Violencia lanza a salvadoreños a vivir calvario en Costa Rica

Desde 2015, Costa Rica ha recibido un número cada vez más grande de peticiones de refugio de parte de salvadoreños. Los casos aquí descritos son de familias completas que fueron desplazadas por la violencia de pandillas.

Fotografías de Albert Marín y John Durán/La Nación/Costa Rica/GDA
Arribo. 1,500 ciudadanos salvadoreños llegaron a Costa Rica en 2017 por amenazas y cobro de extorsiones de pandillas.

Obligados a escapar por la creciente violencia de las pandillas, al menos 1,500 salvadoreños eligieron en 2017 vivir en Costa Rica para intentar reconstruir su vida y recuperar lo que perdieron en su país.

Aquí pretenden recobrar la calma de saberse a salvo en la casa, la certeza de salir a trabajar sin recibir amenazas de muerte y la normalidad que se teje en medio de lo cotidiano, como cuando se va a traer el pan en las mañanas o se hacen las compras en el supermercado.

Por ello, los migrantes salvadoreños llegan con altas expectativas, pero son ilusiones que se rompen con el pasar del tiempo por la demora de los trámites, las dificultades de hallar empleo, la incertidumbre de encontrar una casa y el proceso de adaptación mientras se está en una condición vulnerable.

Andrés (nombre ficticio por motivos de seguridad) vino por primera vez a Costa Rica en diciembre del año pasado, cuando trabajó en un proyecto temporal de construcción en Limón, junto con otros 92 salvadoreños.

Con el dinero que había ganado aquí, pintó su vivienda en El Salvador y le cambió el piso. Una decisión así de habitual llamó la atención de las pandillas y un día uno de sus integrantes se le acercó para informarle que si él y su familia querían “seguir viviendo bien”, tenía que empezar a pagar $400.

“Les empecé a dar el dinero, pero cada vez que entraba a la casa me pedían que les diera algo aparte de los $400”, asegura Andrés.

Él era chofer de microbús en la ruta 42 de San Salvador y en una ocasión tuvo un episodio con un pandillero en el que por poco pierde la vida.

“Esa vez estaba en una calle dentro del microbús, esperando mi turno para hacer el viaje, cuando de repente llegó un chamaco de la nada y me dijo ‘te vas a morir’, y me disparó en la cabeza. Cuando sentí el quemón, arranqué y manejé a 100 hasta donde aguanté”.

Su teoría es que quien le disparó lo estaba confundiendo con un pandillero.

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PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE
El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, está asediado por las pandillas y es considerado uno de los más violentos del mundo.
En 2015 se registraron 6,650 homicidios, alcanzando la tasa de 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Mientras que en 2016 la tasa fue de 82 homicidios por cada 100,000, atribuidos principalmente a las pandillas.
En tanto, Costa Rica reportó una tasa de homicidios de 12 por cada 100,000 habitantes.

Andrés regresó a suelo costarricense con su familia hace cinco meses, con el plan de quedarse y con la esperanza de encontrar trabajo rápido, pero se siente frustrado porque las puertas aún no se abren.

“Anduve caminando por todas las calles de aquí cerca buscando obras de construcción para trabajar, pero siempre me decían que sin permiso laboral no podía, que solo con el pasaporte no”, relata.

En Costa Rica, las personas tienen la posibilidad de pedir refugio en los puestos fronterizos, el aeropuerto o en las oficinas de la Dirección de Migración, en La Uruca. En ese momento, se les brinda un documento que certifica que están a la espera de una resolución sobre un trámite migratorio y no pueden ser deportados.
Además, cuentan con acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y al cumplir los tres meses dentro del territorio nacional pueden optar por un permiso de trabajo.

La espera también es un golpe bajo. La Unidad de Refugio de Migración, que se encarga de recibir las solicitudes y emitir una recomendación sobre ellas, actualmente tarda cerca de 11 meses para efectuar la entrevista, que corresponde al primer paso del proceso que definirá si se otorga o no la condición de refugio.

“Nosotros como oficina no estamos en capacidad de dar respuestas oportunas a las necesidades de estas personas (salvadoreñas), que vienen en condiciones muy vulnerables y que necesitan una contestación inmediata al presentar la petición”, reconoce Allan Rodríguez, director de la Unidad de Refugio.

La avalancha de solicitudes (ingresan cerca de 600 por mes) y la falta de personal dificultan que el departamento conceda una respuesta ágil, como ocurría hace un año, cuando entre la solicitud y la entrevista pasaba máximo un mes.

En Costa Rica, las personas tienen la posibilidad de pedir refugio en los puestos fronterizos, el aeropuerto o en las oficinas de la Dirección de Migración, en La Uruca. En ese momento, se les brinda un documento que certifica que están a la espera de una resolución sobre un trámite migratorio y no pueden ser deportados. Además, cuentan con acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y al cumplir los tres meses dentro del territorio nacional, pueden optar por un permiso de trabajo.

El flujo migratorio de los salvadoreños tomó fuerza en 2015, cuando se registraron 801 peticiones de refugio, mientras que en 2016, el total fue de 1,471 solicitudes.

