{"id":6347,"date":"2019-09-15T00:10:50","date_gmt":"2019-09-15T06:10:50","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=6347"},"modified":"2019-09-14T19:33:09","modified_gmt":"2019-09-15T01:33:09","slug":"angelica-no-migra-huye","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/angelica-no-migra-huye\/","title":{"rendered":"Ang\u00e9lica no migra, huye"},"content":{"rendered":"
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Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

Ang\u00e9lica recibi\u00f3 la llamada de un investigador de la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC) que le advirti\u00f3 que ella y su familia estaban en peligro. Alguien los estaba buscando para asesinarlos. Ella, sus dos hijos y su madre huyeron de su hogar con lo que ten\u00edan puesto y nada m\u00e1s.<\/p>\n

Aquella tarde, Ang\u00e9lica apenas ven\u00eda de enterrar a sus dos hijas que fueron asesinadas por los mismos que ahora los estaban amenazando. A\u00fan sin poder asimilar la p\u00e9rdida, la familia escap\u00f3 sin tener un lugar a donde ir. Era mediados de 2017.<\/p>\n

Dos a\u00f1os despu\u00e9s, en una ma\u00f1ana de finales junio, Ang\u00e9lica se prepara para migrar. Junto a ella partir\u00e1n sus dos hijos y su madre. Son alrededor de las 9:30 de la ma\u00f1ana. Hace unas pocas horas, abandonaron una casa de resguardo para la protecci\u00f3n de v\u00edctimas y testigos de la Unidad T\u00e9cnica del Sector Justicia (UTE).<\/p>\n

Ella empaca, en prisas, lo poco que le queda y se despide de sus hermanas y sobrinas que, cree, nunca volver\u00e1 a ver. Huye de la delincuencia y de un Estado que no la pudo proteger.<\/p>\n

Entre marzo de 2018 y abril de 2019, 634 personas se desplazaron de manera forzada a causa de la violencia de acuerdo con las instituciones estatales. Sin embargo, lo que domina este fen\u00f3meno es el subregistro. La gente se va en silencio.<\/p>\n

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Esta ma\u00f1ana es la primera vez, en un a\u00f1o y medio, que Ang\u00e9lica sale con un poco de libertad. Camina apurada y mira para todos lados desconfiada. Se ha bajado de un veh\u00edculo en el que, como m\u00ednimo, le ha dado unas cinco vueltas a la cuadra. Los pandilleros, los que mataron a sus hijas y luego amenazaron al resto de su familia, a\u00fan la buscan.<\/p>\n

Antes de partir, Ang\u00e9lica ha decidido conversar sobre lo que la ha obliga a migrar. Solo tiene una hora para hablar. Dentro de poco, su vuelo despegar\u00e1.<\/p>\n

En una oficina que se ha acomodado como un sal\u00f3n de entrevistas, Ang\u00e9lica cuenta que, a mediados de 2017, perdi\u00f3 a sus hijas.<\/p>\n

Ang\u00e9lica a\u00fan lo cuenta incr\u00e9dula, sin poder comprender el porqu\u00e9. Explica que la tarde en que desaparecieron, ellas salieron de estudiar y se reunieron con una amiga que les regalar\u00eda un par de pantalones y camisas. Luego de eso, no supo m\u00e1s.<\/p>\n

Fabiola, una ni\u00f1a de ocho a\u00f1os y Marcela, de 20, estuvieron desaparecidas. Pero antes de que Ang\u00e9lica pudiera hacer una denuncia para iniciar la b\u00fasqueda, ella se enter\u00f3 por la noticias que una ni\u00f1a y una joven con las caracter\u00edsticas de sus hijas, hab\u00edan sido localizadas por la PNC en un predio bald\u00edo.<\/p>\n

Ang\u00e9lica entr\u00f3 en negaci\u00f3n. No quiso creer que la noticia estuviera relacionada con la desaparici\u00f3n de sus hijas. As\u00ed que marc\u00f3 y marc\u00f3 el n\u00famero de celular de su hija mayor.<\/p>\n

