El campo se queda sin jóvenes

El campo
El campo

Al menos hasta hace unas semanas, la única manera de que una persona de la comunidad La Ruda recibiera atención médica era trasladarse al centro del municipio de Masahuat, Santa Ana, ubicado a unos 10 kilómetros de aquí, para donde no existe más transporte público que un camión que sale a las 7:30 de la mañana. Si no se contaba con un vehículo propio (lo que pasa con casi todos los habitantes), la única opción aparte de esa era la fuerza de las piernas para recorrer un sinuoso camino a orillas del río Lempa.

Este escondido rincón de Masahuat, un apartado municipio ubicado varios kilómetros adentro del desvío al parque acuático Apuzunga, ahora tiene una clínica, recién construida por la ONG Ayuda en Acción, que recibe buena parte de sus fondos desde el Gobierno de España. Eligió a Masahuat por las incontables necesidades que asolan a sus pobladores.

Álex Valdez, de 26 años, es uno de los beneficiados de esta clínica. Ha sido agricultor desde que ha tenido edad para trabajar. Es la única manera que conoce para ganarse la vida, como casi todos los miembros de las 56 familias que viven en La Ruda. Es así incluso con sus compañeros de generación. Toda una rareza; según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la edad promedio del agricultor salvadoreño es de 57 años.

En este país que ha tenido a la actividad agrícola como soporte principal de su economía en el pasado, los campesinos son mayores incluso que los de California, Estados Unidos, en donde el promedio de edad es de 45 años. La de hacer producir la tierra es una actividad que se queda sin relevo generacional: menos del 10 % de los involucrados es menor de 27 años.

Y muchos son como Álex, personas a las que el Estado se olvidó de cubrirles sus necesidades básicas, sobre todo en municipios como Masahuat, uno al que el Mapa de Pobreza del FISDL coloca entre aquellos que se consideran como de pobreza extrema severa: casi la mitad de su población (3,373 personas según las proyecciones para 2018 de la DIGESTYC) vive bajo ese umbral.

—Ahorita tuve una experiencia, –comenta Álex, los ojos viendo al piso, las manos cruzadas sobre el pecho–. Le estaba diciendo a mi papá que ni ganas de hacer mucha milpa me daban.

A pesar de que el año pasado fue bueno y hubo suficiente lluvia para que las plantas crecieran a sus anchas, la alegría se esfumó pronto. La base de este desconcierto está en las matemáticas.
Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales.  Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Este, según un vendedor de Metapán que no quiso identificarse, se calcula en base con las cosechas del año. Esa es la paradoja del agricultor: cuando el año es bueno, debe vender su producto barato, pues hay mucha oferta. Cuando se trata de uno malo, puede obtener un precio promedio más alto, pero cuenta con poco producto para comerciar.
A Álex eso le significó un pago de $468. A eso debió restarle un dólar por quintal, lo que le cuesta el transporte, por lo que le quedaron $432. Ahora, piensa en lo que le tocó gastar este mayo, cuando se preparaba para sembrar: 48 libras de semillas de maíz, cuatro botellas de veneno, 3 kilos de herbicida y el plástico para poner en la milpa. En eso gastó $250.

—¿Y el abono, y para querer echar un mozo para trabajar? Viera que el trabajo de uno le queda en vano –comenta en un momento de exasperación que contrasta con el resto de la plática–. Uno siente que trabaja para los empresarios, porque ellos nunca pierden.

Y puede ser que lo dicho por Álex no sea una exageración; en municipios donde es posible vender un volumen como ese (los más cercanos son Metapán y Nueva Concepción, Chalatenango), el quintal que ellos dan por $13 luego puede ser vendido por $18; $5 de ganancia para alguien que no asume todos los riesgos, que no depende del arbitrio de un clima cada año más caprichoso.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publica cada día una tabla de precios para distintos productos agropecuarios. Pero esa labor no es la de establecer un monto que hay que respetar a la hora de comprarle a un agricultor, sino la de elaborar un promedio de en cuánto se está vendiendo el producto en las plazas comerciales a escala nacional. El referente es el intermediario, no el productor.

Solo la caña de azúcar cuenta con un precio mínimo de compra hacia el productor, que debe ser acatado, pero se trata de un cultivo al alcance solo de los propietarios de extensiones grandes de tierra.

Por un escenario como el anterior, que no haya un sólido relevo generacional en la agricultura no es culpa de los jóvenes, dice Ismael Merlos, director de Desarrollo Territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), sino más bien, de la realidad de esta actividad en El Salvador: una tecnológicamente atrasada con respecto al resto de la región.

Para Merlos, la agricultura se ha convertido en una labor de “subsubsistencia”, aquella que no alcanza a cubrir siquiera las necesidades alimentarias de quien siembra. Eso hace que una producción para fines comerciales se convierta en un sueño solo a la mano de unos pocos. La superación de la pobreza no es un objetivo alcanzable a través del sudor que cae en la tierra.

José Mendoza es otro de los jóvenes agricultores de La Ruda. Vestido con un short, una camiseta y con tenis, a primera vista este muchacho de 26 años no parece agricultor. Pero, igual que Álex, es de los que se sacrifica para sacarle frutos a la tierra.

En la época del maicillo y del maíz, siembra en las manzanas de su familia, ubicadas muy cerca de su casa. Pero cuando se trata del frijol, para el que se necesita un clima más frío, debe subir la montaña, lo que toma cerca de dos horas. Allá arriba alquila un terreno. Para aprovechar el día, la jornada debe empezar a las 6 de la mañana. Hay que partir a las 4, apenas acompañado por una lámpara que corte la noche.

Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales. Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Ganadas. Algunas laderas de montaña en Masahuat lucen deforestadas. Muchas son ocupadas por campesinos de la zona para sus siembras, que dependen de un clima cada año más caprichoso.

También es otro de los decepcionados con lo poco rentable que resulta la agricultura, el único medio de subsistencia que ha conocido en su vida. Cuenta historias parecidas a las de Álex y añade otro elemento a la ecuación: cada venta les cuesta un día de su vida, pues deben salir con el camión que sale de La Ruda hacia Metapán o Nueva Concepción a las 7:30 de la mañana y retornar hasta que este pase por su comunidad.
“Si existiera un tipo de agricultura que les permita a los jóvenes, además de obtener ingresos, formarse técnicamente, te aseguro que van a involucrarse en la agricultura. Para eso se necesita hacer una transformación en profundidad”, comenta Ismael Merlos, de FUNDE.
La violencia es otro de los factores que aleja a los jóvenes del trabajo en la agricultura. Sobre todo cuando el ir a laborar a una plantación significa cruzar invisibles fronteras de guerra.
Esa fue la razón por la que asesinaron a cuatro primos, todos trabajadores de la tierra, en abril de 2015, en el caserío Los Hernández, de Izalco. Vivían en una zona con presencia de una pandilla. Cerca de la propiedad a la que iban a trabajar, en la hacienda La Macarena, estaba la agrupación enemiga.
Por la misma causa asesinaron en octubre de 2017 a Raúl Benjamín Jiménez Ramírez, cuando regresaba a su casa en el cantón El Carmen, de Guaymango, Ahuachapán; o a José Alberto Hernández González, en Jiquilisco, en diciembre de 2015.
Chalchuapa, el municipio ubicado más al sur de Santa Ana, forma parte de un corredor de violencia, conformado también por municipios como Atiquizaya o El Refugio, en el vecino departamento de Ahuachapán. Uno en el que es posible que ocurra, en apenas una mañana, media docena de homicidios. Varios agricultores han sido asesinados en el último lustro.
En este municipio está el cantón La Magdalena, ubicado a unos kilómetros del ingenio del mismo nombre, que en 2015 fue denunciado por el derramamiento de miles de galones de melaza en el río que surca la localidad.
Esta mañana de mayo, al encuentro sale Gustavo Torres, uno de los habitantes de la zona. Maneja su motocicleta para guiar entre un sinuoso camino de tierra, fácilmente transitable para cualquier vehículo. Su deber es conducir un grupo de jóvenes integrados a diferentes proyectos de desarrollo agrícola, apoyados por el programa “Amanecer rural”, financiado con $40,000,000 provenientes de un préstamo entre el Estado salvadoreño y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de Naciones Unidas.
A pesar de que es el primer anfitrión, no forma parte de los proyectos. Él decidió ganarse la vida de otra manera, trabajando en la paquetería de un supermercado en la ciudad de Santa Ana, por lo que ha tenido que mudar su residencia allá. Solo trabaja la tierra eventualmente, cuando viene a pasar las vacaciones a su hogar natal.
En las oficinas de la cooperativa Las Tablas espera un grupo de jóvenes, cuyas edades oscilan entre 18 y 27 años. Una de ellos es Gabriela Torres, estatura media, corpulenta, ojos vivos. Con orgullo expone sobre los programas que han comenzado a implementarse en su comunidad, como una plantación de maracuyá, para la que técnicos del MAG los han capacitado en su cuidado.
“Por un tiempo lo habíamos descuidado y creció mucho la maleza, pero ahora lo retomamos”, comenta Gabriela. Los otros dos proyectos son un banco de apicultura y un huerto de hortalizas, que se cultivará en un invernadero.
Gabriela y compañía se muestran entusiasmados con las oportunidades, pero ella reconoce que no ve en la agricultura un futuro para su vida. Si tuviera la oportunidad de salir de aquí para obtener un mejor empleo, no lo dudaría dos veces. En sus aspiraciones está seguir con sus estudios después de haberse graduado del bachillerato, todo un logro si se considera la media de escolaridad de la zona, que suele parar en el tercer ciclo.

