{"id":7323,"date":"2020-03-01T00:10:10","date_gmt":"2020-03-01T06:10:10","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=7323"},"modified":"2020-03-02T09:05:01","modified_gmt":"2020-03-02T15:05:01","slug":"el-colapso-de-los-juzgados-de-la-mujer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/el-colapso-de-los-juzgados-de-la-mujer\/","title":{"rendered":"El colapso de los juzgados de la mujer"},"content":{"rendered":"
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Fotograf\u00eda<\/figcaption><\/figure>\n

La noche del 30 de junio de 2018, Jocelyn<\/span> Abarca sali\u00f3 con un grupo de amigos. En plena reuni\u00f3n, comenz\u00f3 a recibir varias llamadas y mensajes de Ronald<\/span> Urbina<\/span>, su pareja. Contest\u00f3 algunos, pero al percibirlo enojado, prefiri\u00f3 ya no seguir contest\u00e1ndole. \u00c9l, entonces, insistente en controlarla, llam\u00f3 a sus compa\u00f1eros de trabajo, a su familia y a su jefe.<\/p>\n

Por esto, ni por noche ni al d\u00eda siguiente, Abarca regres\u00f3 a su apartamento, en la colonia Altos del Cerro, en Soyapango<\/span>, donde viv\u00eda con Urbina<\/span>. Lo que se convirti\u00f3 en el detonante para que Urbina<\/span> no parara de discutir. Abarca les hab\u00eda contado a sus amigas que quer\u00eda separarse de \u00e9l y hab\u00eda llegado al punto de hacer maletas para marcharse, pero \u00e9l se hab\u00eda opuesto.<\/p>\n

Abarca ten\u00eda 26 a\u00f1os y era egresada de la carrera de psicolog\u00eda. Con un cr\u00e9dito hab\u00eda comprado un carro y el apartamento donde viv\u00eda. Urbina<\/span>, un distribuidor de agua embotellada, no toleraba que su pareja se superara, dice la investigaci\u00f3n fiscal. Se burlaba del grado acad\u00e9mico de Abarca y le dec\u00eda que su t\u00edtulo no le iba a servir para nada. Era, adem\u00e1s, quien le autorizaba si se pintaba o se cortaba el pelo.<\/p>\n

Las discusiones de aquellos d\u00edas no eran nuevas. Urbina<\/span> violentaba a Abarca y ya la hab\u00eda intentado asfixiar. Y, entre la noche del mi\u00e9rcoles 4 y la madrugada del jueves 5 de julio, la violencia lleg\u00f3 al l\u00edmite m\u00e1ximo. Seg\u00fan la FGR<\/span>, la asesin\u00f3 de 40 pu\u00f1aladas en su apartamento y desmembr\u00f3 su cuerpo, del que luego se deshizo entre San Salvador y Antiguo Cuscatl\u00e1n<\/span>. Us\u00f3 el carro de Abarca.<\/p>\n

Urbina<\/span> fue capturado el 11 de julio. Cinco d\u00edas despu\u00e9s, fue llevado a la audiencia inicial al Juzgado 11\u00b0 de Paz de San Salvador, donde las dos fiscales del caso expusieron al juez Omar<\/span> Hern\u00e1ndez que Abarca fue asesinada porque ya no quer\u00eda seguir en una relaci\u00f3n con Urbina<\/span>, y que esta relaci\u00f3n fue desigual, porque \u00e9l siempre la como vio un objeto de su pertenencia. Abarca hab\u00eda intentado liberarse.<\/p>\n

Entre lo que encontraron los fiscales cuando allanaron el apartamento de Abarca estaba el libro “Violencia intrafamiliar<\/span>, un grito en el silencio”, con el cual los fiscales llegaron a presumir que Abarca se documentaba sobre lo que viv\u00eda en su relaci\u00f3n.<\/p>\n

El juez Hern\u00e1ndez, por tratarse de un feminicidio<\/span> agravado, la escala m\u00e1s alta del ciclo de violencia g\u00e9nero y contemplado entre los 11 delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV<\/span>), remiti\u00f3 el caso de Abarca al Juzgado Especializado de Instrucci\u00f3n de la Mujer de San Salvador. Pero a cuatro meses que se cumplan los dos a\u00f1os que legalmente Urbina<\/span> puede estar detenido al ser acusado de un delito grave, todav\u00eda no llega la audiencia de instrucci\u00f3n ni hay fecha para realizarla, confirma la FGR<\/span>.<\/p>\n

