A los desaparecidos se los traga la tierra

Ilustración de Moris Aldana

Samuel observa la tumba de su hermano. Lo enterró hace dos meses. Saúl Turbín fue despedido por su familia en el cementerio municipal de Tacuba, Ahuachapán. Así terminó una angustia que se había prolongado por tres años. Durante todo ese tiempo, Saúl, un soldado, fue parte del listado de personas desaparecidas.

Su madre, padre y hermanos le encontraron un amargo significado a la palabra «consuelo» cuando los huesos de Saúl fueron recuperados de un cementerio clandestino. La Fiscalía General de la República (FGR) dio con este lugar solo después de que un testigo criteriado -alguien que participó en el delito y entrega información a cambio de beneficios en el proceso- señalara el lugar exacto en donde el joven de 24 años fue enterrado por pandilleros.

En El Salvador, entre enero de 2018 y octubre de 2019, se han localizado alrededor de 96 cementerios clandestinos a escala nacional, y en ellos, se han identificado 139 fosas clandestinas, de acuerdo a información de la Unidad Fiscal Antipandillas y delitos de Homicidio de la FGR y oficinas fiscales de todo el país.

A pocos días de haber conmemorado el día de los difuntos, la tumba de Saúl aún conserva las flores celestes, blancas y azules con las que Juana decoró el espacio donde ahora descansa su hijo.

Armar el rompecabezas de lo que sucedió previo a la desaparición de Saúl no fue fácil. Pasaron tres años y una gran cantidad de procedimientos y averiguaciones para que Juana y Samuel conocieran con detalle cómo vivió Saúl sus últimas horas.

Cuando Saúl desapareció el 10 de octubre de 2016, el joven viajaba junto a otros tres compañeros que se destacaban como soldados en la Brigada de Artillería de San Juan Opico, La Libertad. Sin conocer mucho la ciudad de San Salvador, los soldados se reunieron en la capital para partir juntos hasta instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), en Ilopango. Ahí, los jóvenes estaban anotados para recibir una capacitación necesaria para poder formar parte de una misión especial en el continente africano

Para Saúl, era poco habitual viajar a San Salvador. No conocía ni de calles ni sobre rutas de buses que lo llevaran hasta Ilopango y la FAS.

Al llegar a la ciudad, Saúl y sus compañeros abordaron, por error, un bus que los llevó hasta Ilopango, pero que los adentró en la dirección equivocada: Vista al Lago, una zona residencial controlada por las pandillas.

Fue ese el lugar donde los cuatro soldados fueron vistos por última vez. De acuerdo con la FGR, en Vista al Lago, los pandilleros privaron de libertad a los jóvenes y los asesinaron. Enterraron sus restos entre las montañas que rodean la comunidad.

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UN SOPLO

«Cuando tenemos el relato o la confesión previa del pandillero, nuestro enfoque es, precisamente, establecer los hechos, lugar, día, hora y determinar quién es la persona que fue privada de libertad, el lugar donde fue privada de libertad e inhumada de manera clandestina. Lo primero que hacemos es verificar en fiscalía si existe denuncia de privación de libertad», detalla Guadalupe Echeverría, directora de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas de la FGR.

Al buscar dentro de la base datos de denuncias por privación de libertad, se indaga sobre las posibles coincidencias entre algún reporte y las características de la víctima que ha sido inhumana dentro del algún cementerio clandestino, explica Echeverría. De encontrar similitudes, la FGR cita nuevamente a los familiares para que puedan brindar información más específica.

Si hay coincidencia entre los datos proporcionados por la familia y las características de la persona localizada en una fosa clandestina; la FGR pide una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) de algún familiar de la víctima para compararla con los restos. Así se determina con certeza genética que se trata de la misma persona que busca esa familia.

Sin que haya una denuncia interpuesta ante las autoridades, es imposible que se pueda establecer una relación entre los restos localizados y las personas que buscan a un familiar desaparecido. Y, de no existir colaboración de un miembro de la pandilla, tampoco se puede determinar el cómo, cuándo y dónde están las fosas que esconden cuerpos.

En el caso de Juana y Samuel las respuestas llegaron luego de que Saúl fuese identificado en uno de los 57 cementerios clandestinos ubicados en 2019.

«Saber el lugar en donde estaba mi hijo no fue fácil. Me hubiese conformado con verlo agonizando con una enfermedad que Dios le dio, pero con él lo que hicieron fue una muerte a la fuerza», dice Juana.

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TODO ANTE LAS CÁMARAS

Samuel recuerda el día que reconoció a su hermano. Fue hace cinco meses. Le bastó ver una fotografía con la camisa azul a rayas negras, los tenis grises con franjas negras y un jeans azul para reconocer la vestimenta con la que Saúl salió el 10 de octubre de 2016.

Esta fue la primera pista que su familia tuvo después de mucho tiempo. Para ese momento, Samuel ya había andado innumerables caminos en busca de su hermano. Ya había formado, por ejemplo, un grupo de búsqueda que en tres ocasiones recorrió las zonas montañosas de Vista al Lago.

Entre esas búsquedas, Samuel recuerda que estuvo muy cerca de donde fue hallado su hermano. Lo buscaba en la zona, sí. Pero nunca quiso relacionar los hechos. Nunca quiso hacerse a la idea que bajo la tierra que pisaba podía estar su hermano. La angustia crea pasillos complejos.

En mayo de 2019, la familia del soldado Turbín supo que, en Vista al Lago, se encontraban las osamentas de Saúl; y en Septiembre, luego de una prueba de ADN entre la sangre de Juana y el fémur de su hijo, el Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó la identidad.

Frente a medios de comunicación, personas del IML y el Fiscal General, Juana y Samuel recibieron los restos de Saúl.

Los médicos forenses explicaron a detalle lo que sucedió, según el rastro en los huesos de Saúl, el joven murió a causa de fracturas cervicales con arma blanca.

Samuel recuerda que en una caja blanca estaban los restos de Saúl. Ahí frente a los medios, los médicos del IML armaron hueso por hueso los esqueletos de su hermano. Le mostraron el cráneo, el fémur, los brazos, los dientes, las manos y también le indicaron a dónde fue herido el soldado.

«Nos enseñaron las osamentas y lo trasladaron de una caja a otra. El doctor me habló y me explicó qué era cada hueso. Me enseñó el cráneo, su columna vertebral y me explicó cómo había muerto», dice Samuel.

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CÓMO DESENTERRAR INFORMACIÓN

Ante el hallazgo de un cementerio clandestino, el escenario para la recuperación del cuerpo, restos humanos u osamentas no es una escena que se procese como un asesinato común. Para determinar qué fue lo que sucedió se necesita de estudios antropológicos, es decir, un estudio de los huesos que ayude a darle identidad a la persona que se encuentra en la fosa clandestina.

El estudio antropológico determinará el sexo, la talla, edad y por qué razón murió. En El Salvador, la necesidad de más médicos forenses con bases antropológicas se vuelve evidente. Ante la cantidad de cementerios clandestinos, la demanda de especialistas crece, pero, por el momento, el equipo del IML solo cuenta con siete personas que pueden responder a la demanda.

A las bases antropológicas también debe sumarse el conocimiento arqueológico. Las herramientas, la forma de excavar, de entrar al terreno, la documentación e investigación previa es importante para determinar lo que sucedió.

Erick Rodríguez es uno de los médicos forenses con estudios antropológicos y arqueológicos con los que cuenta el IML. En una tarde mientras exhuma unas osamentas del conflicto armado en Cacaopera, Morazán, da cuenta de por qué que es necesario formar a más personal para responder a la demanda de inhumaciones de los desaparecidos por violencia actual. «He dejado de hacer el estudio de los huesos dentro del laboratorio, porque he pasado durante las últimas dos semanas en exhumaciones. Lo ideal sería que una persona estuviera recuperando restos y la otra en el laboratorio, pero en esta zona del oriente del país, soy el único que puede hacer ambas cosas».

Además, considera necesario implementar una ley de desaparecidos, un banco de datos genéticos, trabajar en una entrega digna de los restos e implementar un sistema actualizado para procesar la información de todos las personas que son reportadas como desaparecidas.

Un sistema, según Erick, como el que utiliza Colombia para la búsqueda de desaparecidos por violencia actual. El Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) es una plataforma tecnológica en la cual se registran de manera permanente los reportes de personas desaparecidas e información de cadáveres sometidos a autopsias.

Cementerios clandestinos

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EL DOLOR QUE MUTA

Juana ha tenido que darle nombre a lo que, en verdad, no lo tiene. En su casa, rodeada de ruidos de gallinas y de árboles que susurran con el viento, esta mujer hace un enorme intento por explicarse cómo muta un dolor. «Ya saber el lugar dónde está ayuda, pero para mí no es fácil ver que pasan los días, pasan los meses y saber que uno ya no tiene esperanza de encontrarlo vivo». No puede, por ahora, contar cómo era su hijo. Es algo que se le atora en el pecho y no sale.

Ha encontrado, tras tres años de búsquedas, algo que se podría parecer a una tregua, pero que nunca va a ser paz. «La mente ya no mantiene eso de estar pensando en qué lugar estarán si estuvieran vivos. Todo eso ya uno no lo piensa, se acaba al haberlos enterrado. Pero sigue siendo difícil».

