{"id":5444,"date":"2019-03-24T00:03:40","date_gmt":"2019-03-24T06:03:40","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=5444"},"modified":"2019-03-23T19:47:18","modified_gmt":"2019-03-24T01:47:18","slug":"lideres-en-extincion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/lideres-en-extincion\/","title":{"rendered":"L\u00edderes en extinci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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Jorge Orozco \/ El Pa\u00eds \/ Colombia \/ CONNECTAS<\/figcaption><\/figure>\n

Hablar con un l\u00edder social, en ciertas regiones de Colombia, es casi una labor de espionaje: son necesarios los nombres en clave, los mensajes cifrados\u2026 Evitar sitios p\u00fablicos. El silencio se convierte en ley y romper esa regla establecida por mera intuici\u00f3n para sobrevivir puede acelerar el paso a la muerte.<\/p>\n

En Tib\u00fa y El Tarra, en Norte de Santander, donde 18 l\u00edderes comunales fueron asesinados en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, hubo acercamiento con personas de la zona durante m\u00e1s de dos meses para entender c\u00f3mo vive una comunidad sin sus l\u00edderes, acechada por el terror impuesto por Peluzos (Ej\u00e9rcito para la Liberaci\u00f3n Popular) y la guerrilla del Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) en medio de sus disputas por los corredores del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Pero al intentar concretar hora y d\u00eda de la cita para desarrollar la investigaci\u00f3n, los mensajes de WhatsApp se quedaron en visto. Una semana despu\u00e9s, la muerte habl\u00f3: Frederman Quintero, presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal de la vereda Kil\u00f3metro 48, de El Tarra, y ocho hombres m\u00e1s que lo acompa\u00f1aban fueron masacrados en un billar del centro de la poblaci\u00f3n ante la mirada de los vecinos.<\/p>\n

Ese miedo enquistado en las regiones y el da\u00f1o que causa en los liderazgos retumba en la cabeza de Carlos Guevara, investigador de la Organizaci\u00f3n Somos Defensores. Los 10 a\u00f1os que lleva viendo c\u00f3mo la violencia arrasa con los bastiones de legalidad que abanderaban los l\u00edderes le da argumentos para advertir: \u201cEl fen\u00f3meno de violencia contra un l\u00edder no finaliza con la muerte. Los matan a ellos, pero siguen con la familia, con los amigos\u201d.<\/h4>\n

Entonces, la espiral del terror avanza en diferentes regiones de la misma manera: Primero las amenazas, luego el silencio, despu\u00e9s la muerte y con ella, se enquista el miedo. No solo ocurre en Norte de Santander. Al otro lado del pa\u00eds, en el Valle del Cauca el miedo tambi\u00e9n causa estragos. Son los casos de 357 l\u00edderes asesinados como lo confirm\u00f3 una investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Pas\u00f3 a comienzos de 2018 en Buenaventura y se esparci\u00f3 por todo el departamento. Despu\u00e9s del asesinato de Tem\u00edstocles Machado, l\u00edder del Paro C\u00edvico y l\u00edder comunitario del barrio Isla de la Paz, nadie quiso hablar. No importa que tres de sus homicidas ya est\u00e9n en la c\u00e1rcel. Ni que los primeros d\u00edas el dolor los haya llevado a expresar en las calles la rabia, a exigir presencia del Estado por el asesinato de un l\u00edder que trabajaba por la recuperaci\u00f3n de tierras despojadas de sus vecinos. En esa ciudad, bordeada por el oc\u00e9ano Pac\u00edfico, poco a poco las reuniones comunales se fueron extinguiendo. Las estrategias fijadas entre los l\u00edderes para protegerse unos a los otros se agotaron. Hoy solo susurran sus problemas, pero el impulso que les daba Tem\u00edstocles para solucionarlos, se esfum\u00f3 con su vida.<\/p>\n

El terror en el Valle del Cauca es intermitente. Este departamento en cinco a\u00f1os fue testigo silencioso del asesinato de 32 de sus l\u00edderes sociales. El caso m\u00e1s reciente es el de Libardo Moreno, presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal de Las Pilas, en zona rural de Jamund\u00ed. Han pasado dos meses desde que lo mataron a disparos y ni su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos se atreven a contestar los mensajes que se env\u00edan a trav\u00e9s de conocidos.<\/p>\n