El equipo con el funciona este juzgado, de acuerdo con informaci\u00f3n oficial de la CSJ<\/span>, est\u00e1 conformado por 11 personas: una jueza<\/span>, un secretario, siete colaboradores judiciales y dos notificadores<\/span>. Y de los seis Juzgados Especializados de la Mujer que hay en El Salvador, es el m\u00e1s cargado con procesos, porque atiende los siete departamentos de la zona central y paracentral<\/span>.<\/p>\n

En 2018, el tribunal recibi\u00f3 1,067 casos y 817 m\u00e1s en 2019. El personal labora en una casa que ha sido adaptada para funcionar como un juzgado y como C\u00e1mara Especializada de la Mujer, donde las v\u00edctimas, los abogados y fiscales que esperan realizar tr\u00e1mites, se sientan en cuatro filas de silla, en una cochera, a la par de una reducida ludoteca<\/span>.<\/p>\n

En este lugar, es imposible que una v\u00edctima que lleva un proceso legal no se encuentre con el acusado.<\/p>\n

Las flores favoritas de la agente Carla Mayar\u00ed<\/span> Ayala<\/span> eran los girasoles, estas que sobresal\u00edan de entre todas en su entierro, cuando un dispositivo de polic\u00edas esper\u00f3 sus restos en un cementerio privado de San Salvador, el 21 de septiembre de 2018.<\/p>\n

Ayala<\/span> hab\u00eda trabajado durante 20 a\u00f1os en la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC<\/span>), la instituci\u00f3n que la desped\u00eda sin que hasta entonces, el tambi\u00e9n colega, Juan Josu\u00e9 Castillo Ar\u00e9valo<\/span>, estuviera detenido. Y todav\u00eda no lo est\u00e1.<\/p>\n

La agente fue asesinada despu\u00e9s de ser privada de libertad en una fiesta navide\u00f1a del extinto Grupo de Reacci\u00f3n Policial, a finales de diciembre de 2017. El principal sospechoso del crimen es, para la FGR<\/span>, Castillo Ar\u00e9valo<\/span>.<\/p>\n

Tras meses de estar desaparecida, las osamentas de Ayala<\/span> fueron encontradas en septiembre de 2018 en el caser\u00edo Los R\u00edos, del cant\u00f3n Los Hornos, en San Francisco Javier, en Usulut\u00e1n<\/span>, el municipio en el que viv\u00eda Castillo Ar\u00e9valo<\/span>.<\/p>\n

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Violencia<\/strong>. Los cinco informes sobre hechos de violencia contra la mujer del SNDVM suman, desde 2015 hasta junio 2019, m\u00e1s de 93,000 denuncias por casos de violencia de g\u00e9nero.<\/figcaption><\/figure>\n

Durante el entierro, el exdirector<\/span> de la PNC<\/span>, Howard<\/span> Cotto<\/span>, cerr\u00f3 su discurso con una promesa para la madre de la v\u00edctima y familiares: llevar ante la justicia a los responsables del asesinato. Sin embargo, el caso fue judicializado<\/span> en junio de 2018, y entre los detenidos nunca ha estado Castillo Ar\u00e9valo<\/span>.<\/p>\n

En este proceso de feminicidio<\/span> agravado son acusadas 13 personas, entre familiares de Castillo Ar\u00e9valo<\/span> y agentes se\u00f1alados de haber sido c\u00f3mplices del crimen. Tres de los acusados salieron de la c\u00e1rcel el 18 de diciembre pasado, cuando el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador realiz\u00f3 una audiencia especial, porque estaba pr\u00f3ximo a vencerse el plazo de su detenci\u00f3n. Y aunque el juicio ya estaba programado para una semana antes, la juzgadora no lo instal\u00f3, porque tuvo que responder escritos presentados por abogados defensores que estaban inconformes con que sus clientes hayan sido enviados a sentencia.<\/p>\n

“Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imag\u00ednese lo que implica dejar en libertad a alguien que est\u00e1 siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio<\/span>, porque se ha vencido el plazo de la detenci\u00f3n provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ah\u00ed ni modo”, sostiene una fuente de \u00d3rgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer.<\/p>\n

La \u00faltima Encuesta del Hogares y Prop\u00f3sitos M\u00faltiples (EHPM<\/span>), de 2018, a cargo de la Direcci\u00f3n Nacional de Estad\u00edsticas y Censos, dice que en el pa\u00eds hay 3,516,910 mujeres, lo que representa el 52.9 % de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

Desde 2015 hasta junio de 2019, hay cinco informes sobre hechos de violencia contra las mujeres elaborados por el Sistema Nacional de Datos, Estad\u00edsticas e Informaci\u00f3n de Violencia contra Las Mujeres (SNDVM<\/span>), que retoman cinco indicadores de las instituciones de seguridad y justicia, y del Ministerio de Trabajo: violencia feminicida<\/span>, f\u00edsica, patrimonial, sexual y laboral.<\/p>\n