La hermana de Ang\u00e9lica, al ver las noticias, se moviliz\u00f3 al lugar para saber si aquella dos personas eran, en verdad, sus sobrinas. Unas cuantas horas despu\u00e9s, regres\u00f3 con la confirmaci\u00f3n de que las de las noticias s\u00ed eran Fabiola y Marcela.<\/p>\n

“Todav\u00eda se me revuelven las tripas de solo recordar. No pod\u00eda creer que fueran ellas. Esa misma noche, sal\u00ed para el Instituto de Medicina Legal. Ah\u00ed me toc\u00f3 reconocer a mis hijas”, dice Ang\u00e9lica.<\/p>\n

As\u00ed que, cuando el investigador llam\u00f3 y los alert\u00f3 de que los pandilleros “ven\u00edan por ellos”, Ang\u00e9lica no dud\u00f3 en tomar lo que estuviera al alcance y marcharse junto con hijos y madre.<\/p>\n

El Estado respondi\u00f3, pero hasta ocho meses despu\u00e9s. Antes, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Ang\u00e9lica y su familia.<\/h4>\n

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Cuando la familia huy\u00f3, dejaron casa, ropa, mascotas, trabajo; como la mayor\u00eda de v\u00edctimas de desplazamiento forzado. Sin hogar y con miedo, Ang\u00e9lica acudi\u00f3 a la Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por ayuda.<\/p>\n

Ante la petici\u00f3n, la FGR solo le dio la garant\u00eda de custodiar su hogar con agentes de seguridad, mientras ellos iniciaban las investigaciones por el asesinato de sus dos hijas. Ante el riesgo de que la vigilancia les diera m\u00e1s problemas. Ang\u00e9lica se neg\u00f3 a aceptar esta opci\u00f3n. Busc\u00f3 ayuda de organizaciones sociales y solo interpuso la denuncia por los asesinatos.<\/p>\n

Seg\u00fan la PDDH, las v\u00edctimas de desplazamiento forzado interno prefieren permanecer en un estatus “invisible” y pasar con la mayor discreci\u00f3n posible.<\/p>\n

El Informe Preliminar de Registros sobre desplazamiento forzado de la PDDH, de 2017, detalla que “es muy com\u00fan que la denuncia ocurra solo hasta despu\u00e9s de haber agotado los recursos personales, familiares y las redes de relaciones sociales de las v\u00edctimas”.<\/p>\n

Ang\u00e9lica tambi\u00e9n agot\u00f3 sus recursos. Junto a sus dos hijos y su madre se mantuvieron n\u00f3madas entre cuartos de hotel que costearon organizaciones sociales. Luego, durante siete meses, permanecieron en un albergue temporal hasta que decidieron que era tiempo de que el Estado respondiera por su calidad de desplazados.<\/p>\n

El Estado respondi\u00f3, pero hasta ocho meses despu\u00e9s. Antes, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Ang\u00e9lica y su familia.<\/p>\n\"\"\n

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Esta ma\u00f1ana, Ang\u00e9lica ha venido a la entrevista acompa\u00f1ada de uno de sus hijos, un joven de 24 a\u00f1os que desea platicar sobre los abusos que recibieron de parte del Estado cuando fueron “protegidos” en el programa de v\u00edctimas y testigos de la UTE.<\/p>\n

Ang\u00e9lica y Mario recuerdan que, meses atr\u00e1s, sin medidas cautelares, la UTE solo ofreci\u00f3 proteger a quien realiz\u00f3 la denuncia, ning\u00fan otro miembro de la familia pod\u00eda ingresar al programa. La Ley Especial para la Protecci\u00f3n de V\u00edctimas y Testigos (LEPVT), no incluye a las v\u00edctimas en general, solo considera a las personas que son parte de un proceso judicial.<\/p>\n

Al conocer las medidas de la CIDH, sin embargo, la UTE tuvo que hacer una excepci\u00f3n.<\/p>\n

Cuando la familia ingres\u00f3 al programa, en noviembre de 2017, Mario ten\u00eda 22 a\u00f1os, estaba reci\u00e9n graduado de bachillerato e iniciaba su vida laboral.<\/p>\n