Incluso Lina Tabares, l\u00edder defensora de Derechos Humanos e integrante de la Junta de Acci\u00f3n Comunal del barrio La Pradera en ese municipio, dice que la familia de Libardo jam\u00e1s se volvi\u00f3 a ver. No se sabe nada de ellos y tampoco de los proyectos que impulsaba este l\u00edder para mejorar el servicio de acueducto en su vereda y que en \u00faltimas \u2013dicen\u2013 termin\u00f3 llev\u00e1ndolo a la muerte.<\/p>\n

Ese miedo enquistado en las regiones y el da\u00f1o que causa en los liderazgos retumba en la cabeza de Carlos Guevara, investigador de la Organizaci\u00f3n Somos Defensores. Los 10 a\u00f1os que lleva viendo c\u00f3mo la violencia arrasa con los bastiones de legalidad que abanderaban los l\u00edderes le da argumentos para advertir que “el fen\u00f3meno de violencia contra un l\u00edder no finaliza con la muerte. Los matan a ellos, pero siguen con la familia, con los amigos.<\/p>\n

Sustenta sus palabras con la reciente investigaci\u00f3n de Somos Defensores que document\u00f3 107 entrevistas a familiares de v\u00edctimas y compa\u00f1eros cercanos de la organizaci\u00f3n. El resultado no necesita explicaci\u00f3n: El 67 % de familiares y amigos fueron amenazados, el 22 % tuvo que desplazarse; el 22 % sufri\u00f3 atentados, el 20 % de los l\u00edderes que quedaron en el territorio tambi\u00e9n fueron asesinados y en el 13 % de los casos se le rob\u00f3 informaci\u00f3n valiosa para sus procesos.<\/p>\n

Lo cotidiano es que la muerte sea el inicio de un nuevo ciclo de terror. Como el que vive la familia Cuero Ortiz: a don Bernardo, fiscal de la Asociaci\u00f3n Comunitaria de Afrocolombianos Desplazados, que luchaba por restablecer los derechos de estas comunidades, lo asesinaron el 7 de junio de 2017 cuando dos hombres le dispararon frente a su casa desde una moto. El crimen ocurri\u00f3 en Malambo, Atl\u00e1ntico, donde huy\u00f3 por las amenazas que recibi\u00f3 en su natal Tumaco, Nari\u00f1o. Su sangre no fue suficiente. El 19 de marzo pasado mataron a sus hijos luego de testificar contra los sicarios.<\/p>\n

Esa muerte ya hab\u00eda sido anunciada por el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, con tres meses de anticipaci\u00f3n a trav\u00e9s del sistema de alertas tempranas que usa para advertir sobre escenarios de riesgo: “Casi que con nombre propio le dijimos en marzo al gobierno nacional: \u00a1Van a matarlos! Al 22 de agosto, 33 de los 40 l\u00edderes fueron asesinados en los municipios donde hicimos alertas”.<\/p>\n

Por eso, Lina Tabares, la l\u00edder de Jamund\u00ed, reclama que el Estado ha sido incapaz de ponerle freno al reciente “exterminio” de los l\u00edderes sociales, as\u00ed en septiembre pasado, durante un debate de Control Pol\u00edtico en el Congreso de la Rep\u00fablica, la ministra del Interior, Nancy Patricia Guti\u00e9rrez, enumer\u00f3 cuatro decretos y tres normas “generales y particulares” para promover la protecci\u00f3n de los l\u00edderes en el pa\u00eds.<\/p>\n

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Vulnerables<\/strong>. La Junta de Acci\u00f3n Comunal del barrio El Limonar 1, del corregimiento San Antonio del Prado, en Medell\u00edn, ha sido blanco de ataques de bandas criminales y de quienes controlan la corrupci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n

Hablar del dolor, de la ausencia, del miedo puede ser letal para las personas que siguen en pie. M\u00e1s al sur del pa\u00eds est\u00e1 el Cauca, departamento que aport\u00f3 entre 2012 y 2017, 62 personas a la lista de asesinatos.<\/p>\n

Hubert Erazo, asesor de Derechos Humanos de la Alcald\u00eda de El Tambo, en medio de su hermetismo revela que hay l\u00edderes que jam\u00e1s han pisado la zona urbana de su municipio y los mensajes, de vereda a vereda, llegan a lomo de mula. All\u00e1, en ese pueblo del Cauca enclavado en una monta\u00f1a de la cordillera occidental, en un mes de 2016 mataron a tres integrantes de juntas de Acci\u00f3n Comunal. Despu\u00e9s, el miedo oblig\u00f3 a 13 de sus 15 concejales a dejar sus sillas vac\u00edas.<\/p>\n

