Las culpables

Todos los dedos te señalan. La ladrona, la puta, la asesina, la maldita esa. Ves hacia todos lados y no entiendes lo que pasa. Hace un rato estabas en tu colonia, con tus vecinas y tus hijos.

Hubo una redada y ahora te tienen esposada frente a un montón de cámaras. Te acusan de cosas que ni siquiera entiendes y enumeran una serie de pruebas inverosímiles en tu contra. No sabes qué hacer, agachas la cabeza y lloras. Parece una pesadilla.

Esa pesadilla la pasan cientos de personas cada año en nuestro país. Hombres y mujeres que son capturados por parecerse o llamarse igual a alguien que ha sido acusado de algún delito, o que simplemente están en el lugar y la hora equivocadas. Pero hoy, a pocos días de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer, quiero referirme a ellas, a las siempre culpables.

Como sociedad somos especialistas en señalar, acusar, juzgar y condenar con rapidez y facilidad. El debate de la presunción de inocencia se ha tardado mucho, muchísimo. Si eres joven y pobre es fácil que te acusen de cualquier cosa y que pases mucho tiempo preso antes de que se logre comprobar que no eras culpable de nada.

A Saraí la conocí en un edificio de Washington, donde hacía la limpieza. La escuché decir la palabra «cumbo» y le pregunté si era salvadoreña. Me contestó que sí y poco a poco la plática llegó a cómo tenía tres años de vivir en Estados Unidos, después de estar casi un año detenida en El Salvador, donde su patrona la acusó de ladrona y llamó a la Policía.

El proceso no prosperó y la dejaron salir porque quien la acusaba no presentó nunca pruebas. Eso no la libró de estar detenida durante los seis meses que le dieron a la Fiscalía para armar su caso y otros tantos meses más de puros trámites.

Nunca logró quitarse el mote de ladrona con su familia y vecinos ni con potenciales empleadores. Optó por migrar.
También están los casos en los que a las mujeres se les amenaza para participar en delitos. Chicas que van obligadas a cobrar extorsiones, madres a las que les encuentran en su casa drogas que no sabían que alguien había escondido, mujeres que deben introducir artículos prohibidos a los penales. Todas ellas caen fácilmente presas, leo los casos muy seguido debido a mi trabajo. Luego, uno se queda esperando que caiga quien las amenazó, quien las obligó… rara vez pasa.

Algunas logran salir libres, pero retomar su vida es otra historia. Ya las señalamos y categorizamos, llevan el delito en la frente y allí nos falla la memoria corta que nos caracteriza para otros temas. También están las mujeres que aún están presas por haber perdido a sus bebés, mientras la justicia debe decidir si fueron emergencias obstétricas o ellas mismas los mataron.

Lo más común es, sigue siendo, lo segundo, y a las largas condenas por este tipo de casos -de hasta 30- años, se le suma la correspondiente lapidación social.

Este marzo, mes de la mujer, les dedico estas líneas a quienes están presas injustamente, a quienes se asumió culpables antes de cualquier proceso, a quienes aún esperan justicia, a quienes no lograremos reponerles la vida ni la reputación perdidas. También se las dedico a usted que me lee, le invito a volver al primer párrafo y tratar de ponerse en ese lugar. Si le pasara a usted, ¿verdad que le gustaría que se cumpliera aquello de que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario?

Partidos caducos

A los dos, ARENA y FMLN, la democracia se les vuelve a atragantar.

La cúpula de ARENA recién descabezó a buena parte de la recién juramentada Juventud Republicana Nacionalista por “no adherirse a los valores del partido”, según se desprende de reacciones expuestas en redes sociales por líderes areneros o columnistas simpatizantes.

Los jóvenes fueron expulsados, entre otras cosas, por proponer abrir la discusión, en el seno arenero, a temas como el aborto o el matrimonio igualitario; ambas discusiones que hasta ahora han sido ajenas al ideario de ARENA, afincado en estos apartados en los valores católicos más conservadores.

Esta defensa parece estar cimentada en la siguiente lógica: Si no estás de acuerdo con esos valores, los valores más conservadores sobre los que se fundó este partido de derecha, aquí no tenés cabida. De ahí es bien fácil llegar a dos conclusiones: en ARENA no cabe la modernidad y en ARENA cualquier desacuerdo programático se resuelve con la exclusión.

El FMLN, por su lado, empezó el nuevo capítulo de un ejercicio que ya es tradicional: la imposición de aspirantes a alcaldes y diputados. A la larga lista de candidatos de dedo, como Schafick Hándal hijo en San Salvador o Blanca Flor Bonilla en Ayutuxtepeque, parece haberse unido hoy la de Miguel Pereira, que buscará la reelección en San Miguel aupado por el apoyo de Medardo González, coordinador general del partido.

No resulta nuevo decir que en el FMLN la democracia interna también es un asunto de difícil digestión y que la representatividad política sigue jugándose, solo, en el tablero de ajedrez que llevan peleándose una década Medardo González, José Luis Merino y las FPL, ya sea de mano de Salvador Sánchez Cerén o de Óscar Ortiz.

El FMLN y ARENA siguen siendo maquinarias electorales eficientes. Y, hasta hace muy poco, seguían siendo impresionantes maquinarias de propaganda, capaces ambas de retorcer los hechos o matizar las verdades para pintarlas a su conveniencia en la narrativa política nacional, esa en la que, según ambos partidos, todo tiene que seguir definiéndose por la bipolaridad entre ellos.

La propaganda, sin embargo, se les empieza a agrietar. A ARENA hoy le resulta más difícil acallar las disidencias, incluso en los medios de comunicación que han sido sus aliados históricos. Y al FMLN las redes sociales les han jugado la mala pasada de dar voz, además de a sus incondicionales, a sus disidentes.
Lo que ambos partidos políticos dejaron de ser hace un rato largo fue vehículos efectivos de representatividad democrática.

Y dejaron de ser, incluso, expresiones honestas de la ideología con que se arroparon durante sus nacimientos, durante la guerra y la primera posguerra. Es cierto que a ambas cúpulas suele vérselas a menudo acudiendo a las viejas banderas e himnos para intentar poner en orden el redil. ¿Que los bichos intentan tomarse ARENA? Respuesta: Somos fieles a nuestros principios nacionalistas y republicanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser republicano y nacionalista en la segunda década del siglo XXI?

¿Que al FMLN, hoy que es gobierno, se le cuestiona el coqueteo de sus líderes con la corrupción? Respuesta: Es una campaña orquestada por lacayos de la derecha o del imperio. Y con eso ha bastado para que el vicepresidente Ortiz no responda sobre sus nexos con “Chepe Diablo” o el viceministro de inversión Merino sea viceministro a pesar de sus nexos con Enrique Rais.

Por ahora, insisto, ambos partidos siguen siendo maquinarias electorales que persiguen un solo fin: garantizar a sus cúpulas el acceso al poder político. A sus cúpulas, en esencia, no a los ciudadanos que en ellos militan, que con ellos simpatizan o que por ellos votan. A sus cúpulas.

Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios

Perla Vega, de 30 años de edad, fue apuñalada hasta morir, por Juan Carlos Cristerna, en mayo de 2012. Aunque en la entidad de Sinaloa el feminicidio ya estaba tipificado como tal, el presunto asesino quedó en libertad en menos de dos años. ¿La razón? El juez calificó el hecho de homicidio, no de feminicidio (“eran ex novios”) y alegaron tortura en contra de Cristerna, por lo cual fue liberado.

En México, cada día son asesinadas entre 6 y 7 mujeres y solo dos de cada diez crímenes de este tipo son reconocidos como feminicidios, lo que significa que los más de ocho mil asesinos pueden salir libres en poco tiempo, tras cometer el delito.