Su otro hermano ten\u00eda apenas seis a\u00f1os. Estaba a meses de iniciar su preparatoria y su abuela, una mujer de 74 a\u00f1os, se dedicaba a cuidar de sus nietos peque\u00f1os mientras Ang\u00e9lica trabajaba.<\/p>\n

Mario asegura que antes de aceptar ser protegidos por la UTE, “ellos se la pintaron bonito”, le aseguraron que contaban con todo lo necesario para protegerlos, pero no fue as\u00ed.<\/p>\n

En el resguardo, su hermano cumpli\u00f3 los ochos a\u00f1os y nunca recibi\u00f3 un refuerzo escolar. No tuvo la oportunidad de cursar ning\u00fan grado acad\u00e9mico. A pesar de que la LEPVT, en su art\u00edculo 13 literal I, dice que se debe facilitar a v\u00edctimas y testigos la permanencia en el sistema educativo.<\/p>\n

En cambio, Mario solicit\u00f3 ser parte de talleres de formaci\u00f3n t\u00e9cnica vocacional para contar con otras acreditaciones, pero no fue posible. La UTE no respondi\u00f3 a sus solicitudes. Esto a pesar de que la UTE y el Instituto Salvadore\u00f1o de Formaci\u00f3n Profesional (INSAFORP) tienen un acuerdo, desde 2018, para que las personas dentro del r\u00e9gimen de protecci\u00f3n a v\u00edctimas y testigos sean parte de procesos de capacitaci\u00f3n profesional.<\/p>\n

“Ah\u00ed, en la UTE, no est\u00e1n cumpliendo con protecci\u00f3n. A uno, de v\u00edctima, solo le dan seguridad”, asegura Ang\u00e9lica.<\/p>\n

Hace \u00e9nfasis en lo insalubre de la comida que recib\u00edan. “Si no estaba crudo, lo serv\u00edan descompuesto”. En los almuerzos, cuenta, era com\u00fan el pollo;, pero, en toda su estancia, no recuerda ni una sola vez que la comida se sirviera en buen estado.<\/p>\n

Adem\u00e1s, en la semana, a la familia se entregaba un garraf\u00f3n de agua, uno que deb\u00edan racionar porque deb\u00edan compartir la mitad con otras personas del hogar.<\/p>\n

La atenci\u00f3n m\u00e9dica tampoco era la adecuada. La familia deb\u00eda esperar horas para trasladarse a un centro asistencial u hospital. No importaba la emergencia. En una ocasi\u00f3n, la madre de Ang\u00e9lica tuvo que esperar desde la 1:30 pm hasta 5:00 pm para que la llevaran a un hospital. Ese d\u00eda, la gravedad fue tal, que la se\u00f1ora qued\u00f3 ingresada.<\/p>\n

La familia tambi\u00e9n solicit\u00f3 en varias ocasiones, atenci\u00f3n psicol\u00f3gica, pero no la recibieron. La psic\u00f3loga que los visitaba unas cuanta veces al mes, respondi\u00f3 a su petici\u00f3n y les dijo que ella solo estaba designada para realizar talleres generales y no para dar terapias o consultas a las v\u00edctimas o testigos.<\/p>\n

Ante las condiciones, Mario denunci\u00f3 en tres ocasiones, a trav\u00e9s de escritos, la situaci\u00f3n que viv\u00eda el resguardo.<\/p>\n

“Me qued\u00e9 con esas notas que mandamos. Cada denuncia llevaba unas 2 o 3 p\u00e1ginas detallando los abusos”, recalca Mario.<\/p>\n

Lo que termin\u00f3 por agravar su situaci\u00f3n fue que, dentro del espacio, no solo hab\u00edan v\u00edctimas de desplazamiento forzado. La familia convivi\u00f3 con testigos criteriados que pod\u00edan, todav\u00eda, tener v\u00ednculo con la pandilla que los persegu\u00eda.<\/p>\n

Un testigo criteriado, es una persona que confiesa su participaci\u00f3n en un delito y aporta pruebas testimoniales o documentales que ayudan a establecer responsabilidades de otros implicados, a cambio de una reducci\u00f3n de pena o el beneficio de libertad.<\/p>\n

