{"id":3109,"date":"2018-03-18T00:10:33","date_gmt":"2018-03-18T06:10:33","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=3109"},"modified":"2018-03-18T11:12:45","modified_gmt":"2018-03-18T17:12:45","slug":"la-justicia-que-persigue-a-los-pequenos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/la-justicia-que-persigue-a-los-pequenos\/","title":{"rendered":"La justicia que persigue a los peque\u00f1os"},"content":{"rendered":"
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Excepci\u00f3n<\/strong>. El de Carlos Perla, expresidente de ANDA, es uno de los pocos casos de funcionarios de alto rango que lleg\u00f3 a una condena.<\/figcaption><\/figure>\n

El Salvador es un Estado corrupto. As\u00ed lo muestra, por ejemplo, el \u00cdndice de Percepci\u00f3n de Corrupci\u00f3n de Transparencia Internacional, donde El Salvador, con un puntaje de 33 puntos, se coloca en el puesto 112 de una lista de 180 naciones a escala mundial.<\/p>\n

Esta, la opini\u00f3n de empresarios y analistas, encuentra eco en uno de los \u00faltimos informes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el que se sostiene que en El Salvador \u201cla corrupci\u00f3n, adem\u00e1s de manifestarse en el gobierno central, pareciera afectar de forma particularmente aguda a los gobiernos locales, a las entidades descentralizadas y a las empresas p\u00fablicas\u201d.<\/p>\n

Eso sin contar la existente en los otros poderes del Estado, sobre todo en el Judicial, que el fiscal general de la Rep\u00fablica, Douglas Mel\u00e9ndez, se ha encargado de denunciar en cuanta comparecencia p\u00fablica se le presenta. El mismo estudio de ICEFI, \u201cLa corrupci\u00f3n, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Tri\u00e1ngulo Norte Centroamericano\u201d, se\u00f1ala que debido solo a un pu\u00f1ado de casos emblem\u00e1ticos de esta y la d\u00e9cada pasada, el pa\u00eds ha perdido $550.9 millones, el equivalente al 2.1 % del PIB en 2015. O, lo que es lo mismo, lo suficiente para construir m\u00e1s de 10 centros m\u00e9dicos similares al Hospital Nacional de la Mujer.<\/p>\n

\u201cLa corrupci\u00f3n es un mal doble: el funcionario no utiliza su tiempo y energ\u00eda en hacer lo que debe hacer, un servicio para el bien com\u00fan, sino que ocupa ese tiempo en crear y ejecutar planes para saquear los bienes del Estado\u201d, comenta Carlos Ponce, crimin\u00f3logo salvadore\u00f1o y exfuncionario de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.<\/p>\n

El C\u00f3digo Penal de El Salvador cataloga 11 delitos como espec\u00edficos de la corrupci\u00f3n. De estos, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica ha ingresado 4,203 casos desde 2003 hasta 2017. Catorce a\u00f1os a un ritmo de 300 cada ejercicio. Un caso de corrupci\u00f3n cada 29 horas.<\/p>\n

Uno de los m\u00e1s procesados es el peculado, aquel en el que un funcionario p\u00fablico se apropia para su beneficio (o el de otros) de dinero o cualquier otro bien de cuya administraci\u00f3n est\u00e1 encargado. En este mismo per\u00edodo, 1,164 casos han sido ingresados a la Fiscal\u00eda solo en referencia a este delito.<\/p>\n

Este nombre, \u201cpeculado\u201d, ha sido parte de las acusaciones m\u00e1s impresionantes de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica en los \u00faltimos a\u00f1os, como aquella en contra de El\u00edas Antonio Saca, el expresidente acusado de apropiarse de m\u00e1s de $300 millones de la partida secreta de la Presidencia.<\/p>\n