Biblioteca y patrimonio de la nación

Con el título de Biblioteca Nacional, Custodia del Patrimonio, será publicado en inglés este ensayo sobre Bibliotecas Nacionales en el «Journal Science and Technology», en contacto con otros 300 medios. Dado el trabajo que ha realizado nuestra entidad, me pareció necesario dar a conocer datos que no todos conocen. El trabajo a publicar lo leí al cumplirse el 147 Aniversario de nuestra institución como un pórtico a dos años de cumplir su siglo y medio de existencia, (julio 2020). A continuación transcribo la ponencia calificada por la publicación científica, como una investigación que se adapta a las exigencias de ese medio. Acto continuo publico una primera parte:

El papel que juega una Biblioteca Nacional amerita destacarse, más ahora que estamos por cumplir siglo y medio de existencia. El mandatario de aquel entonces (1870) compró la «Colección Lumbruschini», llamada así por haber pertenecido al cardenal Luigi Lambruschini, Secretario de Estado del Papa Gregorio XVI. Este dato es importante por la trascendencia que le dio el gobierno de aquella época para crear la segunda institución educativa de la Republica. La primera fue la Universidad de El Salvador.

Sin embargo, después de siglo y medio no nos hemos apropiado de valor institucional, entre otras cosas por los vacíos en investigación y esmero por lo patrimonial. Por ejemplo hay personas que me han preguntado cuántas bibliotecas nacionales hay en el país. La diferencia con las bibliotecas públicas, que pueden ser muchas: «Debería haber una en cada municipio», decía Masferrer refiriéndose a las públicas. Mientras las Bibliotecas Nacionales es solo una, la de cada Estado.

De manera que no es baldío insistir su papel de custodia del patrimonio bibliográfico de un país cuyo desarrollo estaría ligado a una labor educativa relacionada con las investigaciones sobre la memoria histórica. Cabe reafirmar de ellas que son «catedrales del conocimiento».

En diversas reuniones anuales que las Bibliotecas Nacionales centroamericanas tuvimos con asesoría de la Biblioteca Real de Suecia, se determinó como obligación social extender sus funciones a promover la lectura y el libro, contribuir a una alfabetización que no sea solo conocer primeras letras y dibujar la firma. Alfabetizar es crear lectura y lectores propositivos, como señaló Alberto Masferrer desde 1915.

La Biblioteca tiene funciones tradicionalmente aceptadas; pero va más allá: contribuye a formar desde sus funciones culturales con el libro y lectura. No solo recopila obras de todos los tiempos relativas a un país; o clasifica, y muestra a los lectores; debe conservarlas y preservarlas como libros antiguos, aunque no tenemos muchos si nos comparamos con los países de Europa que tienen en sus bibliotecas miles de libros tesoros, caso del Diario de Marco Polo (1300), Portugal; o los 95 tesis (1517) de Lutero sobre la Biblia, Alemania.

Al referirnos a una Biblioteca Nacional cabe hablar de tesoros patrimoniales de valores escritos. Vale decir museo del libro, con la diferencia que los objetos contenidos deben ofrecerse a los investigadores y lectores. Y en un museo solo se mira.

La preservación ha sido favorecida por la tecnología informática, por eso dimos prioridad a digitalizar las obras históricas nacionales para ofrecerlas en nuevos formatos. No digitalizamos obras contemporáneas por carecer de presupuesto para pagar derechos de autor.

Cuando se creó la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (BDPI), en España, fuimos el 7º país de Iberoamérica en ingresar con nuestras obras patrimoniales. Nos adelantamos gracias a que fuimos equipados por la Universidad de Barcelona. Entrar a esa dimensión informática no hubiera sido posible sin el apoyo europeo, especialmente.

Actualmente contamos con 700 volúmenes en la BDPI; también nos incorporamos a la plataforma digital REDICCES (de universidades salvadoreñas), en la cual la Biblioteca fue aceptada. Aloja 800 obras. Ambos alojamientos nos dan presencia por Internet en la región de Iberoamérica (incluye Brasil, España y Portugal). Además, la BDPI está en proceso para ingresar a espacios más amplios como es el Instituto Iberoamericano de Berlín, para el acceso a otros países de Europa.

Los formatos digitales permiten a El Salvador favorecerse pues tiene casi un cuarto de su población en el extranjero que con sus remesas contribuyen al bienestar económico de familias desfavorecidas. Alojar esas obras permite al migrante facilidades de contar en su hogar con las señales de su identidad y proyectarlas a las nuevas generaciones que crecen en el exterior.

Otra asesoría que nos ofreció la Biblioteca Real de Suecia, fue crear ABINIA Centroamericana, para darle mayor representatividad en la ABINIA oficial (Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas de Iberoamérica). Se planteó entonces ofrecer servicios a niños y niñas, aunque no fuera función propia de una Biblioteca Nacional. Pero las necesidades de retrasos educativos lo requerían. Tampoco era función contar con un Bibliobús (donado por UNESCO). Además fortalecimos la Extensión Cultural.

El libro, expresión creativa de la memoria histórica, parte del ser nacional, permite conocernos, y tener mejor reconocimiento de la propia realidad.

Doy algunas cifras que pueden reflejar una idea de la importancia de esas incorporaciones. En Facebook llegamos a contar con cinco mil 300 seguidores diarios informados por esa plataforma digital. Y en Twitter sumamos 900 personas (son datos de 2018). De ese modo la Biblioteca Nacional llega a usuarios a distancia. Lo logramos en menos de dos años de promoción y divulgación por redes. Inclusive superamos en número de seguidores a algunos ministerios con mayores recursos en equipos de comunicación y con más años en esa ruta tecnológica. En dos años los superamos en seguidores.

A esto se agregan tres mil visitas mensuales que alcanzamos en el sitio web binaes.gob.sv para ofrecer información básica a lectores que nos buscan por Internet.

Con la divulgación de estos logros nos adelantamos a conmemorar el siglo y medio de existencia. Agrego el gran papel jugado por el equipo informático de la Biblioteca, con apoyo de algunas técnicas bibliotecarias, por sus esfuerzos de instalar un sistema informático propio de Administración Bibliotecaria, como aporte a la modernización. Todo un sueño de largo alcance.

Tiempo de compromisos y posturas claras

Si algo quedó demostrado en las últimas elecciones presidenciales es que el bipartidismo en nuestro país está muerto. 20 años de ARENA y 10 del FMLN han dejado mucho que desear en lo económico y social. Como reacción a repetidos actos de corrupción, pobre desempeño, exclusión y falta de pluralidad, han surgido nuevos proyectos políticos en el país. Uno de los más nuevos, el partido Nuestro Tiempo, fue recién avalado como partido político por el Tribunal Supremo Electoral en junio de este año.

Esta semana Nuestro Tiempo lanzó una campaña dirigida al resto de partidos políticos en el país. Desde afuera del edificio de la Asamblea Legislativa, Juan Valiente, Johnny Wright y Aida Betancourt presentaron un documento en donde de una manera clara, aterrizada y hasta un poco humorística, Nuestro Tiempo destaca prácticas básicas para operar como un partido político decente y democrático. Al mismo tiempo critican prácticas nocivas que por mucho tiempo han sido manera tradicional de operar de los partidos tradicionales en el país.

En resumen, hacen un llamado a la transparencia del origen de los fondos de un partido político y el uso de estos (mesura en la contratación de asesores, guardaespaldas, etc.), a que los funcionarios de los partidos, una vez en el poder, respondan a los intereses de la población y no solamente a los intereses de los miembros o el liderazgo de sus partidos, y a evitar el nepotismo. También se hace un llamado a respetar los tiempos electorales y a no llenar de pinta y pega los espacios públicos en tiempos de campaña. Esta serie de recomendaciones (o exigencias) no son mucho que pedir, sin embargo, es lo que tanto ha faltado en la dinámica partidaria durante toda la posguerra.

Este manual está alineado con los valores establecidos en los estatutos de Nuestro Tiempo. La libertad, dignidad, empatía, diversidad, solidaridad, transparencia y coherencia son elementos básicos de una democracia. Sin embargo, Nuestro Tiempo menciona poco o nada sobre sus principios o creencias económicas. Como votante quiero tener la mayor información sobre en qué cree un partido en lo económico y lo social, y así tener una idea de sus posturas ante problemas de país. ¿Qué piensa Nuestro Tiempo sobre las AFP y el sistema de pensiones? ¿Cuál es su postura frente a industrias históricamente (y de manera deliberada) protegidas por el Estado como el azúcar? ¿Cuáles piensan que deberían ser los polos de desarrollo económico?

Responder esta y otras preguntas relacionadas es importantísimo. Ningún partido es monedita de oro para caerle bien a todo mundo, ni debería intentar serlo. Superar el miedo a generar oposición es indicador que se tiene posturas definidas. La ausencia de estas posturas, y el peligro de en un futuro rodearse de gente deshonesta, eventualmente termina en populismo. Y de eso ya tenemos suficiente, pues no se trata de votar por una nueva opción solo por el hecho de ser nueva, es así como terminamos con gobernantes con complejo de dictadorcitos, de esos que se abren camino creando división y viendo a la Constitución como un obstáculo para sus objetivos antidemocráticos.

A pesar de esto, el documento cae como mensaje refrescante en un entorno donde lo único que escuchamos de los partidos son escándalos de corrupción, viajes en jets privados y acusaciones de acoso sexual. Espero que este documento, aparte de ser considerado por el resto de los partidos políticos (peco de tonto optimista), sirva como compromiso para los integrantes de Nuestro Tiempo para no cometer ni practicar los mismos comportamientos que ellos mismos achacan en este documento.