Entre 2012 y 2015, las procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investigación, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo ocho mil 555 asesinatos. Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento.

En el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 26 mujeres en el país.

Casos como los de Perla han quedado en el limbo jurídico por los vacíos que hay en la ley, lo que ha provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso descuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.

En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable.

No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las procuradurías y fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.

Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).

En la investigación se solicitó a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.

Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.

Con base en estos informes oficiales, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir, no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios.

En el análisis de datos se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.

Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras reportadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.

Vacíos legales

Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.

El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio: Los signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, los antecedentes de violencia, que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario, las amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.

Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.

Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país. Pese a eso, las procuradurías y fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.

Karla Micheel Salas, abogada y directora de la Asociación Civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, ha trabajado concretamente en el tema de violencia feminicida. Sus estudios la han llevado a concluir que, si en México no se reconoce la gravedad de los feminicidios, es porque el Gobierno Federal mantiene una negación ante la violencia de género.

Una de las principales causas de que los feminicidios en México sean tipificados de manera distinta en una y otra entidad, se debe a los códigos penales, los cuales siguen sin ser uniformes en la figura del feminicidio y sin modificar los apartados que permiten que los feminicidas no cumplan con las sentencias acordadas para este crimen.

La violencia extrema contra las mujeres se ha extendido a medio país. En peticiones de información realizadas para esta investigación, 15 estados reconocieron tener 107 casos de mutilaciones, el 65 por ciento de las cuales han sido decapitaciones.

La estadística completa de este tipo de crímenes no fue posible obtenerla, porque algunos estados, como Aguascalientes y Durango, declararon como información reservada los casos de mutilaciones, mientras que Quintana Roo, Puebla y Chihuahua se negaron a informar las causas de los homicidios de mujeres.

Si las circunstancias para tipificar un crimen de género fueran respetadas, tal y como aparecen en cada uno de los Códigos Penales locales y en el Código Penal Federal, o si la violencia con la que fueron asesinadas las mujeres hubiera tenido una mayor relevancia, en México habría por lo menos el triple de feminicidios de los mil 887 que reconocen las autoridades.

Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad.

Un feminicida puede recibir un castigo de hasta 70 años de cárcel en algunos estados -como Morelos- pero si el asesino alega que el crimen lo cometió bajo un estado “de emoción violenta” (que también se conoce como crimen pasional), la pena se puede reducir a sólo una cuarta parte.

Así lo determinan, hasta la fecha, 17 códigos penales en el país, incluyendo al de la Ciudad de México.

En números absolutos, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, con 396 casos ocurridos en 2015.

Sin embargo, en cuanto a número de habitantes con relación a los asesinatos de mujeres, Guerrero fue ese mismo año el estado con la mayor tasa de crímenes de género, con 12 casos por cada 100 mil mujeres.

Acapulco, destino turístico de prestigio internacional, no escapa de las estadísticas a la alza en feminicidios. Ocurrieron 74 asesinatos de mujeres en 2015, lo que representó un caso por cada 9 mil habitantes, es decir, una tasa del doble de la presentada en Guatemala y el triple de la registrada en El Salvador.

Por eso, ya no es extraño encontrar decenas de páginas en las redes sociales que piden justica para Perla, Gaby, Diana, Imelda, Paulina y más nombres que figuran entre el gran listado de páginas que existen en sitios como Facebook y Twitter.

Los familiares de las víctimas piden justicia y cada vez confían menos en las autoridades. Los feminicidios en México aumentan, aunque oficialmente permanecen en la sombra.

Las mujeres violadas de un país que no protege ni medica

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de seis mil personas fueron asesinadas en el 2015; el 91%, hombres. Las cifras indican que a las mujeres las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. Siempre en 2015, el 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.

Solo en ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos.

Por cada diez delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte en el escenario de la mayoría de agresiones. “Este dato desmitifica la creencia (de) que las mujeres son violentadas sexualmente en la calle y por extraños. El mayor riesgo lo enfrentan en sus hogares”, dice el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en su ¨Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres¨.

La mayoría de víctimas de abuso sexual no habían cumplido los 20 años cuando ya se encontraban en medio de un proceso judicial en el que tenían que declarar ante la justicia cosas que ninguna persona debería vivir. El 63% de las víctimas de hace dos años eran niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.

Los casos de violencia contra las mujeres aumentan conforme ellas avanzan hacia la mayoría de edad. 287 niñas que tenían entre 5 y 9 años fueron reportadas por la Fiscalía como víctimas de agresiones sexuales durante el 2015.

Cuando las mujeres cumplen los 19 años, los actos de violencia sexual hacia ellas disminuyen drásticamente. De mil 700 actos de violencia sexual contra adolescentes entre los 15 y 19 años, la cifra se reduce a 354 agresiones para el grupo de mujeres de 20 a 24 años.

La violencia sexual no solo las obliga a someterse a procesos legales. Las agresiones traen consecuencias directas en la salud de quienes las sufren. Si el Estado salvadoreño no ha podido evitar que año con año miles de salvadoreñas sean víctimas de estos abusos, está obligado a garantizarles su derecho a la salud de acuerdo al artículo 57 de la Ley especial integral para una vida de violencia de las mujeres (LEIV), la Guía Clínica de la Profilaxis Pos Exposición del Ministerio de Salud y los Líneamientos técnicos para la atención integral a todas las formas de violencia del MINSAL.

La garantía de la salud no siempre se concreta. Así, aunque una víctima de violación se acerque después del ataque a las autoridades de justicia, existe la posibilidad de que no sea trasladada a tiempo a un hospital para recibir anticoncepción de emergencia y tratamiento contra el VIH.

Setenta y dos horas. El sistema de salud solo tiene tres días desde que sucede un ataque sexual para empezar a proveerle medicamentos que previenen el desarrollo del VIH (antirretrovirales) a una víctima. Si ese periodo se pasa sin atención médica, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de transmisión sexual y de quedar embarazadas.

Además de recibir medicina antirretroviral, las víctimas de violación sexual tienen derecho a recibir anticonceptivos de emergencia en las horas posteriores a su violación. El personal médico evalúa si la víctima corre riesgo de embarazo tomando en cuenta si la afectada se encontraba bajo algún método de planificación familiar. La “pastilla del día después”, como es conocida comúnmente, no se entrega si las mujeres estaban utilizando algún otro método anticonceptivo cuando sucedió la agresión.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer comenta que no es posible saber con exactitud cuántas mujeres violadas recibieron estas pastillas de emergencia porque la entrega se registra dentro de las cifras de anticoncepción oral generales. La anticoncepción de emergencia de una mujer le cuesta entre 35 y 75 centavos al Ministerio de Salud.

González calcula que la atención a una víctima de violación sexual ronda, en total, entre $300 y $500. Esto siempre y cuando la violencia ejercida no alcance niveles extremos. La coordinadora agrega que los costos varían porque “hay víctimas acompañadas de una violencia física tan deshumanizada que terminan con lesión de hígado, de bazo, con desgarros terribles y pueden perder el útero.¨

Cada hora que pasa después de una violación sexual es vital para intentar recuperar la salud de las víctimas. Si estas horas transcurren sin que la mujer reciba tratamiento y su agresor estaba contagiado de la enfermedad, ya nada puede hacerse para evitar que ella también la contraiga.

Los tratamientos de protección contra el VIH después de una violación se empezaron a entregar en el año 2001. A quienes se les indica, deben completar la medicación durante 28 días. Algunos médicos explican que causa náuseas, vómitos y malestar general. Antes de ese año, a una víctima de violación sexual el Estado no le ofrecía la oportunidad de prevenir una enfermedad que podría afectarla para toda la vida a pesar de pedir ayuda médica.

