{"id":6729,"date":"2019-11-24T00:04:40","date_gmt":"2019-11-24T06:04:40","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=6729"},"modified":"2019-11-23T18:03:13","modified_gmt":"2019-11-24T00:03:13","slug":"la-fabrica-de-pruebas-de-la-policia-de-nicaragua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/la-fabrica-de-pruebas-de-la-policia-de-nicaragua\/","title":{"rendered":"La f\u00e1brica de pruebas de la Polic\u00eda de Nicaragua"},"content":{"rendered":"
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Fotograf\u00edas de CONNECTAS<\/figcaption><\/figure>\n

La escena atrajo a decenas de curiosos. El cad\u00e1ver del estadounidense Sixto Henry Vera, de 48 a\u00f1os, yac\u00eda ensangrentado y desnudo en el pavimento desde las primeras horas de la ma\u00f1ana de aquel 2 de junio de 2018. A su espalda, en los alrededores del barrio Rubenia en Managua, su veh\u00edculo y otro supuestamente utilizado por sus asesinos ard\u00edan hasta convertirse en cenizas. El Instituto de Medicina Legal determin\u00f3 horas despu\u00e9s que la muerte fue violenta y homicida desde el punto de vista legal.<\/p>\n

Vera era hijo de ecuatorianos, nacido en New York, con un restaurante en Nicaragua. Dedicarse a ese negocio pod\u00eda significarle salidas nocturnas en su rutina laboral. Pero la de la madrugada antes de su asesinato fue de otra naturaleza. Celebr\u00f3 su cumplea\u00f1os escuchando mariachis hasta que una llamada telef\u00f3nica, avis\u00e1ndole que un amigo estaba en problemas, lo oblig\u00f3 a salir en su b\u00fasqueda sin saber que ser\u00eda su \u00faltimo viaje, seg\u00fan las versiones de la prensa local.<\/p>\n

De manera sorprendente, cuarenta y ocho horas despu\u00e9s de que la embajada de Estados Unidos lamentara los hechos, la Polic\u00eda de Nicaragua se\u00f1al\u00f3 a los supuestos responsables del crimen: Ezequiel Gamaliel Leiva Garc\u00eda y N\u00e9stor Enmanuel Molina Tiffer. Eran dos desconocidos, cuyos nombres se sumaban al c\u00famulo de sucesos violentos ocurridos en el contexto de las protestas. Hasta entonces hab\u00edan muerto 108 personas seg\u00fan los datos del Centro Nicarag\u00fcense de Derechos Humanos (CENIDH), reportados por la prensa internacional. Meses m\u00e1s tarde aumentar\u00eda a 328 muertos y m\u00e1s de dos mil heridos seg\u00fan la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, que se\u00f1al\u00f3 el uso excesivo de la fuerza a manos del Estado contra los manifestantes.<\/p>\n

Sin embargo, la trama policial que dio por esclarecido el asesinato de Vera se enred\u00f3. Los se\u00f1alamientos contundentes, proferidos por el comisionado general Sergio Guti\u00e9rrez, segundo jefe de Managua, se tambalearon a la luz de los hechos. Leiva Garc\u00eda se encontraba en coma en el hospital Salud Integral desde el 31 de mayo por una herida de bala que le ocasionaron tres d\u00edas antes cuando participaba en las manifestaciones. Seg\u00fan la explicaci\u00f3n de su padre, Ezequiel Leiva, quien sali\u00f3 en defensa del honor de este mostrando una constancia del centro m\u00e9dico, era imposible que el joven hubiese atacado al estadounidense. Los tiempos no cuadraban.<\/p>\n

El 17 de septiembre Leiva Garc\u00eda muri\u00f3, y el titular de las noticias report\u00f3 el fallecimiento de uno de los acusados por el caso. La muerte ser\u00eda tambi\u00e9n el destino de Molina Tiffer, el otro se\u00f1alado por las autoridades y quien ser\u00eda encontrado sin vida por agentes, en un ata\u00fad, un mes despu\u00e9s de la versi\u00f3n policial al requisar un cami\u00f3n. Seg\u00fan la Polic\u00eda, este fue v\u00edctima de un enfrentamiento entre los miembros de una barricada levantada en la zona central del pa\u00eds. El vocero policial, comisionado C\u00e9sar Cuadra, dijo que el fallecido fue v\u00edctima de “grupos delincuenciales” que se dispararon mientras estaban ebrios.<\/p>\n

