{"id":5290,"date":"2019-02-24T00:10:50","date_gmt":"2019-02-24T06:10:50","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=5290"},"modified":"2019-02-23T13:01:05","modified_gmt":"2019-02-23T19:01:05","slug":"los-desaparecidos-por-uniformados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/los-desaparecidos-por-uniformados\/","title":{"rendered":"Los desaparecidos por uniformados"},"content":{"rendered":"
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Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

Maritza se encontraba a solo 10 pasos de William y Bryan esa ma\u00f1ana de mi\u00e9rcoles. Estaba trabajando en el nuevo mercado de San Mart\u00edn cuando vio c\u00f3mo un grupo de soldados empez\u00f3 a golpear a los dos muchachos de 17 a\u00f1os. Ella presenci\u00f3 c\u00f3mo los militares les ordenaron quitarse la cintas de los zapatos. Con las pitas, les amarraron las manos por detr\u00e1s de la espalda. Cuando ya los ten\u00edan sometidos, los sacaron del mercado.<\/p>\n

El procedimiento no fue algo usual entre las ventas. En la detenci\u00f3n hubo golpes y gritos. Maritza mir\u00f3 bien a los militares. Vio que dos de ellos vest\u00edan su uniforme camuflado de manera formal, mientras que otro llevaba la camisa afuera del pantal\u00f3n. Observ\u00f3 que los uniformados llevaban boinas ocres y que estos se llevaron a William y Bryan sin explicarles por qu\u00e9.<\/p>\n

Ese mi\u00e9rcoles de julio Bryan y William quer\u00edan cortarse el pelo. Salieron de sus casas en la colonia An\u00e9mona, en San Mart\u00edn, se cruzaron la carretera Panamericana y se dirigieron al nuevo mercado del municipio. Cuando estaban ah\u00ed adentro, pasaron cerca de Maritza y un grupo de militares los captur\u00f3. Este relato forma parte de un habeas corpus solicitado a la Sala de lo Constitucional.<\/p>\n

Maritza es una de las testigos principales de esta situaci\u00f3n. Se llama de otra forma, pero la sala decidi\u00f3 proteger su identidad en el documento p\u00fablico del caso. Durante tres a\u00f1os ha repetido con convicci\u00f3n que la Fuerza Armada desapareci\u00f3 a los dos adolescentes.<\/p>\n

En El Salvador, la \u00fanica circunstancia en la que legalmente se puede hablar de desaparici\u00f3n es cuando est\u00e1n involucrados los cuerpos de seguridad. Al resto de casos donde no se localiza a una persona se les llama privaci\u00f3n de libertad. La desaparici\u00f3n forzada es una herencia de la guerra civil que, aunque perdi\u00f3 volumen, no perdi\u00f3 vigencia. Los cuerpos de seguridad siguen siendo acusados como victimarios.<\/p>\n

En 2016 se recibieron 15 denuncias de este tipo; en 2017, se tuvo conocimiento de 10. Para el a\u00f1o pasado, la cantidad de casos conocidos de manera oficial casi igual\u00f3 la de los dos a\u00f1os anteriores juntos: se registraron 21 casos de desaparici\u00f3n forzada, de acuerdo con la Oficina de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica de la PDDH.<\/p>\n

William y Bryan desaparecieron hace cinco a\u00f1os. El Estado Mayor ha negado rotundamente la participaci\u00f3n de personal suyo en alegato de que ese d\u00eda no hab\u00edan soldados destacados en el mercado. La negativa no impidi\u00f3 que Maritza, durante m\u00e1s de una ocasi\u00f3n, se\u00f1alara a la Fuerza Armada como victimaria.<\/p>\n

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\u00bfA qui\u00e9n denunciar?<\/strong><\/p>\n

La Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda no cuentan con un sistema homologado para registrar las denuncias de los desaparecidos en El Salvador. Cada instituci\u00f3n maneja sus propias cifras y las estad\u00edsticas, a pesar de referirse a lo mismo, difieren entre s\u00ed.<\/p>\n

La oficina p\u00fablica que recibe m\u00e1s denuncias de desaparici\u00f3n forzada es la Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En los \u00faltimos tres a\u00f1os, ha recolectado 46 casos de este tipo. En cambio, en la Fiscal\u00eda, durante esos mismos tres a\u00f1os se han recibido siete denuncias. Y en la Polic\u00eda, desde enero de 2016 a octubre de 2018, solo se registraron cinco acusaciones de esta \u00edndole.<\/p>\n

