Ser niño en el Triángulo Norte y desaparecer

Ilustración de Moris Aldana

No es para llenar ficha de registro. Tampoco es para que forme parte de un cartel de bienvenida. Aquí, en esta sede de un programa de refuerzo escolar ubicado en la zona Occidental de El Salvador, no hay para las formalidades o el despilfarro. Pero, a cada niño que es admitido, le toman una foto. Lo hacen por si desaparece. Por si toca, con esa imagen en mano, buscarlo vivo, entre amigos; o muerto, entre matorrales.

Entre enero y julio de 2019, fueron reportadas como desaparecidas 1,798 personas en sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) en El Salvador. De estas, en medio millar de denuncias la víctima tiene entre 0 y 17 años de edad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño recoge, desde 1989, el concepto de interés superior del niño. De este principio garantista se desprenden medidas especiales de protección a la niñez vulnerable. Entre las que están las alertas inmediatas por desaparición.

En el Triángulo Norte, la región compuesta por tres países que son zona de tránsito y punto de partida de migraciones, estos sistemas de protección, como las amenazas de las que son víctimas los niños y adolescentes, no deberían limitarse por fronteras, así ha quedado escrito en varios informes. Cada uno de los sistemas de alerta inmediata de la región, sin embargo, funciona con separaciones, diferencias y deficiencias.

En El Salvador, la alerta temprana recibió el nombre de Ángel Desaparecido y fue presentada en octubre de 2013, con la promesa de difundir los boletines «en noticieros de televisión, cintillos en programación por cable, mensajes de texto en teléfonos, cortinas radiales, espacios en medios impresos y digitales y difusión por medio de redes sociales». De esto, a la fecha, solo está disponible, con cierta frecuencia, la parte de las redes sociales y algunas vallas en las calles.

La colección de fotos que se expone en la página web de la alerta Ángel Desaparecido da la razón al personal del programa de refuerzo escolar. Las hay borrosas, rotas, con manchas. Hay niños a los que se busca a medio rostro. Marcados, hasta ahí, por la falta de oportunidades. No hubo quien les hiciera un retrato de carita.

«El tema de los desaparecidos, para nosotros, ha sido súper difícil por tema de recursos, porque requiere una investigación que nadie quiere hacer y porque nosotros trabajamos con familias que, aunque ahora sea más fácil por los teléfonos, de verdad, no tienen una foto de sus hijos», cuenta la directora del programa mientras, afuera, un grupo de niñas juega fútbol.

La bulla por el desarrollo de una mañana deportiva es casi ensordecedora. En un rato, los estudiantes se calman y almuerzan todos en mesas colocadas al centro de una terraza, desde donde se puede ver un horario de actividades que va entre el arte, el refuerzo escolar y la ayuda con las tareas. El lugar desde el que habla la directora es una remodelación reciente. Hace poco tiempo consiguieron dinero para poner muebles a esta habitación calurosa. La adecuaron lo mejor que pudieron con colores, cojines, juguetes y un ventilador. Es un cuarto de crisis. Sirve para atender a los niños o a sus familiares cuando «algo pasa». Ese «algo» es violencia intrafamiliar, violencia pandilleril, agresiones sexuales o la desaparición de una persona cercana.

En El Salvador no existe un delito de desaparición ligado a la violencia actual. Así que el grueso de casos que recibe la Fiscalía General de la República se canaliza por el delito de privación de libertad, que es en donde se acumulan, ante la falta de una figura adecuada, estas víctimas. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 se han recibido más de millar y medio de denuncias este tipo. De estas, 551 han sido por víctimas entre los cero y los 17 años de edad. Es decir, un 31 % de los desaparecidos ha sido menor de edad.

Ilustración de Moris Aldana

A los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras los acorralan problemas como la migración forzada y la violencia. Ambos muy ligados a las desapariciones. Pero, estas desapariciones actuales no tienen cabida en ninguno de los tres códigos penales.

«La desaparición es un ejemplo de cuando importa que aparezca el cuerpo y cuando no importa. Si la desaparición no es delito, entonces es muy ‘útil’, entre comillas, para los actores violentos; lo hace funcional», explica la investigadora y catedrática en el Centro de Latinoamérica y el Caribe, del London School of Economics en Inglaterra, Jenny Pearce, en una entrevista publicada en el medio digital guatemalteco Plaza Pública.

Estos países no han creado el delito ajustado al contexto de cómo esta amenaza ha crecido entre los habitantes. El Salvador y en Guatemala aventajan a Honduras solo en que sus códigos penales tipifican la desaparición forzada, que se distingue por la participación de cuerpos de seguridad estatales.

En el caso de El Salvador, la alerta Ángel Desaparecido es un intento por reducir ese vacío en el que caen las denuncias. Activar una alerta debe implicar compartir información con la Policía Nacional Civil, con la Dirección Nacional de Migración y Extranjería y con medios de comunicación en las primeras horas de denuncia. Está estipulado que la emergencia alta dure 48 horas, tiempo en las que la institución debería recoger información para realizar un posible rescate y también para investigar y procesar a posibles responsables. Tras este plazo, el aviso no desaparece, se mantiene, en teoría, activo.

Muy lejos de los 551 casos de menores de edad desaparecidos incluidos en los registros de enero a julio de 2019, en la página web, la FGR tiene activas alertas nada más para 25 niños. Para los otros 526, el 95%, la página web no da cuenta ni de cartel ni de alarma. Es en este amplio porcentaje es que caben historias como la de Nelson, un adolescente que ya lleva casi año y medio desaparecido sin que se le haya creado un boletín.

Y el caso de Nelson, al menos, está contado entre los registros de la zona metropolitana de San Salvador. Hay otro grupo aún más silenciado. Estos son los niños que viven al margen del sistema de protección y para los que ni siquiera se ha podido generar una denuncia. Han desaparecido sin dejar rastro. Son casos como los M, A y C, adolescentes todos, que residían en los cordones vulnerables y pobres del interior del país.

M, A y C eran parte del programa de refuerzo escolar. Son de los que forman ese grupo de beneficiarios que, recuerda la directora, se le han desaparecido durante la última década. «Entre las familias que atendemos, el principal problema para buscar un cuerpo es que no tienen fotografías», explica desde el pragmatismo.

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NO PUEDE HABER PRECISIÓN en lo que se publique sobre M. Baste acá comenzar en la misma salita de crisis en el que la directora calcula en tres el porcentaje de niños del programa que han desaparecido sin que se pueda denunciar ante la Policía o ante la Fiscalía.

M vive. Es uno de los dos casos del programa que, recuerda la directora, han podido volver de una desaparición. M todavía no es mayor de edad, y lleva cicatrices que le atraviesan el cuerpo en zonas vitales. Habla suave, despacio, sin alteraciones y, casi siempre, mira hacia cualquier lado, menos a su interlocutor.

Hubo una época en la que M estudiaba y venía al programa. Lo hizo hasta donde pudo. Hasta cuando tuvo que ayudar a su mamá con la venta para pagar la luz, el agua, la casa, y la comida para sus hermanos menores. Así, comenzó a vender ambulante. Así, un mal día, se salió del límite. Llegó al territorio de la pandilla contraria a la que predomina cerca de su casa y fue interceptado.

Pasaron varios días sin que su familia supiera de él. En ese tiempo, fue torturado. Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya habían pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

«Lo primero que hacemos es pasar un aviso a toda la red de apoyo que tenemos», explica la directora y asegura que no obligan a ninguna familia a colocar una denuncia en la Fiscalía o en la Policía, porque, reconoce, es un riesgo. La sede del programa es una especie de tregua en una zona en donde la institucionalidad es la pandilla. Acercarse a una delegación es un riesgo cuyos beneficios es necesario evaluar.

«Activamos las redes sociales anunciando que tenemos a un desaparecido y empezamos a hacer una pequeña labor de investigación con la trabajadora social. Nos acercamos a la gente de las pandillas locales para saber si nos pueden dar alguna información», continúa. La directora cuenta que cuidan a las familias del maltrato que puedan recibir en las instituciones, como la Policía, al obtener respuesta del tipo «era pandillero», si la víctima es niño; o el «ha de estar con el marinovio», si la víctima es niña. Y cuidan también a las familias de correr otros riesgos.

«Ha habido casos en los que hemos logrado saber, preguntando a la gente de aquí cerca, en donde han ido a dejar el cuerpo, pero la familia no lo puede ir a sacar, porque también la matan», en estas situaciones, cuenta la directora, queda dar atención psicológica y acompañar. Lo hacen acá, en la salita de la crisis que ahora, escuchándola, se hace tan indispensable. «El sistema no funciona para personas como las que llegan a nosotros. Si vamos, nos dicen que busquemos en Medicina Legal. Le dicen a la familia que busque a sus niños muertos».

Sus captores lo lastimaron hasta darlo por muerto. Solo así, lo abandonaron en una vereda. Alguien lo encontró y fue llevado al hospital. Para ese momento, cuando su familia ya había pasado varios días buscándolo, no había una denuncia y , por ende, tampoco había movilización institucional para hallarlo. M nunca fue un Ángel Desaparecido.

El hallazgo de un cementerio clandestino hizo que, el 16 de septiembre, el fiscal general de la república, Raúl Melara viajara al cantón Guarumal, en Villa Lourdes, municipio de Colón, a unos 20 kilómetros de la capital. Ahí, ante una tierra que oculta los restos de quizá seis, quizá ocho, quizá 20 personas, el fiscal afirmó en rueda de prensa: «Detrás de cada víctima, hay una familia que sufre». Se refería a las desapariciones, un tema al que decidió darle atención desde poco después de haber asumir el cargo, en enero de este año. En Twitter, es uno de los principales promotores de la etiqueta #CadaPersonaCuenta.

En el cementerio clandestino Melara explicó que la institución está trabajando en establecer convenios con las empresas de telefonía para que las alertas lleguen a toda la red celular. «Queremos que esto llegue a todas las personas a lo largo y ancho del país y, de alguna manera, poder facilitar no solo la denuncia de cementerios clandestinos, como lo estamos viendo hoy, sino también poder encontrar a personas con vida», dijo.

A M lo hallaron así, con vida. Pero fue un mero asunto de la suerte de que no se desangró y la casualidad de que, ese día, en ese momento, alguien que pasaba por esos matorrales lo vio y dio aviso. M fue llevado a un hospital como un desconocido. Pese a que era evidente su corta edad, no se buscó a su familia. La madre de él lo encontró por sus medios.

