{"id":4399,"date":"2018-09-09T00:10:26","date_gmt":"2018-09-09T06:10:26","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=4399"},"modified":"2018-09-09T19:06:06","modified_gmt":"2018-09-10T01:06:06","slug":"nueve-expresidentes-de-america-latina-son-investigados-por-el-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/nueve-expresidentes-de-america-latina-son-investigados-por-el-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Nueve expresidentes de Am\u00e9rica Latina son investigados por el caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"\n
En abril de 2015, Odebrecht celebraba el t\u00edtulo de mayor constructora de Am\u00e9rica Latina. Ten\u00eda obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias r\u00e9cord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupci\u00f3n iniciadas en Brasil en la ruta de la Operaci\u00f3n Lava-Jato, la empresa eligi\u00f3 el camino de las colaboraciones judiciales y caus\u00f3 temblores en el mundo pol\u00edtico latinoamericano al confesar sus cr\u00edmenes de corrupci\u00f3n en 10 pa\u00edses de la regi\u00f3n. El n\u00famero de presidentes y expresidentes investigados en el continente, tres a\u00f1os y medio m\u00e1s tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve exmandatarios de la regi\u00f3n est\u00e1n en la mira de las autoridades de sus pa\u00edses, y un presidente ya perdi\u00f3 su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre los presidentes que, aunque no tuviesen relaci\u00f3n con la constructora bahiana, tambi\u00e9n quedaron envueltos en tramas sospechosas.<\/p>\n
Para el fiscal del Ministerio P\u00fablico Federal, Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operaci\u00f3n Lava-Jato, en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocr\u00e1ticas y las diferencias legales entre los pa\u00edses permit\u00edan que los cr\u00edmenes transnacionales quedaran pr\u00e1cticamente impunes, hoy el escenario cambi\u00f3.<\/p>\n
\u201cHoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el \u00e1mbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante r\u00e1pida y eficiente, ya sea con pa\u00edses m\u00e1s pr\u00f3ximos geogr\u00e1ficamente, como en Am\u00e9rica Latina, o incluso en Asia\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del pa\u00eds de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperaci\u00f3n internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en \u201cun verdadero tal\u00f3n de Aquiles\u201d para los criminales.<\/p>\n
En Brasil, el encarcelamiento del expresidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva es el mayor s\u00edmbolo que encierran las investigaciones. El exmandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, un departamento reformado por OAS como compensaci\u00f3n por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamento o actuado en favor de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, revel\u00f3 a la Justicia brasile\u00f1a que conversaba con Lula e interlocutores del Gobierno sobre temas de inter\u00e9s de la empresa, como medidas provisorias y l\u00edneas de cr\u00e9dito. Emilio revel\u00f3 informaci\u00f3n que gener\u00f3 otros juicios contra Lula, en los que el expresidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de Sao Paulo y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa afirma que la casa quinta no est\u00e1 registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relaci\u00f3n al otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no particip\u00f3 en su creaci\u00f3n.<\/p>\n
Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Los juicios que conten\u00edan citaciones contra Jos\u00e9 Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigaci\u00f3n basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que a\u00fan est\u00e1 en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Supremo Tribunal Federal, acusado de recibir m\u00e1s de R$30 millones (US$ 7.3 millones) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relaci\u00f3n directa con Odebrecht.<\/p>\nInfograf\u00eda<\/figcaption><\/figure>\n
En Per\u00fa, el espectro de mandatarios en la mira de la Justicia tambi\u00e9n es amplio. Cuatro expresidentes son investigados por sospechas de corrupci\u00f3n que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora por la obra de la carretera Transoce\u00e1nica. En febrero de 2017, un juez determin\u00f3 su prisi\u00f3n preventiva por 18 meses. Pero, como Toledo est\u00e1 en Estados Unidos, la fiscal\u00eda pidi\u00f3 su extradici\u00f3n, que fue confirmada por las cortes superiores. A\u00fan no hubo respuesta de parte de las autoridades norteamericanas.<\/p>\n