Que la Polic\u00eda sea la instituci\u00f3n que menos denuncias por desaparici\u00f3n forzada recibe no es coincidencia. La PNC es la fuerza estatal m\u00e1s se\u00f1alada por desaparecer gente en los casos documentados por la procuradur\u00eda. Se le acusa en el 67 % de las denuncias.<\/p>\n

“Esa noticia no es gratificante, obviamente, para el componente policial”, dice el inspector W\u00e1lter Guill\u00e9n cuando se le cuestiona sobre estas denuncias en las oficinas centrales de la PNC. “Nosotros estamos dispuestos a verificar este tipo de situaciones que necesitan un estudio, tratamiento (para) ver si necesitan un ajuste a nivel policial”.<\/p>\n

Doce d\u00edas despu\u00e9s de la desaparici\u00f3n de los j\u00f3venes en San Mart\u00edn, Maritza asisti\u00f3 a declarar a la fiscal\u00eda. Dos a\u00f1os despu\u00e9s, tambi\u00e9n dio su testimonio ante un notario. Adem\u00e1s, en diciembre de 2016 declar\u00f3 lo sucedido ante la Sala de lo Constitucional. A pesar de todos los esfuerzos de la mujer por hacer lo correcto al ser testigo de un crimen, Bryan y William no aparecen. Ning\u00fan soldado ha sido acusado.<\/p>\n

“El tema de la desaparici\u00f3n forzada es bastante \u00e1rido y sensible”, comienza por explicar detr\u00e1s de su escritorio Guadalupe de Echeverr\u00eda, la jefa de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscal\u00eda. La fiscal acepta, sin vacilar, que \u2013mediante investigaciones\u2013 se ha logrado identificar un patr\u00f3n de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.<\/p>\n

Echeverr\u00eda sostiene que ha tenido conocimiento de grupos conformados por soldados, polic\u00edas y civiles que se dedican a desaparecer a personas. La premisa de estos grupos es matar al que consideren enemigo en una guerra entre pandillas y agentes estatales. Cuando sospechan que una persona es pandillera, la desaparecen y “proceden posteriormente a ejecutarla”, menciona la fiscal en esta fresca ma\u00f1ana de febrero.<\/p>\n

De acuerdo con este an\u00e1lisis, hay agentes estatales que desaparecen y asesinan personas porque las consideran culpables de pertenecer a pandillas, sin investigaci\u00f3n de por medio, sin debido proceso, con base solamente en la sospecha. A pesar de que la fiscal habla de un “patr\u00f3n”, enfatiza en que estos casos son responsabilidad de grupos de exterminio que act\u00faan al margen de \u00f3rdenes institucionales.<\/p>\n

Al inspector Guill\u00e9n se le cuestiona si dentro de la Polic\u00eda se han identificado patrones de desaparici\u00f3n de personas por parte de autoridades estatales. La respuesta que da es la de alguien que no se sorprende al escuchar este tipo de acusaciones. “Siempre se mencionan algunos grupos que se toman una atribuci\u00f3n en particular, pero nos desvinculamos totalmente de esas acciones. Las funciones de un agente no lo llaman a eso”, afirma.<\/p>\n

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Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

Los familiares de las v\u00edctimas no conf\u00edan en el trabajo policial o fiscal. Eso no es secreto dentro del aparato estatal. Echeverr\u00eda sabe que eso contribuye a que la denuncia sea m\u00ednima y que el subregistro sea un factor dominante. Las familias “realmente no lo denuncian de esa manera, al menos en la Polic\u00eda no lo denuncian. En Fiscal\u00eda tampoco y probablemente (el delito) existe”, acepta.<\/p>\n

A pesar de no contar con estad\u00edsticas fidedignas, ni PDDH ni Fiscal\u00eda niegan la existencia de este fen\u00f3meno.<\/p>\n

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“Una cifra negra”<\/strong><\/p>\n