Conocimiento abierto

Soy fiel defensora de Wikipedia. Antes me avergonzaba mucho reconocer que utilizaba sus artículos, pero mi yo lexicográfico ha encontrado aquí la fusión perfecta con mi yo digital. Es pura inteligencia colectiva en acción: es, entre todos, utilizar la tecnología como esa infraestructura a través de la cual podemos poner datos al común, ordenarlos y sacar de ellos la mejor información posible y transformarla en conocimiento que nos permita comprender (y luego transformar) la realidad. Y sí, esa realidad puede ser una tarea de escuela mejor documentada o cómo entiendo un proceso histórico de otro país.

¿Han pensado alguna vez sobre la cantidad de biografías que hay o en qué idioma es más utilizada? ¿O cómo se edita un artículo y cómo se verifica la información que se publica? ¿O qué actividades se pueden organizar en centros educativos para aprovechar la difusión del conocimiento?

Para acercarnos a esto lo primero, urgente, es desterrar cualquier resquicio de desconfianza que tengamos hacia ella: hay todo un equipo de personas que cumple con una metodología de trabajo para garantizar que lo que leamos es verificable. Paola Ricaurte-Quijano y Arianna Carli-Álvarez hicieron un estudio sobre el Proyecto Wikilearning y pudieron comprobar que Wikipedia sí puede ser utilizada en un entorno de aprendizaje abierto. Y es que, como dicen estas investigadoras, debemos recuperar el valor de la gestión compartida del conocimiento, y valorar que el comprender cómo funciona esta enciclopedia acorta la brecha que hay sobre el conocimiento, además de facilitar redes globales de aprendizaje.

En Wikimedia Argentina, solo en el 2018, contabilizaron más de 4,400 personas involucradas en sus programas y mejoraron 43,500 artículos de proyectos de Wikimedia. Pero también apoyaron para que diez instituciones pusieran su trabajo en Wikimedia Commons con licencias libres, y sumaron más de 27,000 fotografías tomadas por personas voluntarias.

También tienen programas (igual que Wikimedia México) que apoyan la capacitación a docentes o investigadores que queremos usar Wikipedia en aulas universitarias. Ya un par de veces hemos logrado videoconferencias (en vivo y en diferido) para comentar la importancia de Wikipedia en procesos educativos, y cómo podemos sacarle provecho para favorecer nuestra responsabilidad hacia la humanidad de involucrarnos en la mejora de la información que está publicada en esta enciclopedia en línea. Porque si alguien le encuentra un fallo a un libro, al periódico, al diccionario debe avisar y ayudar a enmendar el error, ¿no? La idea es que, como parte de nuestra ciudadanía digital, ejerzamos la responsabilidad de aportar nuestro conocimiento y nos volvamos, así, ciudadanos del mundo (digital) que habitamos.

En alianza con instituciones públicas y de la sociedad civil han mejorado contenido en ciencia, justicia, fútbol/deporte, arte, patrimonio histórico y desarrollo urbano, por ejemplo. Y han digitalizado más de 400 obras literarias argentinas. También tienen el proyecto WikiDDHH, que es para organizar distintas actividades relacionadas con temáticas de derechos humanos en Paraguay, Colombia, Uruguay, México, Chile y Venezuela.

Acá, como parte de las redes tecnopolíticas, creemos que Wikipedia es una enciclopedia confiable y una plataforma indispensable para ejercer la inteligencia colectiva. También porque se apoya en la alfabetización informativa, porque la información se vuelve la herramienta con la que actuamos sobre el mundo (digital).

En El Salvador, ya el Centro Cultural de la Embajada de España ha organizado un par de jornadas de edición (editatonas) y al menos un taller sobre cómo aportar a la enciclopedia. Solo falta que sumemos personas, sumemos biografías, sumemos fotografías y otros recursos. Así que… ¿wikipediamos?

*Una versión de esta columna fue publicada en esta revista en julio de 2018.

Carta Editorial

Este es el penúltimo reportaje de esta serie sobre personas desaparecidas que hemos mantenido a lo largo de todo este año. En esta ocasión, la que se escucha fuerte es la voz de Juana, la madre de un soldado que pasó tres años en la lista de los desparecidos.

Las palabras de Juana son pocas, son pausadas y son insuficientes para intentar explicar cómo un dolor no se borra con un hallazgo. Muta. Y, al hacerlo, no deja paz. Deja vacío.

En 2018, se encontraron 75 fosas clandestinas. En lo que va de 2019, 64. Para identificar estos lugares, la Fiscalía General de la República sigue dependiendo de que alguno de los que participaron en el delito acepte dar información a cambio de beneficios durante el proceso legal, un testigo criteriado.

A los procedimientos de identificación de restos, los familiares siguen llegando sin el debido acompañamiento. Y el punto acá deja de ser el respeto que todos merecemos ante un momento así. El punto es cuánta empatía les hace falta a las personas que componen las instituciones para caer en la cuenta de lo desgastante que es para alguien manejar la desaparición de un ser querido para, luego, encontrarlo enterrado en una fosa. Hay, en este cambio de estatus, un universo de emociones que deberían ser tomadas en cuenta.

Ante una experiencia como la de Juana, un Estado está obligado a ofrecer justicia, una expedita; debería ofrecer, también, acompañamiento integral, contención y, ojalá, evidencia de que se trabaja para, sobre un proceso transparente, montar mecanismos para que cada vez menos personas tengan que pasar por este calvario.

Durante este año, ha habido cambios. Se hicieron las modificaciones al Código Penal para castigar con cárcel el delito de desaparición por violencia actual y se han mantenido un interés constante por brindar datos acerca de las desapariciones. Aún así, el camino hacia la justicia y la reparación sigue siendo largo.

La fábrica de pruebas de la Policía de Nicaragua

Fotografías de CONNECTAS

La escena atrajo a decenas de curiosos. El cadáver del estadounidense Sixto Henry Vera, de 48 años, yacía ensangrentado y desnudo en el pavimento desde las primeras horas de la mañana de aquel 2 de junio de 2018. A su espalda, en los alrededores del barrio Rubenia en Managua, su vehículo y otro supuestamente utilizado por sus asesinos ardían hasta convertirse en cenizas. El Instituto de Medicina Legal determinó horas después que la muerte fue violenta y homicida desde el punto de vista legal.

Vera era hijo de ecuatorianos, nacido en New York, con un restaurante en Nicaragua. Dedicarse a ese negocio podía significarle salidas nocturnas en su rutina laboral. Pero la de la madrugada antes de su asesinato fue de otra naturaleza. Celebró su cumpleaños escuchando mariachis hasta que una llamada telefónica, avisándole que un amigo estaba en problemas, lo obligó a salir en su búsqueda sin saber que sería su último viaje, según las versiones de la prensa local.

De manera sorprendente, cuarenta y ocho horas después de que la embajada de Estados Unidos lamentara los hechos, la Policía de Nicaragua señaló a los supuestos responsables del crimen: Ezequiel Gamaliel Leiva García y Néstor Enmanuel Molina Tiffer. Eran dos desconocidos, cuyos nombres se sumaban al cúmulo de sucesos violentos ocurridos en el contexto de las protestas. Hasta entonces habían muerto 108 personas según los datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reportados por la prensa internacional. Meses más tarde aumentaría a 328 muertos y más de dos mil heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló el uso excesivo de la fuerza a manos del Estado contra los manifestantes.

Sin embargo, la trama policial que dio por esclarecido el asesinato de Vera se enredó. Los señalamientos contundentes, proferidos por el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe de Managua, se tambalearon a la luz de los hechos. Leiva García se encontraba en coma en el hospital Salud Integral desde el 31 de mayo por una herida de bala que le ocasionaron tres días antes cuando participaba en las manifestaciones. Según la explicación de su padre, Ezequiel Leiva, quien salió en defensa del honor de este mostrando una constancia del centro médico, era imposible que el joven hubiese atacado al estadounidense. Los tiempos no cuadraban.

El 17 de septiembre Leiva García murió, y el titular de las noticias reportó el fallecimiento de uno de los acusados por el caso. La muerte sería también el destino de Molina Tiffer, el otro señalado por las autoridades y quien sería encontrado sin vida por agentes, en un ataúd, un mes después de la versión policial al requisar un camión. Según la Policía, este fue víctima de un enfrentamiento entre los miembros de una barricada levantada en la zona central del país. El vocero policial, comisionado César Cuadra, dijo que el fallecido fue víctima de «grupos delincuenciales» que se dispararon mientras estaban ebrios.

El caso del estadounidense, que tuvo amplia resonancia a nivel nacional, dejó la sensación de que había sido un montaje, lo que se suma a los cuestionamientos realizados por organismos de derechos humanos a la Policía de Nicaragua, entre los cuales se encuentran asesinatos a ciudadanos, detenciones arbitrarias de líderes estudiantiles, campesinos y opositores en general al gobierno de Daniel Ortega.

En septiembre pasado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, recordó en un informe que se documentaron violaciones a DDHH cometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018, «tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención».

Una investigación de Onda Local en alianza con CONNECTAS recopiló siete testimonios de víctimas que fueron inculpadas públicamente por la Policía, pero además levantó una base de datos de las notas de prensa oficiales en las cuales la institución los señaló por la comisión de delitos, lo que sirvió de base para que posteriormente fueran acusados por la Fiscalía y sentenciados por jueces simpatizantes del partido de gobierno.