Gabriela da algunas claves con respecto a este desencanto con la agricultura: Si bien existe la capacidad de producir algo, todavía están muy lejos de que se convierta en un negocio sostenible, pues no existe un mercado al que venderle de manera constante. Las recientes producciones de miel, por ejemplo, han ido a parar a las manos de los mismos vecinos. El dinero es tan poco que ha sido necesario invertirlo en su totalidad para continuar con el proyecto. Las excepciones a esta regla en planes de esa naturaleza se cuentan con los dedos de la mano. Uno de los más prominentes es el de la Canasta Campesina de los productores de Comasagua, que tiene una ventaja: su cercanía a una capital con personas con alto poder adquisitivo.

“Pero esto nos ayuda a mantenernos ocupados. Y eso significa mucho para nosotros, saber que estamos en algo productivo”, comenta Gabriela.

La mayor parte de hombres de la comunidad pertenece a una cooperativa, lo que les asegura un trozo de tierra (aunque sin escrituras a su nombre) para sembrar en invierno, casi siempre dos únicos cultivos: maíz y frijol. Uno de esos hombres es el padre de Gabriela, Óscar Torres, de 53 años. Junto a su sobrino, Adiel, se esfuerza en las labores de un futuro corral de cerdos.

Como casi todos aquí, en la agricultura le apuesta a los dos cultivos tradicionales. Habla de buenas épocas en las que es factible sacar algo de ganancia a tanta inversión y trabajo. Dice que la única posibilidad para ello es que el Gobierno les compre su producto como semillas. Es un proceso más largo que si solo lo hicieran para consumo, pues existe una labor de selección, de bodegaje y de cumplimiento de varios estándares. La recompensa es que lo pagan a $100 el quintal. Producir cada uno, según los cálculos de Óscar, cuesta unos $90. Hay una ganancia de $10. Sin embargo, este año no podrá ser así, pues el Gobierno no les ha pagado aún lo de la última vez, comenta.

Por eso se verán obligados a llevarlo a la plaza y venderlo para consumo, donde se paga a un precio estimado de $43 el quintal. Torres dice que el costo de producirlo es todavía mayor. Por eso declinó pedir un préstamo en la línea de crédito que tiene activo en el Banco de Fomento Agropecuario. Ha decidido solo sacar lo necesario para consumir en su familia.

Adiel, su sobrino, ha estado atento a la conversación, con la mirada perdida, aparentemente sumergido en la música de sus audífonos; con 20 años, se ha convertido en el líder de los jóvenes de su comunidad. Por ello fue beneficiado con una beca de varios meses para ir a capacitarse en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA), ubicada en Ciudad Arce, La Libertad.

Habla de lo aprendido, de cambiar el chip en las comunidades. Para él, lo más importante es la diversificación de los productos, dejar de depender de un invierno bueno, algo de lo que nadie tiene control. Por eso trabaja en este pequeño corral de cerdos. Por eso también ha estimulado a sus compañeros de generación para aprender todo lo que puedan de los técnicos de diferentes instituciones que los visitan, sobre todo en cuanto al abono orgánico.
“Se hace con insumos que uno saca aquí. El carbón, la ceniza, los microorganismos de montaña, cáscaras de verduras. Se pueden hacer buenos fertilizantes, ya sea vía foliar o al suelo. Nosotros mismos tenemos los recursos, a veces es solo falta de conocimiento”, comenta el joven. Una primera cosecha de huertos caseros, sin embargo, todavía se ve lejos: no han cultivado ni una sola planta en el invernadero que les facilitaron para ese fin. Es un camino que apenas comienza.
Otro joven de la comunidad es Misael García, de 21 años. Luce cansado, sudoroso, pues en este mediodía acaba de volver de trabajar en la tierra de la cooperativa. Una imagen que no hubiera sido posible contemplar hace solo unos meses, cuando era empleado de una empresa repartidora de bolsas plásticas. Ganaba apenas unos dólares más que en el campo, pero el trabajo era estable y los ingresos constantes. Pero un detalle lo complejizaba: la necesidad de entrar a territorios donde no es bienvenido por el solo hecho de vivir donde vive.

“Ser joven es un delito”, dice. Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades; un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades, un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

En El Salvador, uno de los proyectos con más difusión para el impulso de la agricultura es el de los paquetes agrícolas. Para Ismael Merlos, de FUNDE, esto no significa ni siquiera un parche al problema: lo entregado por año a un productor en semilla mejorada y en abono le sirve apenas para sembrar un octavo de manzana.
El otro proyecto es Amanecer Rural, financiado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Está compuesto por múltiples aristas, como la capacitación de agricultores y la provisión de insumos para el inicio de emprendimientos agrícolas. Pero todavía se antoja incipiente: solo unos cuantos miles de personas son beneficiarias directas de los proyectos generados por el programa.

“Las necesidades de la juventud rural son enormes debido a un monto de inversión en los espacios rurales que no ha sido cumplido”, dijo al respecto Perin Saint Agne, vicepresidente asociado del FIDA, la agencia de Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza en zonas rurales, en su visita el año pasado al país para abogar por la aprobación de un nuevo crédito con la institución a la que representa, por un monto cercano a los $60,000,000.

En esa oportunidad, el funcionario afirmó que buena parte de los problemas sociales del país residen en la desigualdad. “Esto podría evitarse si se dieran las inversiones y el apoyo para desarrollar las capacidades, la educación, los sistemas de salud, la infraestructura y el acceso a mercados en la zona rural”, aseguró entonces. Es una medida estructural que suena obvia, pero que aún está lejos de convertirse en la prioridad de quienes deciden el destino del país.

Esta mañana en Masahuat, Álex Valdez y José Mendoza, a pesar de todos los problemas que significa ser agricultor en El Salvador, contemplan con fruición la tierra en la que el primero trabaja. Es un terreno ganado a una ladera de montaña, traspasada por múltiples afloramientos de roca. No es el mejor lugar para cultivar, pero años y años de experiencia logran sacarle frutos.

Esa habilidad es elogiada por Jorge Santos, el técnico en Seguridad Alimentaria de Ayuda en Acción, quien reconoce que toda capacitación como las que pronto se pretende dar en La Ruda requiere de una comunicación a dos vías: de los que como él tienen los conocimientos científicos; y de los que como nadie saben trabajar la tierra.
“Esta gente es muy valiosa. Es la encargada de que un país tenga seguridad alimentaria. Pero siempre terminan siendo las víctimas de malas políticas públicas o de la ambición. Eso debe cambiar si le queremos dejar un mejor país a nuestros hijos”, dice, pisando con fuerza la tierra bajo sus pies.

La tierra. José Mendoza posa con las tierras de su colega, Álex Valdez, en el fondo. Las mismas ya están ocupada por maíz, que esperan poder cosechar muy pronto.

¿Por qué y para qué la poesía?

