{"id":2753,"date":"2018-01-28T00:02:20","date_gmt":"2018-01-28T06:02:20","guid":{"rendered":"http:\/\/7s.laprensagrafica.com\/?p=2753"},"modified":"2018-01-28T12:05:34","modified_gmt":"2018-01-28T18:05:34","slug":"cuando-no-se-existe-vida-muerte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7s.laprensagrafica.com\/en\/cuando-no-se-existe-vida-muerte\/","title":{"rendered":"Cuando no se existe en vida ni en muerte"},"content":{"rendered":"
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Casos<\/strong>. Instituciones que velan por los derechos humanos han documentado 54 casos de asesinatos de personas de diversidad sexual cometidos entre 1998 y 2016.<\/figcaption><\/figure>\n

Violada, cercenada y con un tiro de gracia. As\u00ed fue encontrada Tania dentro de una bolsa pl\u00e1stica en el barrio Lourdes, en la orilla del bulevar Venezuela, una v\u00eda que bordea el cintur\u00f3n de pobreza de la zona oriente de la capital de El Salvador. Era mayo de 2013.<\/p>\n

\u00bfQui\u00e9n la mat\u00f3? \u00bfPor qu\u00e9? El caso de Tania, quien familiar, biol\u00f3gica y legalmente fue considerada hombre, segu\u00eda a finales de 2017 en las etapas m\u00e1s tempranas de una investigaci\u00f3n judicial. Han pasado cuatro a\u00f1os y la justicia a\u00fan no tiene pistas. No hay testigos directos. Nadie vio, nadie oy\u00f3. No hay sospechosos, no hay capturados, mucho menos culpables. No hay nada.<\/p>\n

El expediente judicial de Tania ha pasado de mano en mano por tres fiscales de la Unidad de Vida. Hasta septiembre de 2017 el caso continuaba en la etapa inicial. Ni siquiera se ha judicializado. Estamos cansados de la lentitud del proceso, admit\u00eda, con h\u00e1lito de desahucio, la abogada Kerlin Belloso, de la Fundaci\u00f3n para el Estudio del Derecho (FESPAD), organizaci\u00f3n que representa a la familia de Tania.<\/p>\n

La primera fiscal del caso fue trasladada por actuar de manera discriminatoria y arbitraria durante las primeras investigaciones, detalla Belloso. El segundo fiscal asignado argument\u00f3 que la muerte de Tania hab\u00eda sido catalogada como negligencia. El tercer fiscal expres\u00f3 que se dispon\u00eda a entrevistar a testigos indirectos. \u201cEl caso no ha caminado\u201d, resume Belloso.<\/p>\n

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AHOGADOS EN VIOLENCIA Y TORTURAS
\n<\/strong>La sociedad salvadore\u00f1a est\u00e1 sumergida desde 2005 en alarmantes niveles de violencia que tienen en aprietos al ministerio p\u00fablico.<\/p>\n

En 2016, El Salvador promedi\u00f3 81.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. La Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) considera \u201cviolencia end\u00e9mica\u201d cuando se registran 10 o m\u00e1s homicidios por cada 100,000 habitantes.<\/p>\n

Medicina Legal ha tenido que adquirir unidades\u00a0m\u00f3viles para procesar el volumen diario de escenas de violencia que debe procesar solo en el \u00e1rea metropolitana.<\/p>\n

C\u00e1rceles y tribunales est\u00e1n saturados. Los penales acogen casi el triple de reos de su capacidad. M\u00e1s de 2,000 casos est\u00e1n pendientes de dictamen solo en una de las salas del m\u00e1ximo tribunal de justicia de El Salvador.<\/p>\n

La Polic\u00eda no da abasto. Recurre, desde 2009, a los militares para dar seguridad. La instituci\u00f3n es se\u00f1alada de corrupci\u00f3n y abuso de autoridad. Hay un patr\u00f3n de ejecuciones, dec\u00eda, a finales de 2017, el relator de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro.<\/p>\n

En ese contexto, identificar a las v\u00edctimas LGBT y castigar a los perpetradores de cr\u00edmenes de odio constituye un enorme reto para El Salvador.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1ntas personas de la diversidad sexual han sido asesinadas? El dato es incierto. La Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Asociaci\u00f3n Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans de El Salvador (ASPIDH Arco\u00edris Trans) han documentado 54 casos cometidos entre 1998 y 2016.<\/p>\n