Ilustración de Moris Aldana

Tras varios meses ingresado, M fue dado de alta. Aunque desde ese episodio ya pasaron años, M todavía no es mayor de edad. Las secuelas no solo son las cicatrices, también habla desde la falta de miedo a la muerte. ¿Qué más le puede pasar después de haber sido abandonado en la calle como si fuera restos?

Le preocupa, sí que le cuesta hacer pipí. Porque le duele. Le molesta. Sus cicatrices en cuello y pecho son gruesas, largas, inflamadas, desmoralizantes. Pero desde que salió aquella vez del hospital, nunca volvió a ver a un médico para recibir tratamiento para sus lesiones físicas o emocionales.

Aunque no forme parte de esos 2,625 menores de edad víctimas de privación de libertad reportados entre enero de 2016 y julio de 2019 en la Fiscalía, M lo está. Porque M debe limitarse a moverse solo entre las cuatro o cinco cuadras cercanas a su casa para que, los que ya le hicieron daño la primera vez, no vengan a terminar de matarlo. En este perímetro, no hay un centro de salud. Sí hay una delegación de la PNC, pero de muy poco le sirve.

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LA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO tiene letra pequeña. «Si él o la adolescente deciden por voluntad propia abandonar su hogar por problemas familiares o rebeldía, no aplicará para activar la alerta», se lee en una sección al estilo «preguntas frecuentes» que está colgada en la página web.

Lo que sigue se lee como advertencia, descargo, exceso de sinceridad o indicativo de arbitrariedad: «Tome en cuenta que la activación de la alerta queda bajo el análisis de la Fiscalía General de la República quien debe definir la modalidad del delito, según las leyes y la Constitución».

Nelson Alexander López salió enojado. Lo reconoce su madre. Ese 26 de abril de 2018, tuvo un desencuentro con su padre porque quería una cantidad de dinero que le fue negada. Y, entonces, se fue, dejó aquel taller en donde laboraban ambos. Desde ese día, su familia ha seguido todos los pasos que ha podido para que el Estado les ayude a buscarlo.

Fuente: Fiscalía General de la República

«Se puso la denuncia, pero no la recibieron. Yo le dije al papá de mi hijo que volviera a ir, que fuera a que se lo buscaran inmediatamente, por ser un menor de edad. Aún así, le dijeron que no, que tenía que esperar», cuenta la madre de Nelson. El primer lugar en el que intentaron avisarle a las instituciones de que Nelson estaba desaparecido fue una delegación de la PNC ubicada en Santa Tecla, a menos de 10 kilómetros de San Salvador.

La madre de Nelson forma parte de una organización que reúne a más como ella: madres que buscan a sus hijos a contracorriente del sistema y, esta mañana, es parte de una actividad realizada por varios comités de búsqueda en el marco del Día de la Desaparición Forzada en donde se habla, también, de los resultados del Protocolo de Acción Urgente (PAU).

Este documento fue presentado en diciembre de 2018 como una manera de regir las actuaciones institucionales desde el primer momento en que se presenta una denuncia por desaparición. Es un esfuerzo respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por rescatar la posibilidad de acción en las primeras horas. «Las actuaciones previstas en el Protocolo se realizarán con la debida diligencia y de una manera ágil y oportuna. Se evitarán obstáculos que impidan o dilaten injustificadamente la búsqueda de la persona desaparecida», se lee en el punto titulado «Celeridad».

Para Nelson, las palabras del protocolo no llegaron a tiempo. En ese abril de 2018, la que investigó hasta que encontró videos en los que se mira a Nelson caminando por una plaza fue su madre. Ella fue hasta esa plaza y habló con la gente del lugar, hasta que halló a una vendedora que, tras ver la foto, le dijo que sí lo había visto. Con eso grabado en su celular, cuenta afuera del salón de eventos en un hotel capitalino, volvió a la delegación policial. «Mire cómo va caminando, ve», dice que le dijo un agente en referencia a una manera de andar que estaba relacionando, ahí, frente a ella, con las pandillas.

El día siguiente, la madre de Nelson regresó a la plaza a solicitar los videos originales, pero le dijeron que habían sido borrados. También volvió a hablar con la vendedora, quien no quiso involucrarse en un proceso de investigación. «Y yo digo que si le hubieran dado seguimiento, las autoridades hubieran visto que ahí estaba. Hubieran preguntado a la gente de cerca, algo, no sé, hubieran buscado pistas».

Entre la desaparición y esta entrevista, han pasado un año y cuatro meses en los que la familia no ha sabido nada de Nelson. Cuando esta madre le llama al detective que en la actualidad tiene asignado el caso, lo que logra es que él le pregunte si ella ha conseguido alguna pista nueva que permita reactivar la investigación.

«Niños desaparecidos en Centroamérica» es un análisis que ya advierte un vacío: «Las agencias del orden público con frecuencia consideran que los casos de niños fugados suelen resolverse solos y, en consecuencia, les dan poca prioridad, a menos que existan pruebas contundentes de que el niño está en peligro inminente. A menudo, la mayor parte de los casos de niños desaparecidos son niños fugados, y ellos también merecen la atención de los organismos encargados del orden público». El estudio está respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF).

El Protocolo de Acción Urgente ha venido a ser como una guía que faltaba para definir quién es quién en la búsqueda. Mientras que a la Fiscalía le corresponde dirigir la investigación, a la policía le toca «impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, identificar y aprehender a los autores o partícipes y recoger las pruebas». Con Nelson, dice su madre, esto no ha sucedido así.

La madre de Nelson quiere que se conozca el nombre de su hijo y que se le ayude a buscarlo, pero no quiere que se publique el de ella. Tiene miedo. Intenta proteger a su otros dos hijos. La pregunta, trillada, pero necesaria es cómo se siente viviendo en esa disyuntiva.

-Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

Ser madre es buscar a uno, sin perder a los otros.

Siento algo inexplicable, porque la incertidumbre es la que lo mata a uno, porque uno no sabe qué pasó con él; si está vivo, si está muerto, si lo mataron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde buscarlo? Uno está indignado con las autoridades, porque no hay respuesta ni interés. Y uno, por la misma situación insegura en la que se vive, mejor no arriesga. ¿Me entiende?

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«LA PRINCIPAL LIMITANTE que tienen los sistemas de alerta de cada país es que su alcance es solo nacional», reconoce la jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), Violeta Olivares. Ella, para compartir información de casos transnacionales prefiere hacer uso de grupos de What’sapp con otros fiscales de la región, porque la gestión se hace más expedita.

A es una adolescente, una niña del programa de refuerzo escolar que en su sede tiene una salita de crisis. Está en los 16 años, pero muy lejos de cualquier cosa que se parezca a una fiesta. Un día, cuenta la directora del programa, A dejó de venir y le perdieron la pista. Preguntaron por ella en la zona, pero nadie dio cuenta.

Con la desaparición de A no hubo denuncia. En El Salvador no había nadie de su familia para presentarla. Estuvo desaparecida por meses, al margen de cualquier registro. Un día, por fin, llamó.

A se fue en una de las caravanas que partieron de El Salvador y pretendían llegar a Estados Unidos. Huyó con un hermano apenas mayor de edad, el hijo de este, de tan solo meses de nacido, y otro hermano de menos de 5 años.

Este grupo, formado por un adulto muy joven y tres menores de edad, cruzó fronteras entre El Salvador y Guatemala y entre Guatemala y México. Fue en este último país en donde el único adulto del grupo desapareció.

El 23 y 24 de enero de este año, Guatemala fue la sede de un intercambio de conocimientos en torno a cómo enfrentar las desapariciones en el que participaron más de 50 representantes de instituciones de seguridad pública del Triángulo Norte y, además, México y Colombia.

En esa ocasión, se expusieron avances. Y, de acuerdo con lo publicado en el sitio InfoSegura, Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación de Guatemala, cerró el Foro diciendo que: «El intercambio ha sido una oportunidad para aprender cómo mejorar el registro de personas desaparecidas, evitar errores y ver cómo funcionan otros sistemas».

Pero entre estos tres países hace falta más que intercambio. Claudia Hernández es directora de la Fundación Sobrevivientes, una de las que más empujó que se creara, en 2010, la Alerta Alba Keneth para menores de edad desaparecidos en Guatemala. Desde ahí explica que Guatemala es un corredor por el que pasan migrantes desde toda América Central y, principalmente, de El Salvador y Honduras: «Nuestro país tampoco es muy seguro, hay mucha gente desaparecida cuya última ubicación ha sido aquí, hay mucha niñez migrante que desaparece o se queda sola aquí».

Dos de los temas que más se discutieron en el foro fueron la concentración territorial y el registro de casos. Al respecto, las autoridades de cada país expusieron proyectos que, a siete meses del encuentro, van empezando a verse como deudas.

La más sensible es la de Honduras que, desde marzo de 2018 anunció la creación de la alerta Amber como un «mecanismo para que, en las primeras 24 horas de la desaparición de un menor, se emita una la alerta a través de diversos medios de comunicación», Aunque desde 2015 existe una ley que manda su creación, esta alerta aún no es funcional. Por el momento ninguna autoridad hondureña está elaborando carteles de niños desaparecidos ni hay una ruta para difundirlos.

Solo en 2018, 696 menores de edad se denunciaron como desaparecidos en El Salvador. En Guatemala, en el mismo año, hubo 5,704 alertas Alba Keneth, de las que, al final del año, 1,349 seguían activas. En Honduras, la única institución que registra la desaparición de menores de edad es la Interpol, y, para el año pasado registró 476 casos.

Pero niños como A y sus hermanos escapan a todos esos registros porque, en sus contextos, las denuncias no son una posibilidad. El sistema de protección de la infancia de la región no ha conseguido acercar los recursos a esta parte de la población. Olivares, la fiscal salvadoreña de casos de trata y tráfico de personas, agrega que los menores de edad son la población más vulnerable a ser explotada. «Los adolescentes y los niños son el 60 % de los casos de trata».

