Por: Glenda Girón/Ricardo Flores

“Los homicidas llegaron en la madrugada, las víctimas estaban durmiendo; abrieron la puerta con una almádana y gritaron que eran policías. Después, subieron hasta los cuartos. Fueron varios los hechores, al menos cuatro armados con fusiles”. Ocurrió en junio de 2014, en San Martín, en una panadería. Hubo tres víctimas mortales y dos lesionados. La declaración es de un agente de la Policía y quedó recogida en una nota en la que se narraba esta y otra masacre más. Dos en una.

Un comando también fingió ser de la Policía cuando en abril de 2016 ingresó de madrugada en una vivienda de Ciudad Delgado. Mataron a dos mujeres, una de ellas embarazada, y una bebé de cuatro meses, la víctima más joven en estos tres años.

El operativo simulado fue también el guion de cuatro masacres consecutivas en enero de 2014: Cojutepeque, Suchitoto, Jujutla y Panchimalco, todas en cantones, zona rural. En todos los casos dijeron ser policías, llegaron entre las 8:30 de la noche y las 2 de la mañana, escogieron a las víctimas, las sacaron de las casas, a algunas las amarraron por la espalda. Les dispararon hasta asegurarse de que estaban muertos. En dos casos usaron armas largas.

Catorce personas murieron en esa seguidilla que terminó el 30 de enero y que empezó el 16, la misma fecha en la que se conmemoraron los 22 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Ese día, aún como candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Cerén decía en un discurso: “Durante estos 22 años de construcción de la paz no he cesado ni un instante por construir la paz; estoy comprometido con ella hasta lograr un país donde valga la pena vivir en armonía con la naturaleza y con la sociedad”.

El aumento de los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y delincuentes con más de tres víctimas mortales fue dramático entre 2014 y 2015. Pero no fue el único aumento. Los operativos simulados se duplicaron.

Un enfrentamiento es muy diferente a lo de disfrazarse como policías o militares para montar lo que en un inicio puede parecer un operativo legal, pero que luego se transforma en una acción al margen de  la ley que está encaminada solo a matar.

Estos falsos operativos tienen una relación muy estrecha con la cantidad de ejecuciones reportadas. Una ejecución, según parámetros de varias instituciones, es agredir a alguien que se ha rendido o que no tiene capacidad alguna para defenderse.

En las 267 masacres de 2014 a 2016 reportadas en medios de comunicación y procesadas para este especial, hay ejecuciones en 77 y falsos operativos en 40. Cuando se cruzan las dos variables, se puede afirmar que el 95 % de los falsos operativos ha terminado en ejecuciones que han causado la muerte a 141 personas. La forma más común de hacerlo es la de amarrar a las víctimas por la espalda, hacer que se hinquen y dispararles.

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A un hombre de 55 años que trabajaba como vigilante privado, un comando armado lo sacó de su casa el 20 de julio de 2015 en la madrugada. Le ordenaron hincarse, le hicieron un disparo en la cabeza y otro en la espalda. También mataron a sus hija de 22 años y a su hijo de 27. Ella estaba en pareja con un agente de la PNC. Esa vez, los asesinos también llegaron al grito de “policía”.

La escena fue casi la misma el 23 de agosto en Jiquilisco, con jóvenes que pertenecían al coro de una iglesia: “A las 11 de la noche, al menos 12 hombres que portaban armas de fuego y armas blancas ingresaron a la vivienda donde las víctimas solían dormir, los hicieron caminar un kilómetro de distancia en una zona rural, donde les dieron muerte”. Eran cuatro muchachos de 24, 23 y dos de 18 años. A uno lo apartaron el grupo y los torturaron con cuchillo antes de matarlo. A los otros tres, tras ponerlos de rodillas, les dieron un tiro en la cabeza.

Ese fue el mes con más masacres de 2015. Hubo 19. Solo en ese agosto murieron 75 personas en este tipo de hechos.

La cifra tan elevada coincide con una serie de medidas represivas tomadas desde el gobierno y de las que la más representativa fue que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró terroristas a las pandillas MS-13, ambas facciones del Barrio 18 y la Mao Mao. Ya en mayo, la respuesta del gobierno había sido la de desplegar al Batallón de Reacción Inmediata en zonas conflictivas.