El caso del estadounidense, que tuvo amplia resonancia a nivel nacional, dej\u00f3 la sensaci\u00f3n de que hab\u00eda sido un montaje, lo que se suma a los cuestionamientos realizados por organismos de derechos humanos a la Polic\u00eda de Nicaragua, entre los cuales se encuentran asesinatos a ciudadanos, detenciones arbitrarias de l\u00edderes estudiantiles, campesinos y opositores en general al gobierno de Daniel Ortega.<\/p>\n

En septiembre pasado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, record\u00f3 en un informe que se documentaron violaciones a DDHH cometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018, “tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Polic\u00eda que se materializ\u00f3 en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registr\u00e1ndose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detenci\u00f3n”.<\/p>\n

Una investigaci\u00f3n de Onda Local en alianza con CONNECTAS<\/strong><\/a> recopil\u00f3 siete testimonios de v\u00edctimas que fueron inculpadas p\u00fablicamente por la Polic\u00eda, pero adem\u00e1s levant\u00f3 una base de datos de las notas de prensa oficiales en las cuales la instituci\u00f3n los se\u00f1al\u00f3 por la comisi\u00f3n de delitos, lo que sirvi\u00f3 de base para que posteriormente fueran acusados por la Fiscal\u00eda y sentenciados por jueces simpatizantes del partido de gobierno.<\/p>\n

Para la soci\u00f3loga Elvira Cuadra, investigadora nicarag\u00fcense en temas de seguridad, la actuaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional no corresponde con los par\u00e1metros de un cuerpo profesional, sino “a un aparato armado que responde a intereses espec\u00edficos del grupo Ortega-Murillo”, refiri\u00e9ndose al gobernante y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La especialista ha criticado la involuci\u00f3n institucional de la Polic\u00eda desde el ascenso de Ortega al poder al recordar que, aunque fue fundada en los a\u00f1os de la revoluci\u00f3n sandinista, despu\u00e9s de 1990 inici\u00f3 un proceso de fortalecimiento institucional pasando de ser “sandinista” a “nacional”. Luego todo cambi\u00f3 y se politiz\u00f3.<\/p>\n

“La Polic\u00eda ven\u00eda en un proceso de deterioro institucional en relaci\u00f3n a su actuaci\u00f3n, observancia y protecci\u00f3n de los derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas). Lo que sucedi\u00f3 despu\u00e9s de esa fecha fue que se agudiz\u00f3 profundamente. El papel de la instituci\u00f3n se ha distorsionado”, afirm\u00f3 Cuadra.<\/p>\n

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R\u00e9gimen<\/strong>. El presidente Daniel Ortega junto a la entonces jefa policial de Nicaragua, la primera comisionada Aminta Granera, hoy retirada, y a su sucesor, Francisco D\u00edaz Madriz, consuegro del mandatario.<\/figcaption><\/figure>\n

La instituci\u00f3n policial es presidida por el propio Ortega, dado que el Presidente es el jefe supremo de la instituci\u00f3n seg\u00fan la Constituci\u00f3n nicarag\u00fcense. La direcci\u00f3n est\u00e1 en manos del primer comisionado Francisco D\u00edaz Madriz desde agosto de 2018, cuando el mandatario lo ascendi\u00f3 obviando las cr\u00edticas de que se trataba de su consuegro y que fue sancionado por la comunidad internacional tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El subdirector general es el comisionado general Ram\u00f3n Avell\u00e1n, quien es cuestionado por la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes a manos de agentes policiales en el departamento de Masaya, al oriente del pa\u00eds centroamericano, donde dirigi\u00f3 personalmente la represi\u00f3n y se identific\u00f3 p\u00fablicamente con el gobierno.<\/p>\n