Aunque se ha comunicado un par de veces con el personal del programa, la situación de A todavía es indefinida. No se sabe en dónde exactamente están ella, su sobrino y su hermano. No se sabe si están. La directora sospecha que en México y teme que, ahora que otra vez lleva varios días sin comunicarse, haya caído en una red de prostitución o peor. Y ninguna institución del Estado, en ningún país, la está buscando a ella o a su hermano, de menos de cinco años; o a su sobrino, de meses de nacido.

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BYRON Y RODRIGO SON UNA ALERTA ÁNGEL DESAPARECIDO ACTIVA. APARECEN EN UN BOLETÍN JUNTO A SU MADRE, PORQUE LOS TRES DESAPARECIERON EN EL SALVADOR CUANDO IBAN DESDE SU CIUDAD NATAL, ZACATECOLUCA, HACIA UN CENTRO TURÍSTICO EN SONSONATE. SON DOS DE LAS 48 ALERTAS ACTIVAS PARA 2018.

La diferencia entre el sistema de El Salvador y el de Guatemala radica en dos puntos: generación y depuración. Guatemala genera una alerta por cada menor de edad desaparecido sin ningún tipo de condición. Este mecanismo se activa al margen de la nacionalidad de la víctima, quiere decir que la población migrante también puede hacer uso de esta herramienta siempre que se presente una denuncia.

En cuando al segundo punto, El Salvador no depura con la misma frecuencia. En la página web de la alerta, el último caso activo tiene fecha del 21 de agosto. Desde ese día, hasta el 21 de septiembre, no se hizo ninguna actualización. En agosto, se subieron solo dos casos nuevos. Y, en julio, tres.

La alerta tiene una cuenta de Twitter con el usuario @AlertaAngelSV. Ahí, entre el 1º y el 15 de septiembre se han compartido los carteles de 13 menores de edad desaparecidos a los que se les colocan etiquetas como #CadaPersonaCuenta y #AlertaAngelDesaparecido. Y se pide ayudar a difundir. Pero no se aclara si estos boletines, como los que están en la página web, han dado pie a todas las comunicaciones interinstitucionales a las que obliga la alerta desde su concepción.

Aún sin que se haya creado un delito a perseguir, en julio de este año comenzó a funcionar la Unidad Especializada para casos de Personas Desaparecidas (UEPD). De acuerdo con fuentes internas, una de las primeras apuestas de esta unidad ha sido la unificación de datos. Porque ahí en donde la Fiscalía registra que en 2018 recibieron 696 denuncias por menores de edad desaparecidos, la Policía da cuenta de 560. Mientras que, de enero a julio de este año, la Fiscalía registra 551 denuncias; la Policía tiene 367 entre enero y agosto.

Aunque la Fiscalía los mantenga como desaparecidos, a Byron y a Rodrigo ya los encontró la PNC. El caso está archivado bajo el número 7872-2018. Los niños y su madre están bajo custodia policial en Estados Unidos y tramitan una petición de asilo. En la delegación policial del municipio de Zacatecoluca, donde residían, un investigador confirma que fueron localizados en mayo de este año. Su boletín de alerta, sin embargo, sigue catalogado como activo.

De las 5,074 alertas Alba Keneth generadas en Guatemala en 2018, 1, 349 terminaron ese año activas; y, a agosto de 2019, 1,109 continúan en ese estado. Las dos grandes causas de las desapariciones de menores en Guatemala, según Claudia Hernández, de la Fundación Sobrevivientes, son delincuencia y migración. En esto sí guarda similitud con El Salvador.

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DE ENTRE TODO EL DOLOR que supone cada niño del programa que ha desaparecido, la de C es una historia que sobrecoge a la directora. Y lo cuenta así:

-Tenía 11 años. Él venía aquí y me decía «yo no quiero, pero me están diciendo que yo tengo que prepararme para matar y para llevar droga». Hablamos con la mamá par ver cómo sacarlo de aquí de esta zona, o cómo hacer para que se quedara en su casa y no saliera. En ese tiempo, él vendía en los buses. Así que se nos ocurrió ponerlo a elaborar otros productos en su casa y nosotros los vendíamos aquí. Así pasamos como tres años.

Pero no es posible detener el mar con las manos. La directora calla un momento para tomar impulso para contar lo sigue.

-Un día vino y nos dijo que ya no podía más, ya era un muchacho de casi 15 años. Vino y dijo que había tomado la decisión de vender afuera para ayudarle a su mamá. Y nos dijo que venía a despedirse. Nos dijo que no se quería morir sin habernos dicho muchas gracias por ayudarlo. Esa fue la última vez que lo vimos.

De la desaparición de C sí hay una denuncia. Pero no hay una alerta Ángel Desaparecido. Si está vivo, no se sabe dónde. Si ha muerto, no se ha localizado el cadáver. La madre no se ha movido de la zona, por si algún día aparece  información sobre el paradero del adolescente.

La directora explica que buscar a ese 3 % de los niños de su programa que están desaparecidos es «como hacer un trabajo subversivo» en el que colocar una denuncia puede suponer riesgo y en el que, a veces, la información sobre la ubicación de cadáveres la liberan los mismos hechores.

A la madre de C, sin embargo, saber qué pasó con su hijo es un privilegio al que nadie le ha dado acceso.


Este reportaje fue realizado en alianza con CONNECTAS.

Reflexiones en la Biblioteca Humana

En mi práctica de lo que se llama Biblioteca Humana, dirigido en especial a jóvenes, los escritores futuros, alguien me pregunta: «¿Puede decirme cómo lograr calidad en lo que se escribe, en cuento y novela?». Le doy la respuesta usual: «Primero, leer; segundo, leer; tercero, disciplina». Otro repregunta sobre lecturas recomendadas. Le doy cinco nombres con los cuales yo comencé a aprender narrativa. Basta leer un solo libro de Horacio Quiroga: «Cuentos de Amor, Locura y Muerte»; otro de Juan Rulfo, «El Llano en llamas»; y uno de J. D. Salinger, «Nueve Cuentos». Culmino afirmando que de ser posible, leer todos los cuentos de Julio Cortázar, de Edgar Allan Poe y de Antón Chéjov . El joven no los conocía y se dedica a cuentos de fantasía, misterio y horror. Claro, se trata de chicos de la generación de centennials, menos de veinte años.

Otro pregunta. «¿Por qué es importante la lectura?» Le repetí las palabras del peruano Premio Nobel Vargas Llosa: «Leer para no ser engañados… (para) que la lectura siga viva o el mundo será más pobre». Insiste: «¿Y para qué escribir?». Reitero con el mismo escritor peruano: «La época vive un drama y los escritores estamos moralmente obligados a darle a la literatura la presencia crítica que siempre ha tenido… la democracia no podría vivir sin ese espíritu».

Un joven me pide recomendación de un novelista revolucionario. Le digo que es un escritor conservador, pero un gran novelista transforma, eso es revolución. Menciono sus cuatro noveles que, además de recrear proporciona, conocimiento histórico: «La Guerra del Fin del Mundo», «Cinco Esquinas», «La Ciudad y los Perros» y «El Sueño del Celta».

Una joven pregunta si es negativo leer en el teléfono. Por supuesto que le dije que no, aunque hay diferencias, pero los beneficios de la lectura son los mismos. Excepto por sus letras pequeñas, algo que se compensa por contar con una biblioteca privada de bolsillo. Medité un poco esta respuesta. Pese a que no soy sino un pre-baby boomers, un don nadie de la tecnología, aunque usuario de ella, agregué la diferencia entre lectura con soporte en papel y la digital. Depende cómo uno se sienta cómodo leyendo.

Otra joven me pregunta sobre poesía, si debía preocuparse por no tener lectores y de ser una profesión sin porvenir. Di el ejemplo de otro Nobel, el mexicano Octavio Paz, también conservador pero lúcido ensayista, y buen poeta, quien al referirse a los pocos adeptos de la poesía, dijo que a él le bastaba cien lectores para sentirse realizado, porque estos cien se comunicarán de manera constructiva e innovadora con otras personas que podrán adquirir similares valores, sea que tengan oportunidad o no la tengan de un libro de poemas o de cualquier otro género. De mi parte agrego que la poesía debe ser un quinto elemento más que debe promoverse en la vida, al igual que la música instrumental. No hay límites de edad o de generaciones en el universo.

Luego, le cité al poeta argentino y universal, bibliotecario por antonomasia Jorge Luis Borges: «La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz… El libro es el único cuerpo inerte que posee alma… ni la poesía, ni la literatura cambian la sociedad, ni las vidas en el término filosófico. Pero puede cambiar la conducta del individuo, factor de la sociedad, su participación como oyente (o lector) lo forma en el gusto estético que repercutirá en otros». Coincide con Paz.

Varias repreguntas: ¿Habría una manera de sistematizar las artes, y con ellas la poesía en el sistema educativo? ¿O es locura utópica por la inversión? ¿O solo pensarlo es una bobería? ¿Qué dirían los políticos que aprueban los presupuestos?

Otra joven se refiere a las distracciones de la tecnología. «¿Cómo serán los educadores que nos recibirán cuando entremos a la universidad?». Le respondo con las ideas de la educadora Emilia Ferreiro: Que el sistema escolar es de evolución lenta; ha sido muy poco permeable a cambios que la afectan con la tradicionalidad de siglos. Y le menciono un ejemplo que Ferreiro alude: «Cuando apareció el birome (así llaman los argentinos al bolígrafo), la primera reacción del sistema educativo fue «eso no va a entrar acá porque arruina la letra; y la escuela le hizo la guerra a ese instrumento: una guerra perdida de antemano (…)». Lo mismo sucedió cuando aparecieron las calculadoras de bolsillo, se dijo: «Eso va a arruinar el cálculo escolar y no van a entrar»; pero entraron con mucha dificultad, hasta que en algunos lugares descubrieron el uso inteligente de la máquina de calcular. Reafirma: «La institución escolar siempre ha sido muy resistente a las novedades que no fueron generadas por ella».

De acuerdo con Ferreiro, le digo a la joven, los cambios son demasiado lentos, por eso es difícil percibirlos, una evolución lenta de ideas se convierten en añejas ante las nuevas generaciones. Es seguro que nos quedaremos sin la escuela que ahora conocemos.