Los n\u00fameros de casos son altos, pero parecen encontrarse con un embudo en su camino en los tribunales. Esta revista revis\u00f3 todas las sentencias digitalizadas en el sistema integrado de la Corte Suprema de Justicia hasta junio de 2016 y consult\u00f3 el sitio web Jurisprudencia.gob.sv para actualizarlo hasta 2017. La b\u00fasqueda se realiz\u00f3 en torno de cuatro delitos, los m\u00e1s graves dentro de los catalogados como de corrupci\u00f3n: peculado, malversaci\u00f3n, cohecho propio y cohecho impropio.<\/p>\n

De estos cuatro delitos se encontr\u00f3 que, desde 2003 hasta 2017, 68 procesos llegaron al menos hasta la fase de sentencia, donde un juez define si un imputado es culpable o no de la acusaci\u00f3n que pesa sobre sus hombros.<\/p>\n

Las victorias para la Fiscal\u00eda tampoco han sido una constante: solo en 30 de esos casos se encontraron culpables a los acusados, muchos de los cuales conmutaron sus penas por servicios sociales. Este \u00faltimo punto se debe a las bajas condenas referentes a los delitos de corrupci\u00f3n que estipula el actual C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

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Ilustraci\u00f3n de Moris Aldana<\/figcaption><\/figure>\n

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UNA JUSTICIA SELECTIVA<\/strong><\/p>\n

\u00c9ver Alex\u00e1nder no ganaba mal como empleado de la Alcald\u00eda de San Salvador. Los $506 que percib\u00eda mensualmente lo colocaban muy por encima del salario m\u00ednimo, ese que todav\u00eda es un sue\u00f1o por cumplir para muchos en un pa\u00eds como El Salvador.<\/p>\n

Su trabajo consist\u00eda en cobrar, para la Administraci\u00f3n Municipal de Mercados, el dinero surgido del uso de los sanitarios p\u00fablicos y de las moras de los puestos fijos de varios sectores de la capital.<\/p>\n

Fueron m\u00e1s de $5,000 los que el acusado sustrajo para s\u00ed en un per\u00edodo de dos a\u00f1os, entre 2012 y 2013. Una cifra parecida al sueldo ganado por un diputado de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta los gastos de representaci\u00f3n.<\/p>\n

El modus operandi de \u00c9ver no era para nada sofisticado. Seg\u00fan explic\u00f3 una testigo identificada como Bertilla F. de R., ella compart\u00eda con \u00e9l la administraci\u00f3n del ba\u00f1o del Edificio 9 del mercado Central. De todo lo que se recolectaba en 15 d\u00edas, ella deb\u00eda pagarle el sueldo a dos empleados y entregarle $309 a \u00c9ver. Este, dijo Bertilla, a veces le entregaba un recibo como comprobante, a veces no. Por ello, un d\u00eda de tantos recibi\u00f3 un llamado de atenci\u00f3n desde el Departamento de Zonas del mercado Central de San Salvador. Era la jefa, que en el texto de la sentencia aparece solo como Marta In\u00e9s.<\/p>\n

Esta le advirti\u00f3 que se encontraba en mora con la comuna, que adeudaba lo correspondiente a siete meses. La cabeza se le llen\u00f3 de confusi\u00f3n: religiosamente ella hab\u00eda entregado a \u00c9ver la cuota asignada. Bertilla explic\u00f3 lo que hab\u00eda pasado, esperando que le creyeran. Contra todo pron\u00f3stico, as\u00ed fue: a la jefa ya le hab\u00edan llegado varias denuncias de que \u00c9ver no estaba entregando los comprobantes. Por ello decidieron hacerle una auditor\u00eda a su trabajo.<\/p>\n

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Se asume que la persona que comete el acto de corrupci\u00f3n es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad. \u00d3scar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a trav\u00e9s de la fundaci\u00f3n Comit\u00e9 Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios. Eso, dice L\u00f3pez, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas.<\/h4>\n

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Como Bertilla, otras seis personas hab\u00edan sido enga\u00f1adas, aunque con montos inferiores a los de ella. Con todo sumado, el personal de la alcald\u00eda advirti\u00f3 que una sola persona le hab\u00eda robado a la comuna $5,147.67.<\/p>\n