Nada de esto evitó que el 9 de septiembre de 2015 en Nahuizalco, Sonsonate, murieran otras tres personas en circunstancias más que repetidas: “A la vivienda llegaron por lo menos cuatro hombres vistiendo ropas oscuras, como de militar, y fuertemente armados. Rompieron la puerta de la vivienda y obligaron a mujeres y niños a alejarse. Después, les dispararon a los cuatro hombres. Las víctimas recibieron varios disparos”.

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil reconocen que los falsos operativos son un patrón que se repite en todo el territorio. Pero, hasta el momento, no hay ninguna campaña que informe a la población acerca de cómo distinguir un operativo de los cuerpos de seguridad de uno que no lo es.

El actual director de la PNC, Howard Cotto, se encoge de hombros y se limita a calificar de “complejo” el  evitar que se use la estrategia de los operativos policiales nocturnos para matar. “No es fácil que podamos lanzar algo donde podamos decirle a la gente que la policía va a llegar vestida de este modo, con carné o con este pin”, dice mientras se acomoda su traje de gala tras participar de la graduación de nuevos inspectores policiales. “Registramos muchos casos donde grupos de pandillas se hacen pasar como policías para simular operativos y cometen homicidios, masacres. Eso nos ha afectado mucho;  pero si alertamos sobre cómo poder identificar a los compañeros, también nos podrían estar esperando con disparos a la hora de identificarnos como policías”, se justifica.

“Complejo”, esta es también la palabra que elige la fiscal Antihomicidios y Antipandillas, Guadalupe Echeverría, para describir el proceso que siguen estos casos: “Hay muchos casos así, pero hay que ver cada uno de manera aislada y no hay todavía un análisis completo sobre esa cantidad de casos con esas características o por qué no ocurren en un solo sector, sino que a escala nacional, incluso en territorios de diferente pandilla”.

El incremento exponencial tanto de los enfrentamientos como de los operativos simulados ha colocado en aprietos la colaboración entre la FGR y la PNC a la hora de montar investigaciones y casos.

Los enfrentamientos, a pesar de todo, son casos que alguna ventaja ofrecen a la hora de las investigaciones. “En los enfrentamientos tenemos claro y definido quiénes fueron los que participaron, porque están identificados, porque están documentados; en el caso de los grupos irregulares, no sabemos quiénes son, no podemos decir si son autoridades disfrazadas o si son pandillas, o si puede ser gente del mismo lugar que toma la justicia por sus propias manos”, explica la fiscal Echeverría.

Cuando existe participación de cuerpos de seguridad en eventos con saldo de más de tres víctimas mortales, o sea, masacres, el caso cae en manos de una unidad especial de la Fiscalía que está compuesta por tres personas que se dedican a dirigir investigaciones que, entre otros peritajes, incluyen el balístico.

“Lo más importante en cualquier caso es individualizar acciones, tenemos que hacer una recuperación de proyectiles para basarnos en una investigación más científica que testimonial”, explica Echeverría. Hay enfrentamientos, como aquel que fue el primero en la gestión del presidente Sánchez Cerén, en que los casquillos quedaron regados a lo largo de más de 150 metros de camino rural. Y se tienen que recoger todos.

Al hacerle las pesquisas a un arma, hay que decomisarla. Acá es en donde la falta de recursos le sube volumen al drama y le allana el camino de la impunidad. Si en un enfrentamiento se usaron 15 armas, no se pueden retirar del uso todas al mismo tiempo, porque implica afectar las funciones de los cuerpos de seguridad. Así que se investigan por bloques, se recogen cinco, por ejemplo, mientras las otras 10 siguen en uso y con muchas probabilidades de ser utilizadas en otro enfrentamiento.

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“Hay grupos que están cometiendo esas masacres donde se hacen pasar como policías. Hay grupos de exterminio, donde han participado policías y militares, que también han usado esa técnica; pero los hemos detectado y capturado”, se defiende Cotto, el director de la PNC.

La Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, por ejemplo, ha acusado a casi un centenar de personas en tres casos distintos de ejecuciones extrajudiciales. Dos de esos casos están por llegar a  juicio en San Miguel, al oriente del país; y el tercero se ventila en los tribunales de la capital.

La Fiscalía asegura que ha logrado certificar en esos casos que policías, militares y particulares se asociaron entre 2012 y 2015 para matar a pandilleros y supuestos pandilleros simulando falsos operativos o falsos enfrentamientos.

Estas investigaciones se han topado con la negativa de la unidad especializada de la Policía a trasladar toda la información sobre los investigadores. Una fuente interna de esa área cuenta, bajo condición de anonimato, que tienen órdenes de la dirección policial de solo entregar un resumen sobre los enfrentamientos. La unidad sí abre un expediente, pero no lo comparte completo ni con asuntos internos de la PNC: “Abrimos expediente por cada tiroteo, por cada enfrentamiento donde resultan pandilleros muertos; pero tenemos órdenes de la dirección general de no entregar todo ese expediente a las unidades de control interno de la PNC. Lo que les entregamos es un resumen de los hechos cuando nos solicitan información”.

Esa situación la tiene clara el fiscal general de la República, Douglas Meléndez: “No recibimos información completa de la Policía. Encontramos incoherencias como que no se puede determinar el arma utilizada en un enfrentamiento donde murieron pandilleros. Estamos revisando todas las escenas donde hubo enfrentamientos, porque hay evidencias que se han movido o no existen”.

El hombre encargado de la institución que tiene la potestad total de investigar los homicidios en El Salvador va más allá en su queja cuando se refiere a la colaboración de la Policía para indagar los supuestos enfrentamientos: “En el Laboratorio Técnico de la Policía hay peritajes que dicen ‘indeterminada’ la balística. La Fiscalía respalda el trabajo de la Policía, pero no vamos a permitir que se esté ejecutando a personas so excusa que son delincuentes”. Entre 2014 y 2016, ha muerto un miembro de cuerpos de seguridad por cada 59 pandilleros en enfrentamientos, de acuerdo con un informe del Observatorio de Derechos Humanos “Rufina Amaya”.

El jefe fiscal brinda estas declaraciones después de que  un juez certificó la ejecución extralegal de Denis Martínez Hernández, un joven de 20 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza en la finca San Blas en marzo de 2015 durante lo que las autoridades dijeron que era operativo policial que terminó con la muerte de ocho personas. Ese mismo día, el juez también ordenó la libertad de los cinco agentes de una unidad élite acusados en el caso porque “la Fiscalía no logró individualizar los hechos”.

La Fiscalía había dicho que los cinco eran coautores de homicidio y pidió imponerles una pena de 50 años de prisión por haber matado a Denis; sin embargo, de 311 disparos que hicieron los ocho agentes especializados que participaron en la operación, solo se recuperó una bala deformada. Los fiscales no pudieron probar ante el juez cuál de esas ocho carabinas fue la que la disparó.

Se trata del único juicio contra agentes del Estado salvadoreño acusados de haber cometido una masacre en El Salvador en los últimos años. Entre 2014 y 2016, 194 policías y militares fueron llevados ante los tribunales acusados de homicidio, la Fiscalía pidió sobreseimiento para 134, casi el 70 %.

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El 1.º de enero de 2016, entre los cohetes y la resaca de la celebración de Noche Vieja, el país apenas escuchó que ese primer día del año hubo tres masacres.  En estos tres hechos murieron 17 personas.

Un comando armado que dijo ser la policía le rompió a balazos la celebración a una comunidad completa en San Miguel. Otro enfrentamiento a tiros acabó con la fiesta que tenía un grupo de vecinos en Olocuilta. Y un grupo de hombres armados, que bajó hasta una poza recóndita e incógnita en Jucuarán, tuvo tiempo de elegir a las víctimas de entre varios que habían llegado a celebrar el inicio del año. Los victimarios tuvieron margen hasta de mandar un emisario para notificarle a los familiares que llegaran a recoger los cuerpos.

Una de las 17 víctimas de ese día fue un niño de 11 años quemaba pólvora junto a dos amigos en una calle maltrecha de un cantón. Al verlo correr, los atacantes, vestidos todos con ropa oscura tipo militar, pensaron que huía de ellos. Eran las 12:30 de la primera madrugada de un año en el que fueron reportadas 448 personas muertas en 121 masacres, el año en que todo se desbordó.