A William y Bryan los buscaron desde el primer d\u00eda en que desaparecieron. Una familiar intent\u00f3 encontrarlos en el puesto militar un par de horas despu\u00e9s de la detenci\u00f3n, pero “se le comunic\u00f3 que personal propio de esa instituci\u00f3n no hab\u00eda realizado ninguna captura”, de acuerdo con documentaci\u00f3n oficial. A la Fuerza Armada solo le tom\u00f3 2 horas adoptar la postura que ha mantenido hasta ahora: negarlo todo.<\/p>\n

El 91 % de las v\u00edctimas de las denuncias de desaparici\u00f3n forzada de los \u00faltimos tres a\u00f1os son hombres. Los desaparecidos son, por regla, de clases sin privilegios. “Los perfiles son adolescentes y adultos j\u00f3venes desde 17 a 30 a\u00f1os, aproximadamente. De escasos recursos econ\u00f3micos, del interior del pa\u00eds que viven en zonas de alto riesgo de amenazas de pandillas”, asegura la procuradur\u00eda.<\/p>\n

La abogada que present\u00f3 el caso de William y Bryan ante la sala denunci\u00f3 que despu\u00e9s de sacarlos del mercado, los soldados llevaron a los muchachos a la colonia Santa Mar\u00eda, un lugar dominado por la Mara Salvatrucha. El lugar en el que viv\u00edan los j\u00f3venes es territorio controlado por la pandilla Barrio 18. La abogada explic\u00f3 que la sola presencia de ellos en un lugar “contrario” puso en riesgo su vida. Y que eso comprueba que los j\u00f3venes fueron trasladados a ese lugar en contra de su voluntad. Un joven de zonas conflictivas sabe bien cu\u00e1les son las fronteras que no debe cruzar.<\/p>\n

Una semana despu\u00e9s de su detenci\u00f3n, los padres ten\u00edan la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, un grupo de personas se reuni\u00f3 frente al puesto militar de San Mart\u00edn y protest\u00f3. Exigi\u00f3 informaci\u00f3n. Ahora, las posibilidades de encontrarlos vivos son pocas.<\/p>\n

Algunos familiares de desaparecidos consideran que la denuncia es in\u00fatil y que los coloca en una situaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable. “Eso es una cifra negra que nosotros tenemos porque muchos familiares, por falta de confianza no acuden a la Polic\u00eda ni a la Fiscal\u00eda. Por temor a las represalias o porque no conf\u00edan en el sistema. Entonces, estas personas prefieren agotar otra v\u00eda. Van al Instituto de Medicina Legal a ver si hay alg\u00fan levantamiento o a los hospitales”, sostiene la jefa fiscal.<\/p>\n

Bajo esta premisa, los familiares ya no buscan culpables. Se dedican a buscar un cad\u00e1ver y, en el mejor de los casos, un herido.<\/p>\n

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Las v\u00edctimas y la sospecha<\/strong><\/p>\n

Al caer la noche, Alex\u00e1nder encontr\u00f3 una iglesia donde le dieron comida y resguardo. “Estaba golpeado, iba con garrapatas, llevaba pulgas en las orejas, los pies hinchados, llenos de espinas, con el brazo completamente morado e inflamado de los golpes que le hab\u00edan dado con las cachas de las pistolas los polic\u00edas”.<\/p>\n

Horas antes, Alex\u00e1nder hab\u00eda ido al molino con su abuela. Prepararon la masa para los tamales y, al volver, unos polic\u00edas lo detuvieron y se lo llevaron. Los agentes lo creyeron pandillero y ese fue motivo suficiente para trasladarlo a una monta\u00f1a. Ah\u00ed le ordenaron correr mientras disparaban, como quien caza a un animal. Alex\u00e1nder corri\u00f3 y corri\u00f3 entre el monte, hasta que encontr\u00f3 una iglesia. Este relato se puede leer en la investigaci\u00f3n “Una reconciliaci\u00f3n a trav\u00e9s de las v\u00edctimas”.<\/p>\n

“Volvieron las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales”, sentencia sin rodeos, el informe final. Esta investigaci\u00f3n fue realizada por la Maestr\u00eda de Teolog\u00eda Latinoamericana de la Universidad Centroamericana Jos\u00e9 Sime\u00f3n Ca\u00f1as. Se inici\u00f3 hace dos a\u00f1os, cuando un equipo de siete investigadores se dedic\u00f3 a escuchar relatos de v\u00edctimas de la violencia actual para luego sistematizarlos.<\/p>\n