En El Tambo no reciben a extra\u00f1os porque saben que ponen en riesgo su seguridad y la de los visitantes. Las autoridades que se atreven a llegar lo hacen bajo riesgo propio, despojados de sus esquemas de seguridad. Ni siquiera la paz que prometi\u00f3 la firma del Acuerdo para la terminaci\u00f3n del conflicto entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC llev\u00f3 tranquilidad a esas poblaciones. Tampoco a Nari\u00f1o, a Antioquia, a C\u00f3rdoba, a Choc\u00f3, a Arauca… Solo cinco de los 32 departamentos que conforman el territorio nacional han salido ilesos de la muerte.<\/p>\n

En 2012, cuando comenzaron los di\u00e1logos en La Habana, la cifra de l\u00edderes asesinados fue de 60, y aunque entre 2013 y 2015 la tregua entre Estado y guerrilla trajo una calma para quienes trabajan por sus comunidades (57 muertes por a\u00f1o), en 2016 el terror volvi\u00f3 a mostrar sus garras: La cifra de muertos ascendi\u00f3 a 67 y en 2017, cuando se supon\u00eda que Colombia acariciaba la paz, los l\u00edderes asesinados fueron 74.<\/p>\n

Eso muestran las cifras oficiales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. En total, 357 personas asesinadas entre 2012 y 2017.<\/p>\n

De los 25 tipos de l\u00edderes que fueron identificados en esos registros, el blanco principal son quienes integran las juntas de Acci\u00f3n Comunal, esas organizaciones aliadas del Estado desde 1958 y a las que despu\u00e9s de la Constituci\u00f3n de 1991 se les otorg\u00f3 capacidades administrativas y operativas.<\/p>\n

En entrevista, el fiscal general de la Naci\u00f3n, N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez, admite que los l\u00edderes “eran la expresi\u00f3n de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado”, pero tambi\u00e9n “un elemento de perturbaci\u00f3n” para los objetivos de las organizaciones criminales”. Por eso, los 357 asesinatos de los \u00faltimos cinco a\u00f1os ponen a tambalear la institucionalidad. Esos 357 l\u00edderes ya no est\u00e1n y su muerte no fue el fin de una persecuci\u00f3n.<\/p>\n

***<\/h1>\n

Mi\u00e9rcoles. 9 de la ma\u00f1ana. Antonio no llega solo. El expresidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal del barrio El Limonar 1 presenta con la mirada a otro hombre que camina a su lado, y traza una ruta que todos seguimos en silencio hasta llegar a un negocio de artesan\u00edas contiguo a la iglesia que, a esa hora, est\u00e1 deshabitado; es el \u00fanico lugar del Corregimiento San Antonio de Prado (Medell\u00edn) donde acceden a hablar sobre lo que nadie quiere: el asesinato de l\u00edderes sociales.<\/b><\/span><\/p>\n

Solo huyendo, algunos logran sobrevivir. “En 1991 me dijeron: en tal fecha te vamos a matar. Tuve que desplazarme”, dice el acompa\u00f1ante de Antonio, que lleva la mitad de su vida apuntando en una libreta fechas, lugares, nombres, datos de su comunidad que jam\u00e1s debe dejar escapar un l\u00edder social. En una de sus hojas explica los momentos de persecuci\u00f3n en su pueblo.<\/p>\n

Cada momento de riesgo estuvo relacionado con su trabajo. Uno de ellos fue durante su periodo como presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal de El Limonar 1, mientras imped\u00eda la construcci\u00f3n del relleno sanitario El Guacal por su impacto ambiental sobre la comunidad.<\/p>\n

Para esa \u00e9poca, el padre \u00d3scar Ortiz, p\u00e1rroco del corregimiento, se\u00f1al\u00f3 desde el p\u00falpito a los habitantes que \u00e9l los consideraba \u2018ovejas descarriadas\u2019. Fue cuando paramilitares del Bloque Cacique Nutibara interpretaron la palabra con asesinatos, torturas, castigos. En total, tres a\u00f1os de calvario que terminaron con la captura del padre \u00d3scar, quien en 2013 fue condenado a 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n por concierto para delinquir y desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n