La cifra puede ser superior. No existe un registro \u00fanico. Entre las organizaciones de defensa de los derechos LGBT se calculan m\u00e1s de 600 cr\u00edmenes cometidos desde 1993. El dato es solo una aproximaci\u00f3n ya que cada instituci\u00f3n rese\u00f1a casos bajo sus propios m\u00e9todos, criterios y recursos. Mucha de la informaci\u00f3n de estas agrupaciones proviene de publicaciones period\u00edsticas (impresas o digitales), redes sociales o denuncias de familiares.<\/p>\n

En la esfera p\u00fablica, el Instituto de Medicina Legal no puede dar fe de cu\u00e1ntas v\u00edctimas son LGBT ya que las cataloga como \u201cmasculino\u201d, \u201cfemenino\u201d y, en circunstancias especiales, utiliza la categor\u00eda \u201cno determinado\u201d. El director interino, Pedro Hern\u00e1n Mart\u00ednez, solo espera una \u201cmodificaci\u00f3n a la pol\u00edtica institucional\u201d para ofrecer un \u201ctrato igualitario, inclusivo y sin discriminaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Informes en manos de la PDDH dan cuenta de los niveles de crueldad ejercidos por los agresores. Las armas de fuego fueron, entre 1998 y 2016, las m\u00e1s utilizadas (42 %) para perpetrar los cr\u00edmenes contra este colectivo, de acuerdo con datos de ASPIDH y la PDDH.<\/p>\n

Previo, las v\u00edctimas son atadas, degolladas, heridas con alambre de p\u00faa, cercenadas de los genitales. A pesar del uso de estas pr\u00e1cticas de sevicia contra este colectivo y las v\u00edctimas de pandillas, El Salvador a\u00fan tiene pendiente la ratificaci\u00f3n del Protocolo Facultativo de la Convenci\u00f3n contra la Tortura.<\/p>\n

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INVISIBLES EN LA VIDA Y LA MUERTE<\/strong><\/p>\n

En esta vor\u00e1gine, la poblaci\u00f3n LGBTI exige ser visibilizada y sujeto de derechos, tanto en vida como en muerte.<\/p>\n

Durante su ciclo vital, las personas LGBTI est\u00e1n a merced del rechazo tanto en el seno familiar como en la esfera p\u00fablica. No tienen derecho a casarse o heredar beneficios sociales.<\/p>\n

El Salvador, constitucionalmente, no reconoce el matrimonio igualitario ni el cambio de g\u00e9nero en documentos oficiales, incluyendo las actas de defunci\u00f3n. Las parejas de este colectivo no pueden ser inscritas como beneficiarias de seguridad social, por ejemplo.<\/p>\n

Al morir, legalmente no son reconocidos por su identidad o expresi\u00f3n de g\u00e9nero. En las l\u00e1pidas, muchas familias optan por registrar los nombres de pila de las v\u00edctimas.<\/p>\n

Tania, por ejemplo, fue identificada por su nombre masculino en una sencilla cruz durante su funeral, en un cementerio de Panchimalco. En el expediente fiscal tambi\u00e9n figura el nombre masculino con el que fue inscrita al nacer.<\/p>\n

Su expresi\u00f3n de g\u00e9nero incluso fue motivo de controversia durante el velatorio. Los familiares, quienes la criaron a partir de los 11 a\u00f1os tras la muerte de sus padres por el hurac\u00e1n Mitch, se refer\u00edan en masculino hacia su persona. Sus amistades, activistas de derechos LGBTI, salieron en defensa. La llamaron por su nombre femenino. Recordaron su lucha por la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual.<\/p>\n

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AVANCES<\/strong><\/p>\n

Pese a todo, hay peque\u00f1os avances para esta comunidad. En mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador permiti\u00f3 que se agregue el nombre femenino en documentos legales a una persona salvadore\u00f1a que se someti\u00f3 a una cirug\u00eda de reasignaci\u00f3n de sexo en Estados Unidos.<\/p>\n

A finales de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llam\u00f3 a los pa\u00edses miembros a \u201creconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un v\u00ednculo familiar entre personas del mismo sexo\u201d, incluido el matrimonio.<\/p>\n

En el \u00e1mbito judicial tambi\u00e9n ha habido avances. En 2015, El Salvador endureci\u00f3 las condenas para las personas que amenacen o asesinen movidas por el odio o la intolerancia de g\u00e9nero. La pena m\u00e1xima se fij\u00f3 en 50 a\u00f1os de prisi\u00f3n, gracias a una reforma al C\u00f3digo Penal que goz\u00f3 del benepl\u00e1cito de 75 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Los delitos de violaci\u00f3n y agresiones motivados por intolerancia quedaron fuera.<\/p>\n