El 14 de mayo se celebra el Día Nacional de la Poesía y conmemora el natalicio del poeta Roque Dalton, por decreto legislativo. Ante esta celebración, he reflexionado sobre la poesía. Por qué se le rehúye y no se lee. ¿Por qué las editoriales no quieren publicarla, y se da un círculo más pernicioso que vicioso: no se publica porque no se lee; no se lee porque no se publica.

Además, es el día de toda la poesía salvadoreña y no de los poetas. Ojo, no hay asueto, pues se celebra una abstracción. Aunque si reflexionamos sobre poetas, debemos recordar a Claudia Lars, Vicente Rosales, Oswaldo Escobar Velado, Claribel Alegría, Hugo Lindo y otros que se nos adelantaron.

A propósito del día 14 de mayo, mi último libro publicado se titula “Los poetas del mal”, como se agotó la edición lo considero inédito, y para colmo me quedé sin mi ejemplar (así como conservo algunas traducciones, pero otras las he extraviado). Y para más pena, un crítico de Norteamérica dice que conoce toda mi novela y cree que este es el mejor libro que he escrito. Me llega. Aunque tengo tres novelas sin publicar y pienso que alguna de ellas puede competir con las otras siete novelas ya editadas.

Escribo lo anterior porque tanto sociólogos, politólogos y antropólogos pueden dar una respuesta sobre este problemas humanístico, las preguntas del título de este trabajo. Para comenzar cito a un gran escritor de Argentina, (pese a no dejar ningún libro de poesía). “Yo pensaba en la belleza con que los poetas estremecieron el mundo, y todo el corazón se me anegaba de pena”, Robert Arlt (1900-1942).

De la antigüedad, solo cito algunos poetas que vivieron antes de la era cristiana, estoy seguro de que todas las generaciones de jóvenes los conocen por estar en los programas educativos. El caso de Homero (siglo VIII antes de Cristo); Hesíodo, casi de la misma fecha; Esopo, Esquilo, Píndaro y Sófocles, Virgilio y Horacio, todos vivieron antes de la era cristiana. Se leen por obligación cultural: Homero sobrevive porque contribuyó a plasmar la historia, pedagogía y cultura de la época, a lo que hemos dado continuidad. Siguen vigentes porque no cabe duda que forman parte del desarrollo educativo occidental.

Luego vinieron dos poetas de principios de nuestra era, el poeta latino Catulo y el poeta hispano Marcial (40 antes de C.; 104 después de C.), este último menos lascivo, procaz y más satírico contra los emperadores. Son así los más fuertes “poetas sociales” de todos los tiempos, incluso hay poemas que por sus imprecaciones e inventivas no me atrevo a transcribir; atacan con burla, mordacidad y lascivia al sector gobernante.

Ante ellos, el marqués de Sade, Henry Miller y el poeta contemporáneo Bukowski son unos angelitos. Algunos poemas de Catulo estuvieron censurados hasta el siglo XX. Además de burlarse del poderío imperial y de la política corrupta, los comentaristas de la época al analizar a Catulo decían que “el poeta puede ser una persona respetable, pero no así sus poemas”.

El poeta maldito, contemporáneo, y estudiado en el mundo Charles Baudelaire decía: “Un buen poeta debe ser una mala persona”. En fin, pese a ser poetas que causaron escozor a la sociedad, sus poemas se proyectaron desde lejanos siglos hasta el renacimiento y al romanticismo, clave para el desarrollo humanístico, para una disciplina de valores que forman la sensibilidad y condición humana que permite reformas culturales y educativas hasta el momento. Y una paradoja: los emperadores y sus favoritas se recuerdan porque los poetas los mencionan. Su poesía sobrevive los siglos y por eso se les califica como clásicos.

Puntualizo en el contexto centroamericano con mi novela “Los poetas del mal”, el personaje Henri Michó pregunta a Pablo Vallejo si los poemas necesitan un hábitat parecido al infierno patrio. Ratifica: “Amamos nuestro infierno”. Y con este argumento se niegan a emigrar. Y luego proclaman contenidos que recuerdan la “Carta a los patriotas” de Salarrué. O la narrativa de Robert Arlt. Dice Pablo Asturias: “Mi patria es el paisaje producido por la basura, las casas de hojalata y cartón o de papel periódico, los ríos contaminados con heces fecales, o con metales venenosos de la industria tercermundista”. Aun así, reafirma, “el deber indica quedarse entre las llamas para contribuir a apagarlas, aunque sea con un buchito de agua”. Para el personaje Michó, los poetas centroamericanos dictan su inmolación desde que adquieren certificado de nacimiento. Octavio Vallejo se siente obligado a prevenir, acepta la vida amando a Góngora y a Quevedo para perder temor a la muerte. “… el único camino es imponer nuestra cordura y huir de la agonía que se nos receta”.

Henry Michó prefiere destruirse a ser destruido, quiere morir inédito como Kafka, y ama a los poetas suicidas: a Mayakovski, Esenin, Silvia Patz, la Storni, Chema Arguedas, Horacio Quiroga, Asunción Silva, Primo Levi, Jonathan Swift.

La grandeza de Kafka, dice Pablo Asturias, es que hizo literatura al margen de sus miedos, pero exigió la quema de su obra nunca publicada. Michó: “Max Brod su gran amigo a quien le hizo la recomendación, no cumplió la promesa y de esa manera Kafka escribe los libros y Brod inventa el kafkianismo”.

Para Octavio Vallejo el poeta es un fantasma histérico de la sociedad; Michó le replica: “Quisiste decir fantasma histórico”. Vallejo: “Es igual, el histerismo es el signo dominante de la historia”.

Pero hablemos también de nuestros antepasados americanos originarios: si hay un Día de la Poesía pensemos en Nezahualcóyotl (1402-1442), antes de que llegaran los españoles a América. Para qué y por qué escribieron. Por qué seguimos leyéndolos y escribiendo sobre ellos.

Bueno, poetas, hay tanto para reflexionar este 14 de mayo.

P. D.: En anterior columna dije que la tecnología ni el libro son innovación. Claro que nos dan oportunidad de crear conocimiento y aprendizajes, pero como herramientas para generar capacidades. No sirven de nada si solo son objetos decorativos

Ciudadanía digital para la paz

En El Salvador, cuando pensamos la seguridad pública solemos enfocarnos en su dimensión represiva. Sin duda es sumamente importante reprimir a quienes han transgredido nuestros valores más importantes como sociedad, pero también es verdad que deberíamos aspirar a más que solo castigar a los delincuentes, sino que a prevenir que estos se conviertan en tales, y a evitar, en la medida de lo posible, el hecho criminal y sus respectivas secuelas para las víctimas.

Ese énfasis represivo de la seguridad pública se encuentra íntimamente relacionado con la tendencia predominante de enfocarnos en los comportamientos y expresiones negativas de las juventudes del país, dando poca prioridad a aquellos jóvenes y agrupaciones juveniles que tienen vigencia positiva en el país y en sus comunidades.

Por otra parte, buena parte de la sociedad salvadoreña, principalmente las juventudes han adoptado aceleradamente las nuevas tecnologías como parte importante de su diario vivir. Lo hacen, principalmente, a través de su relación con los teléfonos celulares. A pesar de la centralidad adquirida por estas en la vida de las juventudes, hoy por hoy, las políticas públicas relacionadas con la juventud –y más específicamente las de prevención de la violencia juvenil– no incluyen de manera comprehensiva y coherente los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

En tal sentido, es de suma importancia la incorporación de las TIC a las políticas que van dirigidas a las juventudes y la seguridad pública en general; y la prevención de la violencia juvenil, en específico. Esta articulación con las TIC debe ser en sintonía con los estándares internacionales de protección de datos personales, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, nunca en menoscabo de estos. No se trata de proponer una invasión masiva de la intimidad en pos de una seguridad que en muchas ocasiones resulta ficticia.

Se trata de unas políticas que aprovechen las TIC para estimular la cohesión social, la participación política y el acceso a la educación de las juventudes. Esto pasa por comprender la relación de las TIC y la prevención de la violencia juvenil como una inversión de mediano y largo plazo, generadora de un nuevo (ciber) espacio público en el que las juventudes se relacionen a través de reglas y valores más propios de una democracia fundamentada en sus derechos humanos.