Para la socióloga Elvira Cuadra, investigadora nicaragüense en temas de seguridad, la actuación de la Policía Nacional no corresponde con los parámetros de un cuerpo profesional, sino «a un aparato armado que responde a intereses específicos del grupo Ortega-Murillo», refiriéndose al gobernante y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La especialista ha criticado la involución institucional de la Policía desde el ascenso de Ortega al poder al recordar que, aunque fue fundada en los años de la revolución sandinista, después de 1990 inició un proceso de fortalecimiento institucional pasando de ser «sandinista» a «nacional». Luego todo cambió y se politizó.

«La Policía venía en un proceso de deterioro institucional en relación a su actuación, observancia y protección de los derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas). Lo que sucedió después de esa fecha fue que se agudizó profundamente. El papel de la institución se ha distorsionado», afirmó Cuadra.

Régimen. El presidente Daniel Ortega junto a la entonces jefa policial de Nicaragua, la primera comisionada Aminta Granera, hoy retirada, y a su sucesor, Francisco Díaz Madriz, consuegro del mandatario.

La institución policial es presidida por el propio Ortega, dado que el Presidente es el jefe supremo de la institución según la Constitución nicaragüense. La dirección está en manos del primer comisionado Francisco Díaz Madriz desde agosto de 2018, cuando el mandatario lo ascendió obviando las críticas de que se trataba de su consuegro y que fue sancionado por la comunidad internacional tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El subdirector general es el comisionado general Ramón Avellán, quien es cuestionado por la comisión de crímenes a manos de agentes policiales en el departamento de Masaya, al oriente del país centroamericano, donde dirigió personalmente la represión y se identificó públicamente con el gobierno.

El abogado Julio Montenegro, integrante de la Organización Defensores del Pueblo, un equipo legal que brinda acompañamiento a los reos políticos en Nicaragua, manifestó que la actuación de las autoridades policiales «ha sido prácticamente contrario a un debido proceso», ya que las detenciones han ocurrido de forma ilegal sin orden de captura, allanamiento y fuera de los tiempos establecidos en el Código Penal como ocurrió con Bryan Murillo, de 24 años.

Agentes policiales asesinaron a Murillo a las 5:20 de la mañana el 17 de julio de 2019 en León, al occidente de Nicaragua. La Policía alegó que un oficial disparó en defensa propia cuando el joven y otros dos los atacaron con machetes, lesionando al teniente Álvaro José Pichardo Salazar. Las autoridades calificaron a las víctimas de ‘delincuentes’ y ‘prófugos de alta peligrosidad’, pero sus familiares presentaron «certificados de conducta» de la institución, evidenciando que no tenían antecedentes criminales hasta un año antes del suceso.

Karen López, familiar de la víctima, sostuvo a la radio local Darío tras el crimen que ella vio cuando dos oficiales salieron de la casa. «Uno hizo una llamada y dijo ‘manden refuerzos que la encabé (cometí un error)’». La historia provocó inconformidad entre los ciudadanos que acompañaron el féretro hasta su última morada, protestando contra lo que consideraron un abuso de poder.

A Gennsy Efrén Mairena, originario de Matagalpa, lo capturaron fuerzas paraestatales, pero fue presentado públicamente por la Policía el 17 de octubre de 2018, acusado de los delitos de secuestro, tortura, lesiones, amenazas de muerte y portación ilegal de armas de fuego. Lo excarcelaron el 27 de febrero pasado y asegura que no usa armas. Para él, todas las acusaciones en su contra son falsas. Dice que su delito fue «protestar».

«Me dijeron que tenían una orden de captura, pero nunca me la mostraron. Me acusaron por una docena de delitos. Es ilógico que por salir a protestar sea acusado por delitos que nunca cometí. Lo que dice el comandante (Ortega), lo que él ordena, ellos lo hacen», añadió Mairena refiriéndose a las autoridades judiciales.

“La Policía venía en un proceso de deterioro institucional en relación a su actuación, observancia y protección de los derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas). Lo que sucedió después de esa fecha fue que se agudizó profundamente. El papel de la institución se ha distorsionado”, Elvira Cuadra, socióloga e investigadora nicaragüense en temas de seguridad.

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POLICÍA JUZGÓ A OPOSITORES ANTE MEDIOS

Según la base de datos construida para esta investigación periodística por Onda Local en alianza con CONNECTAS y basada en las notas de prensa oficiales, al menos 251 personas de 1,900 detenidos entre mayo de 2018 y julio de 2019 fueron apresados por su participación directa en las protestas. Fueron remitidos de 10 de 15 departamentos del país centroamericano: Masaya, Managua, Carazo, Rivas, León, Chinandega, Chontales, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. También detuvieron en la Región Autónoma del Caribe Norte que tiene una categoría diferente a la departamental según la división administrativa del país.

A estos detenidos las autoridades los exhibieron públicamente como «terroristas», «delincuentes golpistas» y «cabecillas de tranques (barricadas)»; descalificativos que luego los acusadores (Fiscalía) usó en los procesos judiciales contra estos opositores.

Al menos 54 de los 251 manifestantes procesados lo fueron también por otros delitos comunes, como robo con intimidación (18), robos (13), abastecimiento de droga (4), tenencia ilegal de armas de fuego (4), transporte ilegal de explosivos (1), asesinato (11), alteración al orden público (1) y saqueo e incendio (2). El dato que resulta más destacable, sin embargo, es que, mientras las acusaciones oficiales a los opositores fueron de manera masiva por terrorismo, el mismo anuario de la Policía reconoció que reportaron 56 denuncias por ese delito y una por financiamiento al mismo en 2018, el año de la crisis. Según este mismo anuario, resolvieron 32. Si se revisan las estadísticas de 2017, en esa ocasión ni siquiera se reportó un caso de terrorismo.

Parte del marco legal para las operaciones policiales la aprobó el partido gobernante tres meses después de iniciadas las protestas del año pasado, es decir en julio de 2018. Se trata de una ley contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Para las autoridades, los opositores fueron acusados bajo la definición del Código Penal, sin embargo Amnistía Internacional consideró que la legislación pudo utilizarse «como herramienta para un uso indebido del derecho penal». La aprobación de la nueva ley coincide con el mes cuando los capturados fueron señalados como terroristas por el Estado.

«La calificación del término ‘terrorista’ por órganos del Estado, contra personas que no cuentan con una sentencia condenatoria firme, significa una afrenta a la honra, dignidad y reputación de la persona de acuerdo al artículo 11 de la Convención Americana», expresó el organismo en el informe «Sembrando el terror, de la letalidad a la persecución en Nicaragua», publicado en 2018.

Libertad. La madre del preso político Edward Lacayo, Estela Rodríguez, con una pancarta pidiendo la libertad de su hijo meses atrás.

Para Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, radicado en Costa Rica por amenazas del Estado, «al ponerle la etiqueta de delincuente a una persona se convirtió en una sentencia de muerte. Estigmatizaron a las personas masivamente como si ser delincuente, equivale a la pérdida de derechos», dijo para esta investigación publicada en el espacio para hablar sobre el país centroamericano en CONNECTAS.

Carrión fue víctima de una campaña de persecución estatal. El oficialismo señaló al jurista de encubrir a los asesinos de una familia que fue calcinada en junio de 2018. Según los testigos del caso, algunos de ellos sobrevivientes con los cuales él conversó, los autores del crimen eran parapolicías que actuaron protegidos por los agentes.

A pesar de esos cuestionamientos a la institución, el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, acusó de encubrimiento a Carrión, quien fungió como director jurídico del CENIDH hasta su salida del país centroamericano. El jefe policial declaró primero contra la jefa de éste. «Vilma Núñez (presidenta del organismo), mantuvo oculto a los sobrevivientes (en el caso del crimen de la familia calcinada) en contra de su voluntad, instigándolos a acusar al Gobierno y a la Policía Nacional, prometiéndoles tramitar visa estadounidense y costarricense, ofreciéndoles pagar sus costos de estadía en cualquiera de estos dos países», afirmó Pérez Olivas.

Según Carrión, la campaña de estigmatización contra los opositores se sostiene en la impunidad con la que el partido de gobierno protege a cualquier simpatizante sandinista.

Las declaraciones de Pérez Olivas concordaron, sin embargo, con el discurso institucional que respaldó al gobierno en su visión de que fueron víctimas de un golpe de Estado, tal como dijo el primer comisionado Francisco Díaz cuando asumió el mando nacional el 10 de septiembre de 2018.

Díaz lamentó entonces la muerte de 22 oficiales durante las protestas del año pasado, la destrucción de propiedades del Estado, mientras sostuvo que jamás atacaron a nadie, porque hicieron «uso legítimo de la fuerza» para garantizar la vida, integridad física y bienes de las personas, familias y comunidades.

«A partir del 19 de abril (de 2018), grupos terroristas intentaron un golpe de Estado, destruyendo la paz que durante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos, abominables», acusó Díaz, que reconoció 198 fallecidos en el contexto de las protestas, mientras dijo que 900 policías resultaron además lesionados.