El abogado Julio Montenegro, integrante de la Organizaci\u00f3n Defensores del Pueblo, un equipo legal que brinda acompa\u00f1amiento a los reos pol\u00edticos en Nicaragua, manifest\u00f3 que la actuaci\u00f3n de las autoridades policiales “ha sido pr\u00e1cticamente contrario a un debido proceso”, ya que las detenciones han ocurrido de forma ilegal sin orden de captura, allanamiento y fuera de los tiempos establecidos en el C\u00f3digo Penal como ocurri\u00f3 con Bryan Murillo, de 24 a\u00f1os.<\/p>\n

Agentes policiales asesinaron a Murillo a las 5:20 de la ma\u00f1ana el 17 de julio de 2019 en Le\u00f3n, al occidente de Nicaragua. La Polic\u00eda aleg\u00f3 que un oficial dispar\u00f3 en defensa propia cuando el joven y otros dos los atacaron con machetes, lesionando al teniente \u00c1lvaro Jos\u00e9 Pichardo Salazar. Las autoridades calificaron a las v\u00edctimas de \u2018delincuentes\u2019 y \u2018pr\u00f3fugos de alta peligrosidad\u2019, pero sus familiares presentaron “certificados de conducta” de la instituci\u00f3n, evidenciando que no ten\u00edan antecedentes criminales hasta un a\u00f1o antes del suceso.<\/p>\n

Karen L\u00f3pez, familiar de la v\u00edctima, sostuvo a la radio local Dar\u00edo tras el crimen que ella vio cuando dos oficiales salieron de la casa. “Uno hizo una llamada y dijo \u2018manden refuerzos que la encab\u00e9 (comet\u00ed un error)\u2019”. La historia provoc\u00f3 inconformidad entre los ciudadanos que acompa\u00f1aron el f\u00e9retro hasta su \u00faltima morada, protestando contra lo que consideraron un abuso de poder.<\/p>\n

A Gennsy Efr\u00e9n Mairena, originario de Matagalpa, lo capturaron fuerzas paraestatales, pero fue presentado p\u00fablicamente por la Polic\u00eda el 17 de octubre de 2018, acusado de los delitos de secuestro, tortura, lesiones, amenazas de muerte y portaci\u00f3n ilegal de armas de fuego. Lo excarcelaron el 27 de febrero pasado y asegura que no usa armas. Para \u00e9l, todas las acusaciones en su contra son falsas. Dice que su delito fue “protestar”.<\/p>\n

“Me dijeron que ten\u00edan una orden de captura, pero nunca me la mostraron. Me acusaron por una docena de delitos. Es il\u00f3gico que por salir a protestar sea acusado por delitos que nunca comet\u00ed. Lo que dice el comandante (Ortega), lo que \u00e9l ordena, ellos lo hacen”, a\u00f1adi\u00f3 Mairena refiri\u00e9ndose a las autoridades judiciales.<\/p>\n

\u201cLa Polic\u00eda ven\u00eda en un proceso de deterioro institucional en relaci\u00f3n a su actuaci\u00f3n, observancia y protecci\u00f3n de los derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas). Lo que sucedi\u00f3 despu\u00e9s de esa fecha fue que se agudiz\u00f3 profundamente. El papel de la instituci\u00f3n se ha distorsionado\u201d, Elvira Cuadra, soci\u00f3loga e investigadora nicarag\u00fcense en temas de seguridad.<\/h4>\n

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POLIC\u00cdA JUZG\u00d3 A OPOSITORES ANTE MEDIOS<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan la base de datos construida para esta investigaci\u00f3n period\u00edstica por Onda Local en alianza con CONNECTAS y basada en las notas de prensa oficiales, al menos 251 personas de 1,900 detenidos entre mayo de 2018 y julio de 2019 fueron apresados por su participaci\u00f3n directa en las protestas. Fueron remitidos de 10 de 15 departamentos del pa\u00eds centroamericano: Masaya, Managua, Carazo, Rivas, Le\u00f3n, Chinandega, Chontales, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. Tambi\u00e9n detuvieron en la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma del Caribe Norte que tiene una categor\u00eda diferente a la departamental seg\u00fan la divisi\u00f3n administrativa del pa\u00eds.<\/p>\n