En ese sentido, este próximo 17 de mayo se celebrará nuevamente el Día del Internet, un esfuerzo de la sociedad civil e iniciativa privada mayoritariamente, liderado por el ingeniero Lito Ibarra, que tendrá este año como tema central de reflexión: “Seamos buenos ciudadanos digitales”. Durante 10 años consecutivos han concurrido a esta celebración buena parte de los círculos profesionales, activistas, intelectuales y emprendedores ligados a las TIC del país, y en esta ocasión aprovecharán para tener un conversatorio de alto nivel con funcionarios de UNESCO sobre la prevención de la violencia juvenil a través de las TIC.

La celebración del Día del Internet se trata de un encuentro privilegiado, de una pausa necesaria para reflexionar sobre los impactos que el internet y las TIC en general tienen sobre la construcción política de nuestra nación, y sobre cómo aprovechar sus ventajas para la formación de unas nuevas generaciones con mayor capacidad de resolver sus conflictos a través de mecanismos no violentos y, por lo tanto, para construirnos una sociedad más próspera y pacífica.

Prácticas digitales con mamá

“La ciencia nos necesita”, dice Kemly Camacho. Ella, como coordinadora general de la Cooperativa Sulá Batsú, en Costa Rica, cree que la apuesta debe ir para que las mujeres nos apoyemos entre nosotras para aprender sobre las tecnologías digitales, en aprender a usarlas, a saber cómo sacarles el mayor y el mejor provecho. Por eso, con el pretexto del 10 de mayo, queremos compartirles cinco prácticas digitales que, como hijas e hijos, podemos compartir con nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías y con esas mujeres que tenemos cerca.

1. Hablar, celulares en mano, sobre qué información compartimos. ¿Se acuerdan cómo siempre nos enseñaron lo de ‘no le abrás la puerta a quien no conocés’ o ‘no aceptés dulces de gente que no has visto antes’? Ahora es nuestro turno: mamá, no tengas activada la ubicación en tu teléfono sin saber lo que ello implica, o no subas toda tu información personal a tus redes sociales ni todo lo que subas sea cierto. Si podés, solo activá la ubicación cuando vas a necesitarla para ocupar Google Maps o Waze; y no coloqués tu nombre o tu fecha de nacimiento completos en Facebook: da otra fecha, da otro año. Son detalles que nos van a ayudar a cubrirnos.

2. Ayudarnos a hacer ‘limpia’ de nuestros cuartos digitales. La ropa sucia (digital) se lava en casa: eso implica tener claro, por ejemplo, si tenemos activado que se hagan respaldos de las fotografías que tomamos en nuestros teléfonos para que de manera automática se descarguen en otros dispositivos que tenemos (computadoras o tabletas). Aprendamos cuáles formularios vale la pena que tengan la función de ‘autocompletar’ en las páginas web que visitamos, y aprendamos juntas a decir que no ante lo que nos ofrece: respaldo de fotografías en otros dispositivos, o haber ocupado WhatsApp o el Messenger para pasarnos contraseñas completas de tarjetas de crédito (pártanla: pásenla por partes en plataformas distintas).
3. Regalale su juego favorito o un nuevo idioma. Hay muchas aplicaciones, y solo debemos vigilar lo que nos piden ‘entregar’ de nuestros datos a cambio. Eviten lo que les pida acceso a su cámara o a su tarjeta de crédito; para jugar no se necesitan esos datos. De aplicaciones para aprender idiomas, ¡sí me animo a decir que Duolingo es orgullo centroamericano y una de las APP mejor calificadas para varias lenguas!

4. Si tu mamá/abuelita/tía/madrina ya es bastante tecnológica, entonces podemos jugar a editar perfiles de mujeres en Wikipedia. De esto hablaremos en otra columna con más calma, pero adelanto algo: Wikimedia Argentina tiene su iniciativa #MujeresEnLaCiencia como parte de la búsqueda de la equidad en la visibilidad de perfiles de la enciclopedia digital que más se consulta en nuestro planeta.

5. Y la quinta cosa, es ver cómo sus ojos, los de ellas, se iluminan aprendiendo juntas. Organicemos, inscribámonos, promovamos cursos de tecnologías digitales para mujeres. Sulá Batsú tiene su proyecto “Club de Madres y Tecnología”, que surge a partir del “Club de Niñas y Tecnología”: es desde aprender a encender una computadora, aprender a utilizar procesadores de texto, aprovechar cursos gratuitos en línea; pero sobre todo aprender juntas, las dos de la mano: sí, es apoyarnos unas a otras porque la ciencia nos necesita, como bien dice Camacho.

P. D.: Gracias a la que me enseñó (entre otras) a jugar solitario con cartas en una mesa, y años mas tarde en una computadora.

Carta Editorial

El campo se nos muere. Y no es una exageración. La edad promedio de las personas que trabajan la tierra en El Salvador ronda los 60 años. Este es un dato que revela una gran cantidad de injusticias, entre las más graves está que el campo lo trabajan personas que ya deberían estar disfrutando de la jubilación. Y este acceso a una pensión digna después de una vida entera de trabajo duro sigue siendo una deuda que el país mantiene con quienes juegan un papel fundamental.

Los servicios a los que tiene acceso el agricultor cerca de su lugar de trabajo no son los mejores. Allá, en donde se podría garantizar la seguridad alimentaria y reducir la desigualdad, la gente tiene las escuelas más desprovistas, los servicios de salud más precarios y es en donde los indicadores de acceso a agua potable bajan de forma considerable.

No es raro que uno de los problemas más graves de la agricultura salvadoreña sea la falta de tecnología y actualización. En general, los procesos se siguen ejecutando como hace décadas, lo que compromete la productividad y hace de esta una actividad demasiado sacrificada en comparación con los resultados. Para los jóvenes que proceden de familias dedicadas a trabajar la tierra, la migración se convierte en una opción mucho más atractiva. El campo se pone viejo.

El texto que el periodista Moisés Alvarado ha escrito para esta edición desnuda una preocupación que no se conjuga en futuro, sino que en presente. Lejos de mejorar las condiciones para que la agricultura sea una opción para aprovechar las tierras, para generar ingresos, para reducir el desempleo, para generar arraigo, para garantizar alimentos, para reducir la concentración prejudicial en las ciudades y para evitar elevados gastos en transporte, se le está dejando a su suerte en una añeja agonía con la que perdemos todos.

“Lo que más falta le hace a El Salvador es la transparencia”

¿Cuál es el mejor recuerdo de su infancia?

El aire puro, los árboles que me rodeaban, pues vengo de una zona rural de Chalchuapa, en Santa Ana. De ahí nació mi fascinación y respeto por la naturaleza.

¿Qué le gustaría heredar a los futuros periodistas?

Una institución en la que puedan creer, porque está integrada por ellos mismos.

¿Adónde va cuando quiere paz?

Busco la voz de mis hijas.

¿Ha existido algún hecho que la haya hecho pensar en hacer justicia con sus propia manos?

Sí. Vi a un hombre golpear a su mujer.

¿Qué opina de la burocracia?

Que la disfrutaría más si se utilizara realmente para ordenar procesos. Pero no suelo disfrutarla porque se usa más como una forma elegante en la que algunas instituciones públicas nos quieren dificultar o bloquear los procesos.

¿Qué la saca de sus casillas?

El maltrato a la niñez.

¿Qué es lo que más falta le hace a El Salvador?

Transparencia.

Buzón

Buzón

Hacia Laura Restrepo

En primer lugar, gracias por las publicaciones en Séptimo Sentido. Del domingo pasado me gustó particularmente el de la señora Laura Restrepo. Es imposible que escritos como el mencionado no sensibilicen a todo el que los lea. Nos hace preguntarnos ¿qué hace nuestra sociedad? ¿Qué hago yo para que estas atrocidades no sucedan? ¿Cómo puedo aportar? Toda mi admiración hacia Laura. Sigan en este sentido.

Ricardo Barba,
[email protected]


Albergues eternos

Se le denomina albergue temporal al lugar para alojamiento de personas afectadas por un desastre. Por los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001 hubo muchos damnificados en todo el país y por eso se concentraron en grupos asignados y buscaron la manera de solventar la escasez en condiciones sanitarias no adecuadas y, por ende, representaban un riesgo de transmisión de enfermedades. Por tal razón se les dio atención médica para prevenir y controlar enfermedades en todos los albergues diseminados en el país. Hasta esta fecha, continúan algunos afectados en las mismas condiciones de hacinamiento y ausencia de servicios básicos.