La opinión del jefe policial contrasta con los testimonios dados por víctimas de la represión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que señalaron a la Policía, grupos de choque (pandillas) y parapolicías como los autores de los ataques a la población.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, que lleva un registro de las denuncias contra estas estructuras represivas, aseguró que hubo resistencia interna a las órdenes de la jefatura. Al menos veinte policías se negaron a atacar a la población, renunciaron y se acercaron a denunciarlo al organismo. «A los que la institución (Policía) logró atrapar, los injurió mediáticamente», afirmó Pablo Cuevas, asesor legal del organismo.

Parapolicías. Un grupo de parapolicías, aliados del partido de gobierno en Nicaragua, operando meses atrás en un barrio de Managua, capital del país centroamericano.

Cuevas relata que en junio de 2019 conoció el caso del teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa, un oficial antinarcóticos de la ciudad de León, quien fue capturado al intentar desertar. Pensaba huir por Honduras, pero lo detuvieron antes. Lo acusaron por tráfico de drogas y lo condenaron el jueves, 31 de octubre de 2019. El testimonio es revelador, porque permite entender cómo funcionarios del Estado, incluidos policías, realizaban labores de vigilancia política a la población.

«Desde su unidad en León los organizan en unidades de 10 y de 20 personas que realizan patrullajes; que estas unidades operativas están integradas por trabajadores del Estado (Poder judicial; Enacal-aguadora, etc.) y que son dirigidos por un oficial de inteligencia y antinarcóticos. Existe un rol por entidad: la misión es desplazarse por toda la ciudad y reportar a un mando cualquier sospecha de reunión no autorizada o formación de grupos sospechosos de alguna vinculación o actividad política adversa al gobierno», explicó Cuevas en su informe elaborado el 21 de octubre pasado.

El asesor legal de la CPDH ha denunciado en otras ocasiones la falta de independencia del sistema de justicia. En los expedientes judiciales de los opositores en general, se puede leer que los delitos por los cuales los acusan son «crimen organizado, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asesinato, robo, lesiones, violaciones, incendio, secuestro» y una figura local denominada ‘entorpecimiento de servicios públicos’ por el levantamiento de barricadas en los barrios en protesta contra el gobierno.

De acuerdo con la investigación realizada por Onda Local en alianza con CONNECTAS, a partir de enero de 2019, la Policía empezó a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos políticos. Una de esas historias es la del preso político de Masaya, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tráfico de drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor, le fabricaron el delito. «Ese vicio se venía arrastrado, se cultivaba la prueba (se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamos hablando que la fabricación de pruebas es mucho más drástica», precisó.

Montenegro explica que en estos procesos la mayoría de testigos suelen ser policías. Lacayo es también propietario de un pequeño negocio de muebles que heredó de sus padres, no tiene capitales y sus deudas alcanzan los 8.900 dólares. Existen videos y fotos en las protestas, pero toda esa prueba «me la eliminaron porque no estaba acorde con la teoría acusatoria» y se basaron en que las autoridades mostraron seis tacos de droga que el procesado «no llevaba» al momento de acusarlo, según él.

Estos juicios denunciados como irregulares, se explican por el control que ejerce el partido de gobierno en el sistema de justicia, el que ha sido reconocido por miembros del círculo cercano a Ortega. Cuando el ex magistrado Rafael Solís, padrino de bodas de la pareja presidencial, renunció en enero de este año se exilió en Costa Rica después de denunciar un «estado de terror» y una serie de juicios políticos que deben ser anulados. Según su criterio, las decisiones fueron tomadas en El Carmen, una alusión local que refiere a la residencia de Ortega por el nombre del reparto donde está ubicada.

De acuerdo con la investigación realizada por Onda Local en alianza con CONNECTAS, a partir de enero de 2019, la Policía empezó a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos políticos. Una de esas historias es la del preso político de Masaya, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tráfico de drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor, le fabricaron el delito. “Ese vicio se venía arrastrado, se cultivaba la prueba (se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamos hablando que la fabricación de pruebas es mucho más drástica”, precisó.

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Así se encarcelaron a 777 presos políticos, según el Comité Pro Liberación de Presos políticos, formado por los familiares de las víctimas, un número que triplica a la cantidad de capturas reportadas por la Policía según la investigación realizada por Onda Local.

La influencia del ejecutivo nicaragüense en la justicia quedó en evidencia cuando el gobierno usó dos fórmulas legales para proceder a la liberación de 492 reos políticos después que fue presionado por la comunidad internacional que advirtió la posibilidad de sanciones si no los dejaban libres. Así las cosas, 386 salieron bajo el régimen de convivencia familiar (casa por cárcel) y 106 a través de una ley de amnistía aprobada por el partido gobernante.

Sin embargo, hay un debate público sobre la cantidad de reos que aún permanecen encarcelados que sería 285 si se toma como cierta la estadística inicial del Comité. En octubre pasado, el diario digital Confidencial contabilizó 139, incluidos nueve que fueron recapturados desde las excarcelaciones iniciadas en febrero pasado. Se desconoce con exactitud cuántos podrían estar desaparecidos o fueron excarcelados pero no se informó públicamente.

La situación de Nicaragua sigue manteniendo en alerta a los organismos de derechos humanos. En un comunicado divulgado el tres de noviembre de 2019, Erika Guevara Rosas, directora para América Latina de Amnistía Internacional, afirmó que la comunidad internacional debe tener claro que la crisis persiste y las autoridades no han mostrado ninguna voluntad de garantizar derechos. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo en su cuenta de Twitter que en «Nicaragua cada día hay más represión y es selectiva».

El ejecutivo no ha investigado ninguna denuncia, mientras los diarios locales reportan que la represión policial continúa con el asedio a casas de excarcelados y a opositores en iglesias. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Organización de Estados Americanos para desentrañar lo ocurrido entre el 18 de abril y 30 de mayo de 2018, denunció en diciembre de ese año la comisión de crímenes de lesa humanidad e instaron a una depuración de la Policía de Nicaragua. La investigación debería incluir un análisis sobre el papel del Presidente y la cúpula policial en la represión para considerarse seria, según los expertos de la OEA, que destacaron la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia por su parcialidad al poder político.

Diomedes Reyes, de 22 años y originario de la localidad de Quilalí, al norte en Nueva Segovia, era muy activo en las manifestaciones opositoras y su madre, Mélida Hernández Centeno, dijo a la prensa local que él no es un delincuente. Parapolicías y oficiales lo capturaron el 27 de mayo de 2019. Lo señalaron por portación ilegal de armas de fuego. Días antes se encontraba exiliado en Costa Rica cuando el gobernante anunció su «plan de retorno seguro y asistido» dirigido a quienes «huyeron» del país. Él decidió volver.

La acusación oficial señala que lo atraparon en un retén policial cuando viajaba en una motocicleta. Portaba supuestamente de manera ilegal una Colt calibre 45. Le fue decomisada y lo condenaron en el juzgado único de su localidad. La prensa local narra que su tío José Reyes Moreno contradijo la versión policial sobre la detención del joven. Al procesado lo sacaron a «golpes y patadas» de su hogar, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron con rumbo desconocido. No era cierto lo del retén.

Violencia. El cuerpo del estadounidense Sixto Vera quedó tirado en los alrededores del reparto Rubenia, en Managua.

*Este trabajo fue realizado por Onda Local en alianza con CONNECTAS, en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

«Un artista no solo es alguien preocupado por la estética»

¿Cómo inició haciendo videomapping?

En el arte, los distintos lenguajes son una escalera hacia la ciencia, y la fotografía me llevó a la óptica y de la óptica pasé a la proyección multimedia, y mi curiosidad se despertó en Honduras cuando vi por primera vez la técnica ejercida por los precursores Romain Tardy y Joanie Lamercier, del grupo Anti Vj.

¿Qué es lo más difícil de ser artista en El Salvador?

El respeto. Un artista no solo es alguien preocupado por la estética, es alguien que se preocupa por mejorar su entorno, ningún artista hace obra para él, siempre es para los demás, y tarde o temprano esas obras se dan a conocer, aunque en el momento se piense que se hace para uno.

¿Hay alguien en quien se haya inspirado para su profesión?

No diré ningún clásico, es un contemporáneo y su nombre es Laszlo Zsolt Bordos, uno de los precursores del videomapping a nivel mundial y fundador de la empresa Húngara BORDOS Artworks.

¿Qué es lo más ilícito que ha hecho?

No lo considero ilícito, pero sin duda, proyectar la imagen de Monseñor Romero sobre la fachada de la Torre Telefónica o reconstruir el mural de Fernando Llort frente a Catedral han dejado sobre mí una sensación de subversión interesante.

¿Cómo imaginaba que iba a ser su vida?

Nunca imaginé nada, así que todo me es sorpresa y regalo, y el mayor de ellos mi esposa y mis hijos.

¿Su director de cine favorito?

Por mucho, el documentalista Werner Herzog, su lenguaje visual es en esencia cine.

¿Cuál es su miedo más grande?

Que no me alcance esta vida.

CIUDADANÍA FANTASMAL (24)

DOBLE SEÑAL

Los primeros en llegar fueron los guardianes de la zona, con sus aperos de seguridad. El lugar tenía las características de un campo para distracción dominical.

Minutos después comenzaron a arribar los visitantes, y se fueron instalando en los espacios y en los rincones escogidos. Era lo que ocurría siempre.

Todo se desenvolvía sin novedad hasta que aquel jovencito apareció en su motocicleta como un bólido entusiasta. Los presentes reaccionaron con estupor.

–¿Quién es usted, joven? –le preguntó con imperio uno de los mayores.