“La UTE lo que hace es revolver a la gente. Ah\u00ed, un corre peligro. Al principio, estuvimos en una casa sola; pero, luego, fueron llegando m\u00e1s. Metieron a un se\u00f1or que era un criteriado. Lo supimos porque \u00e9l mismo contaba las cosas”, reitera Mario.<\/p>\n

Julio Maga\u00f1a, Coordinador Nacional de Litigio Estrat\u00e9gico de Cristosal, una organizaci\u00f3n que trabaja con las v\u00edctimas de desplazamiento forzada, asegura que el sistema est\u00e1 creado para proteger testigos y no v\u00edctimas. “Esto es un gran vac\u00edo en la ley. No pueden estar mezclados v\u00edctimas y testigos en un mismo resguardo”.<\/p>\n

LAS MEDIDAS CAUTELARES<\/strong><\/p>\n

Antes de acudir a la CIDH, la familia tambi\u00e9n agot\u00f3 los recursos legales y present\u00f3 una demanda de amparo, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se\u00f1alaron una serie de omisiones atribuidas a instituciones del Estado para su protecci\u00f3n y garant\u00eda de justicia.<\/p>\n

El amparo fue admitido hasta que la CIDH dict\u00f3 medidas cautelares, en noviembre de 2017. Tres meses despu\u00e9s de que se present\u00f3 el recurso.<\/p>\n

La CIDH, luego de conocer el caso de Ang\u00e9lica, en octubre de 2017, concluy\u00f3 que ella y su familia enfrentaban una situaci\u00f3n de urgencia y gravedad frente al asesinato de sus dos hijas, las amenazas de la pandilla, la falta de un espacio seguro y medidas efectivas de protecci\u00f3n por parte del Estado.<\/p>\n

“Los integrantes de la familia se encuentran una situaci\u00f3n de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal est\u00e1n en riesgo. El grupo familiar habr\u00eda abandonado su residencia habitual, y buscando protecci\u00f3n en diversos albergues para evitar un atentado en contra de sus vidas. Se solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar”, detalla el comunicado de la CIDH sobre las medidas.<\/p>\n

Sin un decreto legislativo, el Estado respondi\u00f3 a la medidas y acopl\u00f3 la LEPVT y el programa de Protecci\u00f3n a V\u00edctimas y Testigos, que est\u00e1 a cargo de la UTE, para proteger a Ang\u00e9lica y su familia.<\/p>\n

A pesar de ello, en el informe de seguimiento que present\u00f3 el Estado salvadore\u00f1o a la CIDH, a solo un mes de aplicar las medidas cautelares, el gobierno solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n levantar las medidas al asegurar que la “institucionalidad se encontraba operativa y que el Estado se manten\u00eda supervisando a las instituciones responsables para cumplir las disposiciones”.<\/p>\n

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares a\u00fan siguen activas de parte de la CIDH.<\/p>\n

Norma Fern\u00e1ndez, representante legal de v\u00edctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protecci\u00f3n.<\/h4>\n

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De historia en historia, aquella ma\u00f1ana, Ang\u00e9lica y Mario llegaron a la misma conclusi\u00f3n: los pandilleros siempre los busca y el Estado siempre les falla.<\/p>\n

En ese a\u00f1o y medio, el gobierno nunca les dio una opci\u00f3n para su reubicaci\u00f3n, tampoco les propuso otra sola soluci\u00f3n, aparte del encierro, y no les dio garant\u00eda de justicia por el asesinato de sus familiares.<\/p>\n

“Hasta esta fecha, junio de 2019, no hay justicia. Mis hijos no han podido estudiar y yo no he podido trabajar. Queremos retomar nuestras vidas por duro que sea, pero ya no puede ser ac\u00e1. Aqu\u00ed no tenemos ninguna garant\u00eda”, concluy\u00f3 Ang\u00e9lica.<\/p>\n

En El Salvador, por el momento, el \u00fanico mecanismo de protecci\u00f3n al que pueden recurrir las v\u00edctimas de desplazamiento forzado es la LEPVT. No hay otro respaldo. El Estado sigue sin crear una pol\u00edtica p\u00fablica, a favor de los desplazados.<\/p>\n