Alan Garc\u00eda es investigado por tr\u00e1fico de influencias en un caso que investiga la concesi\u00f3n a Odebrecht de una l\u00ednea de metro de Lima. \u00c9l habr\u00eda facilitado que la constructora ganara la licitaci\u00f3n con otras dos empresas. No le fue impuesta ninguna restricci\u00f3n judicial.<\/p>\n
El \u00fanico de los expresidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, seg\u00fan los delatores, US$3 millones de Odebrecht para su campa\u00f1a. \u00c9l estuvo nueve meses en prisi\u00f3n preventiva, antes de que la Justicia revocara la medida a fines de abril.<\/p>\n
Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el \u00fanico en perder su cargo. Renunci\u00f3 en marzo, tambi\u00e9n sospechoso de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a \u00e9l cuando era ministro. Est\u00e1 impedido de salir del pa\u00eds por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados.<\/p>\n
En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al expresidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigaci\u00f3n en la C\u00e1mara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campa\u00f1as de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acci\u00f3n.<\/p>\n
Nombres pr\u00f3ximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campa\u00f1a presidencial, Roberto Prieto, lleg\u00f3 a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El exministro de Transporte Gabriel Ignacio Garc\u00eda Morales fue condenado por recibir US$6.5 millones de Odebrecht.<\/p>\n
Hay dos denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El exvicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n y a pagar una indemnizaci\u00f3n de US$7.5 millones. Est\u00e1 acusado de recibir US$3.5 millones de Odebrecht a trav\u00e9s de pagos hechos a un t\u00edo, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Acusado de recibir US$1.5 millones de Odebrecht en su campa\u00f1a para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes est\u00e1 exiliado en Nicaragua. Funes viaj\u00f3 a Nicaragua despu\u00e9s de haber sido condenado en noviembre del a\u00f1o pasado por enriquecimiento il\u00edcito y condenado a devolver, junto con el hijo, US$419 mil a las arcas p\u00fablicas.<\/p>\n
Argentina, Chile, Guatemala, M\u00e9xico, Rep\u00fablica Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o exmandatarios, aunque se citen transferencias irregulares de Odebrecht a pol\u00edticos de esos pa\u00edses.<\/p>\n
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Falta de colaboraci\u00f3n y dificultades para probar sobornos arroja pocos condenados<\/strong> \nLas investigaciones del caso Odebrecht en Am\u00e9rica Latina a\u00fan se topan con la dificultad de desentra\u00f1ar y establecer v\u00ednculos entre el soborno que la constructora admiti\u00f3 pagar y los pol\u00edticos de los pa\u00edses involucrados. En toda la regi\u00f3n, equipos de trabajo fueron activados a finales de 2016, luego de que la empresa anunci\u00f3 la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admiti\u00f3 haber transferido US$1,000 millones en sobornos a pa\u00edses de las Am\u00e9ricas y de \u00c1frica. Las investigaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de un a\u00f1o y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboraci\u00f3n dirigidas a la Justicia brasile\u00f1a. El n\u00famero es pr\u00e1cticamente igual a los 259 pedidos hechos por las autoridades brasile\u00f1as para obtener informaciones de otros pa\u00edses.<\/p>\n
\u201cEs un camino de doble v\u00eda que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas p\u00fablicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, pol\u00edtica y econ\u00f3micamente. En paralelo, propici\u00f3 que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros pa\u00edses las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros\u201d, afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operaci\u00f3n Lava-Jato fue desentra\u00f1ada.<\/p>\n
Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos m\u00e1s lentos que en Brasil. En Per\u00fa, por ejemplo, cuatro expresidentes est\u00e1n siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este a\u00f1o, no hubo operaciones ni nuevos arrestos. Odebrecht celebr\u00f3 acuerdos de colaboraci\u00f3n que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir da\u00f1os causados por los delitos que admiti\u00f3.<\/p>\n
Tambi\u00e9n est\u00e1n trabadas las investigaciones en M\u00e9xico. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de PEMEX, la petrolera estatal del pa\u00eds. La empresa admiti\u00f3 haber pagado US$10.5 millones en M\u00e9xico. La Procuradur\u00eda General inform\u00f3 que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de este a\u00f1o, nadie fue indiciado.<\/p>\n
Los trabajos de investigaci\u00f3n en Panam\u00e1 llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El pa\u00eds anunci\u00f3, en diciembre de 2016, justo despu\u00e9s del acuerdo de Odebrecht con el Gobierno de Estados Unidos, la creaci\u00f3n de una Fiscal\u00eda Especial Anticorrupci\u00f3n del Caso Odebrecht.<\/p>\nM\u00e1s investigaci\u00f3n<\/strong>. En Per\u00fa, la confesi\u00f3n de los ejecutivos de Odebrecht deriv\u00f3 en la creaci\u00f3n de un sistema especializado en casos de corrupci\u00f3n de funcionarios dentro del Poder Judicial.<\/figcaption><\/figure>\n
Ecuador es otro pa\u00eds en el que los pol\u00edticos a\u00fan no fueron condenados por las investigaciones del caso Odebrecht. Los trabajos de los investigadores de\u00a0Ecuador avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del Gobierno y de la constructora en el pa\u00eds. Un nuevo frente de investigaci\u00f3n surgi\u00f3 el a\u00f1o pasado, con la denuncia de irregularidades en el metro de Quito, una obra de R$2,000 millones (US$495 millones).<\/p>\n
Aunque Odebrecht haya confesado delitos en Am\u00e9rica Latina hacia fines de 2016, reci\u00e9n en el \u00faltimo mes de abril la Procuradur\u00eda General ecuatoriana logr\u00f3 fijar acuerdo con las autoridades brasile\u00f1as para el intercambio de informaciones.<\/p>\n
Las medidas m\u00e1s serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas se congelaron. En julio de 2017, dos familiares del exministro de Transporte Haiman El Troudi tuvieron sus cuentas congeladas. Despu\u00e9s de esto, no hubo ninguna condena.<\/p>\n
En Argentina, tambi\u00e9n hay dificultad para el intercambio de informaci\u00f3n con las autoridades brasile\u00f1as. La Justicia Argentina a\u00fan no tuvo acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o \u2018valijeros\u2019 brasile\u00f1os, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos pa\u00edses est\u00e1n negociando un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasile\u00f1a puedan ser o\u00eddos en el pa\u00eds vecino. El principal obst\u00e1culo es la ley argentina, que no prev\u00e9 librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Est\u00e1 en la mira de los argentinos, por ejemplo, el \u2018valijero\u2019 paulista Leonardo Meirelles, que firm\u00f3 la delaci\u00f3n premiada con la Justicia brasile\u00f1a en 2016. En uno de los fragmentos de la delaci\u00f3n, \u00e9l afirma que transfiri\u00f3 m\u00e1s de US$500 mil a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas. Los pagos habr\u00edan ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de f\u00fatbol.<\/p>\n
Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realiz\u00f3 luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el Gobierno argentino para soterrar la ferrov\u00eda Sarmiento. Actualmente, la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.<\/p>\n
A\u00fan sin las acusaciones de los \u2018valijeros\u2019 brasile\u00f1os, la investigaci\u00f3n del caso del tren Sarmiento est\u00e1 adelantada. El diputado Julio de Vido, exministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay intercambio de correos electr\u00f3nicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobar\u00eda el pago de coimas. Los fiscales argentinos a\u00fan tienen esperanzas de que, en los pr\u00f3ximos meses, conseguir\u00e1n hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.<\/p>\n
En Colombia, 78 personas son investigadas actualmente por supuesta participaci\u00f3n en el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n; cinco ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el exministro Gabriel Ignacio Garc\u00eda Morales y los exsenadores Otto Bula y Bernardo Miguel El\u00edas.<\/p>\n
