Quienes lo presenciaron cuentan que en 2011 hubo un éxodo de niños, niñas y adolescentes saliendo de instituciones de resguardo del Estado hacia sus casas, con sus familias biológicas. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), una norma que priorizó devolver a los niños en instituciones del Estado a sus familiares, entró en vigencia en El Salvador. En aquel tumulto iban José y Alejandro, que no terminaban de entender lo que pasaba. Dos hermanos de nueve y 11 años a los que su madre abandonó en un hogar de acogida.

En casa, José y Alejandro se encontraron con un hombre que solo sabía tratarlos con crueldad. Los obligaba a trabajar y — si no llevaban la cuota diaria de dinero— los ataba y los golpeaba, o los encerraba en un cuarto y los dejaba sin comer. Ambos fueron devueltos a una familia, sí. Pero a una abusiva y negligente. El Estado los regresó a una madre que los rechazaba constantemente y a un padrastro que los laceraba a golpes.

En 2010, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) reportó más de 10 mil niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Así llama el Estado a los menores de 18 años que están bajo sus cuidados en instituciones, orfanatos, hogares, familias sustitutas o acogimiento familiar. Con la aplicación de la Lepina, el número disminuyó de forma considerable. Solo para 2011, la institución registró tres mil menores menos. Y, en 2020, el sistema de datos del ISNA reportó una población de un poco más de tres mil institucionalizados. Menos de la mitad que hace diez años.

En 2011, la Lepina entró en vigencia. Esto marcó un punto de quiebre en los mecanismos de protección. Antes de la ley, se llevaba a los niños agredidos a centros de protección. Muchos se quedaban ahí hasta cumplir los 18 años. Ante este problema, la nueva legislación priorizó la unión familiar para restablecer la procuración de sus derechos. Esto, claro, junto a acciones que garantizaran “el fortalecimiento de los lazos familiares y la superación de las causas que motivaron la medida” de protección. Y así se comenzó a regresar a niños como José y Alejandro a sus casas. Pero el Estado, en muchos casos, ha sido incapaz de garantizar que una familia o que el entorno familiar violento se reforme.

Según explican expertos consultados por esta investigación de La Prensa Gráfica y CONNECTAS, a muchos de esos niños y adolescentes las autoridades jamás les dieron seguimiento. Y volvieron a las mismas condiciones de abuso y violencia de las que habían salido en primer lugar. Así, como José y Alejandro.

Las juntas de protección del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) son las entidades encargadas de dictar medidas que garanticen la protección de menores amenazados o vulnerados. Conformadas por un abogado, un trabajador social y un psicólogo, son quienes determinan cuándo un niño puede volver con su familia.

Miguel, un exempleado de una junta de protección que habla con condición de anonimato, cuenta que la falta de seguimiento de casos no ha cambiado. A los niños que tienen suerte, dice, los visitan hasta un año después de haberlos regresado con sus familias. Pero eso casi nunca pasa. No hay tiempo. Ni recursos. Ni voluntad.

Por eso, muchos, como José y Alejandro, regresaron a las manos de sus agresores o de nuevos agresores. A ellos los maltrataron y torturaron durante tres meses. Y cuando no pudieron más, huyeron para buscar ayuda en otros familiares. Nadie quería recibirlos.

Finalmente, al ver que los niños no tenían a dónde ir, unos tíos les dieron un lugar para dormir. Pero los separaron. Alejandro se quedó en la zona urbana, le pusieron una colchoneta en un garaje; y a José, en el campo, le dieron espacio en un cuarto descuidado donde se guardaba la leña. Así crecieron, separados. Así, llenos de traumas.

El problema de origen son los mecanismos para garantizar que estos parientes están en condiciones de brindar protección. El proceso de reintegro se sigue sin realizar estudios adecuados de las familias a las que los niños van a ser enviados ni claridades sobre las condiciones de los hogares en los que van a vivir.

Para los niños y sus familiares no hubo acompañamiento social, legal ni sicológico. “No se hizo un trabajo integral”, explica Carlos Flores, Asesor Nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS, una organización internacional que procura el bienestar de la niñez y adolescencia en El Salvador.

Entonces, el problema no es que la ley busque dar prioridad a la unión familiar, dice Crissia Pérez, una abogada con amplia experiencia en derechos de niñez y adolescencia. Ese es, de hecho, uno de sus grandes logros. Lo que falla son los procedimientos porque “no analizan todas las condiciones que deben reunirse para que un niño pueda volver a casa, con su familia”.