Todos los informes suman m\u00e1s de 93 mil denuncias, precisa Silvia Ju\u00e1rez, abogada de la Organizaci\u00f3n de Mujeres Salvadore\u00f1as por la Paz (ORMUSA<\/span>), y al menos el de 2019, fue construidos a partir de encuestas que contestaron mujeres mayores de 15 a\u00f1os, de las cuales, 6 de cada 100 dijeron haber denunciado los hechos de los que eran v\u00edctimas.<\/p>\n

“Si pens\u00e1ramos que, en realidad, la mayor\u00eda atendieran a las campa\u00f1as famosas de \u2018renuncia al silencio\u2019, el sistema estar\u00eda colapsado”, advierte Ju\u00e1rez.<\/p>\n

Con base en el SNDVM<\/span>, ORMUSA<\/span> ha determinado que entre enero y junio de 2019, solo 26 % de estas denuncias alcanzaron condenas. En el mismo periodo de 2018, el a\u00f1o en el que Jocelyn<\/span> Abarca fue asesinada y que fue judicializado<\/span> el caso de Carla Ayala<\/span>, la impunidad alcanz\u00f3 el 77 % de los casos.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n ha establecido estos datos a trav\u00e9s de la medici\u00f3n de sistema de cargas: cu\u00e1ntos casos ingresaron al sistema en ese tiempo y cu\u00e1ntos el sistema fue capaz de resolver en el mismo periodo.<\/p>\n

***<\/strong><\/h1>\n

Las autoridades encontraron el cuerpo de Abarca. Estaba desmembrado en seis partes, en una ribera del r\u00edo Acelhuate<\/span>, entre la 17 \u00b0 avenida sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador. Era el 6 de julio de 2018. Cuatro d\u00edas despu\u00e9s, su cabeza apareci\u00f3 en una quebrada de Antiguo Cuscatl\u00e1n<\/span>.<\/p>\n

Hasta el 5 de julio, Urbina<\/span>, la pareja de Abarca, se hizo pasar por ella para comunicarse con su familia a trav\u00e9s de Whatsapp<\/span>. Pero \u00e9l ya la hab\u00eda matado, dijo en su momento la FGR<\/span>. Al recibir mensajes poco usuales, la familia de Abarca denunci\u00f3 su desaparici\u00f3n y esta denuncia termin\u00f3 con la captura de Urbina<\/span>.<\/p>\n

En el allanamiento de la casa de Abarca, la FGR<\/span> tambi\u00e9n encontr\u00f3 rastros de sangre, que ya se sometieron a prueba cient\u00edfica, lo que ha fortalecido la hip\u00f3tesis investigativa<\/span> de que Urbina<\/span> fue quien asesin\u00f3 a la joven en su propio apartamento, sostiene la Coordinadora Nacional de la Mujer de la FGR<\/span>, Gabriela<\/span> Sagastume<\/span>. Pasado m\u00e1s de un a\u00f1o y medio desde que comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n, la FGR<\/span> solo est\u00e1 a la espera que haya una fecha para la audiencia preliminar.<\/p>\n

El \u00fanico freno que existe en un juzgado para extender por un a\u00f1o m\u00e1s la detenci\u00f3n de un acusado es cuando ya hay una sentencia y un tribunal superior, en este caso la C\u00e1mara Especializada de la Mujer, interviene, mientras los abogados o los fiscales est\u00e1n habilitados a presentar recursos y a esperar su respuesta. De lo contrario, si todav\u00eda no hay una sentencia, por ley, los jueces est\u00e1n obligados a liberarlo e imponerle medidas que garanticen que siempre siga siendo parte del proceso judicial. Esto incrementa el riesgo de fuga, dice la fuente judicial que est\u00e1 vinculada a tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer<\/p>\n

Agrega que en el tiempo que la C\u00e1mara Especializada de la Mujer tiene de funcionar, desde el 3 de enero de 2018, ha atendido hasta el 25 de febrero de este a\u00f1o, menos de 10 casos con detenciones vencidas cuando a\u00fan no hay una condena. Esto representa menos del 0.3 % de casos por mes, pero advierte que se convierte en un indicador de que no se est\u00e1 llevando justicia en los plazos legales.<\/p>\n