Martha Zechmeister, la coordinadora de la investigaci\u00f3n acad\u00e9mica, identific\u00f3 que la pobreza est\u00e1 relacionada directamente con ser candidato a la desaparici\u00f3n forzada. Usualmente, las zonas m\u00e1s populares y comunidades obreras son el caldo de cultivo para las pandillas. Por otro lado, tambi\u00e9n, son las zonas m\u00e1s estigmatizadas por la autoridad.<\/p>\n

“Un joven que nace en zonas vulnerables es ya sospechoso. Cuando habla con los polic\u00edas se pone en peligro enfrente de los mareros. Est\u00e1n en una trampa, no hay escape: cuando no habla con los polic\u00edas es sospechoso para los polic\u00edas”, dice Zechmeister.<\/p>\n

La investigadora logr\u00f3 identificar algo que ella llama “niveles de escalada de la violencia”. En el primer nivel encontr\u00f3 “los usos cotidianos de la violencia, como golpear a un presunto marero a partir de una sospecha. El segundo nivel es que desaparecen j\u00f3venes: los suben a un carro y los llevan. Les aplican tortura f\u00edsica. Cuando la familia tiene suerte, lo encuentra”.<\/p>\n

Esta visi\u00f3n, proveniente de la academia, coincide con el an\u00e1lisis que se ha hecho en la Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos. Ah\u00ed, se ha documentado que cuando las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada son j\u00f3venes de zonas controladas por pandillas, lo primero que las autoridades hacen, antes que buscarlo, es tratar de averiguar si se trata de pandilleros o no. Esto criminaliza a las v\u00edctimas.<\/p>\n

La idea de desaparecer a sospechosos, al margen de la ley, cuenta con un gran apoyo en redes sociales. Existen p\u00e1ginas con miles de seguidores, como Guerreros de Sangre Azul \u2013con informaci\u00f3n de polic\u00edas\u2013 donde se suben fotograf\u00edas de “pandilleros y ratas eliminadas”.<\/p>\n

Guillermo Gallegos, el diputado por GANA y expresidente de la Asamblea Legislativa, es un fiel seguidor de estas campa\u00f1as en las que se promueve la violencia f\u00edsica y el quebranto de la ley: “Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi”, public\u00f3 en Twitter hace unas semanas. Estas frases no caen en terreno inf\u00e9rtil. De acuerdo con las pocas denuncias, varios j\u00f3venes han sido desaparecidos bajo la sospecha de ser delincuentes, sin un debido proceso y sin la posibilidad de defenderse.<\/p>\n

Alex\u00e1nder volvi\u00f3 a desaparecer dos d\u00edas despu\u00e9s de haber sido reencontrado en una iglesia evang\u00e9lica. Su familia repiti\u00f3 y repiti\u00f3 a los investigadores de la UCA que \u00e9l no pertenec\u00eda a ninguna red criminal. Se lo llevaron y ahora nadie se atreve a decir qui\u00e9n fue el culpable. Temen tanto de las pandillas como de la polic\u00eda.<\/p>\n

Algunos dicen que un marero de la colonia lo sac\u00f3 en venganza por no unirse a la pandilla. Otros hablan de haberlo visto con Polic\u00edas antes de que desapareciera. La familia no conf\u00eda en nadie. No denunciaron.<\/p>\n

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Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

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Sin garant\u00edas<\/strong><\/p>\n

“Hay un gran d\u00e9ficit en manejo estatal de estos casos. \u00bfQu\u00e9 ofrec\u00eda el Estado como protecci\u00f3n de v\u00edctimas? Una ayuda en granos b\u00e1sicos y una medida de resguardo en casa de protecci\u00f3n donde tienen a testigos criteriados”, empieza por explicar el abogado Pedro Cruz, director de la Asociaci\u00f3n Salvadore\u00f1a por los Derechos Humanos (ASDEHU).<\/p>\n

\u00c9l habla de un d\u00e9ficit porque lo vio de primera mano. Como parte de su trabajo, promovi\u00f3 un habeas corpus a favor de otros tres muchachos de Armenia desaparecidos por la Fuerza Armada en 2014. Un grupo de j\u00f3venes depart\u00eda en una acera cuando fue interceptado por militares. Dejaron ir a dos, pero los otros tres fueron llevados hacia una zona de pandillas. No se supo nada m\u00e1s de ellos. El caso se judicializ\u00f3, se obtuvo condena y marc\u00f3 un precedente.<\/p>\n