A ese propósito, digo, el argentino Borges, hace más de medio siglo, intuyó un planteamiento innovador como docente de literatura: «Nunca hice una pregunta en el aula… tengo ese orgullo, uno de los pocos de mi vida, de no hacer preguntas. Yo solía decirles a mis estudiantes: …háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Bernard Shaw». Decían lo que pensaban, y no les interrumpía. «No preguntaba una sola fecha, pues yo mismo no las sé… y los alumnos siempre dieron buenos exámenes, porque se interesaban por el tema».

Finalizo la sesión de la Biblioteca Humana: ustedes deben preguntar al docente lo que desean saber de Salarrué, o de Claudia Lars, de Masferrer, Gavidia, Ambrogi, o de Dalton. Que el estudiante comprenda el drama de la humanidad a través de sus escritores es una cultura que será útil en las proyecciones sociales del profesional, sensibles ante los otros. Deben ser los buenos pastores de una sociedad distinta, no rebaño.

Inteligencia colectiva

Era 1994 y un filósofo tunecino llamado Pierre Levy publicó un libro que sigue cobrando relevancia en las reflexiones de las tecnologías digitales y la ciudadanía. «La inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio» nos hablaba de ese conocimiento repartido en todas partes que busca «el enriquecimiento mutuo de las personas». Explicaba que en realidad la inteligencia colectiva es la habilidad humana de pasar nuestros saberes de generación en generación, que se había hecho de manera bastante estable hasta estos tiempos hiperconectados, cuando gracias a herramientas como Internet, podemos ver cambios en estos saberes en una sola generación por la puesta en común de nuestras habilidades y competencias en tiempo real y sin distinción de fronteras geográficas.

Las reflexiones de Levy pasan por considerar las redes como espacios que pueden potenciar visiones de las problemáticas que, a partir de particularidades de distintas culturas y experiencias, puedan permitir encontrar mejores soluciones. Y es en este sentido que funciona el Centro de Inteligencia Colectiva del MIT. En este espacio creen que la cuestión es cómo podemos conectar personas y computadoras para que, de manera colectiva, actúen (trabajen, resuelvan problemáticas) de manera más inteligente de lo que lo hubiera hecho cualquier persona, computadora o grupo por separado.

En enero de este año, en el Congreso Futuro en Chile y dentro del panel de Ciudadanía Digital, Malone reflexionó sobre nuestra esencia como seres sociales, de cómo la mayor parte de nuestros logros como especie han sido producto del trabajo en grupo, incluso algunos que han superado las barreras espacio-temporales. Nuestros medios de transporte, nuestras maneras de comunicarnos, la diversidad de oferta de ocio y comida: lo que hacemos, usamos, disfrutamos hoy suele ser una evolución de lo que se hacía, se usaba y se disfrutaba unas décadas (o siglos) atrás.

Considera que se piensa mucho sobre la inteligencia artificial y cómo las máquinas irán sustituyendo a las personas. Sin embargo, cree que aún no hemos pasado suficiente tiempo pensando en lo que pueden hacer personas y computadoras juntas que no se había podido hacer antes. ¿Ejemplos? Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo que resulta del trabajo y voluntariado de cientos de personas, y Polymath Project, donde docenas de matemáticos trabajan en línea para resolver teoremas complejos que no habían sido probados.

Uno de sus ejemplos es el Climate CoLab, un proyecto del Centro de Inteligencia Colectiva del MIT, que usa el crowdfoundig para proponer qué hacer ante el cambio climático: esta comunidad en línea reúne a más de 120 mil personas, entre expertos, científicos, estudiantes, empresarios y demás. Ahí se desarrollan propuestas sobre energía, movilidad y otros. Estos niveles de conectividad, sostiene Malone, deberían permitirnos como humanidad alcanzar decisiones y acciones que no solo sean inteligentes sino sabias.

Otro ejemplo de la aplicación de esta puesta en común del conocimiento son los laboratorios cívicos, que Domenico di Siena los define como espacios de trabajo colaborativos que generan infraestructuras, redes de relaciones, protocolos de trabajo y conocimientos que permiten a una comunidad la mejora de su territorio a través de sus dinámicas particulares de inteligencia colectiva.

A veinticinco años de que Levy nos planteara esto de la inteligencia colectiva, estas apuestas de trabajo multidisciplinario para mejorar nuestro entorno me parecen cada vez más humanas y más urgentes. Y creo que hay pocas cosas tan tecnopolíticas y humanizadoras como esta. Actúo con inteligencia colectiva, por tanto existo.

El cambio climático y las vacas

El cambio climático es, probablemente, el mayor desafío al que nos enfrentaremos como generación en las próximas décadas. Cada vez tenemos más evidencia que la actividad humana tiene un impacto significativo en el clima. Glaciares se han derretido y hay un aumento acelerado en el nivel del mar. A raíz de esto, han surgido muchas organizaciones que empujan por lograr cambios en legislación en distintos países con el objetivo de reducir la emisión de gases y el consumo o producción de plástico y otros materiales no biodegradables.

También hay países que se han preocupado un poco más por tener legislación más estricta, y empresas que han pagado el precio de hacer trampa para poder vender más. Volkswagen, por ejemplo, estuvo por mucho tiempo vendiendo en el mercado estadounidense algunos de sus modelos (Jetta, Beetle, Golf y Passat) con un motor diesel que podía detectar cuando le estaban haciendo una prueba de emisiones. Al detectar que estaba en una prueba, el motor reducía considerablemente las emisiones a niveles por debajo del límite permitido por ley. Para cuando los reguladores se enteraron de esto, Volkswagen ya había vendido unos 482,000 carros con este tipo de motor. Martin Winkertorn, el entonces director ejecutivo de Volkswagen, renunció a su puesto. Y Volkswagen se vio obligada a retirar estos modelos del mercado y a pagar una multa de $2,800 millones de dólares.

Aunque esto no habla muy bien del mercado, también hay quienes están usando el mismo como herramienta para tener un impacto ambiental positivo. Pat Brown, profesor de bioquímica de la universidad de Stanford y director ejecutivo de la empresa «Impossible Foods», está emprendiendo su lucha ambiental reduciendo el consumo de carne de res mientras genera ganancias en el proceso.

¿Cómo tiene esto un impacto en el medio ambiente? La vaca es uno de los animales que más contribuyen al cambio climático. En primer lugar, la producción de carne involucra demasiados recursos. Para producir una libra de carne de res se necesitan unos 1,800 galones de agua. Un tercio de las tierras dedicadas a la agricultura son para crecer alimento para vacas. Adicionalmente, las vacas producen gas metano, el cual es 25 veces más dañino para el efecto invernadero que el dióxido de carbono. El consumir 4 libras de carne de res tiene el mismo impacto ambiental que volar desde Nueva York a Londres. Si las vacas fueran un país, emitirían más gases que toda la Unión Europea. Más que reciclar, o reducir el consumo de plástico o compartir carro (lo cual está muy bien), el consumir menos carne de res es una de las acciones que puede hacer más por reducir nuestro impacto individual en el medio ambiente.

Esto nos trae al esfuerzo de Pat Brown y su empresa «Impossible Foods». En vez de ir por el tortuoso y difícil camino de querer cambiar la legislación, Pat se ha ido al origen del problema: las preferencias de consumo de la gente. La torta de hamburguesa creada por Pat tiene un impacto ambiental muchísimo más bajo que las de carne de res, además de tener un sabor muy similar a la carne de verdad, a tal punto que este producto ahora se vende en más de 17,000 restaurantes en el mundo.

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) el cual agrupa a unos 1,300 científicos pronostica un aumento de entre 1.4 a 5.6 grados Centígrados en temperatura promedio en el próximo siglo. Entre otros efectos pronosticados están el aumento de intensidad de huracanes, cambios en los patrones de lluvias, sequías más prolongadas, aumento del nivel del mar de entre 30 y 120 centímetros para el año 2100. El cambio climático es un problema real. Es imperativo hacer algo por mitigar los efectos que estamos provocando.

Carta Editorial

Hace casi 30 años, la Convención Internacional de los Derechos del Niño incluyó el principio de interés superior con el que se deben tratar los temas relacionados a la niñez. Fue una forma de llamar la atención de los Estados para que garantizar los recursos de todo tipo en favor de esta población.

En El Salvador, en un par de días se celebra el Día del Niño. Y sí, el verbo que se usa es celebrar, porque en la fecha sobran las exaltaciones a esa etapa de la vida, se llenan de globos las instituciones educativas y también las redes sociales. Y no, el verbo no debería ser ese.

Este 1º de octubre debería ser aprovechado también para la difusión de los derechos que tiene la niñez. Tener a la mano esta información obligaría a otro ejercicio: el análisis de la situación en la que se desarrolla la población salvadoreña en los primeros años de vida.

Y no es la idónea. Falta educación universal y de calidad, falta acceso a la salud y le falta, a la mayoría, un entorno seguro para desarrollarse. La que presentamos ahora es la novena entrega sobre desaparecidos y está dedicada a los niños no solo de El Salvador, sino que de la región conocida como Triángulo Norte.

Este es un análisis de algo que nace de aquel principio de interés superior del niño. Las alertas tempranas por menor de edad desaparecido son un mecanismo encaminado a ampliar las redes de búsqueda desde las primeras horas del evento. Entre estos tres países tan unidos por la migración forzada y la violencia, lo que más hace falta es coordinación para, igual que el delito, no limitar con fronteras la asistencia a las víctimas.

«Me da miedo que el pensamiento crítico muera»

¿Cómo llegó a la música?

En un contexto en el que mi salud física ya no me permitía continuar como músico activo. Decido hacer mi propia música en mi pequeño estudio casero.

¿Cómo formarse en un país que no ofrece capacitación a los artistas?

El Salvador sí nos forma, porque padecemos una realidad sentida. Con esto quiero decir que, como artistas, podemos optar por buscar enchufar con otros u otras artistas que están en constante conexión con la realidad.

¿Qué opina sobre el reggaetón?

Es solo otro producto más de la industria del entretenimiento.

¿Qué sabor le daría a sus composiciones musicales?

Le pondría sabor de fresco de ensalada, porque a la superficie el fresco de ensalada tiene un sabor dulce, pero un dulce que, en su esencia, está hecho de otro montón de sabores, entre ellos, sabores cítricos.

¿Cuál es su miedo más grande?

Me da miedo que el pensamiento crítico muera.

¿Cuándo se ha sentido fracasado?