Acusado de recibir US$1.5 millones de Odebrecht en su campa\u00f1a para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes est\u00e1 exiliado en Nicaragua. Funes viaj\u00f3 a Nicaragua despu\u00e9s de haber sido condenado en noviembre del a\u00f1o pasado por enriquecimiento il\u00edcito y condenado a devolver, junto con el hijo, US$419 mil a las arcas p\u00fablicas.<\/h4>\nC\u00e1rcel<\/strong>. Lula da Silva, expresidente de Brasil, guarda prisi\u00f3n por este caso.<\/figcaption><\/figure>\n
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Reacciones de las instituciones<\/strong> \nDesde que Odebrecht firm\u00f3 un acuerdo de lenidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual sus ejecutivos confesaron haber pagado, entre 2003 y 2014, US$788 millones en sobornos para conseguir contratos en 11 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y de \u00c1frica, la Operaci\u00f3n Lava-Jato provoc\u00f3 temblores pol\u00edticos en varios pa\u00edses latinoamericanos. El impacto no fue mayor porque, en diversas naciones de la regi\u00f3n, falta independencia y estructura de las instituciones, como en el Ministerio P\u00fablico, que podr\u00edan investigar las denuncias.<\/p>\n
Las sacudidas m\u00e1s fuertes fueron en Per\u00fa, donde Odebrecht lleg\u00f3 a ser la mayor empresa extranjera en el pa\u00eds. El esc\u00e1ndalo ocasion\u00f3 la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, substituido en el cargo por Mart\u00edn Viscarra, juicios penales contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala e investigaciones contra el expresidente Alan Garc\u00eda y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.<\/p>\n
El caso Lava-Jato tambi\u00e9n produjo cambios en las leyes peruanas. Para darle eficacia al proceso de colaboraci\u00f3n premiada, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal de Per\u00fa comenz\u00f3 a permitir que los jefes de organizaciones delictivas vean disminuidas o suspendidas sus penas en los casos en los que colaboren con la Justicia.<\/p>\n
Otra consecuencia institucional de la confesi\u00f3n de los ejecutivos de Odebrecht que pagaron US$29 millones en sobornos en Per\u00fa fue la creaci\u00f3n dentro del Poder Judicial de un sistema especializado en casos de corrupci\u00f3n de funcionarios. Ese sistema comenz\u00f3 a operar en marzo y se encarga de los juicios penales por delitos cometidos por funcionarios, entre ellos los del caso Odebrecht.<\/p>\n
En Panam\u00e1, donde tres ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos de US$86 millones, el caso llev\u00f3 a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. En abril, la canciller\u00eda paname\u00f1a solicit\u00f3 formalmente a Estados Unidos la extradici\u00f3n de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.<\/p>\n
Quien tambi\u00e9n huy\u00f3 a Estados Unidos en el intento de escapar de la Justicia fue Manuel Baldiz\u00f3n, excandidato presidencial en Guatemala, implicado en el caso del pago de US$18 millones en sobornos por Odebrecht para conseguir el contrato de ampliaci\u00f3n de una carretera que es la principal v\u00eda de acceso del pa\u00eds hacia el sur de M\u00e9xico y a El Salvador.<\/p>\n
Otro pol\u00edtico pr\u00f3fugo en Guatemala es Alejandro Sinibaldi, exministro y tambi\u00e9n excandidato presidencial. El Ministerio P\u00fablico guatemalteco est\u00e1 avanzando en los juicios penales y logr\u00f3 el bloqueo de bienes de los procesados por la corrupci\u00f3n de Odebrecht.<\/p>\n
En Colombia, las autoridades judiciales iniciaron juicios ni bien recibieron las primeras informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Seg\u00fan las autoridades norteamericanas, los sobornos de Odebrecht en Colombia eran de US$11 millones, pero la investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico colombiano concluy\u00f3 que ser\u00edan mucho mayores. Hoy existen sobornos documentados por un valor de US$32.5 millones, pero se estima que esa cifra a\u00fan puede ser mayor.<\/p>\n
En Argentina, donde los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado US$41.9 millones para obtener varios contratos de obras p\u00fablicas, las revelaciones proporcionadas por el Lava-Jato igualmente tuvieron un impacto enorme, aunque podr\u00edan tener mayores consecuencias si el Poder Judicial argentino pudiera acceder a la informaci\u00f3n brindada por los \u201cdoleiros\u201d (cambistas ilegales) brasile\u00f1os. En este momento, los fiscales argentinos a\u00fan negocian la posibilidad de llegar a un acuerdo para tener informaci\u00f3n detallada sobre el pago de coimas por Odebrecht en Argentina.<\/p>\n