A los afectados en Santiago de María les fueron asignadas viviendas, mientras otros se mantienen hacinados sin servicios básicos. Es paradójico que haya usuarios que prefirieron vender las casas y regresar al lugar donde resultaron dañados. Varios países aportaron su ayuda y algunas de esas ayudas fueron a parar a cuentas particulares. A estas alturas, no debería haber personas viviendo en albergues, pero pesó más la ambición monetaria de algunos. Mientras no se erradique la corrupción, siempre tendremos a muchas personas viviendo en paupérrimas condiciones.

Rutilio López Cortez,
[email protected]

Aldana, la fiscal que apresó a un presidente en Guatemala

Fiscal Aldana

Thelma Aldana no puede salir sola a la calle de su país y quizá nunca podrá hacerlo de nuevo.
Ser la fiscal general que envió a un presidente a la cárcel y desarticuló varias estructuras criminales en Guatemala le valió el reconocimiento internacional, pero eso tuvo un costo: su seguridad.

Tan solo en 2016, el Ministerio de Gobernación confirmó que una estructura criminal había planeado y pagado un atentado contra ella, por lo que hoy cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La guatemalteca de 62 años dejará su cargo el próximo 16 de mayo y será reemplazada por María Consuelo Porras, actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad y recién elegida por el presidente de entre seis candidatos.

En los cuatro años que mantuvo el puesto, en colaboración con la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aldana encabezó una lucha anticorrupción que alcanzó a la agrupación que habría liderado el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de defraudar al Estado por varios millones de dólares y hoy preso junto con su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, y otros funcionarios cercanos.

Pérez Molina no era cualquier presidente: antes de ocupar el cargo fue general de uno de los ejércitos más temidos durante los años de la guerra civil de Guatemala (1960-1996), un hombre que quizá no imaginó que su peor pesadilla no lo confrontaría en un campo de batalla, sino en una sala de justicia y llevaría el nombre de Thelma Aldana.

Aldana es “la Jefa”. Sus colaboradores más cercanos la llaman así por distintos motivos. Es puntual y, como toda buena abogada, lee todo lo que cae en sus manos. La expresión de su rostro es dura y no es fácil descifrar lo que piensa al mirarla: cuando aparecía ante las cámaras de la prensa y ponía al descubierto una nueva red de corrupción en el país, mantenía su temple y la mirada impávida.

Parecería que el único que puede “dominarla” es Toby, su pequeño perro Shih Tzu de cinco años. Cuando habla de él, la cara de Aldana sí se transforma. La fiscal sonríe cuando lo menciona y cuenta que, cuando necesita llevarse trabajo a casa, transporta sus archivos en una caja de cartón en la que a Toby le gusta echarse. Y así, con su mascota recostada sobre los documentos que podrían enviar a criminales y políticos tras las rejas, una de las fiscales más renombradas de América Latina se sienta a leer.

Su nombre no solo se ha impreso en los titulares de diarios regionales: en 2017, la revista Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo junto a figuras como Neymar, Colin Kaepernick o Viola Davis.

Para ella tampoco es poca cosa haber revisado más de 450 casos durante su gestión. “Luchar contra la corrupción es un proceso y no es fácil”, dice.

Solo en 2017 el organismo que lideraba obtuvo 9,358 sentencias condenatorias y aunque aún falta mucho por hacer, en 2014 la fiscalía tenía 1,280,378 expedientes por resolver, cifra que a la fecha se redujo más del 50 %.

***

La ruta
El camino que siguió para convertirse en fiscal general fue largo. Inició en 1981 en uno de los puestos más bajos de la administración de justicia como conserje de juzgado, y escaló poco a poco hasta convertirse en presidenta de la Corte Suprema en 2011. Una vez como fiscal, quizá ni sus colaboradores más cercanos imaginaban lo que podría alcanzar en el puesto. El mismo Pérez Molina, que fue a la cárcel por ella, la eligió para el puesto en mayo de 2014 entre rumores de vínculos y cercanía, que en su momento él negó.

Algunos guatemaltecos pensaban que al ser electa por el expresidente, las acusaciones por corrupción en su contra no se investigarían y que no habría justicia, pero sucedió justo lo contrario. Ahora ella dice que eso le hace sentir muy orgullosa y asegura que nadie se acercó a ofrecerle sobornos.

“Una parte de la Biblia dice: por sus obras los conoceréis, y yo hice mi mejor esfuerzo”, dijo la fiscal. “Con toda humildad, me voy con la frente en alto”, aseguró al cuestionársele si alguna vez consideró no tomar medidas contra el entonces presidente.

Iván Velásquez, el titular de la CICIG, cuenta que trabajar con ella tiene un balance positivo y que la considera una mujer fuerte y valiente. Y aunque la confianza entre ambos no surgió desde el primer momento, dice Velásquez, el trabajo en común le parece una experiencia satisfactoria que con todo y sus diferencias siempre llegó a consensos en armonía.

El caso que afianzó sus coincidencias fue justamente el de Pérez Molina. Según el abogado colombiano que desde 2013 lidera la CICIG, el caso contra el exmandatario fue “de un momento muy crítico”, pero Aldana no dudó en tomar las acciones pertinentes.

Durante su gestión, Aldana ha sido víctima de amenazas, persecuciones y difamaciones. Aunque podía, decidió no volver a postularse como fiscal para evitar más riesgos, y está convencida de que el actual presidente, Jimmy Morales –señalado por la fiscalía y la CICIG por hechos de corrupción–, nunca la hubiera elegido para volver a ocupar el cargo.

Al hacer un balance de su trabajo, la fiscal califica estos últimos cuatro años como los más difíciles de los 37 que ha dedicado al sistema de justicia de su país, e incluye su paso como expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los momentos más duros de su gestión, dice Aldana, llegó el día en que el presidente Morales –a quién ella y Velásquez intentaron investigar por financiamiento electoral ilícito– intentó expulsar al comisionado del país. “Hasta anuncié que si se iba, yo renunciaba”, dijo.

La fiscal, además, recuerda con tristeza cuando se enteró de la muerte de 41 niñas en un hogar de acogida estatal el 8 de marzo de 2017, cuando estas intentaron fugarse y al no conseguirlo incendiaron la habitación donde las habían encerrado bajo llave. El fuego también dejó quemadas gravemente a otras 15 menores. Los fiscales bajo su mando lograron que 10 exfuncionarios fueran detenidos por el caso.

Casi al término de su gestión, “la Jefa” confesó tener una deuda con su familia, pues al dejar el cargo deberá tratar de recuperar el tiempo que perdió con sus dos hijos, de 21 y 24 años.
Aldana asegura que el costo personal de haber sido fiscal general ha sido grande, ya que para cuidar su seguridad, tuvo que dejar de hacer cosas cotidianas.

“No voy prácticamente a lugares públicos y no puedo caminar en las calles. Siempre tengo que estar con un aparato de seguridad; mi estilo de vida cambió bastante”, dice, y añade que una de sus preocupaciones ahora que finaliza su gestión es garantizar su seguridad y la de su familia. “Entonces, será responsabilidad del Estado guatemalteco la vida mía, protegerla, y la de mi familia”, sentencia.

De cara a esta situación, Guatemala deberá acatar la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó medidas cautelares de protección para Aldana y sus familiares. “Sé que hemos investigado estructuras criminales poderosas y, en consecuencia, debo conducirme con mucha cautela”, explica.

En el futuro cercano, “la Jefa” quisiera pasar sus días en un aula frente a estudiantes. Dice que le apuesta a la docencia porque con la experiencia de haber llevado a prisión a más de 100 estructuras vinculadas al crimen y la corrupción en el país, sus enseñanzas serán de utilidad para los jóvenes.

La fiscal sonríe cuando lo menciona y cuenta que, cuando necesita llevarse trabajo a casa, transporta sus archivos en una caja de cartón en la que a Toby le gusta echarse. Y así, con su mascota recostada sobre los documentos que podrían enviar a criminales y políticos tras las rejas, una de las fiscales más renombradas de América Latina se sienta a leer.