Ahora mismo. No me siento un fracasado, pero sí bastante inconforme. Mi música no está a la altura de un El Salvador que urge más de seres humanos, que de artistas.

Si pudiera cambiar un problema en el mundo, ¿cuál sería?

El capitalismo. Es un mal terrible para nuestra humanidad.

INSTANTÁNEAS DEL VERBO APASIONADO (18)

ROSTROS EN EL AGUA

Ahí quedan, flotando noche y día, para que el tiempo no se sienta dueño de nuestra suerte inmemorial.

EL OTRO ESPECTRO

Lo teníamos guardado en el armario de la memoria más antigua, y de repente se nos aparece en la sala de espera del pálpito inminente.

LÁMINAS SOÑADAS

Lo que nunca sabremos es si las pintó la aurora o si las coloreó el crepúsculo.

AYER, EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Se juntaron los latidos de antaño y los latidos de hoy para que los ciudadanos de siempre nos sintiéramos en confianza.

EN LA TERRAZA ABIERTA

Hay ahí todo el tiempo un lugar reservado para que nuestras voces más recónditas desenfunden sus lazos de familia con el susurro de las hojas.

EL TÍMIDO CRISTAL

Apareció en el tragaluz para que nadie fuera a indagar su origen.

MI MAESTRO EL ASHOKA

Lo conocí en un parque de la India y desde entonces lo he encontrado en todos los rincones del aire que transito.

CONEXIÓN MONTECRISTO

El Conde abrió su cofre que guardaba el tesoro más grande de la Isla: ese pequeño caracol donde los sueños rotos cantaban gloria sin descanso.

MISIÓN DEL LABERINTO

Se lo pregunto cada vez que lo encuentro: «¿Quién eres tú?» Y él invariablemente me responde: «Tu otro yo que no teme estar aquí».

LAS PALABRAS VIAJERAS

Cuando anunciaron la partida ya iba el avión en vuelo, y entonces supe que no era yo el viajero sino tan sólo mis palabras.

DOMINGO EN CASA

Voy abriendo ventanas para que el aire me acompañe, y siempre hay una que permanecerá cerrada: la que da al palco de los espejismos.

CERRAR CAPÍTULO

Es lo que imaginamos cuando las luces vengativas nos dejan encerrados en el sótano. Pero en verdad entonces es cuando se inaugura la mejor libertad.

VENECIA ÍNTIMA

Esta tarde en la Plaza de San Marcos los estandartes de la primavera les rendirán tributo a las banderas del otoño.

BALCÓN A LA CALLE

Al apartarse sus cortinas lo que asoma es el rostro tatuado del próximo horizonte.

TERTULIA DE CONFIANZA

La programó el crepúsculo para hacernos sentir cómodos a las puertas de la noche.

ERA MI CALLE FAVORITA

Porque me desplacé por ella tantas veces que todos sus árboles me conocían, todas sus puertas me eran familiares y todos sus silencios me mandaban mensajes…

DESDE LO ALTO DEL CERRO

Venía cada tarde una delegación de golondrinas a reiterar la invitación de los ancianos conacastes.

LEJANÍA IMPECABLE

Lo observo desde aquí igual que si lo viera por primera vez. Es el volcán dormido que algún día por fin despertará con la sonrisa del profeta.

AHÍ EN EL ÁTICO

No hay que guardar las cosas desechadas sino poner en orden las cosas que vendrán.

ESPESURA GLOBAL

Hoy la vivimos por primera vez, y ya empezamos a entender la urgencia de que surja algún claro en el bosque.

JOYERÍA CON ALAS

Fue inaugurada como primer negocio sin fronteras después del Sexto Día de la Creación.

FUENTES SEPULTADAS

Son las que fertilizan el devenir de nuestras fuerzas interiores.

MEMORIA EN VUELO

Se me olvidó decirte que anoche hubo solsticio en la diversidad de mi mundo más hondo.

ME LO EXPLICÓ EL PROFETA

Cualquier pregunta sobre nuestra vida se evapora al instante porque todas las respuestas admisibles son burbujas que escapan.

LOS COLORES MÁS FIELES

Me puse a recordar la luz de aquellos cielos del pasado y de pronto las nubes que están ahora al haz de mi memoria me hicieron señas para que reparara en ellas.

UN BUEN DOMINGO

Me espera al pie del pino australiano que está al inicio de la polvosa cuesta por la que subo a diario.

Violencia sexual en la represión

La Policía de Nicaragua ha sido señalada de abusos a los derechos humanos. Según la CIDH, 328 murieron tras la represión del gobierno contra las manifestaciones que surgieron en abril de 2018. Fotografía de Carlos Herrera.

Byron Cruz Calderón fue llevado en agosto de 2018 a las celdas de la Policía en Pueblo Nuevo, al norte de Nicaragua, en el departamento de Jinotega. Ahí fue acuchillado en el estómago y en sus genitales. Cruz dio su testimonio cuando se encontraba en el hospital, mientras sus familiares acudieron para hacer la denuncia a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), un organismo fundado hace 41 años que ha recibido las acusaciones de ciudadanos víctimas de la represión oficial con las que el gobierno de Daniel Ortega buscó frenar las protestas que surgieron el 18 de abril de ese año.

En la denuncia se señala a la Policía y civiles armados de atrapar a Cruz en su casa, en el sector de El Dorado. De agredirlo. El día de su captura, estaba tranquilo cuando llegaron a buscarlo. Él quiso escapar y para llevárselo le dispararon en la rodilla izquierda. Su caso se sumó a la lista de los 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta entidad también da cuenta de 328 muertos.

La historia Cruz, de 31 años, inició con las acusaciones de un oficial sobre su participación en las protestas de acuerdo con esta investigación de CONNECTAS, la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región. Agentes y parapoliciales actuaron contra los manifestantes antigubernamentales que levantaron barricadas para defenderse del operativo que las autoridades bautizaron como “operación limpieza”, y que fue desarrollado hasta julio de ese año.

El uso excesivo de fuerza de las autoridades policiales, el ataque de grupos de choque del gobernante Frente Sandinista -algunas veces coordinado con los oficiales- o de civiles armados contra opositores son parte de lo vivido por Nicaragua desde entonces, de acuerdo con organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Las golpizas a los opositores cuando son detenidos son algunas de las denuncias realizadas contra oficiales de la Policía Nacional. Ilustración de Luis González

Al menos 25 casos de presos políticos, cuyas historias han sido publicadas en los diarios de Nicaragua, Estados Unidos, o los han entrevistado organismos de derechos humanos, han permitido identificar un patrón de vejámenes cometidos contra los opositores detenidos: golpizas, desprendimientos de uñas y dientes, choques eléctricos, derrames de ácidos en el cuerpo, asfixia, quemaduras con cigarro, maltrato psicológico, abusos sexuales y violaciones.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la OEA y que investigó lo ocurrido en el país entre el 18 de abril y 30 de mayo, fueron expulsados en diciembre de Nicaragua horas antes de la presentación de su informe. Denunciaron la comisión de delitos de lesa humanidad y pidieron una investigación contra Daniel Ortega y la cúpula policial, lo que contradijo la versión oficial que sostiene que fueron víctimas de un golpe de Estado.

“Se ha registrado una gran cantidad de detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas, incluyendo a decenas de adolescentes. Existen evidencias de malos tratos y abuso de la fuerza al momento de concretar las aprehensiones y durante los traslados de detenidos. Asimismo, existe información sobre condiciones inhumanas de detención en unidades policiales y penitenciarias y denuncias de torturas que será necesario investigar cuando existan las condiciones”, reveló el GIEI.

Los abusos sexuales contra mujeres y hombres son una manera de sometimiento a los opositores, señala una experta. Ilustración de Luis González

Nicaragua es uno de los países signatarios de la convención interamericana para prevenir y castigar las torturas, adoptada en el seno de la OEA en 1985. En ese documento se explica lo que se entiende por tortura, según el artículo dos, en que se describe que la misma se da cuando intencionalmente se inflige a una “persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

El gobierno negó que practicara torturas contra los detenidos por las manifestaciones. En noviembre de 2018, el viceministro Luis Cañas sostuvo a la Voz de América que “si nosotros nos pusiéramos a atender esas noticias falsas, les aseguró que no trabajaríamos sólo en estar atendiendo esas noticias, no solo falsas, sino que malintencionadas”. Cañas es de Gobernación, órgano a cargo del sistema penitenciario y trabaja en coordinación con la Policía.

Ana Quiroz, directora del organismo no gubernamental de derechos humanos, Centro de Información y Servicio de Asesorías de Salud (Cisas), al que el Estado de Nicaragua le canceló la personería jurídica de ese organismo en noviembre pasado, informó que lograron documentar los abusos cometidos por las autoridades a ocho mujeres.

Quiroz narra que a las opositoras detenidas las obligaron a desnudarse, a hacer sentadillas ante agentes impasibles según este relato publicado en NICARAGUA.CONNECTAS.

Eso ocurre en las estaciones locales de la Policía como en El Chipote, que es la dirección de Auxilio Judicial adonde las autoridades trasladan a personas sujetas de investigación; en La Modelo, que es la cárcel de hombres, y La Esperanza, la de mujeres, ubicadas estas últimas al norte de la capital.

“La mayoría de las personas que han sido abusadas o violadas han salido del país”, dijo Quiroz. “Le decían a la gente: ¿qué preferís? ¿Qué te mate o que te viole, que te siga golpeando o que te viole?” -según ella- “poniendo en la responsabilidad de la mujer en este caso el ser víctima de violación”.

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, asegura que ha recibido nueve denuncias de mujeres que han sido violadas por policías y por “paramilitares”. Entre los casos documentados por este organismo, está el de una joven de 21 años que fue violada por 18 policías y parapoliciales, en el departamento de Matagalpa.

Según los testimonios, además de policías, en la represión participaron civiles encapuchados. Ilustración de Luis González

Las denuncias expuestas ante este organismo de derechos humanos revelan que las víctimas han sido abusadas y violadas cuando han estado detenidas en la Policía. Sus casos poco se conocen. Carla, de 19 años, participó en las protestas. La capturaron en Managua el 13 de junio de 2018 oficiales y hombres vestidos de civil y encapuchados que se movilizaban en cuatro camionetas. Después de varias horas de interrogatorio, tenía frío y dolor de cabeza. Estando en El Chipote, ingresó un hombre encapuchado y vestido de civil para continuar.