Y por eso muchos llegan a lugares de tortura.

“Incluso, se ha reintegrado a niños y niñas en contra de su voluntad. Porque: ‘Pues sí, es su mamá, es su papá, va a cambiar’. Pero como no les damos las herramientas para que lo hagan, los casos vuelven, y peor”, explica Martha, una empleada del CONNA que habla con la condición de anonimato.

Martha y otras fuentes del sistema de protección advierten que ni el CONNA ni el ISNA tienen programas integrales de fortalecimiento familiar. Para la construcción de este reportaje se buscó la postura de ambas instituciones por medio de llamadas y correos electrónicos a sus departamentos de comunicaciones. Ninguna accedió a la entrevista a pesar de que al CONNA se le buscó desde noviembre de 2020. Y al ISNA se contactó en agosto 2021

Ser salvador y agresor

Un día, el padre de Claudia ya no la golpeó más. Fue el mismo día que la abandonó. La dejó en la casa de un vecino después de prometer que más tarde volvería a buscarla. Pero no regresó. El vecino no se podía hacer cargo de ella, así que puso una denuncia para que la institución encargada de la niñez en riesgo se la llevara. Y así la ingresaron al centro de protección en el que vivió por un tiempo. Claudia, para entonces, no había cumplido ni los diez años.

De la madre de la niña se sabía muy poco, pero el Estado logró encontrarla. Y eso que debió ser un final feliz, fue todo lo contrario. Las instituciones del Sistema de Protección Integral no supieron, hasta muy tarde, que Claudia cayó en manos de nuevos agresores.

La niña llegó a vivir a una comunidad controlada por las pandillas. Pero la presencia de estas no era lo único que la ponía en riesgo en una pequeña casa ubicada a la orilla de una quebrada. En ese lugar, pasaba mucho tiempo sola, mientras su madre y su padrastro sembraban y cosechaban en el campo. A ella, que como su madre, tenía una discapacidad intelectual, nadie le garantizaba cuidados. Ya no iba a la escuela. Y era común que la dejaran sin comer. A veces, lo único que la rescataba del hambre era un árbol de mango.

En ocasiones, su padrastro regresaba a casa cuando ella estaba sola.

Con el tiempo, una persona que conversó con la niña se dio cuenta de que había indicios de que su padrastro la tocaba. También notó el abandono en el que se encontraba. Y, de nuevo, el Estado fue alertado. La junta de protección del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (CONNA) supo de la situación, informa una fuente del sistema. Pero no atendió. La dejó a su suerte.

Historias como la de Claudia las relatan fuentes que están dentro y fuera del CONNA, que prefieren no decir sus nombres porque, como explica una: “Nos da miedo hablar, porque tenemos mucho que perder por cómo está el ambiente. Yo no quiero que se mencione mi nombre, porque en el sistema nos atacan. No quiero que aparezca por las consecuencias que vienen después. Tenemos que andar con mucho cuidado todo el tiempo”.

Esta persona, desde su experiencia, señala que uno de los grandes vacíos de la ley es que no se establecen criterios mínimos para que un niño o niña sea devuelto a su familia de origen. Esto da paso a que las juntas hagan devoluciones discrecionales. La ausencia de estas aclaraciones da demasiado margen para la libertad de acción, no son pocos los reintegros que acaban en tragedia.

Ella lo explica así: “El único criterio que existe en este momento es que sea familia biológica. Si encuentran a una tía, por ejemplo, el niño puede ir con ella. Pero no hay una lista de requisitos para saber si este familiar tiene la capacidad para brindarle alimentación diaria o si las condiciones físicas son las adecuadas: como un lugar para que el niño duerma. O saber si lo van a poner a estudiar”.

A los diez años, Claudia tuvo su primera menstruación. Poco tiempo después, uno de sus vecinos la abusó sexualmente. La agresión fue muy violenta. Claudia, a esa edad, necesitó de una operación para reparar los daños físicos causados por aquel hombre. A ella, una niña que fue víctima de violencia física, y, que por el abandono institucional devino en víctima de violencia sexual, el Estado la llama “reintegrada”.

Fue hasta ese momento, luego de varias llamadas de alerta, que la junta de protección actuó. Tarde, muy tarde, Claudia volvió a los cuidados del Estado, el que la rescató una vez, pero que terminó entregándola en manos de otros agresores porque no previó las condiciones del entorno y de la vida de la familia en la que depositaría a una niña en riesgo.