A estos detenidos las autoridades los exhibieron p\u00fablicamente como “terroristas”, “delincuentes golpistas” y “cabecillas de tranques (barricadas)”; descalificativos que luego los acusadores (Fiscal\u00eda) us\u00f3 en los procesos judiciales contra estos opositores.<\/p>\n

Al menos 54 de los 251 manifestantes procesados lo fueron tambi\u00e9n por otros delitos comunes, como robo con intimidaci\u00f3n (18), robos (13), abastecimiento de droga (4), tenencia ilegal de armas de fuego (4), transporte ilegal de explosivos (1), asesinato (11), alteraci\u00f3n al orden p\u00fablico (1) y saqueo e incendio (2). El dato que resulta m\u00e1s destacable, sin embargo, es que, mientras las acusaciones oficiales a los opositores fueron de manera masiva por terrorismo, el mismo anuario de la Polic\u00eda reconoci\u00f3 que reportaron 56 denuncias por ese delito y una por financiamiento al mismo en 2018, el a\u00f1o de la crisis. Seg\u00fan este mismo anuario, resolvieron 32. Si se revisan las estad\u00edsticas de 2017, en esa ocasi\u00f3n ni siquiera se report\u00f3 un caso de terrorismo.<\/p>\n

Parte del marco legal para las operaciones policiales la aprob\u00f3 el partido gobernante tres meses despu\u00e9s de iniciadas las protestas del a\u00f1o pasado, es decir en julio de 2018. Se trata de una ley contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Para las autoridades, los opositores fueron acusados bajo la definici\u00f3n del C\u00f3digo Penal, sin embargo Amnist\u00eda Internacional consider\u00f3 que la legislaci\u00f3n pudo utilizarse “como herramienta para un uso indebido del derecho penal”. La aprobaci\u00f3n de la nueva ley coincide con el mes cuando los capturados fueron se\u00f1alados como terroristas por el Estado.<\/p>\n

“La calificaci\u00f3n del t\u00e9rmino \u2018terrorista\u2019 por \u00f3rganos del Estado, contra personas que no cuentan con una sentencia condenatoria firme, significa una afrenta a la honra, dignidad y reputaci\u00f3n de la persona de acuerdo al art\u00edculo 11 de la Convenci\u00f3n Americana”, expres\u00f3 el organismo en el informe “Sembrando el terror, de la letalidad a la persecuci\u00f3n en Nicaragua”, publicado en 2018.<\/p>\n

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Libertad<\/strong>. La madre del preso pol\u00edtico Edward Lacayo, Estela Rodr\u00edguez, con una pancarta pidiendo la libertad de su hijo meses atr\u00e1s.<\/figcaption><\/figure>\n
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Para Gonzalo Carri\u00f3n, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca M\u00e1s, radicado en Costa Rica por amenazas del Estado, “al ponerle la etiqueta de delincuente a una persona se convirti\u00f3 en una sentencia de muerte. Estigmatizaron a las personas masivamente como si ser delincuente, equivale a la p\u00e9rdida de derechos”, dijo para esta investigaci\u00f3n publicada en el espacio para hablar sobre el pa\u00eds centroamericano en CONNECTAS<\/a><\/strong>.<\/p>\n

Carri\u00f3n fue v\u00edctima de una campa\u00f1a de persecuci\u00f3n estatal. El oficialismo se\u00f1al\u00f3 al jurista de encubrir a los asesinos de una familia que fue calcinada en junio de 2018. Seg\u00fan los testigos del caso, algunos de ellos sobrevivientes con los cuales \u00e9l convers\u00f3, los autores del crimen eran parapolic\u00edas que actuaron protegidos por los agentes.<\/p>\n