Aldana no saldrá de su oficina con las manos vacías. Entre los documentos que seguramente conservará hay decenas de premios y reconocimientos que le han entregado por su trabajo; entre ellos, el de Mujeres Valientes del Departamento de Estado, el Premio Internacional de Catar Excelencia Anticorrupción –ambos otorgados en 2016– y la vara de autoridad que le fue entregada por líderes indígenas guatemaltecos, uno de sus favoritos.

Al preguntarle cómo le gustaría que la recuerden, Aldana muestra su orgullo por los esfuerzos que encabezó para mejorar la atención a nivel nacional de los casos de violencia hacia la mujer y dice que espera haber dejado en la mente de los guatemaltecos que la independencia de la fiscalía general sí es posible. “Es un bien preciado”, asegura.

Los días que vendrán serán menos complicados. Tras su salida de la fiscalía, que coincide con el inicio de la copa del mundo en Rusia, “la Jefa” tratará de disfrutar momentos más mundanos: ver el mundial completo en televisión y en tiempo real.

“Siempre he tenido que verlo en la noche, en diferido, pero ahora tengo el deseo de verlo en directo, y luego veré qué hago con mi vida profesional”, dice.

«Pablo» en Nat Geo Kids: el mundo como lo siente un niño con autismo

Pablo

Antes de agosto de 2017, la voz de Federico García Villegas la conocían sus padres, sus compañeros de escuela y sus maestros. El niño colombiano aún no había tenido la oportunidad de hablar sobre su vida frente a cientos de miles de personas en América Latina y España.
Desde finales de abril, Federico es la estrella principal de “Pablo”, una serie infantil que transmite Nat Geo Kids y que, dentro de su programación, es la primera interpretada por niños diagnosticados con un trastorno dentro del espectro autista (TEA, por sus siglas).

Según explicó una ejecutiva del canal, los productores del programa encontraron a Federico por medio de un video de YouTube que grabó y publicó su madre, Ana Villegas. A la fecha, el video ha conseguido más de 157,000 reproducciones y fue compartido por medios internacionales como El Tiempo (Colombia), Clarín (Argentina) y El País (España).

“Él lo ha disfrutado, lo ha sentido y lo ha vivido de una manera muy bonita y con mucho compromiso”, dijo Villegas en entrevista con varios medios latinoamericanos sobre la participación del niño en “Pablo”.
La madre colombiana explicó que es psicóloga de profesión y que el diagnóstico de su hijo la impulsó a actualizar sus conocimientos profesionales sobre el TEA y, específicamente, sobre el síndrome de Asperger con el que vive su hijo (un autismo de alto funcionamiento).

En 2017 abrió la página de Facebook Soy Diferente, Soy Como Tú para difundir información y, además, lidera una fundación en Colombia que lleva el nombre de su hijo.
“Quería pasar ese conocimiento, esa experiencia, a otras personas que están empezando el camino que yo ya había recorrido”, aseguró.
“La diferencia no es algo que tenemos que rechazar ni temerle. Si conocemos la forma para acercarnos a estas personas, nos daremos cuenta de que son seres maravillosos y con mucho potencial”, añadió.

***

“No soy un freak”

El honesto testimonio de Federico se convirtió en una forma sencilla que usaron padres, activistas y medios de comunicación para visibilizar la existencia de personas con TEA.
“No es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es una condición que existe desde mi concepción. O sea, es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida. No soy ni loco, ni freak, ni raro. Mi manera de percibir las cosas es diferente”, dice Federico antes de presentar anécdotas de vivir con Asperger.
Las personas diagnosticadas dentro del TEA pueden sufrir sobreestimulación con ruidos y texturas, tener problemas para interpretar las emociones de otras personas y tener intereses muy estructurados. Sin embargo, en casos de autismo de alto funcionamiento –como el síndrome de Asperger– , los niños pueden llegar a la edad adulta sin recibir un diagnóstico adecuado porque sus conductas no sobresalen dentro de la norma de un salón de clases o la vida familiar.
“Les gusta la compañía de la gente, lo que pasa es que se saturan fácilmente cuando hay demasiados estímulos sensoriales: ruido, personas hablando, luces. Eso los abruma y ellos tienen que retirarse un momento para tratar de calmarse”, detalló Villegas sobre el autismo.
“Mucha gente tiene muy claro lo que no son capaces de hacer. Desafortunadamente, esas cosas negativas, esas dificultades, son las que más resaltan en personas con algún diagnóstico (de autismo). Me pareció una bonita oportunidad para que mi hijo pudiera mostrarle a otras personas y darle impulso a otros padres que por desconocimiento están subestimando el potencial de sus hijos”, opinó Villegas sobre la participación de su hijo en “Pablo”.
Para Villegas, la primera señal que recibió de que su hijo necesitaba ayuda fue un cuento que escribió sobre un dinosaurio incomprendido. La madre y psicóloga encontró en la ficción de su hijo una metáfora de sus propias emociones.
“El diagnóstico de Fede no fue fácil, fueron muchos años de tocar muchas puertas, precisamente por el desconocimiento que hay por el tema y por las dificultades de identificar el autismo de alto funcionamiento como el Asperger”, dijo Villegas.
“Yo aconsejaría a los padres a que estén muy atentos a lo que sus hijos comunican no solo verbalmente, sino con otras señales. Pienso que tenemos que ser muy sensibles y escuchar más con el corazón que con nuestros oídos”, añadió.
La dificultad del diagnóstico provoca que no haya números precisos de cuántos casos existen en el mundo.
Durante los últimos dos años, en Costa Rica se ha utilizado la estimación de 64,000 casos en todo el país.
Desde abril pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos estiman que 1 de cada 59 niños tiene autismo. A falta de estudios más específicos, el porcentaje mundial que se utiliza es que 1% de la población está dentro del espectro.

***

Un niño como Pablo

“Pablo” se estrenó el pasado 23 de abril en el canal Nat Geo Kids. Los episodios se estrenan diariamente al mediodía, pero el canal también transmite repeticiones a las 6 de la mañana.
El personaje principal –doblado por Federico– es un niño de cinco años, inteligente y amante del arte. Con sus crayolas mágicas, Pablo dibuja animales y criaturas que cobran vida para ayudarle en aventuras animadas fantásticas.
En cada episodio, Pablo enfrenta una situación que le provoca ansiedad pero que, al final, supera con ayuda de sus amigos, su ingenio e imaginación.
Entre algunas de las aventuras que vive Pablo se encuentran muchas actividades que son cotidianas: un corte de pelo, una visita al supermercado, la experiencia de vestirse y sentirse abrumado con las texturas de las telas de la ropa.
Para Ana Villegas, la serie es una oportunidad de que las personas entiendan cómo sienten el mundo los niños con autismo.
Además de Federico, Nat Geo Kids trabajó con otros nueve niños y jóvenes latinoamericanos que han sido diagnosticados dentro del espectro autista (de hecho, cuatro de ellos fueron seleccionados en Guatemala).
La producción describió que buscaron niños con buena dicción pero, sobre todo, que se sintieran felices con el trabajo del programa.
Para la mamá de Federico, la satisfacción de su hijo fue notoria. Según dijo, se preocupa por que otros padres entiendan que los niños deben aprender a navegar el mundo a su manera.
“Son muchas cosas que uno ajusta todos los días”, describió Villegas sobre la vida de su familia después del diagnóstico de Federico.
“Finalmente, lo que nos interesa como padres es darles las herramientas y que ellos aprendan cómo ser independientes y autónomos. No estamos criando niños para nosotros, sino para el mundo, para que ellos puedan resolver sus problemas cuando no estemos”, afirmó Villegas.

A Medicina Legal le faltan forenses con especialización académica

Medicina Legal

Hasta el día de hoy, El Salvador no ha graduado a ningún médico con el grado de especialidad en medicina forense en ninguna universidad. A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sí ha contratado a médicos como forenses a pesar de que estos no cuenten con títulos de especialización en el extranjero que permita llamarlos así.

La creación del Instituto de Medicina Legal fue acordada en 1990. El instituto depende de la CSJ y desde el inicio de sus operaciones ha contratado a médicos generales para realizar actividades propias de especialistas. Así lo asegura la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Lo que se ha venido realizando son contrataciones de profesionales de la medicina que no cuentan con la especialización en las ciencias forenses para que ejerzan tales funciones en el Instituto de Medicina Legal”, se puede leer la resolución SS-0340-2004 de la PDDH.