1,103 mujeres fueron remitidas en el 2015 al Instituto de Medicina Legal para que su cuerpo fuera revisado. Ahí se buscan lesiones y residuos biológicos del violador como sangre, semen y vellos púbicos. Si se compara el número de violaciones que instituciones del Estado registran con los tratamientos para la prevención del VIH que el MINSAL brinda, se comprueba que solo el 44% de las víctimas registradas en Medicina Legal por haber sido violadas recibieron terapia antirretroviral en el 2015. Es decir, solo 492 mujeres.
De acuerdo con Medicina Legal, las violaciones aumentaron el año pasado. Pero, los tratamientos de este tipo disminuyeron. En el 2016 solo 294 mujeres recibieron medicamentos para prevenir el VIH en la red del MINSAL. Es decir, el 24%.

Los medicamentos para prevenir el VIH después de una violación “solo están disponibles en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud”, asegura Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA del MINSAL. Sostiene que quien quiera tratarse fuera del sistema nacional de salud, difícilmente podrá hacerlo porque “no van a encontrar los medicamentos en el sistema privado”.

El Ministerio de Salud maneja cifras diferentes a las de Medicina Legal sobre agresiones sexuales. La Unidad de Violencia y Lesiones reporta que en el 2016 le dieron atención a 1,654 personas por violencia sexual. Amílcar Henríquez de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) aclara que no todos esos casos son violaciones pues no todas incluyen penetración y las estadísticas también toman en cuenta otros tipos de abusos sexuales.

Miriam González, la coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Mujer del MINSAL asegura que el año pasado registraron 828 casos de violación de agresión sexual en niñas, adolescentes y adultas. Si se omite el dato de reconocimientos de Medicina Legal y solo se toma en cuenta las violaciones de mujeres a las que Salud les dio atención, la cifra de entrega de antirretrovirales aún es baja. Solo cubre al 35% de las víctimas de abuso sexual.

Cada tratamiento de medicamentos retrovirales le cuesta 100 dólares al Ministerio de Salud de acuerdo con el Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA. Los antirretrovirales se adquieren con financiamiento proveniente del Presupuesto General de la Nación. Se compran por adelantado alrededor de 500 tratamientos antirretrovirales dando por descontado que habrá víctimas de atención sexual.

Hay niñas que son agredidas sexualmente mucho antes de que puedan hablar, caminar o tomarse una foto con su primera piñata de cumpleaños. El año pasado Salud le brindó atención a 4 niñas menores de un año por este motivo. El Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA también registró que en el 2015 se le brindó atención retroviral a 26 niñas de entre 1 y 4 años tras ser violadas. En el 2016 la cifra de tratamientos entregados disminuyó considerablemente y una niña de ese rango de edad recibió protección contra el VIH.

Entre los 10 y 14 años se supone que las niñas deben estudiar de cuarto a octavo grado y aprender sus primeras lecciones de álgebra. También es en este rango de edad en el que son más abusadas. 435 niñas de estas edades fueron violadas en el 2016 de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal. El grupo que le sigue son las adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, con 406 violaciones. En ese periodo, 87 hombres abusados llegaron a la institución para someterse al mismo proceso.

¨La posibilidad de la transmisión de VIH en la violación sexual es más alta que en una relación sexual no violenta por el mayor daño en tejidos que puede haber”, establece la guía clínica de Profilaxis Post Exposición del MINSAL. Esta guía indica una serie de pasos y consideraciones que el personal médico debe tomar en cuenta cuando recibe a una víctima de violación.

Si es una unidad de salud el lugar al que ha acudido la persona que se enfrentó al abuso, lo primero que deben hacer es atender cualquier lesión que amenace su vida y enviarla a un hospital. Ahí se evaluará si debe recibir tratamiento antirretroviral.

El personal médico hace ¨evaluaciones de riesgo¨ para decidir si la víctima podrá iniciar el tratamiento para evitar el VIH, un embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual como hepatitis, gonorrea y clamidia. Por ejemplo, si una mujer fue violada pero no es posible determinar si tuvo contacto con semen o sangre de su agresor, no se prescriben los medicamentos antirretrovirales.

Cuando Ana Nieto, la coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, es cuestionada por el bajo número de tratamientos retrovirales que se proporcionan comparado con las cifras de violaciones sexuales que se registran año con año, ella explica que un posible motivo que hace que ese número sea bajo es el factor temporal. “¿Cuántas de estas víctimas llegaron después de las 72 horas?”, pregunta.

Las personas que sufren violencia sexual y buscan auxilio del Estado, lo hacen pronto. El 77% de las víctimas de violencia sexual denuncia a menos de un mes de la agresión. Solo un 10% espera nueve meses o más para iniciar una acción legal, de acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia. Los primeros tres días desde la agresión son los más importantes para lograr evitar enfermedades y prevenir un embarazo no deseado.

“La primera idea que se le atraviesa a una víctima después de una violación es un embarazo y VIH. Esos son los dos terrores más grandes”, afirma Silvia Juárez, la coordinadora del Programa para una Vida libre de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Desde su trabajo acompañan a mujeres que atraviesan situaciones de este tipo y cree que la falta de atención médica en las primeras horas después de una violación se traduce en un proyecto de vida frustrado.

Hasta 1998 en El Salvador estaba permitido el aborto cuando el embarazo era producto de una violación, cuando el feto no era compatible con la vida y cuando la madre corría peligro de muerte. Sin embargo, el Código Penal actual obliga a las mujeres que no tienen acceso a anticonceptivos de emergencia a cargar en su vientre al hijo de su agresor.

El artículo 57 de la LEIV establece que a todas las mujeres que enfrenten hechos de violencia sexual se les garantizará “recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar.”

De acuerdo con la página web del Ministerio de Salud, la Guía Ténica de Atención en Planificación Familiar es un documento derogado y para los casos de violaciones se siguen los pasos establecidos en los Lineamientos técnicos de atención integral a todas las formas de violencia. Los lineamientos establecen que el manejo médico de las mujeres víctimas de violencia sexual debe orientarse, entre otras cosas, a “la prevención del embarazo indicando la anticoncepción de emergencia”.

La anticoncepción de emergencia previene el embarazo antes de que ocurra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que este tipo de medicamentos son preventivos, no abortivos: “La anticoncepción de emergencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.”

El Ministerio de Salud ya se posicionó a favor de una reforma al Código Penal que permita interrumpir los embarazos en las causales que se permitían con la legislación anterior.
En el polo contrario se situa la postura de la Fundación Sí a la Vida. Una organización que se ha pronunciado tajantemente en contra de cualquier reforma que pretenda hacer legal cualquier tipo de aborto. La fundación continuamente realiza foros y campañas de sensbibilización con las que busca reducir los abortos. Sí a la vida defiende que incluso en casos de violación, las mujeres deben llevar a término el embarazo porque consideran que la interrupción de la gestación es igual al asesinato de un inocente.


¿Por qué las víctimas no llegan a los hospitales dentro de las primeras 72 horas?

Entre las instituciones hay un rebote de culpas. En el MINSAL se dice que los procuradores de justicia no agilizan procesos para que las víctimas lleguen pronto a recibir atención médica. Y en la PNC, una agente que ha trabajado con casos de violencia contra la mujer señala que los recursos que tienen para atender a las víctimas de violencia no son suficientes.

La agente de la policía se encarga de dejar en claro que, en teoría, hay lineamientos que garantizan el acceso a la salud de las mujeres desde que tienen contacto con la autoridad, pero en la práctica esto no se cumple. Pone de ejemplo que un policía puede llevar a la víctima a la Fiscalía para que les entreguen una orden de reconocimiento de violación en Medicina Legal. Y este proceso puede tardar horas.