Para respaldar lo que dice, la fuente se refiere a que en la c\u00e1mara hay denuncias de fiscales y abogados contra los juzgados de instrucci\u00f3n de Santa Ana y San Salvador por demorarse en dar resoluciones. La c\u00e1mara ha intervenido y, en el 98 % de los casos, ha dado la raz\u00f3n de los atrasos. Ha pedido un informe de lo que sucede a los juzgados, pero de estos, solo ha recibido respuesta del tribunal de la capital, que tambi\u00e9n env\u00eda al mismo tiempo la resoluci\u00f3n por cuya demora fue denunciado. No ha habido respuesta por parte de Santa Ana, un juzgado que el a\u00f1o pasado recibi\u00f3 un total de 309 casos.<\/p>\n

La Oficina de Informaci\u00f3n y Respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ<\/span>) da cuenta de que entre enero de 2018 y julio 2019, hubo 83 denuncias en la c\u00e1mara porque los jueces tardaron en entregar resoluciones. En julio de 2018 fue presentada m\u00e1s de la tercer parte de las denuncias.<\/p>\n

Tres de estas denuncias las ha presentado la FGR<\/span> por el caso de Abarca, asegura la fiscal Sagastume<\/span>, ya que esta es la \u00fanica alternativa legal para que el Juzgado Especializado de Instrucci\u00f3n de la Mujer en San Salvador programe una fecha para la audiencia preliminar antes que se venza el plazo de la detenci\u00f3n provisional de Urbina<\/span>. Pero, dice, la jueza<\/span> de este tribunal ha manifestado que no puede hacerlo, porque est\u00e1 saturada de trabajo.<\/p>\n

“No es culpa de la jueza<\/span>. \u00bfC\u00f3mo se le ocurre a la Corte hacer solo un juzgado de instrucci\u00f3n para que tenga competencia de siete departamentos del pa\u00eds, la mitad del pa\u00eds, y aparte de eso, de un tema que ellos ten\u00edan estad\u00edsticas del ingreso de violencia de la mujer y sab\u00edan que eran estad\u00edsticas elevadas?”, cuestiona Sagastume<\/span>.<\/p>\n

La fiscal menciona que las juezas<\/span> de instrucci\u00f3n, por la carga laboral, han llegado a remitir los expedientes desde sus juzgados hasta los de sentencia, a los 23 meses que un proceso ha iniciado. Es decir, la FGR<\/span> y los defensores solo tienen mes para llegar a una sentencia, antes de que al acusado se le venza la detenci\u00f3n provisional.<\/p>\n

\u201cMuchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imag\u00ednese lo que implica dejar en libertad a alguien que est\u00e1 siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detenci\u00f3n provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ah\u00ed ni modo”, sostiene una fuente de \u00d3rgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar<\/h4>\n

***<\/strong><\/h1>\n

La jueza<\/span> ha tenido que venir a trabajar los fines de semana para salir con todo el trabajo que tiene. Es una de las tres juezas<\/span> Especializadas de Instrucci\u00f3n que hay a nivel nacional, pero prefiere no identificarse. Es la 1 de la tarde de un viernes y acaba de almorzar, pero antes tuvo que juzgar.<\/p>\n

Todas las ma\u00f1anas, esta jueza<\/span> ha ideado una mec\u00e1nica de trabajo: programa las audiencias intrafamiliares<\/span>, de las que tiene m\u00e1s casos, entre las 8:00 de la ma\u00f1ana a 9:30, para luego quedarse con otras audiencias.<\/p>\n

“Hemos hecho lo humanamente imposible para que no exista un desbordamiento de la jurisdicci\u00f3n aqu\u00ed. El personal ha sido muy sensibilizado en la materia y pues ha dado hasta m\u00e1s de lo que puede dar un empleado”, dice, pero acepta que su despacho tiene mora en los casos.<\/p>\n

Los primeros dos Juzgados Especializados de la Mujer, de instrucci\u00f3n y sentencia, nacieron en San Salvador, en julio de 2017. Fue hasta enero de 2018 que comenzaron a funcionar dos m\u00e1s de instrucci\u00f3n y sentencia, en San Miguel y Santa Ana, autorizados para atender procesos de los cuatro departamentos de la zona oriental y los tres de la zona occidental, respectivamente.<\/p>\n

Son los tres Juzgados Especializados de Instrucci\u00f3n, donde a\u00fan est\u00e1 el caso de Abarca, los que, de acuerdo con informaci\u00f3n oficial de la CSJ<\/span>, tienen mayor carga laboral. Y es que ellos fueron creados para recibir diferentes tipos de procesos.<\/p>\n

En su decreto de creaci\u00f3n, la Asamblea Legislativa estableci\u00f3 que estos tres juzgados conocieran los 11 delitos especiales de la LEIV<\/span>, que como el de Abarca y Ayala<\/span>, fueron presentados por la FGR<\/span> en un juzgado no especializado y luego fueron remitidos a los tribunales de la mujer.<\/p>\n