Entre 2017 y 2020, el CONNA reporta que 2,927 niños, niñas y adolescentes fueron protegidos por el sistema con medidas de acogimiento de emergencia. Es decir, los separaron de su familia y los dejaron bajo los cuidados del ISNA o de otros parientes. De ellos, se reintegró a 1,170. En esos cuatro años, 254 menores integrados en entornos familiares tuvieron que volver a los cuidados de las autoridades. Algunos, hasta en cuatro ocasiones, según datos proporcionados por esa institución.

No todos los reintegros son exitosos. Pero el problema parece ser aún mayor. Fuentes expertas advierten que el subregistro de reintegros que fracasan es grande.

Un hogar para niñez en situación de abandono o con medidas de protección dio seguimiento a 25 reintegros y egresos ejecutados entre 2012 y 2018 para saber en qué condiciones se encontraban los niños y, en otros casos, quienes ya son adultos. En la mayoría se identificó que volvieron a la situación que, en el pasado, originó que el sistema los resguardara: trabajo infantil, negligencia en el cuido, mendicidad, padres alcohólicos, abandono y abuso sexual. Otros se volvieron parte de una pandilla o tuvieron problemas de alcoholismo y drogadicción. Uno murió.

Falta de recursos

Entre 2012 y 2020, las juntas de protección del CONNA recibieron más de 100 mil casos de presuntas amenazas o vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia. La cifra es, cuanto menos, alarmante. Sobre todo en un país en el que no todos los casos de abuso o maltrato son denunciados.

En esos ocho años, la mora de las juntas sumaba más de 53 mil casos.

La mora está constituida, explica Glenda Aguilar, subdirectora de defensa de derechos individuales del CONNA, por “los expedientes que se encuentran pendientes de ser diligenciados y los que se encuentran en proceso con medidas cautelares emitidas”. Es decir que mientras las juntas toman una decisión sobre estos casos, los niños pueden seguir en entornos de riesgo. En la mayoría de casos en mora no se ha hecho “absolutamente nada”, dice Martha, la empleada del CONNA que habla desde el anonimato.

Para 2021, esa institución destinó un poco más de 5.5 millones de dólares en su presupuesto para la garantía y protección efectiva de los derechos de los menores. Además, el Programa de inversión de niñez y adolescencia, que consiste en “fortalecer las capacidades operativas territoriales de las juntas de protección”, apenas pasa de los 1.8 millones de dólares.

En ese sentido, en agosto de este año, la Asamblea Legislativa aprobó un recorte de más de 14 millones de dólares al presupuesto del ISNA y de un millón de dólares al presupuesto del CONNA. Los fondos se reorientaron para reforzar, entre otros ramos, a Defensa Nacional, Economía, Justicia y Seguridad Pública y a la Presidencia de la República.

Trabajar desde el inicio con las familias requeriría de más tiempo y recursos. El problema es que las juntas de protección están saturadas.

Uno de los aspectos que no se contempló en la creación de la Lepina fue la cantidad de juntas de protección frente a la demanda social, señala Flores, de Aldeas Infantiles SOS. Solo hay 16 juntas a escala nacional. Y, en 2020, recibieron 9,416 casos, 11,277 presuntas víctimas de amenaza o vulneración y 13,369 presuntas amenazas o vulneraciones a derechos.

En ese mismo año, solo la junta de protección del departamento de San Miguel recibió 897 casos.

Martha asegura que estos equipos perdieron la sensibilidad. Por ejemplo, muchos trabajadores sociales ya no salen a campo a supervisar las condiciones en las que viven los niños y adolescentes. Y así, sin patear terreno, es muy difícil que el equipo multidisciplinario dimensione el problema.

“Son bien cómodos. A muchos de los que les toca salir a campo, no les gusta hacerlo. Además, hay un montón de gente conflictiva, gente que no quiere trabajar. Son haraganes, hay que andarlos chineando. Hay personal incompetente que jamás aprendió, que no le interesó aprender. Y hay otros que maltratan a los usuarios”, se queja Martha.

A veces, los diagnósticos de la situación familiar los hacen por teléfono. “Estos equipos están quemados. Muchos de ellos están indiferentes. Eso tiene que ver con que la mayoría ha trabajado ahí por más de diez años y ve los casos como números y no como personas. Están abrumados”, se lamenta otra fuente que trabaja en el sistema y confirma sus debilidades pero también con la condición de anonimato.