A la cantidad de a\u00f1os en la c\u00e1rcel, los condenados deben sumar las terribles condiciones del sistema penitenciario salvadore\u00f1o. El hacinamiento ronda el 248 %, seg\u00fan datos de 2016 del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevenci\u00f3n del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Adem\u00e1s, deben sortear un complejo sistema de castas, donde la movilidad dentro de la c\u00e1rcel est\u00e1 en funci\u00f3n del dinero y la afiliaci\u00f3n a alguna pandilla o grupo de poder interno.<\/p>\n

El caso de Tania, como ocurri\u00f3 dos a\u00f1os antes de la entrada en vigor de esta reforma, no podr\u00e1 ser juzgado como crimen de odio.<\/p>\n

La estigmatizaci\u00f3n y la discriminaci\u00f3n por parte de las autoridades son otro factor. A Bianka Rodr\u00edguez, actual directora de Comcavis Trans, a\u00fan le indigna que el caso de Tania haya sido considerado como un homicidio culposo. Es como si ella no se hubiera dado cuenta de que estaba amarrada de pies y manos, ironiza Rodr\u00edguez.<\/h4>\n

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MUERTES IMPUNES<\/strong><\/p>\n

A pesar del endurecimiento de las condenas, el panorama para la poblaci\u00f3n LGBTI no da se\u00f1ales de mejor\u00eda.<\/p>\n

Uno de los casos que m\u00e1s estremecieron a este colectivo fue el asesinato de tres mujeres trans en el departamento de La Paz a inicios de 2017. Dos de las v\u00edctimas, de 22 y 29 a\u00f1os, fueron atacadas con arma de fuego en la localidad de San Luis Talpa, despu\u00e9s de asistir a una fiesta. Una m\u00e1s, que particip\u00f3 en el sepelio, fue reportada como desaparecida y luego fue encontrada sin vida en las cercan\u00edas del municipio de Cuyultit\u00e1n. Ocho pandilleros fueron arrestados bajo sospecha de este crimen. Posteriormente seis mujeres trans decidieron huir hacia Estados Unidos.<\/p>\n

Para las organizaciones de derechos humanos y activistas, este caso representa una oportunidad para que las autoridades\"\" demuestren su capacidad para hacer justicia y cumplir la reforma legal de 2015.<\/p>\n

Sin embargo, un informe de la PDDH es muy poco alentador sobre cr\u00edmenes de odio por intolerancia a la diversidad sexual. De 19 asesinatos de mujeres trans que esa oficina ha conocido, todos est\u00e1n a\u00fan en fase de investigaci\u00f3n. No hay ninguna condena, aun cuando los casos ocurrieron entre 2009 y 2017.<\/p>\n

Investigadores de la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown criticaron, en un informe de 2017, que la Fiscal\u00eda no posee un registro sobre los casos que han llegado a juicio y las condenas aplicadas tras las reformas a cr\u00edmenes por odio.<\/p>\n

Tan solo en 2017 al menos 23 homicidios fueron cometidos entre enero y septiembre, seg\u00fan la organizaci\u00f3n civil Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis-Trans). La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, por su parte, solo registraba en sus estad\u00edsticas oficiales cinco casos cometidos durante el primer semestre de 2017.<\/p>\n

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\u00bfPOR QU\u00c9 NO DENUNCIAN?<\/strong><\/p>\n

\u201cLa disparidad entre las estad\u00edsticas del Gobierno (salvadore\u00f1o) y las ONG es sorprendente y muestra que las barreras a la justicia potencialmente est\u00e1n conduciendo a una tasa de reportaje (denuncia) escandalosamente baja\u201d, dice un informe de la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown sobre la violencia estatal contra la poblaci\u00f3n LGBTI.<\/p>\n

\u201cLa tasa de impunidad por cr\u00edmenes contra personas LGBTI es extremadamente alta\u201d, concluye el informe \u201cInjusticia uniformada\u201d, de la Universidad de Georgetown.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 no denuncian? \u201cPor miedo\u201d, explica Belloso, la abogada de FESPAD.<\/p>\n

En el caso de Tania, por ejemplo, los familiares firmaron un documento para que la organizaci\u00f3n les represente. Ellos no quieren saber nada por miedo a represalias. Adem\u00e1s, disponen de tan pocos recursos econ\u00f3micos que movilizarse hasta la capital para enfrentar la burocracia judicial representa un gasto que est\u00e1 fuera de sus posibilidades.<\/p>\n