Recientemente, la Comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha retomado el estudio de la Ley Especial para la Atenci\u00f3n y Protecci\u00f3n Integral de Personas en condici\u00f3n de desplazamiento forzado, luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera la sentencia 411- 2017 y ordenara al Estado reconocer el fen\u00f3meno y crear pol\u00edticas a favor de las v\u00edctimas.<\/p>\n

La discusi\u00f3n sobre la ley, sin embargo, es lenta. Los diputados llevan cuatro lunes, desde el mes de agosto, reescribiendo apartados de los primeros cinco art\u00edculos. Los parlamentarios a\u00fan deben revisar y aprobar 64 art\u00edculos.<\/p>\n

En una de esas sesiones de la Comisi\u00f3n, los diputados discut\u00edan y conclu\u00edan que para tener una propuesta de ley especial \u2018pasar\u00eda un tiempo\u2019 y no pod\u00edan tom\u00e1rselo a la ligera. Aunque ya ha pasado un a\u00f1o desde que la Sala emiti\u00f3 la sentencia.<\/p>\n

Entre los diputados que conforman la Comisi\u00f3n est\u00e1n: Mario Tenorio, de Gana; Alejandrina Castro, Bonner Belloso y Ricardo Vel\u00e1squez Parker, de Arena; Jorge Uriel Mazariego, del PDC; Eileen Romero y Jos\u00e9 Antonio Almend\u00e1riz, del PCN y Cristina Cornejo, del FMLN.<\/p>\n

Norma Fern\u00e1ndez, representante legal de v\u00edctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protecci\u00f3n.<\/p>\n

“Es preocupante no tener una legislaci\u00f3n especial que brinde los lineamientos y garant\u00edas para los desplazados internos. La vulneraci\u00f3n que sufren las v\u00edctimas del fen\u00f3meno es m\u00e1s grande ya que no hay restituci\u00f3n de derechos fundamentales”, expresa Fern\u00e1ndez.<\/p>\n

Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la Violencia (MCDF), a 100 d\u00edas del gobierno de Nayib Bukele, ha solicitado que el Presidente se pronuncie a favor de una ley para las v\u00edctimas del fen\u00f3meno y que tipifique el delito de desplazamiento forzado, de acuerdo con las normas y est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n

De aquella ma\u00f1ana, ya han pasado dos meses. Ang\u00e9lica parti\u00f3 ese mismo d\u00eda de El Salvador. Se march\u00f3 sin la esperanza de volver y migr\u00f3 porque el Estado no le supo responder.<\/p>\n\"\"\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En El Salvador, no hay ninguna ley que garantice los derechos humanos de las personas que huyen a causa de la violencia. Debido a los casos que se registran por desplazamiento forzado interno, el Estado ha tenido que adecuar la Ley Especial para la Protecci\u00f3n a V\u00edctimas y Testigos (LEPVT) y el programa de protecci\u00f3n a v\u00edctimas y testigos para dar refugio a las v\u00edctimas. Sin embargo, el decreto es espec\u00edfico, al plan solo pueden ingresar las personas que denuncian y son parte de un proceso judicial. El recurso es limitado para los desplazados que huyen con su n\u00facleo familiar. Y mucho m\u00e1s, para quienes buscan refugio y no quieren denunciar. Adem\u00e1s, algunas v\u00edctimas han se\u00f1alado que dentro del sistema existen irregularidades como la de mezclar a v\u00edctimas con testigos criteriados, que pueden, a\u00fan, tener v\u00ednculos con las pandillas. Lo que pone en riesgo su ubicaci\u00f3n y sus vidas.<\/p>\n","protected":false},"author":59,"featured_media":6348,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\nAng\u00e9lica no migra, huye - S\u00e9ptimo Sentido<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/angelica-no-migra-huye\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ang\u00e9lica no migra, huye - S\u00e9ptimo Sentido\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En El Salvador, no hay ninguna ley que garantice los derechos humanos de las personas que huyen a causa de la violencia. 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