A la agente se le pregunta si conoce casos en los que hayan pasado más de 72 horas sin que la denunciante de una violación sexual haya sido referida al hospital. No duda en responder: ¨Totalmente¨ y luego afirma que, a veces, los retrasos se deben a que, a su juicio, hay poco presupuesto asignado para las unidades de atención a las mujeres en la policía. “¿Qué implica trasladar a una mujer desde San Juan Opico hasta Santa Tecla? ¿Acaso tengo unidades disponibles?”, pregunta.

¨Nos toca ver cómo en el sistema de justicia (la violación sexual) no siempre es una emergencia, incluso en el mismo sistema de salud. A veces les dicen que pasen a consulta externa¨, relata Silvia Juárez. En esto también coincide la policía. Ella cuenta que esa es una escena conocida. Ha sabido de casos en los que el personal policial acompaña a una víctima de abuso a la clínica y la respuesta que reciben es: “Haga cola”.

En otras ocasiones, las personas que han sido abusadas llegan al sistema de salud público con el único deseo de ser atendidas, sin ninguna intención de denunciar ante las autoridades por temor a represalias. Pero, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual establece que los médicos y enfermeras deben dar aviso a la FGR o la PNC.

Cuando hay víctimas que no quieren denunciar porque no se sienten seguras y se dan cuenta de que el personal de Salud ha dado aviso de un posible delito a las autoridades, se les coloca -lastimadas como están- ante la disyuntiva entre tener acceso a su salud o hacer frente al riesgo y el miedo de las represalias.

¨Hubo una ocasión en que acompañamos a una mujer victimizada por pandillas y le dijimos al personal de salud ´ella no quiere poner la denuncia y necesita ser atendida porque estamos al filo de las 72 horas´. El personal nos dijo ´esperen en esta sala´. Luego escuchamos que estaban llamando a Fiscalía. Cuando la víctima oyó eso entró en crisis y nos ha tocado salir en fuga¨, relata Juárez.

Ya sea por el temor a denunciar, por horas perdidas en burocracia, o porque alguna parte del personal sanitario no prioriza la atención médica por violaciones sexuales, Salud no logra proteger de enfermedades de transmisión sexual ni de embarazos no deseados a todas las personas abusadas.

Autoridades del MINSAL han dicho que las víctimas llegan muy tarde, pero en ORMUSA, Silvia Juárez hace otra lectura de los datos: “Si las víctimas le importan al Estado, él va, las busca y las protege. No pone como excusa que fueron ellas las que no llegaron al sistema de salud. Parece un acto cruel decir que ellas fueron las que no vinieron cuando fue el Estado (el) que no las supo proteger».

Ana Nieto insiste en que lo que falta para mejorar el acceso a la salud de las víctimas de violencia sexual es coordinación interinstitucional. Ella cree que es necesario que todo aquel profesional que interviene cuando una mujer ha sido violada debe conocer que lo que prima en estos casos es que las víctimas reciban atención médica. De lo contrario, dice, en lo que se espera que la persona declare, que llegue un juez o mientras aguardan para ser atendidas en Medicina Legal, “perdemos horas valiosas.”

Victoria pidió ayuda

Victoria salió temprano del colegio ese viernes del 2012. A la 1:30 de la tarde tenía entreno de fútbol y estaba emocionada por ir a practicar al final de la semana. Usualmente, su mamá la iba a dejar y a traer. Ese día no pudo. Casi nunca caminaba sola, pero ese día la amiga que le hacía compañía tampoco fue a estudiar. Antes de dirigirse a almorzar a su casa, pasó comprando una calzoneta azul para la práctica en uno de los puestos que están cerca de la iglesia.

La edad de Victoria es una incógnita. Su verdadero nombre y su fecha de nacimiento permanecen ocultos en su expediente, al que se tuvo acceso a través de una solicitud de información pública.

Cerca de la iglesia había tres hombres jóvenes mirándola. “Qué bonita estás”, le dijeron. Victoria no los conocía y decidió ignorarlos, pero aceleró el paso. Ellos la alcanzaron y le pusieron una navaja sobre la cintura. Dos se le pusieron al costado y uno atrás. La amenazaron: “Si gritás, te matamos”. Victoria buscó un par de ojos testigos, esperanzada en encontrar a alguien que la reconociera y la ayudara. Vió pasar a un vendedor conocido, pero él no la volvió a ver. Ella tenía miedo. No podía hablar. Los hombres la llevaron caminando por lugares que no logró identificar. Le preguntaron el nombre y con quien vivía. Victoria mintió.

Siguieron caminando y cruzaron un puente. Victoria vio a un grupo de personas en la calle. Como pudo, se les soltó a sus secuestradores y corrió hacia ellas. Les dijo que la llevaban a la fuerza, pero nadie hizo nada. Los tres pandilleros la tomaron de nuevo. La condujeron a una colonia de pasajes donde, según la Policía, tiene presencia la Mara Salvatrucha. Victoria empezó a gritar y pedir ayuda. Dijo que vio gente cerca de los postes de luz. Nadie la ayudó.

Los hombres metieron a la adolescente en una casa. Le pidieron que se desnudara. Ella se resistió, hasta que la amenazaron con un machete. Se desnudó. Empezaron a violarla. Después de uno, otro y otro. Mientras abusaban de ella, varias personas entraban y salían de la vivienda. Para los vecinos no era secreto que ahí había una menor de edad que estaba siendo sometida. Uno de los agresores se tomó el derecho de grabar en video la violación con un celular color fucsia.

“¿Ustedes también le van a dar? Dénle, no tengan miedo”, le decían los primeros tres sujetos a dos niños que habían llegado a ver. En el recuerdo de Victoria, uno de los niños era de piel clara y el otro moreno. No pasaban de los 12 años y se reían frente a ella.

Victoria vio a demasiada gente ese día y nadie la ayudó. Dentro de la misma casa, otra muchacha de su edad se asomaba por ratos a verla. La observaba y se mantenía impávida. Cuando los tres hombres terminaron de violar a Victoria por primera vez, la dejaron sola en el cuarto. Como pudo, trató de encontrar su uniforme, pero desistió. Después buscó su mochila. Entre sus cuadernos y lapiceros aún estaba la calzoneta azul que había comprado en la calle. Se la puso y salió del cuarto. Pensó en saltar el muro del patio interno; pero afuera, uno de sus violadores estaba cavando.

-¿Creés que esta bicha ya cabe aquí?- preguntó el hombre. -Hacelo más hondo- le respondió otro. -Ya está. Ya picada, va a caber.

Victoria intentó escapar una vez más y corrió hacia la puerta principal, pero no pudo abrirla. Al advertir su intento de fuga, los agresores le colocaron una cinta de zapatos sobre el cuello para asfixiarla. Ella se desmayó. Cuando despertó, estaba desnuda de nuevo. Además de sus tres violadores, para cuando volvió en sí, había otros cuatro niños viéndola.

Los pandilleros abusaron de nuevo de Victoria. Luego, se escuchó que alguien tocaba la puerta. Era un hombre de la tercera edad. Ella, otra vez, pidió auxilio. “¿Cómo te va a ayudar, si es mudo?”, se burlaron los violadores. Después le preguntaron al hombre mayor si él también quería abusarla. Él aceptó. Victoria les suplicó que la dejaran ir, que su madre iba a encontrar una forma de darles dinero, pero el hoyo en el patio ya estaba hecho y tenían que usarlo.

Unos policías del 911 realizaban un patrullaje cerca de la zona cuando les avisaron por radio que se escuchaban gritos en un pasaje. Alguien, desde el anonimato, avisó a la policías. Los agentes se dirigieron al lugar. Conforme ellos entraban en la colonia, los vecinos cerraban las puertas.

