Andrés Mckinley es especialista en temas de agua y minería desde hace 15 años. Desde esta experiencia advierte sobre la necesidad de progeter el recurso y, a la vez, hacerlo un derecho de acceso universal.
Entre enero de 2018 hasta octubre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) ha localizado unas 139 fosas clandestinas en El Salvador. La mayoría de estos hallazgos ha sido producto de la información proveniente de un testigo criteriado: una persona que ha participado en delitos y, a cambio de beneficios, ha decidido colaborar con identificar los lugares de donde han sido inhumadas las víctimas. Muchos de estos restos humanos se convierten en la respuesta a las plegarias de las familias de personas desaparecidas.
En El Salvador, una de las especies que está en peligro de desaparecer completamente del territorio es la lora nuca amarilla. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), solo quedan unas 500 loras. Dos de las principales causas son el comercio ilegal y el deterioro de su hábitat. A pesar de la urgencia de un plan nacional para la protección y recuperación de las poblaciones de lora que aún habitan en el país, el gobierno, hasta el momento, no cuenta con una propuesta concreta. Además, carece de estudios para la recuperación y de un programa de monitoreo para la especie.
8,962 niños de menos de 5 años sufrieron desnutrición crónica en 2018. Ellos son solo lo que el Ministerio de Salud (MINSAL) pudo registrar. Esta condición puede afectar su crecimiento, capacidad intelectual y propiciar el desarrollo de otros padecimientos ante la falta de nutrientes como la vitamina A, ácido fólico, yodo, proteínas o hierro. A pesar de la gravedad de las consecuencias, el país, por el momento, no cuenta con un programa de atención nutricional para los menores.
Poco se dice de los salvadoreños que regresan a El Salvador sin un pie, sin un brazo o sin sus piernas tras sufrir un accidente en ruta a Estados Unidos. De enero a septiembre de 2019, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha registrado cinco casos de migrantes salvadoreños que volvieron amputados luego de tropezar y caer en las vías del tren de La Bestia. Una vez aquí, para ellos no hay atención en salud, tratamiento, rehabilitación ni acceso a una prótesis.
En El Salvador, no hay ninguna ley que garantice los derechos humanos de las personas que huyen a causa de la violencia. Debido a los casos que se registran por desplazamiento forzado interno, el Estado ha tenido que adecuar la Ley Especial para la Protección a Víctimas y Testigos (LEPVT) y el programa de protección a víctimas y testigos para dar refugio a las víctimas. Sin embargo, el decreto es específico, al plan solo pueden ingresar las personas que denuncian y son parte de un proceso judicial. El recurso es limitado para los desplazados que huyen con su núcleo familiar. Y mucho más, para quienes buscan refugio y no quieren denunciar. Además, algunas víctimas han señalado que dentro del sistema existen irregularidades como la de mezclar a víctimas con testigos criteriados, que pueden, aún, tener vínculos con las pandillas. Lo que pone en riesgo su ubicación y sus vidas.
En El Salvador se generan 3,400 toneladas de residuos al día. Los recicladores de Ciudad Futura, en el municipio de Cuscatancingo, procesan en un mes alrededor de 15 toneladas. En esta comunidad, los pepenadores se organizan con horarios de trabajo, analizan los precios de venta del producto que puede ser reutilizado y estudian sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos para realizar su labor. Así han consolidado las bases para que nazca el Movimiento Nacional de Recicladores. Reclaman que en el país se reconozca su oficio como un empleo formal, con acceso a derechos laborales, como los que tiene funcionario de un ministerio o un gerente en la empresa privada.
Monumentos históricos se caen a pedazos. Esto pasa con el monumento a la Revolución de 1948. Y no sólo es este, otras tres esculturas y una Plaza dedicada a los Próceres se están deteriorando entre musgo, hongos y fisuras dentro del Parque Balboa en los Planes de Renderos. Y a pesar de que la misma historia las convierta en parte del Patrimonio Cultural de El Salvador; las autoridades no dan respuesta sobre cómo se conservarán. La Ley Especial para la Protección del Patrimonio Cultural en su artículo 5 y 30, dice que el Ministerio de Cultura debe de preservar los bienes culturales por daño o peligro inminente. Pero en estos casos, no se ha cumplido.
En El Salvador existe un banco de perfiles genéticos. Pero solo en papel. Los diputados de la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior firmaron, en abril de 2019, una reforma que aprobó la creación de este instituto que podría ayudar a localizar personas desaparecidas por medio de pruebas de ADN. Los diputados, sin embargo, ignoraron que crear este registro implica inyección de presupuesto al Instituto de Medicina Legal, protocolos para la atención, un software especializado para almacenar numerosas muestras de ADN y un equipo salvadoreño en Antropología Forense. A tres meses de su vigencia, el proyecto sigue siendo un enigma que los parlamentarios no saben explicar.