21 casos de violencia f\u00edsica y 17 casos de violencia sexual por d\u00eda y sumaron 3,138 en el semestre. En un 49.1 % fueron cometidos en domicilios particulares y 67 % de las v\u00edctimas fue menor de edad.<\/p>\n

“En emergencias suele elevarse la violencia, precisamente por este control que tienen los agresores sobre las v\u00edctimas. Porque a mayores periodos de convivencia, mayores pr\u00e1cticas de abuso. Esta es como un medici\u00f3n matem\u00e1tica que han dado los periodos vacacionales y los fines de semana”, sostiene la abogada Silvia Ju\u00e1rez, de la Organizaci\u00f3n de Mujeres Salvadore\u00f1as por la Paz (ORMUSA<\/span>).<\/p>\n

ORMUSA<\/span> tiene un observatorio de violencia y un Centro de Atenci\u00f3n Legal que ha activado en esta emergencia para recibir denuncias. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril, recibi\u00f3 149 denuncias por hechos como violencia intrafamiliar<\/span>, violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica, sexual y laboral. En un mes normal, se\u00f1ala Ju\u00e1rez, la organizaci\u00f3n reporta 30 denuncias, lo que significa que durante el encierro hay un incremento de m\u00e1s del 70 % en menos de un mes.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n ha monitoreado<\/span> el trabajo de los juzgados Especializados de Instrucci\u00f3n de la Mujer y los juzgados de paz. Los primeros, dice Ju\u00e1rez, han recibido denuncias, e incluso, la jueza<\/span> del tribunal ubicado en San Salvador y que puede conocer casos de siete departamentos del pa\u00eds, ha activado un n\u00famero para Whatsapp<\/span> y notifica documentos por correo electr\u00f3nico. Sin embargo, hay juzgados de paz que se han resistido a tomar denuncias.<\/p>\n

Con la limitaci\u00f3n para circular en las calles, a ORMUSA<\/span> le toc\u00f3 convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufr\u00edan violencia. A la PNC<\/span> tambi\u00e9n le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la v\u00eda p\u00fablica, sino que les acompa\u00f1ara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.<\/p>\n

La FGR<\/span> inform\u00f3 el 7 de abril que las denuncias por violencia de g\u00e9nero hab\u00edan bajado en la instituci\u00f3n. Ju\u00e1rez enumera tres razones por la que esto pasa: por el miedo que tienen las mujeres a ser detenidas por la PNC<\/span> si salen de sus casas; las mujeres piensan que aunque logren denunciar, la denuncia no va a ser relevante en medio de la emergencia; adem\u00e1s de pensar que las instituciones donde pueden denunciar est\u00e1n cerradas.<\/p>\n

Durante la cuarentena obligatoria, Argentina lanz\u00f3 el 1 de abril una campa\u00f1a contra la violencia de g\u00e9nero. Se llama “Barbijo Rojo” y consiste en una l\u00ednea de emergencia que las farmacias activan cuando una mujer llega y pide una mascarilla roja, lo que se traduce en una ayuda para interponer una denuncia.<\/p>\n

\"Ilustraci\u00f3n
Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

En El Salvador hay instituciones con servicios irregulares para atender las denuncias, como la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y la FGR<\/span>. No ha sido el caso de las sedes de la Unidad Institucional de Atenci\u00f3n Especializada a las Mujeres en Situaci\u00f3n de Violencia (UNIMUJER<\/span>), de la PNC<\/span>, seg\u00fan Ju\u00e1rez. Lo que ha permitido que sea la PNC<\/span> la que se desplace a la casa de la v\u00edctima para tomar una denuncia o para movilizarla a que la haga.<\/p>\n

Ju\u00e1rez destaca la falta de un plan de seguridad para las mujeres que salen a las calles, cuando culturalmente ellas son las delegadas a salir por comida o trabajar. Y ahora, dice, se enfrentan a territorios solitarios en los que, a veces, tienen que caminar largos tramos, lo que las vuelve vulnerables. Como ocurri\u00f3 con Silvia Yesenia<\/span> Menj\u00edvar<\/span>.<\/p>\n

Por esto, la abogada cita el caso de Panam\u00e1, que tambi\u00e9n ha ordenado una cuarentena obligatoria, pero ha asignado d\u00edas para que los hombres o las mujeres salgan a las calles. “Es una situaci\u00f3n extrema, pero, la verdad, es que en situaciones extremas, aplican medidas de esta naturaleza, sabiendo las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres tienen”, se\u00f1ala.<\/p>\n

La Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH<\/span>) report\u00f3, del 21 de marzo hasta el pasado lunes, 149 casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza cometidos por la PNC<\/span> y la FAES<\/span>.<\/p>\n