Miguel recuerda que trabajar en una junta de protección es agotador. También es riesgoso.

La violencia en El Salvador es uno de los factores que más influye para que no se haga un análisis exhaustivo antes de devolver a un niño con su familia, señala. Los equipos no pueden ingresar a zonas que están controladas por las pandillas. “La delincuencia es una realidad que viven los equipos multidisciplinarios. Ya hemos tenido consecuencias. Hubo una persona que fue asesinada y quemada cuando visitó una comunidad. Y otra persona tuvo que huir del país porque la amenazaron. Se salvó de milagro”, relata.

Una investigación realizada por este medio reveló que, durante los últimos diez años, el 59% de la población a escala nacional vivió en municipios que reportaron una tasa de 40 homicidios por cada diez mil habitantes.

Hay otra limitante, dice Miguel, y son los recursos. Por ejemplo, cuando tienen que desplazarse a zonas muy lejanas en el departamento, necesitan utilizar el vehículo durante todo el día. Eso significa utilizar el único carro de la junta para investigar un caso. “Si tenemos 28 días para hacer la investigación, y nos tardamos todo el día en hacer una visita, eso nos representa un gran retraso en el resto del trabajo”.

El CONNA ha dispuesto solo 18 vehículos para las 16 juntas de protección y cada una, solo en 2020, tuvo un promedio de 589 casos.

Proteger para luego abandonar

Alejandra poco supo del cariño durante su niñez. Tampoco conoció sobre el cuidado. El papá de su padrastro la violaba, y en su casa nadie hacía nada para evitarlo. A los 14 años, antes de poder llegar al noveno grado, se enteró de que estaba embarazada.

Cuando las autoridades se dieron cuenta de que la adolescente pronto iba a ser madre, la llevaron a uno de los centros de protección del Estado. Un lugar en el que había comida, educación, salud y vestuario. Mucho de lo que nunca tuvo en casa. El resguardo del Estado, sin embargo, duró muy poco.

Nicolás, su hijo, nació con microcefalia. A pesar de que el bebé necesitaba cuidados especiales, ambos fueron devueltos a su familia biológica. Esa que un tiempo atrás no protegió a Alejandra de su violador. Y ella comenzó a criar sola a un bebé. Porque en casa no les daban comida. Mucho menos medicinas.

Alejandra, convertida en madre, ya no pudo ir a estudiar. Su mamá y su padrastro solo les procuraron un espacio para dormir. Para ambos menores, el cuadro rayaba en el abandono. Uno que el Estado propició, porque les retiró sus cuidados y los llevó a una casa negligente. Pero la situación era más complicada: el agresor seguía en libertad. La familia de Alejandra no denunció.

Tiempo después de que el sistema los devolviera a esa casa, Nicolás murió por complicaciones médicas producidas por ausencia del cuidado que su condición de salud requería. Y Alejandra se hundió en depresión. Sin cariño y con el estómago vacío, antes de cumplir los 18 años, se fue a vivir en pareja con un hombre mayor.

A los problemas de saturación, apatía y falta de recursos de las juntas se suma la presión que emiten los Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia (JENA), que también han ordenado reintegros. “Muchos que luego volvieron a junta de protección con más vulneraciones”, dice una de las fuentes.

Este medio buscó jueces JENA pero ninguno accedió a dar una entrevista.

“Estuve en un evento en el que la jueza decía: ‘Nuestro deber es restituir derechos, pero no darles seguimiento. Cuando se reintegra a los niños con su familia o con un tutor, los jueces dan seguimiento solo por tres meses. Asumen que todo va a estar bien”, explica Claudia Cordero, directora de Fundación Éxodo, un hogar privado que acoge a niños y adolescentes en situación de riesgo social.

Invisibles

El Estado, durante años, ha regresado a niños a lugares de tortura. A niños que estaba obligado a proteger. Por eso, ahora Claudia tiene cicatrices que le recuerdan cómo a sus diez años fue víctima de la barbarie. Y Nicolás está muerto. Él, como otros niños, no tiene un lugar dentro del sistema.

El CONNA no lleva ningún registro de niños y adolescentes que, luego de estar bajo su protección y ser reintegrados, fallecieron en sus hogares, con su familia biológica. De acuerdo con la institución, este dato no existe “en virtud de que una de las responsabilidades de las juntas de protección es la restitución de derechos y la vida es un derecho que no se puede restituir”.

La vida no se puede restituir.