En el juicio, ocurrido el 11 de junio de 2014, la declaraci\u00f3n de 10 personas, m\u00faltiples pruebas documentales y una pericia contable hicieron que el juez sentenciara al acusado por peculado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, que actualmente cumple en el centro penal La Esperanza.<\/p>\n

Este es uno de los casos por delitos relacionados con la corrupci\u00f3n en los que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica ha logrado que un juez condene a un imputado. Se trata de un funcionario de bajo rango, con pocas responsabilidades en sus manos. El monto, como se dijo m\u00e1s arriba, no supera el sueldo recibido por un diputado cada mes.<\/p>\n

Y este caso en particular es un ejemplo para mostrar qu\u00e9 tipo de funcionarios son los que se condenan en este pa\u00eds por delitos ligados a la corrupci\u00f3n. Ah\u00ed est\u00e1 tambi\u00e9n el proceso de Gilma Cristina G. de L., quien trabajaba como colectora del sitio arqueol\u00f3gico El Tazumal. Fue condenada en 2015 a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n por apropiarse de $322 en entradas al parque.
\nO el de cuatro empleados del Ministerio de Obras P\u00fablicas, quienes fueron sorprendidos por dos polic\u00edas mientras sustra\u00edan 40 barriles de di\u00e9sel de la planta asf\u00e1ltica de la instituci\u00f3n en San Miguel, a quienes se les dieron entre tres y medio y cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n

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Presiones<\/strong>. El fiscal general, Douglas Mel\u00e9ndez, ya ha denunciado amenazas en su contra por sus investigaciones. Ese es otro factor que evita que hayan m\u00e1s indagaciones de alto perfil en corrupci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n

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\u201cEn casos en los que los implicados son servidores p\u00fablicos de menor val\u00eda, la justicia llega hasta el final. Tiene que ver con el tema de la impunidad, que de manera general se ha apropiado de las instituciones p\u00fablicas\u201d, comenta \u00d3scar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).<\/p>\n

Algo parecido se\u00f1ala Jaime L\u00f3pez, de FUNDE, basado en los incipientes hallazgos que ha arrojado un reci\u00e9n iniciado proyecto de la ONG para estudiar la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds. Uno de ellos tiene que ver con la cadena de mando: se asume que la persona que comete el acto de corrupci\u00f3n es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad.
\n\u00d3scar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a trav\u00e9s de la fundaci\u00f3n Comit\u00e9 Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios.<\/p>\n

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Directora<\/strong>. Gladis Marina Mazariego Sosa, exdirectora del centro escolar W\u00e1lter Thilo Deininger, fue condenada en 2017 a 12 a\u00f1os de c\u00e1rcel por apropiarse de m\u00e1s de $60,000.<\/figcaption><\/figure>\n

Eso, dice L\u00f3pez, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas, que expresa que la responsabilidad final siempre es del titular de la instituci\u00f3n.
\n\u201cEso, que se deje fuera a los titulares y solo se procese a funcionarios de rango bajo, lo ves en todos lados, no solo en el \u00e1mbito penal, sino tambi\u00e9n en la misma Corte de Cuentas, o en el Tribunal de \u00c9tica Gubernamental\u201d, comenta L\u00f3pez.<\/p>\n

Es posible contar con los dedos de la mano a aquellos empleados p\u00fablicos que estaban en puestos altos en alguna instituci\u00f3n del pa\u00eds cuando cometieron los delitos y fueron procesados. Y el que m\u00e1s acude a la memoria es el de Carlos Perla, presidente de la Administraci\u00f3n Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) entre 1994 y 2002. \u00c9l fue condenado a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n luego de que se comprob\u00f3, entre otras cosas, que hab\u00eda utilizado recursos y personal de ANDA para construir su mansi\u00f3n. Sin embargo, nunca se le proces\u00f3 por al menos otros dos proyectos henchidos de inc\u00f3gnitas: R\u00edo Lempa 2 y el Reservorio de Nejapa, en los que estaban involucrados m\u00e1s de $30 millones. Despu\u00e9s de cumplir dos terceras partes de su condena, fue liberado en 2015.<\/p>\n