–Soy un enviado de las potencias superiores para supervisar el ánimo de los próximos enfermos…

Todos reaccionaron con intensidad colérica:

–¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Salga, intruso! ¡Si no, lo sacamos a golpes!

Y cuando él partió en su moto explosiva, los presentes cayeron al suelo inertes.

SOÑAR SIN FILTRO

Se conocieron en una discoteca de las que estaban abriéndose, en la que el colorido sonoro le daba al ambiente una originalidad casi alucinante. Él era eufórico y ella era reservada, y quizás por eso hicieron clic, porque los contrarios se atraen.

Aquella misma noche salieron juntos hacia un destino compartido, y a su paso se iban cerrando puertas y ventanas. El silencio era entonces el mejor testigo.

A la mañana siguiente, salieron del lugar cada quien por su lado. Las sonrisas respectivas tenían el mismo color vibrante que imperaba en el lugar donde se conocieran. Y todo hacía creer que en unas horas volverían a encontrarse.

Pero eso no sucedió, al menos a los ojos ajenos. Tanto él como ella continuaron en lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Imaginémoslo, porque no hay forma de saberlo. Hasta aquella tarde en el parquecito del centro de la ciudad.

–¿Qué has hecho? –le pregunto él, mirándola a los ojos con humedad insinuante.

–Soñar sin filtro en mi pequeño mundo privado –respondió ella, sonriendo.

–¡Yo he hecho lo mismo a mi manera, y por eso estoy aquí! Vámonos para siempre…

AMALIA BAILA MAMBO

La camioneta que venía del Norte se detuvo en el parqueo de La Garita, y todos los viajeros fueron saliendo hacia sus respectivos destinos. Faltaba poco para el mediodía, y él, que era un niño a punto de ser adolescente, tomó camino por la Calle 5 de Noviembre, a toda prisa. Tenía que llegar a la hora.

Arribó a su casa en el número 220 de la 23ª. Calle Oriente, a tiempo para un par de bocados antes de salir hacia la función de las 2:45 p.m. en el Teatro Principal, allá al inicio de la Calle de Mejicanos, en el mero centro capitalino.

Era la hora en que abría la taquilla. Él subió los gruesos escalones y se colocó entre los pilares frondosos a la espera de que se pudieran comprar las entradas.

Sentado en su silla de madera esperaba el inicio de la función. Y todo se llenó de pronto de aquel ritmo que tenía nombre propio: Dámaso Pérez Prado. Un cubano de mínima estatura vestido siempre de traje formal, que ese día traía a alguien de la mano. Ella, la rumbera sonriente, Amalia Aguilar.

Pero alguien se interpuso como una fuerza irresistible: Adalberto Martínez “Resortes”, el coprotagonista alámbrico. Era “Al Son del Mambo”, y Amalia volaba alrededor…

DESENLACE CON ENLACE

Desde que tuvo noticia, externa o interna, de que sobre todas las estructuras corporales hay un aura que nunca deja de estar presente, sus reacciones personales se pusieron en guardia y cuantos se hallaban a su alrededor empezaron a sentir que él se iba convirtiendo en un ser indescifrable en muchos sentidos. Eso lo fue encerrando en una especie de cápsula de colores cambiantes.

Ahí apareció Romina, que nunca le había puesto resistencia al desafío de los

sentimientos. Se le acercó, lo envolvió y él parecía un animalito asustado que no tenía escape. Y eso hizo que aquella relación pareciera perfecta a los ojos de todos.

Hasta que la presunta perfección comenzó a languidecer, para luego desvanecerse.

–No me esperes, que no voy a volver.

–¿Esta tarde?

–No, nunca.

quien salió por su lado. Sin retorno, hasta el próximo encuentro en algún destino nuevo.

AZOTEA DESTINADA

Le costó mucho decidirse porque sus condiciones personales y económicas no eran ni nunca habían sido bonancibles, pero al fin, y sin que mostrara signos de ello de antemano, optó por irse a vivir solo por primera vez en un edificio antiguo del centro de la ciudad, que recién había sido rehabilitado para vivienda luego de largo tiempo de permanecer en el abandono.

Todo el tiempo estuvo conviviendo con su familia de origen, en aquella casa donde había corredores y jardín, y que se hallaba en el centro de la colonia tradicional que estaba viniendo a menos. Ahora, ya graduado y con empleo prometedor, iba en busca de su propio espacio, para ver luego si lo compartía.

Escogió el piso más alto, con azotea hacia el volcán y sus alrededores. Y en cuanto se instaló tuvo una sensación de plenitud desconocida.

Casi de inmediato recibió un mensaje por WhattsApp: “¿Ya estás ahí, verdad? ¿Te gusta el sitio que escogí para nosotros? ¡Llego cuanto antes!” Sorpresa total. ¿Qué era aquello? ¿Una broma cibernética? Y el WhattApp volvió a encenderse: “¿Broma? ¿Cómo crees? Soy la mujer de tus sueños no soñados y estoy ahora mismo desembarcando en tu azotea… ¿Me reconoces?”

EL LUCERO MÁS PRÓXIMO

Acababan de embarcar y la sensación del mar abierto se les iba acercando a todos los sentidos como un velo de emoción envolvente. Su camarote tenía terraza, y desde ella podían asomarse al vaivén que estaba iniciándose.

–Vamos a estar aquí todo el tiempo que nos sea posible. Este es un viaje íntimo.

Era la voz de él, que empalmaba a la perfección con la sonrisa de ella. El barco despegó. La tierra fue lentamente quedando atrás, y el horizonte de la tarde avanzada se les iba acercando. Era notorio que la noche se hallaba muy cerca, y ellos estaban ahí para recibirla con todos sus honores emotivos. Sin palabras.

Alguien llamó a la puerta. De seguro el asistente asignado. No respondieron. El avance sobre las aguas era sereno hasta el fondo. Sí, hasta el fondo de sus ánimas. Y de repente algo les hizo reaccionar como si estuvieran en un templo ideal.

–¡Ahí, ahí, ahí está, vamos a su encuentro!

Se pusieron de pie, se subieron al barandal y extendieron los brazos, en unión exacta. ¿Iban a hundirse en las aguas o iban a volar? El lucero más próximo les hacía señales. Y ellos se quedaron en suspenso, extasiados.

Una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Juan Sebastián Chamorro es el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo opositor a Daniel Ortega y Rosario Murillo que está conformado por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Además, fue el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fungió como viceministro de Hacienda en el periodo del expresidente Enrique Bolaños Geyer.

A finales de octubre, Chamorro estuvo en El Salvador y conversó con esta revista sobre las perspectivas de la consolidación de un oposición que pueda vencer al régimen orteguista en las próximas elecciones. Para él, estas futuras elecciones tendrían características de un plebiscito, pues será una consulta ciudadana para saber si los nicaragüenses quieren estar en democracia o seguir con una dictadura que ha dejado muertos, exiliados y cierre de medios de comunicación.

Para esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaría un informe elaborado por una comisión especial encargada de documentar lo ocurrido en este país centroamericano, sin embargo, este informe tuvo un atraso.

Con los recientes despliegues militares, los chilenos dicen que han vuelto al tiempo de la dictadura. En Nicaragua ustedes viven la misma situación desde abril del año pasado. ¿En qué focaliza usted el declive de las democracias en América Latina?

En el desconecte que hay entre gobernantes y gobernados. Creo que las lecciones que nos han dado, primero, los procesos electorales en América Latina, han sido hacia un cambio. Si notamos las tendencias de los resultados en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia, en todas ellas se vio un proceso electoral donde la población rechazó al gobernante y va por un cambio. Eso creo que tiene una implicancia importante y también se nota un interés de desprenderse de los extremos.Menciono, por ejemplo, el caso de este joven que fue electo alcalde de Medellín (Daniel Quinteros) en el pleno centro uribista, viene de una clase trabajadora, pero esforzado. Estudió, llegó a la Kennedy (Harvard Kennedy School of Government, EE.UU.), tiene un máster en negocio, educado, fue viceministro. Muestra de que es posible, en las sociedades latinoamericanas, tener ascenso socioeconómico, social y tener capacidad de llegar a cargos públicos.

A lo que está pasando en los países latinoamericanos, yo le llamaría, más que ser una lucha ideológica entre izquierdas y derecha, una lucha por la reivindicación de los gobernados, de exigirle a la clase política que atienda las necesidades de la población. El caso chileno es un caso emblemático también, aunque ahí no hay proceso electoral, pero hay un proceso de protesta. En ese proceso de protesta se nota la ausencia en el liderazgo de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, se parece mucho al movimiento auto convocado en Nicaragua, donde no hay en la vanguardia un partido político, sino que está un movimiento juvenil. En el caso de Nicaragua, fueron los jóvenes los que se revelaron y lo hicieron de una manera muy similar al caso chileno. Sin embargo, yo creo que el caso chileno no es una protesta en contra o para cambiar el sistema de libre mercado que predomina en Chile, sino es para perfeccionarlo, para mejorarlo, pero la respuesta de Piñera fue muy atinada, de pedir disculpas, perdón, como clase política gobernante, por la falta de visión de la clase política chilena y ese paquete de políticas sociales, creo que viene a iniciar, ojalá, un proceso de atención en lo que el modelo se ha quedado un poco corto, que es una política social más incluyente y que llene las aspiraciones de la juventud.

En este momento clave para la región, ¿qué papel deben asumir los jóvenes en cambiar la forma de hacer política?