El desplazamiento forzado entre las mujeres trans que sobrevivieron a ataques es otra manifestaci\u00f3n de ese miedo y la desconfianza al sistema judicial. Hasta septiembre de 2017, Comcavis conoc\u00eda 20 casos de desplazamientos tanto internos como externos. Las mujeres trans optan por huir con la esperanza de salvaguardar su vida en lugar de acudir a la justicia, asociada con la burocracia, la lentitud y los costos de representaci\u00f3n legal.<\/p>\n

La estigmatizaci\u00f3n y la discriminaci\u00f3n por parte de las autoridades son otro factor. A Bianka Rodr\u00edguez, actual directora de Comcavis Trans, a\u00fan le indigna que el caso de Tania haya sido considerado como un homicidio culposo. Es como si ella no se hubiera dado cuenta de que estaba amarrada de pies y manos, ironiza Rodr\u00edguez. A la activista tambi\u00e9n le caus\u00f3 malestar que durante las primeras indagaciones fiscales, en 2013, la oficina de Comcavis fuera allanada, se\u00f1alada de ofrecer servicios de prostituci\u00f3n y que los equipos inform\u00e1ticos fueran retenidos.<\/p>\n

\u201cEl acceso a justicia en El Salvador tiene debilidades serias; hay falta de compromiso y presupuesto\u201d, abona la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero.<\/p>\n

La funcionaria exhort\u00f3 este a\u00f1o al fiscal general de la Rep\u00fablica, Douglas Mel\u00e9ndez, a \u201cinvestigar en un plazo razonable\u201d al menos los 19 homicidios sin detrimento de casos nuevos o anteriores. Entre esos casos figura el de Tania, la activista originaria de Panchimalco cuyo cad\u00e1ver fue lanzado en el bulevar Venezuela, de San Salvador, as\u00ed como el triple asesinato de mujeres trans ocurrido este a\u00f1o en dos localidades de la zona central de El Salvador.<\/p>\n

\u201cHay una gran deficiencia t\u00e9cnica, jur\u00eddica y financiera sobre el crimen de odio en El Salvador. Todo eso no permite un trabajo efectivo\u201d, plantea Karla Avelar, mujer trans fundadora de Comcavis, finalista del premio internacional por los derechos humanos Martin Ennals, recientemente acogida como refugiada por el Gobierno de Irlanda.<\/p>\n

\u201cSe est\u00e1n haciendo acciones de capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n del tema entre el cuerpo fiscal\u201d, reacciona Salvador Mart\u00ednez, vocero de la Fiscal\u00eda e integrante de la Mesa de Atenci\u00f3n a Poblaci\u00f3n LGBTI del Ministerio de Justicia y Seguridad. El comunicador trae a cuenta esos esfuerzos en medio de las limitantes presupuestales de la instituci\u00f3n.<\/p>\n

Mientras tanto, las mismas autoridades se vuelven actores revictimizantes. En los \u00faltimos nueve a\u00f1os, la PDDH ha recibido 79 denuncias de personas LGBTI en contra de figuras de autoridad (agentes de la Polic\u00eda Nacional Civil, Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Fuerza Armada, personal de la Fiscal\u00eda General, Direcci\u00f3n de Centros Penales as\u00ed como de los ministerios de Salud y Educaci\u00f3n).<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General, por su parte, registra ochos procesos judiciales por amenazas y lesiones cometidas por polic\u00edas y militares contra este colectivo, entre 2015 y 2016.<\/p>\n

Con este escenario, \u00bfqu\u00e9 le queda a la poblaci\u00f3n LGBTI a mediano plazo? Esperanza y sembrar tolerancia. Sobre esto \u00faltimo, la PDDH prepara, junto con el Ministerio de Educaci\u00f3n, un plan para educar a docentes y luego replicar en aulas los valores de la tolerancia, la no discriminaci\u00f3n y el respeto a las diferencias. Habr\u00e1 que esperar un poco para que esa cosecha comience a dar fruto en un entorno violento pero donde todav\u00eda hay espacio para la esperanza.<\/p>\n

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Se\u00f1alamientos<\/strong>. Durante las primeras indagaciones fiscales por la muerte de Tania, en 2013, la oficina de Comcavis fue allanada y se\u00f1alada de ofrecer servicios de prostituci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n
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Story Map<\/strong>\u00a0Cuando no se existe en vida ni en muerte:<\/h4>\n