“Me dijo: o te dejas coger (violar) o te turqueo (golpear). Mi respuesta fue: vos crees que tengo opción. Y pasó lo que pasó”, relató. El caso de ella ha sido documentado por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), y Amnistía Internacional.

Los abusos cometidos por las autoridades contra presos políticos han ocurrido también en los centros de penitenciaría. Freddy Navas, líder del Movimiento Campesino y excarcelado el pasado 13 de junio tras ocho meses de encierro, relató que en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, supo de violaciones. “Compañeros de celdas fueron violados (penetrados) con fusiles AK-47. Conocí dos casos: los golpearon hasta dejarlos inconscientes”, denunció. Según su relato, a las víctimas ni siquiera les atendieron médicamente.

En un caso parecido, la madrugada del 15 de mayo de 2018, dos líderes estudiantiles fueron abusados sexualmente. Varias camionetas con civiles armados y Policías sitiaron las barricadas cercanas al hospital San Juan de Dios, en Estelí, al norte del país. Ahí capturaron a un joven quien pidió anonimato a CONNECTAS para contar su historia.

Lo llevaron a la estación de la localidad y lo trasladaron finalmente a la capital, a las celdas de El Chipote, con otro de sus compañeros de lucha. Los mantuvieron desnudos hasta que los violaron con la punta de los fusiles AK-47. “Perdí el conocimiento del dolor, me quedé a oscuras, se me fue todo (la conciencia), es un dolor que nunca había sentido, sentía los minutos largos”, narra.

Sus agresores vestían de negro y se cubrieron el rostro con pasamontañas mientras los torturaban. Les hacían preguntas sobre quién pagaba las protestas, cómo se habían organizado, quién les daba las órdenes. Con tanto dolor, perdieron la noción del tiempo. Seis días después de su detención, ellos fueron liberados hasta que sus captores se convencieron de que no tenían información de su interés.

Los jóvenes fueron adonde el médico Josmar Briones, quien los atendió y contó meses después su historia al organismo Human Rights Watch, cuya sede está en Washington, capital de Estados Unidos. Briones es uno de los más de 200 médicos nicaragüenses que debieron salir al exilio por su seguridad en el contexto de las protestas. Muchos días después, el neurocirujano recuerda los rostros de las víctimas cuando llegaron a su clínica y no podían caminar.

Para la activista Ana Quiroz, la violación es la última forma de sometimiento, de ejercer el poder sobre las personas y de demostrarles en su concepción quienes son los que mandan. “Entonces para nosotras el uso de la violación, en primer lugar, es una forma de tortura; y en segundo, es una forma de someter a la persona quitándole hasta lo último de su dignidad. El uso de la violación es una forma de decirle aquí tu voluntad, tu integridad no vale nada y voy a destruirte en lo más íntimo, el tema de tu sexualidad”.

Una especialista en medicina que prefirió no ser identificada para este reportaje sostiene que el torturador persigue con la violación sexual crear terror y obtener información que el gobierno considera esencial. “Es el acto más cruel e inhumano que existe”.

Entre las agresiones denunciadas están el acoso sexual; amenazas de violación; encierro en ropa interior; golpes, quemaduras con cigarros y derramamiento de químicos en los genitales; así como choques eléctricos, mutilación, violación o violación sexual múltiple.

“Entonces para nosotras el uso de la violación, en primer lugar, es una forma de tortura; y en segundo, es una forma de someter a la persona quitándole hasta lo último de su dignidad. El uso de la violación es una forma de decirle aquí tu voluntad, tu integridad no vale nada y voy a destruirte en lo más íntimo, el tema de tu sexualidad”, Ana Quiroz, activista.

Abusos también fueron manosear a los familiares de presos políticos durante las requisas que ordenaban previo a la visita de estos a los reos de conciencia, pero la lista de atropellos empezó incluso antes de que las cárceles se llenaran con 700 presos políticos por la manipulación del sistema de justicia según los parientes de estos.

El asesinato de Carlos Antonio Flores, de 19 años, prueba este tipo de vejámenes. “A él me lo degollaron, en la cabeza me le dieron varios machetazos atrás, sus manitos, las dos manos, me le volaron su cosita (genitales), fue horrible esa muerte, él no era ningún vago, era estudiante”, dice Gioconda Ríos, la madre.

El muchacho se dirigía a unas prácticas de boxeo en el municipio de Ciudad Sandino, ubicado a 11 kilómetros al oeste de Managua. Era el 22 de abril de 2018 cuando lo asesinaron. Día de su cumpleaños. Él es otro de los fallecidos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Era estudiante de secundaria y se preparaba para una pelea que tenía programada para el 14 de mayo de 2018, según su progenitora.

La entrada de El Chipote, en Managua, señalado como un centro de torturas de la Policía de Nicaragua. Fotografía de Carlos Herrera.

Se dirigía a la plaza del municipio para ejercitarse cuando fue atacado por un grupo de delincuentes y miembros de la Juventud Sandinista, explicó ella al hacer su denuncia ante la CPDH, que convocó a una rueda de prensa, en la que la progenitora habló de espaldas a las cámaras por temor a represalias.

El Grupo de Expertos Independientes, de la OEA, aseguró que el cadáver permaneció durante horas en la vía pública, a pesar de que sus familiares llamaron a la Policía para que iniciara las investigaciones y al Instituto de Medicina Legal para que trasladara el cuerpo para la autopsia. El croquis se hizo hasta tres semanas después de ocurrido el crimen.

Cuando la familia recibió el cuerpo, ellos notaron que tenía una herida en el cuello, las dos manos le fueron amputadas, tenía quemaduras y la mutilación genital. Al final, sus agresores lanzaron el cuerpo ensangrentado a la calle. Fue una vecina quien pidió llevárselo antes que “los victimarios le prendieran fuego”. Así Carlos fue una víctima más de la violencia sexual en la represión contra quien piensa distinto, un capítulo inédito de lo que ha ocurrido en Nicaragua desde las protestas del año pasado.


*Esta historia hace parte de NICARAGUA.CONNECTAS, la iniciativa para mostrar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

El mar que traga comunidades

Fotografías de Franklin Zelaya y Ángel Gómez

José Hernández todavía se acuerda de aquella madrugada de 2015. Eran las 2 de la mañana cuando el mar pasó arrasando su casa de lámina. Desde temprano, él y sus vecinos habían visto la marea alta y las grandes olas que no les daban zozobra. Pero José, un pescador con 49 años encima y toda una vida en la costa, sabe que el mar enfurecido nunca da tiempo. Y, esa vez, tampoco lo hizo. No les dio tiempo a las 30 familias que perdieron sus casas en el fuerte oleaje que hubo en la playa El Espino.

«Cuando viene, no da chance de desarmar las casas», dice, subido en una bicicleta que tiene en la parte delantera una carreta, en la entrada del terreno que cuida y donde, al fondo, ha hecho su casa. Viste con una camisa azul y un pantalón de sastre negro. Se prepara para ir a dejar, a una actividad de la iglesia apostólica en la que se reúne, frescos y comida que esta mañana preparan seis mujeres.

Este es el mismo terreno en el que, hace cuatro años, el mar destruyó su casa. Le ha tocado a él, como a otros habitantes de la playa, retroceder unos 30 metros para vivir. Ellos han tenido que hacer una nueva calle, porque la que había, también se la comió el mar. Al igual que unos cocoteros de los que solo quedan troncos.

La nueva calle atraviesa los terrenos que dejaron de ser playa y se convirtieron en mar. El agua ya llega hasta acá, y eso, a José, le inquieta, porque no sabe cuándo volverá a pasarle lo mismo que en 2015. «Y cuando llegue allá, ¿a saber para dónde vamos a agarrar?», se pregunta, señalando hacia atrás, a su casa, a la orilla de un manglar. Antes que el mar le botara la casa de lámina, en 1998, el Mitch, al menos le dio tiempo para que desarmar otra que tenía y que era de palma.

La única barrera que protege a las personas del mar, asegura, está desplegada a dos kilómetros a la derecha. Se trata de piedras que la alcaldía de Jucuarán mandó a colocar en la parte más turística de la playa u otras que han colocado quienes han podido, pero los otros kilómetros restantes, dice, están desprotegidos.

“Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica Enrique Barraza, experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática.

***

La playa El Espino es una isla barra de 11.7 kilómetros de extensión, ubicada en el municipio de Jucuarán, en Usulután, que, por sus característica, con el tiempo, puede hacerse más ancha o estrecharse. En los últimos 70 años, esta playa ha sufrido transformaciones que, además de deberse a fenómenos naturales, corresponden al impacto ambiental, los cuales ya han sido documentados por el Estado.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicó en 2012 un estudio en el que estableció que, entre 1949 y 2009, la línea costera de El Espino retrocedió 144 metros. Cada año hubo una disminución de la costa de 2.40 metros. Esto, señala, ha sido a causa de la fuerte erosión en la zona, que puede aumentar en el futuro, ya que el daño al ecosistema continuaba hasta la fecha en la que fueron difundidos los hallazgos.

El MARN dice que en la parte donde hoy rompen las olas, antes hubo asentamientos humanos. De acuerdo con los testimonios que recopiló para este estudio, las intervenciones comenzaron a mediados del siglo pasado, cuando en la playa se instalaron dos haciendas: la Chepona y la San Luis, y también fueron sustituidos los espesos bosques de mangle y la vegetación natural por cocoteros y otros cultivos agrícolas. La actividad atrajo a los pobladores para ofrecer su mano de obra. Otros fueron atraídos por la pesca.

Sin embargo, a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, con el incremento del turismo, iniciaron las construcciones de hoteles y restaurantes. Y con estos, siguieron los daños al ecosistema.

Erosión. La erosión en las playas ocurre cuando el mar se lleva más arena de la que trae, dejando vulnerable a las comunidades que viven en la costa.

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«Cuando yo estaba pequeño, El Espino, esta playa, estaba bien lejos. Esta isla llegaba allá, por donde se viene haciendo el primer tumbo», relata Adalberto Blandón, un hombre de 53 años que, con dos ayudantes, levanta una ramada a la orilla del nuevo camino que la comunidad ha hecho, por si hay algún turista que pase y se interese en alquilarla. Es agricultor, pero también se gana la vida de este trabajo.