Los juzgados tambi\u00e9n conocen cinco delitos espec\u00edficos del C\u00f3digo Penal y casos en los que existe un delito del C\u00f3digo Penal mezclado con los 11 delitos de la LEIV<\/span>. Por ejemplo, una mujer que haya sufrido de lesiones, pero que antes de ser lesionada tambi\u00e9n haya sido v\u00edctima de expresiones de violencia. De forma similar tambi\u00e9n funciona aqu\u00ed la Ley de Delitos Inform\u00e1ticos.<\/p>\n

A esto se suma que la posibilidad que tienen estos tribunales para procesar hechos de violencia intrafamiliar<\/span>, decretar medidas de protecci\u00f3n a las v\u00edctimas e imponer y dar seguimiento a medidas cautelares cuando exista discriminaci\u00f3n a la mujer motivada por el g\u00e9nero. Esta \u00faltima funci\u00f3n de los juzgados est\u00e1 basada en la Ley de Equidad y Erradicaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra las Mujeres, de la que todav\u00eda no hay un procedimiento como tal.<\/p>\n

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Saturaci\u00f3n<\/strong>. El Juzgado Especializado de Instrucci\u00f3n de la Mujer de San Salvador realiza hasta seis audiencias por d\u00eda. En la pizarra est\u00e1 la programaci\u00f3n del tribunal para una semana de febrero.<\/figcaption><\/figure>\n

Es toda esta cantidad de procesos que est\u00e1n aptos para recibir lo que diferencia a los Juzgados Especializados de Instrucci\u00f3n de la Mujer con los de sentencia. Los \u00faltimos conocen los casos penales que le env\u00edan los Especializados de Instrucci\u00f3n de la Mujer. Tambi\u00e9n pueden hacerlo los juzgados comunes de instrucci\u00f3n, solo cuando los jueces analizan que un caso que llega a sus tribunales, hasta entonces, no ha sido considerado violencia de g\u00e9nero, pero s\u00ed lo es.<\/p>\n

Aunque el decreto de creaci\u00f3n de los Juzgados Especializados de la Mujer estableci\u00f3 que estos estaban facultados de conocer casos relacionados con la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar<\/span> cuando la v\u00edctima fuera mujer y esto no implicara un delito, la jueza<\/span> de instrucci\u00f3n dice que los juzgados de familia y de paz de la zona donde trabaja, que ya conoc\u00edan de estos hechos, comenzaron a mandarles todos los casos a su tribunal con la idea de que fuera ella quien los resolviera.<\/p>\n

No pas\u00f3 solo en esa zona, Ju\u00e1rez conoce de casos de mujeres que fueron remitidas desde los juzgados de paz de la zona central y paracentral<\/span> y desde los juzgados de familia, para el especializado de instrucci\u00f3n de San Salvador, con la excusa que en esta sede las atender\u00edan mejor.<\/p>\n

Esto hizo que la CSJ<\/span>, el 20 de octubre de 2018, enviara una circular a los jueces de familia y de paz, en la que les indic\u00f3 que despu\u00e9s de un estudio hab\u00eda determinado que, gran parte de la saturaci\u00f3n de los Juzgados Especializados de Instrucci\u00f3n de la Mujer, se deb\u00eda al env\u00edo de las denuncias por violencia intrafamiliar<\/span>, cuando ellos tambi\u00e9n eran responsables de no solo recibirlas, sino de tramitarlas hasta que el proceso terminara.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de las competencias de los juzgados, Ju\u00e1rez se\u00f1ala lo que esto significa para la realidad de una mujer que sufre violencia y necesitaba ayuda del juzgado m\u00e1s cercano. “\u00bfQu\u00e9 va a pasar? Ella va a ir a un juez de paz, le va a pedir auxilio, \u00e9l le va a decir que no. Sencillamente va a regresar a la casa y va a favorecer la impunidad”, dice, y asegura que ante la carga laboral, las juezas<\/span> de instrucci\u00f3n priorizan los casos donde todav\u00eda no hay un hecho consumado y se enfocan en aquellos en donde hay un potencial riesgo feminicida<\/span>, pero no deber\u00eda ser as\u00ed.<\/p>\n

El informe de 2018 de la SNDVM<\/span> se\u00f1ala que ese a\u00f1o, los juzgados emitieron 3,483 medidas de protecci\u00f3n para que los victimarios no se acercaran a la casa, al lugar de trabajo o de estudio de las v\u00edctimas. Este acercamiento, que representa un 8 % del total de causas de la aprobaci\u00f3n de las medidas, significa riesgo para un feminicidio<\/span>, pero es la medida que menos otorgan los jueces, apunta Ju\u00e1rez.<\/p>\n