El caso inici\u00f3 cuando Belisario Artiga era fiscal general de la Rep\u00fablica. Hablar del caso lo llena de alegr\u00eda todav\u00eda hoy, mientras viste de traje impecable en esta cafeter\u00eda de San Salvador y luce mucho menos cabello que cuando aparec\u00eda dando declaraciones en los peri\u00f3dicos. El de ANDA es esa excepci\u00f3n que tiene toda la regla: un funcionario importante del partido de Gobierno fue investigado mientras todav\u00eda se encontraba en el cargo. Algo \u201cinexplicable e ins\u00f3lito\u201d, en palabras de Jaime L\u00f3pez, de FUNDE, pues, adem\u00e1s de la condena, se lograron recuperar activos a favor del Estado.<\/p>\n

Pero ese es el \u00fanico caso que puede llenar de orgullo a Belisario Artiga en el combate a la corrupci\u00f3n. Muchos otros que se judicializaron durante su gesti\u00f3n, como el del Banco de Fomento Agropecuario (que cont\u00f3 con Enrique Rais como uno de sus imputa\u00a0dos), terminaron con varios de sus acusados sobreseidos apenas en la fase de instrucci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cPara ello hay que entender que estren\u00e1bamos todo un sistema, pasamos de una \u00e9poca en que la investigaci\u00f3n estaba a cargo de los jueces y pas\u00f3 a ser responsabilidad de los fiscales. Tampoco cont\u00e1bamos con un mont\u00f3n de herramientas como las que se tienen ahora, como las escuchas telef\u00f3nicas\u201d, comenta Belisario en esta cafeter\u00eda de San Salvador. En su \u00e9poca, la prioridad fue parar los secuestros, que ten\u00edan entre sus v\u00edctimas predilectas a ciudadanos de altos ingresos.<\/p>\n

Para Mart\u00edn Rogel Zepeda, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, otro elemento que ha evitado que haya m\u00e1s casos de alto perfil en delitos de corrupci\u00f3n es la complejidad misma de los casos. Primero, porque son procesos que exigen m\u00faltiples habilidades de los fiscales y, en ocasiones, colaboraciones transnacionales, que llevan mucho tiempo.<\/p>\n

\u201cLos t\u00e9rminos de las prescripciones se vuelven, en la pr\u00e1ctica, m\u00e1s cortos, pues son mucho m\u00e1s complejos que los de la delincuencia com\u00fan\u201d, comenta Rogel. Segundo, porque a mayores recursos, mejores probabilidades hay de defenderse: los abogados defensores tienen un alto nivel t\u00e9cnico, los procesados son capaces de pagar por pruebas periciales como evidencia de descargo. \u201cEso le mete a los casos un mayor nivel de discusi\u00f3n\u201d, dice Rogel.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a ha sido criticada por sus fracasos en sus casos m\u00e1s medi\u00e1ticos. Los golpes han sido tan fuertes que incluso Douglas Mel\u00e9ndez decidi\u00f3 prescindir de los servicios de su jefe de la Unidad Anticorrupci\u00f3n, Andr\u00e9s Amaya. Al d\u00eda de hoy, seg\u00fan el jefe de Comunicaciones de la FGR, Salvador Mart\u00ednez, no se ha nombrado uno nuevo. Al frente contin\u00faa un director interino. Por ello no fue posible obtener apreciaciones desde la Fiscal\u00eda para este trabajo. Douglas Mel\u00e9ndez ha achacado los traspi\u00e9s a las decisiones de los jueces. Los juzgadores le han recriminado un deficiente trabajo de sus hombres.<\/p>\n