Frente a él, dice, hace tiempos hubo una manzana y media de playa que el mar ya se comió. Por estos días aquí revientan los tumbos en la noche, pero adelante, a unos 10 metros de distancia, han quedado las señas de una casa, con un muro alto, que él cuidaba. Se trata de unos pedazos de pared, que no miden ni un metro de alto, y que cada vez el mar va arrastrando. Era una propiedad privada que, después de sus límites, todavía tenía más playa. Pero hace años este terreno ya cedió al mar.

La casa solo duró en pie 15 años, recuerda Adalberto, porque ocho días después de que el Mitch golpeó El Espino, el oleaje fuerte la botó. A su paso, también se llevó tres casas, incluida la suya, y aterró el estero con deslaves que empozaron el agua dulce.

El hombre, con un sombrero y una camisa de manga larga con los dos primeros botones sueltos, dice que el mar no ha parado de crecer desde hace años. Hace 26 años también se unió con el estero, que está atrás, a 60 metros de distancia; y a 40 minutos de este lugar, formó una media bocana a la que le llaman La Angostura, que no dejaba que las personas cruzaran de un lado a otro cuando se llenaba.

Cuenta que cuando el mar botó las casas que estaban a la orilla de lo que antes era playa, pidieron ayuda al alcalde de Jucuarán. Pero la ayuda no llegó hasta ahí, porque de ese lado no hay mucho turismo. Para referirse al abandono en el que, dice, están, muestra la lámpara de alumbrado público arruinada que cuelga de lado sobre un poste. Está sujeta solo por un cable y deteriorada por la sal.

Destrucción. Esta fue una de las casas afectadas por el mar de fondo de 2015, en el caserío Bola de Monte, del cantón Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

La organización Oikos Solidaridad, que trabaja en la zona oriental del país, señala que en El Espino hay afectación porque todo lo que baja del volcán Chaparrastique, en San Miguel, va a parar al mar. Esto incluye los desechos de los agricultores, quienes, dice, no realizan buenas prácticas, lo que contribuye a aumentar la erosión y el nivel del mar.

«Ahí se perdió la playa ya. Incluso los ranchos, las viviendas de veraneo, algunas ya están cayéndose, porque el mar ha avanzado. ¿A qué se debió? Establecieron cultivos de cocoteros. Se alteró la duna que naturalmente ya existía. Y ahora las fuerzas de la naturaleza están cobrando factura y están erosionando El Espino», explica en su oficina, en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Enrique Barraza.

Restos. En la playa El Espino hubo construcciones donde ahora hay mar. La fotografía corresponde a los restos de una casa a la que las olas arrebataron ocho días después del huracán Mitch, en 1998.

Barraza es investigador asociado al área de Recursos Acuáticos de la UFG. Es experto en biodiversidad acuática y contaminación acuática. Le apasiona el mar y explorar El Salvador. Lo hace en el terreno, pero esta mañana explora las costas del país a través de Google Earth. Su oficina está en la esquina de un salón. Tiene dos mesas y dos estantes. En uno, hay recipientes de crustáceos que pretende estudiar.

Sobre una de las mesas hay una linterna marina que el instituto recién acaba de comprar. Antes de comenzar a viajar online en las costas, la retira y la coloca cerca de los crustáceos. Sobre esta mesa también hay un pez de cerámica y la alfombrilla para el mouse tiene plasmada una playa. Detrás de Barraza, un afiche enmarcado en el que aparecen los peces de mayor importancia comercial en Centroamérica.

El Salvador tiene 338 kilómetros de costa. En el occidente, las playas comienzan en la desembocadura del río Paz, en la frontera con Guatemala, en Ahuachapán; y terminan en oriente, en La Unión, en el Golfo de Fonseca. La mayor parte de las playas se formó por medio de depósitos de arena que, pasados miles de años, el mar hizo en las rocas. Por esto se les conoce como barra de arena.

Protección. Para protegerse del impacto de las olas, la alcaldía, y quienes pueden, han colocado piedras alrededor de la playa El Espino y así evitar que el mar se lleve, de a poco, las construcciones.

Las playas de barra de arena, según Barraza, se caracterizan porque, al igual que las bocanas, son inestables en el tiempo. Sucede en el país y en el mundo. Para explicarlo, acude a Google Earth, se posiciona en el mapa de El Salvador y señala las líneas que dividen el mar de las playas.

Las dunas -pequeñas elevaciones de arena que están a la orilla de la playa, donde hay vegetación, y que sirven como barrera para evitar las marejadas y que el viento arrastre sedimentos- han sido destruidas en la mayor parte del litoral salvadoreño, dice.

El Espino no es la excepción, por eso está más vulnerable a mareas altas y a tormentas fuertes, como ocurrió en el huracán Mitch, cuando arrasó con las casas de los lugareños. Para el experto, esta es la playa en donde, posiblemente, está más visible la erosión en las costas del país. Más arena deja la playa y esta no es igual a la que trae el mar.

De acuerdo con el estudio realizado por el MARN, entre las causas del proceso de erosión en El Espino provocadas por el hombre están las construcciones, donde chochan las olas y extraen arena, no permitiendo que su energía corra a la cara de la playa; la deforestación de la vegetación natural, que ayudaba a retener los sedimentos -descomposición de los materiales- más finos; y la construcción de las represas del Río Lempa y sistemas de riego en el río Grande de San Miguel que, con su actividad, hacen que se pierda parte del sedimento que llegaba a la costa, sumado a que en sus cauces hay extracción de arena.

Aunque el investigador Barraza indica que la erosión en las costas es natural y que las playas están en constante cambio por el movimiento que el mar y el viento producen en los sedimentos, advierte que el cambio climático está acelerando los procesos. A esto se agregan factores como la deforestación en la cobertura boscosa alrededor de los ríos que desembocan en los mares, que provoca que ya no haya retención de las lluvias y un cauce suave, sino que puede generar hasta inundaciones.

Lo ejemplifica, en su computadora, mostrando dos fotografías satelitales de la desembocadura del río Jiboa. Son de 1957 y de 2019. En la primera se observa mayor cobertura boscosa, mientras que, en la segunda, esta ha ido disminuyendo, sustituida por cultivos y viviendas. Y además, la bocana del río desplazada más a la derecha, lo que hace que, cuando el río crece, inunde a las comunidades de la zona.

El Grupo Intergubernamental de Experto sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de las Naciones Unidas Medio Ambiente, publicó el Quinto Informe de Evaluación sobre el cambio climático en 2014, concluyendo que el ser humano es el causante del mismo.

El informe estableció que, entre 1901 y 2010, el nivel medio mundial del mar subió 19 centímetros y que los océanos se han expandido por el derretimiento de hielo. Además, determinó que, por las emisiones de gases de efecto invernadero, posiblemente la temperatura mundial -la cual entre 1800 y 2012, incrementó 0.85°- siga en aumento y con ella los océanos se calienten y el hielo continúe derritiéndose.

Por lo tanto, según las estimaciones, en 2065, el nivel medio del mar aumentará entre 24 y 30 centímetros; y en 2100, 63 centímetros, respecto a los años de referencia, que son 1986-2005.

“Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo”, explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

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Josué López no estaba en su casa el 2 de mayo de 2015. Andaba con su primo apagando un incendio a kilómetros de la playa El Botoncillo, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Cuando llegó, al presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitaria de esta comunidad, le costó reconocer el paisaje. Encontró inundado el terreno donde estaba su casa y su familia ya había sido evacuada a una escuela que sirvió de albergue en el municipio guatemalteco de Moyuca, vecino de El Salvador. Perdieron todo, y en medio de la angustia, la alcaldía del municipio ahuachapaneco les dio la espalda, dice.

Tres meses después, Josué encontró su cocina enterrada en el manglar, donde fueron a parar muchas de las cosas de las 210 familias afectadas en el caserío El Botoncillo y Bola del Monte, a quienes las olas no les dieron paz durante cuatro días.

«A esta altura nadie se puede imaginar todo lo que sufrimos y todo lo que destruyó el mar en esa fecha, porque ya del 2015 a 2019, aquí se ve como que así era», cuenta Josué a un lado de donde una vez fue su casa. La casa de ladrillo a la que le faltan paredes y no ha podido reconstruir, porque la pesca, dice, se ha puesto mala y no alcanza para pagar las deudas que tiene.

Cuando habla mira al horizonte, donde antes que el mar destruyera a la comunidad y parte de su manglar, habían más de 200 metros de playa: afuera de su casa tenía los tapescos en los que secaba el pescado, más allá había un surco de árboles de botoncillo, un bordo, un basurero y una cancha de fútbol playa. Y atrás, pozos de agua dulce, que ya son de agua salada. Todo lo cambió el mar.

Ahora, cuando la marea está alta, para evitar que las olas que impactan se lleven la arena, ha tirado basura, como palmas secas y plástico, a la par de donde están los restos de su casa y metros enfrente donde ha construido dos casas con palma, vena de coco y horcones de botoncillo. Dice que el mismo aire va enterrando la basura y esto crea una barrera.

En mayo de 2015 las costas salvadoreñas fueron afectadas por el mar de fondo, un fenómeno que ocurre entre mayo y noviembre, y que provoca olas de hasta 10 metros de altura. El fuerte oleaje se debe a las lluvias ocurridas en el Océano Índico, entre diciembre y febrero, e inicia en el Océano Pacífico cuando termina la época seca y comienza la lluviosa.

Desde esa fecha, la vida ya no es igual en la comunidad. Tras el mar de fondo, en el manglar, que se extiende hasta el cantón de Garita Palmera, el canal perdió su hondura y su anchura. Lo cuenta Rigoberto Monge, el vicepresidente de la Asociación de la Microcuenca Marino Costera de la Zona Sur de Ahuachapán y primo de Josué.

Rigoberto está frente a un canal que, dice, años atrás tenía una profundidad de un metro. Pero, cuando el mar sobrepasó la playa y entró por la bocana, comenzó a matar a los manglares. Enfrente hay palos de mangle pequeños, que fueron sembrados después que la comunidad excavó los canales, porque todo quedó aterrado de arena y lodo. También hay troncos de árboles que se secaron. Ante él saltan los camarones y los pescados conocidos como chimberitas, en el poco de agua que se niega a morir.