La abogada, adem\u00e1s, se refiere a la EHPM<\/span> de 2017, que arroj\u00f3 que el 94 % de las v\u00edctimas de violencia dijeron no confiar en el sistema, porque este fue incapaz de detectar la violencia por s\u00ed solo, cuando le corresponde de oficio, pero lo hace hasta cuando ya hay denuncias.<\/p>\n

Desde ORMUSA<\/span> se apuesta a tener centralizado un sistema de alerta temprana, para presentarlo a la PNC<\/span> y as\u00ed esta instituci\u00f3n pueda identificar cuando un hombre est\u00e9 incumpliendo medidas de protecci\u00f3n a la v\u00edctima. “La apuesta de ORMUSA<\/span> es que haya mujeres vivas, que no las asesinen”, dice Ju\u00e1rez.<\/p>\n

La jueza<\/span> de instrucci\u00f3n que habl\u00f3 con la Revista S\u00e9ptimo Sentido sostiene que la violencia de g\u00e9nero no se est\u00e1 atacando, porque la realidad demuestra que la violencia intrafamiliar<\/span> puede terminar con la muerte de una mujer. Pero ella apunta a la falta de preparaci\u00f3n de los fiscales para representar a las v\u00edctimas. “La Fiscal\u00eda est\u00e1 en deuda con las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero. La Fiscal\u00eda no investiga, y s\u00e9 que tienen una saturaci\u00f3n de carga incre\u00edble, que las de la Unidad de la Ni\u00f1ez, Adolescencia y la Mujer son unas unidades que tienen un sin fin de casos, pero si se judicializa<\/span> uno se deben realizar todas las diligencias para que no se le mande un mal anuncio a la sociedad: pegarle a una mujer y aqu\u00ed no pas\u00f3 nada”, aclara la juzgadora.<\/p>\n

Cuenta que su tribunal ha estado inconforme, dos veces, con decisiones que han tomado fiscales, avaladas por sus superiores, que dejan en desventaja a las v\u00edctimas ante el sistema. Una de ellas est\u00e1 relacionada con la petici\u00f3n de sobreseimiento definitivo en un caso de lesiones, que por el v\u00ednculo entre la v\u00edctima y el victimario, debieron ser agravadas, pero no fue as\u00ed.<\/p>\n

En este caso, la FGR<\/span> dijo que la v\u00edctima ya no deseaba continuar con el proceso, pero desde la instituci\u00f3n que tiene el monopolio investigativo<\/span> en el pa\u00eds, no se analiz\u00f3 el c\u00edrculo de la violencia que ella sufr\u00eda y que, por aquel momento, la v\u00edctima estaba en la etapa de luna de miel y hab\u00eda perdonado a su victimario, se\u00f1ala la juzgadora.<\/p>\n

Uno de los problemas que ORMUSA<\/span> ha identificado en los juzgados especializados, espec\u00edficamente en los de San Salvador, es que su carga laboral no les permite que haya calidad en sus resoluciones, como la hubo cuando iniciaron a funcionar: fundamentadas bajo una perspectiva de g\u00e9nero y desde el derecho antidiscriminatorio<\/span>, y con la aplicaci\u00f3n de est\u00e1ndares internacionales de protecci\u00f3n a derechos humanos. Adem\u00e1s, a criterio de Ju\u00e1rez, hay resoluciones de la C\u00e1mara Especializada de la Mujer que favorecen la impunidad, porque revierten decisiones de los tribunales aplicando las leyes comunes y no enfocadas en la violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n

En esto coincide Sagastume<\/span>. “Yo s\u00ed he visto resoluciones de la C\u00e1mara Especializada que me las podr\u00eda haber hecho cualquier c\u00e1mara penal. Sin perspectiva de g\u00e9nero, sin ver la vulnerabilidad de la v\u00edctima”, aduce.<\/p>\n

Seg\u00fan Sagastume<\/span>, en algunos casos no han podido hacer uso de c\u00e1maras Gesell<\/span>, necesarias para que la v\u00edctima se sienta en un ambiente agradable para declarar y no est\u00e9 viendo a su victimario. Lo hacen, dice, basados en el art\u00edculo 57 de la LEIV<\/span>, que establece que la v\u00edctima puede dar su testimonio en condiciones especiales y de protecci\u00f3n, con el objetivo de evitar el sufrimiento de las v\u00edctimas, quienes a veces pasan hasta dos a\u00f1os en los procesos judiciales por la carga de los juzgados.<\/p>\n

