El 27 de octubre, los pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) vivieron momentos de incertidumbre. El pago que esperaban no llegó a sus cuentas bancarias. Las quejas llenaron las páginas de Facebook de las diferentes asociaciones que aglutinan a pensionados del IPSFA, como por ejemplo una llamada Causa Justa.

«Favor presionemos, ya basta de escusas, es un deber que nos paguen el día estipulado. A ellos no les gustaría que les atrasen el sueldo», escribió Lázaro Calles, pensionado del IPSFA, en la fan page de esa asociación. Este es uno de los comentarios que abonan a una labor que se ha vuelto general para beneficiarios de la institución cada fin de mes: informarse los unos a los otros si el dinero ya está entregado y en qué bancos se ha realizado dicho depósito.

El pago llegó para todos hasta el 30 de octubre, tres días después de lo pautado. Y la incertidumbre fue consecuencia de una situación: para 2018, el IPSFA iba a necesitar $60 millones del Presupuesto General de la Nación para cumplir con sus compromisos. Sin embargo, solo le fueron entregados un poco más de $46 millones. Nadie sabía de dónde iban a salir los $14 millones faltantes.

«Estuve desde mis 17 años y cumplí los 30 de servicio. Toda mi juventud cumplí con el IPSFA. Mes a mes, no fallaron mis descuentos. Y ahora las autoridades deben de cumplir. No tenemos culpa de la pésima administración… lo duro es que uno también tiene sus compromisos, sus deudas, que no se las perdonan los bancos», escribió Édgar Cáceres, otro pensionado, a través de un mensaje de chat en Facebook.

En un acto de rendición de cuentas realizado a principios del mes, el gerente general de la institución, René Antonio Díaz Argueta, fue consultado sobre este punto por los miembros de asociaciones que aglutinan a pensionados del IPSFA. Dijo que esperaba «la ayuda del presidente», Salvador Sánchez Cerén, un antiguo comandante guerrillero. «Creo que él nos va a apoyar», aseguró frente a decenas de ansiosos pensionados, sin saldar las dudas.

Desde inicios de la década, el IPSFA ha dejado de ser una institución autosostenible. En 2011 ya se reportaban problemas de liquidez. La catástrofe sobrevino en 2016, cuando se anunció que la entidad no podría cumplir con sus compromisos sin una inyección del Estado.

Su modelo fracasó: está conformado por un solo fondo sostenido por aquellas personas que todavía trabajan y aportan sus cotizaciones, que actualmente son cerca de 39,000. De aquí debería salir lo destinado a pagar las sumas recibidas por aquellos que ya están retirados. Para 2018, el IPSFA cuenta con 21,734 beneficiados, entre pensionados por retiro, por invalidez y por sobrevivencia, y montepíos militares: sumas de dinero destinadas a las viudas y familias de fallecidos.

La relación entre ambos grupos no es ni siquiera de dos a uno, una cifra que los expertos califican como insuficiente. Y se irá haciendo cada vez más crítica, pues la cifra de los aportadores disminuirá con el paso de los años. Eso es porque, a diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando se permitió reingresar a miles de exmilitares al sistema, ahora eso ya no es posible. Quien decide retirarse de las filas de las Fuerzas Armadas renuncia a cotizar con el IPSFA. Buscar otro trabajo se traduce en empezar de cero las aportaciones a una AFP privada.

La relación entre ambos grupos no es ni siquiera de dos a uno, una cifra que los expertos califican como insuficiente. Y se irá haciendo cada vez más crítica, pues la cifra de los aportadores disminuirá con el paso de los años. Eso es porque, a diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando se permitió reingresar a miles de exmilitares al sistema, ahora eso ya no es posible. Quien decide retirarse de las filas de las Fuerzas Armadas renuncia a cotizar con el IPSFA. Buscar otro trabajo se traduce en empezar de cero las aportaciones a una AFP privada.

Mauricio González es vigilante privado desde hace casi dos décadas. Fue uno de los beneficiados con la medida en 2003, que le permitió volver a cotizar con el IPSFA a pesar de que ya había pasado una década desde que había abandonado al Ejército, el mismo tiempo que pasó en Estados Unidos antes de ser deportado. Mauricio pronto cumplirá 60 años y tendrá los 25 años de trabajo necesarios para jubilarse. Con su cotización, él y los otros 23,000 que reingresaron en 2003 ayudaron a mantener a flote el fondo común del IPSFA. Sin embargo, es una especie de pecado original: ellos, que son los que actualmente se están jubilando, abonan a la insostenibilidad del sistema.

Mientras fue parte del Ejército, afirma, vivió algunas de las peores experiencias de su existencia. En una ocasión, dice, cuando se desarrollaba la Ofensiva Hasta el Tope de 1989, le encargaron realizar un operativo en el mismo cantón del oriente del país en el que se había criado. El resultado fue más de una docena de capturados, muchos de los cuales eran sus conocidos, sus familiares. De ellos, comenta, no tenía certeza de que pertenecieran o siquiera simpatizaran con la guerrilla. Tuvo que ir a sacarlos y, luego, «pasarlos por las armas». A pesar de que esta institución, como él dice, lo obligó a hacer cosas muy difíciles, no está garantizado que, cuando al fin logre retirarse, cuente con la tranquilidad de una pensión constante.