A pesar de esos cuestionamientos a la instituci\u00f3n, el jefe de la Direcci\u00f3n de Auxilio Judicial, el comisionado general Luis Alberto P\u00e9rez Olivas, acus\u00f3 de encubrimiento a Carri\u00f3n, quien fungi\u00f3 como director jur\u00eddico del CENIDH hasta su salida del pa\u00eds centroamericano. El jefe policial declar\u00f3 primero contra la jefa de \u00e9ste. “Vilma N\u00fa\u00f1ez (presidenta del organismo), mantuvo oculto a los sobrevivientes (en el caso del crimen de la familia calcinada) en contra de su voluntad, instig\u00e1ndolos a acusar al Gobierno y a la Polic\u00eda Nacional, prometi\u00e9ndoles tramitar visa estadounidense y costarricense, ofreci\u00e9ndoles pagar sus costos de estad\u00eda en cualquiera de estos dos pa\u00edses”, afirm\u00f3 P\u00e9rez Olivas.<\/p>\n

Seg\u00fan Carri\u00f3n, la campa\u00f1a de estigmatizaci\u00f3n contra los opositores se sostiene en la impunidad con la que el partido de gobierno protege a cualquier simpatizante sandinista.<\/p>\n

Las declaraciones de P\u00e9rez Olivas concordaron, sin embargo, con el discurso institucional que respald\u00f3 al gobierno en su visi\u00f3n de que fueron v\u00edctimas de un golpe de Estado, tal como dijo el primer comisionado Francisco D\u00edaz cuando asumi\u00f3 el mando nacional el 10 de septiembre de 2018.<\/p>\n

D\u00edaz lament\u00f3 entonces la muerte de 22 oficiales durante las protestas del a\u00f1o pasado, la destrucci\u00f3n de propiedades del Estado, mientras sostuvo que jam\u00e1s atacaron a nadie, porque hicieron “uso leg\u00edtimo de la fuerza” para garantizar la vida, integridad f\u00edsica y bienes de las personas, familias y comunidades.<\/p>\n

“A partir del 19 de abril (de 2018), grupos terroristas intentaron un golpe de Estado, destruyendo la paz que durante m\u00e1s de 11 a\u00f1os hab\u00edamos disfrutado, cometiendo cr\u00edmenes horrendos, abominables”, acus\u00f3 D\u00edaz, que reconoci\u00f3 198 fallecidos en el contexto de las protestas, mientras dijo que 900 polic\u00edas resultaron adem\u00e1s lesionados.<\/p>\n

La opini\u00f3n del jefe policial contrasta con los testimonios dados por v\u00edctimas de la represi\u00f3n a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, en que se\u00f1alaron a la Polic\u00eda, grupos de choque (pandillas) y parapolic\u00edas como los autores de los ataques a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Permanente de Derechos Humanos, que lleva un registro de las denuncias contra estas estructuras represivas, asegur\u00f3 que hubo resistencia interna a las \u00f3rdenes de la jefatura. Al menos veinte polic\u00edas se negaron a atacar a la poblaci\u00f3n, renunciaron y se acercaron a denunciarlo al organismo. “A los que la instituci\u00f3n (Polic\u00eda) logr\u00f3 atrapar, los injuri\u00f3 medi\u00e1ticamente”, afirm\u00f3 Pablo Cuevas, asesor legal del organismo.<\/p>\n

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Parapolic\u00edas<\/strong>. Un grupo de parapolic\u00edas, aliados del partido de gobierno en Nicaragua, operando meses atr\u00e1s en un barrio de Managua, capital del pa\u00eds centroamericano.<\/figcaption><\/figure>\n

Cuevas relata que en junio de 2019 conoci\u00f3 el caso del teniente Edwin Antonio Hern\u00e1ndez Figueroa, un oficial antinarc\u00f3ticos de la ciudad de Le\u00f3n, quien fue capturado al intentar desertar. Pensaba huir por Honduras, pero lo detuvieron antes. Lo acusaron por tr\u00e1fico de drogas y lo condenaron el jueves, 31 de octubre de 2019. El testimonio es revelador, porque permite entender c\u00f3mo funcionarios del Estado, incluidos polic\u00edas, realizaban labores de vigilancia pol\u00edtica a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