Pero para la fiscal, el tribunal superior entiende que esto se trata de una prueba anticipada que la FGR<\/span> pide y deja entrever que el ministerio p\u00fablico no va a tener disponible a la v\u00edctima durante el proceso. Les ha llegado a pedir como requisito que la solicitud del uso de la c\u00e1mara Gesell<\/span> est\u00e9 amparado en el peritaje psicol\u00f3gico de las v\u00edctimas, cuando muchos de estos peritajes ni siquiera lo valoran como una opci\u00f3n para que la v\u00edctima declare.<\/p>\n

El 18 de enero de 2018, la mam\u00e1 de Carla Ayala<\/span> lleg\u00f3 a Casa Presidencia para entregarle una carta al expresidente<\/span> de la Rep\u00fablica, Salvador S\u00e1nchez Cer\u00e9n<\/span>, en la que exigi\u00f3 esfuerzos para encontrar a su hija y que esto no fuera un caso m\u00e1s sin respuesta.<\/p>\n

La PNC<\/span>, en septiembre de ese a\u00f1o, dijo, todav\u00eda sin base cient\u00edfica, que los restos encontrados en el caser\u00edo Los R\u00edos eran de Ayala<\/span>. Oficialmente la instituci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda sido la misma madre de Ayala<\/span> que hab\u00eda reconocido prendas de ella en la escena.<\/p>\n

Estas declaraciones hicieron que, un s\u00e1bado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana Jos\u00e9 Sime\u00f3n<\/span> Ca\u00f1as (IDHUCA<\/span>) montara una conferencia de prensa, en la cual su director, Jos\u00e9 Mar\u00eda Tojeira<\/span>, calific\u00f3 de show y poco responsable lo que la polic\u00eda estaba haciendo. Arnau<\/span> Baulenas<\/span>, abogado de este instituto, insisti\u00f3 en que no era justo para la familia de Ayala<\/span> que se estuvieran haciendo especulaciones.<\/p>\n

El IDHUCA<\/span> es el acusador particular en el caso de Ayala<\/span> y ha pedido a la PNC<\/span> que indemnice a la familia de la agente. Ya el 20 de noviembre del a\u00f1o pasado, Baulenas<\/span> advert\u00eda que era alarmante que el caso de Ayala<\/span> todav\u00eda no terminara.<\/p>\n

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Contra el reloj.<\/strong> La sobrecarga de los tribunales especializados conlleva a que los plazos de detenci\u00f3n de los acusados se venzan y ellos queden en libertad, sujetos al proceso solo con medidas.<\/figcaption><\/figure>\n

“El acompa\u00f1amiento es determinante, porque no es solamente estar ah\u00ed al lado de la mujer, sino que la mujer siente como ese apoyo, porque se va a enfrentar con la persona en un medio en que muchas veces es intimidante: una mesa donde est\u00e1 un juez, est\u00e1 el denunciado que le ha propiciado violencia, que puede ser por a\u00f1os”, dice Marta Bessy<\/span> Chac\u00f3n, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Atenci\u00f3n Especializada para las Mujeres de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n

La PGR es una de las instituciones estatales que dan acompa\u00f1amiento psicol\u00f3gico y legal a las mujeres que son v\u00edctimas de violencia, adem\u00e1s de prestarles el servicio de representaci\u00f3n legal en los procesos. Hasta el momento cuenta con 50 personas, entre psic\u00f3logos, trabajadores sociales y abogados, que forman equipos especializados para brindar este servicio en las 15 de las 18 procuradur\u00edas auxiliares que hay a nivel nacional.<\/p>\n

La PGR puede remitir a mujeres que sufren violencia a los tribunales especializados, cuenta la soci\u00f3loga Beraliz<\/span> Argueta<\/span>.<\/p>\n

Argueta<\/span>, la \u00fanica en su rama dentro del \u00fanico equipo multidisciplinario que trabaja para estos juzgados, habla que no dan abasto con todas sus responsabilidades por la carga que hay en los tribunales. El grupo, que adem\u00e1s, est\u00e1 conformado por cuatro psic\u00f3logos, un educador y tres trabajadores sociales, fue contratado por la CSJ<\/span> con la idea que ayudaran a los juzgados, entre otras responsabilidades, haciendo diferentes tipos de informes que, no son pruebas en los procesos judiciales, pero que les ayuda a las juezas<\/span> a analizar el contexto en el que vive una mujer que es v\u00edctima de violencia.<\/p>\n