Las falta de planes y protocolos de atenci\u00f3n para las mujeres en la emergencia por el covid<\/span>-19 y las denuncias por los hechos de violencia contra las mujeres han sido constantes en las redes sociales por parte del movimiento feminista y defensoras de derechos humanos. El 9 de abril, a las 6 de la noche, hubo una convocatoria para escribir mensajes en Twitter<\/span> por medio de la etiqueta #ElFeminicidioNoEst\u00e1EnCuarentena<\/span>.<\/p>\n

El pasado 22 de marzo tambi\u00e9n la activista Morena Herrera pregunt\u00f3, en Twitter<\/span>, al presidente Bukele<\/span> sobre los datos de homicidios y feminicidios<\/span>, luego que \u00e9l publicara un mapa mundial que mostraba la propagaci\u00f3n del covid<\/span>-19 e indicara que ya hab\u00eda iniciado la Tercera Guerra Mundial.<\/p>\n

“\u00bfNo hay? “\u00bfNo se cuentan?”, cuestion\u00f3 Herrera sobre los cr\u00edmenes. Bukele<\/span> retom\u00f3 su tuit<\/span> y dijo que marzo llevaba las cifras m\u00e1s bajas de homicidios en la historia del pa\u00eds. “Si no he tuiteado<\/span> sobre eso, es porque enfrentamos una amenaza mucho m\u00e1s grande en estos momentos. Una amenaza que muchos no han logrado comprender”, le contest\u00f3.<\/p>\n

***<\/strong><\/h1>\n

EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS<\/b> de la cuarentena obligatoria, ORMUSA<\/span> intent\u00f3 referir dos casos de violencia al ISDEMU<\/span>, pero no pudo, porque las llamadas a la l\u00ednea de atenci\u00f3n no salieron. La organizaci\u00f3n se enter\u00f3, no por el instituto, sino por otra persona, de que, para entonces, la l\u00ednea hab\u00eda tenido fallas t\u00e9cnicas, recuerda Silvia Ju\u00e1rez.<\/span><\/p>\n

Los servicios de ISDEMU<\/span> son los que menos ocupa ORMUSA<\/span>, cuenta, ya que el instituto se limita a asesor\u00edas. La organizaci\u00f3n se respalda m\u00e1s de las UNIMUJERES<\/span>, ya que estas acompa\u00f1an a las v\u00edctimas en tr\u00e1mites de denuncias y, si es posible, hasta al Instituto de Medicina Legal.<\/p>\n

Ju\u00e1rez agrega que otra de las preocupaciones en esta cuarentena obligatoria son las menores v\u00edctimas de incesto que est\u00e1n viviendo en el mismo lugar con su agresor.<\/p>\n

En ORMUSA<\/span> env\u00edan boletines con informaci\u00f3n dosificada sobre el comportamiento de la violencia de g\u00e9nero a las lideresas<\/span> que est\u00e1n organizadas en los territorios y que saben qu\u00e9 mujeres est\u00e1n vulnerables a la violencia en estos lugares. Lo hacen a trav\u00e9s de Whatsapp<\/span> para que ellas repliquen con otras los mensajes, tomando en cuenta las implicaciones que traer\u00eda para las mujeres que viven junto a un agresor si estos se enteran que ellas atienden llamadas o ven videos<\/span> con esta informaci\u00f3n.<\/p>\n

Mariana Moisa<\/span> es antrop\u00f3loga<\/span> y trabaja en la Colectiva Feminista y en la Agrupaci\u00f3n Ciudadana por la Despenalizaci\u00f3n<\/span> del Aborto, dos organizaciones que han habilitado un tel\u00e9fono para atender denuncias y brindarles a las v\u00edctimas atenci\u00f3n psicol\u00f3gica y jur\u00eddica.<\/p>\n

Hasta el 8 de abril, tras dos semanas de haber habilitado el tel\u00e9fono, ya contaban 15 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar<\/span> y violencia psicol\u00f3gica, cuando, por lo regular, en un solo mes, atienden un aproximado de 30 casos. Moisa<\/span> se\u00f1ala que han recibido avisos de mujeres que dicen que en la FGR<\/span> no est\u00e1n tomando denuncias, con la excusa de que est\u00e1n en una emergencia. “Lo que vemos es violencia estructural. Es m\u00e1s evidente en este momento y es m\u00e1s evidente frente a la nula pol\u00edtica con enfoque de derechos humanos, quitale<\/span> enfoque de g\u00e9nero. De derechos humanos, lo m\u00e1s b\u00e1sico”, indica la antrop\u00f3loga<\/span>.<\/p>\n

Revista S\u00e9ptimo Sentido solicit\u00f3 estad\u00edsticas sobre el n\u00famero de denuncias recibidas en la emergencia por el covid<\/span>-19 en el ISDEMU<\/span>, pero al cierre de esta edici\u00f3n, no hubo respuesta de la encargada de Comunicaciones. Tampoco hubo respuesta del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria<\/span>, a la solicitud de entrevistar al ministro de Gobernaci\u00f3n, Mario Dur\u00e1n; y a la presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU<\/span>, Mar\u00eda Soledad Briones<\/span>.<\/p>\n