Esta rebelión de abril de 2018 comienza, precisamente, con una rebelión de estudiantes y de juventud que se lanza a las calles por la incapacidad de Ortega de resolver las aspiraciones, las necesidades de la juventud, que luego se traduce en un movimiento social mucho más amplio, que incluye, no solamente los estudiantes, sino que también incluye población en general, campesinos, que venían con una lucha anti proyecto canal interoceánico desde hace varios años, y empieza a formarse este descontento. Se realiza la rebelión de abril, se llama a un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal. Nos llaman a esta mesa de negociación, sin existir la Alianza Cívica, y fue precisamente la mesa de la negociación la que nos provoca o la que genera esta Alianza Cívica que ahora ya tiene más de 17 meses de formación.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se caracteriza por tener una participación fuerte de cinco movimientos juveniles, estudiantiles, principalmente, pero también está el movimiento campesino, está la intelectualidad, hay representantes de la costa Caribe, hay representantes de los sindicatos y hay representantes del sector privado. Esa es una alianza bien inusual en estas luchas sociales, y es inusual, porque las condiciones de represión y de dictadura que existe en Nicaragua son inusuales. La dictadura en de Ortega es, probablemente la dictadura, no solamente que ha amasado más poder en Nicaragua, que es un país de dictaduras, hemos tenido más de 10 dictaduras en 200 años, es brutal, una dictadura con una represión muy por encima de lo que otras dictaduras han hecho, hay más de 328 muertos por el uso letal de las armas.

Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales.

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A inicios de octubre, con otros opositores orteguistas, usted estuvo en San Salvador reunido con la comisión de alto nivel de la OEA para contarle todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Para noviembre esta comisión debe presentar un informe de esto. ¿Qué espera la oposición de este informe cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro ha dicho que «Ortega gobierna Nicaragua, pero Maduro reprime Venezuela»?

Ortega reprime en Nicaragua, Ortega es una dictadura. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, en Nicaragua hay una dictadura represiva. Eso a todas luces está demostrado. De hecho, si uno ve en la cantidad de asesinados que existió en Nicaragua, en términos absolutos y relativos, es mayor a la de Venezuela. El reporte de la Comisión de Alto Nivel será el 13 de noviembre, que se cumplen los 75 días de mandado que se le dio a la Comisión. Nosotros esperamos que en esta Comisión de Alto Nivel, que ya es la segunda instancia que la OEA ha puesto a trabajar -la primera fue el grupo de 12 países, el grupo de trabajo, que fue formado en agosto de 2018-. El grupo de la comisión especial se formó a partir de la Asamblea General de Medellín, que fue en julio de este año, y ahí mandata a escribir este reporte.

Nosotros creemos que ya aquí se están agotando los canales y las vías de la OEA. Está, por un lado, la posibilidad de la aplicación del artículo 21 (De la Carta Democrática Interamericana), que es la suspensión de Nicaragua, pero también existen otras alternativas. Veremos qué dice la comisión, qué recomienda la comisión de la OEA. En este momento es muy prematuro adelantarse a lo que pueda decir, pero sí podemos hablar desde el punto de vista nuestro. Como Alianza Cívica hemos impulsado mucho la idea, y espero que la comisión especial lo retome, de la importancia que tiene las reformas electorales. En Nicaragua existe un sistema electoral totalmente corrupto. Existe un desprestigio total a la institución electoral, a diferencia de muchos países americanos. En la mayoría de los países latinoamericanos no se duda si se roban o no se roban los votos, o hay fraudes electorales; en el caso de Nicaragua, no se discute si hay fraude o no, eso está clarísimo. Nadie defiende, ni siquiera los sandinistas mismos, defienden la integridad del Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a encuestas que se han hecho durante años. Está comprobada la comisión delitos electorales y de fraudes electorales.

A nosotros nos interesa muchísimo el adelanto de las elecciones e impulsar un plan de reformas electorales que le traigan y lo devuelvan al ciudadano nicaragüense la confianza en el sistema electoral, que actualmente no la tiene.

¿Desde la oposición ya inició este plan de reformas electorales?

Sí, estos planes de reforma, en realidad, tienen varios años de estarse gestando. Comenzaron haciéndolos los partidos políticos, que son los más conocedores de los procesos. La Alianza, una organización joven, ha retomado cada uno de los planteamientos y en este momento estamos en un proceso de homologar todas las propuestas y hay bastante congruencia en lo que se debe hacer como reformas electorales.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha hablado también de la constitución de una coalición para poder ganar las elecciones a Ortega. ¿Cómo se está consolidando esta coalición?

La Alianza Cívica ha sido una organización clave en este proceso, opositora a Ortega. Siempre hemos planteado la necesidad de resolver este problema vía elecciones. Al cerrar las puertas de la mesa de la negociación, en julio de este año, cuando el gobierno no llegó a la convocatoria que nos hiciera la Asamblea General de la OEA, al llamarnos a ambas partes del conflicto y sentarnos, estamos planteando, replanteando, qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión estratégica de trabajar en la formación de esta coalición.

Esta coalición tiene que ser lo más amplia posible, tiene que ser sin distingos de ninguna índole, porque, precisamente, la represión que se dio en Nicaragua fue una represión contra personas que tenían distintas característica ideológicas, no fue un ataque a uno en particular, sino que fue generalizada. Lo que tenemos ahí es una situación de que esta elección debe de tener unas características de orden más plebiscitaria. Se debe parecer más a un plebiscito, decir no más dictadura y un cambio hacia la democracia. No va a tener, creemos nosotros, un tinto de debate ideológico, sino va a ser democracia versus dictadura. En ese sentido creemos nosotros que es muy factible conseguir una unidad, una unión entre todas las distintas organizaciones políticas, porque el objetivo es precisamente estar unificado.

La economía nicaragüense, según las últimas proyecciones del Banco Mundial, decreció -5 % en 2019. El año pasado, cuando se dio la crisis, el decrecimiento fue del -3.8 %. ¿Qué postura está asumiendo el sector empresarial ante el régimen Ortega-Murillo?

Es una postura de la necesidad de resolver el problema a través del diálogo político. La caída económica, que ha sido la peor crisis que ha estancado a Nicaragua en las últimas décadas, no se resuelve con políticas económicas, se resuelve precisamente con un diálogo político adecuado, honesto, que trate de resolver los problemas políticos, que son el origen de la crisis actual. No es a través de medidas económicas, como está pretendiendo el gobierno, que se va a solucionar el problema, hay un problema político. Hay más de 70 mil exiliados, algunos de ellos han venido acá, a El Salvador; hay más de, como mencionaba, 328 asesinados registrados. Se registraron más de 700 presos políticos, hay violación a todos los derechos individuales. De hecho, el gobierno firmó un acuerdo, el 28 de marzo, en el cual aceptaba que se estaban violando derechos a la manifestación, a la reunión, derecho a portar la bandera nacional, incluso, y esos derechos, el gobierno firmó que los iba a restituir, y hasta el día de hoy no han sido restituidos.

Todavía hay medios de comunicación cerrados, como el caso de 100 % Noticias y todavía hay periodistas como Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, que está transmitiendo desde el exilio. Entonces no es cierto que las condiciones estén dadas, que estén normales, como ellos lo están planteando.

¿Puede la oposición y la comunidad internacional obligar a Ortega a celebrar elecciones presidenciales y que los resultados signifiquen la recuperación de la democracia en Nicaragua?

Ortega está obligado a hacerlo, por Constitución. Él es un dictador, pero si no llama a elecciones, estaría todavía violentando más. Él ha dicho que, incluso, está de acuerdo con reformas electorales, como lo estamos nosotros, solo que tiene que ser unas reformas electorales producto de un diálogo, y no de medidas unilaterales, porque solo va a ser cambio cosmético que le van a beneficiar a él. Hay temas fundamentales que se tienen que hablar, como la reelección presidencial, que ha sido problema histórico en Nicaragua, que ha fomentado el caudillismo. Yo estoy convencido que una vez lograda la unión de las fuerzas opositoras, se puede fácilmente vencer a Ortega, que nunca ha llegado arriba del 38 % en ninguna elección. En las elecciones donde ganó el doctor Alemán (José Arnoldo Alemán) y el ingeniero Bolaños (Enrique José Bolaños), el voto del sandinismo no llegó al 35 %. Y en el caso de cuando ganó, fue porque el voto liberal se partió en dos partes iguales y él obtuvo el 38 %, más un cambio constitucional que hizo, eso le permitió subir a la presidencia, pero nosotros creemos que después de todo lo pasado, Ortega ha perdido muchos seguidores, porque precisamente mucha de la represión ha sido en contra de los sandinistas mismos. Entonces, creo que si aquí se permiten condiciones electorales adecuadas, condiciones para poder hacer una elección justa, transparentes, y por eso es importante la observación electoral, Ortega no tiene chance de ganar.

El 14 de octubre la Unión Europa adoptó una serie de medidas a aplicar contra violaciones de derechos humanos, cometidas por individuos o instituciones, pero entiendo que hasta la fecha, estas medidas no se han ejecutado, pese a que organismos registran, usted lo ha dicho también, la muerte de 328 personas en Nicaragua. ¿Cómo recibió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esta noticia?