Algo en lo que est\u00e1 de acuerdo el magistrado suplente Mart\u00edn Rogel Zepeda, quien se\u00f1ala que en los grandes casos es com\u00fan la presentaci\u00f3n de grandes vol\u00famenes de evidencia: \u201cPero se trata de prueba dispersa, que no termina de demostrar los delitos de los acusados\u201d. Se teme que ese pueda ser el caso del que, hasta ahora, es el buque insignia de la instituci\u00f3n, la acusaci\u00f3n contra Antonio Saca y una red de colaboradores. Si bien se reconoce que la existencia misma del proceso es un paso adelante, habr\u00e1 que esperar su recorrido en los tribunales para evaluar si, en efecto, se trata de un parteaguas.<\/p>\n

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COHECHO PROPIO, \u00bfUN DELITO DE POLIC\u00cdAS?<\/strong><\/p>\n

Cuando Jorge apenas hab\u00eda ingresado a El Salvador desde su pa\u00eds, Guatemala, fue detenido por un ret\u00e9n policial en la carretera que de la frontera Las Chinamas conduce a Ahuachap\u00e1n, la cabecera departamental. Era el 13 de septiembre de 2012. Los agentes revisaron su veh\u00edculo. Descubrieron que en la parte de atr\u00e1s del carro, el empresario tra\u00eda una bolsa azul, de esas que se le entregan al cliente en una famosa tienda de ropa. En esta, Jorge tra\u00eda dinero, $20,000, para ser m\u00e1s exactos, que iba a depositar a un banco de la ciudad.<\/p>\n

Jorge no opuso ninguna resistencia, pues el paquete pod\u00eda verse a simple vista. Adem\u00e1s, ya hab\u00eda declarado el origen del efectivo en su entrada por Las Chinamas y el objetivo de su viaje: depositarlo en la cuenta de banco de una empresa salvadore\u00f1a con la que ten\u00eda a\u00f1os de hacer negocios. El polic\u00eda no qued\u00f3 satisfecho con la respuesta y amenaz\u00f3 con apresarlo. Para evitarlo, le pidi\u00f3 un pago. Jorge ofreci\u00f3 $80. No era suficiente.<\/p>\n

\u201cNo soy solo yo, somos otros tres\u2026 Mejor voy a llamar a mi jefe\u201d, coment\u00f3 el agente. El oficial a cargo lleg\u00f3 hasta el veh\u00edculo. Jorge, entonces, fij\u00f3 el monto en $500, temiendo que lo llevaran a una bartolina. \u201cOtra vez vino uno que solo tra\u00eda $13,000 y nos dio $1,500\u201d, dijo el jefe para justificar su demanda. Los $1,500 salieron de la bolsa, para satisfacci\u00f3n de los uniformados.
\nJorge pudo llegar hasta la agencia bancaria para depositar el resto del dinero. Pero no se qued\u00f3 ah\u00ed. D\u00edas despu\u00e9s, puso una denuncia en la Polic\u00eda Nacional Civil.<\/p>\n

Los meses pasaron y la Fiscal\u00eda inici\u00f3 un proceso contra el agente que hizo la inspecci\u00f3n y contra su superior. Estos tuvieron en su contra el comprobante de origen del dinero y el testimonio de una persona que presenci\u00f3 directamente la extorsi\u00f3n.
\nPor eso, el Tribunal de Sentencia de Ahuachap\u00e1n los conden\u00f3 a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n, que fueron condonados, dado el corto per\u00edodo de la pena, por actividades de servicio social. Eso s\u00ed, se les inhabilit\u00f3 para ejercer cualquier cargo p\u00fablico durante la pena.<\/p>\n

El delito por el que los dos polic\u00edas fueron sentenciados se conoce como cohecho propio, definido por el C\u00f3digo Penal como aquella acci\u00f3n en que un empleado p\u00fablico recibe una d\u00e1diva o pago para realizar un acto contrario a sus deberes. Se puede definir como cohecho propio, por tanto, a la recepci\u00f3n de cualquier soborno.<\/p>\n