Anochecía cuando llegaron hasta la casa donde estaba la joven. Tocaron la puerta tres veces y como nadie salió, un agente se dirigió hacia la patrulla para pedir apoyo. En ese momento, uno de los violadores salió de la casa, como intentando huir. Ahí fue capturado por el otro agente que se había quedado cerca de la puerta. Al fondo -arrastrándose, descalza y con su calzoneta de fútbol-, un agente alcanzó a ver a Victoria.

La rescataron. La subieron a la patrulla y la llevaron con su madre, que recuerda haber visto a su Victoria llorando y temblando, mal en todo sentido. ‘No le pregunte nada todavía’, le dijeron los agentes. En lugar de llevarla al hospital, los policías decidieron trasladar a Victoria y a su madre hacia un puesto policial para que la niña -en el estado en el que se encontraba- declarara frente a una sargento; luego, a Medicina Legal. Solo después de llenar todos los formularios de la denuncia por violación, Victoria pudo llegar al hospital. Estuvo ingresada cinco días y le recetaron medicinas durante tres meses para tratar un virus. Después vinieron los efectos secundarios de la medicación: mareos, vómitos, diarreas.

Su mamá y ella huyeron de esa ciudad. Los mismos policías fueron los que les recomendaron que abandonaran su casa inmediatamente. Victoria dejó de estudiar, de dormir bien y de salir a la calle. La violación les cambió la vida de una manera que las estadísticas no llegan a medir.

«El cine es una herramienta de denuncia»

¿Qué le ha permitido hacer el cine que el periodismo le vedaba?

Creo que nada, excepto que yo puedo hacer activismo. Como la mayoría de mis documentales son de género, memoria histórica y derechos humanos; yo puedo pasar, ahora que ya no estoy trabajando en un periódico, de la realización de un documental al activismo. Eso es algo que dentro del periodismo no podía hacer y que tenía ganas de hacer.

¿Se considera una persona inteligente?

Creo que la inteligencia es la capacidad de resolver los problemas; que cuando uno esté en una encrucijada, pueda tomar una decisión. Creo que tengo esa capacidad.

¿Quiénes son sus cineastas favoritos?

Chantal Akerman, Agnès Varda, Emir Kusturica, Jean-Luc Godard, Frederick Wiseman, Nicolas Philibert, Jim Jarmusch, Patricio Guzmán, Pino Solanas y, mi favorito por sobre todos, Eduardo Coutinho. Mi otro favorito, aunque en ficción, es Guy Maddin.

¿Cuáles temas tocaría en su cine si no viviera en El Salvador?

Ninguno, porque desde que me gradué de San Antonio de los Baños, decidí que quería contar las historias de la región centroamericana, de Latinoamérica, de México. A eso me quiero dedicar. Son las historias que necesito contar. He tenido oportunidades de poder contar en otros lados, pero he decidido quedarme aquí.

Para usted, ¿qué es el cine?

Es una herramienta de denuncia. Es lo que más me gusta hacer en la vida junto a ser madre.

¿Cuál es la tarea más aburrida que ha tenido que hacer?

Ir al colegio. Era, para mí, una tarea muy aburrida.

¿Qué le gustaría que dijera su epitafio?

No me gustaría tener un epitafio, no creo que pueda resumir mi vida en una frase.

BUZÓN


Julio Roberto Magaña
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El milagro de nacer

La maravilla de un embarazo planeado es un evento que debe considerarse como un prodigio sin parangón. Ese ciclo de hospedaje íntimo que la mujer provee durante la gestación requiere una esmerada atención incluida la educación. Lamentable es ese 28% de partos en niñas, según el hospital de la mujer, que ni siquiera tienen acceso a servicios de profesionales capaces de atenderlas en el alto riesgo que para ellas representa; pero planeado o no, siempre es una misión sagrada con la misma ruta de encuentro de dos corazones unidos por el cordón del amor. “Dar a luz en una sociedad opaca” es la reseña periodística de Valeria Guzmán que nos pone en autos con datos subyacentes sobre los reveses que sortean las futuras mamás en este país y las deficitarias atenciones en un sistema de salud que no termina de entender que los futuros ciudadanos deben germinar en un ambiente apropiado desde la planeación y concepción, que es donde se inicia la aventura de ser padres responsables. El don de la maternidad es un derecho para toda mujer, pero de modo ideal, en entornos dignos para evitarles complicaciones en el parto y posparto y garantizar al neonato toda la asistencia humana a que tiene derecho, porque no es cierto que cada niño al nacer trae un pan bajo el brazo, ni tampoco que donde come uno comen más, las parejas responsables deben saber que lo más oneroso es un futuro promisorio que le ofrezcan a su hijo. Los hogares de espera materna son una buena iniciativa que debe ser ampliada en la red hospitalaria nacional, pues las mujeres del campo carecen de todo desde la etapa gestatoria, atravesando dificultades apremiantes, sin controles previos y que al final son atendidas por matronas no autorizadas. Los cuidados para una vida en camino y su progenitora demandan su presencia desde cuando estamos en el éter, antes de nacer y de ahí la importancia que reviste el mundo emocional de la madre en su estado de gravidez. La magia del encuentro de dos células luego de un acto pensado, planeado y deseado es un suceso sublime, único en la especie humana, es amar a alguien que aún no se conoce, pero que en un sacro vientre se vuelve un tesoro que culmina con el milagro de nacer. Corresponde al Estado dar su aporte “con medidas integrales”, como reza la Carta editorial.


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Rutilio López Cortez
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Violencia hacia las mujeres

La violencia en contra del género femenino es física, sexual, psicológica y económica, algunas van juntas por estar interrelacionadas y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor, por estas muchas razones las mujeres que experimentan violencia sufren de problemas de salud que les afecta su capacidad para participar en la vida pública. En la columna «El origen de la atrocidad» del periodista Sigfredo Ramírez se nos invita a que nosotros los hombres debemos ser los primeros en tratar bien al género femenino, para que las futuras generaciones aprendan con el ejemplo cómo se debe tratar a las mujeres. La violencia no se confina a una cultura, región, país , ni a grupos específicos de mujeres en la sociedad, por esta razón un 70% de mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. En el pasado conflicto armado, las mujeres fueron utilizadas como una táctica de guerra. Mujeres de todas las edades fueron sistemáticamente sometidas a violentos abusos sexuales en manos de fuerzas guerrilleras o militares. Según estadísticas del Banco Mundial, las mujeres entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra o malaria. Otra forma de abuso contra las mujeres es que cuando son detenidas por la policía es común que eso abarque casos de abuso sexual, prácticas inapropiadas de vigilancia, registros al desnudo realizadas por hombres y la exigencia de actos sexuales a cambio de privilegios o el cubrimiento de necesidades básicas en sus centros de trabajo. Es primordial tomar en cuenta que los costos de la violencia contra la mujer son altos y también comprenden los costos indirectos de los servicios para el tratamiento y apoyo para las mujeres maltratadas junto a sus hijos. También hay relación con la pérdida del empleo y productividad y lo representan en dolor y sufrimiento humano.