Despu\u00e9s, la amenaza vino de la mano de bandas criminales dedicadas al microtr\u00e1fico que desaparec\u00edan a l\u00edderes por denunciar sus negocios ilegales. Ahora el peligro corre por cuenta del regreso de los paramilitares vestidos de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que ya dejaron su huella en decenas de casas ubicadas a lo largo de la \u00fanica v\u00eda de acceso que tiene ese pueblo. Incluso, la fachada de la caseta comunal del Limonar 1 tiene estampado en letras rojas ACG, sigla con la que se identifica ese grupo criminal. Debajo de ellas, amenazante, escribieron: \u2018Presente\u2019.<\/p>\n

A Julio C\u00e9sar Rengifo, presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal del barrio Bel\u00e9n de la Comuna 16 de Medell\u00edn, quien est\u00e1 a 45 minutos de distancia del hombre de la libreta, tambi\u00e9n le pusieron una l\u00e1pida de la que por fortuna pudo zafarse: “De la casa me sacaron m\u00e1s de 20 hombres de la Sij\u00edn solo con lo que ten\u00eda puesto porque me iban a matar”. \u00c9l no lo dice, pero tiene que claro que ser la voz de su comuna es pecado.<\/p>\n

Despu\u00e9s de huir, la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP) le puso un esquema de seguridad por las reiteradas amenazas, pero en cuesti\u00f3n de d\u00edas se lo quitaron porque por su “nivel de riesgo no requer\u00eda protecci\u00f3n”. Qu\u00e9 m\u00e1s da. Despu\u00e9s de 25 a\u00f1os de liderazgo y persecuci\u00f3n ya aprendi\u00f3 a vivir con el peligro a cuestas. Sin nadie que lo proteja, ni que le garantice seguridad; ahora viaja en bus esquivando la muerte. Muerte de la que no pudo escapar Mar\u00eda del Carmen Moreno, presidenta de la Junta de Acci\u00f3n Comunal de la vereda Ca\u00f1o Rico, en Arauquita. Ella no tuvo qui\u00e9n la sacara escoltada de su finca en marzo pasado. En sus 12 a\u00f1os de labor social gestion\u00f3 redes de acueducto, de energ\u00eda y la construcci\u00f3n de un puente vehicular para sustituir un entablado que ahora son su legado.<\/p>\n

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Sin tregua<\/strong>. Tres de los \u00faltimos presidentes de El Limonar fueron asesinados por denunciar manejos irregulares del presupuesto partipativo que sirve para desarrollar proyectos sociales.<\/figcaption><\/figure>\n

Uno de sus hijos repasa los cuadernos en los que Mar\u00eda del Carmen plasmaba sus preocupaciones, deudas, citas y proyectos de desarrollo para su comunidad. Encierra con su dedo el dibujo de un puente peatonal y susurra que fue la \u00fanica tarea que su mam\u00e1 no pudo terminar: su secuestro, dicen que a manos de delincuentes que cruzaron la frontera con Venezuela, y posterior asesinato hace seis meses detuvieron el proyecto. Sus cuatro hijos, hoy ya universitarios, no volvieron a la finca y tampoco saben en qu\u00e9 qued\u00f3 esa obra. No es que no les interese, es que el miedo que cargan es m\u00e1s pesado que la cruz que llevaba su mam\u00e1.<\/p>\n

“\u00bfSi eso pasa con los hijos, usted cree que el vicepresidente que es la persona que sigue en la lista, va a asumir? La junta va quedando sin coordinador, sin l\u00edder. Queda una herida en la familia. Queda el impacto en la comunidad”, lamenta Juan de Jes\u00fas G\u00f3mez, presidente de la Asociaci\u00f3n de Juntas de Acci\u00f3n Comunal, Asojuntas, en Arauquita, departamento de Arauca, donde en los \u00faltimos cinco a\u00f1os ocho l\u00edderes fueron asesinados. Cinco de ellos eran mujeres.<\/p>\n

El fiscal general de la Naci\u00f3n admite que en la planeaci\u00f3n del posconflicto el Estado se qued\u00f3 “bastante rezagado”, y asegura que “mientras se negociaba la paz, la gran amenaza que se suger\u00eda al pa\u00eds era la inseguridad en los centros urbanos y se les olvid\u00f3 que el caldo de cultivo del crimen es el narcotr\u00e1fico”.<\/p>\n