No obstante, aunque las cifras sean elevadas, el nivel de las aprobaciones no es significativo. Hasta setiembre se habían avalado solo 54 diligencias. Según Rodríguez, esto sucede porque las personas no fundamentan bien su solicitud de refugio o simplemente no califican para obtenerla.

El estatus de refugiado se le concede a quien compruebe que su vida corre peligro en el país de origen y que el Estado no hace nada para protegerla. Son personas con temores fundados de ser perseguidas por su preferencia política, sexual o religiosa, o bien por su género, nacionalidad o por pertenecer a un grupo, por ejemplo, ambiental.
Aunque el sistema para otorgar el estatus de refugio –único en América Latina– es considerado un proceso virtuoso de Costa Rica, en la actualidad el esquema no resulta efectivo por la tardanza en los tiempos de respuesta ante la alta demanda de solicitudes que provienen, en su mayoría, de salvadoreños, venezolanos y colombianos.

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ESCAPE SILENCIOSO
Jorge (otro nombre ficticio para proteger la identidad) y su familia padecieron el acoso de las pandillas en carne propia.
Fueron hostigados por pandilleros al punto de que utilizaban su casa como escondite y también le asignaron a su familia un vigilante que en ocasiones se subía al techo de la vivienda para enterarse de lo que estaban haciendo.
Y el escenario se agravó en diciembre, cuando Jorge recibió la llamada de un hombre desde una cárcel en la que le indicaban que debía pagar $10,000 y que le daba la facilidad de hacerlo en “cuotas”.
“Me dijeron que si no pagaba, me iban a matar”, relata.
Decidieron huir de El Salvador, un viernes de mayo, a la medianoche. Dejaron su casa con los muebles y los electrodomésticos en el lugar de siempre para no levantar sospechas. Tomaron un autobús, cargando unas pocas maletas con ropa, y 20 horas más tarde estaban en Costa Rica.
Esa es la forma más común en la que están llegando los salvadoreños al país: en grupos familiares, trasladándose por tierra y con escasas pertenencias.

Adaptación. Jorge era motorista en El Salvador. En Costa Rica está sin trabajo y vive en una casa que alquila con su familia. La dueña de la vivienda les dejó los electrodomésticos.

En ocasiones, ya conocen de antemano a alguien que los ayuda a resolver dónde van a vivir y qué van a comer durante sus primeros días aquí, pero también hay quienes vienen sin tener contactos previos.
“Muchas veces tenemos literalmente a las personas con las maletas haciendo fila para pedir el refugio en Migración, llenan la solicitud y después nos dicen: ‘¿Ahora qué? ¿Cómo nos pueden ayudar?’ Ahí es cuando acudimos a las organizaciones de la sociedad civil”, indica Rodríguez.

Además, son personas que llegan emocionalmente frágiles debido al mismo ambiente de violencia con el que han convivido tanto tiempo. Por lo general, están acostumbradas a dormir poco y a estar alertas. A veces, incluso traen duelos muy recientes por el asesinato de familiares o vecinos.
Cuando Jorge y su familia lograron solventar el alquiler de una vivienda mediante el apoyo de una organización, les llevó tiempo adaptarse a la normalidad.

Solidaridad. En una muestra de solidaridad, un vecino de Jorge le regaló unas naranjas.

Era habitual que hablaran en voz baja para evitar que alguien los escuchara, como si el vigilante de las pandillas los siguiera rondando, y todavía le colocan un candado a la puerta, aunque a la par de ella hay una ventana sin vidrio.
Aunque algo positivo fue que dejaron de dormir por las tardes y retomaron el descanso en las noches, pues en su antiguo barrio salvadoreño debían pasar las horas de oscuridad atentos a si algún pandillero intentaba hacerles daño.
Jorge destaca que por primera vez sus hijos adolescentes salieron solos de noche, ya que en El Salvador toda la familia iba junta a cualquier parte por el temor de que algo trágico les pasara.
Su esposa, a quien llamaremos Ana, cuenta que a los pocos días de haber llegado a Costa Rica, compró su tiquete para regresar a El Salvador, pero luego cambió de idea.
“Le dije (a Jorge) que no estábamos haciendo nada, nuestros hijos estaban siendo dañados psicológicamente, les decían ‘perros’, ‘sapos’”.
A veces es demasiado duro, aquí es más psicológico, más de paciencia y más de pensar que no tenemos las herramientas para poder traer el alimento a la casa”, asegura Ana.
Y es que encontrar un trabajo sigue siendo un problema para la familia. Pese a que ya Jorge tiene el permiso laboral, dice que a los lugares a los que acude para pedir el empleo lo rechazan por no tener la cédula de residencia.
En criterio de Rodríguez, los salvadoreños tienen dificultades para encontrar trabajo en Costa Rica, porque muchos saben desempeñarse en oficios, pero carecen de un nivel profesional y esto los limita al momento de integrarse al mercado de trabajo.
Ambos resaltan que tampoco estaban preparados para vivir en un país mucho más caro al que estaban acostumbrados.
“Traíamos una cantidad de dinero que yo pensé que nos iba a alcanzar, pero llegamos acá y 100 se hicieron 50, y 50 se hicieron 25. Sentimos ese cambio exorbitante”, dice Jorge.