Parte de sus funciones tambi\u00e9n consiste en verificar la necesidad de medidas de protecci\u00f3n que piden las mujeres a los juzgados y verificar que, una vez otorgadas, el hombre denunciado las cumpla. Pero esto requiere tiempo y recursos, y el equipo estaba atendiendo solo hasta el 17 de febrero la tercera parte de todos los casos que trabajaron en 2019. Son m\u00e1s de 60 casos que tienen que atender los psic\u00f3logos y trabajadores sociales, cinco casos por semana.<\/p>\n

En papel ha quedado la existencia de m\u00e1s equipos multidisciplinarios que estableci\u00f3 el decreto de creaci\u00f3n de los juzgados especializados. Ante esta carencia, la jueza<\/span> de instrucci\u00f3n a la que entrevist\u00f3 esta revista, se auxilia de trabajadores sociales de los juzgados de familia. Ellos, sin embargo, comenzaron trabajando peritajes sin ning\u00fan enfoque de g\u00e9nero, dice.<\/p>\n

Argueta<\/span> se\u00f1ala que el gobierno de Nayib<\/span> Bukele<\/span> no ha dado prioridad a las mujeres v\u00edctimas de violencia. Para explicarlo mejor, se refiere al despido de la mayor\u00eda de los colaboradores de las Oficinas Locales de Atenci\u00f3n a las V\u00edctimas, que es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad P\u00fablica, y de donde ellos remit\u00edan a mujeres para que contaran con asesor\u00eda legal.<\/p>\n

Ju\u00e1rez retoma el SNDVM<\/span> de 2018, que revela que la inversi\u00f3n del todas las carteras de Estado para las mujeres es de menos del 1 % del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, por lo que considera que esto se trata de un problema masivo y sistem\u00e1tico.<\/p>\n

El \u00d3rgano Judicial es el \u00f3rgano que m\u00e1s dinero dispone del presupuesto, alcanzando el 6 %. El monto para operar en el 2020 es de $302, 250,265. M\u00e1s de la mitad de est\u00e1 destinado a la administraci\u00f3n de justicia. De acuerdo con la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ<\/span>, Doris<\/span> Luz Rivas Galindo, el Juzgado Especializado de Instrucci\u00f3n de San Salvador contar\u00e1 con una jueza<\/span> interina que recibir\u00e1 los nuevos procesos, al tiempo que la actual jueza<\/span> atienda los ya ingresados. Esto, asegura la Unidad de Comunicaciones de la instituci\u00f3n, ser\u00e1 a partir del 1 de abril.<\/p>\n

La funcionaria tambi\u00e9n dice que se tiene previsto que, en agosto, haya dos juzgados m\u00e1s de instrucci\u00f3n en San Salvador, y dependiendo del flujo de procesos, se cree otro de sentencia.<\/p>\n

“Creo que si se lograra capacitar a todos los jueces con enfoque de g\u00e9nero, el fen\u00f3meno (la saturaci\u00f3n) se erradicar\u00eda”, se\u00f1ala la jueza<\/span> de instrucci\u00f3n entrevistada, y habla esfuerzos desde la CSJ<\/span> y el Consejo Nacional de la Judicatura para capacitar a los jueces.<\/p>\n

El juicio sobre el caso de la agente Carla Ayala<\/span> est\u00e1 programa para que inicie el 16 de marzo. En el caso de Jocelyn<\/span> Abarca, todav\u00eda es incierto cu\u00e1ndo ser\u00e1 la audiencia preliminar. Mientras, m\u00e1s mujeres que est\u00e1n siendo v\u00edctimas de violencia se avocan a un sistema saturado, que no est\u00e1 a la altura del problema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A casi tres a\u00f1os de la creaci\u00f3n de los Juzgados Especializados para la Mujer, a\u00fan hay un sistema que no es capaz de responderle a todas las v\u00edctimas en los plazos legales y desde un enfoque especializado. En San Salvador est\u00e1 el tribunal m\u00e1s saturado de los seis que funcionan a nivel nacional, que ha llegado al punto de postergar audiencias mientras corre el tiempo y acusados de delitos graves, como feminicidios, pueden recuperar su libertad. La organizaci\u00f3n ORMUSA indica que, solo en el primer semestre de 2019, la impunidad en los casos denunciados fue mayor al 70 %.<\/p>\n","protected":false},"author":57,"featured_media":7319,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[10],"tags":[],"yoast_head":"\nEl colapso de los juzgados de la mujer - S\u00e9ptimo Sentido<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/el-colapso-de-los-juzgados-de-la-mujer\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El colapso de los juzgados de la mujer\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A casi tres a\u00f1os de la creaci\u00f3n de los Juzgados Especializados para la Mujer, a\u00fan hay un sistema que no es capaz de responderle a todas las v\u00edctimas en los plazos legales y desde un enfoque especializado. 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