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Miguel Martínez
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El hábito de la lectura

El escritor Manlio Argueta escribió el domingo pasado en 7S sobre la importancia de la lectura, a la que definió como “sensibilizadora, que crea ciudadanos críticos, que forma e informa y permite conocer más allá de la educación escolar sistemática”. Quisiera agregar al respecto que la falta de interés por la lectura es cada vez más notoria en la población juvenil. Muchos de ellos leen por asignaciones, trabajos, evaluaciones, entre otros; notándose que no les provoca interés por informarse o culturizarse. Razones para leer existen muchas, entre las que se puede mencionar que leemos porque en los libros encontramos todos los mundos posibles: los reales y los imaginarios, porque a medida que leemos nuestra capacidad de comprensión se fortalece y la habilidad para expresar nuestras ideas se enriquece. También porque al elegir el libro que queremos leer nos ayuda a ser diferentes: a ser libres cuando aprendemos a elegir según nuestros propios gustos y nuestros propios valores. Pero desafortunadamente las personas leen cada vez menos y ven más la televisión o leen en internet. Se dice que los libros van desapareciendo, ya que la gente prefiere las cosas ya hechas, como las series de TV o las películas basadas en los libros. Dicen algunos que es mejor ver la película que leer el libro, aunque se podría decir que no es que sea mejor, sino que es más digerible, aunque la lectura como todo requiere de práctica, así como la dieta y el ejercicio. No por gusto, Pablo Neruda en cierta ocasión apuntó: “Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los torvos conquistadores. Salimos perdiendo, pero salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. ¡Nos dejaron las palabras!”. O cuando Santa Teresa de Jesús, religiosa, doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora española, fundadora de las Carmelitas Descalzas, al respecto de la importancia de la lectura dijo: “Lee y conducirás, no leas y serás conducido”, mientras Jorge Luis Borges remarcó: «Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído».

Carta Editorial

Esta es la segunda edición de las cuatro que forman parte del especial sobre el mes de la mujer. Esta vez, apuntamos hacia las violencias; tanto las físicas como las que implican el abandono, la desprotección y el incumplimiento del derecho como el de la salud.

Como una excepción, hemos dividido el tema principal en dos textos. La decisión está basada en la valía de cada uno.

En la primera nota reunimos los datos que, entre otras informaciones, confirman que el 75 % de las agresiones sexuales se han cometido en casa de la víctima, en ese sitio que debería significar resguardo. La periodista Valeria Guzmán ha recopilado un panorama muy completo acerca de cómo un aparato institucional en el que el auxilio a la víctima debería fluir sin obstáculos, en realidad se retuerce y acaba perjudicándo más y de múltiples maneras a quien en principio debía proteger.

La segunda parte es un relato desgarrador de los que, tristemente, hay muchos en el país. Leer la experiencia de Victoria -incluso desde la distancia que dan el tiempo, el medio y las diferencias sociales- es un puñetazo que deja revueltas las rabias y las vunerabilidades. En el país que hemos construido, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento.

Desde México, Valeria Durán escribe sobre el deficiente registro y las incompletas investigaciones que giran en torno a los feminicidios. A este delito lo cubre el subregistro y una gruesa capa de impunidad que desalienta y complica cualquier reclamo de justicia.

Pese a los avances, los temas de mujer todavía obligan este tipo de reflexiones de las que es imposible extirpar la violencia, la injusticia, la impunidad.

19,000 niños enfrentan penurias para educarse en escuelas unidocentes

Entre febrero y diciembre, Jéssica Quesada se levanta, todos los días, a las a las 5 de la mañana para ir a la escuela. Tiene 12 años y vive en una casa construida con tablas de madera, donde el único cuarto lo comparte con su hermana Ángela y su mamá.

Luego de desayunar se mete a un improvisado baño afuera de su casa, donde una gran bolsa negra sirve de cortina y un palo de madera es el gancho para colgar la ropa.

Ya con su uniforme puesto emprende camino hacia la escuela unidocente de Flor de Islita, en Puntarenas. Ahí todos los niños –desde primero hasta sexto grado– comparten la misma aula, el horario y un mismo profesor.

La historia de Jéssica es similar a la que viven otros 19,132 niños que asisten a una de las 1,475 escuelas unidocentes del país, ubicadas casi en su totalidad en la zona rural. Estos centros son el 36 % del total nacional (4,107) y tienen entre uno y 30 alumnos.

Los niños enfrentan una serie de penurias para estudiar que van desde las económicas en su casa hasta falta de internet, libros y útiles en sus escuelas, cuya infraestructura, a veces, está en mala condición.

El trabajo también es parte de sus vidas. Después de clases, Jéssica dedica sus tardes a buscar carnada para pescar; lo hace para que su madre la venda a los pescadores del puerto, en Puntarenas.

En esa tarea, no pocas veces el sol le quema la piel o se expone a la “picadura” de una mantarraya. A cambio de todo ese esfuerzo, la familia recibe un pago mínimo para sostenerse.

El esfuerzo de estos 19,132 niños no siempre es compensado. Materias como arte, educación física o inglés están ausentes de algunos de estos centros.

Así, mientras la cobertura de ese idioma es del 89 % a escala nacional, apenas llega al 26 % de las escuelas unidocentes, donde solo 290 profesores imparten lecciones de esa materia.

El Ministerio de Educación (MEP) no suministró datos sobre el alcance de las otras dos materias, pero su jerarca, Sonia Marta Mora, afirmó que la brecha en inglés debe de reducirse.

“Hemos contemplado alianzas con el Cuerpo de Paz, con voluntarios y organizaciones no gubernamentales. También con la Embajada de Estados Unidos y el Centro Cultural Costarricense Norteamericano”, dijo Mora.

Cuando llegan a la escuela de Santubal, todos los estudiantes pasan al comedor antes que a las aulas. Así, el profesor se asegura de que todos los niños vayan a clases bien desayunados.

A las escuelas unidocentes también les faltan libros que se ajusten a su entorno, una advertencia hecha por el Informe “Estado de la Educación”.

“A estos niños hay que enseñarles a valorar su realidad, sino llegan a lo urbano y lo sienten como un mundo prototípico, en el que deberían de estar inmersos”, advierte Claudio Vargas, encargado de la sección de escuelas unidocentes de la Universidad de Costa Rica.

En ese sentido, su educación también debe considerar que trabajan en el campo y, por lo tanto, carecen de tiempo para hacer tareas fuera del aula.

“En las zonas lecheras, por ejemplo, los niños se levantan en la madrugada, con los papás, para ordeñar a las vacas. Posteriormente, cuando regresan a su casa también se quitan el uniforme, se ponen las botas y se incorporan al trabajo del lugar”, recalca Vargas.

Para él, esa es la razón por la cual en el aula unidocente debe de concentrarse en que los niños logren el mayor aprendizaje y vincularlo a las necesidades futuras de la comunidad.

Luego del desayuno, los alumnos cantan el Himno Nacional y el de su escuela.

Para tratar de solventar algunas de esas carencias, nacieron iniciativas, ciudadanas y empresariales, como la asociación Libros para Todos, la cual dota de libros a niños en escuelas vulnerables.

Otra es el programa de computación de la Fundación Quirós Tanzi en 15 de las escuelas unidocentes, el cual integra a las comunidades rurales al mundo tecnológico, dando una computadora personal a cada estudiante.

Pero esos son solo pequeños pasos. Mientras se mejoran las condiciones de las escuelas unidocentes, niños como Jéssica, Kendall y los hermanos Moya seguirán andando por ríos y trillos con la esperanza de algún día asistir a un colegio y ojalá a la universidad.

Carrera de Obstáculos

Ángela Quesada y Jhon Campos son egresados de una escuela unidocente. Ambos están en edad de ir al colegio, pero solo Jhon asiste.

Aunque Ángela fue el primer promedio en la escuela de Flor de Islita, Puntarenas, eso no le bastó para ir a la secundaria. La marea la detuvo. Cada vez que subía era imposible salir del manglar sin correr el riesgo de ahogarse. Por eso, dejó el colegio y se dedicó a la pesca.

Los viernes, los estudiantes de la escuela Santubal reciben clases de cabécar con un profesor de la zona, quien habla este dialecto tan fluido como el español.

Jhon tuvo mejor suerte. Para andar por el escabroso camino que separa su casa del colegio, en Golfito, su tío le regaló un cuadraciclo.