La principal complicaci\u00f3n en la obtenci\u00f3n de un acuerdo es la restricci\u00f3n que la ley argentina impone a la renuncia al juicio penal a los delincuentes, cuando ellos colaboran con la justicia dando informaci\u00f3n. El caso de Odebrecht ya produjo otros cambios en la legislaci\u00f3n de Argentina. Con apoyo del Gobierno, el Congreso argentino aprob\u00f3, el a\u00f1o pasado, una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jur\u00eddicas.<\/p>\n
En Ecuador, donde Odebrecht pag\u00f3 US$33.5 millones en sobornos, la reacci\u00f3n de rechazo a la corrupci\u00f3n por parte de la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, produjo el despido de varios funcionarios del gobierno del presidente Len\u00edn Moreno. Los funcionarios eran allegados a exintegrantes del gobierno del expresidente Rafael Correa, acusados de estar involucrados en el esquema de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Inicialmente, el exfiscal Carlos Baca Mancheno, que por muchos a\u00f1os fue amigo de Correa, abri\u00f3 innumerables investigaciones preliminares sobre el caso. Pero se cree que fue una estrategia para dispersar las investigaciones en vez de concentrarlas en una \u00fanica gran investigaci\u00f3n que abarcara todas las sospechas de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Otro pa\u00eds donde la influencia del Poder Ejecutivo determin\u00f3 el curso de las investigaciones fue Rep\u00fablica Dominicana. All\u00ed, el procurador general de la Rep\u00fablica es designado por el presidente de la rep\u00fablica, que puede sustituirlo seg\u00fan su voluntad. La reacci\u00f3n a las denuncias de corrupci\u00f3n de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgi\u00f3 sobre todo de la sociedad y gener\u00f3 uno de los fen\u00f3menos sociales m\u00e1s importantes de la historia reciente del pa\u00eds: el movimiento Marcha Verde, que realiz\u00f3 grandes manifestaciones populares en contra de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
En Argentina, tambi\u00e9n hay dificultad para el intercambio de informaci\u00f3n con las autoridades brasile\u00f1as. La Justicia Argentina a\u00fan no tuvo acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o \u2018valijeros\u2019 brasile\u00f1os, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos pa\u00edses est\u00e1n negociando un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasile\u00f1a puedan ser o\u00eddos en el pa\u00eds vecino. El principal obst\u00e1culo es la ley argentina, que no prev\u00e9 librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigaci\u00f3n.<\/h4>\n
Por primera vez en la historia dominicana, el tema de la corrupci\u00f3n apareci\u00f3 entre los tres principales problemas del pa\u00eds, seg\u00fan las encuestas. Los principales l\u00edderes de la Marcha Verde acusaron a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica de no realizar una investigaci\u00f3n consistente a partir de las delaciones obtenidas en Brasil. Esta acusaci\u00f3n fue negada por el procurador Jean Alain Rodr\u00edguez.<\/p>\n
En El Salvador, el avance de las investigaciones tambi\u00e9n ha sido lento y a\u00fan no se sabe si el expresidente Mauricio Funes ser\u00e1 procesado por haber recibido de Odebrecht US$1.5 millones para su campa\u00f1a presidencial en 2008, en la cual el asesor de marketing pol\u00edtico fue el brasile\u00f1o Joao Santana. Funes se exili\u00f3 en Nicaragua despu\u00e9s de haber sido acusado de desviar casi US$1 mill\u00f3n durante su gobierno. En abril \u00faltimo, el procurador general de El Salvador, Douglas Mel\u00e9ndez, inform\u00f3 que solo consigui\u00f3 cerrar un convenio para intercambiar informaciones con la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica brasile\u00f1a.<\/p>\n
Seg\u00fan los especialistas, M\u00e9xico fue otro de los pa\u00edses donde la falta de un Ministerio P\u00fablico independiente del poder pol\u00edtico contribuy\u00f3 a que las investigaciones no avanzaran favorablemente. All\u00ed fue creado un Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n y un Sistema Nacional de Transparencia, cuya prioridad es prevenir casos de corrupci\u00f3n, pero no se conocen resultados penales de las investigaciones de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica sobre el accionar de Odebrecht en el pa\u00eds. La reacci\u00f3n a las denuncias surgi\u00f3 principalmente de los medios de comunicaci\u00f3n y de organizaciones de la sociedad civil.<\/p>\n