Entonces, pese a los gritos ahogados de periodistas, ciudadanos en las redes sociales, defensores de derechos humanos, organismos internacionales y algunos funcionarios del Estado, el miedo por la reactivaci\u00f3n de los cultivos ilegales, el narcotr\u00e1fico y la corrupci\u00f3n, se esparce sobre pueblos, ciudades, departamentos e impide que en esas comunidades nazcan nuevos liderazgos. Por eso, Antonio y su acompa\u00f1ante hablan de lo que nadie quiere bajo las sombras del negocio contiguo a la iglesia.<\/p>\n

***<\/h1>\n

Bernabet L\u00f3pez es el presidente actual de la Junta de Acci\u00f3n Comunal del barrio El Limonar 1, pero m\u00e1s parece un arriero: coordina las actividades deportivas de los ni\u00f1os, vigila que el grupo de medio ambiente haga la separaci\u00f3n de residuos en las esquinas del barrio antes de que el carro recolector pase, programa actividades culturales, hace rifas para recoger fondos para que funcione la junta…<\/b><\/span><\/p>\n

Conoce el viacrucis de trabajar en medio del peligro y sabe bien que conseguir el aval financiero para los proyectos es toda una procesi\u00f3n: “Me tengo que movilizar a las reuniones con mis propios recursos porque la alcald\u00eda no me da incentivos. El d\u00eda que se antojan convocan reuniones y si usted no va, con justificaci\u00f3n previa, la que pierde es la comunidad. Pero la gente en el barrio cree que yo recibo plata en efectivo y que con eso me estoy haciendo rico”.<\/p>\n

Por eso Antonio, sentado en una banca del negocio contiguo a la iglesia principal de ese corregimiento de Medell\u00edn dice que la participaci\u00f3n est\u00e1 secuestrada y a la gente le da miedo hablar, denunciar, que reponer un l\u00edder muerto no es como reemplazar fichas de ajedrez. Se requiere obstinaci\u00f3n y convicci\u00f3n para seguir liderando.<\/p>\n

Mientras los l\u00edderes afirman que est\u00e1n casi solos en su tarea, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior en el Gobierno de Santos, explica que desde la Direcci\u00f3n de Participaci\u00f3n Ciudadana se les apoya con capacitaci\u00f3n en temas de derechos humanos, de seguridad ciudadana, en convivencia. Pero confirma que no devengan un sueldo y que tampoco hay recursos asignados por ley para los territorios.<\/p>\n

A\u00fan cuando fueron creadas por la Constituci\u00f3n de 1991, Jos\u00e9 David Riveros, exdirector de Participaci\u00f3n Ciudadana del Ministerio del Interior, explica que los barrios o las veredas no tienen obligaci\u00f3n de crear las juntas comunales, cada quien las arma por decisi\u00f3n propia: “Si quieren que les pavimenten una cuadra, que les pongan redes de acueducto, de energ\u00eda, tiene que jalonar en la alcald\u00eda o departamento recursos para el proyecto. Algunos l\u00edderes tienen contactos muy buenos con los pol\u00edticos, a quienes tambi\u00e9n les sirve el apoyo posterior de esa comunidad. Pero a un l\u00edder nunca se le entrega plata en efectivo”.<\/p>\n

Esa muerte ya hab\u00eda sido anunciada por el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, con tres meses de anticipaci\u00f3n a trav\u00e9s del sistema de alertas tempranas que usa para advertir sobre escenarios de riesgo: \u201cCasi que con nombre propio le dijimos en marzo al gobierno nacional: \u00a1Van a matarlos! Al 22 de agosto, 33 de los 40 l\u00edderes fueron asesinados en los municipios donde hicimos alertas\u201d.<\/h4>\n

Los l\u00edderes no reciben un sueldo por sus tareas, pero s\u00ed hay un presupuesto \u2018participativo\u2019 para las comunidades. Motivo que en Antioquia, el segundo departamento con m\u00e1s integrantes de Juntas de Acci\u00f3n Comunal asesinados en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, ha llevado a grandes disputas. Antonio y su acompa\u00f1ante cuentan que bandas criminales y corruptos, en ocasiones, han hecho elegir en las juntas a sus aliados para desde all\u00ed controlar los territorios.<\/p>\n