«Eso quedó como si no había existido estero, como si no había existido río, porque todo lo llenó de arena», relata. Y recuerda que, antes de 2015, la bocana del caserío El Botoncillo pasaba destapada de seis a cinco años, lo que permitía que el agua fluyera libremente y bañara el manglar. Ahora se tapa una o dos veces por año. A veces la alcaldía de San Francisco Menéndez les envía una máquina para extraer arena, pero, sino, la comunidad la saca con palas y azadones.

Los bosques de manglar previenen las erosiones en las costas y son barreras naturales ante las inundaciones. En ellos viven crustáceos y peces, que contribuyen a la economía de los lugareños. Para que los bosques estén vivos, necesitan 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce, porque con los flujos de estas dos aguas, los árboles constantemente están subiendo y bajando. De lo contrario, se quedan estancados y se pudren. Y mueren los animales.

Manglares. Con el aumento del mar, también incrementa la salinidad. Esto afecta a los bosques de manglar, que necesitan que corra en sus canales 50 % de agua salada y 50 % de agua dulce.

El manglar de El Botoncillo es parte del sitio Ramsar Complejo Barra de Santiago. Estos sitios son ecosistemas de importancia internacional, por ser humedales únicos, que almacenan dióxido de carbono y que les sirven de hogar a especies migratorias.

Caminando a un lado de la bocana, donde se observan más árboles de mangle descubiertos de agua, entre la frontera de El Salvador y Guatemala, este mediodía Rigoberto lamenta que el escenario no sea el de años anteriores, con canales profundos y anchos. Que ya no lleguen a este lugar las aguas del río Paz, que evitaban la arena acumulada en la bocana y la salinidad en el estero, y que además, ayudaban a que hubiese un flujo de agua. Así, es imposible que no se acumule el agua salada en el bosque y se contamine. Antes no pasaba, con las seis horas de llenado y otras seis de vaciado.

«Hemos producido mucho CO2 en casi 40 años, casi el doble que se produce en los últimos cinco siglos, según los estudios, y esto ha llevado que el planeta se caliente, que funcione como un carro cuando lo dejás en el sol, que por dentro está hirviendo, pero por afuera los rayos se están esparciendo», explica Gregorio Ramírez, sociólogo del Área Natural de Articulación Social y Organizativa, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Ramírez, el encargado de la UNES de monitorear la zona sur de Ahuachapán, indica que fenómenos hidrometeorológicos, como el mar de fondo, tienden a ser constantes por el cambio climático y esto conlleva al aumento de los niveles de mar. Sobre todo en esa parte de la zona de occidental, donde ha habido un cambio de uso de suelo y cada vez hay más monocultivo de caña.

Después de lo que ocurrió en 2015, la UNES comenzó a implementar un monitoreo hidroclimático que consiste en extraer agua de los pozos de la zona para saber cuánta agua tienen, vincular su cantidad a la sequía, a la ausencia de lluvia o la extracción para la riega de caña. También hay un monitoreo de lluvia, en conjunto con el MARN, para saber cuándo es tiempo para cultivar o reforestar el manglar; y hay un monitoreo para medir la salinidad, acidez y el oxígeno del manglar. Pero la comunidad se ve amenazada.

Un informe que el MARN y la UNES realizaron en 2016 señala que en los últimos 40 años, se ha transformado el manglar de Garita Palmera, que debería ser pantanoso y con ramificaciones hidrológica. Ha sido afectado porque la microcuenca El Aguacate, un brazo del río Paz, que lleva agua hasta el manglar, ha servido como canal de riego para cañales. Esto lo descubrieron las comunidades y comenzaron acciones contra empresarios. Pero el agua de este río, cuyo curso fue desviado por el huracán Fifi, en 1974, para el territorio guatemalteco, sigue sin llegar a la costa salvadoreña.

Ramírez sostiene que la producción de caña afecta los ecosistemas y a las poblaciones vulnerables, como El Botoncillo, y que, por ello, es necesario que el MARN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería regulen los permisos ambientales. Ya que, con estas actividades, hay una repercusión en el aumento de los niveles del mar, sumado al cambio climático. También apunta a la necesidad de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad de las comunidades ante los intereses empresariales. Voceros oficiales de una empresa cañera dijeron a esta revista que el sector no tiene incidencia en la cuenca desde hace dos años.

En la entrada de la bocana, Rigoberto espera que, un día, los casi dos metros de arena que trajo el mar de fondo, en 2015, puedan ser drenados en donde una vez fue un estero fluyente. Aunque esto no sería suficiente para recuperar el bosque de manglar, ante un río que ya no es de ellos, de la comunidad, y un mar que va creciendo y se traga todo lo que encuentra.

Pequeños actos de resistencia

En agosto del año pasado decidí hacer un experimento: dejé de dar «me gusta» o «likes» en las pocas redes sociales que mantengo. Estaba fastidiada de ver los contenidos a los que la gente que sigo daba like y que aparecían en el TL de mi Twitter. Por lo general eran contenidos que me resultaban indiferentes o hasta desagradables. Lo peor era la sensación de ser una fisgona, una entrometida involuntaria en la privacidad ajena.

También hubo otros motivos para hacerlo. Nuestras interacciones en redes alimentan algoritmos que toman decisiones sobre lo que aparece o no en nuestros correspondientes muros o líneas de tiempo, a veces con resultados espeluznantes. No entraré en detalles, pero tuve una de esas experiencias. El algoritmo no comprende ni respeta sensibilidades ni corazones rotos y algunas veces te impone ver o enterarte de cosas que preferirías no saber.

El resultado de ello fue tan brutal que ese día cerré casi todas las redes que tenía, comenzando por Facebook y terminando por LinkedIn, una red para profesionales y que se supone puede servir para encontrar trabajo, pero que para lo único que me sirvió fue para que alguien intentara estafarme. A regañadientes mantengo Twitter, que he usado, sobre todo, como un lector de noticias y una forma de difundir esta columna, así como información cultural y las convocatorias de mis talleres literarios.

Mi experimento fue silencioso. Ni siquiera tenía claro cuánto tiempo lo haría. Simplemente dejé de ceder al impulso automático de gustar lo posteado en alguna red u otras publicaciones electrónicas. Fue algo difícil al comienzo. A fin de cuentas, un «me gusta», dentro de este contexto, puede tener varias lecturas y no siempre es literal. Muchas veces es un acuse de lectura, una muestra de apoyo, un dejar el texto marcado para leerlo más adelante, un signo de complicidad con alguien, un levantar la mano y decir «aquí estoy». Para solventar eso, sobre todo con los conocidos reales, contestaba con algún emoji o comentario.

Poco a poco comencé a ver una mejoría en el contenido del TL y los likes ajenos desaparecieron por completo. También dejé de seguir docenas de cuentas cuyo contenido en realidad nunca leía o que ya no me interesaba. Eso comenzó a darme la sensación de estar burlando un poco a los tan odiados algoritmos, de asumir un actuar más consciente en redes y no un dejarse llevar en automático por una conducta programada, que es lo que las redes quieren lograr. A cada estímulo se espera que haya una reacción determinada y mientras más reaccionemos, contarán con mejor información para engancharte y perpetuar el hábito.

Comprendo que mi experimento puede estarme dando la falsa sensación de tener algo de control sobre los contenidos de mis redes. Estoy clara de que no es así. Cada movimiento que hacemos en la web, sea desde nuestras computadoras o desde nuestros dispositivos portátiles, cada navegación, cada página visitada, guardada, comentada o eliminada, todo va siendo registrado en alguna parte. Compartimos información que pensamos no le interesa a nadie, pero resulta que, al hacerlo, regalamos a otros una materia prima con la que algunos se están haciendo millonarios y que otros están utilizando para manipular nuestras decisiones y nuestra percepción sobre temas varios, desde preferencias electorales hasta problemas globales o regionales.

Existen empresas de diferente índole que necesitan esa información, en apariencia banal e inútil, pero que, utilizada y explotada de manera adecuada, puede servir para muchos fines: desde vendernos un producto de una marca determinada hasta manipular emociones colectivas a favor o en contra de alguna causa.

En el documental de Netflix The Great Hack (2019), conocido en español como Nada es privado, los directores Karim Amer y Jehane Noujaim examinan el escándalo en torno a la empresa Cambridge Analytica, una consultora política que recopiló en secreto información de millones de usuarios de Facebook, que luego fue utilizada para influenciar los resultados de las campañas de Trump y el Brexit. De hecho, el documental comienza con la demanda del profesor universitario estadounidense David Carroll, quien exigió saber de Cambridge Analytica los datos que la empresa había recopilado sobre él, metiéndose a un larguísimo y complicado procedimiento legal para lograrlo.

Es recomendable ver dicho documental para darnos cuenta del alcance y el valor que tiene nuestra información y nuestros movimientos en la red y cómo nosotros, de manera ingenua y voluntaria, ponemos en bandeja de plata los datos que servirán para dejarnos manipular según antojos y conveniencias de terceros.

Lo que podemos hacer al respecto es poco, sobre todo en países como el nuestro donde no existen leyes que defiendan nuestros derechos digitales, entre ellos el derecho al olvido, es decir, de solicitar que información específica que circula en internet sobre nosotros sea borrada de los servidores de los grandes consorcios informáticos.

Por motivos laborales y sociales, las diferentes aplicaciones y dispositivos que utilizamos para informarnos y comunicarnos con los demás son de uso inevitable. El simple hecho de tener un teléfono, con sensores de geolocalización, cámaras y micrófonos que están emitiendo una constante serie de señales, nos hace fácilmente rastreables, ubicables y hasta predecibles. La vida actual está impregnada del quehacer por vía electrónica o digital y, aunque eliminemos todas nuestras redes sociales, la huella que dejamos por otras vías (como las tarjetas de crédito) queda registrada en varias partes.

Acaso pronto tendremos que luchar por el derecho de recuperar nuestra privacidad íntegra o recurrir a mecanismos extremos como «los desconectados», gente que ha optado por no conectarse a la red, no tener redes sociales o utilizar esos medios al mínimo.

Puede que mi pequeño experimento sea completamente inútil. Pero zafarme del movimiento automático del like es como un pequeño acto de resistencia personal, la negación a realizar la reacción esperada y, ojalá, una forma de desconcertar a los malditos algoritmos, que se supone nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos.