Carta Editorial

Las muestras de personas que llegan a esta sala del Hospital San Rafael, en Santa Tecla, resume muy bien cuáles son los principales retos que tiene el país. Si de comenzar por lo obvio se trata: los hogares no son lugares seguros.

El 75 % de las agresiones sexuales se ha cometido en casa de la víctima, en ese sitio que debería significar resguardo y seguridad. Y las personas victimarias, en los casos de menores de edad, también son conocidas por la víctima. El abuso se comete en círculos de confianza.

La labor de Maritza Anaya en el San Rafael es una de las que se deberían considerar como más importantes para la población. Es psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Rafael. Desde ahí, se convierte en el primer contacto que, en la mayoría de casos establece una víctima. Es con ella en donde se comienza a trazar el camino hacia algún tipo de recuperación y, quizá, de justicia.

La denuncia se convierte en un reto más grande cuando el abuso se ha cometido en casa. Es ir en contra de todo lo que se conoce en la vida y, en algunas ocasiones, no se cuenta con los recursos y el conocimiento para reconocer un delito. El hospital capta a las víctimas por interconsultas. Llegan solo por lo físico, cuando lo que necesitan es una atención integral que involucre a otros miembros de familia y así mejorar el entorno.

Porque no se le puede pedir a ninguna persona que denuncie un delito cuando no se le ha formado, primero, como sujeto de plenos derechos sobre sí misma y, segundo, sobre cuáles son todas las caras con las que se puede presentar ese delito. No se le puede pedir que denuncie de manera oportuna y efectiva cuando las herramientas que se le dan para hacerlo no sirven.

En esta entrevista realizada por la periodista Valeria Guzmán, Anaya desglosa los procesos que siguen sus pacientes. Pero lo que nunca deja de sonar en medio de la plática es la precariedad en la que ella y sus colegas realizan su trabajo. Una situación que profundiza las injusticias y la violencia contra las personas más vulnerables.

«Los ambientes pesimistas son contagiosos»

¿Cuál ha sido su mayor riesgo?

Cofundar SPOT, una «startup» de desarrollo de tecnología enfocada a la inteligencia artificial. Supuso un riesgo en un momento porque al iniciar había una gran posibilidad de no consolidarnos como empresa.

¿Qué le emociona más de su profesión?

El impacto positivo que puedo generar en las personas e industrias con las que trabajo, gracias a la inteligencia artificial.

¿A qué personas admira?

Mi madre y mi hermana son las mujeres a las que más admiro. Ellas me han enseñado con su ejemplo a superarme y perseguir mis metas.

¿Qué es lo que más le disgusta?

Los ambientes negativos y/o pesimistas porque son contagiosos… y los insectos.

Una canción que le alegra el día…

«Be Alright«, de Ariana Grande, porque está llena de optimismo.

¿Cuál es su trabajo soñado?

Disfruto mucho cantar en privado y reuniones familiares. Si fuera cantante interpretaría música soul o R&B.

Si pudiera cambiar un problema en el mundo, ¿cuál sería?

Mejorar la accesibilidad de las personas para solventar las necesidades vitales. Lograr que puedan tener un verdadero desarrollo humano con agua potable, energía eléctrica, comida saludable y educación integral de calidad, etcétera.

Gaza ahogada

Fotografía EFE

Mohamed Riyaleh es pescador pero hace 43 días que no come pescado. Cada amanecer desciende la cuesta hacia el puerto de Gaza, revisa y arregla sus barcas desconchadas y, cuando puede costear el combustible, se echa al mar. Pero sin superar el límite que impone Israel en el Mediterráneo, donde apenas captura para sobrevivir.
No siempre fue así. Antes del bloqueo marítimo, navegaba sin veto. Cuando los Riyaleh eran una familia acomodada, como eran los pescadores en Gaza. Hoy, son los pobres. La prosperidad de Gaza es solo un recuerdo. El presente es incierto y el futuro alarmante. Si no revierte su situación, el próximo año será inhabitable, advierte la ONU.

El pesquero es uno de los sectores más castigados por un bloqueo israelí que limita los recursos y aprisiona a su gente desde hace más de una década. También es un reflejo de la decadencia de dos millones de habitantes atrapados en 367 kilómetros cuadrados, donde las nuevas generaciones viven peor que sus padres y abuelos.
Halima, la madre de Mohamed, lo corrobora. Cuando eran “felices” se levantaba temprano y bajaba con sus hijos al puerto, donde limpiaba el pescado que capturaba su marido para venderlo en el mercado, rememora desde la modesta casa familiar que ocupa en un edificio de cemento visto en el campo de refugiados Shaati (playa).

En su interior, parte de los 54 miembros de la familia, la mayoría menores descalzos, remienda redes y manipula aparejos; todos ayudan para que los 15 pescadores con licencia puedan salir a faenar, aunque vuelvan con los cestos vacíos.

Los padres de Halima eran trabajadores del campo. Cultivaban sus tierras en Hamama, una villa árabe a 20 kilómetros de Gaza y uno de los 500 pueblos que quedaron completa o parcialmente destruidos por la guerra que originó la proclamación del Estado de Israel en 1948 y la oposición de los países árabes.

“En el año 2000, el número de beneficiarios que recibían cupones de alimentos era de 80,000. Ahora llega al millón de personas”, cuenta el portavoz de la UNRWA en Gaza, Adnan Abu Hasna. Es el dato del deterioro. Hasta el 90 % de los palestinos de la Franja depende de algún tipo de asistencia humanitaria, como sanitaria o educativa.

Los Riyaleh fueron una de las miles de familias que se refugiaron junto a la costa y retomaron su vida con ayuda de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Medio, que se creó para auxiliar a las 700,000 personas que perdieron sus hogares.

“En el año 2000, el número de beneficiarios que recibían cupones de alimentos era de 80,000. Ahora llega al millón de personas”, cuenta el portavoz de la UNRWA en Gaza, Adnan Abu Hasna. Es el dato del deterioro. Hasta el 90 % de los palestinos de la Franja depende de algún tipo de asistencia humanitaria, como sanitaria o educativa.
Como gazatí, Abu Hasna no solo tiene datos sino también vivencias de un pasado mejor, como el haber encontrado trabajo en la Franja al día siguiente de licenciarse en Ingeniería en Egipto. Hoy sus hijas han emigrado a España y Bélgica.

Los refugiados y sus descendientes representan actualmente un millón y medio del total de la población de Gaza, familias que comenzaron de cero hace 70 años y hoy “viven por debajo de él”, lamenta Mahdi, uno de los hermanos de Mohamed.

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EL CONTROL DE LAS AGUAS

Mohamed no atina a contar las veces que Israel ha cambiado la invisible “frontera marítima”. La última este mes de marzo en represalia por el lanzamiento de un cohete por milicianos, que cayó sobre una vivienda israelí. Lo redujo hasta las 3 millas, donde este hombre de mar asegura que no hay pieza que entre en la red. Dependiendo de la situación, Israel lo amplía a nueve –pero solo en algunos tramos–, una distancia a la que pocos se acercan por miedo a la reacción de la Marina israelí.

Un día, desesperado por volver siempre de vacío, desafió el límite: “Me atraparon desde el norte, el sur y el este. Dispararon al bote, me hirieron y nos humillaron. Fue muy difícil escapar. Ahora no hay nada realmente agradable en la pesca”.

Israel apela a la seguridad para limitar un área de pesca que cerca con barcos de guerra: 2 kilómetros al norte, en lo que sería la extensión marina de la frontera terrestre con la ciudad israelí de Ashkelón, y otros 2 kilómetros al sur del mar, siguiendo el límite con Egipto, lo que deja 36 kilómetros de costa navegables para los gazatíes. Pero acotada mar adentro.

“Durante muchos años, el ejército ha operado contra los incidentes de seguridad en la zona marítima junto a Gaza, incluidos los intentos de entrar en territorio israelí y el cruce y contrabando desde aguas egipcias”, explica a Efe el ejército en un declaración escrita tras declinar responder mediante entrevista. “Estas disposiciones existen con el fin de prevenir infiltraciones y actividades terroristas”, precisa en el texto un portavoz apelando a unas normas que están clasificadas.

Mohamed no lo entiende. Le parece incomprensible una frontera en altamar, donde está el pescado, y además de los disparos disuasorios –uno de los cuales mató a su tío–, teme la confiscación de sus embarcaciones, su modo de vida. Una de ellas está varada en tierra porque le fue devuelta 25 meses después con impactos de bala y sin motor. Otra permanece aún en territorio israelí. “Si un barco viola las disposiciones de seguridad en ciertas circunstancias, puede ser susceptible de ser incautado”, alega el ejército.

“Solo el año pasado, cuatro pescadores murieron y 30 resultaron heridos. Además, 70 fueron arrestados, se confiscaron 20 embarcaciones y se registraron grandes pérdidas en el sector; aproximadamente seis millones por año”, ilustra Zakaria Bakr, miembro del comité de pescadores de la Federación de Sindicatos de Trabajo Agrícola, quien denuncia que más del 95 % de los ataques israelíes se ha producido entre las 2 y las 3 millas.

Israel no solo impone el bloqueo en el mar, sino que restringe la entrada de materiales de pesca, repuestos, motores y fibra de vidrio, “lo suficiente para decir que desde 2012 no se fabrica ningún barco nuevo”. Controla también la frontera terrestre y limita la importación de artículos, como el cemento, o prohíbe los denominados de doble uso, como fertilizantes con concentración de cloruro de potasio superior a 5 %, que considera podrían ser utilizados para “fines terroristas”.

Gaza tampoco controla su cielo, que frecuentan drones y cazas israelíes. El único aeropuerto de la franja operó apenas dos años entre 1998 y 2000 y hoy no pueden hacer uso espacio aéreo.

Economía devastada. Según Mohamed Riyaleh, el ingreso medio mensual de los pescadores de Gaza era equivalente a 366 euros, hoy es menor a 95 euros.

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CASTIGO COLECTIVO

La Franja estuvo administrada por Egipto entre el armisticio de la guerra árabe-israelí de 1949 y la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel se hizo con el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén este y los Altos del Golán sirios.
Del Sinaí se retiró tras los Acuerdos de paz con El Cairo en 1979 y de Gaza en 2005. Pero siguen rodeados. El cerrajón de Gaza, un “castigo colectivo” según Naciones Unidas, llegó en 2007, tras una violenta lucha de cinco días entre los simpatizantes del movimiento islamista Hamás y los del presidente palestino, Mahmud Abás, que terminó con la expulsión de estos últimos del enclave el 14 de junio.

Hamás, considerado como grupo terrorista por varios países (incluido Israel, EUA y la UE), se presentó a las elecciones de 2006 y se hizo con la mayoría de escaños del Consejo Legislativo Palestino. Ante la amenaza internacional de sanciones, el movimiento islamista aceptó un gobierno de unidad con Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Tras el enfrentamiento a tiros entre ambas partes en plena calle, la ANP perdió el control de Gaza, que desde entonces gobierna de facto y con mano dura Hamás. Fue inmediatamente después de la escaramuza cuando Israel redujo sus ventas de combustible a la Franja, prohibió toda exportación, permitió la importación de tan solo cinco tipos de alimentos y limitó el área de pesca. Comenzó el bloqueo.

La Franja ha vivido una historia singular dentro del devenir palestino. Fue en su campo de refugiados de Yabalia donde se inició la Primera Intifada (1987-1991), que se extendió por toda Cisjordania, a 115 kilómetros y a la que hoy los gazatíes apenas tienen acceso. Tampoco pueden visitar libremente Jerusalén este, anexionada por Israel.
El asesinato en noviembre de 1995 en Tel Aviv del entonces primer ministro Israelí Isaac Rabin, a manos de un extremista judío, estancó el proceso de paz, que luego quedó herido de muerte con el estallido de la Segunda Intifada (2000-2005), mayoritariamente armada y con atentados suicidas palestinos. En esa etapa se inicia también el lanzamiento de cohetes desde el enclave hacia las comunidades israelíes colindantes, y desde entonces se repite una secuencia de disparos y bombardeos israelíes de represalia que han originado tres operaciones militares masivas sobre Gaza, en 2008-2009, 2012 y 2014. En la última, murieron 2,252 palestinos, 1,462 de ellos civiles y 551, niños. Porque cuando caen las bombas, los palestinos tampoco pueden huir.

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LOS RECORTES DE TRUMP

Los bombardeos israelíes han hundido cinco de los barcos de Mohamed, a quien ya no le salen las cuentas de lo que pierde y de lo que no gana. “El ingreso medio de los pescadores era de 1,500 shekels (366 euros) al mes y ahora es de menos de 400 (95 euros)”, apunta Zakaria Bakr.

El pesquero era el segundo sector más productivo después de la agricultura, hoy es el paradigma de una economía devastada. El Banco Mundial alertó el año pasado de que estaba “a punto de colapsar”, con más de la mitad de la población sin empleo y un paro del 70 % entre los más jóvenes. La paradoja es que tampoco consuela el dinero. “Si tienes un millón de dólares o un dólar, es lo mismo, estás desesperanzado, nunca te ayudará. Si, por ejemplo, estás enfermo y no puedes viajar, qué significa el dinero?”, cuestiona el portavoz de la UNRWA.

Las familias de refugiados se enfrentan ahora también a los recortes de EUA En 2018, el gobierno de Donald Trump redujo en $300 millones su aportación a la UNRWA, dejándola en $60 millones. Este año no ha aportado ni un solo dólar. Para Abu Hasna, Gaza reúne todos los elementos que “destruyen la capacidad humana”.

El último signo de desesperación se manifestó en la llamada Gran Marcha del Retorno junto a la frontera. Desde que comenzó, en marzo de 2018, han muerto al menos 183 palestinos en las protestas, 32 de ellos menores, por disparos del Ejército israelí. Un comité de la ONU que estudia la situación considera que pueden constituir “crímenes de guerra”, ya que iban desarmados y no suponían una amenaza inminente para soldados apostados al otro lado de la frontera. La movilización, convocada en un principio por la sociedad civil, ha sido instrumentalizada por Hamás e Israel reacciona al considerar que el movimiento islamista se ampara en ellas para cometer atentados.
Los jóvenes que pasean apoyados en muletas son una imagen habitual en las calles de Gaza. Están entre los 6,000 heridos que, en datos de la ONU, han recibido un disparo del Ejército israelí en estas protestas. Algunos ya están sufriendo amputaciones por la falta de tratamientos adecuados en hospitales sin apenas recursos.

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UNA POSIBILIDAD DE SALIR CADA 200 AÑOS

El puerto de Gaza, como las plazas de los pueblos, concentra el descanso de los gazatíes. Los bancos miran al mar y allí los palestinos parecen respirar. Es lo más parecido a una escapada que, probablemente, nunca tendrán. Los permisos de salida expedidos por Israel en 2018 no superaron los 9,600, lo que, por estadística, concede a cada gazatí una posibilidad de viajar fuera del enclave cada 200 años, según Naciones Unidas.

El bloqueo no solo limita el tránsito de bienes, sino también el de personas. No pueden emigrar, planear una luna de miel en un país lejano o visitar a sus familiares en el resto de territorios palestinos. Solo periodistas, personal humanitario o delegaciones institucionales consiguen permisos para acceder a la Franja. De esta forma, la realidad de este enclave se construye con leyendas y una mirada distorsionada desde dentro y desde fuera.

Las nuevas generaciones tienen como única referencia de Israel las bombas de su aviación o los disparos de la marina. Son los que controlan cada aspecto de su vida aunque no estén presentes. Una gran parte del mundo reduce la identidad de 2 millones de personas al movimiento islamista Hamás, pero lo cierto es que Gaza aún conserva parte de su antiguo dinamismo social. La Franja tiene equipos de fútbol femeninos, jóvenes políglotas, poetas, cantantes de hip hop y una minoría cristiana que recibe con cuentagotas permiso para introducir vino para la misa. Pero todos sus ánimos se dan de bruces contra las carencias más básicas: solo tienen una media de 6 horas de suministro eléctrico al día y el 95 % del agua no es apta para el consumo humano.

El progresivo deterioro de Gaza ha provocado una reciente e inusual revuelta contra las autoridades locales que ha sacado a miles de personas a la calle en la llamada “Revolución de los hambrientos”, violentamente reprimida por Hamás. “Queremos vivir” fue el nombre que los promotores pusieron a un movimiento liderado por jóvenes.

Mientras las generaciones mayores que acumulan agravios y cansancio, como Halima, parecen haber perdido la esperanza: “Los árabes están contra nosotros, los judíos están contra nosotros, el mundo está contra nosotros, Israel está contra nosotros, Egipto está contra nosotros, Dios está contra nosotros. Por qué no nos ponen delante de un tanque y nos disparan a todos de una vez?; estamos muertos estando vivos”.

Frontera marítima. Atravesar la frontera marítima con Israel les costó a los gazatíes ataques que dejaron cuatro pescadores asesinados, 30 heridos y 70 arrestos, en 2018.

ÁLBUM DE LIBÉLULAS (218)

1783. MEMORIA DE DOMINGO

Cuando llegaron a ver el sepulcro recién ocupado la sorpresa fue mayúscula al constatar que se hallaba vacío. Se quedaron silenciosos, buscando respuestas, y la que surgió unánimemente era una frase con aliento intemporal: «El cuerpo convertido en ráfaga se escapó sin dejar huella». Y aquella frase tuvo el inmediato efecto de una orden, porque los presentes salieron de inmediato a recorrer los entornos, para ver si el aire les daba alguna pista. Así llegaron a aquel claro del bosque más próximo. Ahí otro alzó la voz: «Él está aquí. ¿Lo sienten?» Todos, de distintas formas, dijeron que sí. Y entonces fue unánime la exclamación: «¡Ha resucitado para ya no dejarnos jamás!…»

1784. CUANDO GIRA EL VITRAL

En el primer momento, los rostros de los presentes permanecieron impasibles, como si nada extraño estuviera pasando. El lugar, aunque muy concurrido, siempre se mantenía tranquilo, porque los habituales eran siempre los mismos: muchos hombres y algunas mujeres de la tercera edad, que iban ahí a distenderse un rato. Pero esta vez pasaba algo que no era común: había llegado un grupo de adolescentes que se estaban de seguro estrenando en las bebidas mayores. De pronto, cambiaron los papeles: los jóvenes se quedaron quietos y los mayores saltaron de sus asientos cuando se encendió la música pop. Alguien gritó: «¡Viva el cruce de caminos!»

1785. LA OTRA CARAVANA

La gente fluía por el camino pétreo con lentitud ceremonial. A diario se daba aquella concentración en movimiento, porque los habitantes de los entornos confluían hacia los centros de trabajo que se apiñaban en el corazón urbano. Aquel día, sin embargo, un pálpito diferente se movía entre los transeúntes. Uno de ellos hizo de pronto un gesto para que todos se detuvieran, y fue como si se diera una orden superior. No hubo palabras, pero la señal era inequívoca. Había que seguir, sabiendo que el destino estaba muy próximo. Todos lo sintieron, y ese justo instante el aire se animó como si los abrazara. El Señor hallaba cerca, en algún rincón de los alrededores.

1786. EN EL JARDÍN MÁS PRÓXIMO

«Te quiero regalar la flor más bella que encuentre», le dijo él, acercándosele hasta sentir su aliento cálido y aromado. Ella pareció no escuchar aquel ofrecimiento, quizás porque ya sabía que él era prometedor por naturaleza. Como era hora de volver a las respectivas aulas, se despidieron con una sonrisa y se fueron por su lado. Al día siguiente él apareció con una rosa incomparable. La llevaba envuelta en una leve gasa. Pero ella no llegó. Al terminar las clases, se fue a buscarla. Se encontraba sentada en una banca del parque más próximo. «¿Qué haces?» «Te voy a entregar la flor». Ella la tomó. «¿Dónde la encontraste?» «Aquí». Y se señaló el lugar del corazón.

1787. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Estaban en el cine, uno de los de entonces. Faltaban algunos minutos para que la función comenzara, y prácticamente todas las butacas estaban ya ocupadas. Era una película extraña, que anunciaba novedades del futuro. Como aquel aparatito que manejaba el protagonista: un teléfono manual que parecía saberlo todo. Al salir se dirigieron a la cafetería más próxima, como era costumbre. Ya ahí, se ubicaron en su rincón. Y entonces el leve timbre empezó a sonar. Era un teléfono igual al que había aparecido en la pantalla. Se miraron a los ojos mientras el aparatito seguía sonando. Él y ella se preguntaron: «¿En qué siglo estamos?»

1789. JUEGO DE CONTRASTES

Recordaba que su padre, ya cerca de la etapa senil, decía con frecuencia: «Me duele todo, hasta el pelo». En aquellos lejanos entonces, él se reía como si fuera una broma; pero hoy, cuando le estaba tocando llegar a ese borde de la edad, lo que le venía era un amago de rictus, quizás impulsado por el hecho contrastante de que a él no le dolía nada. Cualquiera hubiera dicho que era un privilegio de la buena salud, pero lo que le embargaba era la sensación de lo imprevisible. ¿Y si un día de tantos caía sin aliento y no volvía a despertar? Y así se volvió devoto del dolor, que es un compañero que aconseja y previene. Así, cada vez que lo sentía se ponía a sonreír agradecido.

1790. CRISTAL VIVIENTE

Sus padres trabajaban todo el día. Salían de madrugada y volvían de noche. Él entonces se acostumbró a una libertad que se intensificaba en períodos vacacionales. Y tal sensación le hacía sentirse un cristal viviente.

1791. HACIA EL OLIMPO

Era un creyente fervoroso en el alma feliz. Y por eso cada vez que le preguntaban hacia dónde se dirigía él contestaba: «Hacia el Olimpo».

1792. HOLA, ARROYO

Por las tardes, al concluir la jornada de trabajo como repartidor motorizado de productos alimenticios, se sentía satisfecho sin haber probado bocado durante el día. Era su rutina casi fantasmal, que nadie parecía advertir, ni siquiera su pareja, embebida en los melodramas televisivos, ni sus hijos, que ya eran adolescentes instalados en la nube. Y todos los días se escapaba de la pequeña vivienda de la manera más sigilosa posible, aunque en verdad nadie le prestaba atención. Y se iba hacia aquel distante predio baldío que daba a una pendiente cubierta de vegetación ríspida. Un día, uno de los hijos lo observó, levantando la mirada de la pantallita: «¿De dónde venís?» Él no dudó: «De estar un rato con mi mejor amigo». «¿Y quién es?» No hubo respuesta. A lo lejos, el arroyo dio un salto sobre las piedras.

La lucha en Costa Rica del exilio nicaragüense más olvidado

Procesos burocráticos. Casi 29,000 personas han recibido el carné de solicitante de asilo en Costa Rica. De estos, solo 8,000 han conseguido permiso de trabajo.

En su ciudad natal tenía casa propia y trabajo, era maestra suplente de primaria y asistente de unos abogados. «Éramos humildes pero la vida es más barata». Ahora, esta mujer que pide ser identificada solo como «la Profe» por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua, lamenta tener que mendigar. Pero sin permiso de trabajo no ve otra opción para sobrevivir. «Nunca lo había hecho», dice avergonzada.

El destino de los cerca de 50,000 nicaragüenses que llegaron de Costa Rica en el último año huyendo de la violencia y la persecución es una pieza clave en el diálogo actual entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, que reclama garantías para que todos ellos puedan regresar en condiciones de seguridad. La mayoría son estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas o dirigentes sociales, como «la Profe».

Pero mientras los negociadores se esfuerzan por llegar a acuerdos en esta crisis que se ha cobrado al menos 325 muertos y cientos de detenidos, los exiliados que no tienen familia que les apoye ni ahorros de los que vivir luchan cada día por salir adelante, algunos con trabajos precarios, otros casi en la indigencia.

Son «los olvidados de los olvidados», como dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que acaba de visitar Costa Rica. Como muchos otros, «la Profe» huyó de Nicaragua durante la llamada Operación Limpieza, el operativo lanzado por Ortega en julio y al que siguió lo que la ONU describió como una «caza de brujas» contra todo disidente. A su ciudad, Diriamba, llegaron paramilitares «armados hasta los dientes», asegura, que dejaron un rastro de muertos, heridos y hasta lo nunca visto: agresiones a los obispos en una de sus iglesias.

El delito de «la Profe» fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. «No sé cómo estoy viva», recuerda.

«Estaban agarrando a todos».

Lo único que podía hacer era huir.

Al llegar a Costa Rica solo encontró un lugar para vivir en La Carpio, un asentamiento irregular de San José, destino desde hace décadas de la migración nicaragüense y una barriada donde se mezclan casas de cemento con otras hechas de chapa. Ahí escasea el agua, se acumula la basura y las aguas negras escurren por estrechos pasadizos a cuyos lados se abren cuartos sin ventanas y letrinas en la misma habitación.

Antes de la llegada de la más reciente oleada de refugiados sin recursos, la mitad de los cerca de 18,000 habitantes de La Carpio ya vivían en casas precarias y el 70 % de las familias subsistía con menos de $330 al mes, según un estudio oficial del año pasado.

Algunos días «la Profe» no recauda más de $3, pero sale adelante gracias a la ayuda de iglesias, de gente anónima que le da comida y de la solidaridad de sus vecinos, a veces con tan pocos recursos como ella. Sin embargo, se las arregla para rentar un espacio de 30 metros junto a dos de sus hijos, dos nietos y otras seis personas de otra familia. Afortunados porque el casero en ocasiones les fía, se reparten para dormir entre el suelo de la única habitación y el de la cocina. Un día reciente, en la alacena solo había un paquete de pasta, una biblia y una bandera nicaragüense.

Aunque las leyes costarricenses permiten que los exiliados puedan trabajar legalmente, para poder hacerlo deben primero registrarse, luego conseguir un carné de solicitante de asilo y más tarde tramitar el permiso de trabajo. «La Profe» lleva ocho meses esperándolo.

La llegada masiva de exiliados ha ralentizado toda esta burocracia, y aunque las autoridades reciben a 600 solicitantes a la semana, de las casi 29,000 personas que han recibido el carné, solo 8,000 han logrado el permiso de trabajo y más de 20,000 esperan aún el primer trámite.

La semana pasada, Amnistía Internacional llamó al Gobierno de Costa Rica a que, con el apoyo de la comunidad internacional, active un plan de atención a los refugiados que incluya identificar a los sectores más vulnerables y garantizar su acceso a la salud y la educación, derechos reconocidos por la ley costarricense, pero de los que muchos no disfrutan. El Gobierno de Costa Rica señaló a The Associated Press que el plan ya está listo y solo falta la aprobación presidencial.

El Ejecutivo nicaragüense no respondió a una solicitud de comentario y ha hecho pocas declaraciones sobre los exiliados, pero el presidente Ortega comparó recientemente a todos los opositores con Caín, el personaje bíblico que mató a su hermano por envidia.

El delito de “la Profe” fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. “No sé cómo estoy viva”, recuerda. “Estaban agarrando a todos”. Lo único que podía hacer era huir.

El actual diálogo entre sus representantes y los miembros de la Alianza Cívica comenzó el 27 de febrero, pero ha estado plagado de interrupciones, avances y retrocesos. El Gobierno excarceló a 160 personas, aunque cientos más siguen tras las rejas a la espera de que se cumpla la promesa del Ejecutivo de liberar a todos los presos políticos. Y aunque el viernes se firmaron dos acuerdos, al día siguiente se incumplió el que garantizaba la libertad de manifestación cuando la policía desalojó un plantón pacífico y un aparente seguidor oficial reaccionó disparando a los opositores que se fueron a refugiar en un centro comercial. Al final, hubo tres heridos de bala.

Además, el Gobierno se ha negado a adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, otro punto central en las demandas opositoras. Por eso hay mucho escepticismo ante otro texto rubricado ese mismo viernes que decía que todos los nicaragüenses en el exterior «podrían regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar». «En Nicaragua decimos en relación con Ortega: ‘firmar me harás, cumplir jamás’», dice César Gutiérrez, de 63 años, que dejó a su familia y sus negocios –una panadería y unos billares– cuando amenazaron con matarlo y quemarle la casa por apoyar las protestas.

Un año de crisis. Se cuentan al menos 325 muertos y cientos de detenidos. Algunos de los exiliados no tienen familia que los apoye ni ahorros de los que vivir.

Este anciano que luchó en la revolución sandinista es ahora un firme opositor de Ortega. Vive también en La Carpio, aunque en mejores condiciones que «la Profe», su antigua nana, quien emigró de Nicaragua mucho antes, lo acogió y le permite dormir en el salón de su modesta casa donde viven también otras siete personas.

Su rutina actual es participar en todas las reuniones que puede, porque asegura que organizarse es la clave para derrotar a Ortega. Además, aprovecha esas citas para vender quesos que hace una vecina y con lo que saca para vivir.

Cuando se juntan, los exiliados programan actos y protestas dentro y fuera del país, ponen en común noticias que les llegan por internet y siguen muy de cerca el proceso de diálogo entre el Gobierno y la Alianza. Gutiérrez dice que solo empezará a creer en la voluntad de Ortega cuando libere a todos los presos políticos y se garanticen las libertades de expresión, reunión y manifestación. Pero subraya que un punto vital es «desarmar a los grupos paramilitares, porque si no nos van a matonear».

«Luego será el momento de pensar de qué forma volvemos», agrega. Otra de las exigencias de la oposición es eliminar todos los procesos abiertos a raíz de las protestas que comenzaron en abril pasado y suprimir las órdenes de captura de muchos opositores, entre ellos al menos 168 personas que, según cálculos de la Alianza, huyeron de Nicaragua. Sadie Rivas es una de ellas. Originaria de Matagalpa, esta joven era muy activa en las manifestaciones y las barricadas. Cruzó la frontera clandestinamente en agosto después de que la acusaran, como a muchos de sus compañeros, de crímenes más propios del líder de un cártel del crimen organizado que de una estudiante de 19 años: torturas, terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, portación de armas, destrucción de la vía pública y destrucción de la paz en su ciudad.

Su padre, herido por una bala de goma lanzada por las juventudes sandinistas, y su hermano siguen en Nicaragua escondidos entre una y otra casa de seguridad. Su madre se unió a ella en San José cuando emitieron una orden de detención en su contra por cuidar de su hija. El cargo: «encubrimiento de terroristas». Y en esta ciudad conoció en persona a su novio actual, compañero de lucha en Facebook y uno de los jóvenes que sobrevivió a las 20 horas de ataque a una iglesia de Managua.

«Antes pintaba, hacía jabones artesanales, pulseras. Soy artista», dice Rivas. Más afortunada que la gente de La Carpio, ella tuvo el apoyo de empresarios de la Alianza que la ayudaron a costear la renta y la comida durante unos meses. Ahora Rivas y su madre limpian casas o trabajan de meseras con la vista siempre puesta en volver.

«Mis planes son regresar», asegura, pero exige más a la Alianza. «Tienen que ser más exigentes. Los exiliados somos un punto importante».


Verza reportó desde Ciudad de México; los periodistas Carlos González y Javier Córdoba, en San José; y Gabriela Selser, en Nicaragua, colaboraron con esta nota.

Formar a docentes desde la escasez

Fotografías de Érika Chávez

Jeannette es una maestra universitaria desde hace 21 años. Está en su cubículo en la institución de estudios superiores y califica los exámenes que horas antes le pasó a uno de los dos grupos que atiende las tardes en los días de semana. Cuenta que le gusta poner música cuando califica. Esta tarde, por ejemplo, Mozart suena desde su computadora.

El sonido del piano se confunde con las hélices de un ventilador, y una de sus alumnas llega a entregarle una tarea. Ella la ordena meticulosamente sobre una de las cuatro filas de fólderes que tiene clasificadas en su escritorio.

Jeannette no se llama Jeannette, pero prefiere que su nombre no se publique. Nunca deja de sonreír, y cuando habla lo hace como si diera una clase: le gusta explicar, hace ademanes y no descuida la expresividad de los ojos. Los tiene fijos en los ojos de su interlocutor.

Jeannette no solo se encarga de formar a futuros docentes. Por la mañana trabaja como maestra de parvularia. Atiende a niños entre tres y siete años, y para llegar todos los días a dar esas clases se levanta a las 4:45 de la mañana, de lunes a viernes. Sale de San Salvador a las 6 y regresa después del mediodía para incorporarse al turno de la tarde en una universidad de la capital en la que trabaja. Su horario en esta universidad es de 1 a 6 de la tarde.

Con dos trabajos, uno seguido del otro, dice que prefiere almorzar algo que no sea pesado, porque de lo contrario, le da sueño y no puede permitirse eso. Así que acostumbra a compensar lo que come al mediodía con otro refrigerio por las tardes.

«Yo no creo que haya alguien que ejercite la docencia sin amarla, porque no aguantaría. Y sabedores que la docencia no es una profesión que nos va a llevar a adquirir cosas materiales de primer nivel, que los carros del año, las grandes viviendas», dice convencida desde atrás del escritorio.

Antes de ser docente universitaria, Jeannette estudió en uno de los bachilleratos diversificados que El Salvador creó a finales década de 1960. Luego estudió la Licenciatura en Ciencias de la Educación y una maestría de Didáctica para la Formación de Docentes. La docencia la ha ejercido en varios colegios de la capital, desde parvularia hasta bachillerato. Y desde hace 10 años lo hace en parvularia, pero en instituciones públicas.

Ella, como toda maestra, sabe que cada grupo de alumnos que atiende es diferente y que eso la obliga a preparar siempre sus clases. Cuando es necesario, lee y lee, hasta encontrar la metodología adecuada, sin importar que ya haya planificado todo un semestre.

Jeannette es una de los 44 docentes de medio tiempo que trabajan en las 17 instituciones de Educación Superior (IES) que cuentan con carreras formadoras de docentes en El Salvador, según un registro de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mined) que data de 2016. Hasta ese año, la dirección registró un total 514 docentes de futuros docentes en el país. De ellos 237 trabajan a tiempo completo y otros 233 lo hacen bajo la modalidad de hora clase.

A partir de estos datos, que no estaban actualizados para entonces, el año pasado el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), adscrito al Mined, seleccionó aleatoriamente a un grupo de formadores de docentes de tiempo completo y hora clase para que contestaran una encuesta. Esta la respondieron 180, ya que la participación era voluntaria. También pasó una encuesta a las 17 IES, pero de estas solo 13 la respondieron.

Así surgió la investigación «Perfil de los formadores docentes en las Instituciones de Educación Superior en El Salvador: condiciones sociales y educativas», que muestra que, lejos de gozar de un ambiente establece, los formadores de docentes sufren de carencias que no les permiten desempeñar plenamente su trabajo.

De todos los encuestados, 30 respondieron que recibían ingresos mensuales menores o iguales a $500. Con ese dinero dos docentes señalaron que tenían que mantener a una familia de siete miembros o más. A esto se suma la carga de trabajo, porque al no poder sobrevivir con ingresos de ese tipo, un 41.7 % de docentes opta por realizar labores extra.

La investigación también revela que con esos bajos ingresos, el 16 % de los docentes no tiene las condiciones económicas para convertirse en dueño de una vivienda digna, como sí pueden hacerlo otros profesionales.

«El formador de docentes está prácticamente en las mismas condiciones que el docente que está en los centros escolares. ¿Por qué? Porque el formador de docentes es un docente de centros escolares, no tuvo preparación para ser formador de docentes», señala Carlos Rodríguez, el coordinador general del INFOD.

Uno de los principales problemas de los formadores de docentes, dice Rodríguez, es que a diferencia de las Escuelas Normales, que funcionaron hasta la década de 1980 en El Salvador, el país no ha tenido una política educativa que los atienda, y la legislación educativa actual tiene vacíos que los deja desprotegidos.

Por esa razón, advierte, es que una de las consecuencias es que existe un sistema universitario para formar al magisterio nacional que está montado sobre los catedráticos hora clase, ya que hay universidades que solo cuentan con un docente de planta, que por lo general es el coordinador del área que forma a maestros.

Rodríguez tiene una explicación para esto: hay una tendencia que el graduado para dar clases en colegios o escuelas regresa como catedrático a las universidades a formar a otros formadores docentes, porque no encontró trabajo, y en algunos casos hasta se vuelve asesor de tesis.

Resalta que en la investigación detectaron que tampoco desde las universidades privadas y la Universidad de El Salvador (UES) existe claridad en su reglamento de qué es un catedrático hora clase.

“Yo no creo que haya alguien que ejercite la docencia sin amarla, porque no aguantaría. Y sabedores que la docencia no es una profesión que nos va a llevar a adquirir cosas materiales de primer nivel, que los carros del año, las grandes viviendas”, dice Jeannette convencida desde atrás del escritorio.

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EL PAGO QUE LLEGA DESPUÉS DE UN AÑO

Gustavo tenía 17 años cuando una maestra le ofreció que supliera como interino a una docente que cumplía su tiempo de maternidad. Trabajaba en un establecimiento de comida y no lo pensó dos veces. Su vocación era la docencia y para entonces ya había comenzado a estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Educación, con especialidad en Ciencias Naturales.

Mientras hizo el interinato, la maestra que lo llevó a la escuela le pagó la universidad y también le dio viáticos. Esa fue su primera experiencia frente a alumnos.

Gustavo es catedrático universitario desde hace cinco años, pero pidió que no se mencione su nombre en este reportaje. Catorce años después de su primera clase, hoy está sentado en una cafetería del occidente del país, tiene a su lado derecho una mochila con el logo desgastado del Ministerio de Educación, donde carga su computadora, ya que dice que en la universidad privada donde trabaja como hora clase no tiene acceso a ese recurso. Ese solo es un privilegio de los docentes a tiempo completo.

Por eso aprendió a cargar su equipo, así, si su trabajo a tiempo completo no le permite llegar a su casa, sale de una vez para la universidad.

Es consultor en un proyecto educativo en el que trabaja de 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Dos días a la semana, entre la tarde y la noche, da dos cátedras en una universidad privada de occidente. Los sábados le da clases a otros tres grupos, porque también trabaja en Ahuachapán, en la modalidad en línea de la UES.

Recibe $160 mensuales por las clases en la universidad privada. La UES le paga $225 al mes, y aunque en su contrato dice que el pago debe ser mensual, lo recibe acumulado hasta un año después. Hubo una ocasión en que lo recibió un año y medio después de terminado el ciclo. Entre su círculo de colegas bromean por la tardanza del pago y lo han bautizado como «el ahorro programado».

Una vez se graduó de la universidad, Gustavo comenzó a dar clases de Ciencias Naturales y Educación Física a estudiantes de primero a noveno grado de una escuela pública. No había docente de Educación Física y aceptó el cargo. Eso implicó q ue estudiara un curso de alto rendimiento, de atletismo recreativo y fútbol, y vio muchos documentales.

Dio esas dos clases por cinco años a cambio de $400 al mes. Luego trabajó como interino en otras dos escuelas públicas, hasta que entró a un proyecto para formar docentes, que le permitió estudiar tecnología educativa y mejorar sus ingresos. Durante 10 años coordinó un programa de educación, por hoy se dedica a ser consultor y a la docencia universitaria.

La universidad privada donde trabaja cuenta con laboratorios para prácticas, dice, pero no siempre hay recursos para hacer experimentos, así que ha optado por trabajar con sus alumnos con aplicaciones que descargan gratis en sus celulares.

Desde este café cuenta que para dar sus clases paga $55 al mes por un servicio de plan de datos móviles para usar las aplicaciones. Lo hace porque en su universidad internet no es bueno y porque a veces también comparte datos con aquellos estudiantes que no tienen dinero para recargar saldo.

Gustavo hace otros malabares en la docencia. Si planifica salidas con los alumnos con fines didácticos, su universidad le da permiso para que las haga, pero no le da transporte. Son los alumnos quienes tienen que buscar cómo desplazarse a las actividades, algunos de ellos viven en las afueras de la ciudad donde está ubicada la universidad y tienen que pedirles posada a sus amigos o a algún familiar.

«A esas condiciones yo les llamo condiciones mínimas, porque uno está formando a alguien que va a formar a otra persona. A uno, aparte de ser formador, le toca ser psicólogo, amigo, administrador, gestor, consejero, de todo», dice Gustavo después de terminar de desayunar. Habla con paciencia y no puede esconder las ojeras que le ha dejado la semana anterior. Es lunes, y por todos sus compromisos, apenas el día anterior ha podido descansar. Los domingos hace eso, descansa y pasa con su familia.

Trabajo no dignificado. Los formadores de docentes viven en condiciones sociales que no les permiten mayor desarrollo en su profesión. En el siglo pasado la función del docente tuvo peso social, era valorada y él también recibía ingresos acorde a su trabajo. Esto ya no es así.

Las condiciones para dar las clases en la UES tampoco varían. Aunque el Ministerio de Educación ha montado laboratorios para prácticas, Gustavo dice que a veces tiene que desplazarse con sus alumnos a Santa Ana, porque el equipo no funciona. Por esos viajes no recibe ninguna compensación.

Hasta el año pasado, las IES en El Salvador contaban con las especialidades de Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura, Ciencias Sociales, Inglés, Teología, Educación Física y Deportes, Educación Básica, Educación Inicial y Parvularia, Educación Especial, Educación Artística y Administración Escolar.

En 2016 había 2,795 formándose como docentes en todas las áreas, pero la investigación del INFOD arrojó que Ciencias Naturales, el área en la que Gustavo se especializó, tuvo 1.16 docentes por alumno. A diferencia de especialidades como Matemática e Inglés, donde hubo 0.13 docentes para atender a alumnos.

Luis González es el coordinador de Investigaciones del INFOD, también es uno de los autores de la investigación sobre los formadores docentes, que será presentada a finales de este mes. Él dice que desde esa instancia también se investiga la oferta y la demanda por especialidades que hay en las universidades, porque hay exceso de docentes en unas áreas y en otras hay un déficit.

«Los resultados preocupantes que dio el ‘Perfil de formadores docentes’ nos han llevado plantearnos el proyecto de hacer un observatorio permanente de la formación docente para poder medir en el tiempo cómo van modificándose estas dinámicas», sostiene.

El INFOD fue creado por ley en marzo del año pasado, pero fue hasta abril cuando se formó al equipo de trabajo de 30 personas. Carlos Rodríguez dice que una de las tareas de ese instituto es realizar más investigaciones que sirvan de base para formular políticas públicas sustentadas en el conocimiento del escenario de la formación inicial de los docentes en El Salvador. Este año pretenden estudiar por qué las personas quieren seguir estudiando docencia y cuáles son las condiciones de los egresados de esta carrera.

“A esas condiciones yo les llamo condiciones mínimas, porque uno está formando a alguien que va a formar a otra persona. A uno, aparte de ser formador, le toca ser psicólogo, amigo, administrador, gestor, consejero, de todo”, dice Gustavo después de terminar de desayunar. Habla con paciencia y no puede esconder las ojeras que le ha dejado la semana anterior. Es lunes, y por todos sus compromisos, apenas el día anterior ha podido descansar.

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LA BRECHA DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Según el INFOD, la UES es la IES que cuenta con la mayor planta de formadores de docentes en el país y es la que mejor paga el tiempo completo de trabajo. Son 20 docentes a tiempo completo, 3 de medio tiempo y entre 30 y 40 docentes hora clase, asegura el jefe del Departamento de Ciencias de la Educación de la UES, Wilman Herrera.

De todos los docentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Herrera dice que hay paridad de hombres y mujeres. No sucede lo mismo en la Licenciatura en Educación Física, donde el 70 % son hombres y el 30 % mujeres. Esto indica que existe estereotipo de género, de asumir que algunas áreas son propias de los hombres y otras propias de las mujeres, como también lo refleja la investigación.

Según el INFOD, a nivel nacional el 53 % de los formadores docentes son mujeres y el 45.6 % hombres. Aunque hay poca variación entre ambos géneros, no deja de significar una brecha. Jeannette explica que por ese mismo estereotipo es que en los grados de educación como parvularia se ven a más mujeres, y en grados superiores de educación básica, sucede lo contrario, hay más hombres.

También señala que al vivir en una sociedad machista, los mismos docentes están inmersos en una familia tradicional, por eso es que cuando los sábados hay capacitaciones, algunas docentes no pueden asistir, porque tienen que lavar, planchar o atender a su familia.

Esa brecha también se refleja, de acuerdo con el estudio, cuando el 40 % de los hombres que forman a maestros es propietario de su vivienda y esta facultad la tienen las mujeres en un 35.6 %.

Con el fin de las Escuelas Normales, la docencia en El Salvador estuvo regulada por la Ley del Magisterio, pero en 1996 se aprobó La Ley de la Carrera Docente, que entró en vigor en 1998. Dos décadas después, esta ley sigue dando el mismo trato a todos los docentes, sin hacer especificaciones de acuerdo con los niveles educativos en los que imparten clases. Es decir, regula de la misma manera el trabajo de un docente de parvularia que el trabajo de un docente universitario.

Brecha de género. Dentro del gremio que forma a maestros hay relaciones desiguales de género. Los hombres son los que más pueden pagarse una vivienda que las mujeres.

La Ley Orgánica de la UES le permite que cuente con un reglamento interno para regular los niveles de escalafón de los docentes de planta, que están relacionados con sus años de ejercer la docencia y su preparación académica. Este clasifica a los docentes como Profesor Universitario 1, 2 y 3. El 1 es el docente de planta que recién ingresa a trabajar, y que pasados al menos tres años, puede ascender a otro nivel, aunque esto también lo determina si ha cursado estudios de posgrado.

Mientras que la Ley de la Carrera Docente establece dos niveles de escalafón para los docentes: el escalafón nivel 1 y el escalafón nivel 2. Los que se gradúan del profesorado, que dura tres años, obtienen el escalafón 2, y los que cuentan con licenciatura, maestrías y posgrados el escalafón 1.

«La ley como tal fue una proyección que no se acompañó de una política pública de cómo iba a ser pensado el desarrollo de la educación superior, y prácticamente las demás universidades continuaron bajo ciertas regulaciones de ley, pero sin pensar cuál podría ser el papel de estas universidades ante el desarrollo», sostiene Wilman Herrera.

El currículum universitario, según Herrera, también debe ser pensado de forma diferente, a través de una política pública que involucre la participación del Estado, el Ministerio de Educación y las universidades, y así estas puedan acompañar a la solución de problemas sociales, porque de momento, aún no hay un análisis de cómo puede haber una contribución desde la academia al desarrollo del país.

Herrera recuerda que en 2007 la comisión de cultura y educación de la Asamblea Legislativa recibió una propuesta de reforma de la Ley de la Carrera Docente que contemplaba muchos más niveles de escalafón. Sin embargo, planteaba que fuera el gobierno, por medio de una institución especializada, el que se encargara del proceso formativo de los docentes. También presentaba la necesidad de contar con centros de prácticas para su formación.

De haberse implementado, dice, ya se podría ver resultados en temas como la calidad y la cobertura educativa a nivel nacional, y la formación del magisterio, pero el mayor problema para hacerlo fue que esto equivalía al 6 % del presupuesto nacional.

«La Ley de la Carrera Docente expresa que no hay carrera de formador de docente. Ese es el punto. Entonces hemos improvisado todo el tiempo. Claro que hay gente buena, preparada, pero no hemos formado especialmente para eso», señala Carlos Rodríguez.

Rodríguez dice que el año pasado el Consejo Nacional de Educación discutió reformar la legislación educativa del país, pero esta discusión no prosperó. Por ello desde el INFOD este tema ha comenzado a discutirse, para que exista una coordinación de las leyes y los reglamentos.

“Cualquier persona que conozca la educación superior te ha de decir lo siguiente: ‘Los estudiantes que ingresan a nuestras aulas, año con año, cada vez llegan más deficientes. Eso significa que la base está también recibiendo una formación de muy baja calidad’”, dice Fidel Nieto, el presidente de la Asociación Consejo Nacional de Rectores de El Salvador (CONARES) y rector de la Universidad Luterana Salvadoreña.

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«EL DOCENTE NO ES UN DIOS»

Jeannette está en su escritorio. Han pasado unos minutos desde que otra alumna llegó a buscarla para entregarle una tarea, y que al igual que la vez anterior, ella ubicará sobre una de las filas de fólderes que tiene ordenadas en el escritorio. Al fondo sigue sonando música clásica y ella explica, como si diera una clase, sobre la relevancia social que el docente tuvo el siglo pasado.

Por hoy, lo que dice es que es necesario dignificar esta profesión, no solo a través del salario, que sí ayudaría a que sus condiciones de vida sean diferentes y que tenga mejores oportunidades, pero también desde el ámbito social, como un día lo fue.

«Quieren que nosotros transformemos, pero muchos maestros después de que han salido no han tenido las condiciones sociales y económicas para poder desarrollar el proceso de fortalecimiento», señala.

La investigación del INFOD determinó que algunos docentes no cuentan ni con una vivienda digna ni segura. De los encuestados, hay un 1.1 % de docentes que vive en situaciones deplorables, ya que no tiene un colector de aguas residuales en las casas, y las tira al aire libre, en ríos o quebradas.

Aunque Gustavo es docente hora clase y tiene que pagar $55 mensuales por un plan de teléfono que utiliza con sus alumnos, hay un 2.2 % de docentes de medio tiempo o tiempo completo que no cuenta con teléfono.

Ante este contexto es difícil que un docente formador de docentes también realice actividades complementarias a su trabajo, como las investigaciones académicas. Gustavo, en los años que tiene de ser docente, ha realizado tres investigaciones, una es pedagógica y dos sobre química. Sin embargo, no es el caso del 52 % de los docentes que respondió al INFOD que nunca había realizado una investigación.

A esto se le suma que, según la investigación, los docentes trabajan en jornadas extenuantes. El 42.8 % dedica entre ocho a 10 horas diarias a sus labores; el 26.1 %, de cuatro a siete horas; y un 16.7 %, 11 horas o más horas.

«El docente no es un dios», apunta Jeannette cuando dice que el docente es evaluado de forma individual, pero no se evalúan sus condiciones ni las condiciones en las que se desenvuelve un estudiante que intenta formar, como la importancia de la familia en este proceso, el contexto social, político, económico y jurídico de la educación. Y luego al docente se le responsabiliza, incluso, de la construcción del pensamiento del alumno.

Política educativa. Desde las universidades lo que se propone es que exista una política educativa que dé cobertura a las necesidades del gremio que forma a los docentes.

«Cualquier persona que conozca la educación superior te ha de decir lo siguiente: ‘Los estudiantes que ingresan a nuestras aulas, año con año, cada vez llegan más deficientes. Eso significa que la base está también recibiendo una formación de muy baja calidad’», dice Fidel Nieto, presidente del Consejo Nacional de Rectores de El Salvador (CONARES) y rector de la Universidad Luterana Salvadoreña.

Nieto se remite a que puede formarse a miles de docentes, pero si no se reorienta el rumbo de la educación superior, no hay una política pública y no hay una reforma universitaria, tampoco se puede hacer mucho, porque eso conlleva a que el docente tenga bajos salarios y vuelve socialmente no atractiva la profesión para las personas. A diferencia de países como Alemania o Estados Unidos, donde los niveles de vida de los docentes son muy buenos y ellos también son valorados.

Esto también lo relaciona con que El Salvador es el país centroamericano donde es más barato obtener un grado académico de licenciatura o ingeniería. El presidente de CONARES dice que debe generarse una discusión sobre el papel de las universidades privadas, en cuanto a la relación de cuotas y el salario de los docentes. Pero para resolverlo se necesita la participación del Estado.

Mario Antonio Ruiz, el presidente de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES) y rector de la Universidad Francisco Gavidia, sostiene que la calidad educativa en la formación de docentes debe ser compensada con las cuotas universitarias, porque insiste en que la educación universitaria es cara.

«Debería de ser equivalente a lo que el alumno recibe, debe tener un precio. El problema es que las cuotas que cobran las universidades privadas son bien bajas y ese es un problema que debemos de tratar de resolver las universidades», señala Ruiz.

Para él, el sistema educativo debería tener inversión, y así contar con mejores maestros y que estos estén formados para aplicar las nuevas tecnologías, con métodos alternativos de enseñanza.

Mientras todo esto pasa, habrá muchos, que como Jeannette y Gustavo, se aferren, aunque sea desde la desesperanza, a seguir formando docentes desde este país que no les reconoce.

Disparidad de demanda. Las IES en El Salvador cuentan con una disparidad de demandas en especialidades. En Inglés y Matemática hay más alumnos por el número de especialistas.

MeToo literatura Centroamérica

El 21 de marzo pasado, la comunicadora política Ana G. González denunció en su cuenta de Twitter que el escritor mexicano Herson Barona había golpeado, manipulado, embarazado y amenazado a más de 10 mujeres diferentes. Poco a poco, se recibieron decenas de denuncias más no solo contra Barona, sino también contra docenas de escritores y funcionarios relacionados con el medio literario mexicano, por situaciones que van desde humillaciones, insultos y acoso por vía electrónica hasta agresiones físicas y violaciones.

Eso dio origen a la etiqueta #MeTooEscritoresMexicanos,emulando el movimiento de denuncias originado en Estados Unidos contra personalidades del mundo del cine. Pronto comenzaron a abrirse grupos y «hashtags» de denuncia en México, relacionados con otros oficios como el cine, la música, el teatro y el periodismo, entre otros.

Días después, el 27 de marzo, el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica publicó un reportaje donde 17 mujeres denunciaron al escritor costarricense Warren Ulloa Argüello por abusos, acosos y violación. Al igual que con Barona, cuando el caso de Ulloa se hizo público, varias mujeres más se atrevieron a hablar, al punto de que el periódico hizo una segunda entrega con nuevas denuncias contra la misma persona.

El caso de Ulloa es alarmante por varios motivos. Se aprovechó de visitas a colegios particulares, a donde era invitado para hablar de su obra. Ahí conseguía los números de teléfono o correos de estudiantes menores de edad, con el pretexto de enviarles información sobre sus libros y actividades. Así comenzaba el envío de insinuaciones, de preguntas íntimas, de fotografías de sus genitales o de invitaciones sexuales que terminaban en insultos y violencia verbal por parte de Ulloa, cuando sus propuestas eran rechazadas.

Parte de las denunciantes eran niñas de 14 o 15 años cuando fueron agredidas. Algunas de ellas pueden denunciar a Ulloa hasta ahora porque ya son mayores de edad y porque han pasado durante años en procesos de terapia psicológica. Otra parte de las agredidas son mujeres profesionales, relacionadas con labores editoriales o de otra índole, a quienes también agredió.

Ulloa era además un tipo que se presentaba como aliado del feminismo y que manejaba una pose dizque progresista. Lo cual deja pensando en cuántos hombres hacen lo mismo: disfrazarse para evitar conflictos. Esto lo he visto ocurrir sobre todo en hombres que tienen relaciones de pareja con feministas, hombres que han tenido conductas cuestionables en el pasado y que, de un día para otro, dicen ser aliados de la causa y hasta utilizan lenguaje inclusivo en las conversaciones, con tal de complacer a sus novias. ¿Qué tan confiables pueden ser estos sujetos si asumen un discurso como estrategia de sobrevivencia afectiva, y no como resultado de una convicción honesta?

Mientras muchos escritores nos hemos preocupado por demostrar que la literatura es un trabajo que se ejecuta con disciplina, tiempo, sobriedad y soledad, para desmontar el mito del escritor vago que solo puede escribir bajo el influjo del alcohol, la conducta de Ulloa abona al odioso estereotipo del artista o escritor «bohemio» e irresponsable.

Ulloa también aprovechó su rol como editor de la página de noticias literarias Literofilia y anfitrión del programa de radio del mismo nombre, para recibir donaciones y ayudas económicas que le permitieron realizar sus proyectos literarios. A consecuencia de todas las denuncias, las editoriales Letra Maya y Uruk (que le publicó cuatro libros) se desligaron de cualquier vínculo contractual con Ulloa. Lo mismo hizo el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) de Costa Rica.

El surgimiento del «hashtag» mexicano hizo que se iniciara la versión #MeTooLiteraturaCA en Twitter. En Facebook se abrió una página con el mismo nombre, con el objetivo de «conversar y denunciar el tema del acoso de todo tipo en el medio literario y artístico de la región» así como para exigir «igual representación (de mujeres) en ferias, festivales y conversatorios del libro, de arte y cultura, y no ser solo el 15 o 20 % del programa total».

No es fácil, para ninguna mujer, leer este tipo de denuncias. Al hacerlo, resulta inevitable recordar nuestras propias vivencias, nuestros momentos difíciles en espacios laborales, familiares o sociales. Leer cada caso nos obliga a revivir situaciones que preferiríamos dejar en el olvido. Terminamos cuestionando experiencias, relaciones y personas cuyas verdaderas intenciones terminan puestas en duda.

Por desgracia, a medida que se dan a conocer estos casos, nos damos cuenta de que son historias más comunes de lo que nos gustaría admitir, que se repiten demasiado, en todos los ámbitos sociales, no solo el artístico y literario. Los mecanismos y las situaciones en que ocurrieron y siguen ocurriendo son odiosamente similares. Trascienden oficios, edades y geografías. Pero el hecho de que sean historias comunes no significa que deban minimizarse, obviarse ni ser tomadas como «algo normal».

Mis respetos para las mujeres que, con nombre y apellido, dan la cara y nombran a sus agresores, haciendo públicas sus historias. No es fácil y ellas lo saben. Sobre todo en una región como la nuestra, tan llena de doble moral e hipocresía, donde denunciar se revierte contra quien denuncia en forma de cuestionamientos y dudas sobre su testimonio, o donde su historia dará lugar a la morbosidad, al chisme y a las bromas de mal gusto. Por ello, no todas se animan a denunciar. No toda mujer está preparada para una exposición pública que la puede convertir en blanco fácil de más agresiones.

Como parte del gremio literario centroamericano, me resulta imposible permanecer indiferente y no decir nada ante este asunto. Me causa profunda vergüenza que la literatura de la región, ya de por sí tan menospreciada e invisibilizada, sea manchada de esta manera por un sujeto que aprovechó su notoriedad local como plataforma para practicar una conducta que, a todas luces, resulta injustificable e inaceptable.

Un tipo de conducta que debe ser denunciada sistemáticamente, sin miramientos ni excepciones, para poder pensar que un cambio de relaciones entre hombres y mujeres es posible.

Pensión mínima

Vengo con malas noticias: pocos, muy poquísimos salvadoreños alcanzarán a tener una pensión por vejez, y la mayoría de quienes lo logren llegarán apenas a la pensión mínima.

Si usted es un lector que ha seguido por algún tiempo mis columnas, sabrá que el de las pensiones es un tema recurrente en este espacio, y es así porque me preocupa. A veces me siento como una voz solitaria que grita en el desierto, pero no, por dicha hay entidades como la Fundaungo, donde trabaja gente del talento de María Elena Rivera, que están constantemente llamando la atención, con datos y estudios en mano, del serio problema económico y social que las pensiones representan.

Tampoco es algo exclusivo de El Salvador. Los sistemas previsionales enfrentan una crisis en todo el mundo. Los sistemas de reparto –en los que todo el ahorro de los trabajadores va a una sola bolsa de la que se saca el dinero para las pensiones de quienes se van retirando– se agotan, y con los cambios demográficos se vuelven más insostenibles. Las deudas previsionales en países como Japón son tan grandes que da entre risa y miedo la cantidad de ceros que hay que escribir.

Por otra parte, los sistemas de capitalización individual, en los que cada trabajador tiene su cuenta de ahorro para pensión, tampoco han sido la panacea. Distorsiones como las que ha habido en El Salvador –$9 de cada $10 están invertidos en títulos estatales, con bajísimo rendimiento, de modo que el dinero crece muy poco– son una muestra de cómo estos también llegan a ser insostenibles. En Chile, país en el que El Salvador se inspiró para hacer su propia reforma en 1996, ya van en una tercera generación de cambios en su sistema, aún buscando la fórmula más adecuada.

Pero volvamos al punto que quiero destacar en este texto: las pensiones de hambre que nos esperan a los pocos afortunados que las lleguemos a tener. Piense en su ahorro para pensión, ¿cuánto tiene? Supongamos que son $100,000. La fórmula para calcular su pensión es más o menos así: eso que tiene ahorrado debe durarle para 20 años, así que dividimos $100,000 entre 20, y nos da $5,000. Esto ahora hay que dividirlo entre sus 12 pagos mensuales de pensión y su «aguinaldo», así: $5,000 entre 12.5, lo que nos da $400. Así que su pensión sería de $400.

Antes de la reforma de 2017, además, se caía a pensión mínima una vez que el dinero del ahorro individual se agotaba. Ahora la pensión será estable, en teoría, porque hay una Cuenta de Garantía Solidaria que la mantiene hasta el momento en que usted muera.

Son en realidad muy pocas personas las que logran ahorrar $100,000 para su vejez. Veamos el caso de alguien con un salario de $1,100. Esto, considerado un sueldo alto para los estándares del país, basta para ahorrar aproximadamente $60,000 durante toda su vida laboral. Hagamos el mismo cálculo y entonces la pensión cae a $240. Así es, una persona con un salario de $1,100 se jubila con $240. El panorama es peor si usted gana de $600 para abajo, tiene asegurada la pensión mínima de $207 mensuales, porque su ahorro cubrirá mucho menos que eso, pero por ley no puede tener una pensión inferior.

Ahora creo que el respetable lector entiende mejor mi preocupación con este tema. ¿Otro dato tétrico? La cantidad de gente que realmente llegará a pensionarse. De los 4 millones salvadoreños aptos para trabajar, hay solo 600,000 cotizando en la AFP. Apenas la mitad de estos cumplirá los requisitos de ley para pensionarse, y el resto tendrá nada más devolución de saldos.

La reforma de 2017 dejó muchos puntos pendientes, entre ellos, precisamente, la cobertura del sistema. No es posible que solo 300,000 de los 6 millones de salvadoreños tengan actualmente la seguridad de una pensión. Además, un problema está ya estallando en el rostro de miles de salvadoreños que buscan jubilarse: la suficiencia de las pensiones.

El clamor de quienes vean que sus salarios de $1,000 apenas alcanzan para una pensión de poco más de $200 crecerá cada vez más. ¿Qué respuesta dará nuestra clase política? Ojalá una que sea sostenible y financiable. Parches temporales ya hemos tenido muchos.

Veinte años de nada

Cuando el 4 de abril de 1999 la niña Katya Natalia Miranda Jiménez fue violada y asesinada en la Costa del Sol, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y los tribunales eran, en esencia, instrumentos de las élites políticas para salvaguardar su impunidad. Eso hacía de ambas instituciones cuerpos muy deficientes en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Katya Miranda, violada y asesinada a pocos metros de un rancho de playa en el que había dormido junto a su padre y su familia paterna, se convirtió desde su muerte en un doloroso recordatorio de esa impunidad perenne que 20 años después sigue ahí, intratable, carcomiendo a las cortes, a la Policía, a la FGR.

Al final, cuando se echa la vista atrás sobre las instituciones que forman el sistema de justicia salvadoreño lo único que se observa es un inmenso valle de impunidad. Habrá, acaso, algún par de picos marcados por la gestión de un puñado de funcionarios independientes que algo intentaron a pesar del poder político. Pero en general el paisaje es desolador.

Para entender por qué la muerte y violación de Katya Miranda fue un reflejo de todo eso hay que volver, siempre, a las circunstancias de los crímenes.

A la niña la sacaron de un rancho en el que dormían su padre, que era entonces escolta del presidente de la república; y su tío, que era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal, una de las unidades más letales de la PNC. A la niña la sacaron de un rancho en el que había mucha gente armada. Nunca, ni por un instante, creí que alguien ajeno a ese rancho haya podido sacar a Katya de ahí.

La segunda circunstancia, esencial a todo acto de impunidad, tiene que ver con el encubrimiento. Y en esto el rol de la Fiscalía es muy importante. La Fiscalía, primero bajo las órdenes de Manuel Córdova Castellanos y luego bajo las de Belisario Artiga, se aseguró de que todo se hiciera para que el crimen no fuera resuelto; para que no hubiera justicia. Desde la intervención inicial en la escena del crimen hasta la fabricación de testimonios falsos, la FGR aplicó, íntegro, el manual del encubrimiento que en El Salvador de la guerra había escrito uno de sus puntos más dolorosos tras la masacre de la UCA en 1989, 10 años antes.

Y, como en el caso de los jesuitas, en el de Katya se involucró todo el Estado, no solo el ministerio público, los tribunales y la PNC. La Presidencia de la República, entonces en manos de Armando Calderón Sol del partido ARENA, hizo lo propio a través del Organismo de Inteligencia del Estado. El OIE abrió una investigación paralela cuyo único objetivo fue, de nuevo, obstaculizar la procuración de justicia.

En la década que siguió a la muerte de Katya Miranda, el crimen organizado acompañó al poder político, haciendo simbiosis con él, para apoderarse del aparato salvadoreño de investigación criminal y del de justicia. La década de 2000 fue el periodo en que el narco y los operadores políticos que le servían dejaron su huella en esas instituciones. Muchos de los protagonistas fueron los mismos. Muchos siguen vigentes en la política.

En la segunda década después de la muerte de Katya, la Fiscalía se convirtió, bajo el liderazgo de Luis Martínez, en un lupanar al servicio de narcos, políticos y empresarios corruptos y de cualquiera que pudiera pagar por hacer lo mismo que ocurrió en 1999: encubrir crímenes, inventar pruebas, perseguir a inocentes.

Buena parte de eso último está documentado en el expediente judicial de la llamada Operación Corruptela, en la que, por cierto, aparece el nombre del actual fiscal adjunto como sospechoso de recibir sobornos. Nada ha cambiado en 20 años.

Carta Editorial

Para mejorar la educación del país no solo hace falta invertir en infraestructura. Hay, antes, otro problema que es mucho más grande y complejo. Es de calidad de la docencia.

No se puede pensar en dar un salto de calidad sin revisar las condiciones en las que los docentes realizan su labor. Sus salarios han sido, por ejemplo, uno de los aspectos más criticados. Pero antes, haría falta caer en cuenta de otro aspecto que es necesario cambiar si lo que se quiere es un resultado a largo plazo: ¿quiénes y en qué circunstancias están formando a los docentes en las aulas universitarias? ¿Quién les enseña a enseñar?

Con esta pregunta entre manos, el Instituto Nacional de Formación Docente Ministerio (INFOD) realizó una encuesta cuyos resultados forman parte del reportaje que firma el periodista Stanley Luna.

Un total de 180 docentes participaron en la encuesta. Y de ellos, el 16 % respondió que vive con menos de $500 al mes, con ello, deben mantener familias numerosas. Y no se puede pasar por alto que acá se está hablando de gente que da clase en universidades, son el brazo ejecutor de la educación superior.

Preocupa todavía más que sus salarios no son producto de una sola actividad en un solo lugar. El 41 % de los docentes que participan en este estudio dicen que se ven obligados a tomar contratos por hora clase en diferentes lugares para así poder armar un salario que más o menos compita con sus gastos básicos. Más clases, más alumnos, más tiempo y nada se reconoce en justa medida, ya que estos contratos no incluyen los beneficios de ley.

Hace rato estamos asistiendo a una precarización de la docencia. Lo que se les paga y reconoce no es suficiente para el valor que tiene y lo delicado que es el trabajo que realizan con cada uno de sus estudiantes. Para subir un escalón en materia de educación, el trabajo debe comenzar por ellos.