El puesto que hoy ocupa Bernabet fue el mismo de que ocup\u00f3 Guillermo Arias antes de lo que mataran. Ya el l\u00edder que se encargaba de sacar de la drogadicci\u00f3n a los j\u00f3venes de su barrio con actos culturales hab\u00eda denunciado desde su cuenta de Facebook: “Los l\u00edderes comunales estamos mamados de presentar iniciativas, debatirlas, concertarlas, visibilizarlas; gastar tiempo y pasajes de nuestro bolsillo, para que luego venga un for\u00e1neo a ejecutar los proyectos”.<\/p>\n

Guillermo estuvo solo dos meses en la presidencia de la junta. Antes hab\u00eda ayudado en las labores de tesorer\u00eda. Una noche de octubre de 2015, despu\u00e9s de una fiesta en la caseta comunal, un hombre le cort\u00f3 el cuello. Y aunque su muerte no aparece entre las cifras oficiales suministradas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a las que tuvimos acceso, en 2016 un bolet\u00edn de su oficina de prensa inform\u00f3 que un reguetonero y su esposa hab\u00edan sido condenados por el homicidio que “obedeci\u00f3 a una deuda que Arias ten\u00eda por una presentaci\u00f3n art\u00edstica”.<\/p>\n

En ese a\u00f1o tambi\u00e9n mataron a Viviana Agudelo con siete balazos al salir de una reuni\u00f3n de la junta. Ella fomentaba el deporte en ese corregimiento, cuna del paramilitarismo en Antioquia, pero ni Antonio ni su acompa\u00f1ante se atreven a hablar de esa historia. C\u00e9sar Mendoza, de la Fundaci\u00f3n Sumapaz, que lleva el conteo de los l\u00edderes asesinados en ese departamento, se despoja de temores y recuerda que Viviana denunci\u00f3 que la corrupci\u00f3n se estaba apoderando del manejo del presupuesto participativo, que “en las comunas de Medell\u00edn alcanza hasta los 10,000 millones de pesos para ejecutar en un a\u00f1o” y que los grupos armados pretenden coger ese dinero.<\/p>\n

Los directivos de organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que a los l\u00edderes no solo los persiguen por trabajar por la paz, sino por cumplir justamente las tareas propias de su cargo: mejorar las condiciones de su sector, dirimir conflictos, jalonar obras para el desarrollo de sus comunidades.<\/p>\n

C\u00e9sar, que tambi\u00e9n trabaja en la Secretar\u00eda de Inclusi\u00f3n y Derechos Humanos de la Alcald\u00eda de Medell\u00edn, sostiene: “Matan a los l\u00edderes y no avanzan las investigaciones de lo que denunciaban. En la mayor\u00eda de casos sabemos qui\u00e9n dispar\u00f3, pero no hay investigaciones claras para conocer a los verdaderos responsables de las muertes”. Como en el caso de Tem\u00edstocles Machado, el l\u00edder de Buenaventura asesinado en enero de 2018.<\/p>\n

Sin embargo, el fiscal general de la Naci\u00f3n dice que desde que lleg\u00f3 a esa instituci\u00f3n en 2016, se han esclarecido el 50 % de los casos. Que es evidente que el 50 % de las v\u00edctimas eran l\u00edderes comunales y que los victimarios son en 24 % de los casos, delincuencia organizada, pero tambi\u00e9n el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN.<\/p>\n

No importa si es por cuenta de los due\u00f1os de cultivos il\u00edcitos, de narcotraficantes que quiere apoderarse de los territorios, de la corrupci\u00f3n enquistada en las instituciones del Estado, de la delincuencia com\u00fan, el temor se aloja en todo el territorio. Incluso, hay zonas, de donde nunca se fue.<\/p>\n

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*Este reportaje fue elaborado por Jessica Villamil Mu\u00f1oz para El Pa\u00eds, Colombia, y es republicado por LA PRENSA GR\u00c1FICA por medio de CONNECTAS y el ICFJ gracias a un acuerdo de difusi\u00f3n de contenidos.<\/b><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

De los 357 asesinatos de l\u00edderes sociales en Colombia, ocurridos entre 2012 y 2017, el 37 % era integrante de organizaciones comunales. Con su aniquilaci\u00f3n, en muchos casos, se arrasa el \u00faltimo basti\u00f3n de la legalidad. 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