Debido a que los procedimientos y dictámenes que el Instituto de Medicina Legal (IML) hace forman parte de procesos judiciales, cualquier cuestionamiento a la idoneidad de quienes los realizan puede llegar a convertirse en un cuestionamiento al sistema judicial del país. La administración de justicia basa buena parte de sus expedientes judiciales en la prueba científica que produce Medicina Legal.

“La falta de nombramiento de profesionales acreditados por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de las labores del Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer violenta los derechos del debido proceso y de acceso a la justicia”, indica la resolución de la procuraduría.

En 2004 fue aprobada la Ley de Educación Superior actual. Esta ley estableció que los grados académicos como especialistas solo pueden ser brindados por institutos especializados de nivel superior o universidades. Solo hace dos años, en 2016 se empezaron a impartir clases de una nueva especialidad en medicina forense para crear médicos especialistas capacitados de acuerdo con la ley.

En otras palabras, en El Salvador, un país con 10 homicidios diarios en el primer trimestre del año, la especialidad en medicina forense es reciente. Tan reciente que aún no se ha graduado la primera promoción.

Para ser director del Instituto de Medicina Legal no es necesario contar con una especialización en esta área específica. De acuerdo con las convocatorias públicas realizadas para obtener el cargo, el único requisito académico fundamental para desempeñarse en el cargo es tener un título en ciencias jurídicas, medicina, química, biología o afines. El postgrado está señalado como una posibilidad “de preferencia”.

Por ejemplo, el actual director interino, Pedro Martínez, es un médico graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) con especialidad en cirugía. Su currículum, disponible en la página web de la CSJ, enlista dentro del apartado de “información profesional” dos cursos en medicina forense: el primero es un “postgrado en medicina legal” de 12 días en 1996; el segundo, un curso de cinco días de investigación de escena de la muerte en 1998.

En leyes. El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”.

***

 

EL ESTADO ACTUAL DE LA ESPECIALIDAD

El 26 de octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia firmó un convenio con la Universidad de El Salvador. En él las dos partes se comprometieron a implementar la especialidad médica en Medicina Legal. En la actualidad hay 24 médicos residentes estudiando esa especialidad.

A la universidad le compete encargarse de los temas académicos, mientras que el IML pone a disposición de los residentes de la especialidad la infraestructura y el material del instituto, “todo con la finalidad de que el Instituto de Medicina Legal pueda contar, en el futuro, con médicos forenses especializados y acreditados”, se lee en un comunicado de la Corte.

La creación de esta especialidad no ha sido un proceso orgánico. Al contrario, para poderla implementar, se necesitó la presión de diversos actores ajenos a la Corte o a entes académicos. La presión externa comenzó en 2004, cuando la PDDH tuvo conocimiento a través de una denuncia “por nombrar y juramentar a médicos generales como médicos forenses”. Es decir, para que la denuncia tuviera una respuesta práctica, tuvieron que pasar 11 años.

La presidenta de la Sala de lo Penal y del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal, Doris Luz Rivas Galindo, argumenta desde su oficina que los médicos que están contratados como forenses en el instituto sí tienen la capacidad y experiencia para desempeñarse como tales, y que ellos sí tienen “diplomados, maestrías” en ciencias forenses.

Ya que en el país no existía la especialidad en medicina legal, la Corte defendió durante años la práctica de contratar médicos generales en “la facultad constitucional” que tenían para nombrar médicos forenses. De acuerdo con información recabada por la PDDH, así respondió en un escrito en 2005 el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón.

En efecto, el artículo 182 de la Constitución establece que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia es nombrar a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma Corte.

“Todo esto comienza a raíz de una muerte de una sobrinita mía en 1991, por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.

Dudas. ADESAM-Coribel cuestiona la idoneidad de la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial.

A juicio de la PDDH, ese argumento se encontraba basado en una mala interpretación de la Constitución. Pues el artículo 5 de La Ley Superior de Educación de 2004 establece que el grado de especialista es uno académico y que solo los “institutos especializados de nivel superior y las universidades podrán otorgar todos los grados establecidos”.

Hace más de una década, cuando el Ministerio de Educación fue consultado al respecto, quien entonces era ministra de Educación, Darlyn Meza, “informó que conforme a la Ley de Educación Superior, le corresponde a ese ente acreditar los estudios de especialidades en las ramas de la medicina, con la colaboración interinstitucional y previa aprobación y dictamen de la Junta de Vigilancia de las especialidades respectivas”.

La procuraduría asegura que la CSJ hizo una interpretación errónea de las atribuciones constitucionales que la institución argumentaba. En ese sentido, el nombramiento de forenses al que se haría referencia en la Constitución se entendería como la capacidad de contratar a los médicos y no como la posibilidad de asignar un grado académico sin que estos lo cursen.

“Actualmente hay más de 122 médicos forenses en El Salvador, de donde la mayoría, más del 80 %, son mayores de 50 años”, cuenta la magistrada Doris Luz Rivas Galindo. Una fuente que pidió no ser identificada para este reportaje y que trabaja en una jefatura de la Corte explica que en Medicina Legal siempre se ha aprendido sobre la práctica. Y la práctica implica el manejo de información sensible para procesos judiciales.

“Todos entran así (sin experiencia)”, sostiene. Luego explica cómo es que en el instituto un médico general puede ser nombrado forense. Esta persona asegura que “cuando usted entra, se le entrena, se le tutorea y después de un tiempo… tres, seis meses en el área, a usted lo empiezan a soltar y empieza a poner la firma en el peritaje más sencillo y así por el estilo”.

La magistrada Rivas explica: “A partir del desarrollo de la especialidad, ya no es un médico que va a venir, verdad, que ha estado en un lugar equis y de repente va a venir a hacer peritajes”. Ella asegura que con las personas que se gradúen de la especialidad se van a quitar una preocupación de decir ‘bueno y a quiénes vamos a poner’ y evitar otro tipo de prácticas que son menos transparentes.

Rivas Galindo señala que a escala regional, solo Nicaragua y El Salvador no contaban con una especialidad forense. Y que ella no puede responder por qué la Corte no hizo la presión necesaria para que esta especialidad se gestionara con anterioridad. “Nosotros no podemos dar cuenta de por qué no lo hicieron antes. Ahora sí estamos dando cuenta de por qué lo estamos haciendo ahora”, se limita a responder.

***

 

EL INICIO DE LA DEMANDA

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de esta situación en 2004. Así lo explica Mireya Tobar, la procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde su oficina en un edificio que tiembla cuando los carros transitan por la calle de enfrente.

Hace 14 años, Wilfredo Alfaro, representante legal de la Asociación para la Defensa de la Salud y del Medio Ambiente Corina Isabel Pérez Alfaro (ADESAM-Coribel), puso una denuncia ante la PDDH.

“Todo esto comienza a raíz de la muerte de una sobrinita mía en 1991 por mala praxis médica”, explica el abogado Alfaro mientras saca documentos de su maletín en una cafetería de Antiguo Cuscatlán. Él sostiene que en las diligencias de ese proceso descubrió que quien realizó la autopsia de su familiar no era un médico forense certificado.

Y como hasta hace tres años El Salvador no contaba con ninguna especialización forense certificada por una universidad, la procuradora Tobar no vacila en asegurar que “esta práctica ha sido histórica por parte del Instituto de Medicina Legal. Eso hay que tenerlo claro: en la historia de la creación del instituto no se ha contado con médicos con especialización como tal y si lo ha tenido ha sido de manera individual”.

Mireya Tobar asegura desde su escritorio -lleno de expedientes con denuncias de mala praxis médica- que la no certificación forense ha sido un obstáculo a la hora de evaluar el tipo de casos que llegan a esa unidad.

—Muchos de estos dictámenes, a la hora de que son presentados por Medicina Legal, evaden un dictamen por no tener una especialización en el tema de forense como puede ser en temas de medicina interna –declara.
—¿Pero de todas maneras sí realizan el trabajo con las limitaciones que tienen o se abstienen? –se le consulta a la procuradora.
—En algunos casos, sí. Un porcentaje realiza el dictamen pese a no tener la especialización.
—¿Los médicos pueden abstenerse de pronunciarse?
—Sí, se han llegado a abstener. Y como no hay un sustento en ese reconocimiento que emite, al final a la Fiscalía no le favorece y quedan en la impunidad los casos porque tienden a prescribir.
—¿Estamos hablando de que el nivel de la prueba científica es débil?
—Es débil en ese sentido. Y eso lo vemos en específico en los temas de negligencia y mala praxis –responde.