La situación del IPSFA se agrava si se toma en cuenta que el número de pensionados crece año con año. Por ejemplo, en enero de 2015, 374 cotizantes se jubilaron. Esa cifra promedio no dejó de aumentar en los siguientes meses, hasta alcanzar un pico de 1,563 nuevos pensionados en junio de 2017.

En una solicitud de acceso a la información pública, se pidió el detalle de cada una de las pensiones entregadas por el IPSFA. La institución respondió, más bien, con rangos, que van desde los $122.01-$618 hasta los $3,098.07-3,592.07. Al primero corresponde el grueso de pensiones entregadas, sobre todo en lo relativo al nivel básico y a puestos administrativos (6,210), aunque también hay jefes y oficiales en el grupo.

Es una situación enormemente ventajosa contar con algún grado más allá de la tropa. Subsargentos, sargentos, tenientes, capitanes y generales pueden optar a jugosas pensiones, tomando en cuenta los salarios que gozan mientras están de alta. Así, hay hasta 345 pensiones superiores a los $2,200.

El próximo año se han destinado en el presupuesto general de la nación $69.3 millones, que todavía, sin embargo, no están totalmente financiados.

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Sin esperanza para la tropa

Los tres soldados cumplen su misión de este día en un ambiente de bostezo. Lo estipulado para la jornada es que acompañen, junto a sus armas largas, a uno de esos jeep militares que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha mandado a colocar en diferentes sectores de San Salvador como una especie de disuasivo para los delincuentes del país. Se sienten casi humillados: deberían estar patrullando en algún barrio cercano o trabajando en una labor más productiva.

A diferencia de lo esperado, esta mañana de octubre se muestran dispuestos a hablar de las condiciones de su trabajo, un acto que bien puede ser catalogado como rebelde según la ley orgánica de la Fuerza Armada.

La plática deviene en un catálogo de sufrimientos: jornadas de 12 días con solo tres de descanso; la obligación de dormir en catres con colchones viejos, ya inservibles, o en el suelo mismo; un rancho compuesto por apenas tortillas con frijoles, en los que alguna vez hubo huevos y queso, cuando el ministro de la Defensa prometió una mejora que, comentan, solo duró unos meses.

Sin embargo, lo que más resalta son sus sueldos. Uno de los más jóvenes, que ya lleva dos años en la institución, ahora es un soldado raso de nivel 1. Su sueldo es de $310, solo un poco más que el salario mínimo para el sector de servicios. Por lo menos, señala, ha sido un avance. Cuando estaba en el nivel 2 apenas percibía $250 al mes, algo que no ha mejorado para los miembros de la tropa a pesar del aumento al salario mínimo general. A eso hay que restarle los descuentos, como aquel entregado como cotización al IPSFA.

Igual suerte corre el cabo que lo tiene a su cargo. A pesar de ya tener dos décadas en la institución, su sueldo no pasa de $350. Y no lo hará nunca: ya superó los 27 años, la edad límite en la que un militar puede acceder a un curso para ascender a subsargento y comenzar, así, el camino como oficial de carrera.

Estos tres hombres entraron a la institución sin pasar por ninguna escuela. Solo se presentaron a adiestramientos y formaciones dentro de los cuarteles, duros como un golpe en la cara. Es posible que otro gallo les cantara si hubieran estudiado, por ejemplo, en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, donde asisten quienes luego se convertirán en oficiales de carrera, los jefes de hombres como ellos.

—Para hacer eso uno tiene que tener sus recursos, ¿entiende? –comenta uno de los más jóvenes, mientras acaricia el disparador de su fusil–. Alguien como yo, que se metió en esto porque no tenía qué comer, porque necesitaba sus monedas, ¿cómo va a andar soñando con escuelas militares?

Los tres provienen de otros departamentos del país y se describen a sí mismos como hombres de campo. Los tres, dicen, ingresaron a la institución porque les daba un mejor futuro, pensaron, que lo que les esperaba si seguían trabajando la tierra.

—Yo creo que por eso es que nos tratan como nos tratan, porque saben de dónde venimos, que no podríamos pedir mucho más –comenta el cabo, las manos en la cintura, en un gesto de resignación–. De pronto, se pasa la mano derecha por la nuca, como quien acaba de caer en la cuenta de que no le está permitido escapar. Hacerlo sería contraproducente. —Pero ya llevo 20 años aquí, ya me falta lo menos.

Al cabo le falta lo menos, solo cinco años de servicio, pero debe cubrir otros 10 para llegar a la edad mínima. Después de eso, recibirá una pensión idéntica a lo que mes a mes gana actualmente: le darían el 100 % de su Salario Básico Regulador (SBR), calculado con respecto al sueldo percibido en los últimos 10 años. Con eso, dice, se daría por satisfecho.

Quienes no lo están tanto son los dos jóvenes a su cargo, que no ven su futuro en la institución militar. Solo esperan cumplir con el tiempo de su contrato, de tres años, para buscar otras opciones. No importa, dicen, que con esta decisión pierdan lo cotizado en el IPSFA.

—Si saben que ustedes salen de la institución y no seguirán cotizando, ¿no les podrían entregar lo que ya cotizaron?

—¡Qué diablos! Yo conozco un montón de excompañeros que se han tenido que ir sin nada. De veras que de nada sirve cotizar para uno como soldado raso, si bien sabe uno que el día de mañana se va, si la vida de militar ya no es opción.

El testimonio de 10 exmilitares de tropa consultados por Séptimo Sentido da cuenta de esta situación, en la que el IPSFA se ha quedado con sus aportes, a pesar de que algunos tuvieron más de siete años de servicio en las Fuerzas Armadas.

En este momento la prioridad en la institución es encontrar una forma para pagarle a sus pensionados, aquellos que cumplieron con los mínimos de ley para merecer una pensión. Todavía no hay un mecanismo claro para darle respuesta a la totalidad de soldados rasos que deciden dejar la institución una vez termina su contrato y deben dejar sus cotizaciones en el aire, como podría ser el caso de los dos jóvenes que esta tarde cuidan un jeep de guerra.

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La alternativa en la crisis

«Estamos conscientes de que es totalmente necesario realizar un proceso de cambio en nuestro sistema de pensiones», asegura el presidente del IPSFA, Félix Edgardo Núñez, con anterioridad.

El cambio en el que se está pensando es mudar el actual modelo, el de un solo fondo solidario, a uno de cuentas individuales, como el de las AFP privadas, donde cada cotizante posee su propio capital.

—El trabajo del militar es sacrificado. Uno pasa mucho tiempo lejos de su familia, se pierde momentos importantes, y lo hace en el servicio de los demás, en desastres naturales. Además, no nos dejan tener sindicatos. Púchica, y si usted va a ver las pensiones que dan en otros ministerios, como Relaciones Exteriores, se quedara admirado, comenta el general Carlos Cáceres, quien fue jefe del Estado Mayor, en un restaurante de Santa Elena. Tiene 63 años y es pensionado del IPSFA. —Por eso no estoy de acuerdo en que se cambie el sistema a uno de cuentas individuales, porque eso significa que, en un momento dado, este se le va a acabar.

Cáceres también es el presidente de Causa Justa, organización de pensionados del IPSFA que nació en 2015 para exigir respuestas a las autoridades de esa institución sobre la venta a precio preferencial de varios terrenos a una empresa del entonces diputado Sigfrido Reyes, un caso que terminó archivado en la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas por un mismo argumento: que, según dictamen de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en esas propiedades había trozos «inútiles» que bajaban su valor.

Pero esta no es la única historia de esa naturaleza en la que el IPSFA es protagonista. En 2009, por ejemplo, la Corte de Cuentas le puso varios reparos a una situación en particular: que la institución tasó de un año a otro y sin justificación a precios mucho menores varios de sus inmuebles. Los auditores sospechaban que la intención era vendérselos a terceros. Sin embargo el reparo se desvaneció como un simple error de contabilidad, pues no había ocurrido un desbalance en las cuentas generales.

A pesar de la opinión del general Cáceres, un cambio en la estructura es, precisamente, el bálsamo sanador que recomiendan expertos como María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, que mira en las ahora esenciales aportaciones del Estado hacia el IPSFA un gasto que pronto se volverá insostenible tomando en cuenta que la cantidad de pensionados crece mes a mes a un ritmo mayor al de los cotizantes.

La experta matiza su opinión al afirmar que el cambio debería ser gradual y que se tienen que considerarse otros elementos, como el porcentaje del salario que debe tomarse en cuenta para la pensión.

El general Carlos Cáceres, por su parte, afirma que una mejor opción es que sea el Estado quien asuma todas las pensiones de invalidez y sobrevivencia que resultaron como consecuencia de la guerra civil, y le deje al IPSFA las pensiones por retiro. Aún así, comenta María Elena Rivera, de Fundaungo, el modelo sería insostenible: casi la mitad de pensiones dadas son de esta naturaleza.

El militar joven vuelve a sonreír de forma irónica, como quien no encuentra una mejor forma para expresar su descontento, mientras cumple su misión de cuidar un automóvil de guerra para disuadir delincuentes. Ahora recuerda lo que ha tenido que pasar, los pandilleros que han amenazado a su familia porque sospechan que, en efecto, él es militar.

«Hubo alguien que dijo una vez que me había reconocido, que a mi mamá me la iban a entregar como que era calavera. Por eso mi gente se tuvo que mover de zona. Como le digo, ser militar no tiene cuenta», dice, añorando poder ser uno de los que huyen en caravana, como aquella que vio pasar a unos pasos esta mañana. Para él, ser pensionado en su vejez no cabe ni en sus más locos sueños.