“Desde su unidad en Le\u00f3n los organizan en unidades de 10 y de 20 personas que realizan patrullajes; que estas unidades operativas est\u00e1n integradas por trabajadores del Estado (Poder judicial; Enacal-aguadora, etc.) y que son dirigidos por un oficial de inteligencia y antinarc\u00f3ticos. Existe un rol por entidad: la misi\u00f3n es desplazarse por toda la ciudad y reportar a un mando cualquier sospecha de reuni\u00f3n no autorizada o formaci\u00f3n de grupos sospechosos de alguna vinculaci\u00f3n o actividad pol\u00edtica adversa al gobierno”, explic\u00f3 Cuevas en su informe elaborado el 21 de octubre pasado.<\/p>\n

El asesor legal de la CPDH ha denunciado en otras ocasiones la falta de independencia del sistema de justicia. En los expedientes judiciales de los opositores en general, se puede leer que los delitos por los cuales los acusan son “crimen organizado, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asesinato, robo, lesiones, violaciones, incendio, secuestro” y una figura local denominada \u2018entorpecimiento de servicios p\u00fablicos\u2019 por el levantamiento de barricadas en los barrios en protesta contra el gobierno.<\/p>\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n realizada por Onda Local en alianza con CONNECTAS, a partir de enero de 2019, la Polic\u00eda empez\u00f3 a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos pol\u00edticos. Una de esas historias es la del preso pol\u00edtico de Masaya, Edward Enrique Lacayo Rodr\u00edguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tr\u00e1fico de drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor, le fabricaron el delito. “Ese vicio se ven\u00eda arrastrado, se cultivaba la prueba (se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamos hablando que la fabricaci\u00f3n de pruebas es mucho m\u00e1s dr\u00e1stica”, precis\u00f3.<\/p>\n

Montenegro explica que en estos procesos la mayor\u00eda de testigos suelen ser polic\u00edas. Lacayo es tambi\u00e9n propietario de un peque\u00f1o negocio de muebles que hered\u00f3 de sus padres, no tiene capitales y sus deudas alcanzan los 8.900 d\u00f3lares. Existen videos y fotos en las protestas, pero toda esa prueba “me la eliminaron porque no estaba acorde con la teor\u00eda acusatoria” y se basaron en que las autoridades mostraron seis tacos de droga que el procesado “no llevaba” al momento de acusarlo, seg\u00fan \u00e9l.<\/p>\n

Estos juicios denunciados como irregulares, se explican por el control que ejerce el partido de gobierno en el sistema de justicia, el que ha sido reconocido por miembros del c\u00edrculo cercano a Ortega. Cuando el ex magistrado Rafael Sol\u00eds, padrino de bodas de la pareja presidencial, renunci\u00f3 en enero de este a\u00f1o se exili\u00f3 en Costa Rica despu\u00e9s de denunciar un “estado de terror” y una serie de juicios pol\u00edticos que deben ser anulados. Seg\u00fan su criterio, las decisiones fueron tomadas en El Carmen, una alusi\u00f3n local que refiere a la residencia de Ortega por el nombre del reparto donde est\u00e1 ubicada.<\/p>\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n realizada por Onda Local en alianza con CONNECTAS, a partir de enero de 2019, la Polic\u00eda empez\u00f3 a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos pol\u00edticos. Una de esas historias es la del preso pol\u00edtico de Masaya, Edward Enrique Lacayo Rodr\u00edguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tr\u00e1fico de drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor, le fabricaron el delito. \u201cEse vicio se ven\u00eda arrastrado, se cultivaba la prueba (se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamos hablando que la fabricaci\u00f3n de pruebas es mucho m\u00e1s dr\u00e1stica\u201d, precis\u00f3.<\/h4>\n

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As\u00ed se encarcelaron a 777 presos pol\u00edticos, seg\u00fan el Comit\u00e9 Pro Liberaci\u00f3n de Presos pol\u00edticos, formado por los familiares de las v\u00edctimas, un n\u00famero que triplica a la cantidad de capturas reportadas por la Polic\u00eda seg\u00fan la investigaci\u00f3n realizada por Onda Local.<\/p>\n