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El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al m\u00e1s alto nivel es algo \u201csistem\u00e1tico\u201d. Y ocupa la figura de c\u00edrculos conc\u00e9ntricos para analizar las redes de corrupci\u00f3n: existe uno, el que est\u00e1 en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la Rep\u00fablica y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros c\u00edrculos que van haci\u00e9ndose cada vez m\u00e1s vulnerables, como el de los polic\u00edas.<\/h4>\n

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Y los polic\u00edas parecen los m\u00e1s expuestos a cometer este tipo de delitos o, por lo menos, a ser procesados por ellos: En las 34 sentencias que pudo revisar esta revista, solo tres funcionarios acusados no eran polic\u00edas. En ese universo, solo siete fallos fueron condenatorios. Los sentenciados eran, como no, miembros de la PNC.<\/p>\n

Para Jaime L\u00f3pez, miembro de la Fundaci\u00f3n Nacional para el Desarrollo (FUNDE), este hallazgo es esperable teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo de los agentes policiales, donde existe mucha discrecionalidad: \u201ctrabajan en la frontera del delito\u201d.<\/p>\n

Para Rodrigo \u00c1vila, exdirector de la Polic\u00eda Nacional Civil, que haya tantos polic\u00edas condenados y procesados puede ser un buen s\u00edntoma: se\u00f1ala que los mecanismos de control son efectivos.<\/p>\n

Eso mismo lo apoya Jaime L\u00f3pez, pero vi\u00e9ndolo desde una \u00f3ptica distinta: es se\u00f1al de que en el resto de instituciones no existen v\u00edas suficientemente r\u00e1pidas para detectar actos de corrupci\u00f3n. Para \u00e9l, es casi imposible que en otras instituciones no existan funcionarios que acepten sobornos.<\/p>\n

\u201cNadie va a cuestionar un fallo de un juez o una ley emitida por la Asamblea Legislativa, aunque haya existido pagos a diputados para que voten por esa ley\u201d, opina Jaime.<\/p>\n

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al m\u00e1s alto nivel es algo \u201csistem\u00e1tico\u201d. Y ocupa la figura de c\u00edrculos conc\u00e9ntricos para analizar las redes de corrupci\u00f3n: existe uno, el que est\u00e1 en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la Rep\u00fablica y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros c\u00edrculos que van haci\u00e9ndose cada vez m\u00e1s vulnerables, como el de los polic\u00edas.<\/p>\n

\u201cA estos s\u00ed es m\u00e1s f\u00e1cil agarrarlos, porque no tienen el nivel de protecci\u00f3n, ni las conexiones, ni nada. Y no le afectan al sistema. A nadie le afecta que un polic\u00eda de calle sea procesado, pero s\u00ed afecta que un presidente lo sea\u201d, comenta L\u00f3pez.<\/p>\n

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INVESTIGAR EL PRESENTE<\/strong><\/p>\n

En pa\u00edses de institucionalidad d\u00e9bil, como El Salvador, la necesidad de un ente externo de investigaci\u00f3n, como la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siempre se antoja como un tema, al menos, de discusi\u00f3n. Para el crimin\u00f3logo y exfiscal Mario Ponce, una entidad como esta ser\u00eda de mucha utilidad en el pa\u00eds, pues le quitar\u00eda parte de la presi\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. Pero si se aplica, opina, esta debe enfocarse en delitos del presente.<\/p>\n

\u201cDe nada sirviera que se empezara a investigar a gente (por delitos del pasado) mientras las estructuras que actualmente est\u00e1n delinquiendo dentro del Estado lo siguen haciendo a sus anchas\u201d, comenta. Ese fue, dice, el camino tomado, tras varios a\u00f1os de prueba y error, por la misma CICIG, que ahora cuenta por decenas a los procesados por delitos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Pero ese derrotero, el de enfocarse en las estructuras a\u00fan activas, \u00bfpodr\u00eda aplic\u00e1rsele a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y a su relativamente reciente Grupo Contra la Impunidad?<\/p>\n