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LA VOS DESDE LA INSTITUCIÓN
El coordinador de la Unidad de Refugio, Allan Rodríguez, afirma que muchas de las solicitudes de refugio se rechazan porque quienes las presentan no califican para la condición. Considera que las peticiones de refugio en el país por parte de salvadoreños y venezolanos seguirán en aumento.
—¿A qué se debe el aumento de solicitudes de refugio?
En un país tan pequeño como El Salvador, las pandillas se han posicionado y tienen un dominio social de todo el territorio. De forma tal que la extorsión, impuesto de guerra o cualquiera de las formas de este tipo de delincuencia, hace que las personas tengan que estar saliendo a buscar protección ya no en territorio nacional, porque por el tema de la extensión, la posibilidad de movilizarse es casi nula.
—¿Cuál es la expectativa de los solicitantes de refugio salvadoreños sobre Costa Rica?
—La migración de El Salvador ha sido, por lo general, más hacia el Norte. Al endurecerse las políticas en las fronteras, los riesgos que surgen hacen que ese mirar hacia el Norte no sea tan seguro y ahí es cuando las personas miran hacia el Sur, donde Costa Rica es el destino más cercano y seguro.
¿Por qué la aprobación de las peticiones de refugio es tan baja?

Muchos. Los salvadoreños, junto con colombianos y venezolanos, son los grupos que más aparecen en los listados de solicitud de refugio en Costa Rica.

—La mayor cantidad de solicitudes son de personas de nacionalidad venezolana. Un porcentaje muy alto de estas personas viene por temas que no tienen que ver con el de refugio, pero que igual son crisis muy lamentables.
Y con los salvadoreños, muchas veces, las personas están saliendo antes incluso de recibir algún tipo de amenaza, porque a algún vecino o núcleo familiar que no es el primario le pasó algo. En esos casos, falta un elemento que es el de la persecución. En este tema el asunto de la prueba es bastante complicado porque no logran acreditar el tipo de situaciones en las que se encuentran.
—¿Cuál es el perfil del migrante salvadoreño y el del migrante venezolano?
Es bastante diferente el contexto del cual sale cada uno. Un alto porcentaje de las solicitudes de los venezolanos salen propiamente por la situación humanitaria: escasez de medicamentos, de alimentos, la inseguridad que se vive en Venezuela, eso hace que las personas estén saliendo.
En el caso de El Salvador, son las personas que han sido víctimas de las maras.
Un aspecto que les pone más cuesta arriba la situación a las personas salvadoreñas es que muchas veces no tienen un nivel profesional, sino que talvez se dedicaban en sus países a labores propiamente de oficios, como el comercio informal, eso hace que al llegar acá les cueste más integrarse a la sociedad costarricense. No es lo mismo la migración venezolana, que mucho es migración de profesionales y que poco tiempo después de estar acá son captados por las diferentes empresas. Es personal muy capacitado.
—¿Prevé que los flujos migratorios se mantengan?
—La tendencia se va a mantener. No se vislumbran cambios en Venezuela y la situación en El Salvador va a seguir de igual forma. No se ve en un futuro cercano alguna situación que revierta lo que sucede en la actualidad.

En ocasiones ya conocen de antemano a alguien que los ayuda a resolver dónde van a vivir y qué van a comer durante sus primeros días aquí, pero también hay quienes vienen sin tener contactos previos. “Muchas veces tenemos literalmente a las personas con las maletas haciendo fila para pedir el refugio en Migración, llenan la solicitud y después nos dicen: ‘¿Ahora qué? ¿Cómo nos pueden ayudar?’ Ahí es cuando acudimos a las organizaciones de la sociedad civil”, indica Rodríguez.

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ESFUERZOS
Ante los vacíos que existen en el país en el tema de refugio, el Gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) impulsan el Marco Integral de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica (MINARE), el cual quiere poner en marcha una serie de medidas para reforzar las políticas de integración y pretende que se agilicen las respuestas para los solicitantes.
Una de las iniciativas plantea que el permiso laboral se otorgue al mismo tiempo que la persona realiza la petición para quedarse en el país.
Asimismo, sugiere que el carné de refugiado sea similar a la cédula costarricense para que se facilite su reconocimiento en las entidades bancarias y en los centros de salud, que en ocasiones niegan la atención al invalidar el documento.
Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, explica que otra de las intenciones de la iniciativa es que se incorpore la variable migración en las políticas contra la pobreza y de asistencia social al Plan Nacional de Desarrollo. Se prevé que el MINARE entre a regir en 2018.
El año pasado Costa Rica enfrentó una crisis migratoria por la llegada de miles de africanos y haitianos que intentaban viajar hacia Estados Unidos, a los cuales Nicaragua les cerró la puerta con su aparato militar y policial.

Gastos. Andrés fue extorsionado. La presión lo llevó a ahorrar para tener dinero por si le hacían daño a su familia. “Cuando me daban el salario, había que pagar luz, agua, teléfono y a las pandillas”.
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