En Brasil, que cuenta con un Ministerio P\u00fablico fuerte e independiente a escala federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento brasile\u00f1o que tendr\u00edan como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupci\u00f3n en Petrobras y en otras \u00e1reas de la administraci\u00f3n p\u00fablica, luego de las investigaciones generadas por el Lava-Jato.<\/p>\n
Entre las propuestas, consideradas parte de un no declarado paquete anti Lava-Jato, est\u00e1n una nueva ley sobre abuso de autoridad, prohibici\u00f3n de arrepentimiento de imputados presos, blindaje a estudios jur\u00eddicos, restricciones a conducciones coercitivas, y el fin de la prisi\u00f3n en segunda instancia. Los proyectos est\u00e1n en tr\u00e1mite en el Congreso brasile\u00f1o.<\/p>\n
El proyecto de una nueva ley de abuso de autoridad establece duras normas para castigar sobre todo a jueces por excesos en las investigaciones criminales. Por este proyecto, los jueces que decreten prisi\u00f3n a investigados sin una debida fundamentaci\u00f3n legal estar\u00e1n sujetos a la destituci\u00f3n y hasta a la detenci\u00f3n. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora espera la aprobaci\u00f3n de la C\u00e1mara.<\/p>\n
Para Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, director de Asuntos Legislativos de la Asociaci\u00f3n de Jueces Federales de Brasil (AJUFE), la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario. \u201cSi un juez decreta la prisi\u00f3n preventiva a un investigado, y esta prisi\u00f3n es revocada por un tribunal, ese juez estar\u00e1 sujeto a investigaci\u00f3n y hasta puede ir preso\u201d, afirma Alves.<\/p>\n
El mismo proyecto tambi\u00e9n limita las conducciones coercitivas. Por esta propuesta, testigos e investigados no pueden ser llevados a declarar a la fuerza, sin haber sido previamente intimados a prestar declaraci\u00f3n a las autoridades legales.<\/p>\n
Es decir, las conducciones coercitivas solo estar\u00edan permitidas en los casos en que los investigados o testigos no respondieran a la orden de presentarse ante el juez, delegado o fiscal. El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ratific\u00f3 la idea. Por seis votos a cinco, determin\u00f3 que la conducci\u00f3n coercitiva solo cabe cuando el investigado se recusa a prestar testimonio.<\/p>\n
El pa\u00eds m\u00e1s atrasado en las investigaciones sobre la corrupci\u00f3n de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna investigaci\u00f3n fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasile\u00f1a est\u00e9n pendientes de ejecuci\u00f3n en el pa\u00eds. La exfiscal Luisa Ortega D\u00edaz viaj\u00f3 a Brasil para obtener informaci\u00f3n y el Ministerio P\u00fablico de Venezuela lleg\u00f3 a citar a familiares del exministro de Transporte Terrestre y Obras P\u00fablicas Haiman El Troudi, que tuvieron US$42 millones congelados en cuentas en Suiza, como implicados en la estructura corrupta.<\/p>\n
D\u00edaz acus\u00f3 tambi\u00e9n al presidente de Venezuela, Nicol\u00e1s Maduro, por corrupci\u00f3n y lavado de dinero. \u201cLa poca informaci\u00f3n que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigaci\u00f3n no hicieron su trabajo\u201d, dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. \u201cSi lo hacen, es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada\u201d.<\/p>\n
\n
Con informaci\u00f3n de medios del GDA y colaboraci\u00f3n de La Prensa de Panam\u00e1, Prensa Libre de Guatemala y El D\u00eda de Rep\u00fablica Dominicana<\/em><\/p>\n
Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Y no solo a ellos, en Latinoam\u00e9rica tambi\u00e9n est\u00e1n regados los sobornos de esta firma, de acuerdo con las declaraciones que el patriarca, Emilio, ha dado a las autoridades. Manuel Santos, de Colombia; y Mauricio Funes, en El Salvador, han formado parte de esta red que sigue en investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":4400,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"\n
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