Desde el patio de la organizaci\u00f3n para la que trabaja, FUNDE, Jaime L\u00f3pez conserva su sonrisa de siempre y habla de forma pausada mientras acaricia los dedos de su mano derecha. Pero no tarda mucho en ensayar una respuesta: en una instituci\u00f3n con recursos limitados, esa podr\u00eda ser una respuesta para maximizarlos. Eso y enfocarse en la investigaci\u00f3n ya no de casos, sino de estructuras, como lo indican los nuevos enfoques de la macrocriminalidad: a los peces gordos se les caza en redes. El camino llevar\u00eda, por otra parte, a establecer las conexiones existentes entre las diferentes redes de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cSi investigas el presente, vas a llegar al pasado, porque estas redes hacen negocios en todos los gobiernos. La venta de medicamentos fraudulenta, eso es un esquema que viene de varios gobiernos. O las modalidades de contrataci\u00f3n en la obra p\u00fablica, son muy parecidas, y son carteles los que dominan cada sector. No importa si investigas pasado o presente, vas a llegar a la conclusi\u00f3n de que los actores activos de la corrupci\u00f3n son los mismos\u201d, comenta Manfredo Marroqu\u00edn, director de la guatemalteca Acci\u00f3n Ciudadana, quien ha tenido la oportunidad de ver de cerca, y de fiscalizar, el trabajo hecho por CICIG desde sus inicios.<\/p>\n

Pero en la ecuaci\u00f3n guatemalteca hay otro elemento que va m\u00e1s all\u00e1 de sus instituciones: el trabajo de su sociedad civil, que se ha manifestado, sobre todo, volvi\u00e9ndose una sola garganta en las plazas p\u00fablicas de la naci\u00f3n centroamericana. Otra cosa en la que se diferencia de El Salvador: la indignaci\u00f3n dura solo d\u00edas despu\u00e9s de que se conoce un nuevo esc\u00e1ndalo. Para Jaime L\u00f3pez, de FUNDE, ese es el nuevo reto de organizaciones como aquella a la que \u00e9l pertenece: mantener en la discusi\u00f3n los casos, m\u00e1s all\u00e1 de lo que aparezca en los medios de comunicaci\u00f3n. Hacer presi\u00f3n desde una organizada sociedad.<\/p>\n

\u201cYo creo que las organizaciones civiles, el caso nuestro, hemos estado enfocados en \u2018m\u00e1s transparencia, m\u00e1s transparencia\u2019. Ha sido un error. Una gran lecci\u00f3n es que m\u00e1s transparencia no significa menos corrupci\u00f3n. Porque los casos llegan a la opini\u00f3n p\u00fablica, pero no pasa nada\u201d, comenta Jaime, lanzando una sonrisa y un gesto de mea culpa en el frescor de la media ma\u00f1ana.<\/p>\n

 <\/p>\n

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Se\u00f1ales<\/strong>. El proceso contra Antonio Saca puede convertirse en el parteaguas en la lucha contra la corrupci\u00f3n, que demuestre que el Estado no solo castiga a funcionarios de bajo rango, como Reynaldo Lara Ch\u00e1vez, acusado de robarse cupones de gasolina en el Ministerio de Obras P\u00fablicas.<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La persecuci\u00f3n y el castigo de los delitos de corrupci\u00f3n de alto impacto han sido una deuda del Estado salvadore\u00f1o desde la d\u00e9cada pasada. El examen a las sentencias relativas da como resultado una constante: los castigados son funcionarios de bajo rango, con pocas responsabilidades. Las excepciones se cuentan con los dedos de una mano.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3154,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[1,10],"tags":[],"yoast_head":"\nLa justicia que persigue a los peque\u00f1os - S\u00e9ptimo Sentido<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/la-justicia-que-persigue-a-los-pequenos\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La justicia que persigue a los peque\u00f1os - S\u00e9ptimo Sentido\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La persecuci\u00f3n y el castigo de los delitos de corrupci\u00f3n de alto impacto han sido una deuda del Estado salvadore\u00f1o desde la d\u00e9cada pasada. 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