“Me levanto a las 5 de la mañana para darle comida a los animales, el camino para llegar al cole es de 6 kilómetros”, contó el joven, quien cursa el octavo año.

Recorrer caminos peligrosos no es el único reto de Jhon. También debió adaptarse a un nuevo sistema de enseñanza. Pasar de tener un solo maestro a convivir con más estudiantes y profesores.

“Es una transición más dura. Nadie le da ayuda especial a un muchacho porque venga de una escuela unidocente”, menciona la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román.

¡Una mejenga! A la hora del merecido recreo, un balón de fútbol une a todos los niños en un mismo juego.

A esos obstáculos se enfrentó el científico Iván Vargas, quien asistió a un centro unidocente en San Carlos, a inicios de los ochenta.

“Viniendo del campo cuando fui al colegio me costaba interactuar con la gente. Estar en un colegio donde había más estudiantes me provocaba timidez. Fue difícil esa transición y aún más la del colegio a la universidad”, contó Vargas, ganador del Premio Nacional de Tecnología 2016 y quien tuvo a cargo el lanzamiento del primer disparo de plasma de Latinoamérica para producir energía eléctrica.

Mientras tanto, al otro extremo del país, en la escuela La Florida de Golfito, la profesora Grace Esquivel les narra a sus alumnos la historia del Duende y la gota de agua.

Para llegar hasta el colegio técnico en Aguas Zarcas, el científico aprovechaba un camión que pasaba por su casa y viajaba en el cajón. Además del largo trayecto diario debía de trabajar en el campo.

“El consejo mío para los niños y adolescentes es mantener el sueño en mente y todos los días hacer algo por alcanzar ese sueño, indistintamente de las situaciones que lo tiren a uno atrás”, menciona el científico Vargas.

Sin embargo, no todos los jóvenes de zona rural, que terminaron la primaria y están en edad de ir al colegio, persisten. Más de 13,000 entre 15 y 17 años guardaron su diploma de primaria y se alejaron de las aulas.

Cada uno con razones distintas detrás de su decisión. Uno de cada tres (35 %) lo hizo al perder el interés por continuar las lecciones; mientras uno de cada cinco (23 %) no va al colegio porque le cuesta el estudio. Estos datos se extrajeron de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 2016.

Claudio Vargas afirma que esa es la realidad a la que se exponen los egresados de centros con un único profesor.

Luego, a media mañana, Kendall Araya disfruta de una merienda que alista la cocinera de la escuela, quien es madre de una de las estudiantes de este centro educativo.

“Fui maestro unidocente por muchos años, precisamente teníamos el problema de que los estudiantes de nuestras escuelas, cuando iban a los liceos, desertaban. Entonces hicimos una telesecundaria, donde se formaban con unos videos que venían de México, con todas las materias”, recuerda Vargas.

Actualmente, el MEP busca alternativas para solventar la falta de colegios secundarios en las zonas rurales alejadas, aprovechando la infraestructura de las propias escuelas para crear dentro de ellas, un liceo rural, donde los alumnos no se sientan ajenos a las experiencias que conocen.

Maestros sacrifican comodidad.
Óscar Castro dejó su natal Pérez Zeledón para aceptar una plaza como docente en la escuela de Flor de Islita, Puntarenas. Allí no solo educa a ocho niños, también vive en carne propia las carencias que agobian a la comunidad.

Después de comer, Kendall vuelve a clases para colorear al personaje principal de la historia que narraba la profesora Grace: al duende.

Desde que es profesor unidocente –hace 18 años– acumula experiencias que van desde vivir sin luz y agua potable hasta consolar a sus alumnos.

Hace tres meses, los protegió cuando delincuentes, a balazos, intentaron robar las lanchas de pesca de sus padres.

“Usted no sabe lo que es estar durmiendo y que, de un momento a otro, se escuche un tiroteo. Lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y llamar al 911. Después de eso, correr con los niños y los papás hacia un extremo de la isla, montarnos en un bote y alejarnos del tiroteo”, recordó el maestro.

Esa zozobra por la violencia no la vive Grace Esquivel, otra maestra unidocente en La Florida de Golfito, pero sí comparte el sacrificio de dejar su casa y a su hijo, seis días a la semana.

Cuando terminan las clases, Kendall se pone de nuevo las botas de hule y se prepara para caminar de vuelta a casa. Lo hace por barriales y quebradas.

Todos los viernes por la tarde, Grace toma un autobús a Palmar Norte, también en Puntarenas. Recorre 90 kilómetros para pasar el sábado con Jahir Ruiz, su hijo, quien entre semana queda al cuidado de sus abuelos.

Teniendo su propia casa, Grace saca de su bolsillo ¢25,000 al mes para alquilar otra y enseñar a sus 10 alumnos. También paga el traslado hasta la escuela, pues el camino no cuenta con carretera pavimentada.

El de Grace no es un caso único. Claudio Vargas, encargado de la sección de escuelas unidocentes de la Universidad de Costa Rica, comenta que otros profesores invierten hasta un total de ¢120,000 para que un chofer los transporte en un vehículo todoterreno, en un viaje ida y vuelta.

La Nación consultó a Anabelle Venegas, jefe de Educación Primaria del MEP, si se debe reembolsar a los maestros unidocentes el dinero que emplean en transporte y vivienda, pero respondió que no sabía si el presupuesto del MEP daba para eso.

Una vez en la orilla del río, Kendall espera a que su padre salga un momento del trabajo para llevarlo de vuelta a casa en el bote de remos.

Más enfática fue la ministra Sonia Marta Mora al afirmar que el Estado aspira a pagar un salario suficientemente competitivo para que los maestros cubran esas necesidades. Añadió que a estos docentes se les paga el incentivo de Índice de Desarrollo Social.

Venegas sí recomendó disminuir la carga administrativa que pesa sobre estos educadores, quienes deben encargarse de funciones de director, al carecer estos centros de esa figura. Eso los aleja de su responsabilidad primordial: enseñar a los niños.

Por esa razón, el MEP y el Consejo Nacional de Rectores los capacita para equilibrar esas funciones y mejorar su interacción con los niños y sus padres.

A pesar de todas estas trabas y dificultades, los maestros de escuelas unidocentes son ingeniosos para enseñar. Para su clase de matemática, Óscar Castro creó una tabla con puntos de colores que facilita a los niños de Flor de Islita aprender a multiplicar.

En el río, Kendall dice ver frecuentemente a su animal favorito, el lagarto.

Este año, el Premio Nacional de Educación lo ganó un maestro unidocente: Humberto González Barrantes. González es docente de la escuela de Jocotal de Aserrí, donde le enseña a sus estudiantes por medio del arte y la lectura.

Los niños que estudien solos o con menos de cuatro compañeros en una escuela unidocente tendrían que abandonar su centro para unirse a otro en el futuro.

Así ocurriría si el MEP aprueba la fusión de escuelas unidocentes, cuya matrícula oscile entre uno y cinco alumnos y se encuentren en un radio de menos de 2 kilómetros de distancia entre sí. La idea es estudiada por la Dirección de Planificación Institucional del ministerio.

Aunque la medida no está en firme, ya la Universidad de Costa Rica (UCR) advirtió que esa fusión propiciaría la deserción.

Cuando llega a casa, Kendall le enseña a su madre las tareas que le dejó la profesora y se prepara para el examen del día siguiente.

“Si yo quito esa escuela que está ahí le estoy agregando un kilómetro más a ese chiquito que camina. Además, un kilómetro en una zona rural, con la geografía de este país, puede implicar un río de por medio, una pendiente muy grande, una montaña. No es un kilómetro sobre asfalto”, explica Claudio Vargas, encargado de la Sección de Escuelas Unidocentes de la UCR.