***<\/strong><\/h1>\n

UNA JOVEN ESCRIBI\u00d3 DESESPERADA<\/b> a la p\u00e1gina de la Colectiva Amorales para denunciar la divulgaci\u00f3n de fotos \u00edntimas suyas en una p\u00e1gina de internet<\/span>. A ella le hab\u00edan robado el tel\u00e9fono y sab\u00eda qui\u00e9n hab\u00eda subido las fotos. La colectiva le dio asesor\u00eda jur\u00eddica, pero cuando la v\u00edctima lleg\u00f3 a uno de los juzgados Especializados de Instrucci\u00f3n de la Mujer, ah\u00ed le dijeron que solo estaban recibiendo denuncias por casos m\u00e1s graves, dice la abogada Lissania<\/span> Zelaya<\/span>.<\/span><\/p>\n

“\u00bfC\u00f3mo calific\u00e1s<\/span> un caso grave? La violencia contra las mujeres nunca ha sido un caso grave. Hasta que ya te ven muerta es un caso grave”, cuestiona la abogada.<\/p>\n

Zelaya<\/span> tambi\u00e9n se refiere al caso de una joven que se enter\u00f3, en esta emergencia, que su pareja, quien vive en su misma colonia y con quien tiene una hija, difundi\u00f3 fotos suyas en una p\u00e1gina web, porque estaba enojado con ella. La v\u00edctima, expone Zelaya<\/span>, quiso denunciarlo, pero al llamar a UNIMUJER<\/span> y al ISDEMU<\/span>, no obtuvo respuesta.<\/p>\n

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro est\u00e1n relacionadas con delitos cibern\u00e9ticos<\/span>. La fiscal Marina de Ortega se\u00f1ala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgaci\u00f3n de material ilegal y 7 por difusi\u00f3n de material pornogr\u00e1fico. Ambos delitos est\u00e1n contemplados en la LEIV<\/span>.<\/p>\n

“En pandemia pueden aumentarse estos casos por el confinamiento. Muy probable es que se capten fotograf\u00edas y luego existan rupturas (entre las parejas)”, aclara la jueza<\/span> que habl\u00f3 con esta revista, para quien la FGR<\/span> necesita peritos id\u00f3neos para resolver los delitos cibern\u00e9ticos<\/span> contras las mujeres y as\u00ed encontrar los nexos entre quienes conforman estas redes.<\/p>\n

A las denuncias por delitos cibern\u00e9ticos<\/span> que la Colectiva Amorales ha recibido, el 13 de abril se sum\u00f3 una por el allanamiento ilegal de morada que sufri\u00f3 una joven por un grupo de siete polic\u00edas y militares, la noche del 13 de abril.<\/p>\n

Ese d\u00eda el gobierno public\u00f3 el Decreto Ejecutivo 19, que avala que personal del Ministerio de Salud, no de seguridad, entre a las casas para que eval\u00faen las medidas sanitarias por el covid<\/span>-19. El decreto ya ha sido rechazado por algunos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y por la PDDH<\/span>, pero el Secretario Jur\u00eddico de la Presidencia, Conan<\/span> Castro, dijo que sustituye al r\u00e9gimen de excepci\u00f3n.<\/p>\n

Zelaya<\/span> se\u00f1ala que, en una sociedad diversa como la salvadore\u00f1a, hay condiciones de vulnerabilidad para las mujeres de todas las edades, pero que para atender necesidades espec\u00edficas de toda una poblaci\u00f3n existe un gabinete de gobierno que tambi\u00e9n puede estar en comunicaci\u00f3n con el ISDEMU<\/span> y as\u00ed crear los mecanismos de atenci\u00f3n. Sin embargo, es algo que por hoy no existe.<\/p>\n

Todav\u00eda faltan dos semanas para que termine la cuarentena obligatoria. Con el encierro habr\u00e1 m\u00e1s mujeres intentando sobrevivir a la pandemia y al agresor que tienen a su lado. Y no todas tendr\u00e1n la oportunidad para denunciarlo como lo hizo Elena.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En la emergencia y el estado de excepci\u00f3n por el covid-19, el gobierno omiti\u00f3 crear mecanismos de atenci\u00f3n para las mujeres que sufren de violencia, pese a que la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia y Discriminaci\u00f3n para las Mujeres lo obliga a hacerlo en situaciones de riesgo como la que vive El Salvador. Hay mujeres que han tenido que vivir en encierros forzosos con sus victimarios y, con calles militarizadas, no han podido salir a denunciarlos. En las primeras tres semanas de la cuarentena obligatoria, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica recibi\u00f3 75 denuncias por violencia intrafamiliar y, desde el 1 de abril, cuatro mujeres han sido asesinadas. 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