Nosotros creemos que es importante que a los violadores de derechos humanos en Nicaragua, que están documentados, que están registrados, y que se sabe con ciencia cierta el involucramiento de fuerzas paramilitares, paraestatales, en el uso letal de la fuerza, estos responsables que, en muchos de los casos, a nivel de jefaturas, están identificados, deben de ser sancionados por la comunidad internacional.

Esto ha comenzado. No solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá. Obviamente la Unión Europea, por ser una entidad multinacional, tiene un proceso un poco distinto y antes de pasar al proceso de sanciones específicas, tiene que aprobar un marco general de sanciones y eso es lo que estamos en este momento. En este momento, la Unión Europea no ha llegado a sancionar a individuos específicos y creemos nosotros que esto ejerce presión.

Las sanciones generales contra el pueblo nicaragüense, creemos que ayudan muy poco, no ayudan para nada a la solución del problema político. No estamos a favor de que la Unión Europea modifique el acuerdo comercial en Nicaragua, por ejemplo. Eso sería, más bien, afectar de manera general. Y aquí lo que se quiere es conseguir qué violadores de derechos humanos sean sancionados.

Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela.

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Encarcelamiento de periodistas, cierre de medios y también castigo a los periódicos críticos al régimen. De seguir así la crisis, ¿cómo se agravarían las amenazas a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua?

La libertad de expresión está en su peor momento en la historia de Nicaragua. Somoza permitía la existencia de medios independientes, sin embargo, los censuraba. Ortega ni siquiera censura, simplemente confisca las propiedades donde están los medios de comunicación, y encarcela. Miguel Mora, Lucía Pineda estuvieron más de 10 meses en cárcel, y tenemos, aproximadamente, 70 periodistas que están actualmente en el exilio. Algunos de ellos acá en El Salvador.

Realmente la situación de derechos humanos, derechos individuales y derechos a la información están en el peor momento en las últimas décadas. Ortega ha cercenado estos derechos de una manera abrupta, a punta de cárcel, confiscación, destierro y asesinato. Porque hay periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, un periodista, incluso, de tendencia sandinista, que fue asesinado en las manifestaciones, mientras cubría un evento en Bluefields.

El régimen todavía no liberta a todos los presos políticos y algunos que ya han sido liberados, al igual que líderes opositores, denuncian el acecho u acoso de las autoridades en sus casos. En los acuerdos logrados entre el gobierno y la alianza, quedaron pendientes acciones a ejecutar por parte del gobierno, entre estas la liberación de todos los presos y la restitución de las libertades públicas. Si esto no se cumple, ¿la oposición se niega a dialogar y esperará unas posibles elecciones?

Juan Sebastián Chamorro
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Alianza Cívica

Esos dos acuerdos no han sido cumplidos a la totalidad. Todavía quedaron presos políticos de las listas conciliadas, en cárcel, lo cual atestigua sobre la falta de interés y respeto al acuerdo firmado. Ese es el primer acuerdo, el de liberación de todos los presos políticos. Y los presos que han sido excarcelados, o sea, estas personas sufren asedio y sufren continuos ataques y persecuciones con motorizados, paramilitares que llegan a sus casos, tomas de fotos, etc. Inclusive, el día de hoy, la Asociación de Madres de Abril está denunciando el acoso a los familiares de los asesinados. Estamos hablando de profanación de tumbas con pintas, diciéndoles que son terroristas, que no pudieron ni podrán. Tenemos fotos de estas cosas. A este nivel de maldad llega esta dictadura, de agarrar a los familiares de los asesinados, y profanar las tumbas de los asesinados.

Y está también al acuerdo del 28 de marzo, precisamente, ese segundo, de restitución de derechos y garantías constitucionales, donde hay 18 puntos que ellos no los han cumplido. El día sábado pasado, precisamente, tuvimos una manifestación donde no se nos permitió marchar en las calles.

Me gustaría cambiar el mundo

Cada vez que escucho la expresión «golpe de estado», recuerdo las incontables ocasiones en que mi padre aparecía a media tarde en casa, con un par de bolsas del supermercado, llenas de provisiones.

Un amigo de la familia, que era coronel, advertía a mi padre que dejara la oficina y volviera a casa cuando se esperaba que hubiera «problemas». Mi padre trabajaba en el pasaje Montalvo, en pleno centro, y salir de ahí en medio de balaceras o manifestaciones era difícil y peligroso.

Eso podía ocurrir durante las elecciones o cuando se hacían públicos los resultados de las mismas, cuando medio país clamaba fraude electoral y los cuarteles estaban en estado de alerta máxima. Yo era una niña y no comprendía muy bien qué pasaba. Tengo recuerdos borrosos de algunos eventos de los 70. Pero lo que no he olvidado, y recuerdo con toda claridad, es el sentimiento que aquello provocaba.

La actitud misteriosa de mi padre. Las preparaciones logísticas para encerrarse en casa un par de días, por si había problemas. La radio encendida para estar enterados de los eventos. Baterías, candelas y gas para los quinqués. Los juegos de mesa para pasar la oscuridad de las noches. La angustia, la sensación de peligro inminente. Mi preocupación de niña al pensar que algo malo pudiera ocurrirle a mi padre en medio de alguna balacera. Los muertos vistos en las calles, desde la ventanilla del carro, cuando íbamos al colegio. La tensión de los días inmediatos. Fingir que todo estaba bien a sabiendas de que no lo estaba. La incertidumbre de lo que iría a pasar y de cómo afectaría eso nuestras vidas. La sensación de tragedia inminente y de que todo se iba a descalabrar. En pocas palabras, el miedo.

En los dos o tres años previos a la guerra, entre 1977 y 1979, esta sensación no solo se convirtió en un estado de ánimo permanente, sino que se agravó con el transcurrir de los eventos, muchos de los cuales solo nos enterábamos por rumores, porque los periódicos no hablaban de ello. Las páginas de eventos sociales seguían llenas con fotos de baby-showers, bodas y fiestas de quinceañeras, con rostros sonrientes y magníficos peinados, como si todo estuviera bien. Nada de qué preocuparse. Nada que nos advirtiera que el país colapsaba a gran velocidad. Con una fuerte censura, cuya violación implicó la muerte para algunos periodistas, la única fuente algo confiable de noticias era el boca a boca.

Poco a poco, el fuego en el cañal ardió. Y el incendio se tornó incontrolable. Comenzó la guerra. Y la vida nunca volvió a ser la misma.

Desde hace varias semanas vengo recordando los años previos a la guerra con demasiada frecuencia, gracias a una serie de noticias, tanto nacionales como internacionales. Me siento de nuevo en los años 70, con una sensación de que todo esto ya fue vivido, ya lo pasamos, ya había sido superado.

Es un viaje al pasado, pero al mismo tiempo no lo es, porque el contexto, las herramientas de la ciudadanía, los personajes y la coyuntura global son diferentes. Aunque hay ingredientes y causas nuevas, en el fondo parece que se sigue luchando y reclamando lo mismo que hace tantos años.

Quizás lo que más me impresiona es algo que en los setenta era impensable. Como ya dije, en aquel entonces vivíamos la realidad de rumor en rumor o por experiencia personal directa. Hoy, la saturación informativa de los diversos medios de comunicación y redes sociales, nos hace no solo dudar de la verdad, sino que, a la vez, deja al descubierto el descaro de muchas personas que no dudan en justificar sus actos o su forma de pensar, claramente atentatorios contra los derechos humanos de quienes no comparten su ideología, creencias o puntos de vista. Algunos le llaman «libertad de expresión», pero la manera en que se plantean las cosas, de forma tan virulenta, lo acercan más a la categoría del fanatismo y de las verdades absolutas, donde quien no está de acuerdo con su opinión resulta linchado en los medios electrónicos. No hay voluntad ni de diálogo ni de intercambio de ideas, sino simple y llanamente de imponer la razón de unos sobre la de otros. Es gente con la cual resulta imposible razonar ni conversar de forma civilizada.

El descaro de la impunidad, de la corrupción, de la violencia (no solo física, sino también mediática), ciertos discursos, ciertas palabras y actitudes, todo me ha hecho recordar esa aprehensión que sentí de niña, ese vivir en un mundo que aparenta estar bien cuando, en el fondo, sabemos que no es así.

Otra diferencia con los setenta, acaso la peor, es la indiferencia colectiva salvadoreña, que parece incapaz de reaccionar ante evidentes injusticias como el fallo en el caso del magistrado Escalante, el asesinato con lujo de tortura de dos mujeres trans, la filtración de información personal a Casa Presidencial o esa dimensión paralela donde fluyen ríos de miles de dólares que se comisionan para impactar en la opinión pública, a favor o en contra de ciertos funcionarios. Todo lo cual es una burla y una bofetada en la cara para quienes intentamos vivir la vida de forma honesta y digna, aunque tengamos que fajarnos con dos o tres trabajos diferentes y a duras penas logremos irla pasando.

Con demasiada frecuencia en estos días recuerdo una canción de 1971 del grupo de rock británico Ten Years After, «I’d love to change the world». «Me gustaría cambiar el mundo, pero no sé qué hacer», dice el estribillo de la canción, compuesta por el líder del grupo, Alvin Lee, para describir el estado de agobio que provocaba la guerra de Vietnam, la desigualdad económica, la sobrepoblación mundial y la contaminación ambiental.

Por desgracia, la canción y su contenido siguen vigentes. Como si estuviéramos viviendo en los años 70. Como si no se hubiera luchado nunca. Como si, a pesar de las lecciones de la historia, no hubiéramos aprendido absolutamente nada.