Sin embargo, para otros la existencia de estas pequeñas escuelas no se justifica, así está plasmado en el Atlas de la Educación, informe elaborado por el “Estado de la Nación”.

“Es muy importante entender que muchas veces el mecanismo que operó para construir una escuela unidocente fue la comunidad presionando a un diputado. Y un diputado, por quedar bien con la comunidad, presionaba al MEP y se construía una escuela, aunque estuviera una a un kilómetro de la otra. Era un tema clientelista”, comentó Isabel Román, coordinadora del “Estado de la Educación”.

Esa versión de presión política fue debatida por la Ministra Mora, quien dijo que, al menos en su administración, esa no ha sido razón para abrir centro educativo alguno.

Finalmente, y después de haber alimentado a los cerdos, patos y aves de la casa, Kendall se sienta en su cuarto a jugar con su imaginación.

Vargas enfatizó que cuando se trata de un derecho humano como la educación de un niño el tema político o económico nunca debe inclinar la balanza de la decisión.

“La escuela unidocente es el corazón de una comunidad, incluso, en muchos lugares, son la única institución del Estado que existe. Ahí se reúnen para hacer la misa y celebrar las efemérides: el Día del Padre, el Día de la Madre, el 15 de setiembre y se hace la graduación de los chiquitos. Entonces la escuela unidocente es un corazón realmente, porque palpita. Le da identidad a una comunidad. Si se muere una escuela, una comunidad muere”, dijo Claudio Vargas, encargado de la Sección de Escuelas Unidocentes de la UCR.

Autovaloración (dos)

Cuando daba clases de Matemáticas, estudiante del primer año de Derecho, de eso hace medio siglo, pensé que podía dar 3 minutos de educación cívica. Eso propició que dos años después, por “orden superior”, se me prohibiera dar clases en centros de educación pública. Y como necesitaba mantener los estudios de una profesión que nunca ejercí, ni pensaba ejercer, en vista de que iniciaba con paso importante mi carrera literaria, comencé a dar clases en colegios privados. Continué con los estudios de leyes, pese a mi nula vocación, pero quería cumplirle a mi madre Adelina con lo de tener una profesión, y me dio por criticar la realidad legal injusta. ¿Qué podía esperar en esa etapa nuestro país, donde lo característico no era la violencia, sino imposición del autoritarismo también violento? Todo por las letras de Jean Jacques Rousseau, Víctor Hugo y Giovanni Papini leídas a edad temprana.

Explico por qué repito esto: hace unos cuatro años propuse que en todas las asignaturas de educación media debería leerse cuentos. Pensaba en cuentos cortos que solo implicaran 3 minutos y que los leyeran los profesores de Ciencias y Matemáticas. Tres minutos de oro para los jóvenes. En esa ocasión propuse “Cuentos de cipotes”. Pero ahora han surgido escritores que escriben cuentos cortos. ¿Se imaginan la gran contribución social que harían esos ciento ochenta segundos? Más tiempo inútil es el que se emplea en escribir en el pizarrón para que los estudiantes copien. Además, el aprendizaje se volvería integral. Tendremos profesionales cultos, menos propensos a delinquir; sí, lo que estamos viendo todos los días.

Porque la lectura sensibiliza, crea ciudadanos críticos, informa, forma y permite conocer más allá de la educación escolar sistemática. Lo tengo comprobado, nada de teoría. Me informé del mundo desde jovencito gracias a las lecturas. Claro, en esa época no había TV, ni tabletas, ni internet. Entre paréntesis, el avance tecnológico no se contradice con la lectura, solo distrae más de lo necesario para crear sociabilidad, por el tiempo que se le aplica. Ni modo, cuando apareció la TV, se dijo que iba a empobrecer mentalmente a los jóvenes. Y nada sucedió.

Quizás igual sucedió cuando con Gutenberg promovió uno de los inventos más importantes de la historia, pues ponía a la orden de la sociedad el medio mágico de producir libros y textos y se abandonaba las copias manuscritas (300 años antes los chinos la habían inventado, y después, antes de Gutenberg, los holandeses). Esa sí fue una revolución no frustrada de los siglos. Así como la tecnología informática revoluciona el conocimiento y la comunicación en proceso continuo e inimaginable.

En verdad, la ausencia de lectura no se debe defender diciendo que los libros son caros. Se puede usar un solo ejemplar leyendo en voz alta. En mi anterior trabajo narré cómo mi madre fue mi “lectora” de poemas aprendidos por ella de memoria. Me dio por intuición la fundamental educación inicial, que permite fortalecer las células cerebrales. Según los científicos, si se hace desde cero a cinco años, el efecto es valioso, por ser la edad límite de crecimiento neuronal.

Y con la actual tecnología editorial se pueden hacer libros de forma masiva. Esto facilitaría que las políticas educativas propicien los necesarios libros infantiles. Está en juego la vida ciudadana. Educación, salud y seguridad social son la clave contra la violencia y la migración. Promover las lecturas hasta la educación media. En la universidad ya es demasiado tarde. Se produce integralidad profesional si se aborda este fundamental tema educativo. Hay que decirlo en voz alta, con terquedad, algún día se entenderá que la lectura crea humanismo, propicia la paz, porque mejora la comprensión del mundo.

Allá en San Miguel, que era una ciudad muy marginal hace quinimil años, cuando estudié la escuela primaria (primero a sexto grado), le di continuidad a los poemas leídos por la memoria de Adelina. Me sirvieron los “libros de lectura”, y con ellos descubrí a temprana edad a Ambrogi, Claudia Lars, Gabriela Mistral, Rodó y hasta de José Asunción Silva (“Nocturno a Rosario”), apenas cursaba cuarto grado de educación básica.
Claro, las terquedades no siempre producen respuestas positivas, pero por lo menos desabrochan el cerebro en las personas; también es posible a quienes producen políticas públicas. Imagínense que Alberto Masferrer, hace 101, pedía una biblioteca pública para cada municipio, y daba la clave. Y la voz de Masferrer es vigente, más que otros a quienes se promueve pese a los fracasos sociales. Masferrer vive hoy en los actuales sueños de mejoría social.

Repito, me hice escritor por intuición, pues nada aprendí de quienes podrían orientarme. Al contrario, en cuarto grado, por tener facilidades en las Matemáticas, se me obligaba en la escuela a no escribir poemas. Tema que trato más ampliado en mi novela “Siglo de O(g)ro”, sobre mi infancia.

A los 28 años dejé de escribir poemas, aunque el amor no se pierde mientras hay vida, y convertí a El Salvador en mi moza y musa desde mi primera novela, y también comencé con pie derecho: un premio centroamericano. Sin estar seguro de si era poeta o novelista, escribí la segunda novela, que también logró un premio latinoamericano.

Por último, al fin de milenio (1999), críticos de la biblioteca depositaria de William Faulkner (Modern Library, Nueva York) seleccionaron las mejores obras del siglo XX en español. Si no hubiese sido por la educación inicial de mi madre Adelina, sus poemas dichos al niño, me hubiera desmayado cuando Los Ángeles Times me anunció como cuarto escritor por una sola obra sobresaliente: “Un día en la vida”. De 100 seleccionados, arriba mío se ubicaron tres premios Nobel. Algunos vieron extraño que el libro de un salvadoreño estuviera encima de “Rayuela” del argentino Julio Cortázar. Yo también me sorprendí, pues había leído seis veces dicha obra. Cortázar y “Rayuela” fueron mis maestros, aprendí que la narrativa se fortalece con lenguaje poético. Hacer de El Salvador mi musa no era posible en poesía. Porque el poema expresa emociones internas individuales que debe hacer que el lector las haga suyas. Mientras la novela solo debe captar la esencia de otra realidad.