Pero, en la pr\u00e1ctica, tanta denuncia no sirvi\u00f3 para encontrarlos. Los familiares de los j\u00f3venes acusaron a agentes estatales ante la Polic\u00eda, la Fiscal\u00eda, la PDDH, la Sala de lo Constitucional y hasta la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. Aun as\u00ed, no pudieron recuperar a los j\u00f3venes.<\/p>\n

La denuncia p\u00fablica a la Fuerza Armada coloc\u00f3 en riesgo a las familias. Y la protecci\u00f3n que se les ofreci\u00f3 no era una en la que pod\u00edan confiar. Para que estuvieran tranquilos, el Estado salvadore\u00f1o les ofreci\u00f3 vivir en una casa de protecci\u00f3n. En estas casas, explica el abogado Cruz, las familias deben permanecer encerradas y no tener contacto con el mundo exterior. La familia se neg\u00f3. No se fiaban de las autoridades salvadore\u00f1as. Adem\u00e1s, habr\u00edan tenido que compartir espacio “con testigos criteriados, que son delincuentes confesos”.<\/p>\n

A pesar de que las familias siguieron al pie de letra todos los mecanismos de denuncia nacionales, incluso, elevaron el caso a escala internacional, la b\u00fasqueda no dio resultado. Para protegerse, las familias de los muchachos huyeron de El Salvador.<\/p>\n

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El miedo de Maritza<\/strong><\/p>\n

D\u00edas despu\u00e9s de que William y Bryan fueron sacados del mercado, los padres de los muchachos fueron a buscar a Maritza. Le pidieron que, por favor, los acompa\u00f1ara al puesto militar en una zona cercana conocida como “Ex-IRA”. Quer\u00edan ver si ella lograba reconocer a alguno de los hombres que se llevaron a sus hijos.<\/p>\n

Maritza accedi\u00f3 y cuando llegaron a los alrededores de las instalaciones, identific\u00f3 a uno de los soldados que gritaba y golpeaba a los muchachos d\u00edas antes. “Estaba uniformado e inmediatamente entr\u00f3”, dijo.<\/p>\n

Posteriormente, Maritza fue llamada para realizar un reconocimiento de las caras de los militares. En teor\u00eda, el reconocimiento se realizar\u00eda con fotograf\u00edas de 29 soldados destacados en San Mart\u00edn entre julio y agosto de 2014. Maritza no lleg\u00f3 a la diligencia y no se logr\u00f3 identificar con nombre y apellido al soldado se\u00f1alado.<\/p>\n

Aunque falt\u00f3 al reconocimiento, sus palabras fueron primordiales para la Corte Suprema de Justicia: “Esta sala no tiene razones para dudar del testimonio de la se\u00f1ora, quien narr\u00f3 coherentemente los hechos en su declaraci\u00f3n testimonial pero que, adem\u00e1s, desde la primera vez que fue entrevistada en sede fiscal, a pocos d\u00edas de la privaci\u00f3n de libertad de los favorecidos en 2014, ha insistido en que en esta se llev\u00f3 a cabo por militares, quienes vest\u00edan con uniforme camuflado”.<\/p>\n

Maritza explic\u00f3 que hab\u00eda tenido miedo, que por eso no asisti\u00f3 a la diligencia. Su testimonio, sumado a documentos de la PDDH y relatos de los familiares, permiti\u00f3 que la sala concluyera en marzo del a\u00f1o pasado que “los responsables de tal privaci\u00f3n de libertad fueron agentes de la Fuerza Armada”.<\/p>\n

Pedro Cruz, un abogado de la asociaci\u00f3n que promovi\u00f3 esta causa ante la sala, aclara que, aunque “el fen\u00f3meno de la desaparici\u00f3n, cuantitativamente, est\u00e1 m\u00e1s vinculado a las maras, que lo haga una entidad del Estado, aunque sea en pocos casos, es grave. Cualitativamente tiene una dimensi\u00f3n profunda”.<\/p>\n

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La soledad de la b\u00fasqueda<\/a><\/p><\/blockquote>\n