La influencia del ejecutivo nicarag\u00fcense en la justicia qued\u00f3 en evidencia cuando el gobierno us\u00f3 dos f\u00f3rmulas legales para proceder a la liberaci\u00f3n de 492 reos pol\u00edticos despu\u00e9s que fue presionado por la comunidad internacional que advirti\u00f3 la posibilidad de sanciones si no los dejaban libres. As\u00ed las cosas, 386 salieron bajo el r\u00e9gimen de convivencia familiar (casa por c\u00e1rcel) y 106 a trav\u00e9s de una ley de amnist\u00eda aprobada por el partido gobernante.<\/p>\n

Sin embargo, hay un debate p\u00fablico sobre la cantidad de reos que a\u00fan permanecen encarcelados que ser\u00eda 285 si se toma como cierta la estad\u00edstica inicial del Comit\u00e9. En octubre pasado, el diario digital Confidencial contabiliz\u00f3 139, incluidos nueve que fueron recapturados desde las excarcelaciones iniciadas en febrero pasado. Se desconoce con exactitud cu\u00e1ntos podr\u00edan estar desaparecidos o fueron excarcelados pero no se inform\u00f3 p\u00fablicamente.<\/p>\n

La situaci\u00f3n de Nicaragua sigue manteniendo en alerta a los organismos de derechos humanos. En un comunicado divulgado el tres de noviembre de 2019, Erika Guevara Rosas, directora para Am\u00e9rica Latina de Amnist\u00eda Internacional, afirm\u00f3 que la comunidad internacional debe tener claro que la crisis persiste y las autoridades no han mostrado ninguna voluntad de garantizar derechos. El secretario ejecutivo de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo en su cuenta de Twitter que en “Nicaragua cada d\u00eda hay m\u00e1s represi\u00f3n y es selectiva”.<\/p>\n

El ejecutivo no ha investigado ninguna denuncia, mientras los diarios locales reportan que la represi\u00f3n policial contin\u00faa con el asedio a casas de excarcelados y a opositores en iglesias. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos para desentra\u00f1ar lo ocurrido entre el 18 de abril y 30 de mayo de 2018, denunci\u00f3 en diciembre de ese a\u00f1o la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes de lesa humanidad e instaron a una depuraci\u00f3n de la Polic\u00eda de Nicaragua. La investigaci\u00f3n deber\u00eda incluir un an\u00e1lisis sobre el papel del Presidente y la c\u00fapula policial en la represi\u00f3n para considerarse seria, seg\u00fan los expertos de la OEA, que destacaron la desconfianza de la ciudadan\u00eda en el sistema de justicia por su parcialidad al poder pol\u00edtico.<\/p>\n

Diomedes Reyes, de 22 a\u00f1os y originario de la localidad de Quilal\u00ed, al norte en Nueva Segovia, era muy activo en las manifestaciones opositoras y su madre, M\u00e9lida Hern\u00e1ndez Centeno, dijo a la prensa local que \u00e9l no es un delincuente. Parapolic\u00edas y oficiales lo capturaron el 27 de mayo de 2019. Lo se\u00f1alaron por portaci\u00f3n ilegal de armas de fuego. D\u00edas antes se encontraba exiliado en Costa Rica cuando el gobernante anunci\u00f3 su “plan de retorno seguro y asistido” dirigido a quienes “huyeron” del pa\u00eds. \u00c9l decidi\u00f3 volver.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n oficial se\u00f1ala que lo atraparon en un ret\u00e9n policial cuando viajaba en una motocicleta. Portaba supuestamente de manera ilegal una Colt calibre 45. Le fue decomisada y lo condenaron en el juzgado \u00fanico de su localidad. La prensa local narra que su t\u00edo Jos\u00e9 Reyes Moreno contradijo la versi\u00f3n policial sobre la detenci\u00f3n del joven. Al procesado lo sacaron a “golpes y patadas” de su hogar, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron con rumbo desconocido. No era cierto lo del ret\u00e9n.<\/p>\n

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Violencia<\/strong>. El cuerpo del estadounidense Sixto Vera qued\u00f3 tirado en los alrededores del reparto Rubenia, en Managua.<\/figcaption><\/figure>\n
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*Este trabajo fue realizado por Onda Local en alianza con CONNECTAS, en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS<\/a><\/strong>, un espacio para contar el pa\u00eds centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresi\u00f3n.<\/em><\/p>\n