Tras la denuncia interpuesta durante 2004 por ADESAM-Coribel, la procuraduría de Beatrice de Carrillo exigió informes a la Corte Suprema de Justicia y al Instituto de Medicina Legal. En marzo de 2006, es decir, hace 12 años, hubo un primer pronunciamiento de la procuraduría en el que, de acuerdo con Mireya Tobar, se dio por establecida “la afectación al derecho de la tutela legal efectiva por parte del personal médico del IML”.

Según la procuradora adjunta, esta situación empezó a cambiar con “los esfuerzos realizados por la señora presidenta de la Sala de lo Penal y el consejo directivo del IML, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, al gestionar la creación de la especialidad de medicina legal”, efectuados desde 2013.

A pesar de admitir los avances en este tema, Tobar dice: “Personalmente sé que se siguen las contrataciones (de personal no acreditado). Esperaríamos que la primera promoción, que ya son médicos que ya cuentan con la especialización, pueda tener un espacio en Medicina Legal o que aún los médicos (forenses) empíricos que están en IML también realicen estos estudios”.

La magistrada Rivas Galindo no descalifica la capacidad de los médicos contratados como forenses en los años anteriores, a pesar de que no cuentan con una especialidad académica, pero habla de “una gran distancia” en la formación que reciben quienes se están formando actualmente y quienes se formaron con la práctica. Ese mismo residentado que la magistrada defiende no ha estado exento de críticas.

***

 

LAS CRÍTICAS A LA ESPECIALIDAD

Cupos. En 2015 se abrió la convocatoria para seleccionar a ocho médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. Aplicaron 29 personas.

La especialidad de medicina legal de la Universidad de El Salvador consta de 23 materias con 107 unidades valorativas. “En el primer año se cursan siete asignaturas, en el segundo ocho y en el tercero tres”, indica la coordinadora de docencia y especialidad médica de IML, Carolina Paz.

Durante 2015 se realizó un proceso de selección de médicos generales que pudieran optar a la especialización en medicina legal. El número de plazas disponibles era de ocho estudiantes y aplicaron 29 personas, de acuerdo con información de la Corte. Actualmente hay 24 estudiantes de la especialidad en el instituto, repartidos en tres años de estudio y práctica.

Las clases empezaron en febrero de 2016. “En el primer año cursan criminalística, que es la base fundamental de todo perito forense, se ven temas de clínica forense, más que todo dirigidos a la parte de lesionología. En el segundo año ya ellos van incursionando en temáticas más especiales, como el área clínica, ya se empieza a relacionar más que todo con estados de salud y se vuelven a ver temáticas médicas ya con un enfoque médico legal. En tercer año es donde ellos van a ver la parte más especializada de medicina legal, que serían ya ciencias forenses de la conducta, química forense; se empiezan ya a hacer sus rotaciones en áreas más especializadas”, explica Carolina Paz desde una sala de reuniones del IML una mañana de marzo.

A pesar de ser una especialidad académica para la cual el país esperó durante casi 20 años, desde que el IML fue creado, la versión en línea del pénsum de la Universidad de El Salvador, que se encuentra disponible para el público, tiene mal escrita 40 veces la palabra “forence”. La puesta en marcha de esta especialidad no ha estado libre de señalamientos.

Wilfredo Alfaro, el representante de ADESAM-Coribel, asegura que tiene información que le permite afirmar que “ahora resulta que los practicantes son los que están haciendo las autopsias”, cuando “Medicina Legal está constituida para hacer autopsias y reconocimientos médicos que van a servir en un proceso penal. Eso no puede estar contaminado”. Él denuncia que los médicos residentes efectúan sus prácticas sobre cuerpos y que esto influye en la posibilidad de contaminar los resultados.

La magistrada Doris Rivas Galindo rechaza dicho señalamiento.

—¿Cómo residentes ellos están autorizados en el área de patología a tener contacto con los cuerpos o a levantar actas que van a ser utilizadas en procesos judiciales? –se le cuestiona.
—Fíjese que por hoy no. No, ellos… una cosa es que puedan participar, apoyar y todo igual que lo hacen los auxiliares de autopsia, qué mejor que también un médico, pero ellos no. Es un tema que discutir, verdad. Ellos tendrían que participar en los juicios para aclarar todo esto, pero no. Y en todo caso ellos participan con el tutor, con alguien que ya realmente lo está haciendo.
—¿Habría que pedir algún permiso? ¿O cómo se establece que las personas que están teniendo contacto con prueba directa que va a ser utilizada puedan tener conocimiento de eso?
—Ellos no manipulan la prueba. La manipula el responsable, el médico forense responsable. Todo ese cuidado se está teniendo. Entonces, a lo mejor los profesores o los tutores son los que podrían dar mayor fe de eso –reitera la magistrada.

El coordinador general de especialidades médicas de la UES, Roberto Germán Tobar, respalda la respuesta de la magistrada. Al igual que Carolina Paz, la coordinadora de la especialidad en el Instituto de Medicina Legal. Ella enfatiza que “el especialista en formación no practica ningún tipo de actividad solo. Tiene un acompañamiento absoluto de los peritos con experiencia y peritos nombrados por la Corte, obviamente, que son los que firman los reconocimientos”.

ADESAM-Coribel, no obstante, cuestiona cuál es la autorización legal con la que cuentan los médicos residentes para realizar acciones de práctica sobre, por ejemplo, cuerpos que son parte de un caso judicial. “Esta persona tiene un familiar. ¿Quién de la familia de ellos autorizó para que esta persona estuviera manipulando el cuerpo? No tiene que estarle pidiendo permiso a los familiares. Pero una persona que no tiene competencia sí debe tener permiso de los familiares”, considera su representante legal.

El artículo 189 del Código Procesal Penal regula que “la autopsia la practicarán únicamente médicos forenses”. Una persona empleada de la Corte que solicitó el anonimato sostiene que “los médicos residentes no pueden tocar los documentos oficiales. Y ellos están con puño y letra haciendo los levantamientos”. Para este profesional, eso podría calificarse como falsedad documental.

Además, añade que “en la especialidad los médicos residentes no pueden hacer autopsias y las están haciendo”. La fuente va más lejos en su señalamiento y menciona que algunos residentes ejecutan las autopsias y el médico tutor solo las firma. Según la versión de esta persona, cuando los médicos encargados sean llamados a juicios para dar fe de la realización de autopsias, es posible que se omita decir que la ejecución fue por los residentes. “Esto se va a convertir en un delito cuando llegue donde el juez y diga ¿es su firma? Sí, esa es su firma. Pero el juez no pregunta ¿usted realizó la autopsia? Porque nos creen a nosotros”, sostiene.

***

 

CONTRA LA IMPUNIDAD

Herramientas

“La prueba científica es la piedra angular sobre la que descansa un caso”, explica el doctor Miguel Enrique Velásquez, de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una asociación que ofrece cursos privados de corta duración relacionados con la criminología, investigación forense y derechos humanos.

El presidente de la asociación indica que en su rama laboral, “lo más importante es que los peritos y los médicos forenses” tienen “una responsabilidad grande porque a través del trabajo se restituyen derechos”.

Pero esos derechos no pueden ser restituidos si los forenses no cuentan con los procesos de aprendizaje adecuados o más efectivos. La mayoría de personas consultadas para este reportaje coinciden en una cosa: la formación y acreditación de los profesionales de la medicina forense debe mejorar para que el sistema judicial pueda fortalecer su prueba científica.

—Si el patólogo forense no establece las dinámicas de movimiento de trayectorias internas de proyectiles y heridas para poder hacer una recreación de los hechos, ¿cómo le consta al juez que lo que dice el testigo es verdad? –se pregunta Velásquez desde una universidad para ilustrar la importancia del trabajo que efectúan los forenses.

*

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la acreditación idónea del personal de Medicina Legal es un paso vital para todo un sistema de justicia: “La impunidad se va a acabar en la medida de lo posible que tengamos menos casos, cuando los fiscales tengan más tiempo para dirigir un caso y poderlo condenar; en la medida que el perito tenga todos los recursos, que esté capacitado y que también el juez esté capacitado”.